INVITACIÓN Tenemos el agrado de invitarles a participar de Rueda de prensa «Máxima somos todas», en la cual se entregaran a Máxima y su familia las 116.572 firmas recolectadas a nivel mundial, en apoyo a ella y su familia. Posteriormente realizaremos el Foro público «Mujeres latinoamericanas frente al cambio climatico». El evento se desarrollara en el sindicato Unico de trabajadores de la prensa, El día Martes 9 de diciembre desde las 10 am. (Lima – Perú) Sigue leyendo
Han transcurrido más de dos años desde que se inició la investigación fiscal contra los dirigentes de la provincia de Espinar, por hechos suscitados en el conflicto socio-ambiental de mayo 2012. Después de innumerables correcciones a la acusación fiscal finalmente mediante la Resolución N° 32, emitida por el magistrado Fernando Vicente Fernandez Tapia, Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria y Supra-Provincial de la Corte Superior de Justicia de Ica, declara el archivamiento de la investigación por Apología al Delito a favor de Oscar Mollohuanca Cruz, Herbert Huamán Llave y Sergio Huamani Hilario, fundando su decisión en que la opción ideológica de un individuo no puede desencadenar ningún tipo de persecución, o coacción estatal, ya que son libertades que se encuentran consagradas en nuestras Constitución.
En asamblea popular realizada ayer en la plaza San Francisco del distrito de Cocachacra en la provincia de Islay (región Arequipa), se acordó acatar un paro de 48 horas los días 15 y 16 de diciembre contra el proyecto minero Tía María.
La asamblea popular estuvo presidida por los alcaldes electos de los distritos de Deán Valdivia, Jaime de la Cruz; Punta de Bombón, José Ramos y de Cocachacra, Elard Valencia, además de los integrantes de las juntas de usuarios del valle de Tambo.
El aumento significativo de los gases de efecto invernadero en la atmósfera y de la temperatura nos trae problemas nuevos, como la pérdida de los glaciales, de los casquetes polares; la acidificación y la subida del nivel del mar, entre otros. Pero también agudiza una situación de deterioro ambiental que se venía produciendo como consecuencia del uso insostenible de los recursos naturales.
Problemas como la desertificación, la disminución de la disponibilidad del agua dulce o la pérdida de biodiversidad, no son nuevos; lo novedoso es las dimensiones que éstos alcanzan o pueden alcanzar, principalmente en países como el Perú, más susceptibles a ser afectados por el cambio climático.
El día 25 de noviembre, los comuneros de la Comunidad Campesina de Uchuccarco decidieron suspender la medida de protesta que habían iniciado contra la empresa minera HudBay, con la expectativa de dar solución a sus demandas a través del diálogo. En un nuevo intento de acercamiento, las partes se dieron cita para el día de mañana, 28 de noviembre.
Luego de varios días de permanecer ocupando la zona de Saywaloma -reivindicando los terrenos comunales que alquilaron a la empresa- la Comunidad accedió a retomar los intentos de diálogo exigiendo la presencia de las entidades competentes del gobierno que garanticen el proceso.
Mientras tanto, a pesar de la tregua, la situación de tensión se mantiene en la zona. Una facción de la población insiste en que no existe confianza en la empresa, exige la resolución del contrato y la reivindicación de sus tierras comunales. Un fuerte contingente policial ha quedado en la zona, en resguardo de los terrenos y del campamento.
Más de medio centenar de defensores ambientales fueron asesinados en Perú en una década, ubicando al país entre los más mortíferos para estos activistas, según un informe difundido este lunes en Lima, a dos semanas de la conferencia mundial sobre cambio climático.
El estudio de la organización internacional Global Witness, basada en Londres, señala que «entre 2002 y 2014 al menos 57 activistas medioambientales fueron asesinados en Perú, y más de la mitad de los crímenes ocurrieron los últimos cuatro años», lo que refleja el incremento de estos crímenes.
La grave situación en regiones selváticas de Perú quedó en evidencia con el asesinato de Edwin Chota y otros tres líderes indígenas de la etnia asháninka mientras intentaban defender sus territorios de taladores ilegales en septiembre, señala el documento.
La estadounidense Newmont evalúa el desarrollo de proyectos de cobre mientras busca la manera de reactivar Conga. Confía en retardar el fin de ciclo de su mina Yanacocha –acelerado por la paralización de Conga– a través de la puesta en marcha de nuevos proyectos mineros que transformarán el distrito aurífero en un productor de cobre, manifestó Javier Velarde, gerente general y de asuntos corporativos de Minera Yanacocha.
«Tenemos proyectos mineros con muchas posibilidades que apuntan, básicamente, a la producción de cobre con un tipo nuevo de mineral, como son los sulfuros [alojados debajo del yacimiento aurífero]; y estamos trabajando para darles viabilidad», indicó en la ceremonia de entrega del premio Desarrollo Sostenible de la SNMPE, efectuada ayer en la sede de dicho gremio.
Refirió que dichos proyectos demorarán dos o tres años para dar resultados concretos, por lo que no cuentan todavía con inversiones programadas.
Se han cumplido 21 años. El 7 de agosto de 1993 la Minera Yanacocha produjo su primera barra de oro en Cajamarca. Luego de catorce años se ha llevado 32 millones de onzas de oro. Para conseguirlo se instaló en la cabecera de dos ríos, cavó un tajo abierto y utilizó cianuro. Cinco años después comenzaron a sonar con fuerza las denuncias de contaminación de las aguas. Debería ser un tema trillado, pero no lo es. Ideele ha estado en la zona varias veces y la situación es prácticamente la misma, las denuncias son similares, las dudas y las preocupaciones se mantienen. El agravante es que se ha abierto un nuevo foco de resistencia en la provincia de Celendín donde se ubica el proyecto Conga.
Llegar a la antes apacible capital del departamento supone encontrarse con varios tipos de contaminación, siendo las más estruendosas la sonora y la visual. Las pintas “agua sí oro no” están escritas con letra corrida, y empapelan el centro de la ciudad. Para los limeños puede ser un simple estribillo, pero que para un importante sector de cajachos es la síntesis de su malestar.
La violencia policial desproporcionada, los crímenes cometidos por policías que detienen arbitrariamente, golpean, torturan, hieren y hasta matan en Cajamarca no es un hecho aislado. El reciente asesinato de Ivan Flores por resistirse a un desalojo que contaba con orden judicial sólo es la muestra de una política y leyes que permiten que los policías que cometen actos criminales queden en la impunidad.
Estamos ante una situación en la que el estado de derecho se identifica peligrosamente con la comisión de violaciones de derechos humanos y abusos que ahora pueden cometerse «legalmente». Si la sociedad no se moviliza para defender un estado de derecho que garantice la seguridad de todos y no sólo de los más poderosos, que sancione con justicia para que no haya impunidad de cualquiera que cometa abusos puede ser que permitamos «legalmente» que impere no la justicia y el derecho sino el abuso y la barbarie. Frente a esa situación las organizaciones de derechos humanos, los ciudadanos que queremos vivir en paz, con justicia y seguridad decimos: ¡NO! ¡Podemos cambiar, estamos aún a tiempo!
Los empresarios mineros saben que para ganar plata hay que controlar a los cholos. Toda su política de responsabilidad social se trabaja en la perspectiva de cooptar al dirigente, para ello los ofrecimientos de dinero, de trabajo para él y sus familiares y convertirse en empresario que ofrece servicios a la mina constituye parte de sus políticas. Con el tiempo notaron que estas herramientas son insuficientes, para completar esta responsabilidad social basada en corromper, transitaron a manejar servicios de inteligencia que les proporcione información sobre la organización social y la acumulación de descontento, esto les permitía adelantarse con políticas clientelares, de represión con la siempre útil acusación de subversivo. El peso represivo los llevo a instalar comisarias al interior del campamento minero, de firmar acuerdos con la policía a cambio se suculentos beneficios pecuniarios y carta blanca para las empresas de seguridad. Sin embargo tener policías a disposición no infundía miedo ni atenuaba las protestas, para ello se requiere una propuesta más sofisticada. Que responsa a la organización social con organización social minera, que los discursos de reclamo sean enfrentados por “el dialogo” y la alternativa social con la “única” alternativa: la minería.