25/11/2024
Audiencia evalúa la constitucionalidad y legalidad de los informes técnicos sustentatorios (ITS)

Quedó al voto la decisión final en el proceso de acción popular contra la “aprobación exprés” de los cambios en los proyectos mineros mediante los conocidos infomes técnicos sustentatorios (ITS). El día 19 de noviembre de 2024, CooperAcción, a través de su abogada Ana Leyva, formuló alegato oral en el proceso contra la Resolución Ministerial N°120-2014-MEM/DM que establece criterios para la modificación, ampliación o mejoras tecnológicas de componentes de proyectos de inversión minera mediante ITS. El caso es visto por la Primera Sala Contencioso Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Lima.

El petitorio fue que se declare nula, ilegal e inconstitucional la mencionada Resolución. La abogada señaló que los ITS fueron creados el 2013, mediante Decreto Supremo 054-2013-PCM, para facilitar y reducir a 15 días hábiles la aprobación de modificaciones, ampliaciones y mejoras tecnológicas en proyectos de inversión cuyo impacto ambiental fuera “no significativo”. Sin embargo, la mencionada normativa sectorial en minería ha distorsionado esa finalidad.

Señaló que la referida resolución ministerial no define lo que significa el término “impacto no significativo”, y establece criterios que confunden lo significativo con lo que no lo es. El criterio principal que utiliza es la dimensión o tamaño del cambio o ampliación que se pretende realizar en el componente minero, ya sea principal, auxiliar o complementario, estableciendo porcentajes de lo que puede ser modificable por ITS:

”Así por ejemplo, el tajo puede ser ampliado hasta en un 20% de su extensión o profundidad; el depósito de relaves hasta en un 10% de la altura del dique, extensión o capacidad; los depósitos de desmonte hasta un 20% de su altura y/o extensión; el pad de lixiviación hasta 20% de su altura y/o extensión”

Señaló que estos porcentajes son altos y ello genera preocupación porque son cambios que serán evaluados con menos rigor. También destacó que la norma permite que dichos porcentajes pueden ser excedidos, siempre que haya una justificación para ello. Asimismo, permite la ampliación o modificación sucesiva de un componente (tajos, relaves, depósitos, etc.) por ITS, siempre y cuando, en conjunto, no conlleve impactos moderados o significativos.

Anteriormente a la existencia de los ITS en minería, las modificaciones o ampliaciones de los componentes mencionados se evaluaban como una modificación de estudio de impacto ambiental, un procedimiento que tiene plazos más extensos, exige opiniones técnicas y mecanismos de participación ciudadana.

Finalmente, sostuvo que la Resolución Ministerial 120-2014-EM va contra la protección del derecho al medio ambiente equilibrado y adecuado a la vida y el uso sostenible de los recursos naturales establecidos en la Constitución, así como contra los principios de prevención, participación ciudadana y gobernanza ambiental establecidos en la Ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, su reglamento y la Ley General del Ambiente.

¿En qué tipo de cambios se está usando este mecanismo “exprés”?

Por ejemplo, en el caso de Las Bambas se utilizó esta vía exprés para aumentar la producción de concentrados de las plantas de molibdeno y filtro de 2717 a 2995 toneladas por día (TM/d), teniendo un incremento en conjunto de 278 TM/d. Eso equivale a 278 mil kilos diarios de concentrados, lo que carga 8 camiones de carga pesada y 77 camiones de carga ligera. Con otro ITS, esta empresa amplió el almacén de concentrados de 20 mil a 47 mil toneladas, más del 100%.

En el proyecto Antapaccay – Ampliación Coroccohuayco, por ITS se reactivó la planta concentradora de Tintaya (componente minero que estaba obsoleto y que no tenía certificación) y pasó de una producción de 19 mil a 25 mil TM/d. Es decir, por ITS aumentó su capacidad en más de un 30%.

Actualmente, en el proyecto minero Ariana, ubicado en el sistema natural e hidráulico que abastece de agua a Lima y Callao y que administra Sedapal y la empresa eléctrica Pluz Perú, con un ITS se ha movido el depósito de relaves (desechos tóxicos) a otro lugar de esta zona sensible, ello sin mecanismos de participación ciudadana que faciliten la participación de las mencionadas empresas y de la ciudadanía de Lima.

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22/11/2024
El Consejo de ministros aprobó el proyecto de ley para la formalización de la minería artesanal y pequeña minería, conocida como Ley MAPE y lo ha presentado al Congreso de la Republica para su discusión y eventual aprobación.

Según el gobierno, el proyecto de ley apunta a brindar a los mineros la oportunidad de ser parte de un proceso de formalización, y descartó que su objetivo sea convertir en ilegales a todos los mineros inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), a partir del 2025.

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, señaló que esta iniciativa legislativa, aprobada por el Ejecutivo y recibida por el Congreso, demuestra la voluntad del Gobierno nacional por formalizar la actividad minera, proteger el medioambiente y a las comunidades originarias, y hacer frente a la violencia en torno a la minería ilegal.

Por su parte el titular del ministerio de Energía y minas, Rómulo Mucho, comentó que desde que está a cargo a mediados de febrero de este 2024, se asumió la responsabilidad de elaborar esta propuesta legal.

“Formamos un equipo de profesionales, contratamos especialistas y a mediados de julio pusimos a disposición de la sociedad para que sea socializado, analizado, evaluado y también se reciban los aportes correspondientes”, dijo Mucho.

Asimismo, comentó que “se recurrió a 60 organizaciones, regionales, académicos y también cinco federaciones de pequeños mineros, con este proyecto de ley se evidencia que el Estado tiene interés en ordenar esta actividad”.

El proyecto de ley

El proyecto de ley tiene por objeto regular las actividades de la pequeña minería y de la minería artesanal en el país. El proyecto plantea que el Estado debe “fomentar la promoción y el desarrollo de la pequeña minería y la minería artesanal de manera social, económica y ambientalmente sostenible, brindando soporte técnico y asistencia.”

Para el desarrollo de esta minería, el proyecto propone la creación de zonas especiales de libre disponibilidad donde las concesiones dadas al pequeño productor minero y al productor minero artesanal serán intransferibles.

También se establecerán áreas especiales para la minería artesanal, las cuales serán determinadas por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) por un plazo máximo de tres años. Las autorizaciones de explotación serán emitidas por el gobierno regional correspondiente. Dichas zonas también son intransferibles.

La norma permite la celebración de contratos de explotación entre el titular de un derecho minero y una persona natural o jurídica que desarrolla actividades de pequeña minería o minería artesanal.

Los contratos no podrán realizarse en caso de invasión a derechos mineros de terceros, con denuncias pendientes de resolver en sede judicial, etc. Además, el incumplimiento de la norma ambiental será causa de resolución del acuerdo dando la responsabilidad a los productores mineros y también al titular del derecho minero en la remediación del daño ambiental.

Asimismo, se plantea la creación del Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (SIPMA), una plataforma informática que integra la información relacionada con pequeña minería y artesanal, y de acceso público.

A través del proyecto de ley, el gobierno brinda la tarea de fiscalización a los gobiernos regionales. Ellos tendrán que autorizar, supervisar y fiscalizar las actividades; además, de formalizar, y renovar los contratos.

Para esta tarea, los gobiernos regionales podrán tercerizar a empresas las actividades de supervisión y fiscalización en materia de seguridad y salud ocupacional en las actividades. Esto despierta algunas dudas, pues se cuestiona que los gobiernos regionales tengan la capacidad técnica para asumir esta función.

El destino del Reinfo

Con la propuesta de ley del gobierno, el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que tenía validez hacia el 31 de diciembre de este año, estará vigente por seis meses más. Pero culminado el plazo, el encargado del proceso de formalización será el ministerio de Energía y minas y ya no las direcciones regionales.

Se estima que actualmente hay 84.450 inscritos en el Reinfo, de los cuales estarían cumpliendo los requisitos son 19.613 y están suspendidos 64.837.

La propuesta ha sido presentada con carácter de “muy urgente” y debe ser debatida primero en las comisiones congresales y luego pasar al Pleno para su aprobación.

Para José De Echave, economista e investigador de CooperAcción, esta demora en presentar el proyecto de ley se debe a que en realidad nadie quiere meter la mano.

“El Ejecutivo se ha demorado a propósito para que ya no quede tiempo, pues recordó que debió entregar el proyecto de ley el 7 de noviembre. Todo indica que ni el Ejecutivo ni el Congreso quieren agarrar esa papa caliente. El proyecto de ley es muy general y plantea varias dudas y pospone varias definiciones para un posible reglamento” acotó De Echave.

De Echave presume que el Congreso podría no aprobar la propuesta para justificar una nueva ampliación del Reinfo, echándole la culpa al Ejecutivo.

Cabe recordar que entre el 18 y 19 de noviembre se dieron diversas movilizaciones de los gremios de mineros artesanales, que movilizaron a miles de sus agremiados tanto en Lima como en ciudades como Arequipa e Ica, exigiendo que se debata y apruebe la Ley MAPE.

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18/11/2024
El pasado 7 de noviembre fue prorrogado nuevamente el estado de emergencia en la provincia de Pataz por 30 días calendario (a partir del 10 de noviembre de 2024). Como se sabe, esta zona del país se encuentra en estado de emergencia desde el 12 de febrero de este año, lo que significa que las Fuerzas Armadas, en coordinación con la Policía Nacional, han asumido el control interno.

Sin embargo, luego de varios meses, queda claro que esta medida no está funcionando y que los enfrentamientos armados, atentados y asesinatos han continuado. El alcalde de Pataz, Carlos Mariño, en una entrevista en un medio radial, señaló lo siguiente:

“Ya vamos a cumplir un año que está la provincia de Pataz en estado de emergencia, y mientras no vaya acompañado de un recurso logístico, los estados de emergencia no van a funcionar. La Dinoes (Dirección Nacional de Operaciones Especiales) está en Parcoy, está en el distrito de Pataz, pero no están protegiendo al pueblo. Hay que ser exactos y expresarlo como tal: están protegiendo a la minera Poderosa, a la empresa privada, mas no a la población. También hay que proteger al pueblo, hay que proteger a todos. Entonces, tenemos comisarías que no están bien implementadas”.

Los hechos de estos últimos meses le dan la razón al alcalde: en octubre se supo que, en la zona de La Tolvas, parte de la concesión de la empresa Poderosa en Pataz, se había encontrado una suerte de fosa común con aproximadamente 12 cuerpos en descomposición. Cabe señalar que esta zona había sido tomada, desde hace algún tiempo, por un grupo de mineros ilegales controlado por el rankeado delincuente Gregorio Palermo Segura. Como se sabe, en la zona hay enfrentamientos abiertos entre diferentes grupos de mineros que buscan controlar las zonas de explotación.

Los enfrentamientos se dan, sobre todo, bajo tierra en los socavones. Según diferentes reportes, la seguridad de la minera Poderosa libra enfrentamientos bajo tierra con grupos de mineros ilegales respaldados por gente fuertemente armada. Esta empresa ha informado que alrededor de 30 sectores de la unidad de Santa María, una de las zonas de mayor producción, habían sido capturados por mineros invasores respaldados por bandas delictivas.

Por otro lado, se calcula que en esta provincia hay 52 plantas que operan el mineral extraído, el cual luego es transportado sin ningún tipo de control o fiscalización por parte de las autoridades.

La empresa Poderosa calcula que, en los últimos cuatro años, habrían salido unos 33,708 volquetes cargados con 674,160 toneladas de oro, por un valor de US$3,553 millones (El Comercio, 6 de octubre de 2024).

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DEFENSORES Y DEFENSORAS SE REÚNEN EN NUEVO ENCUENTRO INDÍGENA AMAZÓNICO
16/10/2024
“Hay muchas amenazas de muerte para los defensores. Están deforestando zonas que no deberían deforestar, y están matando personas. Todo eso queda en amenazas sobre los que protegemos esta zona. El Estado no llega, y no le da la importancia que debe. Para nosotros, los defensores es preocupante esta situación”, señaló uno de los líderes indígenas durante el II Encuentro Virtual de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Ambientales (DDHA) de la Amazonía.

El pasado 11 de octubre se realizó el II Encuentro Virtual de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Ambientales (DDHA) de la Amazonía. Un espacio de diálogo entre líderes y lideresas indígenas amazónicos sobre la situación que enfrentan sus territorios ante diversas amenazas, como el avance de economías ilegales y normativas que vulneran sus derechos colectivos e individuales.

Durante el evento se compartieron testimonios, se establecieron demandas y se articuló la agenda amazónica indígena para la Campaña de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos.

Los participantes de organizaciones territoriales de las regiones de Amazonas, Loreto, San Martín, Madre de Dios, Ucayali, Junín y Cajamarca, presentaron sus diagnósticos sobre las problemáticas y demandas que enfrentan sus comunidades.

Con esta información se elaboró una ficha de recolección que permitió profundizar en los detalles. Se identificaron puntos prioritarios los cuales se recogieron en una matriz, que servirá como insumo para la construcción de la agenda común que guiará las acciones en los próximos meses de la campaña.

La matriz se compuso por cinco ejes: El mecanismo multisectorial, las demandas al Estado, las economías ilegales, la criminalidad y la organización comunitaria.

Además, se presentaron los lineamientos para la representación de los defensores y defensoras definiendo una propuesta de estructura legítima y legal, así como la discusión de criterios para la elección de voceros.

Finalmente se acordaron acciones a corto plazo que incluyen reuniones con los voceros elegidos y la planificación de futuras tareas con miras al Encuentro Nacional de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Ambiente que se realizará en noviembre.

La Campaña Nacional está acompañada por el Grupo impulsor que está integrado por 23 instituciones: CooperAcción, Red Muqui, Derechos Humanos y Medio Ambiente, Aprodeh. Huñuq Mayu, Mocicc, Grufides, Paz y esperanza, Derechos Humanos Sin fronteras, Fedepaz, Muqui Sur, IDL, Cedap, Instituto Natura, Centro Bartolomé de las Casas, Oxfam, Caaap, Entre Pueblos, 11.11.11, We World, Ruway, Proyecto Amigo y Diakonía.

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17/10/2024
El Juzgado de Tambobamba ha admitido el recurso de apelación presentado por la defensa legal de un grupo de defensores y defensoras ambientales procesados por participar en protestas contra el proyecto minero Las Bambas en las provincias de Cotabambas y Grau, en la región Apurímac.

Entre los imputados están Virginia Pinares Ochoa, Rodolfo Abarca Quispe, Ronald Andrés Bello Abarca, Juan Pablo Cconislla Gallegos y otros, quienes enfrentan cargos por disturbios y daños agravados.

Estos dirigentes han sido investigados desde el año 2015 por su rol en las protestas contra la modificación inconsulta del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero Las Bambas, que derivó en un paro indefinido y la posterior represión policial violenta que dejó tres fallecidos. La defensa insiste en que los derechos fundamentales de los acusados han sido vulnerados.

Por su parte Esteban Macce, abogado defensor de los dirigentes e integrante del programa andino de CooperAcción, explicó que el juzgado de Abancay ha ordenado remitir todo el cuaderno del proceso para ser revisado por la Sala de Apelaciones.

“Esto implica que el caso será evaluado por jueces de segunda instancia, quienes podrían reconsiderar las decisiones previas,” comentó Macce.

Adicionalmente, Macce destacó que junto con el abogado David Velazco de la organización Fedepaz, presentaron un recurso para el cierre del juicio, argumentando que el proceso ha excedido los plazos legales, superando los 60 días sin sentencia. Aunque este recurso fue declarado improcedente, ambos han apelado con la esperanza de que se reconsidere dicha decisión en instancias superiores.

La defensa también ha subrayado que estas acciones son fundamentales para garantizar que se respeten los derechos de los imputados y que el proceso judicial se ajuste a los principios de justicia y debido proceso.

Este caso resulta emblemático por los años que está tomando, y muestra cómo desde el Estado y las empresas mineras se busca la persecución y criminalización de los defensores del ambiente por reclamar por sus derechos ante las industrias extractivas.

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03/10/2024
El proyecto El Algarrobo, ubicado en la localidad de Tambogrande, en Piura, nuevamente ha sido declarado de interés por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada -PROINVERSIÓN- y el Ministerio de Energía y Minas. Se anuncia que el proyecto que está siendo promocionado contemplaría una inversión total de US$ 2,753 millones.

Cabe precisar que El Algarrobo es parte de lo que fue el controvertido proyecto minero de Tambogrande, que en su momento fue impulsado por la empresa canadiense Manhattan Minerals en los primeros años del siglo XXI. Como se sabe, el año 2002, en la localidad de Tambogrande, se organizó la primera consulta ciudadana en América Latina sobre un proyecto minero y luego del rechazo mayoritario de la población, fue paralizado el año 2003.

¿Qué dice ahora PROINVERSIÓN sobre el proyecto? Que las concesiones mineras Tambo Grande N. 4, Tambo Grande N. 5, Tambo Grande N. 9 y Tambo Grande N. 10, conforman el “Proyecto El Algarrobo” (ver mapa). También anuncia la estrategia que consiste, en primer lugar, “en el diseño y ejecución de proyectos de infraestructura hidráulica que contribuyan al abastecimiento de agua, aplicando un modelo de gestión enfocado al desarrollo integral y sostenible de la población de la Comunidad Campesina Apóstol Juan Bautista de Locuto, comprendida en una primera fase de gestión social que a la vez concluye con un Acuerdo Social para el desarrollo de la operación minera”.

Como se puede apreciar, la estrategia en primer lugar apunta a lograr un acuerdo con la población a través de proyectos de abastecimiento de agua, para luego desarrollar los estudios, la exploración y el desarrollo de la mina que se anuncia será subterránea: “Obtenido el Acuerdo Social, recién se iniciará la fase de estudios y trabajos de exploración”.

La nota publicada señala que la iniciativa privada denominada “Gestión Social, Diseño y Ejecución de Proyectos de Infraestructura Hidráulica, Construcción, Implementación y Explotación de las Concesiones Mineras integrantes del Yacimiento TG-3 El Algarrobo», ha sido propuesta por la Compañía de Minas Buenaventura, que como se puede apreciar en el mapa es una de las empresas que tiene el mayor número de concesiones en el distrito.

Dando a entender que se tiene presente lo que ocurrió a inicios del siglo XXI, PROINVERSIÓN señala que El Algarrobo propone: un desarrollo sostenible donde coexista la minería con la agricultura; una asignación de recursos para mejorar la disponibilidad de recursos hídricos; altos estándares de seguridad en la extracción minera; capacitación técnica para los agricultores en producción y comercialización.

Cabe recordar que la empresa canadiense Manhattan Minerals pretendió explotar Tambogrande en los primeros años del siglo XXI, empezando por la zona de oro localizada debajo del poblado del mismo nombre, conocida como TG-1. En esta oportunidad, El Algarrobo excluiría el TG-1 y se focalizaría en los yacimientos localizados al sur, en una zona supuestamente menos sensible.

Habrá que ver la reacción del pueblo de Tambogrande y de todo el Valle de San Lorenzo, frente a este nuevo intento de desarrollar minería en este distrito de Piura. Como se sabe, el Valle de San Lorenzo es una de las zonas agrícolas más importantes de la costa norte del país.

Actualmente, como se aprecia en el mapa, las concesiones mineras tituladas y en trámite en Tambogrande (según INGEMMET), ocupan el 42.5% de todo el territorio del distrito. Además de las concesiones que promociona PROINVERSIÓN, empresas como Buenaventura, Nexa Resources, Minera Miski, entre varias otras, tienen concesiones tituladas en el distrito.

Al parecer, las presiones de la minería en Tambogrande retornan a un territorio que ha sido todo este tiempo un símbolo de rechazo a esta actividad y de afirmación de un modelo productivo basado en la agricultura.

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15/10/2024
Marcona es una ciudad conocida por una larga trayectoria como zona de explotación minera y la actividad pesquera. Está situada a unos 530 kilómetros al sur de Lima, al sur de la región de Ica.

Además de sus reservas de mineral de hierro y cobre, entre otros minerales, cuenta con dos áreas marino protegidas o AMP: La Reserva Nacional San Fernando (RNSF) y Punta San Juan, en la zona marino costera y un AMP, netamente marina-oceánica. Estas áreas ofrecen refugio a especies como los pingüinos de Humboldt, lobos marinos, tortugas marinas, ballenas, y algunas de estas especies se encuentran en estado de amenaza.

Actualmente el 72% del territorio de Marcona está ocupado por concesiones mineras, la mayor parte de la empresa peruana Marcobre y Shougang Hierro Perú.

CooperAcción realizó una visita hace unos días a la ciudad iqueña, para escuchar y ver de cerca las denuncias de los pescadores respecto a lo que serían algunos de los impactos negativos de la actividad minera con respecto a los ecosistemas marino costeros.

Con motivo de haberse coordinado con el presidente de la Comunidad Pesquera de Marcona – COPMAR, Washington Espinoza, fuimos 2 representantes de CooperAcción a esta ciudad el día 4 de octubre.

Reserva de San Fernando en Nazca. Imagen: CooperAcción

La actividad minera

Cabe recordar que en Marcona operan varias empresas mineras dedicadas sobre todo a la explotación del hierro.

Shougang Hierro Perú S.A.A. es una empresa minera que explota, procesa y comercializa el mineral del hierro. Con aproximadamente 150 km2 de extensión, es el lugar donde se realizan permanentemente trabajos de exploración y de explotación de minerales bajo el sistema de tajo abierto.

Por otro lado, Marcobre es la empresa titular de la operación minera Mina Justa, ubicado en el distrito de San Juan de Marcona, en la Región Ica. Cuenta con el respaldo de Minsur S.A. con el 60% del accionariado representando al Grupo Breca y de Alxar Internacional SpA con el 40% restante, representando a Empresas Copec.

Asimismo, la empresa Minera Shouxin Perú S.A, se dedica a la explotación y producción de cobre, zinc y hierro. Es una empresa conjunta, conformada por la china Baiyin Nonferrous Group Co. Ltd (51%) y la peruana Shougang Hierro Perú S.A.A. (49%) para la explotación de yacimientos en Perú. Posee el proyecto de recuperación de relaves de cobre, zinc y hierro Mina Marcona, en la región Ica. La compañía fue fundada en 2011 y tiene su sede en Lima.

Cabe mencionar también a la empresa Jinzhao Mining Perú S.A. que es una empresa minera y de exploración establecida el 2009. Es filial del grupo chino Zibohongda, es reconocido por su experiencia en la producción de mineral de hierro. Jinzhao Mining Perú S.A. se viene enfocando en proyectos tanto en el Perú como en Sudamérica y el interés de la compañía se centra en proyectos de mineral de hierro para su exportación al mercado mundial.

Puertos impulsados por las mineras

La minera Shougang lleva a cabo el Proyecto de Construcción de un Nuevo Muelle en la bahía de San Nicolás, con un monto de inversión previsto es de US$ 247.4.

La Autoridad Portuaria Nacional (APN) le otorgó a la empresa Shougang Hierro Perú S.A.A. en enero de 2023 la habilitación portuaria del proyecto “Terminal Portuario de San Nicolás de Shougang Hierro Perú – Nuevo Muelle de San Nicolás”, ubicado en el distrito de San Nicolás, provincia de Nazca, región Ica.

Este proyecto portuario, que será de titularidad y uso privado, comprende la construcción de un nuevo muelle especializado en graneles sólidos y líquidos (minero-industrial), de 438 metros de largo aproximadamente, el cual estará ubicado en un área marítima al oeste del rompeolas existente, permitiéndole al muelle atender el atraque de naves en ambos lados, con una capacidad de 300,000 y 200,000 toneladas, respectivamente.

Por otro lado, está el Terminal Portuario de San Juan de Marcona, que está cargo de una subsidiaria de la empresa china Jinzhao Mining.

En marzo de 2024, Jinzhao ganó la licitación para el diseño, financiación, construcción, explotación y mantenimiento del puerto durante 30 años. El Estado peruano a través de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) adjudicó a la empresa Terminal Portuario Jinzhao Perú S.A. el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento del Nuevo Terminal Portuario de San Juan de Marcona, un megapuerto que requerirá US$ 405 millones.

El Nuevo Terminal Portuario será una infraestructura pública que contará con dos muelles y tres amarraderos, así como el equipamiento necesario para la atención de carga multipropósito en atención de graneles, contenedores, carga general y líquida de cualquier sector económico que lo requiera.

La nueva infraestructura se convertirá en el tercer puerto más grande del país luego de Chancay y El Callao (Muelle Norte y Muelle Sur), respectivamente, y según dicen sus constructores, será un gran dinamizador del crecimiento económico y desarrollo de Marcona y el sur del país.

Los impactos

Los pescadores señalan que antes el relacionamiento con las mineras, como Shougang, era mejor. Sin embargo, en los últimos años se ha ido deteriorando las relaciones debido a la expansión de las zonas de explotación, así como por los proyectos portuarios de las minas.

Entre las principales preocupaciones de los pescadores, denuncian las actitudes prepotentes de la empresa minera Shougang, que habría cerrado una vía pública que era acceso para los pescadores para sus actividades de pesca y recolección de algas. Esto ha generado grandes perjuicios para los pescadores y la zona de reserva.

El tiempo empleado en el transporte del alga recolectada, ha incremente hasta el doble del que antes se requería.
Incrementando costos, esfuerzo y horas de trabajo.
Exposición a peligro por rutas de transporte inadecuada; vía que presentan varios desniveles y distintos tipos de suelos.
Incremento de transporte en partes de la Reserva Nacional San Fernando, cuando se podrían transportar por parte de zonas de amortiguamiento.

Asimismo, denuncian que existiría una posible contaminación que debe ser investigada a profundidad, por efecto de la explotación de hierro, que se estaría y afectando a las reservas naturales como San Fernando y los pobladores de la caleta pesquera San Nicolás. Es importante mencionar la presencia de material particulado (PM) de un color oscuro que recubre toda la zona.

Las denuncias de los pescadores de Marcona no solo se limitan a la interferencia en sus rutas de acceso, sino también a la posible contaminación ambiental generada por las operaciones mineras. Estudios del Centro para la Sostenibilidad Ambiental (CSA) de la Universidad Peruana Cayetano Heredia han identificado que las actividades mineras en la zona, especialmente aquellas de extracción de hierro, cobre y zinc, generan vertidos de desechos mineros en los ecosistemas marinos. Estos desechos contienen metales pesados, como hierro y cobre, que impactan negativamente en la fauna marina, especialmente en especies vulnerables como la anchoveta y el pingüino de Humboldt.[1]

Además, según el “Reporte Nacional de Calidad del Aire” del Ministerio del Ambiente (MINAM)[2], la operación de minas como Shougang Hierro Perú ha sido identificada como una de las principales fuentes de emisión de partículas contaminantes (PM10 y PM2.5) en la región. Estas emisiones no solo afectan a los ecosistemas, sino también a la salud de las comunidades locales, que han reportado un aumento en enfermedades respiratorias en los últimos años.

Finalmente, organizaciones como la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA)[3] y Wildlife Conservation Society (WCS) han advertido sobre el peligro que representan las concesiones mineras para las reservas naturales cercanas, como la Reserva Nacional San Fernando. La expansión de las áreas de explotación y los puertos mineros amenazan la biodiversidad de estas zonas protegidas, poniendo en riesgo a especies y ecosistemas marinos.

Finalmente, los mismos pescadores muestran su malestar por la continua ocupación de sus zonas pesca por parte de embarcaciones de las empresas mineras, que sacan constantemente materiales para exportarlos. Esto dificulta, el adecuado desarrollo de su actividad.

[1] 1. Centro para la Sostenibilidad Ambiental de la Universidad Peruana Cayetano Heredia: https://www.cayetano.edu.pe/cayetano/investigacion-y-desarrollo/centros/centro-de-sostenibilidad-ambiental

[2] Reporte Nacional de Calidad del Aire del Ministerio del Ambiente (MINAM): https://www.gob.pe/institucion/minsa/informes-publicaciones/320919-analisis-de-situacion-de-salud-del-pueblo-nanti-del-alto-camisea-reserva-territorial-kugapakori-nahua-nanti-camisea-cusco

[3] Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA): https://spda.org.pe/

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Voces 30/09/2024
En un claro acto de resistencia, Juan Cortegana Rodríguez, presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Tabalosos, lideró una masiva marcha en oposición a la actividad minera-extractiva en este distrito.

Según Juan Cortegana, cientos de pobladores del distrito y sus anexos se congregaron desde las 6 de la tarde del pasado sábado 28 de septiembre 2024, bloqueando momentáneamente la carretera FBT-Norte, principal vía de acceso a Tabalosos, en una acción simbólica para demostrar su rechazo a la intervención minera.

Este bloqueo, que duró alrededor de 20 minutos, afectó el tránsito entre Tarapoto y Moyobamba, pero, según el dirigente, los conductores y pasajeros comprendieron la situación y mostraron su apoyo a la causa. «Muchos entendieron que esta lucha es por los intereses del distrito. La mayoría está en contra de la minería en Tabalosos», expresó Cortegana. Esta acción deja en claro que, de continuar las intenciones de la empresa Hannan Metals Perú SAC de realizar actividades extractivas en la zona, las protestas podrían intensificarse.

La manifestación, organizada con el respaldo de autoridades locales, partió desde el acceso principal hacia la Plaza de Armas de Tabalosos. En este punto, el alcalde y los miembros del concejo edil se unieron a la protesta, alzando pancartas y gritando consignas en contra de la minería y las políticas del gobierno central. Los manifestantes critican que, sin un conocimiento profundo de la realidad local, el gobierno autorizó estudios preliminares para que Hannan Metals realice «cateo» y otros estudios en los caseríos de Pucayoc y Cinchiyacu.

Entre los participantes destacados estuvo Elidelgio Mori Trigoso, Procurador Público Regional de San Martín, quien, según Cortegana, se mostró sorprendido por la magnitud de la respuesta popular. También se sumaron a la marcha Óscar Nuñes Cobeñas, vicepresidente de las Rondas Campesinas de San Martín, junto a delegaciones de la comunidad nativa de Panjui y los caseríos de Machingao y Chunchiyacu, reafirmando un rechazo total a la presencia de la empresa minera.

En la reunión que siguió a la marcha, se acordaron varias acciones a futuro. Entre ellas, la organización de una nueva movilización por parte del Frente de Defensa de Tabalosos y el compromiso del Procurador Público Regional de presentar una acción de amparo para anular la aprobación del estudio de impacto ambiental de Hannan Metals Perú SAC. Además, se buscará prohibir cualquier futura autorización de exploración o explotación minera en la región.

Uno de los acuerdos más importantes fue la instalación de una garita de control en el Barrio El Calvario, con el objetivo de impedir el ingreso de trabajadores o personal de la empresa minera hacia los caseríos de Pucayoc y Cinchiyacu. Este control, según los organizadores, es crucial para proteger el territorio de cualquier intervención.

La movilización fue contundente: en una sola voz, la población de Tabalosos reiteró su rechazo a la minería y a las pretensiones de la empresa Hanna Metals. Sin embargo, las autoridades y los pobladores saben que esta lucha apenas comienza, y que será necesario mantenerse vigilantes ante cualquier nueva medida que amenace sus territorios. (César Gonzaga)

Protestas en Tabalosos: La población se moviliza contra la minería extractiva

26/09/2024
El pasado viernes 30 de agosto se desarrolló el Primer Encuentro de Comunidades Campesinas por la Amnistía Política contra la Criminalización de la Protesta en la comunidad de Pumamarca, distrito de Tambobamba, provincia de Cotabambas, en la región Apurímac.

El encuentro contó con la participación de representantes de diversas comunidades adyacentes a la minera Las Bambas, incluyendo comuneros que enfrentan denuncias y procesos judiciales. Además, asistieron familiares de los cuatro jóvenes de la comunidad de Cuyo Grande del distrito de Pisaq, departamento de Cusco, recientemente sentenciados por la Primera Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Cusco en segunda instancia, por los delitos de disturbios y entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos. También estuvieron presentes en el encuentro Guillermo Bermejo, congresista de la República por Lima, e Isabel Taipe, congresista por Apurímac.

El objetivo principal del encuentro fue solicitar a los congresistas la presentación de un proyecto de ley que otorgue amnistía política a los comuneros que, al ejercer su derecho a la protesta, fueron identificados, denunciados y procesados por disturbios, entorpecimiento de servicios públicos, entre otros cargos.

Rubén Huamaní, presidente de la comunidad de Pumamarca, declaró: “La comunidad de Pumamarca está al lado del tajo de Charcas, el tajo de Fuerabamba, y colindamos con la empresa Las Bambas. Cuando nosotros reclamamos, la empresa nos denuncia”.

En la reunión, que contó con la presencia de congresistas, Guillermo Bermejo expresó su compromiso de presentar un proyecto de ley de amnistía política para comuneros y comuneras que son procesados judicialmente por protestar contra la contaminación de la minera Las Bambas. “Yo los entiendo porque también he sido perseguido. Voy a presentar un proyecto de ley para apoyarles legalmente”, afirmó.

“Compañeros, están escuchando lo que pasa en la provincia de Cotabambas. Estamos presentando nuestra propuesta de ley de amnistía política. La empresa Las Bambas informa al Estado que están trabajando, pero no es así. Ustedes ven que aquí no hay apoyo ni de la empresa ni del Estado. Ni en agricultura, ni en salud, ni en educación. No tenemos locales, infraestructura, ni posta de salud. Nuestra agricultura no ha mejorado nada”, añadió Rubén Huamaní.

Así mismo, Julián Castro, comunero denunciado de la comunidad de Huancuire, provincia de Cotabambas dijo: “Cuando reclamamos, nos denuncian. Hay contaminación en nuestros ríos, el agua parece gelatina. Por eso protestamos y ahora nos encontramos denunciados. ¿Ya no podemos hablar? ¿Ya no tenemos derechos? Estamos denunciados injustamente. Nos sentimos abandonados por el Estado. Antes comíamos bien nuestro queso y papa, ¿dónde está el desarrollo que nos prometieron? Solo hay contaminación”.

Por otro lado, los familiares de Richars Camala, Ferdinan Huaccanqui, Redy Huamán y Joel David Hivallanca asistieron al encuentro para unir esfuerzos en la solicitud de amnistía política para estos jóvenes, quienes enfrentan sentencias ratificadas de entre 6 y 7 años de prisión efectiva. Los hechos ocurrieron en enero de 2023, cuando los jóvenes participaron en las marchas convocadas contra el gobierno de Dina Boluarte. Desde entonces, están detenidos en el penal de Quenqoro, en Cusco.

Finalmente, la congresista Isabel Taipe presentó el proyecto de ley N° 8742/2024-CR, que busca conceder amnistía general a los miembros de las comunidades campesinas y organizaciones sociales que participaron en las protestas en el ámbito del proyecto minero Las Bambas entre 2011 y 2019. Este proyecto, presentado al Congreso de la República el 29 de agosto, “busca restablecer la paz social y evitar la criminalización de la protesta, beneficiando a quienes fueron denunciados, procesados o sentenciados por delitos como coacción, extorsión y entorpecimiento de servicios públicos durante las manifestaciones en la zona”, según el texto del proyecto presentado. (Con información del OCM)
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