28/09/2022
Ana Leyva y Ximena Puelles
Imagen: PUCP
El 13 de agosto se publicó la resolución ministerial No 298-2022-MINEM/DM, que autorizaba la publicación de un proyecto de decreto supremo que flexibiliza normas sobre el proceso de formalización minera. La resolución ministerial otorgó 10 días calendario de plazo para opiniones y sugerencias y el 5 de setiembre el decreto supremo fue publicado con el No 10-2022-MINEM.

Esta rapidez en la aprobación y publicación de la norma por el poder ejecutivo tuvo como contexto la visita de cientos de mineros informales y representantes de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Arsenal al Presidente de la República, Pedro Castillo, el 16 de agosto. En esa reunión, Pedro Castillo ofreció corregir los decretos que son lesivos a los intereses de los mineros informales.

El Decreto Supremo N.º 010-2022-EM modifica los decretos supremos 018-2017-EM, 001-2020-EM y 009-2021-EM, y deroga el decreto supremo 008-2022-EM, así como el artículo 13.16 del decreto supremo 018-2017-EM. Iremos presentando los cambios, de acuerdo con el orden cronológico de las normas modificadas.

Modificaciones al Decreto Supremo 018-2017-EM que establece disposiciones complementarias para la simplificación de requisitos y la obtención de incentivos económicos en el marco del Proceso de Formalización Minera Integral.

Entre otras cosas, la modificatoria elimina un dispositivo (art. 7, literal e)[1], que obligaba al minero inscrito a desarrollar su actividad en forma pacífica, sin vulnerar el derecho a la vida, integridad, seguridad, o salud de las personas y sin provocar daños a las instalaciones públicas o privadas. Además, elimina como causales de exclusión del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) el incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades ambientales o de seguridad ocupacional y de un actuar pacífico regulado en el artículo 13.17[2]. Asimismo, esta modificatoria le permite al minero que ha consignado información falsa en el REINFO o ha incurrido en causales de exclusión, prorrogar el tiempo establecido para realizar sus descargos.

2) Cambios sobre el Decreto Supremo 001-2020-EM, mediante el que se establecen disposiciones reglamentarias para el acceso y permanencia en el REINFO.

La modificatoria del artículo 3 del D.S. 001-2020-EM señala que el minero solicitante no tendrá acceso a áreas que ya han sido otorgadas a otro mientras que hayan sido reconocidas por resolución administrativa. También añade que no tendrá acceso a las áreas con superposición de otro minero, con áreas efectivas o de influencia directa de otro minero. Por lo que, se infiere que en los casos en los que el área sea de influencia indirecta, sí podrá desarrollar minería, salvo que sea parte de un Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC) o Instrumentos de Gestión Ambiental para la Formalización de las Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (IGAFOM) aprobados. De realizarse actividades en ellas, si la autoridad competente verifica en campo que la acción del informal inscrito no afecte el desarrollo de la actividad minera declarada en el instrumento, podrá mantener su acceso a estas zonas.

Consideramos que esta norma es muy peligrosa, porque flexibiliza el marco regulatorio y puede generar enfrentamientos entre los mineros artesanales que cumplieron con el proceso de formalización y los que están en proceso de hacerlo. A lo que se suma, los conflictos que pueden darse con quienes viven en el entorno.

Lo modificatoria del artículo 5 limita la potestad de revocación de oficio que tiene la Dirección General de Formalización Minera sobre las inscripciones en el REINFO. La reduce a aquellos casos de mineros inscritos que trabajan en zonas donde existe superposiciones con áreas naturales protegidas. Ya no se puede revocar de oficio la inscripción cuando el minero tiene sentencia condenatoria firme por delito de minería ilegal, o incumple normas ambientales o de seguridad y salud ocupacional y otras situaciones establecidas en el artículo 2 del DS 001-20220-EM.

La modificación del artículo 7 reduce los requisitos y condiciones de permanencia en el REINFO y en consecuencia, permite que puedan permanecer inscritos los mineros que tienen sentencia condenatoria firme por delito de minería ilegal o que incumplen normas ambientales o de seguridad y salud ocupacional u otras prohibiciones establecidas en el citado artículo 2. También puede permanecer inscrito en el REINFO quien solo tiene IGAFOM presentado (ya no en trámite). En este artículo, además, se amplía, el plazo para la declaración de la producción minera semestral de 10 a 30 días.

En la modificatoria del artículo 8.1 se elimina una causal de exclusión del REINFO. Así, los mineros que obstaculizan las acciones de verificación o fiscalización en campo solo serán sancionados con su suspensión en el REINFO (ya no exclusión), la cual se mantendrá hasta que éstos permitan que las acciones de verificación o fiscalización se realicen. Solo perderán la inscripción si su conducta es reincidente.

Finalmente, se modifica el artículo 7 referido requisitos y condiciones de permanencia en el REINFO, en su inciso e, para permitir al minero trabajar en áreas con pasivos ambientales identificados. Además, se precisa que la sanción por no cumplir los requisitos y condiciones de permanencia en el REINFO es la suspensión de la inscripción y no su exclusión de ella.

3) Cambios en el Decreto Supremo 009-2021-EM a través del que se establecen disposiciones complementarias para la permanencia del REINFO.

Esta modificatoria señala que la suspensión de la inscripción en el REINFO para quienes incumplen obligaciones y responsabilidades ambientales o de seguridad y salud ocupacional solo será levantada si se cumple con las medidas dictadas en el marco del procedimiento administrativo sancionador.

A todo ello, debemos sumar la Ley 31007, dada por el Congreso de la República el año 2019, que prolonga el proceso de formalización hasta el año 2024.

Como podemos apreciar, estos cambios, en su gran mayoría, favorecen a una minería informal que se expande sin control y sin asumir sus responsabilidades, generando enormes daños. Frente a ello, nos preguntamos en qué quedó la propuesta de política de minería artesanal que fue puesta en consulta en julio del presente año por este gobierno. Lo que apreciamos es que, con el transcurrir del tiempo, los mineros ilegales e informales han ido ganando mayor influencia en el poder político y por ello no existe una voluntad real de abordar con seriedad y efectividad esta problemática.

[1] Incluido en el Decreto Supremo 018-2017-EM que establece disposiciones complementarias para la simplificación de requisitos y la obtención de incentivos económicos en el marco del Proceso de Formalización Minera Integral, por medio de DS 008-2022-EM en julio de 2022.

[2] Añadido también por medio de DS 008-2022-EM en julio de 2022.

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Mineriaenlinea 22/09/2022
El jueves, Sierra Metals (TSX: SMT) informó que un grupo de residentes del pueblo cercano de Alis ha bloqueado ilegalmente la carretera principal de acceso a la mina Yauricocha, operada por la filial de la empresa, Sociedad Minera Corona.

Según el comunicado de la empresa, la producción de la mina sigue suspendida con actividades limitadas a las operaciones críticas para garantizar la seguridad y el mantenimiento adecuados.

La empresa dijo que sus representantes han participado en el diálogo constructivo con los miembros del grupo, incluyendo las solicitudes organizadas por el gobierno peruano.

“Como el bloqueo de una carretera es un asunto de interés público, la empresa ha involucrado a las autoridades locales para que medien y ayuden a resolver este asunto”, señaló Sierra Metals señaló en un comunicado de prensa.

La empresa también dijo que, debido a la incertidumbre de los plazos en la resolución de este conflicto y al posible retraso en el reinicio progresivo de la producción en la mina, se han suspendido la producción y las previsiones financieras para 2022.

Sierra Metals es una empresa minera canadiense diversificada con exposición a los metales verdes que incluye una creciente producción de cobre y de metales básicos con créditos de subproductos de metales preciosos, centrada en la producción y el desarrollo de su mina Yauricocha en Perú, y de las minas Bolívar y Cusi en México.

Lee: Sierra Metals informa de un descenso del 38% en la producción de cobre equivalente en el primer trimestre

Yauricocha es una mina polimetálica subterránea situada en el centro oeste de Perú, en la provincia de Yauyos, a unos 12 km al oeste de la Cordillera Continental. Yauricocha es la operación insignia de Sierra Metals con más de 70 años de producción continua. La mina produce zinc, cobre, plata, plomo y oro.

Sierra Metals suspende la producción de su mina Yauricocha por las protestas de la comunidad

22/09/2022
Ejecutivo y 11 comunidades originarias de la provincia cusqueña de Espinar llegaron a acuerdos./ Crédito: Minem
El Ministerio de Energía y Minas (Minem) y las 11 comunidades originarias de la provincia de Espinar, Cusco, alcanzaron consenso para retomar la implementación del plan de consulta previa del proyecto minero de explotación Antapaccay-Expansión Tintaya-Integración Coroccohuayco, a partir del próximo 4 de octubre, con lo cual el clima de paz retorna al corredor minero.

Este y otros acuerdos se alcanzaron tras una prolongada reunión de casi 10 horas de diálogo entre representantes del Poder Ejecutivo y las comunidades de Cala Cala, Huisa, Huancané Bajo, Suero y Cama, Alto Huancané, Huarca, Huisa Ccollana, Alto Huarca, Huano Huano y Anta Ccollana.

Entre los acuerdos, el Minem reiniciará el plan de proceso de consulta previa, en el marco de la suscripción de la octava adenda de dicho plan, y tras aprobar un calendario de reuniones que comprende cuatro ejes de trabajo: Educación, Territorio (propiedad, medio ambiente y agua) y Desarrollo Sostenible, que se desarrollarán en reuniones durante el mes de octubre.

Así para el eje de Educación, se realizarán reuniones virtuales (comunal y multicomunal) los días 4 y 5 de octubre. Mientras el 10 y 11 de octubre se efectuará reuniones de diálogo intercultural que involucra al Minem, Minedu, PCM, Mincul y GORE Cusco.

Para el eje Territorio, se reunirán de manera virtual (comunal y multicomunal) los días 17 y 18 de octubre. Las reuniones de diálogo intercultural se realizarán los días 20 y 21 de octubre y serán convocados los sectores Minem, Midagri, Minam, MEF, Mincul, Minjus y PCM.

En tanto, para el eje Desarrollo Sostenible, la reunión virtual (comunal y multicomunal) serán los días 24 y 25 de octubre. La reunión de diálogo intercultural se programó para los días 27 y 28 de octubre con la participación del Minem, Midagri, MEF, Produce, MTC, Mintra, Mincul, Mincetur, PCM Y MVCS.

Plan de reparaciones
Otro acuerdo alcanzado con las 11 comunidades originarias de Espinar se refiere al Plan de Reparaciones. Este será implementado en el marco de la Resolución Ministerial Nª174-2020-PCM. Para ello, la PCM emitirá una resolución que permita identificar, caracterizar, valorizar y remediar, según sea el caso, los daños que declaran las comunidades.

El proyecto de resolución será socializado el próximo 26 de setiembre, vía virtual, y demandará 20 días para su publicación. La resolución tendrá una vigencia de 120 días.

Para la implementación del Fondo de Emergencia Social se acordó elaborar un Plan de Actividades y Proyectos en coordinación de las 11 comunidades originarias. La elaboración del plan tendrá plazo de 3 meses y estará a cargo de la PCM en coordinación con los sectores del Poder Ejecutivo y las comunidades.

Se precisó que el mencionado plan determinará las actividades y proyectos menores que serán ejecutados a través de núcleos ejecutores constituidos en las comunidades. Tras su aprobación, el Poder Ejecutivo gestionará su financiamiento.

Cabe precisar que una comitiva de alto nivel, encabezada por el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, convocó a los representantes de las comunidades de Espinar a Lima con el propósito de continuar con el proceso de diálogo.

Perú retomará consulta previa del proyecto minero Antapaccay

Dos instituciones educativas de la provincia de Islay, Arequipa, suspendieron las clases presenciales debido a las protestas en el valle de Tambo. Además, el bloqueo de vías provocó que camiones, buses y autos queden varados.
César Espinoza
Valle de Tambo  19/09/2022
Pobladores del Valle de Tambo piden anular el permiso del uso de agua a la minera Quellaveco. | Fuente: Rotafono | Fotógrafo: Captura de video
A pocos días de que inicie la convención minera Perumin 35 en la ciudad de Arequipa, del 26 al 30 de setiembre, un nuevo conflicto social estalló en el valle de Tambo, ubicado en la provincia arequipeña de Islay. Esta vez, el reclamo no es contra el proyecto Tía María (de Southern).

El paro convocado por las juntas de regantes de esta zona es contra el Estado por qué, según los manifestantes, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) emitió, el pasado 25 de agosto una resolución que autoriza al proyecto minero Quellaveco, en la región Moquegua, usar las aguas de los ríos Titire y Vizcachas, afluentes de la cuenca alta del río Tambo. Esto, según los pobladores, ha generado el temor de los agricultores (en Arequipa) de quedarse sin agua para sus cultivos.

Según la Autoridad Administrativa del Agua Caplina – Ocoña, el agua para el uso agrícola y poblacional está asegurada y el valle de Tambo no se verá afectado, porque los 22 millones de metros cúbicos al año que usará Anglo American actualmente se pierden en el mar y que, en el caso del río Titire, este tiene alto contenido de boro, arsénico y aluminio.

Incluso Claudia Vivanco, gerente Corporativo de Comunicaciones de Anglo American aseguró lo siguiente: “no usaremos ni una sola gota de agua del río Tambo que sea de uso agrícola o poblacional”.

Arequipa: No hay confianza
Sin embargo, los pobladores no les creen y aseguran que sí se verán afectados. El gerente técnico de la junta de regantes de La Ensenada-Mejía, Juan Carlos Cahuana, dijo al diario La República que los ofrecimientos de compensación y descontaminación no son tan ciertos.

“Se debe hacer un nuevo estudio para ver la disponibilidad del río Titire y Vizcachas. Con el cambio climático, todo cambió”, aseveró.

Por su parte, el consejero regional por la provincia de Islay, Elmer Pinto, aseguró que el permiso se dio con base en un estudio del año 2010.

“No puede ser que la ANA (Autoridad Nacional de Agua) dé un permiso con base en un estudio de hace más de 10 años”, indicó.

Además, aseguró que en el valle de Tambo «nadie cree» que recibirán agua de la represa que Anglo American construirá en el río Vizcachas.

“No podemos creerles porque todos los años, en noviembre, tenemos que reclamar a Moquegua que nos den la cantidad de agua que nos corresponde de la represa de Pasto Grande. Si no cumplen ahora, ¿qué garantiza que después lo harán?”, explicó.

Esta molestia provocó que las juntas de regantes convoquen a un paro de 72 horas para el pasado lunes 12 de setiembre, pero se convirtió en una protesta indefinida que incluyo el bloqueo de la vía costanera, en los sectores del Boquerón, el Cruce, Dean Valdivia y otro grupo en la rotonda de ingreso al puerto de Matarani, Arequipa.

Esto provocó que buses interprovinciales, camiones de carga pesada y autos particulares se queden varados por más de 5 horas.

Este lunes 19 de setiembre continúa la huelga, pero las vías se mantienen despejadas, según informó la Policía Nacional.

El alcalde de la provincia de Islay, Edgar Rivera, lamentó que esta resolución se hay a emitido en plena campaña electoral porque es utilizada por los candidatos.

“Es irresponsable dar una resolución de este tipo, las protestas son aprovechadas por los candidatos”, dijo.

Estudiantes afectados
Estas protestas provocaron que las labores escolares se vean afectadas porque en algunas instituciones educativas públicas y privadas en el valle de Tambo, los docentes no pueden llegar a los colegios o los estudiantes tienen problemas para hacerlo por los bloqueos.

En el caso de los centros educativos José Abelardo Quiñones, en Mejía, y Francisco López de Romaña no hay clases presenciales, dijo Karla Misad, directora de la Ugel Islay.

“En la primera, todos los docentes son de afuera y no pueden llegar. En el otro caso, la Policía Nacional recomendó al director suspender las clases por seguridad”, contó.
https://rpp.pe/peru/arequipa/arequipa-por-que-hay-una-nueva-protesta-en-valle-del-tambo-el-pueblo-que-se-opone-a-tia-maria-noticia-1433242

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Alerta informativa 21/09/2022
Foto: Presidencia de Consejo de Ministros
Una agenda de trabajo que tiene como principales temas el plan de reparaciones, un fondo de emergencia social y la consulta previa. Esos fueron los acuerdos de la reunión realizada ayer, 20 de setiembre, en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) entre representantes del Estado y las 11 comunidades originarias de Espinar afectadas directamente por las actividades mineras del proyecto Antapaccay (de la empresa suiza Glencore).

En cuanto al plan de reparaciones, se acuerda que dicho documento será implementado en el marco de la Resolución Ministerial N°174-2020-PCM, que creó una Comisión Multisectorial encargada de evaluar los posibles desafíos en el ámbito de las comunidades originarias de Espinar. Para ello, la Presidencia del Consejo de Ministros se compromete a emitir una resolución que permita identificar, caracterizar, valorar y remediar, según sea el caso, los daños causados a las 11 comunidades afectadas. Este documento será socializado el 26 de setiembre de modo virtual.

En cuanto al fondo de emergencia social, se acuerda que la PCM elaborará un Plan de Actividades y Proyectos, el cuál será revisado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), el Gobierno Regional de Cusco y las comunidades. Este documento demorará en ser elaborado un máximo de 3 meses, contando a partir del 26 de setiembre.

Respecto a la consulta previa solicitada por las comunidades originarias para el proyecto minero denominado “Integración Coroccohuayco”, el Minem se compromete a retomar las acciones y gestiones para la implementación del proceso en el marco de la octava adenda suscrita. Para ello se plantearon tres ejes temáticos: educación, territorio y desarrollo sostenible.

Sobre este último punto, el Minem solicitó a las comunidades que presenten una propuesta detallada que será evaluada en el marco del eje temático de desarrollo sostenible.
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Ana Leyva 22/09/2022
Imagen: Peru.info
En una nota periodística aparecida en el Diario Gestión (20/09/2022) titulada: “Permisos ambientales demoran hasta 4 años y frenan nuevos proyectos”, representantes del gremio minero hacen algunas afirmaciones que son medias verdades y otras falsedades completas.

Afirman que, si bien las inversiones en exploración minera han crecido 39.4% de enero a julio, no alcanza la cifras pre-pandemia y que estaríamos en una tendencia declinante, por trabas que pondría el gobierno. En relación a las supuestas trabas, se dice que los permisos ambientales en el Perú demoran en ser otorgados año y medio y en algunos casos hasta cuatro y que en otros países no pasan de tres meses. Sostienen que las razones de la demora son la consulta previa del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y el silencio administrativo negativo.

La afirmación sobre la tendencia de las inversiones en exploración merece algunas precisiones. En primer lugar, las cifras oficiales muestran que no es exacto que se esté lejos de los montos invertidos el año previo a la pandemia (US$ 356 millones en el 2019 contra US$ 329 millones en el 2021) y más bien se nota un claro proceso de recuperación (53% en el período 2020 vs 2021). Pero además, la pre pandemia no es solamente el 2019, también es el 2018 y los años previos y si vemos las estadísticas globales sobre inversión minera, se podrá comprobar que en el 2021 y en lo que va del 2022, se está invirtiendo más que en los años 2018 y 2017.

Además, el hecho de que la inversión en exploración, en el periodo enero-julio, haya crecido un 39.4% respecto al año anterior, nos estaría mostrando que la tendencia sigue ascendente, y que este año se podría estar alcanzando o superando las cifras pre pandemia. En el informe del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM) se señala que el Perú sigue siendo uno de los principales destinos de inversión en exploración minera de América Latina.

Sobre las demoras en las evaluaciones de las solicitudes de permisos ambientales como es el EIA o la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y sus modificatorias, tampoco se dan datos. Tenemos entendido que los tiempos se han reducido significativamente. Tampoco reconocen que las demoras suelen producirse, entre otras cosas, porque las empresas presentan estudios de mala calidad, muchas veces con información incompleta, desactualizada o poco clara. Basta revisar un EIA y tomar nota de las observaciones para darse cuenta de ello.

Por otro lado, el planteamiento de dar por aprobados los permisos ambientales cuando la autoridad evaluadora no ha tomado una decisión dentro de los plazos establecidos (silencio administrativo positivo) nos parece un despropósito. La razón de no aplicar el silencio administrativo positivo en estos casos tiene como justificación la necesidad de proteger a la población y al ambiente del entorno minero, de los riesgos y daños que puede acarrear el proyecto. En la evaluación del EIA, la autoridad competente tiene que determinar esos riesgos o daños y evaluar si son adecuadas y suficientes las medidas de prevención, mitigación o compensación propuestas para así evitarlos, reducirlos o repararlos. Pretender que la autoridad no se pronuncie por la falta de cumplimiento de un plazo y se dé por aprobado el EIA tal como fue presentado nos parece un acto de irresponsabilidad.

Tal vez alguien diga que ello sí es posible para proyectos de exploración porque no acarrean daños; sin embargo creemos que esa afirmación es una presunción falsa. Si no hubiese la posibilidad de que un proyecto de exploración genere daños no se le pediría a su titular, en todas partes del mundo, que presente un EIA o un DIA. Además, basta visitar las comunidades de Huini Coroccohuayco y Pacopata (Espinar, Cusco) para darse cuenta de los impactos que pueden producir las actividades de exploración en la cantidad y calidad del agua y en sus formas de vida.

Asimismo, en este punto debemos recordar que la Ley 30230 estableció que las autoridades que participan en la evaluación del impacto ambiental y que incumplen los plazos establecidos para emitir su pronunciamiento incurren en falta grave y son pasibles de las más duras sanciones. Esto ha significado que, desde el 2014 para adelante, la calidad de la evaluación ambiental se debilite.

Finalmente, los representantes del citado gremio dicen que la consulta previa del EIA en la fase de exploración demora el proceso de otorgamiento de permisos. Esta afirmación es completamente falsa. En el Perú no se consulta el EIA ni sus modificaciones, solo se consulta la autorización de inicio de operaciones, un permiso que se ubica al final del proceso decisiones, y que solo verifica que se haya cumplido todos los requisitos necesarios para iniciar la exploración o explotación.

Cabe señalar, que la falta de consulta del EIA a pueblos indígenas en el Perú va a contracorriente de lo que sucede a nivel internacional e incluso en el mismo Chile, país que siempre tomamos como referente. En nuestro país, presionados por el gremio de empresarios mineros, hacemos caso omiso de lo que suele ser razonable. Vale recordar que la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Cultura, desde hace ya varios años, han planteado la necesidad de consultar el EIA para evitar poner en riesgo las condiciones de existencia física y cultural de los pueblos indígenas. El Congreso de la República y el Poder Ejecutivo siguen haciendo caso omiso a esta recomendación.

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Comunidades campesinas involucradas en conflicto minero muestran su descontento debido a que no se implementó la totalidad de acuerdos. Evaluarán la resolución y su respuesta al Gobierno.
Ángeles Santos 17/09/2022
Apurímac. La Secretaría de Gestión Social y Diálogo del Viceministerio de Gobernanza Territorial informó que no se ha logrado implementar la totalidad de acuerdos a raíz del conflicto minero, por lo que se aprobó la ampliación de vigencia del grupo de trabajo en Las Bambas. Ante tal situación, las comunidades campesinas anunciaron que evaluarán la resolución y un posible reinicio de protestas.

Las voces que señalan las protestas surgen luego de que el Poder Ejecutivo aprobara ampliar hasta el 31 de diciembre la vigencia del grupo de trabajo que acompaña y evalúa el cumplimiento de los compromisos entre el Ejecutivo, representantes de la empresa minera Las Bambas y de las comunidades campesinas involucradas en el conflicto minero de Cotabambas.

Los dirigentes de las comunidades campesinas de Fuerabamba, Chuicuni y Huancuire, en comunicación con La República, mostraron su descontento por esta ampliación, señalando que es mucho tiempo el plazo establecido y que evaluarán la resolución que aprueba dicha ampliación para darle respuesta al Gobierno central y la empresa minera.

Además, aseguraron que la resolución no les impide exigir los compromisos acordados y reiniciar con protestas.

David Huillca, representante de la comunidad de Chuicuni, indicó que la postergación de espacios de diálogo por parte de algunas comunidades y la empresa minera no permitió cumplir con los acuerdos suscritos el pasado 9 de junio.

En aquella oportunidad, a través de un acta, las comunidades se comprometieron a paralizar con sus medidas de protesta; y la empresa, a no reiniciar sus actividades en el tajo Chalcobamba. Adicionalmente, se crearían subgrupos de trabajo por comunidad.

En el caso de la comunidad de Chuicuni, se tiene un avance del 70%; por ello, para el dirigente, la ampliación es innecesaria. Sin embargo, en otras comunidades, los avances no superan ni del 10% en la instauración de diálogo y acuerdos.

La situación en la comunidad de Fuerabamba, según su dirigente, Edison Vargas, no ha tenido desarrollo y —sostuvo— se encuentran en un 0% avance, mas no descartó evaluar protestas por el descontento de la ampliación de fechas.

Según la Secretaría de Gestión Social y Diálogo, no se ha logrado implementar la totalidad de los acuerdos suscritos, a pesar de que el grupo de trabajo ha establecido un cronograma para el cumplimiento de los compromisos asumidos con las comunidades campesinas de Fuerabamba, Chila, Choaquere, Chuicuni, Pumamarca y Huancuire de la provincia de Cotabambas y la instalación de seis subgrupos de trabajo en cada comunidad.
https://larepublica.pe/sociedad/2022/09/17/las-bambas-comunidades-evaluan-retomar-protestas-ante-ampliacion-de-vigencia-de-grupo-de-trabajo-apurimac-lrsd/

Un caso nuevo es la protesta observada en la zona de La Pampa (Madre de Dios), reportó la Defensoría del Pueblo
Fernando Durand 13/09/2022
La Defensoría del Pueblo presentó el Reporte de Conflictos Sociales n.° 222, correspondiente al mes de agosto del presente año. El documento da cuenta de la identificación de un total de 209 conflictos sociales registrados (149 activos y 60 latentes) a nivel nacional.

Casos nuevos

Respecto al mes anterior, se incorporaron tres nuevos conflictos sociales. Un conflicto de tipo socioambiental se desarrolla en Madre de Dios. En este caso mineros ilegales y población de la zona La Pampa se oponen a los operativos de interdicción contra la minería ilegal en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata y en la zona de La Pampa, por presuntos abusos policiales.

Un caso por asuntos de gobierno local se registra en el departamento de Cajamarca, donde ciudadanas/os de la comunidad de Alto Perú demandan a la Municipalidad Distrital de Chontalí culminar la ejecución del mejoramiento del camino vecinal en el tramo Tabacal – Alto Perú.

Un tercero se registra en Puno, donde autoridades, criadores alpaqueros, Frente de Defensa de Recursos Hídricos de la Cuenca del Río Suches, comités de usuarios de agua y pobladores del distrito de Cojata exigen al Estado la declaratoria de emergencia de la cuenca Suches, la reactivación de la Comisión Técnica Binacional Perú-Bolivia de la cuenca Suches, la cancelación de las concesiones mineras ubicadas en la cabecera de cuenca Suches y ejecución proyectos de inversión pública para la remediación ambiental del río Suches.

Violencia

Producto del enfrentamiento entre la Policía Nacional y mineros ilegales de la zona La Pampa en Madre de Dios, trece personas resultaron heridas y una falleció, quien fue identificada como Luis Daniel Pérez Dolores.

Protestas

Según el documento defensorial, durante el mes de agosto se registraron 337 acciones colectivas de protesta, 63 más que el mes anterior. Del total, el 60.2 % (203) fueron plantones y el 41.2 % (139) fueron protagonizados por gremios de trabajadoras y trabajadores no sindicalizados.

Casos resueltos

Se registran dos casos resueltos este mes. Uno involucra a los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Huanta en Ayacucho, quienes presentaron un pliego de demandas a sus autoridades, las mismas que fueron atendidas. Otro es el que fue protagonizado por la Central Asháninka del Río Tambo, la cual presentó una serie de reclamos al Gobierno Regional de Junín, verificándose que las demandas relacionadas a las temáticas de educación y de salud han sido atendidas.

Casos por tipo y lugar

Con relación a la distribución territorial de los conflictos reportados, Loreto concentra la mayor cantidad de conflictos sociales (28 casos) que se desarrollan en un solo departamento, seguido de Cusco (18) y Apurímac (17). En cuanto a la tipología, los casos socioambientales continúan siendo los más numerosos (63.6 %). Este tipo de conflicto mantiene esta ubicación desde abril de 2007. Respecto de los conflictos vinculados a la minería, el porcentaje de estos, con relación a los socioambientales, es de 66.9 %.

Diálogo

Del total de casos activos, el 67.8 % (101 casos) de los conflictos es atendido a través de mecanismos de diálogo, la Defensoría del Pueblo participa en 78 de ellos. Del total de conflictos en diálogo, el 79.2 % (80 casos) corresponde a casos socioambientales.

Alertas tempranas

En atención a su evaluación e intervención en conflictos sociales, la Defensoría del Pueblo envía al Estado, las empresas y la sociedad 20 alertas tempranas (ver página 13 del reporte), para que se actúen en el marco de sus competencias y responsabilidades. Del total de alertas, tres corresponden a casos nuevos, 8 son conflictos activos y 9 son casos en observación que pueden devenir en conflictos sociales.

Para más información del Reporte Mensual de Conflictos Sociales haga click aquí: https://www.defensoria.gob.pe/areas_tematicas/paz-social-y-prevencion-de-conflictos/

Alerta informativa www.conflictosmineros.org.pe
14/09/2022
En la madrugada de hoy se reiniciaron las protestas en la provincia cusqueña de Espinar, con un bloqueo del corredor minero a la altura del kilómetro 14 entre las comunidades de Huisa y Hanccolla.

Según un comunicado de los dirigentes de las diferentes comunidades, señalan que desde hace varios años vienen luchando por la defensa de sus derechos históricamente vulnerados por el Estado y las empresas mineras que han tenido a cargo las operaciones que se desarrollan en sus territorios.

En el comunicado comentan que han alcanzado una serie de acuerdos con los sucesivos gobiernos de turno, pero muchos de los cuales no se implementan por la falta de voluntad política de parte de las autoridades.

“Esa misma falta de voluntad para atender la problemática de las comunidades se vería reflejada en la forma como se pretende culminar el proceso de Consulta Previa respecto al proyecto minero Antapaccay Expansión Tintaya Integración Coroccohuayco”, señalan.

Los dirigentes indican que este proceso habría sido abandonado por el Estado, llevándolo a convertirse en un mero acto administrativo sin que se garanticen los derechos de las comunidades, sin respetar el marco normativo peruano y lo establecido en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.

“Frente a esta situación exigimos que se respete el derecho a la consulta previa, pues esta no puede ser reducida a un acto administrativo en el que un grupo de funcionarios, sin poder de decisión, asuman compromisos a nombre de otros ministerios o sectores del Estado.”

Demandan que la consulta previa debe desarrollarse de acuerdo a lo establecido en la Ley de Consulta Previa, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas.

“Que se apruebe el plan de reparaciones por los daños causados en nuestros territorios. A pesar de que en reiteradas oportunidades se ha demostrado los daños que se han causado en nuestro territorio a lo largo de las más de cinco décadas de operaciones mineras en tierras comunales y los compromisos asumidos por el Estado para la atención de los mismos, a la fecha no se cumplido con la aprobación de ningún plan o programa que vaya en ese sentido.”

Asimismo, denuncian que las comunidades siguen sufriendo las consecuencias de los daños que sigue causando en el medio ambiente y la salud por parte de las operaciones mineras.

“Que se garantice el desarrollo sostenible de las comunidades, pues el anunciado desarrollo para nuestros pueblos sigue siendo una promesa. Muestra de ello es la falta de acceso a servicios básicos, salud y educación en muchos sectores”, señalan en el comunicado.

Por eso, exigen que se garantice la redistribución efectiva de los recursos provenientes de la renta minera y la participación efectiva de las comunidades en los beneficios de las actividades mineras que se desarrollan en sus territorios.

Añadieron que “por todas estas razones demandamos la inmediata presencia de la ministra de Energía y Minas, y de los titulares de los sectores competentes en la atención a la problemática que nos afecta, en los territorios comunales para que asuman el compromiso de garantizar nuestros derechos y atender nuestros justos reclamos.”

Finalizaron señalando que, si no se garantizan y respetan los derechos de las comunidades, ninguna operación minera será viable.

Por otra parte, cabe señalar que ayer se reunió el Comité de gestión del convenio marco de la provincia de Espinar, en una Sesión extraordinaria desarrollada en el auditorio de la Municipalidad Distrital de Espinar. El acuerdo fue que los beneficiarios al bono solidario de 2000 soles serían los electores de la provincia, los estudiantes de educación superior y universitario, adultos mayores y discapacitados.