Perú

Conflictos sociales se reactivan en corredor minero

José Víctor Salcedo
jose.salcedo@glr.pe josvicsa
24/10/2020
Diálogo. Gobierno y mineras lograron esta semana calmar las aguas de cinco comunidades.
Panorama. Vía permite la salida de minerales para la exportación. Allí hay 35 conflictos sociales, 12 ambientales.
Los conflictos sociales se han reactivado con rapidez en el Corredor Minero del Sur, ruta que cruza Apurímac, Cusco y Arequipa. Tres comunidades de Espinar empezaron una protesta en contra de Antapaccay por haber resuelto el contrato con sus empresas que prestaban servicio de limpieza, y dos de Velille, en Chumbivilcas, bloquearon el corredor en demanda de que la minera MMG Las Bambas cumpla sus compromisos de hacer obras.

El Gobierno nacional y las mineras reaccionaron y acudieron a ambas zonas a desactivar los conflictos sociales. En Espinar se entabló el diálogo entre las comunidades y Antapaccay. La próxima reunión será el 26 de octubre en la que se evaluará la nueva propuesta de negocio de la minera a las empresas comunales.

El jueves dialogaron los dirigentes de las comunidades de Tuntuma y Hatun Collana (Velille) con representantes de la minera MMG Las Bambas, Ministerio de Energía y Minas y otros. Tuntuma llegó a un acuerdo. Las Bambas entregará cada año 700 mil soles, dos tractores y semillas de avena. Mientras que Hatun Ccollana todavía no acepta la propuesta. El acuerdo fue esperar el documento de la minera y su firma el jueves próximo. Mientras desbloquearon el corredor vial.

El prefecto regional del Cusco, Julio Hancco, consideró positivo los resultados del diálogo. “Esperemos que ahora no surjan otros problemas en otras comunidades”, señaló.

Su preocupación es razonable. El Corredor Minero del Sur, por donde MMG Las Bambas, Hudbay Perú y Antapaccay sacan los minerales para la exportación, es un escenario de permanente conflictividad. Según el último reporte de la Defensoría del Pueblo, a setiembre, la región Cusco registra 20 conflictos sociales, 16 activos y cuatro latentes. Ocho de estos tienen que ver con las malas relaciones con la minería. Mientras que, en Apurímac, donde hay 15 conflictos sociales, cinco están ligados a dicha actividad extractiva.

El constante cierre del corredor genera pérdidas millonarias al sector turismo. El año pasado, a causa del bloqueo por más de 100 días, Las Bambas dejó producir más de 20 mil toneladas métricas de cobre. Otra cantidad deja de generar la mina Constancia de Hudbay y Antapaccay de Glencore. No obstante, las mineras son muy reticentes a hablar de las pérdidas económicas, porque “eso implicaría revelar también los millones que gana cada día”, dice un trabajador de Antapaccay, que pidió el anonimato.
La difícil tarea de resolver los conflictos

El prefecto regional, Julio Hancco, dijo que la dificultad para resolver los conflictos se debe a la multiplicidad de demandas. Además, sostiene, que las mesas de diálogo estuvieron suspendidas a causa de la pandemia y eso devino en una molestia de las comunidades y sus autoridades. Otro factor que contribuye a la alta conflictividad en la zona, según Hancco, es el uso de las demandas con fines electorales.
https://larepublica.pe/sociedad/2020/10/24/conflictos-sociales-se-reactivan-en-corredor-minero-lrsd/

Perú

Acuerdan reiniciar consulta previa de proyecto minero Coroccohuayco

Foto: El peruano
26/10/2020
El lunes 9 de noviembre se reiniciará el proceso de consulta previa del proyecto minero Antapaccay Expansión Tintaya-Integración Coroccohuayco, de la multinacional Glencore, tras el acuerdo alcanzado entre el gobierno y las 11 comunidades originarias de la provincia cusqueña de Espinar que se encuentran en la zona de influencia directa.

Luego de estar suspendido durante los meses del estado de emergencia por la pandemia, el proceso quedó en la etapa de socialización del MEIA en la comunidad de Tintaya Marquiri.

Sin embargo, durante la reunión que sostuvieron este viernes 23 de octubre el titular del MINEM, Miguel Incháustegui, con los dirigentes de Espinar, llegaron al acuerdo de reiniciar la búsqueda de consensos para el desarrollo de los proyectos mineros.

El viceministro de Minas, Jaime Gálvez, será el encargado de representar al MINEM este 9 de noviembre, estando presente durante los talleres informativos que constituyen la fase inicial del proceso.

Asimismo otro acuerdo fue el compromiso del ministro Incháustegui para visitar la provincia de Espinar y sostener reuniones con dirigentes de las comunidades afectadas luego del reinicio de la consulta previa. La agenda que se desarrollará en dicha visita será elaborada en coordinación con la Oficina General de Gestión Social (OGGS) del MINEM.

En cuanto al Fondo de Emergencia Social, se acordó realizar una reunión en la ciudad del Cusco el 4 de noviembre, con la participación de los equipos técnicos del Minem, PCM, el Gobierno Regional del Cusco y las comunidades, para tratar las alternativas para su implementación.

Estos acuerdos fueron adoptados en el marco de dos jornadas de reuniones en la que también estuvieron presentes Paola Bustamante, alta comisionada para el Diálogo y el Desarrollo en el Corredor Vial Sur, y Paulo Vilca, viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Paulo Vilca, entre otros funcionarios.
26/10/2020

Litio, Perú

EXPLOTACIÓN DE URANIO Y LITIO: “RADIANTE” PERSPECTIVA PARA EL PERÚ, UNA CAJA DE PANDORA

Elizabeth Zamalloa
27/10/2020
La revolución del “transporte verde” ha despertado la nueva fiebre del oro blanco o litio.
Todo indica que el consumo de litio se multiplicará por ocho hasta el 2030, precisamente porque este mineral es la materia prima esencial e irreemplazable para la fabricación de baterías no solo para los vehículos eléctricos sino también para cualquier dispositivo electrónico. La demanda de baterías de iones de litio está creciendo en todo el mundo y todavía no hay alternativa a ellas. El litio también se usa en otros productos: si se agrega al vidrio o cerámica, aumenta la resistencia del material a los golpes de calor (por ejemplo, una jarra que lleva litio no revienta cuando se le vierte agua caliente). El litio también se usa en minería, submarinos y naves espaciales, e incluso en los medicamentos para la depresión.
En el norte global, el litio permite el uso de una energía más limpia, pero la producción de éste no lo es y el costo se paga fuera del hemisferio norte.

El litio no se encuentra como elemento puro en la naturaleza, sino que está contenido dentro de minerales estables en un rango de tipos de rocas duras o en solución en cuerpos de salmueras dentro de lagunas de sal (salares), en agua de mar o salmueras geotermales.

La lista de productores de litio en Sudamérica se reduce a tres países: Chile, Bolivia y Argentina, donde el mineral se extrae desde la superficie en depósitos evaporíticos que existen en los alrededores de salares, son grandes volúmenes con contenidos promedio de 500 partes por millón (ppm).

A diferencia de estos países, el Perú tiene litio en roca dura y se presume que su contenido es de alta concentración (un promedio de 2,000 ppm).

En Europa, en tanto, con los altos precios que tiene el litio, la construcción de una fábrica de autos eléctricos en Brandenburgo (TESLA) y la existencia de un yacimiento en la zona que comparte Alemania con la República Checa (Erzgebirge) se ha despertado una fiebre extractiva por este mineral.

La zona donde se ubica el yacimiento es conocida como “montañas de los Montes Metálicos” (Erzgebirge) y está llena de agujeros. Aquí se solía extraer estaño y tungsteno y fue históricamente minera (más de 750 años de tradición) así que muchos esperan su reactivación económica a través de la extracción del litio. En la parte checa (3/4 partes del yacimiento) se están llevando a cabo sondeos por una firma de inversionistas australianos, en la parte alemana (1/4 el yacimiento) por inversionistas canadienses. Hasta hace poco no era atractivo extraer litio, pero el incremento de los precios lo hace rentable ahora. Este yacimiento tiene litio que se distribuye finamente en una roca granular que aquí llaman “Greisen”. El problema con ella es que su concentración es la más baja.

Lo más conveniente económicamente para los inversionistas sería cavar un enorme agujero a tajo abierto, de tres por tres kilómetros de extensión y un kilómetro de profundidad, y así extraer la roca. Pero, por supuesto, eso no sería posible en Alemania. En este país se necesita un proceso en el que el impacto sobre el paisaje sea mínimo. Es por ello que los inversionistas calculan que al menos necesitan 5 años para obtener una licencia, en el mejor de los casos, pese a contar con el marco regulatorio, la tecnología, la mano de obra calificada y la infraestructura de la antigua minería (torres de extracción y túneles).

Traigo esto a colación debido a que hace unos días, en el diario Gestión, leí que el Ministro de Energía y Minas (Minem), Miguel Incháustegui, anunció que el Gobierno espera tener en lo que resta del año un proyecto de ley sobre la regulación y explotación de uranio y litio para su prepublicación y discusión. Se señalaba que con ello sería posible la realización de proyectos como el de la canadiense Plateau Energy Metals, que fue anunciado el 2018 y que se ubica en la región Puno, el mismo que tendría 2.5 millones de toneladas de litio de alta ley y 124 millones de libras de uranio. En la noticia se señalaba que se desea salir al mercado el año 2022 o 2023.

Pero para explotar litio y uranio ¿se requiere solo un marco normativo o regulatorio? ¿Existen las tecnologías e investigación para el procesamiento metalúrgico, extracción y producción de la asociación mineral uranio-litio en la roca que lo contiene?

Este es el aspecto que más me preocupa, la coexistencia del litio con uranio, ya que tengo conocimiento cercano de la triste historia de la explotación de uranio en Alemania, que por cierto es un país con una vasta tradición en la extracción y procesamiento industrial de minerales.

En la zona donde cursé mis primeros estudios (Freiberg en Sajonia), pude observar con horror las consecuencias de la extracción y procesamiento de Uranio en roca realizada por la sociedad rusa-alemana Wismut. En ese entonces ese lugar era llamado “Valle de la muerte“1

Radiante fracaso: minería de uranio

En estos últimos días se ha activado en Alemania el debate sobre los residuos nucleares, ya que no falta mucho (año 2022) para que, según el plan de desactivación gradual de las centrales de energía nuclear, se apague el último reactor.

Esto preocupa porque en Alemania sigue creciendo la montaña de residuos radiactivos, la mayoría de ellos provienen de la operación de centrales nucleares y el reprocesamiento de sus residuos, pero también de la demolición de centrales nucleares y de la investigación y medicina.

En este debate se habla poco de las ex zonas mineras de uranio en Turingia y Sajonia, se las considera una reliquia de otro tiempo y de otro estado (Alemania Oriental).

Los vertederos y cuencas de sedimentación de la antigua Wismut Sociedad anónima soviético-alemana han sido sólo parcialmente saneados. En muchos casos, los residuos y escombros mineros permanecen cerca de la superficie y siguen siendo radiactivos. Estos escombros radiactivos y lodos que amenazan las aguas subterráneas, contaminan el aire e irradian a la población. Por lo tanto, es un problema ambiental de gran magnitud que la sociedad alemana necesita resolver.

Mirándonos en este ejemplo se requiere que el Perú asuma con conocimiento y responsabilidad lo que implica explotar litio y uranio, los riesgos que hacerlo supone, para determinar si como país podremos manejar sus impactos. Recordemos que Alemania es un país reconocido internacionalmente por sus avances en materia ambiental y aún con ello, presenta estos problemas. ¿Bastará la emisión de una norma para proteger el ambiente y a la población del entorno del yacimiento de litio y uranio? Temo que no.

El costo en cifras:

Costos de remediación hasta 2040 (solo Wismut SA): aprox. 7,100 Millones de euros
Otros yacimientos mineros de uranio en Sajonia y Turingia, de los que Wismut SA no es responsable: aprox. 1.900 millones de euros
Costos sanitarios consecuentes hasta el momento: aprox. 1,000 millones de euros
Costo alto de vidas humanas: después de la unificación alemana, en el año 1991 se ofreció un programa de atención médica a los más de 165,000 ex empleados de Wismut SA aún vivos. De los 55,500 que participaron, en el año 2012 solo quedaban 12,000. Según la Asociación Minera, cada año se registran entre 150 y 200 casos de cáncer de pulmón como resultado de la radiación, muchos mueren antes de lograr ser reconocidos.

Datos y cifras básicas

Cantidad de uranio extraído por la Wismut AG: aprox. 231.000 toneladas
Residuos por kilo de uranio: aprox. 1 tonelada
Duración de la producción de uranio: 43 años
Duración de la rehabilitación de las zonas mineras: al menos 50 años
Seguimiento necesario de las aguas de la mina: ilimitadas
Zonas de remediación (Solo Wismut GmbH): aprox. 3.700 hectáreas
Pilas a rehabilitar (sólo Wismut). 48, más de 300 millones de m3
Lodos radiactivos (solo Wismut): 160 millones de m3
—————–

(1) La unificación alemana conllevo el cierre de las minas de uranio (1991). Entre los años 1996-2007 se realizó un estudio científico en los municipios del área donde operó la empresa sovietica-alemana WISMUT. Ese estudio dio evidencia científica y comprobación estadística de que en esa zona existía una mayor incidencia de cáncer en la población.

Según la investigación “Efecto de la radiactividad incorporada“, los trabajadores mineros y pobladores de las zonas contaminadas por la minería del uranio presentaron y presentan, aún después del cierre de la mina, trastornos de la sangre; leucemia; linfomas; mielomas múltiples; cáncer de estómago; cáncer de hígado; cáncer de colon; cáncer de vesícula biliar / extrahepática, cáncer del tracto biliar. Asimismo se comprobó estadísticamente una mayor incidencia de cáncer renal, cáncer de piel, desórdenes mentales y defectos de nacimiento en los bebés.

Las mujeres, especialmente las madres gestantes, también fueron incluidas en la investigación. Los estudios revelaron que en esa zona ellas presentaban mayor frecuencia de cáncer; malformaciones de los bebés, discapacidad mental, enfermedad mental, hijos con Síndrome de Down, problemas de dientes, mortinatos, abortos espontáneos, tumoraciones; que las mujeres de otras zonas. Además, en sus hijos existía o existe una alta mortalidad infantil, bajo peso al nacer.

Estos resultados fueron presentados en el evento “Riesgo de cáncer por la extracción de uranio» realizado por el Centro de tumores cancerosos de Gera y la asociación internacional de médicos por la prevención de la Guerra y uso de armas nucleares, conocido como IPPNW.

www.cooperaccion.org.pe
Jr. Río de Janeiro 373, Jesús María, LIMA 11 – PERÚ. Teléfonos: (511) 4612223 / 4613864 cooperaccion@cooperaccion.org.pe

Perú

Juzgado Penal Unipersonal de Cotabambas en Apurímac declara inocentes a 17 comuneros campesinos criminalizados…

…..por el simple hecho de ejercer legítimamente su derecho fundamental a la protesta social. Después de 5 años de proceso judicial
27/10/2020
por el simple hecho de ejercer legítimamente su derecho fundamental a la protesta social
El Juzgado Unipersonal de Cotabambas notificó el día de ayer la sentencia por la cual absuelve a 17
comuneros campesinos injustamente acusados por la comisión de delitos de tenencia illegal de
armas, producción de peligro común con medios catatróficos, disturbios y, daños (Expediente No.
13-2015, Especialista Legal Treissi Solís Eccoña) y para los cuales la fiscalía solicitaba condenas de
hasta 17 años de pena privativa de la libertad.
En efecto, en la antes referida sentencia se señala que: “…De acuerdo a las reglas de la lógica, a las
máximas de la experiencia y a los conocimientos científicos, con los medios probatorios actuados,
se ha generado en el magistrado a cargo del juzgado la plena convicción de la falta de
responsabilidad de los acusados …”.
Como se recordará a fines de setiembre de 2015 las diferentes comunidades campesinas afectadas
por el proyecto minero Las Bambas (Región Apurímac), en el ejercicio legítimo de su derecho
constitucional iniciaron una serie de protestas públicas, ante el desinterés del estado peruano de
atender sus demandas por afectación a sus derechos fundametales, generada por la actuación de la
empresa MMG Las Bambas (propietaria, del menionado proyecto minero) que entre otras cosas
venía afectando su derecho a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado.
Producto de esas legítimas protestas, la policía desarrolló una represion indiscriminada contra los
integrantes de las comunidades campesinas que protestaban en esos días y, al mismo tiempo, el
gobierno y la empresa denunciaron falsamente de la comisión de diveros delitos a dichos
campesinos que no hacían otra cosa que ejercer de manera legítima su derecho fundamental a la
protesta social.
Este proceso judicial se volvió emblemático porque fueron detenidos alrededor de 25 campesinos,
disponiéndose prisión preventiva, por seis meses, para dos de ellos: Eduard Brandos Quispe Ccuno
y Javier Mamani Coaquira, a quienes en particular se les acusaba de poseer un arma de fuego y
dinamita, teniendo como supuesta prueba incriminatoria un acta de incautación suscrita, incluso,
por el propio General Rucoba Tello, en aquel entonces Jefe de la Región Policial de Apurímac.
Respecto de dicha prueba que fue cuestionada por la defensa legal de los acusados por haberse
elaborado vulnerando groseramente las formalidades exigidas por la ley y por contener información
falsa y contradictoria en sí misma, el juzgado señaló que: “ … El testigo General Rucoba Tello,
manifesto haber suscrito las mismas para refrendar el trabajo de sus subalternos, labor que no lecompetía, lo que lleva a inducir que quisieron validar tales actas de manera apresurada o
desesperada. Por otro lado, lo demas pruebas documentales actadas, en modo alguno acreditan
la vinculación directa entre el origen illegal o ilícito de la posesión del arma de fuego y las
dinamitas por parte de los acusados …”.
Es decir, en la aquí referida sentencia, el juez reconoce la grave irregularidad en la elaboración y
suscripción por parte del Jefe Policial mencionado, de la suspuesta acta de incautación que,
entendemos se hizo así en un vano intento de fabricar y sembrar una prueba falsa que incrimine,
también falsamente, a los dos campesinos acusados arriba citados.
En relación a ello, la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ, organismo no
gubernamental de defensa y promoción de los derechos humanos en Perú, que asumió la defensa
legal de los campesinos acusados, en forma conjunta con APRODEH y el apoyo institucional de
COOPERACCION, expresa su satisfacción con esta resolución que declara inocente a los 17
campesinos acusados falsamente de la comisión de delitos graves y que ha puesto en evidencia la
condenable estrategia estatal y empresarial de criminalizar falsamente a todos aquellos que, en
defensa de sus derechos, se oponen a las arbitrarias decisiones gubernamentales y empresariales,
con el propósito de amedrentarlos y evitar que sigan protestando.

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Perú

Cusco: Comuneros exigen la presencia del premier para solucionar conflicto en el corredor minero

Pobladores de las comunidades de Tuntuma y Hatun Ccollana bloquearon las vías desde el último viernes, exigiendo proyectos de desarrollo a la empresa Las Bambas.
21/10/2020
El dirigente de los comuneros Ubaldo Rimache informó sobre los acuerdos suscritos con las autoridades. | Fuente: RPP
Los pobladores de las comunidades de Tuntuma y Hatun Ccollana, del distrito de Velille, en la provincia cusqueña de Chumbivilcas, exigen la presencia del premier Walter Martos en la zona, para iniciar el diálogo y poner fin a su medida de fuerza iniciada hace seis días.

Los manifestantes mantienen bloqueado el corredor minero, en el tramo que atraviesa sus comunidades, ellos exigen a la empresa minera Las Bambas inversiones en proyectos de desarrollo para los habitantes, señaló Ubaldo Rimache, dirigente de Tuntuma.

«Garantizarán la presencia encabezada por el premier, ministros de Medio Ambiente, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Transportes y Comunicaciones y, por supuesto, de la Presidencia del Consejo de Ministros», señaló el dirigente durante una asamblea con los comuneros.

Los comuneros llevan seis días con el bloqueo del corredor minero. | Fuente: RPP

El martes hubo una reunión con representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Energía y Minas, y representantes de la empresa minera. El acuerdo fue programar una nueva reunión para mañana el jueves 22 de octubre a las 10 de la mañana.

La empresa minera Las Bambas señaló que no existen compromisos de por medio con las comunidades; sin embargo, aseguran que luego de conversaciones se pueden implementar proyectos, con sustento técnico, para el desarrollo de las mismas.
https://rpp.pe/peru/cusco/cusco-comuneros-exigen-la-presencia-del-premier-para-solucionar-conflicto-en-el-corredor-minero-noticia-1299831

Perú

MINEM aprueba plan de actividades de minera Río Blanco

Foto referencial: municipalidad distrital de Carmen de la Frontera (El Regional de Piura)
www.conflictosmineros.org.pe Alerta informativa. Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú
23/10/2020 Con carta recibida el día 16 de octubre por la Municipalidad Distrital de Carmen de la Frontera (Provincia de Huancabamba, Piura), el Ministerio de Energía y Minas informa la aprobación de la segunda modificación de la Actualización del Plan de Rehabilitación del proyecto minero Río Blanco.

El plan fue aprobado mediante resolución directoral 057-2020-MINEM-DGAAM el pasado 13 de marzo, sin embargo, recién en octubre se ha notificado al respecto a la municipalidad local.

Al respecto, el alcalde distrital Sebastián Melendres señaló en declaraciones a una radio local que “Como municipalidad estamos preparando una respuesta. Estamos notificando también a las organizaciones sociales, al presidente de la comunidad campesina de Segundo y Cajas, y a la central de rondas campesinas provincial y distrital. Tenemos que darle una respuesta contundente, tenemos que contestar con los antecedentes, lo que ha acontecido en este distrito, nuestro pueblo ya se ha pronunciado a través de una consulta vecinal”.

Como se recuerda, el 2007 se realizó una consulta vecinal en la cual se evidenció que más del 90% de ciudadanos de la zona de Huancabamba y Ayavaca se oponían al proyecto minero Río Blanco (entonces Majaz) que se ejecutaría en los frágiles páramos de la sierra norte de Piura.

La RS 057-2020-MINEM-DGAAM aprueba un cronograma de actividades en dos etapas: una primera etapa de “evaluación social” o “pre-rehabilitación, que debería culminar en agosto del 2022; y una segunda fase de implementación programada hasta mayo del 2030. Además, establece que Río Blanco deberá cumplir con un “Plan de sensibilización social”, así como informar anualmente al OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental) acerca de los avances realizados.

Entre las actividades aprobadas se encuentra la construcción de la carretera que lleva hasta el campamento minero; así como labores de apoyo social. En su solicitud, la empresa señaló que requería la ampliación del cronograma del Plan de Rehabilitación pues debido a la situación de conflicto social no había podido iniciar actividades.

Río Blanco es un proyecto minero actualmente en manos de la empresa china Zijin. El proyecto busca explotar los yacimientos de cobre y molibdeno en la zona, sin embargo se encuentra paralizado desde hace varios años. Las comunidades de las provincias de Ayavaca y Huancabamba se oponen al proyecto por sus posibles impactos en la agricultura, la provisión de agua y el ecosistema de páramos. En 2007, una consulta vecinal mostró que el 97% de los participantes se oponían al proyecto minero.

Pese a ello, recientemente China ha insistido en incluir a Río Blanco entre los proyectos prioritarios que busca llevar a cabo en el Perú. Durante un evento empresarial en setiembre, el embajador de la República Popular China en el Perú, Liang Yu, afirmó que su país espera que con el apoyo del Gobierno peruano los proyectos Río Blanco, Toromocho y Galeno, agregando que Perú abastece el 27% del consumo de cobre de China.

Perú

Se avecina un nuevo conflicto minero y territorial en Pichacani

19/10/2020
Foto: Referencial/Difusión
En el distrito de Pichacani, provincia de Puno, existe un descontento de las autoridades y la población contra la empresa minera CULTINOR S.A.C., que pretendería ejecutar el proyecto minero KATY, “la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) debe remitir un informe sobre todos los actuados de la minera”, afirmó el alcalde distrital, Pedro Ramos Cutimbo.

El exdirigente del distrito de San Miguel, provincia de San Román, Lucio Juárez, señaló que la dirigencia de este distrito debe ser reestructurada, puesto que algunos dirigentes en lugar de fiscalizar a la actual gestión municipal, habrían sido absorbidos por esta.

Para el último sábado, la minera programó un taller informativo en la comunidad de Jatucahi del centro poblado Huacochullo, en el proceso denominado “Participación ciudadana – etapa antes de la elaboración del estudio de impacto ambiental del proyecto de explotación minera KATY”, pero este fue suspendido.

El alcalde refirió que la reunión fue suspendida debido a que no convocaron a las demás localidades y no cumplieron con los protocolos de bioseguridad, “hay comunidades que no fueron informadas a tiempo y no se les tomó en cuenta, eso generó algunos conflictos”, dijo a través de Pachamama Radio.

Además, cuestionó a las autoridades de la región Moquegua, quienes estarían reclamando como suyo la localidad de Titire, zona de intervención de la minera, y aclaró que Titire pertenece a la comunidad de Jatucachi, “pedimos la intervención del alcalde provincial y de las autoridades regionales”, añadió Ramos Cutimbo.
https://pachamamaradio.org/regional/puno/se-avecina-un-nuevo-conflicto-minero-y-territorial-en-pichacani

Perú

Comuneros reinician protestas contra la minera Las Bambas

Bloquearon corredor minero por incumplimiento de la trasnacional en la ejecución de proyectos de desarrollo para su jurisdicción.
18/10/2020

Cientos de comuneros de la comunidad de Tuntuma del distrito de Velille, provincia de Chumbivilcas (Cusco), bloquearon ayer parte del corredor minero que usa la empresa Las Bambas. Según explicaron, la medida responde a que la trasnacional no cumplió con ejecutar proyectos de desarrollo rural, uno por año, en beneficio de la localidad.

“Tuvimos sendas reuniones y compromisos y hasta ahora no se cumplió ni uno solo, [la minera Las Bambas] siempre tienen la costumbre de romper el tablero”, declaró el dirigente de la comunidad de Tuntuma, Ubaldo Rimache. Demandaron la presencia de funcionarios de Las Bambas para instalar una mesa de diálogo.

Asimismo, denunciaron que la circulación de vehículos de alto tonelaje que pasan por el corredor—aledaño a su localidad— genera contaminación y la pérdida de campos de cultivo. En la provincia cusqueña de Espinar comuneros también bloquearon un corredor minero, aunque esta vez en protesta contra la empresa Antapaccay-Glencore.
https://exitosanoticias.pe/v1/wp-content/uploads/2020/10/Comuneros-reinician-protestas-contra-la-minera-Las-Bambas.jpg

Perú

LOS LINEAMIENTOS QUE PERMITEN ACTIVIDADES EXTRACTIVAS EN TERRITORIO INDÍGENA A PESAR DE LA EMERGENCIA SANITARIA

Gretta Zegarra 16/10/2020
Imagen: CNA
En marzo de este año, el gobierno declaró al Perú en emergencia sanitaria debido a la propagación del COVID-19. Con el objetivo de establecer acciones para proteger a los pueblos indígenas, el gobierno aprobó el Decreto Legislativo N° 1489 en mayo.

Este decreto tiene como líneas de acción estratégica para la protección y atención de los pueblos indígenas en situación de aislamiento [1] y contacto inicial [2] (en adelante, PIACI), la aplicación de protocolos y medidas para garantizar la salud, seguridad e integridad de dichos pueblos, así como para la atención de la población en situación de contacto inicial y su abastecimiento con bienes de primera necesidad.

De manera complementaria, el decreto señaló que el Ministerio de Cultura (en adelante, Mincul) es el responsable de (1) emitir los lineamientos técnicos para que las instituciones públicas brinden servicios y desarrollen acciones con pertinencia y adecuación cultural; y (2)dar la asistencia técnica requerida por las entidades públicas y privadas que prestan servicios o realizan actividades en áreas geográficas aledañas a Reservas Indígenas y/o Territoriales, o donde se ha identificado la presencia de PIACI.

En cumplimiento de ese mandato, el 30 de setiembre pasado, el Mincul publicó el Decreto Supremo Nº 014-2020-MC en el diario oficial El Peruano, y a través de esta norma aprobó los Lineamientos de actuación en ámbitos geográficos en los que el Ministerio de Cultura ha determinado la presencia o desplazamiento de pueblos indígenas en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial, así como en sus ámbitos colindantes o aledaños, en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19. El referido documento contiene pautas de actuación y medidas preventivas como las siguientes:

El personal de las entidades públicas y privados autorizados debe cumplir con el distanciamiento social, lavado de manos y uso obligatorio de mascarilla.
El personal de las entidades públicas y privados autorizados debe estar vacunado contra la Influenza, Fiebre Amarilla, Hepatitis B, Sarampión, Difteria/Tétano y Neumococo.
Las entidades públicas y privados autorizados deben contar con medidas para evacuar, en el plazo más breve posible, al personal que manifieste síntomas de enfermedades de tipo respiratorio o gastrointestinal, así como prohibir su ingreso hasta que cuente con el esquema de inmunización obligatorio establecido por el Ministerio de Salud, a fin de descartar el COVID-19 u otra enfermedad contagiosa.
Las entidades públicas y privados autorizados deben coordinar previamente con las autoridades comunales, por los medios de telecomunicación disponibles en las comunidades o localidades indígenas, a fin de informar el objetivo y las acciones que se lleven a cabo.
En caso se produzca alguna contingencia PIACI [3], el personal de las entidades públicas y privados autorizados debe comunicar inmediatamente lo acontecido al/la representante del Estado, autoridad, líder u organización indígena más próximo, etc.

Asimismo, advertimos que en el concepto privado autorizado están comprendidas las personas naturales y jurídicas que cuentan con un título habilitante y autorizaciones emitidas por el sector correspondiente para el aprovechamiento de recursos naturales en áreas de Reservas Indígenas y/o Territoriales, solicitudes para la creación de Reservas Indígenas, Áreas Naturales Protegidas gestionadas por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) donde se ha identificado la presencia de PIACI, y otras zonas identificadas por el Mincul mediante informes técnicos; así como en sus ámbitos colindantes o aledaños.

Consideramos que esta decisión del gobierno es imprudente, porque muchas empresas, entre ellas las dedicadas a actividades extractivas, vienen demostrando que a pesar de que el gobierno ha establecido lineamientos y protocolos para prevenir y controlar la propagación del COVID- 19, el sector privado tiende a no acatar las normas. Este incumplimiento ha generado por ejemplo que, entre el 14 de julio y el 24 agosto (41 días),4634 trabajadores mineros hayan contraído el virus; es decir, la cantidad de contagiados se incrementó en más de 61% a comparación de lo informado al Ministerio de Energía y Minas en elreporte anterior [4].

El incumplimiento de las empresas de industrias extractivas y otros factores como la facilidad de la propagación del COVID-19, la vulnerabilidad inmunológica de los PIACI a enfermedades respiratorias, la poca o nula presencia del Ministerio de Salud en zonas habitadas por PIACI y el difícil acceso a dichos territorios, pueden poner en mayor riesgo a este sector de la población.

Debido a las razones expuestas, discrepamos con la decisión del gobierno de permitir, a pesar de la emergencia sanitaria,la realización de actividades extractivas en lugares en los que el Mincul ha determinado la presencia o el desplazamiento de PIACI, así como en sus ámbitos colindantes o aledaños, ya que desde nuestro punto de vista el gobierno estaría exponiendo irresponsablemente a esta población vulnerable al contagio de una enfermedad de alta letalidad.

[1] Artículo 2.- Definiciones

(…)

b) Pueblos en situación de aislamiento (PIA): Pueblo indígena, o parte de él, que en virtud de su derecho de autodeterminación no desarrolla relaciones sociales sostenidas con los demás integrantes de la sociedad nacional o que, habiéndolo hecho, ha optado por descontinuarlas (Ley para la protección de pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial, 2006).

[2] Artículo 2.- Definiciones

(…)

c) Pueblos en situación de contacto inicial (PICI): Pueblo indígena, o parte de él, que en virtud de su derecho de autodeterminación se encuentra en un proceso de interrelación con los demás integrantes de la sociedad nacional (Ley para la protección de pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial, 2006).

[3]En los lineamientos se explica que una contingencia PIACI es una situación imprevista que deviene en un hallazgo, avistamiento o contacto no deseado con un PIA o una situación de relacionamiento con PICI no autorizada por dichos pueblos.

[4]Pérez, L. (2020). Casos de COVID-19 en trabajadores de grandes mineras aumentaron un 61% en solo 41 días. https://convoca.pe/agenda-propia/casos-de-covid-19-en-trabajadores-de-grandes-mineras-aumentaron-un-61-en-solo-41-dias

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Perú

Tía María: piden S/10 millones de reparación a dirigentes por protestas

Por su parte, la fiscalía pidió penas de más de 20 años durante la instalación del juicio realizado mediante videoconferencia. Los 14 procesados se declararon inocentes
12/102020
Ibón Machaca Judicial Avatar
El Primer Juzgado Penal Colegiado de la Corte de Justicia de Arequipa instaló este lunes el juicio, de modo virtual, contra los dirigentes y agricultores que participaron de las protestas contra el proyecto minero Tía María, en el 2015.
Tía María: demandan S/10 millones a dirigentes por protestas en Arequipa y valle de TamboAudiencia virtual contra dirigentes del valle de Tambo que protestaron contra el proyecto Tía María. Foto: Referencial

Los abogados defensores hicieron repetidos reclamos por este modelo aplicado debido a la pandemia del coronavirus. Varios insistieron en que no se garantizaba el derecho de defensa, algunos incluso pidieron el quiebre del juicio. Sin embargo, el juzgado respondió que el proceso ya se había coordinado y estaban programadas audiencias interdiarias hasta fines de mes.

Además de las quejas, se sumaron los problemas tecnológicos que provocaron que más de un procesado tenga inconvenientes durante su participación en el juicio. Y es que, en este proceso hay 14 personas imputadas. La Fiscalía lo ha catalogado como un caso complejo, tanto por el número de procesados como por la cantidad de delitos inmersos.
El juicio por las protestas de Tía María

La fiscal contra el crimen organizado, María Alejandra Cabana Osca, afirmó que, detrás de las protestas sociales contra Tía María, se movió un interés particular. Los dirigentes Pepe Julio Gutiérrez, Jaime de la Cruz y Jesús Cornejo conformaron el Frente Amplio de Defensa del Valle de Tambo e iniciaron protestas entre marzo y mayo de 2015 contra el proyecto minero de Southern Perú, para luego conseguir beneficios económicos y políticos.

Participaron el entonces alcalde provincial de Islay, Richard Ale (actual edil de Deán Valdivia) y el exalcalde de Punta de Bombón, José Ramos. Según la Fiscalía, integraban el aparato logístico del grupo al proporcionar comida y transporte a los manifestantes. Además, estaban los financistas como Julio Cornejo (actual alcalde de Cocachacra) y Juan Colquehuanca Chaiña, quienes entregaban víveres y frazadas.

Asimismo, contaban con un comité de prensa a cargo de Miguel Igme y un ala legal que lo constituía el abogado Héctor Herrera Herrera. Mientras que Martín Juares Bernedo, Nicomedes Pareja Prado, Alberto Justo Laredo, participaban directamente de las protestas. La magistrada alegó que Pareja y Justo pertenecían incluso al grupo de resistencia y ataque denominados “Los Espartambos”.
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Para la Fiscalía, los intereses del Frente Amplio salieron a relucir cuando el líder Pepe Julio Gutiérrez demandó 1.5 millones de dólares a la minera, por intermedio del exasesor externo Jesús Gómez Urquizo. El abogado grabó las conversaciones con el dirigente y luego lo hizo público, desvirtuando las protestas. Además, la fiscal Cabana Ocsa ha señalado que los dirigentes lograron conseguir cargos políticos tras las protestas.
Dirigentes afrontan altas penas por caso Tía María

El Ministerio Público ha señalado que las penas para los acusados bien pueden exceder los 20 años. Esto, debido a que se cometieron una serie de delitos durante las protestas violentas del 2015.

El mayor cargo que enfrentan los dirigentes es el delito de asociación ilícita para delinquir. Eso está relacionado con la conformación del Frente de Defensa del Valle de Tambo para cometer actos de violencia. Según la tesis de la fiscal, lo lideraban Pepe Julio Gutiérrez (presidente), Jaime de la Cruz (vicepresidente) y Jesús Cornejo (Vocal). Para los tres se ha pedido 12 años y 8 meses de cárcel efectiva. Mientras que para el resto de acusados se pidió 4 años y 2 años para el abogado Héctor Herrera.

Dirigentes del valle de Tambo negaron cargos y defendieron protestas contra Tía María. Foto: Captura

A los tres dirigentes también se les acusa de extorsión al Estado. Esto estaría comprobado con la toma del local de la Compañía de bomberos de Cocachacra y de la comisaría de La Curva en Dean Valdivia. Asimismo, obstaculizaron las vías e incitar a la destrucción y quema de un bus de la empresa del Carpio. Por tal razón, se pidió la condena de 8 años y 2 meses. El mismo cargo pesa sobre Richard Ale, pero se le rebajó la pena a 3 años y 8 meses al no tener antecedentes.

El Ministerio Público le atribuye a Pepe Julio Gutiérrez y el exasesor Jesús Gómez Urquizo el cargo de tentativa de extorsión en agravio de la empresa Southern Perú. El hecho se habría materializado cuando el dirigente le dijo a Gómez que “ardería troya” si la empresa no le pagaba los 1.5 millones de dólares que había pedido. Para ambos se demandó 10 años de prisión.

Mientras que por los delitos de disturbios y entorpecimiento se pidió 7 años y 4 meses para Jesús Cornejo. Y, 6 años y 8 meses para Jorge del Carpio, solo por disturbios.

Durante los meses que duró la protesta, la ciudad de Arequipa se vio paralizada y los hechos de violencia también se extendieron más allá del valle de Tambo.
Estado demanda millones de repación civil

Por su parte, el representante de la Procuraduría especializada en delitos contra el Orden Público, Luis Casaverde, demandó a los imputados el pago de 10 millones de soles como indemnización a favor del Estado.

La suma está compuesta por los diferentes delitos que imputa la Fiscalía. Por ejemplo, por el delito de asociación ilícita se pidió S/ 7 millones, de los cuales 4 millones son por daño patrimonial y 3 millones por daño extrapatrimonial.

En el caso del delito de extorsión al Estado, la Procuraduría demandó el pago de S/ 2 millones a cinco de los acusados. Por último, solicitó que Jesús Cornejo y Roger Ramos paguen S/ 600 mil y S/400 mil el médico Jorge del Carpio por cometer el supuesto ilícito de disturbios.

Sin embargo, los acusados han rechazado tales pagos al considerar que son inocentes.

Se declaran inocentes y piden ser absueltos

Los abogados de los acusados recalcaron una vez más que sus patrocinados no habían cometido ningún hecho ilícito y que se desenvolvieron en el marco de un pleno derecho que es el de protestar. Ninguno reconoció ser autor o haber promovido los actos de violencia que se desarrollaron en el valle de Tambo y en la ciudad de Arequipa.

Asimismo, el abogado de Pepe Julio Gutiérrez, Vladimir Fuentes, manifestó que la empresa Southern Perú no respaldó la tesis de la fiscal respecto a la tentativa de extorsión. Indicó que el propio presidente de la compañía, Óscar Gonzáles Rocha, negó verse afectada o conocido la entrega de una dádiva al dirigente. Por último, señaló que ese entonces el dirigente no podía paralizar el proyecto pues no había empezado a construirse, recién en el 2019 se le otorgó la licencia de construcción.

Mientras que la defensa de los dirigentes Jesús Cornejo y Jaime de la Cruz rechazaron pertenecer a una asociación ilícita y que por el contrario sus protestas eran para defender el valle de Tambo de una eventual contaminación ambiental. En esa misma línea se defendieron el resto de acusados, quienes pidieron ser absueltos de todos los cargos.

El caso apenas comienza y el Juzgado Penal Colegiado, que lo integran los jueces Juan Carlos Churata (ponente), Guiliana Pastor y Ronald Medina, ha hecho hincapié en acelerar el proceso. Se han programado audiencias para los días 13, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de octubre. Se hará de 8am a 1pm, afirmaron los magistrados.

https://elbuho.pe/2020/10/tia-maria-demandan-s-10-millones-a-dirigentes-por-protestas/