Marco Huaco Palomino*
El estado actual de la legislación y la práctica política peruanas sobre los mecanismos de participación y consulta a la población sobre proyectos extractivos y decisiones políticas públicas bien podría calificarse de laberíntico. Coexisten al menos seis mecanismos casi sinónimos que se mezclan en el discurso político y jurídico que contribuyen a una enorme confusión de los actores involucrados en conflictos socio-ambientales: “consulta popular”, “consulta previa”, “acuerdo previo”, “autoconsulta”, “participación ciudadana” (para proyectos extractivos) y “participación ciudadana” (para decisiones políticas y normativas).