Por: Juan Arribasplata
José Agustín Ruíz, alcalde del centro poblado de Chuquibamba, ubicado en el distrito de Cachachi – Cajabamba, explica el rechazo de la población a la empresa minera Sulliden Shahuindo.
¿Cómo está la situación en Cajabamba, en relación a lo que viene sucediendo con la protestas contra Minera Sulliden Sahuindo?
Juan Arribasplata
Desde hace más de 5 años el distrito de Hualgayoc, que es parte de la provincia del mismo nombre, viene atravesando problemas de desabastecimiento de agua. Según se informa la causa sería la actividad minera que se desarrolla en la zona que utiliza desmedidamente este recurso además de contaminarlo con metales pesados.
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El séptimo reporte de conflictos socioambientales “Vigilante Amazónico”, correspondiente al mes de febrero, da cuenta del uso de herramientas legales por parte de los pueblos indígenas en la defensa de sus derechos, estrategias poco difundidas por los medios de comunicación. Asimismo, actualiza la información sobre conflictos en Loreto, Amazonas, San Martín y Junín.
Respecto a la región Amazonas, el séptimo informe destaca la absolución del líder indígena Zebelio Kayap y otros dirigentes que fueron acusados por el presunto secuestro de empleados de la minera Afrofita, con la que los indígenas awajún y wampis tienen un prolongado conflicto.
A los poderes del Estado parece no importarles la situación de injusticia en que viven los nativos amazónicos Danny López Shawit, Feliciano Cahuasa Rolin y Asterio Pujupat Wachapea, detenidos injustamente por los hechos de Bagua del 5 de junio de 2009. En respuesta a la indiferencia mostrada, organizaciones que han seguido de cerca el caso, han reunido información de primera mano que comparten hoy con todos nosotros.
Se trata de un boletín de 28 páginas titulado: Una herida abierta ¡Libertad para los tres presos del Baguazo!, que condensa material valioso sobre la situación de los tres nativos que se hallan hasta hoy, 45 meses después de los trágicos sucesos, privados de su libertad pese a no haberse encontrado pruebas en su contra.
El 2005 veintinueve comuneros -entre estos dos mujeres- fueron torturados por efectivos policiales de la DINOES y la empresa de seguridad FORZA, ahora conocida como SECURITAS, en el campamento de la mina Río Blanco (Ex Majaz)
Por Jorge J. Chávez Ortiz*
En este último mes, la población de Cajamarca ha puesto en tela de juicio la efectividad de la Policía Nacional del Perú – PNP, debido a los últimos asesinatos a taxistas de esta ciudad, más aún debido al gran desplazamiento de efectivos policiales a la zona del Proyecto Conga de Minera Yanacocha.
De izquierda a derecha, Alejandra Vicente, Mirtha Vásquez, Rocío Silva Santisteban, David Velazco y Mar Pérez.
Representantes de la sociedad civil peruana denunciaron la privatización de la Policía Nacional y la criminalización de la protesta social en la audiencia “Derechos humanos y protesta social en Perú” realizada el lunes 11 de marzo en una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Un total de 19 mil 585 personas expresaron estar en contra del proyecto Pucamarca, perteneciente a la minera Minsur, en el distrito de Palca (Tacna), tras participar en una consulta popular en el distrito de Ciudad Nueva. Los distritos de Alto de la Alianza y Pocollay están preparando una consulta en similar sentido.
En tanto, solo 29 estuvieron a favor al referido proyecto, mientras que el resto se abstuvo de marcar alguna de las dos alternativas. En total participaron 19 mil 869 ciudadanos, según informó el promotor de dicha consulta, Jesús Laura.
Raúl Zibechi
Una de cada cinco hectáreas del Perú ha sido entregada a las multinacionales de la minería, así como la mitad de las tierras de las comunidades campesinas e indígenas de la sierra andina. La gente común y la naturaleza son las más afectadas por la voracidad de grandes empresas que acumulan oro, plata y cobre en el altar de la especulación. La forma como la población se viene movilizando muestra cambios de fondo en la acción social.
El experto en derechos indígenas, Bartolomé Clavero, se encuentra en el Perú en una misión de diálogo con representantes de comunidades y rondas campesinas de Cajamarca, San Martin, Amazonas, Piura, Tumbes, La Libertad, Lambayeque y Ancash durante el 10 y el 11 de marzo.
Clavero ha sido invitado por la Central Única de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC) y la finalidad de su visita es elaborar un informe sobre la situación de los pueblos originarios, comunidades y rondas campesinas de Cajamarca afectados por el megaproyecto minero Conga.
El informe será presentado oportunamente ante las autoridades nacionales e internacionales.
En una inspección efectuada a finales de febrero la Fiscalía de Celendín constató que la empresa minera Yanacocha obstruyó una carretera pública con una tranquera metálica, tal como fue denunciado por el presidente de la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC), Milton Sánchez Cubas.
Según el presidente de la PIC, los representantes de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Celendín, Gloria Torres Díaz y Marco Terán Arribasplata, constataron, en una inspección del 28 de febrero, que personal de la empresa de seguridad Securitas –contratada por Yanacocha-, y efectivos policiales bloquearon la carretera que conduce al Centro Poblado Menor Santa Rosa, en el distrito celendino de Huasmín.