Liz Ferrer Rivera – liz.ferrer@glr.pe LizFerrerRiver1
06/12/2020
En escalada. Los conflictos tienen esa característica, a uno le sigue otro, los demandantes se percatan que pueden conseguir sus exigencias por la protesta.
No descuidemos al sur. El 2020 será recordado por un año intenso, a la crisis sanitaria devino la económica, política y social traducida en la activación de conflictos reclamos ciudadanos que no son atendidos por el diálogo. En el sur hay 58 pendientes.

El Perú parece un país minado por los conflictos sociales. Estallan en cualquier momento sobre todo cuando se aprecia el desinterés o debilidad institucional para buscar una salida mediante el diálogo. Lo ocurrido en Ica y en el norte peruano puede prender la mecha de otras expectativas, reclamos en donde el Estado aplica la política del bombero: acude cuando la pradera está incendiándose.

El sur peruano es una zona sumamente conflictiva. La Defensoría del Pueblo identifica 58 conflictos sociales en Tacna, Puno, Arequipa, Moquegua y Apurímac. La mayoría de ellos, activos y están referidos a la minería, agua, explotación de recursos naturales, problemas de límites, entre otros.

Cusco lidera la lista con 20, 16 activos y cuatro latentes. Ocho vinculados a reclamos contra la minería.

Corredor minero bloqueado

Las comunidades tienen reclamos permanentes contra MMG Las Bambas, Antapaccay o Hudbay. Estas empresas sacan su mineral por el corredor minero y sufren el bloqueo de esta vía cuando las protestas se radicalizan.

En Espinar- Cusco, el presidente del Comité de Lucha, Fredy Llaique, dijo que hay preocupación porque la mesa de diálogo instalada en agosto pasado no avanza en la solución de las demandas. Está pendiente la reformulación del Convenio Marco, aporte de Antapaccay para obras en las comunidades; la consulta previa al nuevo proyecto minero de la compañía y atención a las personas con metales pesados.

Hay comunidades de Chumbivilcas donde MMG Las Bambas tiene deudas pendientes. Uno de los acuerdos es que la minera entregará cada año 700 mil soles, dos tractores y semillas de avena.

En Apurímac, la población del distrito de Challhuahuacho, ubicado en la provincia de Cotabambas, empezó el lunes una huelga indefinida. Exigen a MMG Las Bambas obras de desarrollo y que pague canon minero a partir de 2021. La compañía china tiene el beneficio tributario de la depreciación acelerada de su maquinaria. Con esta norma no reporta utilidades anuales, no pagan impuestos y, por ende, no hay canon.

La sangre aún no ha llegado al río con el servicio de trenes hacia la Machupicchu Pueblo. Las dos empresas operadores incrementaron la tarifa lo que perjudica la afluencia de visitantes a la ciudadela inca. El lunes empezó el diálogo. Hasta el 10 de diciembre las operadoras deben presentar soluciones.

El jefe de la Oficina Defensorial, Jacinto Ticona, expresó preocupación por tres conflictos en Puno: la contaminación de las cuencas de Coata y Llallimayo, y la construcción del proyecto hídrico Vilavilani Fase II (de Tacna). En los tres la solución depende del gobierno nacional. Las comunidades ya han lanzado amagos de efectuar paralizaciones ante la desatención del Estado en todos sus niveles.

Efecto protesta

El sociólogo y docente del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Políticas del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, Omar Manky, explicó que en la literatura sobre conflictos hay una lógica: un grupo con demandas insatisfechas se fortalece para presentar sus reclamos después de que otro conflicto más grande haya sido resuelto a través de la protesta. La expulsión de Manuel Merino del poder prendió las protestas en Ica, luego pueden venir otras.

La característica de estas movilizaciones ciudadanas no obedecen a un liderazgo concreto, sin sindicatos tradicionales o líderes.

“Lo que vemos ahora es eso: ciudadanos con sus demandas postergadas hace mucho tiempo (agricultores de Ica) y que no han podido expresar por los canales, por ejemplo los sindicatos “, relató el profesional.

Para el sociólogo, la ausencia de líderes genera un problema. Con quien dialoga el Estado, qué demandas atiende o que prioriza.

Reconoció que hay expectativas para que el gobierno transitorio de Francisco Sagasti haga en los siguientes meses lo que no se hizo en 15 o 20 años. “Si es que queremos resolver los conflictos hay que bajar la expectativas”, sentenció.

Enfatizó que los conflictos latentes son también oportunidades para que la sociedad civil construya liderazgos de los cuales hoy carece. Y del otro lado, empresas o Gobierno, debe existir esa voluntad para promover esos líderes. Prohibir sindicatos no es el camino.
https://larepublica.pe/sociedad/2020/12/06/la-otra-reactivacion-pero-de-los-conflictos-sociales-lrsd/

Imagen: La República
07/12/2020
Como se sabe, desde el 30 de noviembre se ha venido acatando un paro indefinido, convocado por diferentes organizaciones sociales, sobre todo en la localidad de Challhuahuacho, capital del distrito del mismo nombre, que está a dos kilómetros de la operación de Las Bambas.

¿Cuáles son las razones de fondo de esta nueva situación de conflicto en la zona?

Uno de los temas de cuestionamiento y que ha generado malestar en la zona tiene que ver con el no pago de impuesto a la renta de parte de la empresa propietaria del proyecto Las Bambas y como consecuencia que no haya canon para la región. Además, el plazo de un posible pago de impuesto a la renta se ha postergado una vez más: Las Bambas no pagaría impuesto a la renta hasta el año 2023.

Además, esta postergación se da cuando la empresa Las Bambas viene preparando las condiciones para explotar un segundo tajo, el de Chalcobamba. Todo esto viene ocurriendo sin que se haya resuelto los conflictos por tierras con las comunidades de Huancuire y Pamputa del distrito de Coyllurqui.

Para hacer posible la explotación de este nuevo tajo, se viene realizando modificatorias en el Estudio de Impacto Ambiental. En este momento, se evalúa el segundo Informe Técnico Sustentatorio (ITS) de la Tercera Modificatoria. Es importante señalar que este proyecto minero ya tiene un aproximado de 10 modificaciones o más a su estudio inicial. Por todos estos motivos resulta tan importante para la población avanzar en la consecución del adelanto de canon y, principalmente, en la adopción de un convenio marco que les permita obtener beneficios tangibles para la provincia de Cotabambas que provengan de la minería.

Sobre el tema del canon se planteó como posibilidad su pago adelantado. Esta figura implicaría una modificación de las normas tributarias y que incluso no podrían aplicarse retroactivamente a la empresa minera. Además, esa propuesta implicaría cambios legislativos que sería difícil de conseguir porque no existe la correlación de fuerzas políticas necesaria en el Congreso.

En lo que corresponde al convenio marco, como se recuerda la demanda de la población consiste en el aporte de la empresa para que otorgue anualmente el 8% de sus ventas. A pesar de que hubo varias reuniones para avanzar en definir el modelo de convenio y varios de sus contenidos, la empresa siempre se mostró reacia a adoptar el compromiso económico de entregar el 8% de sus ventas. A fines de octubre la empresa manifestó sus reales intenciones, al declarar en una reunión que el apoyo que podía otorgar mediante el convenio marco se orientaría a financiar hasta con el 50% de los costos de reposición de los equipos médicos deteriorados en la provincia de Cotabambas y en el distrito de Progreso en la vecina provincia de Grau. Esta declaración significaba que el apoyo ya no consistiría en la entrega directa de dinero. Por esta decisión de la empresa se ha roto el diálogo en la práctica, y existen voces crecientes que vienen convocando a una medida de protesta en la provincia.

Habrá que observar con atención la evolución de la situación que se vive en la zona de influencia del proyecto Las Bambas.

www.cooperaccion.org.pe

04/12/2020
Trabajadores del Complejo Metalúrgico Doe Run Perú iniciaron la madrugada de este viernes un paro provincial con el fin de exigir el cumplimiento de la adjudicación del Complejo a los trabajadores. Este paro incluye el bloqueo de la carretera de la Carretera Central.

Asimismo, representantes de la sociedad civil de La Oroya, en la provincia de Yauli, acordaron sumarse a la protesta, según informó RPP. Luis Castillo Carlos, delegado de los trabajadores, indicó a dicho medio que la Junta de Acreedores del proceso concursal no ha cumplido con firmar la adenda que permitirá finalizar el proceso de adjudicación, pese a que se había llegado a este acuerdo el 15 de setiembre.

En el caso de no concretarse, se daría una liquidación de oficio, lo que llevaría a un despido masivo de trabajadores sin el pago de las deudas pendientes, indicó el delegado.

Luego de 10 años de proceso concursal, en enero del presente año, la junta de acreedores de Doe Run Perú aprobó transferir a los trabajadores todos los activos de la empresa, que incluyen el Complejo Metalúrgico en La Oroya y la minera Cobriza. Para esta transferencia se crearía la sociedad Nueva La Oroya.

Tras la venta de la mina Cobriza, los trabajadores exigen que se concrete la adjudicación del Complejo Metalúrgico. La venta de la mina por USD 20 millones a la compañía Andes Natural Resources Group Limited se concretó el 30 de octubre. Esta venta se cerró en medio de un proceso de liquidación del complejo minero La Oroya, que se encuentra cerrada desde el 2009 debido a la falta de liquidez para operar.
Fuente: Gestión
https://www.mineria-pa.com/noticias/con-bloqueo-de-carretera-se-exige-adjudicacion-del-complejo-metalurgico-doe-run-peru/

30/11/2020/por RED MUQUI
El día de hoy, lunes 30 de noviembre, el ex alcalde de Espinar: Oscar Mollohuanca, y los ex dirigentes sociales del Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar (FUDIE): Herbert Huamán y Sergio Huamaní, fueron absueltos por el Cuarto Juzgado Unipersonal de Ica, tras haber sido denunciados por el Ministerio Público el 2012 tras las protestas desarrolladas ese año en rechazo a la contaminación ambiental de la empresa minera Xtrata Tintaya (ahora Glencore Antapaccay) y su negativa a aportar al desarrollo de Espinar de acuerdo a las demandas de las comunidades y la ciudad. Años después el Ministerio de Salud confirmó la presencia de metales pesados en el organismo de cientos de espinarenses.

En el paro desarrollado en mayo de 2012 fallecieron 3 personas y resultaron más de 15 personas heridas. El juicio para que esas personas asesinadas encuentren justicia se archivó hace unos años. El jefe del operativo en ese entonces fue Gastón Rodríguez, el ex ministro del Interior del gobierno de Merino, que es el responsable político de la muerte de Inti y Jack y los más de 100 heridos de la última protesta popular nacional.
Adelanto de sentencia

De acuerdo al informe de la Institución Derechos Humanos Sin Fronteras, que asumió la defensa legal de los defensores criminalizados; durante la audiencia virtual de lectura de sentencia, el juez Jean Franco Pinto Fernández, titular del Cuarto Juzgado Unipersonal del Juzgado de Ica, señaló lo siguiente:

“Absolviendo a los ciudadanos Oscar Avelino Mollohuanca Cruz, Herberth Huaman Llave Y Sergio Huamani Hilario, de los cargos formulados en su contra”

El juez Franco Pinto Fernández reiteró que -según el título preliminar del Código Penal- está proscrita la responsabilidad objetiva, y no es posible atribuirle la responsabilidad por el solo hecho de haber convocado protestas, ya que “la protesta es un derecho de rango constitucional que deriva del derecho de la libertad de expresión”.

El secretario ejecutivo de Red Muqui, Jaime Borda, señala que la sentencia es un reconocimiento a la lucha de varios años del pueblo de Espinar. Añade que se debe exigir justicia y reparación para las personas asesinadas y los heridos que dejó la protesta el 2012. «Se está reconociendo el derecho a la protesta, diciendo que la población tiene el derecho legítimo amparado en la Constitución para protestar, reclamar, y que varias de sus demandas sean atendidas». Añadió que espera que el precedente sea positivo para otros casos en el país.

La sentencia íntegra se leerá el 10 de diciembre a las 16 horas, en el marco del Día de los Derechos Humanos.

Imagen: Plataforma Geoportal
Hoy lunes 30 de noviembre de 2020 CooperAcción presentó en un evento público a través de la plataforma Zoom, el geoportal Geografías en Conflicto, cuyo objetivo es “Contribuir al acceso a información geográfica de calidad para la toma de decisiones, la investigación, la incidencia y la defensa de derechos colectivos y el bien común”.
José De Echave, investigador de CooperAcción, recordó en la presentación que desde finales de la década del 90, a pocos años de la fundación de CooperAcción, se comenzó a utilizar los Sistemas de Información Geográfica (SIG), como una herramienta de producción de información para las poblaciones con las que se trabajaba.

De Echave agregó que los mapas más conocidos y utilizados en todo este tiempo han sido los de concesiones mineras, elogiados y muy bien recibidos por comunidades y pueblos indígenas y aliados y criticados por algunos sectores que, al parecer, prefieren que la información no llegue a todos y todas.

Durante la presentación del geoportal, el geógrafo Anthony Bebbington resaltó que esta herramienta de información de libre acceso es “clave para construir relaciones menos asimétricas” y que “permite que los diversos actores puedan hacer sus análisis de lo que está pasando en el país, aumenta la posibilidad de participación social en la gobernanza de los recursos naturales y los procesos de desarrollo”.

Por su parte el geógrafo Dionel Martínez, encargado de liderar la implementación del geoportal, mencionó que dicha herramienta tiene alrededor de 30 capas de información y 7 páginas de gráficos y estadísticas que permiten visualizar, analizar y consultar los diferentes intereses que se encuentran superpuestos en el territorio, desde el nivel nacional hasta el comunal o de centro poblado.

Martínez señaló que el aporte del geoportal se enmarca dentro de la superación de la enorme brecha que existe en la sociedad civil respecto al desarrollo de herramientas que permitan avanzar hacia un acceso libre y gratuito a información georeferenciada para la toma de decisiones de los distintos actores en los territorios. “Nuestro aporte ha consistido en juntar toda la información geográfica que desde la mirada de las geografías en conflicto, nos permite dar luces sobre la conflictividad territorial, con información del mismo Estado”, agregó.

Como ejemplo de lo que es posible visualizar y analizar en el geoportal, el geógrafo mencionó que hay 110 Áreas Naturales Protegidas que presentan concesiones mineras en sus superficies, así como 1589 comunidades campesinas y 108 comunidades nativas que tienen este tipo de concesiones en sus territorios ancestrales.

Para Martínez, el geoportal permite evidenciar la necesidad de la implementación de políticas de planificación territorial a distintos niveles, como el ordenamiento territorial, para concertar intereses, donde las organizaciones de base y ciudadanos de a pie tengan la capacidad de decidir cómo quieren usar su territorio y qué proyectos (inversiones) necesitan.

El geoportal Geografías en Conflicto se encuentra accesible en la página institucional de CooperAcción (http://cooperaccion.org.pe/geoportal/) o entrando directamente a través del siguiente link: https://cooperaccion.giscloud.com/.
www.cooperaccion.org.pe
Jr. Río de Janeiro 373, Jesús María, LIMA 11 – PERÚ. Teléfonos: (511) 4612223 / 4613864 cooperaccion@cooperaccion.org.pe

Luis Gárate – 28/11/2020
Imagen: Leonardo Leo Rios
En los días recientes hemos visto que la ola de protestas ciudadana generadas por el golpe parlamentario que impuso a Manuel Merino en la presidencia, fue reprimida con un uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas policiales que provocó 2 muertos y varios heridos.

Por su parte, la Policía Nacional del Perú ha salido a dar su versión, señalando que ellos no usaron los perdigones de plomo y las canicas que fueron denunciados por los heridos y participantes de las movilizaciones. Asimismo han señalando que el tema se encuentra en investigación y que se trataría de hechos aislados y no de un comportamiento institucional.

Sin embargo diversos reportajes periodísticos han mostrado que se usaron canicas en la represión, lo que no es nuevo pues se ha visto su uso en fuerzas policiales de otros países. Asimismo, ha llamado la atención el uso de agentes del grupo Terna, creado hace unos años cuando el militar en retiro Daniel Urresti fue Ministro del interior. Este grupo que viste de civil, fue creado para una labor más efectiva contra la delincuencia y el crimen organizado. Sin embargo, desde hace algunos años también se les ha visto participando de las acciones represivas frente a movilizaciones sociales.

Algunos de los heridos han recibido disparos de perdigones y de bombas lacrimógenas que fueron dirigidas al cuerpo y al rostro. Precisamente el fallecimiento de Inti Sotelo y Jack Pintado se dio por perdigones de plomo que les fueron disparados en el cuerpo y cabeza. Asimismo se ha denunciado el secuestro por 3 días del joven Luis Araujo, que habría sido cometido por agentes del grupo Terna y que aún no ha sido esclarecido

Esto nos recuerda a las recientes manifestaciones sociales en Chile, donde los carabineros dispararon de manera sistemática contra los manifestantes, dejando cientos de heridos y personas que han perdido uno de sus ojos. Esto ha sido denunciado como el uso del supuesto de un “enemigo interno” por parte de la fuerza pública en la sociedad, por lo que se actúa con una lógica casi de guerra.

Las versiones que han salido de la policía peruana y de algunos voceros interesados en desvirtuar las movilizaciones, es que cabe la posibilidad que se hayan usado armas artesanales por parte de “infiltrados”. Además han buscado desprestigiar a los fallecidos, pretendiendo decir que tendrían “antecedentes policiales”. Incluso los familiares de los 2 jóvenes caídos, han denunciado que han sido víctima de sospechosos reglajes.

Estas prácticas policiales resultan inaceptables y no son propias de un estado de derecho y de una democracia representativa como la que nos preciamos tener. Otro elemento que debemos recordar es que los agentes policiales no actúan solos o por iniciativa propia. Claro que pueden cometer excesos como parte de sus intervenciones, pero actúan siempre siguiendo órdenes superiores y determinados procedimientos. En ese entendido, son los miembros del Poder Ejecutivo, es decir el Presidente y el Ministro del interior, así como los mandos policiales, los que toman las decisiones y emiten las órdenes para su ejecución.

Asimismo, es conocido por los organismos defensores de derechos humanos que estas prácticas de disparos al cuerpo, siembra de pruebas, intimidación, entre otros, vienen siendo denunciados desde años atrás en relación a la actuación policial frente a las protestas sociales de comunidades en regiones donde hay conflictos socioambientales (casos conocidos como el conflicto en Apurímac con la minera Las Bambas; el conflicto con la minera Antapaccay en Espinar, Cusco; el conflicto en Arequipa contra la minera Southern por el proyecto Tía María).

El presidente Francisco Sagasti anunció hace unos días algunas medidas, como el cambio del alto mando policial, la creación de una comisión especial para recomendar reformas en la PNP, que un grupo de gerentes del SERVIR se haría cargo de las compras policiales, entre otras. Sin duda medidas saludables en el camino para que esta institución tan importante inicie un camino de moralización y mejora de su actuación en la sociedad.

Esperemos que estas iniciativas avancen. Resulta muy preocupante el sentir que ha calado en la sociedad con la represión vista en los días anteriores. Podría entenderse como un mensaje entre líneas, de advertencia frente a lo que puede venir si la ciudadanía quiere ejercer su derecho ciudadano a la protesta frente a la corrupción y a las autoridades que actúan de espaldas a la realidad. Esperemos que la institución policial se reforme para que cumpla su rol efectivo frente a la delincuencia, el crimen, las diferentes formas de violencia, y que actúe con responsabilidad y mesura ante la protesta ciudadana.

www.cooperaccion.org.pe
Jr. Río de Janeiro 373, Jesús María, LIMA 11 – PERÚ. Teléfonos: (511) 4612223 / 4613864 cooperaccion@cooperaccion.org.pe

25/11/2020
Foto: Anglo American
El Ministerio de Energía y Minas (Minem) de Perú planteará agilizar el proceso de la consulta previa en la etapa de exploración minera de un año a seis meses a través de la prepublicación del documento “Acuerdo Previo” en enero próximo.

Según el titular del sector, Jaime Gálvez, se busca una mayor articulación entre el Estado, las empresas y las comunidades originarias a fin de cumplir con el marco normativo vigente.

Gálvez dijo que se está trabajando para agilizar las autorizaciones de permisos para los proyectos mineros y destacó que recientemente se aprobó un nuevo Reglamento de Procedimientos Mineros que contempla una mayor aplicación del silencio administrativo positivo.

Asimismo, adelantó que impulsará cambios normativos que fortalecerán el atractivo del sector hidrocarburos, al igual que la remediación de los pasivos ambientales y la ejecución del Plan de Cierre de Brechas en el ámbito petrolero de la selva peruana.

Este año, se estima que la inversión minera en el país alcanzará los USD 4.200 millones y el 2021 se espera llegue hasta los USD 5.400 millones.

El funcionario detalló que la cartera de proyectos mineros es de unos USD 56.000 millones, incluyendo Tía María, pero muchos de estos proyectos están en proceso de exploración, de elaboración de los expedientes técnicos o tienen complicaciones por temas sociales.

Asimismo, señaló que todos los años se realiza una “inversión base” en la minería para reponer reservas y realizar mantenimiento a los equipos, que usualmente está en los USD 3.000 millones, pero por el contexto de la pandemia bajará a los USD 2,000 millones.

Explicó que a esa inversión base se agregan los nuevos proyectos de construcción de minas que ahora son tres: Quellaveco, Mina Justa y la ampliación de Toromocho.
Fuente: Gestión

Perú plantea reducir plazo de consulta previa en etapa de exploración minera

César Flores Unzaga
26/11/2020 Imagen: Vidal Merma
La reacción atentatoria de la policía nacional trajo como desenlace dos muertos, más de doscientos heridos -muchos de gravedad-, ciudadanos desaparecidos por “fuerzas del orden” no identificadas, torturas sexuales durante las detenciones, todos cargos que atentan contra los derechos humanos, así como un continuo amedrentamiento a la ciudadanía en general y especialmente a las víctimas de la represión y sus familiares. La gravedad de estos hechos ha conmocionado al país.

Estas violaciones de derechos humanos se han focalizado sobre todo en el Perú urbano, pues ahí se realizaron la mayor cantidad de estas marchas, sin embargo, la represión sistemática a la ciudadanía frente a la protesta social no es en absoluto reciente. La Defensoría del Pueblo que lleva un registro mensual de los conflictos sociales en el país ha contabilizado 289 fallecidos entre los años 2006 y 2020, así como 5098 heridos, la mayoría civiles.

Asimismo, la Defensoría ha determinado que el 65% de los conflictos sociales en el país son de tipo socioambiental y 40% están relacionados a las actividades mineras -78 conflictos en total de acuerdo al último registro de octubre-.

Muchas de estas violaciones de derechos, efectivamente, se producen hacia peruanos y peruanas que discrepan con las reglas de juego que les imponen actividades mineras a través de las empresas y el Estado y, por ello, hacen un uso legítimo de la protesta social, especialmente, frente a la carencia de canales institucionales efectivos para la resolución de estos conflictos. Asimismo, muchas veces la ciudadanía siente “oídos sordos” por parte del Estado, es decir, que las autoridades e instituciones gubernamentales inclinan sus decisiones a favor de actores con más poder.

Un caso reciente fue el de las protestas en julio y agosto de este año en la provincia de Espinar, Cusco, en donde opera la mina Antapaccay, de la empresa Glencore de capitales suizos. La población pedía un bono de 1000 soles, por única vez, para cada persona (elector/a) de la provincia con el fin de afrontar la crisis provocada por el COVID 19, el cual se financiaría con recursos del fondo social constituido en el Convenio Marco entre el gobierno provincial y la minera y que opera desde el 2004. Las protestas se desencadenaron cuando de los ocho integrantes del Comité de Gestión del Convenio Marco únicamente el representante de Antapaccay votó en contra de esta propuesta y la bloqueó.

De acuerdo al Observatorio de Conflictos Mineros, el paro provincial en Espinar condujo a protestas y enfrentamientos con la policía lo que dejó a varios heridos de gravedad y a comienzos de agosto se reportaban los siguientes casos: Oscar Vicente Suca Laucata (17 años) herido de bala; Rony Pacco Ollachica (19) con dos heridas en el pulmón; Yorlin Wilmer Ilachoque Colqque; Rolando Puma Vargas, herido en el brazo derecho; Wily Olger Flores Merma (19) herido en la cabeza; Brayan Carlos Chancayauri (23) herido en cuatros disparos en la espalda; José Amilcar Chuco Mollo, Jack Hacha Fernandez herdidos con perdigones y Juana Apaza Inca Puma, herida con bomba lacrimógena y perdigones[1]. Los pobladores de Espinar heridos de balas, perdigones y bombas lacrimógenas presentaron su denuncia por lesiones ante la Fiscalía de la Nación los días 24, 25, 27 28 de julio, entre los denunciantes se encuentran 3 menores de edad.

Los testimonios de algunas de estas víctimas reflejan la gravedad y secuelas de estos ataques:

“El 20 de julio, Juana Apaza de 35 años fue afectada por una bomba lacrimógena que casi le destroza el tobillo del pie izquierdo, la consecuencia es que cuando camina mucho o hace frío, se le hincha el pie. Ella es el sustento de hogar, es madre soltera y comerciante: vende verduras y pese a su herida tiene que ir a trabajar para alimentar a sus hijos”.

“El 22 de julio, Wilmer Ilachoque Ccolqque de 27 años junto a otros jóvenes llegó a protestar a la zona de Tintaya-Marquiri donde se produjo un enfrentamiento. Él recibió un disparo de bala de la Policía que perforó su pierna derecha. Por suerte la bala entro y salió, afectando únicamente a su muslo sin comprometer al hueso. Sin embargo, ahora está herido, no puede trabajar y no genera ingresos para pagar la alimentación y educación de sus hermanos menores”[2].

Este tipo de consecuencias en la vida de estos ciudadanos a raíz del conflicto de Espinar se explican por un andamiaje institucional del Estado peruano que se viene aplicando sistemáticamente y responde a tres componentes: 1) la existencia de convenios entre empresas mineras y la policía -que fomenta una acción de la policía de manera no imparcial-, 2) los estados de emergencia preventivos -aplicados sucesivamente desde hace varios años en zonas rurales- sin acreditar que haya una grave afectación al orden interno, y 3) la existencia de normas penales que criminalizan la protesta social, las cuales atentan contra esta vía de expresión ciudadana y, asimismo, amedrentan a líderes y lideresas con procesos judiciales durante años. Este comportamiento del Estado no debe pasar desapercibido en la ciudadanía peruana de cara a nuestro bicentenario. Claramente, la sostenibilidad de nuestra democracia y, de la minería en particular, encontrará bases más consistentes y dignas cuando se cambien estas reglas de juego que han dejado tantos muertos y heridos.

[1]http://conflictosmineros.org.pe/2020/08/01/cusco-heridos-por-conflicto-en-espinar-esperan-investigaciones-sobre-actos-de-represion/

[2]https://derechosinfronteras.pe/heridos-de-bala-de-espinar-denuncian-a-pnp-por-lesiones-durante-protesta/

www.cooperaccion.org.pe
Jr. Río de Janeiro 373, Jesús María, LIMA 11 – PERÚ. Teléfonos: (511) 4612223 / 4613864 cooperaccion@cooperaccion.org.pe

Ana Leyva
24/11/2020
En su primera aparición como nuevo ministro de Energía y Minas, el economista Jaime Gálvez Delgado hizo suya la propuesta de reemplazar la aplicación de la consulta previa por el acuerdo previo para actividades de exploración con el propósito de reducir el proceso de diálogo, aproximadamente en 6 meses. Esta propuesta ya había sido planteada en el Informe Final de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible publicado en febrero del presente año, y ha sido una de las propuestas presentadas por la CONFIEP en su Agenda de Reactivación 2020.

El ministro señaló que las consultas para proyectos de exploración vienen tomando 1 año de duración, sin señalar algún caso en particular donde la consulta haya durado ese tiempo. Según el ministro, con procesos tan prolongados todos pierden, incluso las comunidades campesinas y nativas. El propósito de esta medida sería apurar las inversiones mineras en exploración. La pregunta que nos hacemos es si esta propuesta puede o no afectar derechos colectivos de esas comunidades. El acuerdo previo y la consulta previa tienen sujetos, objeto y finalidades distintas. Para entender la trascendencia de lo que se está planteando, es necesario tener un marco conceptual claro. Es decir, determinar el significado de estos términos y la relación entre ellos.

Los términos Acuerdo Previo y Consulta Previa no son semejantes, y uno no se puede reducir al otro

La Ley Nº 26505, Ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas, introduce el término de acuerdo previo.

Según el artículo 7 de esta norma, el acuerdo previo es un requisito necesario para establecer derechos de explotación minera. Se trata de la celebración de un contrato entre el: (i) el titular del derecho minero y (ii) una persona natural o jurídica, esta última puede ser de una comunidad campesina o nativa que es titular de tierras, y el objeto de este acuerdo es la entrega de tierras en cesión en uso, alquiler, venta, etc., al titular minero, a cambio de una contraprestación.

Además de ello, el artículo 11 de esta norma señala que para “disponer, gravar, arrendar o ejercer cualquier otro acto sobre las tierras comunales de la Sierra o Selva, se requerirá el Acuerdo de la Asamblea General con el voto conforme de no menos de los dos tercios de todos los miembros de la Comunidad”. Es decir, en estos casos, donde el propietario es una comunidad, se requiere que una mayoría calificada de 2/3 de sus miembros apruebe la cesión en uso, alquiler, venta, etc. de las tierras comunales.

La consulta previa respecto a la realización de proyectos de inversión es distinta, en la forma y en el fondo, del acuerdo previo. Se trata de un derecho colectivo que les asiste a las comunidades (campesinas y nativas) o pueblos indígenas u originarias, y que les permite participar en los procesos de toma de decisiones del Estado que los puede afectar.

¿A qué decisiones nos estamos refiriendo? Cuando se trata de proyectos de inversión, como en el caso de las actividades extractivas, las consultas podrían estar referidas a otorgamientos de derechos de uso, certificaciones o autorizaciones administrativas que las empresas deben obtener del Estado para comenzar a operar. Lamentablemente, en el Perú los decisiones o permisos más importantes no se consultan.

En la consulta previa se establece un diálogo entre el Estado y las comunidades o pueblos indígenas sobre las posibles afectaciones que pueden sufrir los derechos de estos últimos con la adopción de esas decisiones. La consulta previa debe garantizar, en tal sentido, que estas autorizaciones o permisos administrativos otorgados por el Estado minimicen los daños y si es posible, no afecten los derechos colectivos (identidad cultural, tierra y territorio, acceso a recursos naturales, etc. es decir, derechos que aseguran la existencia de la comunidad o pueblo).

En ese sentido, no resulta posible equiparar un acuerdo económico entre la comunidad y el titular minero sobre el uso de las tierras, con la consulta previa que constituye uno de los derechos colectivos más importantes de las comunidades o pueblos indígenas, que les da la posibilidad de tener voz e influir en las decisiones del Estado.

Además, el acuerdo previo sobre los terrenos superficiales debería realizarse después de la consulta. En la consulta, y en diálogo con el Estado, se deberían definir las afectaciones a los derechos colectivos y las medidas de prevención, mitigación y/o compensación de esos daños. Con esa información la comunidad o pueblo podría estar en condiciones de negociar las tierras que serán afectadas.

Por lo tanto, el acuerdo previo no puede sustituir a la consulta. Tiene sujetos o partes, objeto y finalidad y tiempos distintos. Intentar sustituir uno con otro, puede significar dejar desprotegidos los derechos colectivos en los procesos de toma de decisión del Estado en relación a los proyectos de inversión.

Un tema que permite comprender mejor las consecuencias de la pretensión de sustitución de la consulta por acuerdo previo, tiene que ver con entender la diferencia de suelo, tierra y territorio.

Diferencias entre suelo, tierra y territorio

El suelo es definido como una porción de la parte continental del planeta. El término tierra, desde la perspectiva agrarista, es entendido como una porción de suelo con aptitud agrícola.

El territorio es mucho más que suelo o tierra, es el espacio de reproducción de la vida y de la cultura de un pueblo. Está cargado de significados para sus habitantes.

Para el Convenio 169 de la OIT que protege derechos de pueblos indígenas, el término tierra debe ser entendido como territorio. Esto se debe a que las tierras comunales, si bien son una propiedad, son mucho más que eso, es el espacio de reproducción de la vida y la cultura de las comunidades. En ellas, generalmente se llevan a cabo sus actividades económicas, sociales, acceden a recursos naturales, a servicios, establecen sus lazos afectivos, celebran sus festividades. Todas esas expresiones de vida y cultura se desenvuelven en ese espacio.

Por lo tanto, cuando se afectan tierras comunales, se puede estar cortando un conjunto de dinámicas que tienen que ver con la vida de una colectividad. En estas situaciones, el Estado no solo está llamado a velar para que las comunidades reciban el precio justo por la venta o uso de sus tierras, sino a garantizar la integridad de la comunidad y la reproducción de su vida y cultura.

En el Perú, generalmente cuando se dan las autorizaciones de los proyectos de inversión no se determina este tipo de afectaciones en la vida de las comunidades. Las consultas están ubicadas en autorizaciones finales, en cuyo proceso de aprobación ya no se discuten estos temas. Por esa razón, comunidades como las de la zona de Ampliación del Proyecto Coroccohuayco, continuación de la mina Tintaya-Antapaccay de la multinacional Glencore, vienen reclamando desde hace más de 2 años que se consulte el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), para que en ese proceso de certificación ambiental se dialogue sobre las posibles formas de afectación a los derechos colectivos que se producirán con la realización del proyecto. La Defensoría del Pueblo también ha planteado esta posición, pero lamentablemente el Estado no quiere poner a consulta los EIA.

En este escenario es necesario mejorar las consultas, pues las negociaciones de tierras son transacciones que giran en torno a precios de mercado. Si la comunidad pierde el acceso al agua, a un camino, o lugares ceremoniales, o se dificulta el tránsito a la escuela, o se fragmenta, esas afectaciones no son parte de la negociación que se da en el marco del acuerdo previo; no tienen lugar en ella.

Por último, resulta irónico que en vez de avanzar en la implementación del Convenio 169, todavía existan planteamientos que busca desnaturalizar, ad portas de la celebración del Bicentenario, el ejercicio del derecho a la consulta, reduciéndolo a una negociación de un contrato privado. Al parecer en nuestro país, los poderes económicos y sus aliados, siguen viendo los derechos de los pueblos indígenas como un obstáculo para las inversiones, y, por lo tanto, siguen buscando formas o maneras de conculcarlos. Hechos como este nos plantean el enorme desafío de construir como peruanos un país de iguales y un Estado intercultural, garante de derechos.

www.cooperaccion.org.pe
Jr. Río de Janeiro 373, Jesús María, LIMA 11 – PERÚ. Teléfonos: (511) 4612223 / 4613864 cooperaccion@cooperaccion.org.pe