Paul E. Maquet
17 de setiembre de 2020
www.cooperaccion.org.pe
Imagen: Desde abajo
Hace unos días, el principal gremio empresarial del país, la CONFIEP, presentó sus propuestas para la reactivación económica. El documento, denominado “Agenda Reactivación 2020”, recae en las mismas y consabidas recetas que la CONFIEP levanta ante cada crisis: flexibilizar el trabajo, “destrabar” proyectos, invertir en infraestructura mediante asociaciones público-privadas, agilizar los procesos administrativos y ambientales de la minería, desinflar la consulta previa, masificar el gas y asegurar la continuidad de los contratos petroleros… ¡Hasta proponen promover la compra de vehículos!

Sorprende que el gremio que representa a la gran empresa moderna en el Perú siga sosteniendo ideas tan anticuadas. Estas ideas ya las ha promovido la CONFIEP en las crisis o fluctuaciones económicas del 2008-2009 y del 2013-2014. En contraste con ese vetusto recetario, en el mundo se debate al más alto nivel sobre una reactivación que al mismo tiempo impulse la transformación ecológica.

Veamos.

A nivel global, destaca el pronunciamiento de la “alianza por una economía verde e inclusiva”, un espacio que reúne a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, formada por 51 Estados de alto desarrollo), a diversas instituciones del sistema de Naciones Unidas y a agencias de cooperación al desarrollo de varios países. Esta alianza ha propuesto “10 opciones prioritarias para una recuperación justa, verde y transformadora”. En el documento, se expresa claramente que los estímulos fiscales y los paquetes de ayuda deben servir para “acelerar la transición hacia una economía justa y verde – no para socavarla”.

También señalan que los planes de recuperación deben “reconocer las conexiones entre la salud humana y ambiental, e ir más allá de la mera respuesta ante la pandemia para construir resiliencia a riesgos como el cambio climático, el colapso de la biodiversidad y la creciente desigualdad”. Entre las propuestas, se señala que los gobiernos deben reafirmar sus esfuerzos de protección ambiental, procurar soluciones basadas en la naturaleza y promover esquemas de restauración ambiental que permitan crear puestos de trabajo.

Además, se hace énfasis en que los planes de recuperación deben ser transparentes, con participación de la sociedad civil y escuchando las voces de todos los sectores, entre ellos las mujeres así como también los pueblos indígenas. ¡Qué diferencia con la CONFIEP, que ha propuesto eliminar la consulta previa a los pueblos indígenas en los proyectos de exploración minera!

En Europa, ministros de 17 países firmaron una declaración para una recuperación “verde”. En el documento, los ministros señalan claramente lo siguiente: “Debemos resistir las tentaciones de soluciones a corto plazo en respuesta a la crisis actual”, que pudieran “tener efectos perjudiciales en nuestro clima, biodiversidad y medio ambiente, así como en la salud humana y nuestras economías”. En vez de flexibilizar sus compromisos, los ministros europeos plantean aumentar las ambición de las metas ambientales. Piden a la Comisión Europea (el órgano ejecutivo de la UE) un plan de recuperación “comprensivo” que permita al mismo tiempo estimular la economía y crear empleos acelerando la transición verde. Para ello ponen el acento en inversiones en movilidad sostenible, energía renovable, investigación e innovación, la recuperación de la biodiversidad y la economía circular.

Qué contraste con la propuesta del moderno empresariado peruano, que en vez de movilidad sustentable propone promover la venta de automóviles, y entre sus propuestas sobre electricidad no dedica ni una línea a las energías renovables, por el contrario, plantea masificar el gas lo que acentuaría nuestra dependencia de una matriz energética contaminante.

En EEUU, una propuesta muy concreta para un “estímulo verde para reconstruir la economía” ha sido elaborada por académicos de prestigiosas universidades y firmado por cerca de 2 mil investigadores, activistas y ciudadanos. El documento señala que “Estados Unidos enfrenta el peligro de un estímulo económico que restablezca, o incluso profundice, nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Este peligro proviene de propuestas explícitas para rescatar al sector de los combustibles fósiles (…) y también de políticas de estímulo genéricas que no tienen en cuenta el clima. De hecho, el gasto en infraestructura convencional, como la expansión de carreteras, asegurará más contaminación por carbono durante décadas. Podemos evitar estos problemas creando una recuperación que acelere la creación de una economía verde del siglo XXI”.

Qué diferencia con las propuestas del gran empresariado peruano sobre grandes proyectos de infraestructura y explotación petrolera, sin una línea sobre la crisis climática global.

En la propuesta norteamericana, se hace énfasis en la creación de empleos verdes en sectores como energías limpias, infraestructura verde, provisión local de alimentos, textiles sostenibles y diversificación económica.

En el barrio latinoamericano, destaca Costa Rica que acaba de aprobar la Estrategia Nacional de Bioeconomía. Esta estrategia parte de la siguiente premisa: “Los sistemas productivos enfrentan un cuádruple reto frente a una contracción económica mundial exacerbada por el COVID-19: producir de forma más eficiente o reinventarse, mantener cadenas de valor que sostienen empleos y medios de vida, mientras se asegura el aprovechamiento sostenible y rehabilitación de la naturaleza frente al cambio climático”. El objetivo es lograr que la bioeconomía se convierta en uno de los pilares de la transformación productiva de Costa Rica, promoviendo: la innovación, el valor agregado, la diversificación y la sofisticación de la economía; y aplicando los principios de la bioeconomía circular y la descarbonización de los procesos de producción y consumo.

Y si queremos dar una mirada a nivel local, vale la pena conocer lo que está haciendo Amsterdam, que ha aprobado un modelo innovador para la recuperación post-COVID: la llamada “economía de la dona”. ¿En qué consiste? Imaginemos una dona o rosquilla, o si prefiere usted un picarón: es una forma que tiene dos límites, uno interior y uno exterior, y en el medio una agradable masa. En el modelo adoptado por la ciudad holandesa, el límite interior está marcado por los mínimos sociales, definidos por los Objetivos de Desarrollo del Milenio: niveles básicos de alimentación, salud, vivienda, energía, entre otros derechos que todo modelo de desarrollo debería garantizar. El círculo exterior está definido por los límites de la naturaleza: el “techo ecológico” que la humanidad no puede cruzar sin dañar el clima, los suelos, los océanos, la capa de ozono, el agua dulce y la biodiversidad. En el espacio que está en medio, en la masa, es donde se debe permanecer para poder satisfacer las necesidades de todos y de la naturaleza.

El modelo sirve como una guía que permitirá identificar a las autoridades dónde no se están cumpliendo los mínimos sociales y por lo tanto dónde se deben realizar inversiones, pero al mismo tiempo permitirá identificar los límites naturales que condicionan qué tipo de inversiones pueden ser realizadas.

Como vemos, a nivel global y local, en los países más industrializados y en países de América Latina, con gobiernos de diversas tendencias políticas, se viene discutiendo cómo impulsar una reactivación que no signifique retroceder en lo ambiental sino que, por el contrario, permita avanzar en la transformación ecológica. Haría bien el empresariado peruano agremiado en la CONFIEP en actualizar un poquito sus propuestas. Ya estamos en el siglo XXI, y el viejo recetario de flexibilizar normas ambientales e impulsar megaproyectos extractivos no sirve para responder a los retos de hoy.

Existe la preocupación de que las minas de empresas chinas en Perú sean “vehículos de contagio” para el COVID-19.
Foto: Getty Images
Este artículo apareció en la edición impresa del South China Morning Post como: Empresa minera china en Perú “oculta cifras de infección”.
Autor: Eduardo Baptista
Traductora: Laura del Aguila
16 de setiembre de 2020
Sindicatos y organizaciones no gubernamentales acusan a empresas chinas de ocultar el “número real” de casos.
El Perú se encuentra entre los países más afectados, con más de 650 000 contagios confirmados.

En los últimos seis meses, Luís López ha intentado que Chinalco, el mayor productor de aluminio de China y propietario de la mina de cobre de Toromocho, en el centro de Perú, revele lo que sería el número “real” de mineros infectados con el COVID-19. El líder sindical afirma que luego lo despidieron.

Según López, de 39 años, Chinalco aún no ha revelado cuántos mineros dieron positivo al COVID-19 en julio y agosto, lo que según él pone en riesgo a miles de trabajadores en la mina situada a cuatro horas en carro de la capital, Lima.

Sus demandas son respaldadas por organizaciones no gubernamentales de Perú y otros países de Sudamérica quienes reclaman que las minas dirigidas por empresas chinas no revelan las cifras de infección y no siguen las directrices locales para combatir la enfermedad.

El Perú, con una población de 33 millones de habitantes, ha experimentado un repunte en el número de infecciones de COVID-19 y se encuentra ahora entre los países más afectados del mundo, con más de 650 000 casos y 29 000 muertes.

Los funcionarios contactados en la sede de Chinalco en Pekín se negaron a comentar las acusaciones y dos correos electrónicos enviados al equipo de comunicaciones de la filial de Perú no recibieron respuesta.

La explotación minera de cobre, zinc, oro y otros minerales constituye más del 9% de la economía peruana de 227 000 millones de dólares, pero representa un 60% del valor de las exportaciones, según el Ministerio de Energía y Minas de Perú.

El Banco Mundial prevé que la economía peruana se contraerá en un 12% este año debido al COVID-19, el país con mayor caída en Sudamérica. El gobierno se encuentra luchando contra la pandemia al mismo tiempo que busca la reactivación de las actividades económicas.

El decreto presidencial publicado en marzo ordenó la paralización de actividades comerciales en el país por dos semanas, con el fin de contener la propagación del COVID-19. Sin embargo, a finales de junio, el Gobierno anunció que permitiría que empresas en riesgo de quebrar debido a la pandemia apliquen la suspensión perfecta de labores a sus trabajadores.

China donó suministros médicos a más de 20 países de América Latina para ayudar a combatir la COVID-19, según reporta un artículo publicado en julio en el periódico estatal People’s Daily. El mismo mes, el Ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, anunció que Pekín ofrecería un préstamo de mil millones de dólares a la región para acceder a las vacunas que se están desarrollando en China.

No obstante, ha aumentado el número de quejas sobre la falta de protección contra infecciones en las minas chinas en el Perú, principalmente de trabajadores y ONGs. La industria minera en el Perú generó más de 208 000 empleos directos en el 2019, pero generó 1.3 millones de puestos de trabajo en el sector de servicios para la industria, según cifras del Gobierno.

Julia Cuadros, directora ejecutiva de CooperAcción, una ONG que monitorea las empresas mineras chinas en el Perú, explica que la preocupación es que las minas se han convertido en “vehículos de contagio”.

Cuadros señaló que otras empresas mineras extranjeras en el Perú han enfrentado brotes de COVID-19, siendo el mayor en una mina de la multinacional británica Glencore. Sin embargo, indicó que las empresas chinas han sido menos transparentes.

“No sabemos cuántos trabajadores han sido infectados con COVID-19 en las minas chinas, es un misterio”, comentó. Agregó que estas empresas necesitan comprender la importancia de establecer relaciones con las partes interesadas locales.

Desde abril, los residentes de varios pueblos han bloqueado las carreteras que conducen a la mina de cobre de Las Bambas, en el sur del Perú. Esta mina es gestionada por la empresa australiana MMG y su principal accionista es la empresa estatal China Minmetals Corporation. La población local teme que los mineros que viajan a las instalaciones en los autobuses puedan infectar a las comunidades locales en el camino, explicó Cuadros.

Las quejas sobre las actividades de las mineras chinas no se limitan al Perú. En mayo, 73 ONGs de toda Sudamérica firmaron una carta de protesta dirigida a Pekín, alegando que seis empresas estatales chinas que operan en Perú, Ecuador y Argentina habían violado los derechos laborales y provocado daños al medio ambiente. Cuadros indicó que no recibieron respuesta.

“Siempre hemos tenido dificultades para contactar a los representantes oficiales de China, no suelen contestar los correos, mucho menos en épocas de pandemia”, afirmó.

Shougang Hierro Perú, una unidad de la siderúrgica china Shougang Group, fue nombrada en la carta, junto con Chinalco y MMG. Según la carta de la ONG, Shougang, que dirige la mina de hierro Marcona en la costa sur de Perú, no proporcionó equipo de protección a los trabajadores.

Dos correos electrónicos enviados a la sede de Shougang en Pekín no fueron contestados y se hicieron tres llamadas telefónicas a las oficinas de la empresa en Perú que tampoco fueron contestadas. Dos correos enviados a la sede de MMG en Melbourne y a las oficinas en Perú no recibieron respuesta. Un funcionario de la sucursal en Hong Kong se negó a hacer comentarios.

El exlíder sindical López declaró que, según Chinalco, 71 trabajadores de la mina Toromocho que dieron positivo al COVID-19 habían sido evacuados en junio, el último mes en que se comunicó el número de infecciones. “Pero esto no tiene en cuenta a los mineros que se contratan a corto plazo”, explicó en una entrevista.

López indicó que la mina tenía alrededor de 1.400 trabajadores a tiempo completo y 2.000 con contratos a corto plazo y que al incluir estos últimos, el número total de casos de COVID-19 en la mina estaría en los cientos.

Cuadros, de la ONG CooperAcción, que lleva más de dos décadas rastreando la inversión extranjera en el Perú, comentó que su equipo trata de negociar con los inversores extranjeros para resolver disputas con las comunidades locales y que ahora está en conversaciones con MMG y el Gobierno sobre el bloqueo de Las Bambas por parte de los locales debido al COVID-19.

Mencionó que en el pasado han presentado demandas contra mineras extranjeras por conflictos laborales y contaminación, pero siempre como último recurso, ya que el proceso era muy largo y costoso y a menudo requería presentar una demanda ante tribunales extranjeros. “Con China es más difícil, no nos escuchan,” indicó Cuadros.

Guo Jie, profesora adjunta de relaciones internacionales de la Universidad de Pekín, dijo que las empresas chinas luchan por adaptarse a la cultura sindical en América Latina.

“En China, las empresas nombran al jefe del sindicato de trabajadores, y por lo general éstos sólo se encargan de organizar actividades lúdicas, así que cuando (estas empresas) salen del país, no han tenido experiencia tratando con sindicatos conflictivos”, explicó.

Guo ha realizado una investigación de campo en el Perú y ha entrevistado a empleados chinos en empresas como Shougang.

“Las empresas chinas en América Latina también se quejan de cómo los trabajadores son perezosos y parecen estar en constante oposición a los intereses de la empresa”, mencionó. “En la cultura china este tipo de mentalidad conflictiva es inadmisible”.

López indicó que entre marzo y julio todos los intentos de organizar reuniones entre el sindicato y el director general de la filial peruana de Chinalco, Luan Shuwei, habían fracasado. Comenta que nunca recibió respuesta.

Según Cuadros, las empresas mineras chinas han debido estudiar los países en los que invirtieron. “Saben menos sobre la cultura y tienen más dinero, pero no aprenden de sus errores.”

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14/09/2020
Imagen: Madrededios.com
Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú – Alerta informativa
En medio de la pandemia y la crisis política que vive el país, los defensores de nuestra Amazonía siguen siendo asesinados por mafias que buscan imponer sus actividades ilícitas.

En esta ocasión la víctima ha sido Roberto Carlos Pacheco Villanueva (34), que junto con su padre Demetrio (vicepresidente del Comité de Gestión de Tambopata), desde hace un tiempo se enfrentaban a las mafias de mineros ilegales que permanentemente trataban de invadir los bosques de una concesión de 800 hectáreas que administraban. El terrible crimen se produjo el pasado 11 de septiembre.

La familia Pacheco había sido amenazada durante años e incluso habían presentado hasta siete denuncias contra mineros invasores. Como ha señalado el portal Ojo Público, la muerte de Roberto Carlos Pacheco es el cuarto asesinato de un líder ambiental desde que se declaró el Estado de Emergencia el 16 de marzo en el país: “en abril asesinaron a Arbildo Meléndez Grández (Huánuco), en mayo a Gonzalo Pío Flores (Junín) y en julio a Lorenzo Wampagkit (Amazonas)”.

Esta terrible noticia es una clara muestra que en Madre de Dios, la minería y la tala ilegal siguen imperando y no dan tregua, pese a las operaciones de incautación y de desmantelamiento de operaciones mineras. Según el Ministerio Público, desde el inicio del estado de emergencia sanitaria se han realizado más de 70 operativos en contra la minería ilegal en Madre de Dios. Sin embargo, los mineros ilegales se siguen desplazando a otras zonas, incluyendo territorios indígenas y concesiones forestales, como las de la familia Pacheco, para realizar sus actividades debido al fuerte control que hay en zonas como La Pampa.

Al parecer el aumento del precio internacional del oro viene siendo uno de los factores que presionan el incremento de esta actividad en zonas como Madre de Dios. Por otro lado, se confirma que esta región sigue siendo una de las zonas con mayores índices de criminalidad en el país en donde las mafias de mineros y taladores ilegales, la han convertido tierra de nadie.

Agustina Daguerre García (Entrepueblos) | sábado, 12 sep 2020 11:41Compartir en Facebook Compartir en Twitter

‘Toma’ de carretera. Foto cortesía de Agustina Daguerre García

Cuando el 15 de julio cientos de personas tomaron las calles de Espinar, los medios callaron. Nadie “volteó” a ver qué estaba pasando en esta ciudad a casi cuatro mil metros de altura en la región del Cusco, en Perú. Tres semanas después, se acumulan las personas heridas, contagiadas, abusadas, criminalizadas. Algunos dicen que es porque la minera no pagó un subsidio que la gente salió a las calles, otros que la protesta no puede ser entendida sin hacer una retrospectiva. La protesta es una imagen más, una secuencia de un largometraje que comienza con la llegada de la minería a la zona.

Luz, una de las integrantes del Maizal, colectivo de comunicación popular, señala en un foro virtual que “cada minuto que no se desarrolla la minería es una perdida para el capital y una ganancia para los pueblos”. Se refiere a Ñangalí, un páramo en las alturas de Piura cerca de la frontera ecuatoriana, asediado por el proyecto minero de capital chino Río Blanco que, gracias a la resistencia de las rondas campesinas, no ha logrado ser explotado.

Pero la minería llegó hace ya demasiado a Espinar, tanto que, desde una perspectiva de larga duración, una no sabe si remontarse hasta la invasión española y la imposición del modelo extractivista-colonial o si bajar hasta el “acontecimiento”: la irrupción de la minera hace 40 años.

El paisaje, los orígenes. Espinar es una ciudad joven, con poco más de cien años, llena de casas de ladrillo sin pintar, pequeños hoteles, un mercado, comiderías; no se diferencia demasiado del resto de ciudades que pueblan esta zona altoandina, pero el bullicio, los precios y determinadas ofertas de productos te hacen dar cuenta rápidamente que Espinar es un núcleo urbano de convivencia con la mina, donde gran parte de su actividad económica gira alrededor de la satisfacción de las necesidades de la empresa anglosuiza Glencore y sus trabajadores.

Espinar es también mucho más que eso, es la cuna de la cultura k´ana, una sociedad preincaica que sigue viva en las costumbres, creencias y tradiciones de sus pobladores. La cultura k’ana es también una herramienta de protección legal. En abril del año pasado, representantes de las 79 comunidades de Espinar lograron el reconocimiento a través de una ordenanza municipal de su condición de nación k’ana. En un país donde los derechos colectivos sólo son parcial y muy deficitariamente reconocidos por el Estado a aquellos pueblos leídos como indígenas u originarios, este logro abre una ventana de oportunidad para el ejercicio de sus derechos sobre el territorio, su identidad cultural, el derecho a la consulta previa e incluso a la autodeterminación.

Dice José de Echave, investigador de CooperAcción, que Perú es uno los mayores productores de cobre a nivel mundial, pero también de conflictos mineros. A pesar de que una de las principales formas de prevenir los conflictos sociales es hacer a las comunidades partícipes de las decisiones que afectan sus vidas y sus territorios, la población de Espinar nunca ha podido ejercer su derecho a la consulta previa, reconocido en el Convenio 169 de la OIT, ni con el proyecto Tintaya de Xtrata, ni con Antapaccay de Glencore y tampoco con su próxima ampliación: Coroccohuayco.

Impactos en vidas y territorios. En octubre de 2018, recorríamos en furgoneta el serpenteante camino que conecta Cusco con la ciudad de Espinar, mientras clavaba la mirada en la tundra que cubría las montañas con el propósito de no marearme. Una compañera de Derechos Humanos Sin Fronteras- DHSF me preguntó: ¿Ves esas montañas tan perfectas? Es parte de la labor social de Glencore y la minera Antapaccay; cuando el entorno ya está muy degradado por la actividad minera buscan tapar los huecos o cubrir los relaves dándoles la apariencia de ser parte del paisaje, luego siembran encima la vegetación de la zona, paja brava o ichu que verdea o amarillea según la época del año, buscando dar la apariencia de que “aquí no ha pasado nada”.

En aquella ocasión tuvimos la oportunidad de asomarnos hasta las entrañas de la minera Antapaccay. Confundidas con pobladoras de la zona a las que la minera estaba obligada a brindar derecho de paso por sus caminos de tierra, logramos llegar hasta al tajo abierto, donde enormes máquinas excavadoras horadaban la tierra, dejando a la vista estratos cobrizos, anaranjados y rojos. El tajo y la montaña de relaves eran los impactos visibles, los destrozos evidentes que la minera había causado en la comunidad de Alto Huarca.

José Antonio Lapa de DHSF me manda informes, muchos informes, resultado de un minucioso trabajo de investigación, donde señala los otros efectos, aquellos que son deliberadamente invisibles a los ojos de la empresa y del Estado: la contaminación de acuíferos, los metales en sangre, el ganado envenenado, las enfermedades respiratorias crónicas, la criminalización continua como medida disuasoria del ejercicio del derecho a la protesta, las distintas formas de violencias en el conflicto ecoterritorial. Gracias al trabajo de organizaciones como DHSF, CooperAcción, Red Muqui, la CNDDHH o Demus, podemos saber que detrás de cada dato, de cada cifra, hay también un rostro, un testimonio, un reclamo, una historia.

Las que ponen el cuerpo. Melchora Surco nos cuenta su historia al pie de un pequeño cerro en el que unas 20 compañeras defensoras ambientales de todo el país nos acuerpamos para escucharla mejor y que sus palabras no se las lleve ese gélido viento altoandino que endurece las manos y corta los labios. Ella es la presidenta de la Asociación para Defensa de Pacpacco Afectada por la Minería (Adepami), vivía a 200 metros de la “relavera” [los residuos mineros mezclados con rocas, arenas y agua] de Camaccmayo. En 2015 se convirtió en la cara visible de la lucha por la reparación y remediación causada por la contaminación por metales pesados en Espinar. Melchora es la abuela también de Yedamel López Champi, un niño que nació en Espinar y al que, a la edad de siete años, le detectaron metales pesados como plomo, arsénico, cadmio y mercurio, calificados por la OMS como altamente cancerígenos. Lamentablemente, pese a que la contaminación por metales en las comunidades de influencia minera ha sido ampliamente constatada, el problema aquí es la causalidad.

Se sabe que las fuentes de agua están infestadas de metales, pero demostrar que la contaminación es producto empresa para no dar razón. Antapaccay niega toda responsabilidad, parapetándose en una débil coartada: los metales existentes en el agua son de “origen geológico o natural”. A este tipo de impactos por contaminación ambiental que sufren cientos de personas, se suma la precariedad económica: “El proyecto Antapaccay, que en 2016 realizó ventas anuales por 878 mil 666.942 euros, opera en un mar de pobreza y pobreza extrema que alcanzó en el 2020 al 70% de los hogares”. Además, sólo 34% de la población de Espinar recibió alguno de los bonos impulsados por el gobierno para ayudar a las familias durante los meses de aislamiento obligatorio, quedando el resto en situación de emergencia económica y social.

Es precisamente en este contexto de empobrecimiento masivo, agravado por la pandemia, que la gente toma las calles exigiendo una compensación. Y en un país donde el estado del bienestar brilla por su ausencia, la empresa a través de su convenio marco se convierte en el proveedor, sí, de contaminación y muerte, pero también de apoyos sociales de corte asistencialista, con el objetivo de lograr respaldo y dividir a las organizaciones a través de prebendas y compensaciones negociadas bilateralmente.

Elsa Merma, de la Asociación de Mujeres Defensoras del Territorio y la Cultura k´ana de Espinar, pone voz a estas denuncias cada semana en su programa radial: “Diecisiete años han pasado desde que se firmó el Convenio Marco y no hemos visto con este presupuesto ningún proyecto sostenible, en la provincia de Espinar no tenemos agua las 24 horas. Nosotros tenemos una gran empresa, pero no tenemos un hospital bueno, salud, educación”. La mirada ecofeminista y del feminismo comunitario nos enseñó a entender los impactos diferenciados que viven las mujeres en zonas afectadas por el modelo de despojo extractivista. Por ello, son ellas las que en su mayoría han salido a protestar, ocupando en este último paro la primera línea de lucha. Son mujeres que, al igual que Elsa, por su recorrido y acciones en defensa del territorio han sido hostigadas, acosadas y estigmatizadas por las empresas, las fuerzas represivas del Estado y parte de su comunidad.

Una carta de denuncia del Grupo de género del sur andino nos recuerda que esta vulneración de derechos en Espinar forma parte de una sistemática práctica de ataque a mujeres defensoras en el país. Sucedió en las protestas contra el proyecto minero Conga (Cajamarca), donde defensoras ambientales como Máxima Acuña fueron asediadas, difamadas y agredidas física y psicológicamente. También en Tía María (Arequipa) y en el levantamiento contra la Empresa minera Majaz (hoy Río Blanco Cooper), en el que dos mujeres defensoras fueron violadas tras ser retenidas mientras participaban en las movilizaciones. Estos días en Espinar se han reportado en medios locales y redes sociales denuncias de agresiones físicas y violencia sexual por parte de la policía y fuerzas del orden.

Desde el inicio de las movilizaciones se ha generado permanente enfrentamiento, agresiones y violencia a partir de la presencia de aproximadamente 200 policías y 100 militares que se alojan en las instalaciones de la propia empresa minera. Wayka, un medio de comunicación alternativo, publicó un escalofriante relato sobre abusos a comuneros ocurridos el 22 de julio: “Según los testigos del pueblo de Cruzcunca, uno de los comuneros puestos contra el piso fue Juan Carlos Quirita Llasa, a quien redujeron con balas al aire, puñetes, patadas y varazos en la cabeza hasta dejarlo inconsciente. ‘¡Trae gasolina para quemar a estos perros de mierda!’, gritó el policía que lo sujetaba […] Juan Carlos sintió caer la gasolina sobre su cuerpo mientras le repetían a gritos que lo quemarían vivo. La misma sensación vivieron sus compañeros, que al igual que él, fueron rociados con combustible cuando ya estaban reducidos con las caras pegadas a la pista”.

En un país asolado por más de veinte años de conflicto armado interno, estos sucesos dan cuenta del continuo de violencia ejercida por las fuerzas del orden en el país, donde la cultura del abuso, la opresión y la impunidad sigue siendo una práctica cotidiana, sobre todo en zonas rurales o periurbanas donde se concentran ciudadanas y ciudadanos “de segunda clase” para el orden racista, clasista y patriarcal, vestigio de la colonia.

Estado maltratador y ausente. El pasado tres de agosto, el nuevo presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, durante el discurso para la presentación de propuestas del gabinete ministerial en el Congreso aseguraba que “la minería es, sin duda alguna, la columna vertebral de la economía en el Perú”. Las declaraciones sentaron como un tiro en un momento donde los conflictos sociales ascienden a 190, el 67.4% de éstos principalmente de raíz socioambiental, 64.1% por minería. Frente a la situación de crisis económica, la reactivación de proyectos paralizados por el rechazo y falta de licencia social se avizora como la respuesta estrella para encontrar soluciones cortoplacistas, algo que, como fácilmente podemos intuir, no hará más que profundizar en las causas estructurales de la multidimensionalidad de las crisis de las que el Covid-19 es solo la punta del iceberg. A este respecto, Rocío Silva, congresista por el Frente Amplio, le espetaba en el Congreso: “Yo esperaba que usted, premier, pusiera en el centro la vida. Pero en su discurso se prioriza la reactivación económica mientras se camina hacia 40 mil muertos. Nos habla de la minería sin mencionar la cantidad de mineros contagiados durante esta emergencia, incluso en la propia Antapaccay, Espinar, hay más de 300 infectados. El presidente Vizcarra mencionó que estamos caminando hacia un contagio masivo. Plantear una inmunidad de rebaño como excusa para la reactivación económica es sacrificar a los más vulnerables mientras se defienden los intereses económicos de la élite gobernante”. El premier duró veinte días en el cargo. En redes lo llamaban jocosamente “Cateriano, el breve”.

Finalmente, cuando parecía que el conflicto no tenía visos de solución, el 7 de agosto se conformó una mesa de negociación y diálogo, donde la empresa aceptó hacer “de manera extraordinaria y por única vez” el pago del subsidio de mil soles por “beneficiario” (unos 250 euros) como forma de paliar los impactos del Covid-19, a cambio de que las movilizaciones cesaran y que dirigentes sociales “levantaran inmediatamente las medidas de fuerza social en toda la provincia, garantizando la paz social”.

Mientras la calma vuelve a las calles de Espinar, cabe preguntarse qué entiende exactamente el gobierno por “paz social”, en una región donde las declaratorias de emergencia, la ocupación militar y la restricción de derechos se da de manera continua. Pero como dirían los y las peruanas, “el sol no se puede tapar con un dedo”. Resulta irrisorio pensar que una insignificante compensación económica, que a duras penas servirá a las familias para llegar a fin de mes, podrá reparar los daños generados por “años de minería sin control, contaminación, desidia y abandono de sucesivos gobiernos y empresas”. El subsidio parecería un bálsamo temporal que, sin duda, precisa de la generación de un proceso de diálogo profundo, democrático y en igualdad de condiciones, que verdaderamente tenga la intención de reparar, remediar y proteger a la población afectada, así como investigar y sancionar a los culpables de la generación de daños, muchos de ellos irreversibles.

Como nos han recordado estos días organizaciones ambientalistas, Perú no es un país minero y sí uno de los diez países más megadiversos del mundo, que en su conjunto alberga el 70% de la biodiversidad del planeta, incluyendo esto ecosistemas tan importantes como la Amazonía (que llega a ocupar el 60% del territorio nacional), el complejo sistema de glaciares en los Andes, miles de especies y recursos genéticos nativos y cincuenta y cinco culturas originarias.

Ante una élite sorda a los reclamos y ambientalmente suicida, la cultura k´ana se convierte entonces en las raíces sobre las cuales soñar, construir e impulsar alternativas de vida a la imposición del modelo económico hegemónico, en la posibilidad que resquebraja el imaginario colectivo de territorio minero, que nos habla de un tiempo de convivencia en equilibrio con la naturaleza, en el que los pueblos eran [sean/son] soberanos. En las manos de estas mujeres y hombres que luchan desde sus raíces, y también en las nuestras, desde los sectores críticos de este sur global, está que las transformaciones urgentes que necesitamos sean posibles.

https://www.jornada.com.mx/ultimas/mundo/2020/09/12/ojarasca-la-mineria-mas-atroz-en-peru-el-pueblo-k2019ana-lucha-por-la-vida-9490.html

José De Echave C.
COOPERACCION 07/09/2020
Imagen: Rumbo minero
No es ninguna novedad que las proyecciones del Ministerio de Economía (MEF) sean más optimistas que las del Banco Central de Reserva (BCR). Y por supuesto tampoco lo es que éstas discrepen con las de la mayoría de analistas y tengan que ir sincerándose en la medida que se consolidan las cifras en el último trimestre del año. Esto ha ocurrido en los ahora añorados tiempos de pre pandemia y va a ocurrir en medio de la misma.

El Marco Macroeconómico Multianual 2021-2024 (MMM), en resumen, nosdice lo siguiente: el Producto Bruto Interno (PBI) se contraería 12,0% en 2020, “ante un mayor deterioro de la actividad económica” en el primer semestre de2020; en el 2021 se produciría un rebote importante (10,0%), “impulsado, principalmente, por un mayor gasto privado” y en el 2022, “el Perúserá uno de los países de América Latina que retorne a niveles pre COVID-19 y recuperará su ventaja regional en los próximos años”. Así de fácil.

Por supuesto que para que esto ocurra, habrá que sortear exitosamente varios riesgos. El propio MMM identifica los siguientes factores de riesgo que influirán en la evolución de nuestra economía: nuevos rebrotes del Covid-19 a nivel mundial y su impacto en la economía; retraso de la solución médica y de la distribución de la vacuna; deterioro de las condiciones financieras a nivel global; nuevos rebrotes en el país que obliguen a una nueva cuarentena generalizada o en amplias zonas del país; lenta recuperación de la demanda externa; conflictos sociales en los sectores primarios; medidas del Congreso que afecten la economía, las propias elecciones presidenciales, etc. Como se puede apreciar es una larga lista de choques tanto externos e internos, que de por sí terminan de configurar un escenario muy incierto y que provocan la sensación que para que las proyecciones del MEF se cumplan, se tendrían que alinear todos los astros.

El BCRP es menos optimistaen varias variables. Por ejemplo proyecta una mayor caída de los precios de exportación y pese a que también proyecta un retroceso de los precios de importación, los términos de intercambio son menores que los del MEF (2.2% vs 3%). Otro dato clave tiene que ver con la recuperación que proyecta el MEF de los ingresos fiscales, que a todas luces aparece como sobreestimada. Para comenzar habrá que ver hasta cuánto van a caer los ingresos del gobierno central este año (están proyectando que retrocederían a 17.7, como porcentaje del PBI) y si es posible un proceso de recuperación para los próximos, tal y como se está proyectando: según el MEF, la consolidación fiscal tiene que estar acompañada de medidas tributarias adicionales; sin embargo, como ha señalado Waldo Mendoza, presidente del Consejo Fiscal, la cifra de presión tributaria (ingresos/PBI) está por encima de lo que se debería esperar.

Lo cierto es que se pronostica que la recaudación caerá alrededor de US$ 11 mil millones (el MEF estima una contracción del 22.5%) y su recuperación dependerá básicamente de variables vinculadas a la marcha del conjunto de la economía (una suerte de piloto automático adaptado para los tiempos de pandemia), ya que se ha anunciado que en las actuales circunstancias no habrá mayores cambios en el régimen tributario: la propia ministra Alva ha señalado que en las estimaciones del presupuesto del 2021 no se contemplan medidas tributarias adicionales y que sólo se continuará con las que ya fueron encaminadas antes de la pandemia;es decir la lucha contra la evasión y la elusión tributaria, la implementación de un acuerdo multilateral entre autoridades tributarias de alrededor de 100 países que debe permitir el intercambio de información tributaria y financiera y la masificación de comprobantes de pago electrónicos. Es difícil que este tipo de medidas puedan permitir una recuperación de los ingresos fiscales tal y como ha proyectado el MEF; en todo caso queda claro que el tema tributario y la necesidad de implementar una verdadera reforma, quedará como una tarea pendiente para el escenario post pandemia, es decir para el próximo gobierno.

¿Qué escenarios se proyectan para el sector minero?

El MMM proyecta una contracción del PBI de la minería metálica de 10.9% para el 2020 y para el próximo crecería 15.1%, convirtiéndose en uno de los motores de la ansiada recuperación de la economía peruana. Nuevamente, queda por evaluar si en este terreno las proyecciones del MEF vuelven a pecar de optimismo.

Cabe recordar que la minería metálica tuvo una caída de 13.55% durante junio. Si bien este resultado marca una menor contracción en comparación a los tres meses previos (-21-74% en marzo, -42.25% en abril y -45.79% en mayo), la cosa no pinta bien para este sectordebido a los impactos variados de la pandemia: aumento creciente de contagios entre los trabajadores mineros; operaciones semiparalizadas que les está costando reactivarse, algunas cadenas de suministros interrumpidas; preocupación en varias zonas de influencia que incluye cierre de territorios por el temor a los contagios de los trabajadores y contratistas de las empresas; conflictos sociales como el ocurrido en Espinar, que plantean demandas económicas, sociales y ambientales. Todos estos factores van a seguir estando presentes en los próximos meses y afectarán la dinámica de la minería.

El propio ministro de Energía y Minas, Luis Miguel Incháustegui, ha sincerado las posibilidades de inversión y ha mencionado que se estarían focalizando en 13 proyectos, entre los que destacanQuellaveco, Mina Justa, Ampliación de Toromocho, Yanacocha Sulfuros, San Gabriel y Corani, entre algunos otros. El Minem proyecta una inversión de US$ 4,800 millones para este año, (menor en 22.03% del monto invertido el año pasado): por el momento las cifras consolidadas hasta el mes de junio, muestran que la inversión en minería ha retrocedido en 25 puntos porcentuales en comparación con el mismo período de 2019.

¿Qué pasará en los próximos meses? Todo dependerá de cómo la pandemia evolucione en el país y qué tipo de medidas tome el gobierno. Si se regresa a un escenario de medidas restrictivas por posibles rebrotes en los territorios y si continúan los niveles de contagio entre los trabajadores mineros, la dinámica del sector se verá afectada.

Pero además, no está de más recordar que ya antes de la pandemia se proyectaba un crecimiento modesto para el sector minero, debido a los procesos lentos de maduración de los diferentes proyectos de la cartera de construcción de minas y un escenario adverso a nivel internacional (guerra comercial entre Estados Unidos y China, precios deprimidos, mercados financieros cautelosos, etc.). Todos estos factores de riesgo se han incrementado por lo que, por el momento, no se prevé un escenario de recuperación significativa.

Imagen: Gestión 08/09/2020
Ayer el Primer Juzgado Colegiado Supraprovincial de Arequipa declaró fundada la solicitud de interrupción (quiebre) del Juicio Oral a 17 agricultores del Valle de Tambo, que participaron de la protesta social contra la imposición del proyecto minero Tía María (año 2015), el mismo que se había iniciado el 3 de marzo de este año y que fue interrumpido por la declaración de emergencia sanitaria.

Al respecto, cabe mencionar que el 9 de julio de 2020, la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz- FEDEPAZ, que viene patrocinando a 5 agricultores que fueron incluidos arbitrariamente en este proceso penal, formuló la solicitud de interrupción (quiebre) del juicio oral que pretendía reiniciarse mediante sesiones de audiencia de carácter virtual. Se hizo este pedido al considerar que no se habían superado los riesgos de una probable vulneración de principios procesales que garanticen el cumplimiento del debido proceso judicial, en atención a la complejidad procesal que representa este caso y que se sustenta en el gran número de procesados, más de 160 testigos y peritos, abundante material documental probatorio, pluralidad de delitos acusados, etc.

En efecto, David Velazco Rondón, en representación de la FEDEPAZ y abogado de 5 de los agricultores que vienen siendo juzgados injustamente; señaló que se evidenciaban graves problemas procesales que se generan en una audiencia judicial de carácter virtual o por video conferencia. Se sustentó que no hay una relación directa entre los magistrados a cargo del juicio y los órganos de prueba (testigos, peritos, etc.), así como tampoco con los acusados o los presuntos agraviados, vulnerándose el principio de inmediación procesal.

También señaló que en este tipo de audiencias de carácter virtual no se verificaba el necesario cumplimiento de la publicidad del juicio oral que es otra exigencia de carácter fundamental (el control público en la administración de justicia) para calificarlo como que está dotado del debido proceso judicial. Precisó que las partes no podrían realizar un oportuno ejercicio del principio de contradicción debido a que por más que se trate de una video conferencia en “tiempo real”, las partes no necesariamente tienen la misma posibilidad de cuestionar, refutar, etc.. Y que el principio a ser juzgado en un tiempo razonable siendo una manifestación del debido proceso judicial, éste no se puede desarrollar en un juicio oral sin que estén presentes, conjuntamente, las otras garantías.

Desde ese día, la decisión del Juzgado quedó al voto, decisión que se dio a conocer ayer, 07 de setiembre, y por la cual el Juzgado resolvió declarar la interrupción (quiebre) del proceso asumiendo los argumentos de la defensa legal de los agricultores.

Al respecto, el Juzgado en los considerandos de su resolución ha señalado que una Audiencia Virtual afecta el derecho de defensa de las partes, porque, por ejemplo, si una de las partes desea formular objeciones a un interrogatorio esta manifestación, por las dificultades técnicas, puede llegar con retraso y no ser procedente si el declarante ya inició su respuesta. El Juzgado, consideró, también, que por ello se afectaba los principios de contradicción y de inmediación que garantiza que el órgano judicial, en un Juicio Oral pueda percibir de manera directa y presencial, por todos sus sentidos, la declaración, los gestos, etc. de un testigo, perito, agraviado, procesado, etc., principio que no se cumple mediante la video conferencia.

A continuación, señaló que una Audiencia Virtual en un caso tan complejo como éste vulneraba el principio de concentración procesal y unidad del proceso, de publicidad del Juicio Oral y de igualdad de armas. Finalmente, resaltó la necesidad de que los magistrados deben de cuidar el cumplimiento del debido proceso judicial en un Juicio Oral y que las partes procesales deben, de buena fe, coadyuvar a que no se produzcan nulidades y advertirlas, como lo advirtió la defensa legal de los agricultores para evitar que estas situaciones ocurran.

Reconoció que el juzgamiento en tiempo razonable también es un principio que ilustra el debido proceso judicial, pero que este principio debe aplicarse conjuntamente con los otros principios procesales, evitando llevar un Juicio Oral de cualquier manera.
Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú

… y resuelve interrumpir (quebrar) el Juicio Oral, al cual estaban siendo sometidos, al considerar que no se
garantiza el debido proceso judicial en una Audiencia Virtual
El Primer Juzgado Supraprovincial de Arequipa, el día de hoy, declaró fundada la solicitud de
interrupción (quiebre) del Juicio Oral a 17 agricultores del Valle del Tambo, que participaron de la
protesta social contra la imposición del proyecto minero Tía Maríal (año 2015), el mismo que se había
iniciado el 3 de marzo de este año e interrumpido por la declaratoria de estado de emergencia
sanitaria generada por el Covid-19.
Como se recordará el 9 de julio de 2020, FEDEPAZ, que viene patrocinando a 5 agricultores que
fueron incluidos arbitrariamente en este proceso penal, formuló la solicitud de interrupción (quiebre)
del juicio oral que pretendía reiniciarse mediante sesiones de audiencia de carácter virtual, esto es
no presenciales, al considerar que no se habían superado los riesgos de una probable vulneración
de principios procesales que garanticen el cumplimiento del debido proceso judicial, en atención a la
complejidad procesal que representa este caso y que se sustenta en el gran número de procesados,
más de 160 testigos y peritos, abundante material documental probatorio, pluralidad de delitos
acusados, etc..
En efecto, David Velazco Rondón, en representación de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo
y la Paz – FEDEPAZ y abogado de 5 de los agricultores que vienen siendo juzgados injustamente;
señaló que se evidenciaban graves problemas procesales que se generan en una audiencia judicial
de carácter virtual o por video conferencia. Debido a que no hay una relación directa entre los
magistrados a cargo del juicio y los órganos de prueba (testigos, peritos, etc.), así como tampoco
con los acusados o los presuntos agraviados, vulnerándose el principio de inmediación procesal.
Agregó que no cabía duda alguna que las audiencias, por más esfuerzo de ampliarlas que se pueda
hacer, limitaba seriamente la observación del público en general, por lo cual no se verificaba el
necesario cumplimiento de la publicidad del juicio oral que es otra exigencia de carácter fundamental
(el control público en la administración de justicia) para calificarlo como que está dotado del debido
proceso judicial.
Precisó que tampoco las partes podrían realizar un oportuno ejercicio del principio de contradicción
debido a que por más que se trate de una video conferencia en “tiempo real”, las partes no
necesariamente tienen la misma posibilidad de cuestionar, refutar, etc., argumentaciones de otras
de las partes o formular oportunamente objeciones a las preguntas impertinentes que se pudieran
formular a los testigos, peritos, acusados, etc..
A continuación expresó que si bien el derecho a ser juzgado en un tiempo razonable es, también,
una manifestación del debido proceso judicial, éste no se puede desarrollar en un juicio oral sin que
estén presentes, conjuntamente, las otras garantías que son expresión del debido proceso judicial.Los abogados defensores de algunos de los acusados expresaron su preocupación por las
dificultades que genera la comunicación virtual y se sumaron a la solicitud de interrupción (quiebre)
del Juicio Oral.
El 9 de julio de 2020, la decision del Juzgado quedó al voto, decisión que se dio a conocer el día de
hoy y por la cual el Juzgado resuelve declarar la interrupción (quiebre) del proceso asumiendo los
argumentos de la defensa legal de los agricultores.
En efecto, el Juzgado en los considerandos de su resolución ha señalado que una Audiencia Virtual
afecta el derecho de defensa de las partes, porque, por ejemplo, si una de las partes desea formular
objeciones a un interrogatorio esta manifestación, por las dificultades técnicas, puede llegar con
retraso y no ser procedente si el declarante ya inició su respuesta. El Juzgado, consideró, también,
que por ello se afectaba el principio de contradicción en el Juicio Oral.
Igualmente, el Juzgado estimó que se afectaba el principio de inmediación que garantiza que el
órgano judicial pueda percibir de manera directa y presencial, por todos sus sentidos, la declaración,
los gestos, etc. de un testigo, perito, agraviado, procesado, etc.. y que una diligencia mediante video
conferencia no la podia sustituir sin vulnerar dicho principio.
A continuación, señaló que una Audiencia Virtual en un caso tan complejo como éste vulneraba el
principio de concentración procesal y unidad del proceso, de publicidad del Juicio Oral y de igualdad
de armas. Finalmente, resaltó la necesidad de que los magistrados deben de cuidar el cumplimiento
del debido proceso judicial en un Juicio Oral y que las partes procesales deben, de buena fe,
coadyuvar a que no se produzcan nulidades y advertirlas, como lo advirtió la defensa legal de los
agricultores para evitar que estas situaciones ocurran.
Reconoció que el juzgamiento en tiempo razonable también es un principio que ilustra el debido
proceso judicial, pero que este principio debe aplicarse conjuntamente con los otros principios
procesales, evitando llevar un Juicio Oral de cualquier manera.
Al respecto, la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ, expresa su satisfacción
con esta resolución que garantiza la realización de un Juicio Oral en absoluto respeto de las
garantías del debido proceso judicial.
Lima, 07 de setiembre de 2020
Con el ruego de su difusion
Área de Prensa Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ
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03/09/2020
Imagen: Rumbo minero
El Sindicato de Trabajadores Funcionarios en Mina Antapaccay (SITRAMINA) ha lanzado un llamado a la solidaridad con su demanda de respeto a sus derechos laborales y reclamo por mayor atención a la empresa minera frente a los contagios de COVID-19.

“Compañía Minera Antapaccay S. A. una compañía de Glencore en Perú, que se ubica en la provincia de Espinar, en la región Cusco, viene desatando una feroz arremetida contra los derechos fundamentales a la salud la vida y trabajo de sus propios trabajadores en plena pandemia”, señalan en su reciente publicación en el facebook del sindicato.

Asimismo denunciaron que la empresa empezó a despedir selectivamente sin ninguna causalidad a varios trabajadores tan solo por ejercer sus legítimos derechos a la libertad sindical. Por esta razón solicitan la solidaridad de las organizaciones locales, regionales, nacionales e internacionales.
Fuente: www.conflictosmineros.org.pe
Observaotrio de Conflictos Mineros en el Perú

Este jueves, los líderes sociales de la provincia cusqueña dialogarán con representantes del gobierno central sobre la ampliación de Coroccohuayco y la consulta previa por el proyecto minero. Además, debatirán la propuesta que busca reformular el convenio marco y la necesidad de atención médica para las personas afectadas por metales pesados.

Por José Víctor Salcedo
CONTROVERSIA. Desde hace 35 años Espinar vive un largo conflicto debido a la presencia de la minería en la zona.
Foto: Álvaro Franco/ OjoPúblico
Aunque el pasado 7 de agosto los dirigentes de la provincia de Espinar, en Cusco, levantaron el paro que mantuvieron durante 23 días, no todas sus demandas han sido atendidas. Este jueves se reunirá la mesa técnica -integrada por autoridades, líderes sociales y representantes de la sociedad civil, la empresa minera y el Ejecutivo- para discutir la reformulación del convenio marco, la afectación de las personas con metales pesados y la ampliación del proyecto minero Coroccohuayco, de la compañía suiza Glencore.

Estos tres temas integraban las demandas de los manifestantes que acataron el paro desde el 15 de julio hasta el 7 de agosto contra la minera. Sin embargo, el pedido más visible fue la entrega de S/ 1.000 para afrontar la pandemia, solicitud que ya ha sido atendida. Ahora el diálogo se centrará en resolver los otros conflictos pendientes, que surgieron con la actividad minera en Espinar.

En ese contexto, el pasado 18 de agosto se publicó en el diario oficial El Peruano la ordenanza municipal Nº 75-2018, que reconoce la “autodeterminación de las comunidades campesinas del pueblo K’ana como comunidades indígenas de la provincia”. Dicha norma fue aprobada el 29 de octubre del 2018 en el concejo municipal, y dispone “el respeto de los derechos colectivos, culturales, sociales, identidad y autodeterminación como comunidades originarias ancestrales con autonomía, libre determinación y reconocimiento de su territorio y sus recursos”.

EN ESPINAR EXISTEN 79 COMUNIDADES DESCENDIENTES DE LOS K’ANAS.

¿Por qué se publicó recién una ordenanza emitida hace dos años? El gerente municipal de Espinar, Werner Salcedo Álvarez, explicó a OjoPúblico que la misma debió publicarse en 2018, pero esto no se hizo por desdén de las anteriores autoridades. “Esta ordenanza no fue debidamente publicada y, con ello, no podíamos cumplir con los requisitos que exigía la ley para declarar a Espinar como pueblo indígena. Es en mérito a esto que hemos hecho dicha publicación”, dijo.

En la provincia de Espinar existen, según la mencionada ordenanza, 79 comunidades campesinas descendientes de los k’anas, un pueblo preinca que habitó el territorio de las actuales provincias de Espinar y Canas. “Todos ellos se autoproclaman indígenas porque tienen una existencia ancestral milenaria de la nación K’ana. Esto les da la potestad de decidir qué hacer en los territorios que habitan”, explicó Santos Cosme Cáceres Quispe, expresidente de la Federación Unificada de Campesinos de Espinar (FUCAE).

Sin embargo, la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios del Ministerio de Cultura solo registra a 74 comunidades indígenas en toda la provincia de Espinar.

Espinar

TRADICIÓN. Las comunidades indígenas de Espinar defienden su territorio porque se dedican a la agricultura y a la ganadería.
Foto: Álvaro Franco/ OjoPúblico
Jaime Borda, secretario ejecutivo de la Red Muqui, explicó a OjoPúblico, que dicha norma tiene un carácter declarativo y político, “pero no tiene efectos jurídicos vinculantes, porque ya el viceministerio de Interculturalidad había reconocido a las comunidades indígenas de Espinar”. Y así lo reitera también la ordenanza municipal.

Por su parte, el expresidente de FUCAE, quien fue uno de los impulsores de la ordenanza añadió que buscan “que los pueblos y comunidades indígenas y campesinas, reconocidas con su resolución y su personería jurídica, se autoproclamen y se autodeclaren como tales en base a sus estatutos.

De Tintaya a Coroccohuayco

Salcedo Álvarez considera que, con la entrada en vigencia de la ordenanza, las comunidades tendrán más beneficios, no solo en lo histórico y cultural. “Por ejemplo, podremos tener dos consejeros regionales por provincias como Quispicanchi, La Convención, Anta, Paucartambo y Canchis”. Actualmente Espinar solo cuenta con un consejero regional.

Además, las comunidades podrán exigir la aplicación de la Ley de la Consulta Previa para cualquier nuevo proyecto extractivo que se quiera ejecutar en sus territorios. “Debería aplicarse para el proyecto Integración Coroccohuayco, pero tengo entendido que las normas no son retroactivas. Más allá de eso, esperemos que ahora podamos tener inversiones que cumplan todos los requisitos del rubro minero”, precisó Salcedo.

Por su parte, Cosme Cáceres dijo que solicitarán que cualquier obra, particular o estatal, sea consultada con los campesinos. “Todas las medidas administrativas, en cualquier procedimiento para una obra o un proyecto, deben ser consultadas. Los proyectos mineros también”, añadió.

LAS COMUNIDADES PODRÁN EXIGIR LA APLICACIÓN DE LA CONSULTA PREVIA.

En el caso del proyecto Integración Coroccohuayco, que lleva adelante Glencore, se debe resolver una acción de amparo, interpuesta por las comunidades, para que la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) -aprobada en 2019 por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) del Ministerio del Ambiente- sea sometida a consulta. “Se debe consultar la MEIA y, en la consulta, debería ser desaprobada. Entonces [Glencore] tendrá que hacer un nuevo proyecto con su Estudio de Impacto Ambiental, y ya no una modificación”, explicó.

Las comunidades de Espinar cuestionan que Glencore realice una segunda ampliación al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Tintaya, que cerró sus operaciones en 2011. Un año después de esto, la minera pidió al Ministerio de Energía y Minas (Minem) la modificación del EIA para Antapaccay Expansión Tintaya, que desde ese año opera en la provincia y funcionará hasta el 2022.

En 2014, Glencore presentó al Ministerio del Ambiente una segunda modificación del EIA para incluir la zona de Coroccohuayco al proyecto minero y extraer cobre por 30 años más. “No debe hacerse de esa forma. Es un nuevo proyecto y deben pedir nuevos permisos y aplicar la consulta previa, amplia e integral en los dos distritos y en las 79 comunidades”, sostiene Cáceres Quispe.

Espinar

INFORMACIÓN. Las comunidades cercanas al proyecto minero Ampliación Coroccohuayco participan en un proceso de consulta previa.
Foto: Álvaro Franco/ OjoPúblico

Consulta previa a medias

Este jueves 3 de septiembre habrá una reunión virtual en Espinar, como parte de la mesa de diálogo para superar el conflicto con la minera, donde se tratará el pedido de anulación del MEIA del proyecto Integración Coroccohuayco, la atención a las personas afectadas con metales pesados y la reformulación del convenio marco.

Desde noviembre del año pasado, el Minem implementa la consulta previa por el proyecto Integración Coroccohuayco en 10 comunidades identificadas como parte de los pueblos indígenas en Espinar y que, a su vez, se localizan en el área de influencia de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) del proyecto. Hasta el momento han avanzando con tres de las siete etapas del proceso de consulta previa.

Se trata de las comunidades Huano Huano, Alto Huancané, Huancané Bajo, Tintaya Marquiri, Cala Cala, Huarca, Huisa Collana, Huisa, Anta Ccollana y Suero y Cama. El 17 de agosto pasado, estas 10 comunidades y el Minem firmaron una tercera adenda al Plan de Consulta Previa y, con ello, reprogramaron las acciones de las etapas de consulta. Así, la etapa 4 -informativa- se realizará el 17 y 18 de setiembre, la etapa 5 -evaluación interna- se realizará del 19 al 25 de setiembre, y la etapa 6 -diálogo- será del 5 al 16 de octubre.

ESTE JUEVES 3 DE SEPTIEMBRE HABRÁ UNA REUNIÓN VIRTUAL EN ESPINAR, COMO PARTE DE LA MESA DE DIÁLOGO.

Las comunidades Pacopata, Huini Ccorocohuayco y Alto Huarca -zonas de influencia directa del nuevo proyecto minero- no participan del actual proceso de consulta previa. El presidente de Pacopata, Felipe Kana Chuctaya, dijo a OjoPúblico que están en desacuerdo porque el Minem realiza una consulta de inicio de operaciones, que es la etapa final del proceso. “Son muchos pasos que no se han cumplido, como el EIA, los actos administrativos, las exploraciones y la concesión, inclusive. Una consulta previa tiene un pitazo inicial y otro final. Seguramente vamos a tener que sentarnos con el Minem para discutir este tema”, argumentó.

La autoridad de Pacopata agregó que, para las tres comunidades, “es importante que se discutan los impactos. No solo es consultar si quieres el proyecto o no. ¿En qué condiciones? Ese es el tema. No se quiere hablar de los impactos, pero sí se quiere consultar el inicio de operaciones. No estamos en contra, pero sí hay una preocupación de las comunidades por el Estudio de Impacto Ambiental, sobre cómo nos afectará el proyecto”.

Por ese motivo, anunciaron que enviarán un oficio al Minem para solicitar una mesa de diálogo donde puedan exponer estas preocupaciones.

Espinar
MIEDO. Las comunidades de Espinar reclaman por la contaminación ambiental, así como la afectación a su ganado y a la salud de las personas.
Foto: Álvaro Franco/ OjoPúblico

Heridas de un largo conflicto

La protesta de julio contra la minera Antapaccay dejó heridos por balas, perdigones y bombas lacrimógenas. Uno de ellos es la señora Juana Apaza (35), quien cojea cuando camina. El 20 de julio, cuando protestaba en el corredor vial del sur, una bomba lacrimógena casi le destroza el tobillo del pie izquierdo. “Ese día vivimos como una película de acción. Muchas personas caían. No sé si estarán bien. Ese día hemos corrido por nuestras vidas”, recuerda la mujer que denunció el ataque en la comisaría de Espinar.

Juana Apaza es comerciante, madre soltera y tiene dos hijos. Cuando camina mucho o hace frío, se le hincha el pie. “Ahora cuando escucho gritos o bulla siento que se me vacía el corazón, me asusto”, dice. A su costado, Evarista Ccolqque cuenta la desgracia que vivió su hijo, el 22 de julio. El joven -Wilmer Ilachoque Ccolqque- recibió el disparo de un arma de fuego de la Policía, mientras protestaba en el sector de Tintaya-Marquiri.

El 17 de agosto, el ministro del Interior, Jorge Montoya Pérez, se presentó ante la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, y ante la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso, para responder sobre los hechos ocurridos el 22 de julio -el día más violento del paro en Espinar-. Allí Montoya negó las denuncias vinculadas a excesos policiales durante los enfrentamientos.

Espinar

EXCESOS. Los enfrentamientos en Espinar dejaron varios heridos de bala. La policía negó haber usado armas letales, pero los testimonios son contundentes.

Foto: Álvaro Franco/ OjoPúblico
Aseguró, por ejemplo, que los agentes no usaron armas de fuego, pese a que la médico cirujano del hospital de Espinar -Gloria Cárdenas- confirmó la existencia de, por lo menos, tres manifestantes heridos de bala. El ministro del Interior tampoco reconoció el hostigamiento policial contra la doctora Cárdenas y dijo que, hasta ese día, la mujer no había solicitado garantías ni había denunciado el hecho ante la policía.

También negó que se hubieran efectuado detenciones la noche del 22 de julio. “[Los policías] han actuado al amparo de la ley”, enfatizó. Sin embargo, Evarista Ccolqque cuestiona que la Policía niegue el uso de balas durante la represión. “Los policías se quieren negar, [dicen] que no es bala. A nosotros, la doctora en el hospital nos dijo que es bala. Por eso estamos acá [en Cusco] para hacer revisar a mi hijo”, dice.

La organización Derechos Humanos Sin Fronteras y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos documentaron varias denuncias por violación a los derechos de los ciudadanos de Espinar. “Efectivos policiales golpearon a un joven y le causaron múltiples lesiones en el cuero cabelludo, rostro, manos y hombro izquierdo. De igual forma, se registraron seis casos de personas heridas por perdigones en el cuerpo, pese a que, por la peligrosidad de estas municiones, desde el 2006, únicamente se autoriza el uso de perdigones de goma”, dijeron en un informe al que accedió OjoPúblico.

TRES DE LOS HERIDOS RECIBIERON IMPACTOS DE BALA POR LA ESPALDA.

El documento añade que tres de los heridos recibieron impactos por la espalda, lo que evidencia que los efectivos policiales violaron la prohibición de usar la fuerza contra personas que huyen. Mar Pérez, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, precisó que hay evidencias documentales, testimoniales, partes médicos y videos que acreditan la vulneración de los derechos humanos durante las protestas en Espinar.

“Es preocupante que el ministro haya negado las violaciones. No son especulaciones, las denuncias están respaldadas en documentos oficiales y en grabaciones que no se pueden negar. Sería mucho más saludable que las instituciones del Estado hagan una revisión interna y busquen las fallas institucionales además de las responsabilidades individuales. Es la única forma de avanzar”, reflexionó Pérez.

Ambas organizaciones recomendaron al Ministerio Público iniciar una investigación exhaustiva para identificar a los responsables de las violaciones de derechos humanos, y que el Ministerio del Interior implemente reformas institucionales para garantizar la gestión adecuada de las manifestaciones en el país. Añadieron que los policías deben contar con equipos de uso progresivo y diferenciado de la fuerza, y recibir un entrenamiento adecuado; que respete los derechos fundamentales de las personas.

(EDITORIAL ACTUALIDAD MINERA, COOPERACCION,Agosto 2020)
En el Sexto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima se decidirá si procede la demanda de amparo constitucional interpuesta por un colectivo ciudadano, exigiendo que se disponga el cese inmediato del proyecto Ariana por considerarlo una amenaza para la provisión de agua potable para Lima y Callao.

La jueza Rocío del Pilar Rabines Briceño decidirá si paraliza o no el proyecto Ariana, de la empresa Southern Peaks Minnig. Según explicó, Dionel Martínez, geógrafo de CooperAcción, dicho proyecto pretende depositar sus relaves tóxicos en una zona altamente sísmica y a 500 metros de la entrada principal del túnel trasandino Cuevas Milloc, que capta el agua de la cuenca del río Mantaro hacia el río Rímac para abastecer a más de 10 millones de personas de Lima y Callao.

“La mina Ariana pretende desarrollarse en el corazón del sistema hidráulico Marcapomacocha que comprende el represamiento de seis lagunas, canales colectores y conductores, así como el túnel trasandino Cuevas Milloc. No olvidemos que el 69% del agua que consumimos en Lima y Callao está dotada por el rio Rímac y esto se debe al sistema hidráulico Marcapomacocha”, resaltó Martínez.
Los demandantes presentaron como elemento nuevo la carta de la empresa de agua potable de Lima y Callao, SEDAPAL, de fecha 18 de agosto de 2020, donde se señala claramente que “no se han desarrollado aún los estudios evaluativos pertinentes” en relación a la influencia del proyecto minero Ariana en el sistema Marca y el túnel Trasandino.

La abogada especialista en temas ambientales, Ana Leyva, explicó durante la audiencia que en mayo de 2019, SEDAPAL, Ariana y el Ministerio de Energía y Minas acordaron la contratación de un consultor externo, de prestigio internacional, para realizar un estudio sobre la influencia del proyecto minero en el sistema Marca y el Túnel Trasandino. Sin embargo, dicho estudio no se ha realizado aún por falta de acuerdo entre SEDAPAL y el MINEM sobre los términos de referencia del mismo.

SEDAPAL ha señalado en su propuesta de términos de referencia que tiene una legítima y comprensible preocupación en relación a los riesgos potenciales que cualquiera de las instalaciones del Proyecto Minero Ariana pudiesen tener a lo largo de la operación del mismo sobre la confiablidad del suministro de agua a la ciudad de Lima

Durante la audiencia judicial, los representantes de la empresa reconocieron que SEDAPAL ha pedido estudios adicionales que aún se encuentran pendientes.

La empresa minera Southern Peaks tiene preocupantes antecedentes que permiten dudar de su responsabilidad ambiental. La empresa fue propietaria de la mina Quiruvilca (La Libertad) entre 2012 y 2015, período en el cual recibió sanciones por parte del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). OEFA declaró la responsabilidad de la empresa por diversos incumplimientos relacionados con el manejo de aguas de drenaje de los desmontes y relaves (resoluciones 988-2015-OEFA-DFSAI, 85-2016-OEFA/DFSAI).

Southern Peaks vendió la operación al empresario Luis Sáenz en 2015. Actualmente, la zona donde se encuentra Quiruvilca ha sido declarada en emergencia ambiental por las autoridades, debido a los graves impactos sobre el río Moche.

Por su parte, Juan Carlos Ruiz, abogado del IDL, explicó el contenido de la demanda de amparo presentada contra el proyecto minero y el Estado el 25 de abril pasado, debido a que el proyecto afectará el derecho a la salud, agua y en un ambiente sano y equilibrado de millones de peruanos.

Según indicó Ruiz, el Sexto Juzgado Constitucional debería aplicar el principio precautorio, ya que existen indicios razonables de posibles impactos en toda la infraestructura hídrica que ha sido construida en la zona.

Desde el 2017, la Constitución Política del Perú incorporó el artículo 7-A que establece que el Estado promueve el manejo sostenible del agua, el cual se reconoce como un recurso natural esencial y, como tal, constituye un bien público y patrimonio de la Nación. Además, se establece que su dominio es inalienable e imprescriptible.

Se espera que en las próximas semanas, la jueza Rocío del Pilar Rabines Briceño, tome decisión sobre este polémico proyecto.