Compartimos la carta abierta difundida recientemente por Máxima Acuña y su esposo Jaime Chaupe, dirigida al CEO y director de la empresa minera Newmont, Gary J. Goldberg, a la que pertenece Yanacocha. El contenido hace referencia a un informe realizado por encargo de la empresa respecto al conflicto con la familia Chaupe Acuña a raíz del proyecto minero Conga.
Aquí la carta abierta:
La propuesta del Plan de Desarrollo Integral para la provincia de Cotabambas y el distrito Progreso, según anunció hoy el Vicepresidente Martín Vizcarra, contaría con una inversión de S/. 2,055 millones en proyectos de infraestructura, actividades productivas, educación, salud y programas sociales.
Dicho fondo sería asumido por el Estado y la empresa minera según el detalle: 865 millones desde el gobierno nacional, 560 millones a través del Gobierno Regional de Apurímac, 30 millones desde la Municipalidad Provincial de Cotabambas y 600 millones serán los asumidos por la empresa minera MMG Las Bambas.
Esta semana se vence el plazo de 45 días acordado entre el gobierno, las organizaciones sociales y autoridades de la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas. Si bien el gobierno deberá llevar una propuesta de plan de desarrollo para la zona, la tarea es bastante más compleja: de lo que se trata es de comenzar a construir confianza en una zona del país donde precisamente el Estado ha estado permanentemente ausente y que para algunos hoy en día aparece en el mapa por el mega proyecto Las Bambas.
¿Qué está en juego en Las Bambas? A parte de responder a la emergencia y a lo que la Defensoría del Pueblo categoriza como un conflicto latente -casi a punto de estallar-, en este caso hay mucho en juego. Por ejemplo, Apurímac tiene muchas similitudes con la Cajamarca de inicios de la década del 90, cuando con la entrada en producción de la mina Yanacocha, esa región comenzaba a conocer lo que significa la producción minera a gran escala.
La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afro-Peruanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República comunicó el día de ayer la postergación de la audiencia pública descentralizada que tenía programada en Abancay (Apurímac) para los días 2 y 3 de diciembre.
El punto central de la agenda de esta audiencia postergada es el análisis de la problemática social y económica de las comunidades campesinas en el entorno de la actividad minera de Las Bambas. Precisamente, se ha pospuesto la fecha por no contar aún con el plan de desarrollo integral para la provincia de Cotabambas que el Ejecutivo entregará el día 7 de diciembre, según lo pactado con la población.
Corte Superior de Justicia establece jurisprudencia para futuras autorizaciones.
La Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno emitió un fallo en defensa de los territorios de las comunidades campesinas de región de Puno y ordena al Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet), que en el futuro, no emita concesiones mineras sin antes haber consultado a la población según acuerdo al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La consulta es a las comunidades campesinas propietarias de los territorios sobre los que se superponen las concesiones mineras.
Las declaraciones de la ministra de salud sobre el problema de metales pesados detectados en Espinar, han generado interrogantes y preocupaciones entre los varios hombres, mujeres y niños afectados.
Según dio a entender la ministra durante la reunión, los planes y compromisos en materia ambiental elaborados por los funcionarios de gobierno durante la Mesa de Diálogo de Espinar del 2013 (Plan de acción sanitario, Plan de salud y metales pesados del MINSA además de otros 4 planes de la Diresa – Cusco) no fueron, ni son actualmente posibles. La ministra señaló que era necesario “transparentar la situación y sincerar las cosas del sector gestionado por el gobierno nacional anterior”. Según señaló la Ministra “no existen centros y tecnología especializada y que ella era franca en señalar dicha verdad a estar mintiendo como sus antecesores en esta materia”[2].
La comunidad Segunda y Cajas (Huancabamba) y Yanta (Ayabaca) en la Región Piura, denuncian que la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros – DGAAM del Ministerio de Energía y Minas – MEM, ha aprobado la “Modificación de la Actualización del Plan de Rehabilitación del Proyecto de Exploración Minera Río Blanco”
Ni el Plan de Rehabilitación ni su modificación han sido consultados pese a que sobre estos territorios, siguen vigentes las concesiones mineras otorgadas a Río Blanco Copper S.A. donde ésta ejecutó actividades de exploración hasta el 2007, año en que solicitó autorización para ampliar sus actividades de exploración, lo cual no progresó por no poder salvar las observaciones en su solicitud y en el Estudio de Impacto Ambiental – EIA.
VIGILANTE AMAZÓNICO: En ejercicio de su derecho al territorio y a la justicia indígena, el 14 de noviembre, apus indÍgenas awajún del Cenepa interceptaron a 3 hombres que habrían intentado ingresar sin autorización a la Cordillera del Cóndor, vía Puerto Mori, camino a la comunidad Shaim.
Al ser intervenidos e interrogados por dirigentes indígenas, los foráneos afirmaron ser turistas, aunque luego entraron en contradicciones.
Ante a ello, los Apus de las organizaciones indígenas de la zona (ODECOFROC, FIACSA, ODECINAC) y de 64 comunidades nativas retuvieron a los sospechosos y exigieron que se identificaran. Sus nombres son los siguientes: Sebastián Óscar Nuñez del Prado Dávalos, con DNI 23992714, quien tiene como dirección de domicilio Virgina, EEUU; Justo Cerna Medina, con DNI 23809086, afirmaba ser de Cusco pero tiene como dirección Tambopata-Inambari, Madre de Dios; el tercer sujeto no contaba con identificación.
Hace unos días se inició el reclamo de los pobladores quienes radicalizaron su medida incendiado el campamento y vehículos. Los pobladores de los sectores de Quiñora, Coyana y Paipa Paipa intentaran tomar el campamento minero de dicha empresa luego que instalaran una planta de lixiviado en el cerro Quiñota, lugar donde hay una afluente que dota de agua a los comunidades. Tras los hechos, los comuneros de dichos sectores determinaron en una asamblea popular, iniciar una mesa de diálogo para solucionar los conflictos convocando al Presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, el Defensor del Pueblo y autoridades locales.
Esta semana se registró una serie de enfrentamientos en el marco de un conflicto entre los pobladores del distrito de Quiñota, en la provincia cusqueña de Chumbivilcas quienes acusan a la minera Anabi SAC de generar contaminación en la zona.
Luego de instalarse una mesa de diálogo entre representantes de los pobladores, la empresa Hudbay y la Presidencia del Consejo de Ministros se decidió hoy levantar la toma del campamento de la minera Constancia en la provincia de Chumbivilcas, Cusco.
En la reunión participaron autoridades y dirigentes de las localidades de Chamaca, Velille y Livitaca quienes desde el lunes 7 de noviembre paralizaron la actividad del campamento minero y de dos tajos de extracción.
Si bien el conflicto en el distrito de Chamaca inició un curso de resolución del conflicto en el distrito vecino de Quiñota, en la misma provincia de Chumbivilcas, pobladores tomaron las instalaciones de la mina Anabi.
