Luis Gárate
12/10/2020
Imagen: Mongabay
A pesar de las restricciones que ha generado el estado de emergencia decretado a raíz de la pandemia, en nuestro país algunas actividades han seguido operando. Es el caso de la gran minería formal, pero también otras que están fuera de la ley, como la minería ilegal.

José Ventura define la minería ilegal -para diferenciarla de la minería artesanal e informal-, como aquella que no se caracteriza solamente por el volumen de tierras que mueve (que en algunos casos puede ser la misma o mayor que una empresa de mediana minería), sino sobre todo porque desarrolla sus actividades afectando los derechos de otros y en zonas abiertamente prohibidas. Por ejemplo, en reservas naturales o áreas protegidas, vulnerando estas zonas, contaminando el medio ambiente y causando efectos sociales terribles, como prostitución infantil, trata de personas, condiciones laborales de extrema explotación, trabajo infantil, etc.[1]

Hace unos años se estimó que la minería ilegal en el Perú mueve más de 2,900 millones de dólares al año, convirtiéndose en una actividad criminal que puede generar mayores ganancias que el propio narcotráfico.

Es por eso que el gobierno peruano ha continuado realizando operativos para combatir esta actividad en pleno estado de emergencia por la pandemia. El pasado jueves 10 de setiembre en el marco del operativo Mercurio, la Fiscalía con apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional realizaron un operativo helitransportado en la Reserva Comunal Amarakaeri, que abarca los departamentos de Cusco y Madre de Dios.

Igualmente la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Madre de Dios realizó un operativo en diversos sectores afectados por la minería ilegal que contaminaban el río Pariamanu y que había puesto en riesgo la salud de la población indígena amahuacas de la comunidad nativa Boca Pariamanu. Los patrullajes que realizan los indígenas a lo largo del río han visibilizado el tema, pero los ha expuesto a las amenazas de muerte por parte de los mineros ilegales.

Esta violencia ha coincidido con el incremento de la actividad minera. El último informe del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP, por sus siglas en inglés) reveló que el aumento de la deforestación en la zona del Pariamanu, en el 2019, como consecuencia de la minería ilegal, fue del 70 %. La tasa de hectáreas depredadas por mes pasó de 2.5, entre el 2017 y 2018, a 4.2 durante el 2019.[2]

De igual manera en setiembre las autoridades realizaron un operativo inopinado contra la minería ilegal en la Comunidad de Pucaurco, ubicada en el distrito de Alto Nanay, provincia de Maynas, región Loreto. Asimismo el Gobierno prorrogó la intervención de las Fuerzas Armadas, en apoyo a la Policía Nacional, en las operaciones especializadas de interdicción contra la minería ilegal y delitos conexos en el distrito de El Cenepa, provincia de Condorcanqui, Amazonas, del 5 de octubre al 3 de noviembre de 2020.

La minería ilegal está estrechamente vinculada a la violencia en las zonas donde opera, en especial la dirigida a los defensores ambientales. Según la Defensoría del Pueblo, cinco defensores ambientales fueron asesinados durante el 2020. Tras el asesinato a balazos del defensor ambiental, Roberto Carlos Pacheco Villanueva, ocurrido a comienzo de setiembre en Madre de Dios, la Defensoría del Pueblo ha solicitad una serie de medidas urgentes al Estado para proteger la vida de estas personas que reciben amenazas por sujetos inescrupulosos que coexisten en el ilícito mundo de la tala ilegal, la minería informal y el tráfico de tierras. En lo que va del 2020, además del señor Pacheco, otros cuatro defensores de los pueblos indígenas y del medio ambiente han sido asesinados por tratar de proteger los recursos naturales.

Por otro parte, entre marzo y junio, Suiza, país que refina alrededor de 60% de la oferta mundial de oro, envió volúmenes históricos a Estados Unidos ante la demanda de los inversores. Sin embargo, pese a que las autoridades de muchos países productores de oro han adoptado medidas restrictivas por la pandemia, la extracción ilegal de oro ha crecido. Asimismo como varias minas formales no están operando, la minería ilegal estaría compensando el déficit de oro.[3]

Perú es el séptimo productor de oro a nivel mundial y 20% de su oferta provendría de la minería ilegal. Durante los últimos 30 años, alrededor de 960 km2 de selva tropical han desaparecido porque poblaciones de las zonas más pobres del país se han mudado a lugares donde hay reservas de oro para dedicarse a la extracción de este mineral en busca del sueño de hacerse ricos. Pero ya sabemos que esta actividad va a acompañada de mucha violencia, trata de personas, prostitución, así como de los terribles daños al medio ambiente.

Lo expuesto nos muestra que la minería ilegal sigue siendo una actividad ilegal muy lucrativa y que debe ser combatida por sus nocivos impactos sociales y ambientales, tarea que debe cumplir con firmeza el Estado y sus fuerzas de seguridad. Pero el aumento de la demanda de minerales como el oro en el mercado internacional, nos muestra que la estrategia contra esta actividad no puede ser solo represiva; se debe trabajar de la mano con las comunidades afectadas, protegiendo sus derechos e integridad, así como también investigando y actuando contra las cadenas de compras y blanqueo de esta actividad en los mercados internacionales.

[1]https://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2014/04/10/peru-pais-minero-incentivo-perverso-mineria-ilegal/

[2]https://es.mongabay.com/2020/08/madre-de-dios-mineria-ilegal-operativo-pariamanu-peru/

[3]https://www.swissinfo.ch/spa/–a-qu%C3%A9-costo-se-benefici%C3%B3-el-oro-con-la-covid-19-/46010490

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13/10/2020
Foto: Minem
Southern Copper pospone hasta 2025 la operación del proyecto “Línea de Transmisión en 220 kV S.E. Montalvo – S.E. Tía María”.
La modificación al contrato de concesión fue aprobada por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) debido a la conflictividad social en la región sur del país.

Según Resolución Ministerial Nº 307-2020-MINEM/DM, publicada este martes en el Diario Oficial El Peruano, Osinergmin emitió opinión sobre los eventos de fuerza mayor invocados por la concesionaria y refirió que “a la fecha, no se ha logrado una solución al conflicto social derivado del proyecto minero Tía María”, ubicado en la provincia de Islay, región Arequipa.

Minem afirmó que, habiendo quedado afectada la fecha de la puesta en operación comercial de la línea de transmisión eléctrica, se ha modificado el calendario de ejecución de obras, por lo que se ha fijado el 30 de agosto de 2025 como la nueva fecha prevista para las operaciones.

La línea de transmisión que está ubicada en los distritos de Cocachacra, Punta Bombón y Moquegua, tenía como fecha inicial la puesta en marcha el 12 de agosto de 2013. Sin embargo, por los conflictos sociales se pospuso el inicio de la obra hasta en dos oportunidades: primero hasta el 31 de julio de 2016 y luego hasta el 31 de julio de 2020.

La solicitud hecha por Southern Copper para posponer sus operaciones en la referida obra toma en cuenta también como uno de sus motivos a la emergencia sanitaria por la propagación del COVID-19.

Tanto la emergencia sanitaria como los conflictos sociales invocados por la compañía han sido calificados como eventos de fuerza mayor por el ministerio.

El Director General de Electricidad de Minem deberá suscribir, en representación del Estado, la Minuta de la Tercera Modificación al Contrato de Concesión.
Fuente: El Comercio
https://www.mineria-pa.com/noticias/peru-southern-pospone-linea-de-transmision-electrica-en-tia-maria-hasta-el-2025/

César Flores Unzaga
08/10/2020
Imagen: Rumbo minero
El último reporte mensual de producción del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) da cuenta que la minería metálica mostró una caída de -6.41% durante julio, lo que significa que el sector operó al 93.59% de su capacidad respecto al mismo mes del año anterior. Desde junio ya se observaba una recuperación alta con un 86.45% de su capacidad operativa, siendo uno de los sectores que ha recuperado en mayor medida los niveles de producción pre pandemia.

Por su parte, la economía nacional también registró una caída en julio, de -11.71%, que mantiene la tendencia negativa de los últimos meses, en junio, mayo, abril y marzo el retroceso fue de -18.06%, -32.74%, -40.40% y -16.26%, respectivamente. Esta evolución excepcional a la baja de la economía nacional y del sector minero coincide con el inicio de la cuarentena nacional iniciada el 15 de marzo a causa de la pandemia del Covid-19 y que se prolongó hasta junio y continuó con cuarentenas focalizadas hasta inicios de octubre.

Hasta fin de año, se prevé una caída de -12% de la economía nacional de acuerdo al último Marco Macroeconómico Multianual (MMM). Por su parte, el sector de la minería metálica caería en -10.9% al finalizar el 2020.

En el 2021, se produciría un rebote en la mayoría de sectores y en el caso minero alcanzaría el 15.1%. Las empresas mineras operarían a capacidad plena y en el segundo semestre del próximo año se alcanzaría un mayor volumen de producción del cobre por el inicio de producción de la Ampliación de Toromocho y Mina Justa (con 140, 000 TMF adicionales), principalmente, y de hierro por la ampliación de la unidad de Shougang.

Para los años 2022 al 2024, el MMM prevéun crecimiento moderado del sector minero de 3.8% anual, en promedio,explicado por los procesos de maduración de los propios proyectos.

A mediano plazo, sin embargo, se prevé una mayor presión para la puesta en marcha de nuevos proyectos, especialmente, alrededor del cobre que concentra el 50% de las exportaciones mineras y 71% de la cartera de proyectos futuros.

De acuerdo a S&P Global MarketIntelligence, más allá del 2020, se prevé que el consumo de cobre superará a la producción, lo que resultará en un creciente déficit del mercado de refinados y en el aumento de los precios del cobre. Este déficit se profundizaría en los próximos años en la medida que la oferta de este metal no lograría equiparar el ritmo de fuerte crecimiento de la demanda de los sectores de energía y construcción, a lo que se suma la proliferación de los vehículos eléctricos. De hecho, Fitch Solutions pronosticó recientemente un déficit de 489.000 toneladas de cobre en 2024, el cual que se elevará a 510.000 toneladas en 2027.

Actualmente, en el mundo se observa un creciente esfuerzo de electrificación utilizando tecnologías limpias a fin de reducir las emisiones de CO2, y de acuerdo Bernstein Research la producción mundial de cobre tendría que aumentar entre un 3% y 6% anual hasta el 2030 para que los países cumplan con las metas del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Sin embargo, Fitch espera que la producción de cobre aumente a una tasa anual promedio de 3,2% del 2020 al 2029, pasando de una producción de 20,4 a 27,7 millones de toneladas anuales. La expansión de las minas existentes a nivel mundial representa la mayor parte de la nueva producción de cobre prevista hasta el 2024.

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07/10/2020
Imagen: El peruano
Podríamos dividir la evolución de los ingresos fiscales de los últimos tiempos de la siguiente manera: un período de incremento importante entre los años 2003-2012, debido al alza del precio internacional de los minerales que exportamos (bonanza minera); una preocupante contracción desde 2014 hasta incluso 2017, cuando precisamente cae el precio de los metales; y una ligera recuperación durante 2018-2019, explicada por la entrada en producción de algunos proyectos mineros de cobre, sumado a la recuperación -aunque inestable- del precio de algunos metales.

En cifras reales, los ingresos tributarios netos del Gobierno Central se contrajeron en -8,6% en 2015; -4,4%, en 2016; y -1,3% en 2017. Durante 2018 y 2019, la recuperación fue de 13,8% y 3,5%, respectivamente (Sunat, 2020). El resultado positivo de este último año estuvo influenciado por la recuperación de una deuda tributaria que el grupo Odebrecht tenía con la Sunat por S/ 508,1 millones (MEF, 2020).

¿Qué pasó con el aporte de la minería? Como hemos señalado, durante el presente siglo, los años de mayor presión tributaria calzan muy bien con el período de la bonanza minera, llegando a alcanzar hasta un máximo de 16,5% durante 2012 (ver gráfico). Por su parte, el aporte del sector minero sumó a la presión tributaria hasta 3,2 puntos porcentuales adicionales el año 2007.

Terminado el período del alza sostenida del precio de los metales, la minería ha retomado su contribución marginal, con una participación incluso negativa durante 2016, reproduciendo así el comportamiento que la ha caracterizado en el largo plazo. Durante 2019, la presión tributaria se situó en 14,4% el porcentaje más bajo registrado durante la última década y el aporte de la minería ha sido de apenas el 0.4%.

Está claro que si la bonanza minera no ocurría, la presión tributaria no hubiese experimentado mayores cambios. Es decir, en la mayor presión tributaria registrada en el período del súper ciclo de precios de los minerales, no tuvo nada que ver la política tributaria que se manejó prácticamente en piloto automático: simplemente, cosechamos lo que la naturaleza y la economía mundial colocaron a nuestra disposición. Ni un atisbo de reforma tributaria; tampoco se quiso luchar contra la evasión y la elusión tributaria; menos aún nos atrevimos a aplicar el impuesto a las sobre ganancias mineras. Simplemente, puro piloto automático.

La correlación entre PBI y recaudación tributaria es muy estrecha. Ello implica que, en la actual coyuntura que vive el país y el mundo, sorprendidos por la pandemia COVID-19 cuyos efectos socioeconómicos son de magnitud, los ingresos fiscales se verán seriamente afectados. De hecho, durante el primer semestre de 2020, la economía peruana ha entrado en recesión, con una contracción del PBI en -17,4% y una recaudación neta [1] que se ha desplomado en -21,3%, en ambos casos en términos reales y con respecto a similar período de 2019.

Sin discusión, el inicio de la pandemia y su impacto en la economía del país abre una nueva etapa en la evolución de la tributación que habrá que observar con atención. Todo indica que en el actual contexto el aporte tributario de la minería seguirá siendo marginal y no permitirá robustecer la capacidad operativa del Estado peruano.

[1] Tributos internos más tributos aduaneros, se restan las devoluciones.

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José De Echave C.
Desde 2009 la fiscalización ambiental es responsabilidad del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio del Ambiente (MINAM), responsable de la fiscalización, supervisión, evaluación, control y sanción en materia ambiental.

Esta función lo ha convertido en blanco permanente de cuestionamientos desde lo sectores empresariales, sobre todo mineros y de hidrocarburos. En 2014, en el marco de una campaña empresarial que buscaba flexibilizar los procedimientos ambientales para promover la inversión, el Gobierno aprobó la Ley Nº 30230 que, entre otras disposiciones, limitaba la facultad sancionadora del OEFA.

Adicionalmente cabe mencionar que algunas empresas mineras han recurrido a la vía judicial para solicitar la anulación del denominado “aporte por regulación”, una tasa que deben pagar todas las empresas de un sector a la entidad reguladora del mismo, y que constituye la principal fuente de recursos financieros para el OEFA. El Tribunal Constitucional, el 15 de agosto de 2019, desestimó el recurso presentado por empresas del sector, garantizando de esta manera que se mantenga el aporte por regulación.

Ahora, la empresa Pluspetrol ha desatado una nueva campaña contra el OEFA bajo el argumento que este organismo les viene aplicando multas arbitrarias y según su vocero, Aurelio Loreto de Mola, indirectamente les está expropiando la inversión: “nos está confiscando a través de sus multas arbitrarias”, ha dicho.

El OEFA ha respondido en un comunicado público, rechazando categóricamente las acusaciones de la empresa. Señalan que los argumentos planteados por Pluspetrol han sido evaluados y analizados en el marco de los procedimientos sancionadores tramitados ante el OEFA, que han concluido con pronunciamientos confirmados por el Tribunal de Fiscalización Ambiental. En relación al laudo arbitral que alude la empresa, el pronunciamiento del tribunal señala que Pluspetrol “asumió contractualmente una obligación de cumplir la normativa ambiental y de acatar las decisiones de las autoridades competentes, toda vez que son vinculantes”.

El OEFA también ha hecho hincapié que se ha identificado una serie de incumplimientos derivados de las operaciones de Pluspetrol. Se le atribuye responsabilidad por un total de 242 infracciones: “Dichos procedimientos administrativos sancionadores se han desarrollado de conformidad con las facultades conferidas en la Ley 29325, lo que habilita a OEFA a imponer medidas correctivas que tienen por objeto revertir el daño causado y remediar los efectos nocivos ocasionados al ambiente; y en tal sentido, OEFA continuará utilizando las herramientas legales que sean necesarias para que Pluspetrol dé cumplimiento a lo ordenado, incluyendo la aplicación de multas coercitivas”.

Todo indica que este episodio generado por Pluspetrol forma parte de la ofensiva que cada cierto tiempo lanzan los sectores empresariales en contra de la institucionalidad ambiental. A todas luces el OEFA es un organismo que incomoda a las empresas, principalmente a las vinculadas a sectores extractivos.

06/10/2020

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Imagen: Campaña SOS Mineros
Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú
Entre las grandes compañías mineras se registraron más de 4,600 casos confirmados, un incremento de 61% de casos de contagios de COVID-19 respecto a la cifra de julio pasado, según información obtenida por el portal Convoca.pe.

Según el portal de investigación, las compañías Consorcio Minero Horizonte, Miski Mayo, Marcobre, así como empresas vinculadas al grupo Benavides y a la transnacional brasileña Votorantim, son las mineras que han reportado ante el Ministerio de Energía y Minas el mayor número de trabajadores contagiados hasta el 24 de agosto.

Esta cifra reciente corresponde a registros de las empresas realizados entre el 14 de julio y el 24 de agosto (41 días), que fueron presentados al Minem. De los 4,634 casos mencionados, 2,224 se confirmaron con las pruebas moleculares.

Entre las empresas que más casos de trabajadores contagiados reportaron, luego de que se les realizara pruebas rápidas, están el Consorcio Minero Horizonte (1082), Compañía Minera Miski Mayo (1064), Compañía de Minas Buenaventura (604), Nexa Resources Perú (362), Minera Yanacocha (292), Compañía Minera Coimolache (246), Marcobre (212) y Nexa Resources El Porvenir (212).

Convoca.pe solicitó al Minem los casos COVID-19 reportados por empresas contratadas por las compañías mineras para que les brinden servicios especializados. En respuesta oficial, el Ministerio de Energía y Minas señaló que no cuenta con la información solicitada y no tiene la obligación de producirla.

Según información estadística del propio Minem, hasta agosto de 2019, el 68.1% de trabajadores de la mediana y gran minería pertenecen a compañías contratistas y no forman parte de la planilla de los titulares mineros.

En ese sentido, tanto la Federación Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú – FNTMMSP y CooperAcción mantienen activa la campaña SOS Mineros, que busca que las autoridades brinden la información oficial de contagios en el sector, así como de las acciones de fiscalización de los protocolos sanitarios y derechos laborales de los trabajadores mineros. Queda claro que la cifra de contagios y decesos en este sector podría ser mayor, pero no hay certeza debido a la falta de transparencia y fiscalización sobre este delicado tema.

24/09/2020
Es necesario reflexionar sobre la importancia de ratificar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe – conocido como “Acuerdo de Escazú”, pues los acuerdos supranacionales fortalecen la institucionalidad y el bienestar principalmente de los más vulnerables en el Perú, según nos lo recuerda la Conferencia Episcopal Peruana.

Recordemos que el gobierno peruano ya firmó el acuerdo en el 2018 con la aprobación de varios ministerios competentes en el tema. Ahora se espera que sea ratificado por el Congreso de la República, que tiene hasta el 26 de setiembre para hacerlo.

El acuerdo debe entrar en vigor el 26 de septiembre, siempre y cuando sea ratificado por al menos 11 de los 22 Estados que originalmente lo suscribieron. De momento ha sido ratificado por nueve países. Países como Colombia, Perú, México o Argentina no han puesto su firma final de momento, pero el reciente caso de Chile resulta paradójico por rechazarlo abiertamente tras ser uno de sus impulsores principales.

Firmado en 2018 por 22 países de la región, el propósito del tratado es, según recoge la CEPAL, «garantizar el derecho de todas las personas a tener acceso a la información de manera oportuna y adecuada, a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno y a acceder a la justicia cuando estos derechos hayan sido vulnerados».

En nuestro país algunos gremios empresariales y grupos conservadores han desplegado una campaña de desinformación sobre el acuerdo, señalando que nos quitaría soberanía sobre la Amazonía y en algunos temas judiciales. Sin embargo, este acuerdo precisamente se firmaría en tiempos en que los defensores ambientales en nuestro país se ven expuestos a grandes riesgos. La Defensoría del pueblo ha reportado hasta la fecha 5 defensores ambientales asesinados por defender sus territorios de actividades como el tráfico de tierras, la minería ilegal y el narcotráfico.

#Perú

#SeCumpleElPlazo

#AcuerdoDeEscazú

#CongresoRatifiqueYA

#ComisiónDeRelacionesExteriores

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José De Echave C.
22/09/2020
El magistrado del Tribunal Constitucional(TC), Ernesto Blume, encargado de sustentar la ponencia sobre la prescripción de las deudas tributarias, ha dicho queeste es un tema estrictamente técnico y jurídico. Sin duda tiene razón y como todo tema técnico y jurídico tiene distintas perspectivas y opiniones. Si no fuese así no hubiese llegado al TC.

Por lo tanto el debate está abierto. Como se sabe, la ponencia del magistrado Blume propone declarar inconstitucional la primera disposición complementaria del Decreto Legislativo 1421, que tiene que ver con los plazos de prescripción. Uno de los argumentos centrales es que el Poder Ejecutivo habría excedido en sus funciones al aprobar la norma, al amparo de las facultades para legislar en materia tributaria.

Por el lado de la Sunat y en relación al tema de plazos, el Procurador de este organismo, Antenor Escalante Gonzales, ha señalado que el paso siguiente a la presentación de una declaración de un contribuyente es la fiscalización y no la ejecución del cobro al mismo tiempo, porque todavía no se ha determinado la deuda: “No se puede cobrar una deuda antes de determinarla, por eso los plazos no se aplican en simultáneo”.

Por su parte, Luis Alberto Arias Minaya, ex jefe de la Sunat ha escrito en sus redes sociales que: “El plazo de prescripción para que SUNAT cobre deudas debe empezar desde que se notificó la deuda. Por lógica, por sentido común y porque así lo establece el Código Tributario desde el año 2012. Lo demás son cuentos o enredos”.

Cabe señalar que este tema lo estamos discutiendo en medio de una de las peores crisis económica y sanitaria de la historia y en medio de un Estado que ha colapsado frente al avance de la pandemia. En este contexto, la recaudación ha caído a niveles históricos. Como se observa en el siguiente gráfico, la correlación entre PBI y recaudación tributaria es muy estrecha. Además, es bueno puntualizar en estos momentos que, la recuperación de la recaudación que se aprecia en el gráfico durante 2018 y 2019 (de 13,8% y 3,5% respectivamente), estuvo influenciada en el último año precisamente por el cobro de una deuda tributaria que el grupo Odebrecht tenía con la SUNAT por S/ 508,1 millones (MEF, 2020).

Lo cierto es que este tema nos ofrece una tremenda fotografía que todo el país no debe dejar de notar: los mismos actores que han gozado de enormes beneficios tributarios durante décadas, que utilizan paraísos fiscales para evadir el pago de impuestos en nuestro país, que se opusieron a que entre en vigencia la norma antielusión y que han hecho planeamiento tributario agresivo para no pagar lo que tenían que pagar, son los que figuran en la lista de los grandes deudores tributarios y que podrían terminar siendo beneficiados por el fallo del TC.

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José De Echave
18 de setiembre de 2020
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Imagen: Diario Gestión
En tiempos de pandemia, la Embajada de China ha decidido hacer incidencia en el gobierno peruano para destrabar proyectos mineros que empresas de ese país tienen en nuestro país. Durante un reciente evento virtual, el embajador chino señaló que su país espera contar con el apoyo del gobierno peruano para sacar adelante proyectos, principalmente de cobre, como Río Blanco (Piura), Galeno (Cajamarca) y Chinalco (Junín), que suman en conjunto US$7,300 millones.

Por supuesto, no todos los proyectos están en la misma situación y tienen la misma viabilidad. A continuación haremos un breve repaso de cada uno de los proyectos mencionados:

En el caso del proyecto de Toromocho, de propiedad de la empresa Chinalco, estamos hablando de la ampliación de una operación que está en marcha desde el año 2013. Sin embargo, lo que se conoce es que la ampliación se encuentra detenida por la sencilla razón que la empresa ha tenido que hacer una modificación de su Estudio de Impacto Ambiental (EIA), ya que con la inversión prevista se pretende aumentar la capacidad de la planta concentradora en un 30%. Es por eso que se requiere ampliar el EIA y no seguir el camino de elaborar sólo un Informe Técnico Sustentatorio (ITS), como aparentemente pretendía la empresa. Por lo tanto, por más presiones que haga la Embajada de China, la modificación del EIA tendrá que ser evaluada por el SENACE y deberá seguir todos los pasos que exige la normativa peruana, incluido el mecanismo de participación ciudadana.
Hay que precisar que en el caso de Río Blanco, de propiedad de las empresas Zijing (45%), Tongling Non-FerrousMetalsGroup (35%) y Xiamen C&D Ltd. (20%), por el momento el proyecto no cuenta ni siquiera con Estudio de Impacto Ambiental presentado. Como se sabe, en este caso desde un primer momento la población de la zona, sobre todo en las provincias piuranas de Huancabamba y Ayabaca, han mostrado una férrea oposición al desarrollo del proyecto minero, por el impacto que puede ocasionar en el ecosistema de páramos andinos de la zona. El año 2007 se desarrolló una consulta ciudadana que puso en evidencia la oposición mayoritaria de la población. Todo indica que, pese al tiempo transcurrido, esta situación no ha cambiado. Por lo tanto, como dicen las propias empresas mineras (incluidas las empresas chinas), un proyecto que no tiene licencia social es difícil que se puede llevar adelante.
Finalmente, está el caso del proyecto El Galeno que se ubica en la región Cajamarca (entre las provincias de Celendín y Cajamarca) y que tiene como operador a LuminaCopper (60% de China MinmetalsCopperLtda y 40% de Jiangxi Copper). Por el momento, este proyecto se encuentra en etapa muy inicial de prefactibilidad, lo que significa que la empresa viene realizando exploración y otros estudios complementarios. Incluso hace no mucho tiempo la empresa avisó al Ministerio de Energía y Minas que necesitaba más tiempo para seguir explorando. Queda claro que en este caso, la empresa se está tomando su tiempo y también ha reconocido que la geografía del lugar es complicada y además tiene que resolver problemas relacionados con el agua.
El peso de China en la minería peruana

En la actualidad China representa el 50% del consumo mundial de concentrados de cobre y el Perú es uno de los principales proveedores de cobre de China. Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, en medio del incremento de la producción de cobre en el Perú, las exportaciones de ese metal a China han aumentado y hoy en día es de lejos el principal destino.

Pero además, China se ha consolidado desde hace más de una década como uno de los principales inversionistas en la minería peruana (ver gráfico siguiente). Un primer momento de llegada de inversiones chinas ocurrió en la década del 90, con la compra de las operaciones de Hierro en Marcona, y posteriormente se ha recibido una segunda ola de inversiones desde mediados de la primera década del presente siglo, con operaciones como las de Chinalco en Toromocho, la compra de Las Bambas por Minmetals, varios proyectos de exploración, entre otros.

Al parecer, en estos tiempos, los representantes del Estado chino y sus propias empresas pretenden consolidar esta presencia con los proyectos mencionados y otros más, buscando de esta manera asegurarse la provisión de cobre y otros metales en un contexto de fuerte incertidumbre por los impactos de la pandemia en la economía global y un futuro inmediato que está marcado por una gran incertidumbre.