Cine-Forum Documental: “Desde Canadá al Sur Andino en el Perú: El Caso Hudbay”
Día: 25 de abril
Hora: 18 horas
Centro Cultural de la PUCP
Avenida Camino Real 1075, San Isidro

INGRESO LIBRE

InvestigativeMEDIA (Medios Investigativos) presentará el próximo martes 25 de abril, el documental “El Fraude de Flin Flon” de John Dougherty, donde se presentan las operaciones globales de la empresa minera HudBay Minerals.

El documental muestra los desafíos que enfrentan poblaciones de Canadá, Guatemala, Estados Unidos y Perú, en las zonas de influencia de las actividades de la empresa Hudbay. “Me da mucho gusto tener la oportunidad de llevar este documental a Perú y devolverlo a las comunidades afectadas directamente por la mina Constancia”. Lo cierto es que sus actividades transforman para siempre la tierra, el agua, las formas de vida y los costumbres de muchas personas”, comentó Dougherty.

“Ciudadanos y ciudadanas del estado de Arizona en los EE.UU. preocupados por los planes que tiene Hudbay para construir la mina de cobre ‘Rosemont’, me pidieron investigar sobre las operaciones de la empresa en otros lugares”, dijo Dougherty, quien ha trabajado para la prensa escrita por 22 años y que en la actualidad dirige la empresa InvestigativeMEDIA.

Luego de la presentación del documental se organizará un conversatorio que contará con la participación del director John Dougherty, el congresista por Cusco Wilbert Rozas, Ernesto Cabellos, de Guarango, y Jennifer Moore, de Mining Watch Canadá.

Están todos invitados

Evento en facebook: http://bit.ly/2oykosc

Ingreso Libre

21 de abril de 2017

CON EL RUEGO DE SU DIFUSIÓN

La noticia ha comenzado a dar la vuelta al mundo. Jen Moore, representante de la institución Mining Watch Canadá y John Dougherty, periodista y documentalista estadounidense, fueron detenidos el viernes 22 de abril en la ciudad de Cusco.

Ambos habían retornado al Perú para presentar el resultado de una larga investigación periodística sobre la empresa minera Hudbay en Guatemala, Estados Unidos, Canadá y Perú. Cuando John Dougherty había estado en Chumbivilcas recogiendo testimonios de las comunidades, se comprometió a devolver el producto de su investigación convertido en documental, que lleva por título «Fraude de Flin Flon».

Por eso la semana pasada ambos llegaron a Perú y viajaron a Chumbivilcas para presentar el documental en varios de los distritos de esa provincia cusqueña. Ya en Chumbivilcas la delegación -que también estaba integrada por parte del equipo de Derechos Humanos Sin Fronteras y CooperAcción- comenzó a sentir de presión de la Policía y eran constantemente filmados por extraños personajes. Incluso la Policía se presentó al lugar de alojamiento preguntando por los visitantes y recabando nombres y otros datos.

Pese a la buena recepción de parte de la población y la importante asistencia de las comunidades a presenciar el documental, aparentemente el mensaje de la Policía y todo indica que también de la empresa minera (el otro actor oculto pero que también estaba vigilante) era que se había entrado a un territorio vigilado donde nadie puede ingresar sin la autorización de los que se sienten dueños de todo y han instalado una suerte de control territorial; al viejo estilo de los antiguos gamonales.

Luego de las actividades en Chumbivilcas y de haber honrado el compromiso con la población, la delegación se trasladó a la ciudad del Cusco para presentar el documental. La actividad era totalmente pública y se realizó en pleno centro de la ciudad, en la Casa de la Cultura que pertenece a Municipalidad Provincial.

Al finalizar la presentación del documental la policía abordó a Jen Moore y a John Dougherty y en medio del desconcierto de todos los que los acompañaban, fueron detenidos. ¿Cuáles eran los cargos? Que al haber entrado al país como turistas no podían desarrollar otro tipo de actividades y por supuesto, las actividades que no correspondían con su estatus de turista eran precisamente pasar el documental y participar en conversatorios.

Al parecer, los extranjeros que entran al país como turistas solo pueden visitar Machu Picchu, museos, disfrutar de nuestra gastronomía y un muy limitado etcétera. Si hacen algo más pueden y hasta deben ser detenidos.

Ahora, uno se pregunta ¿cómo hacen los conferencistas que vienen al país con ese estatus y que hasta ahora habían desarrollado sus actividades sin dificultades? ¿Qué va a pasar con las decenas de investigadores sociales que vendrán a la conferencia de latinoamericanistas más importante del mundo que se desarrollará en los próximos días en Lima y que hablarán de política, economía, temas ambientales y, por supuesto, de política? ¿Corren el riesgo de ser detenidos?

Como señala Juan Carlos Ruíz, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), el argumento de la Policía es risible: “Pasar un vídeo es trabajar, y según su visa, es turista y no puede dedicarse a trabajar. Es evidente que se trata de justificar la sinrazón”. “La pregunta jurídica de fondo es si la condición de periodista extranjera, disminuye y limita su derecho fundamental a la libertad de opinión y difusión contenido en el artículo 2.4 de la Constitución”.

Continúa Ruíz: “Para comenzar, los únicos supuestos de detención legal son la orden judicial y la flagrancia. Ninguna de estos supuestos se ha verificado en este caso. De otro lado el único que puede limitar o restringir derechos es el juez. En este caso, estamos ante una detención arbitraria al margen de la ley, pues ni se cumplen con los supuestos de la Constitución, ni ha intervenido un juez”.

Está claro que estamos frente a un acto abusivo que lamentablemente ha ocurrido en nuestro país. Ahora que miramos, con razón e indignación lo que pasa en otros países de la región, no podemos sino mostrar la misma indignación con lo ocurrido en la ciudad del Cusco.

Hay varias interrogantes que deben ser absueltas, tanto en el plano legal como en relación a temas de seguridad y el libre ejercicio de la libertad de expresión, que debe ser irrestricta en todo el país. Cabe preguntar: ¿quién dio la orden para que Jen Moore y John Dougherty sean arbitrariamente detenidos? ¿Bajo qué justificación fueron permanentemente seguidos y hostigados durante su estadía en la provincia de Chumbivilcas?

¿Este tipo de decisiones se toman como parte de los convenios que tiene la Policía con empresas mineras como Hudbay? ¿La empresa minera tiene que ver con este hostigamiento? Esperamos respuestas de nuestras autoridades.

Mientras tanto, seguiremos denunciando este hecho arbitrario y por supuesto volveremos a ver el documental. Nos vemos este martes 25 en el cine-forum donde se proyectará el documental (los detalles de la convocatoria están aquí).

23 de abril de 2017

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/main/opinion/715-yo-mando-en-este-territorio-acerca-de-las-detenciones-en-cusco-de-jen-moore-y-john-dougherty

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia reprogramó para el 3 de mayo la lectura del fallo que resolvería si se revierte, o no, el juicio que Máxima Acuña ganó contra Yanacocha, en donde se le pretendió acusar de usurpación agravada.

Los magistrados argumentaron que no tenían votos suficientes para emitir una opinión sobre el recurso de casación presentado por la empresa minera.

De manera que no hubo sentencia final que días anteriores, ya que no hubo quórum suficiente en las sesiones celebradas por la sala en las últimas semanas, y porque, además, uno de sus miembros estará de vacaciones en los próximos días.

A la salida de la diligencia, Mirtha Vásquez, abogada de la campesina, lamentó que el tribunal prolongue la incertidumbre de la familia y aseguró que la sala pudo notificar con anticipación sobre la postergación de la lectura de sentencia

“Esperamos que la próxima vez se emita la sentencia porque esto genera mucho desgaste emocional para Máxima y su familia. Ellos tienen que trasladarse desde muy lejos y les resulta un viaje muy costoso, ya que su hija, esposo y yerno fueron también están implicado en todo este proceso”, agregó.

Por su parte, Máxima Acuña aseguró a los periodistas que solo espera «justicia, y nada más». Escuetamente reiteró que no puede tener tranquilidad ya que la empresa sigue enviando a sus trabajadores para hostigarla y provocarla.

A su turno, Christian Schroder, Director Regional Legal de Yanacocha, insistió en que la minera solo busca entablar un diálogo con la familia desde hace dos años.

El funcionario minero aseguró a RED MUQUI, que pese a los procesos –civil y penal- que la empresa lleva contra la familia campesina, si están dispuestos a seguir promoviendo el diálogo, e incluso llegar a un acuerdo extrajudicial.

Finalidad de casación

Por medio de este recurso de casación presentado a esta máxima instancia, la minera pretende que se declare nulo el fallo que declaraba inocente a Acuña, y su familia, por la presunta comisión del delito de usurpación del terreno. Precisamente, ese fue el histórico proceso que la ganadora del premio Goldman ganó a Yanacocha ante la Sala Penal de Apelaciones de Cajamarca, en segunda instancia.

De esta manera se reabriría el juicio –en primera instancia- que en agosto de 2014 condenaba a Máxima, su esposo Jaime, su hija Ysidora y su yerno Elías a dos años y ocho meses de pena privativa de la libertad (suspendida) y al pago de una reparación de S/.5,500.

Para Mirtha Vásquez, esta casación «es solo un recurso extraordinario donde Yanacocha intenta que se interprete la ley como a ellos les conviene».

“Si la casación sale a favor nuestro, este caso por fin quedaría cerrado. En la sala de Cajamarca lo que se dijo es que no se pudo probar que hubo ‘violencia’, que es el primer elemento para la configuración del delito de usurpación agravada”, explicó

DATOS:

• El proyecto Conga, tiene una inversión prevista de 4.800 millones de dólares.
• Para llevarlo a cabo se contempla el drenaje de cuatro lagunas que se encuentran en cabeceras de cuenca, dos de ellas para extraer oro y las otras dos para verter los residuos tóxicos.
• Yanacocha compró entre 1996 y 1997 tierras para su proyecto minero Conga a la comunidad campesina de Sorocucho, donde se encuentra Tragadero Grande, la propiedad en disputa con los Chaupe Acuña.
• La familia alega que poseen dichos terrenos desde 1994 por medio de un certificado de posesión. Yanacocha argumenta que dicho documento no es un título de propiedad.
• El proyecto se encuentra paralizado desde 2012, después de que las protestas contra la mina causaran cinco muertos.

^{Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/567-poder-judicial-mantiene-en-vilo-a-maxima-acuna-y-su-familia}

Acaba de publicarse el ranking de las cincuenta empresas mineras más poderosas a nivel mundial. La revisión del ranking plantea varias reflexiones importantes sobre los principales cambios ocurridos en los últimos años, la aparición o consolidación de nuevos actores estelares y la influencia del nuevo escenario en América Latina, y por supuesto, en países como el Perú.

A continuación planteamos algunas reacciones rápidas al ranking:

Un primer aspecto a subrayar es la consolidación de las empresas chinas como actores destacados en los primeros lugares del ranking mundial, tanto a nivel del número de empresas como en el tema de capitalización. Diez de las cincuenta empresas mineras más poderosas a nivel mundial son de origen chino (el mayor número por país) y éstas han logrado niveles de capitalización en los últimos años que en conjunto ocupan el segundo lugar después de Australia.

Todo indica que esta tendencia se mantendrá en los próximos años. La perspectiva de expansión de las empresas mineras chinas en varias regiones, como es el caso de América Latina, continúa. Además, en el actual contexto las empresas chinas presentan algunas ventajas en relación a sus pares europeas, norteamericanas o australianas: por ejemplo, en el tema del financiamiento, está claro que tienen una mayor autonomía y respaldo financiero y por otro lado, gozan de mayores facilidades para elaborar y poner en práctica estrategias de mediano y largo plazo.

Otro tema interesante es la ubicación de las empresas en el ranking de acuerdo al tipo de operaciones y tipo de producción. En el ranking de las top 50, el mayor número son productoras de metales preciosos (14), le siguen las productoras de metales de base y en un tercer lugar las que presentan una cartera más diversificada. Sin embargo, es bueno notar que en el Top 10, la situación cambia un poco: cuatro empresas presentan operaciones diversificadas (BHP Billiton, Río Tinto, Glencore y Anglo American); dos tienen operaciones en metales de base (Southern Copper y Norilsk Nickel); dos productoras de carbón (China Shenhua Energy y Coal India); una en metales preciosos (Barrick Gold) y una en acero (Vale).

También debemos notar la caída en el ranking de empresas que hasta hace muy poco ocupan los primeros lugares. Es el caso de Anglo American, que ha retrocedido hasta el puesto número 10 como consecuencia de una situación difícil, luego de una fallida estrategia de expansión excesiva financiada por un enorme endeudamiento. Precisamente, es la crítica situación de la empresa -que hasta ahora no ha terminado de superar-, lo que explica que no haya desarrollado el proyecto Quellaveco, pese al acuerdo que se logró en Moquegua hace algunos años.

Por otro lado, si bien Barrick es la única productora de metales preciosos (oro) que figura en el Top 10, la empresa canadiense ha tenido problemas con sus propios accionistas que presentaron acciones legales en su contra (2015) en Toronto, Montreal y Nueva York, señalando que la empresa canadiense no les había informado de las dificultades que enfrentaban algunos de sus proyectos más importantes. La empresa ha disminuido a la mitad el valor de sus acciones, lo que habría generado pérdidas patrimoniales.
Finalmente, es interesante relacionar el ranking con el escenario peruano. Como se puede apreciar en la información presentada, varias de las más importantes empresas del ranking están presentes en el Perú, tanto las que presentan una producción diversificada, como las de los metales de base y los preciosos. Además, las empresas chinas tienen una participación creciente tanto en la producción como en la cartera de proyectos de inversión.

Todo esto coincide con el hecho que el Perú se ha convertido en el principal destino de las inversiones del gigante asiático en América Latina y ocupa el cuarto lugar como destino de las inversiones en exploración minera a nivel mundial.

17 de abril de 2017

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/main/opinion/711-el-top-50-de-las-empresas-mineras-a-nivel-mundial

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) apeló la sentencia que ordena anular el contrato de exploración y explotación de hidrocarburos en el Lote 116 (a cargo de la empresa Maurel Et Prom), debido a que las comunidades Awajún y Wampis de la zona de influencia de explotación (Cenepa, Condorcanqui, Amazonas), no fueron consultadas.

El fallo judicial del Cuarto Juzgado Constitucional de Lima es el primero que declara fundada una demanda de amparo por omisión de consulta de hidrocarburos en la Amazonía. Dicha demanda se había presentado hace casi tres años.

Ahora que la magistratura determinó el retiro de las empresas operadoras que trabajaban en etapa de exploración, la procuraduría pública del MEM apeló la sentencia sobre la Acción de Amparo del Lote 116.

Al mismo tiempo, el ministerio emitió un comunicado acorde con el presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), Felipe Cantuarias, quien aseguró que la decisión judicial atenta contra la seguridad jurídica en el Perú. La nota de prensa del MEM utiliza las mismas palabras del empresario.

«En salvaguarda de los intereses del Estado peruano, la Procuraduría Pública del Ministerio de Energía y Minas (MEM) apeló la sentencia sobre la Acción de Amparo del Lote 116, por considerar que afecta la seguridad jurídica al haber sido arbitrariamente emitida violando los derechos constitucionales», señaló el MEM a través de un comunicado de prensa.

Cantuarias ya había dicho esperar que el MEM y Perupetro apelen el fallo, con el fin de pasar a una segunda instancia para lograr una decisión “beneficiosa” para el país y las comunidades del lugar quienes podrían “salir de la pobreza” con la extracción de petróleo.

No obstante, son 70 comunidades nativas afectadas que no están de acuerdo con la actividad petrolera que ha venido contaminando sus fuentes de agua, ha matado peces y otras formas de vida en los ríos.

Es por ello que en el 2014 interpusieron una demanda sobre dos actos administrativos: el Decreto Supremo N°066-2006-EM, que suscribió el contrato de licencia de exploración y explotación en el Lote 116, y la Resolución Directoral N° 283-2011-MEM/AAE, que aprobó el Estudio de Impacto Ambiental.

Maritza Quispe, abogada del Instituto de Defensa Legal (IDL) afirmó que el Poder Judicial debe ratificar en segunda instancia su decisión de anular el contrato de explotación del Lote 116. Ello no debería tomar otros dos años y medio, estimó.

“El Lote 116 es un lote petrolero que se superpone a las 73 comunidades establecidas en la provincia de Condorcanqui en Amazonas, pero no solo se superpone a las comunidades sino también a la Reserva Comunal Tuntanain. Entonces, afecta al derecho de territorio de esas comunidades”, precisó Maritza Quispe.

También resaltó que el fallo haya emplazado al Ministerio de Energía y Minas (MEM) y a Perupetro a disponer el retiro de las empresas concesionarias Maurel Et Prom Perú y Pacific Stratus Energy Perú y de todas las compañías que trabajan para ellas en la zona.

DATO:

El Lote 116, de casi 659 mil hectáreas, fue entregado en el 2006 a la empresa Hocol. Más tarde pasaría a manos de la francesa Maurel et Prom, que luego se fusionaría con la canadiense Pacific Rubiales Energy para operar el lote petrolero ubicado en las regiones Amazonas y Loreto.

Las organizaciones civiles que asesoran a los pueblos Awajún y Wampis son el Instituto de Defensa Legal (IDL), el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), CooperAcción y el Servicio Agropecuario para la Investigación y Promoción Económica (SAIPE).

Fuente: http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/562-mem-insiste-en-desconocer-derecho-a-consulta-previa-de-pueblos-awajun-y-wampis

La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, aprobó por mayoría el proyecto de ley protección de cabeceras de cuenca que desde ahora pasará a la agenda de discusión del Congreso.

Después de varias semanas de revisiones, recomendaciones y cambios en el predictamen del proyecto de ley (N°283-2016), el título final quedó como: Ley de conservación y protección de las cabeceras de cuenca mediante el establecimiento de los criterios técnicos para su identificación y delimitación.

Ahora, el desafío de la Comisión es elaborar y aprobar una guía metodológica para la identificación de las cabeceras de cuenca en todo el país y su la delimitación geográfica correspondiente.

Además, es necesario contar con un reglamento para el uso y aprovechamiento sostenible del recurso hídrico en cabeceras de cuenca, considerando el marco legal de la Ley de Consulta Previa (Ley N°29785), y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

La futura aprobación de esta ley significaría una mejor protección para las comunidades campesina e indígenas ubicadas en los alrededores de las cabeceras de cuenca, pues ya no se verían afectadas por actividades productivas o extractivas que podrían vulnerar sus medios de vida y territorios.

Este proyecto legislativo es una propuesta sistematizada que surgió durante la Marcha Nacional del Agua (febrero de 2012) que recién fue presentada en setiembre del 2016, por el Congresista Marco Arana.

Para RED MUQUI la aprobación de una ley que proteja los lugares donde se originan las aguas de los ríos, es necesaria para que realmente se cumpla la norma que declara al agua como derecho humano fundamental. Ya que de no garantizar las nacientes de ríos no se puede hablar de generación del recurso hídrico.

“Era importante contar con la ya que estas aguas son consumidas directamente por las comunidades y utilizadas en actividades económicas sostenibles como la agricultura y la ganadería, que además abastecen mercados locales y de las grandes ciudades”, comentó Javier Jahncke, Secretario Ejecutivo de la RED MUQUI.

Cabe resaltar que esta iniciativa de ley ha cuenta con el respaldo de Autoridad Nacional del Agua (ANA), del Instituto de Investigación de la Amazonia Peruana, del Ministerio de Ambiente, Programa de Adaptación del Cambio Climático (PACC Perú) y de la Mesa de Trabajo para la Opinión Técnica Legal.

Todos estos organismos coinciden en que este proyecto no contraviene a la Ley de Recurso Hídricos, y que más bien resuelve algunos vacíos legales.

Por su parte la Presidencia del Consejo de Ministros ha recomendado incluir en el texto sustitutorio la prevención de conflictos sociales en zonas de cabeceras de cuenca.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/565-proyecto-de-ley-para-proteger-cabeceras-de-cuenca-pasara-a-discusion-en-el-pleno-del-congreso

Las operaciones policiales en el distrito de Camanti, provincia cusqueña de Quispicanchi, permitieron la inmovilización de 1,750 galones de combustible, petróleo diésel D-2, que aparentemente iban a ser destinados al uso de la minería ilegal, y cuyo valor asciende a 17, 500 soles.

Además, se intervino a varias personas dedicadas a este ilegal transporte.

Las acciones se ejecutaron el último miércoles al promediar las 03:00 horas, en el sector Yanamayo. Aquí se descubrió al camión sin placa de rodaje, conducido por Alex Huallpa Yabar (21), quien carecía de brevete y trasladaba 10 cilindros con 60 galones de combustible cada uno, y un cilindro con 10 galones.

Después se detectó otro camión sin matrícula, cuyo chofer Marcial Mollesaca Oviedo (29), también carecía de licencia de conducir y trasladaba ocho cilindros con 60 galones de combustible cada uno. A la vez de sorprendió a otro vehículo sin placa, cuyo conductor se dio a la fuga. Éste e trasladaba ocho cilindros con 60 galones de combustible cada uno.

Los vehículos pesados con los cilindros y choferes fueron trasladados a la comisaría de Quincemil.

Finalmente, se realizó el registro domiciliario de Lino Contreras Ccolque (62), donde se halló 71 cilindros de polietileno vacíos y tres con contenido de petróleo.

La Policía al proceder con el conteo correspondiente del combustible incautado, dio a conocer que totaliza 1,750 galones de petróleo diésel D-2.

Fuente:http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-inmovilizan-cusco-1750-galones-petroleo-destinados-a-mineria-ilegal-661905.aspx

Nuevamente se quiere generar la sensación de que existe una contradicción intrínseca entre el cuidado del ambiente y la salud de los peruanos, por un lado, y el bienestar económico por el otro. Nuevamente, con la excusa de favorecer la venta del complejo metalúrgico de La Oroya, se plantea reducir los estándares de calidad ambiental (ECA), en este caso en lo relativo a la calidad del aire. Preocupa mucho la norma prepublicada por el Ministerio de Ambiente con la idea de «sincerar» los ECA, y preocupa no solamente porque pone en riesgo la calidad del aire que respiramos y en esa medida la salud de la población, sino además porque esta medida se sustenta en una falacia.

«Relajan norma de emisión de azufre que favorecerá reactivación del Complejo Metalúrgico de La Oroya» (Gestión 08/04), «Propuesta de ECA en aire se acerca a demanda de minera Doe Run» (El Comercio 09/04), «Medida puede impulsar la subasta del complejo metalúrgico La Oroya» (Correo, 09/04) son algunos de los titulares en la prensa de estos días que sustentan esta interpretación falaz.

Uno de los principales parámetros en cuestión se refiere al dióxido de azufre, para el manejo del cual Doe Run –operadora del complejo– debía culminar el proyecto de la planta de ácido sulfúrico del circuito de cobre. La nueva norma propuesta por el MINAM «sincera» este parámetro y lo ubica en un máximo diario de 250 ug/m3. Recordemos lo que advertíamos hace pocos meses:

«No es cierto que la razón por la que no se ha podido subastar el complejo de La Oroya es la exigente normativa del Ministerio del Ambiente (Minam) que supera a la de Canadá, Chile, etc.? En primer lugar por la sencilla razón que los niveles de emisiones de dióxido de azufre que se exigen en La Oroya son los vigentes el año 2001, cuando el Minam ni siquiera existía: 80 microgramos por metro cúbico anual de emisiones de polvo y metales (ug/m3) promedio anual y 365 (ug/m3) de promedio diario

¿Esta normativa es más exigente que en Chile o Canadá? Nuevamente la respuesta es no. En Canadá el promedio diario es 300 ug/m3 y en Chile 250 ug/m3. Además, al complejo metalúrgico se le ha dado hasta el año 2029 para adecuarse, es decir 14 años»1.

Claramente, el nuevo ECA para el aire sigue estando muy por debajo de los laxos límites de los que ya goza el complejo metalúrgico de La Oroya hasta el 2029, siendo evidente que esta es una excusa falaz que poco o nada tiene que ver con la venta que fuera declarada desierta hace poco, y que a lo único que abona es a fortalecer el discurso empresarial respecto a que habría «demasiadas» normas ambientales que impiden el crecimiento económico.

Lo real es que si el complejo reinicia operaciones sin haber realizado la inversión ambiental pendiente, la población de esa localidad recibirá nuevamente un coctel tóxico de metales pesados (plomo, cadmio, arsénico) que ningún estándar en el mundo –ni siquiera el más flexible- puede tolerar.

Más aún: relajar (o «sincerar», para usar el lenguaje usado por el MINAM) estos estándares es una mala señal para las empresas que SÍ cumplieron con adaptarse a las nuevas normas dictadas por la anterior gestión ministerial. Por ejemplo, la refinería de Southern en la ciudad de Ilo, viene cumpliendo con los ECA de 80 microgramos por metro cúbico anual de emisiones de polvo y metales (ug/m3).

Al país le interesa atraer las mejores inversiones y empresas que operan con los más altos estándares ambientales y sociales. Si pretendemos seguir avanzando y, por ejemplo, ingresar a la OCDE, necesitamos fortalecer la institucionalidad ambiental y no debilitarla.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/main/14-data-articles/709-la-oroya-y-el-sinceramiento-de-estandares-de-aire

El flamante viceministro de Gobernanza Territorial, Javier Fernández Concha, acaba de romper fuegos con una entrevista de antología en el diario El Comercio (7/04/2017). Lo cierto es que en la entrevista presenta componentes claves de su plan de trabajo y del “nuevo” enfoque que pretende desarrollar, sobre todo en materia de conflictividad social.

Si bien el viceministerio tiene tres instancias o secretarías -Descentralización; Demarcación Territorial y Gestión Social y Diálogo-, queda claro que es esta última la que tendrá un mayor peso. Aparte de los temas de estructura y organización del viceministerio y sus secretarías, las declaraciones del viceministro permiten tener una idea del enfoque que le dará al abordaje de los conflictos y en este punto hay varios temas que generan preocupación.

¿Zanjando con el sistema anterior?

Fernández Concha ha buscado marcar diferencias con la etapa previa. Ha señalado que “los sistemas creados por cada ministerio para afrontar la conflictividad no coordinaban entre sí. Cada uno establecía su propia estrategia en función a los intereses de su propio sector; además, se crearon mecanismos alternos”.

Por supuesto que en este punto tiene razón, y se podría agregar que la Oficina de Diálogo de Sostenibilidad no tenía la capacidad ni el peso suficiente para alinear a todos los ministerios detrás de una sola estrategia. Habrá que ver si el flamante viceministerio logrará el ansiado alineamiento.

Pero el viceministro también pretende deslindar con el enfoque de la Defensoría del Pueblo y los informes sobre conflictos sociales que al parecer siguen incomodando a más de uno. En un acto casi de magia ha señalado -sin explicar cómo- que en el país hay sólo 5 conflictos sociales, “y no los 217 conflictos que señala la Defensoría del Pueblo”. Para él, el conflicto sólo se da “cuando hay una crisis, una toma de carretera, un secuestro y se rompe el orden jurídico”. Agrega que “manejar diálogo y conflictividad al mismo tiempo es muy difícil en una negociación y que hacerlo “es simplemente capitular”.

Este enfoque es un serio retroceso, y lo real es que se confunden categorías como crisis o estallidos sociales con las de conflicto. Además no toma en cuenta los avances en la reflexión y las propuestas de políticas públicas que se vienen desarrollando a nivel global para precisamente buscar transformar los conflictos y salir de situaciones de entrampamiento. No se puede perder de vista que más allá de la existencia de eventos de protesta, existe una conflictividad de fondo, que es la que se debe entender y por supuesto atender, y así encarar la raíz de los problemas que se manifiestan antes, durante y después de las protestas. Por lo tanto, de lo que se trata es de promover acciones que permitan superar esa conflictividad de fondo, o en todo caso procesarla a través de mecanismos más institucionalizados y democráticos.

Los peligros que acechan

Errar en el enfoque conlleva el peligro de priorizar salidas verticales y autoritarias, que es lo que en la práctica anuncia Fernández Concha cuando propone retomar el principio de autoridad y anuncia los estados de emergencia como uno de los mecanismos privilegiados por la nueva estrategia -que de hecho ya se viene aplicando en varias regiones del país-. No está de más recordar que autoridad sin legitimidad no funciona.

De lo que se trata es precisamente de construir legitimidad, transformando las relaciones existentes y las reglas de juego profundamente asimétricas que las sostienen y que están a la base de los conflictos. Se deben identificar los eventos y factores detonantes de los estallidos y protestas para diseñar las propuestas para cambiar las reglas de juego y construir los equilibrios que vienen haciendo falta desde hace tiempo.

Sobre este tema, Anthony Bebbington plantea una interrogante que es totalmente pertinente: “¿Entrarán estos conflictos en una espiral viciosa o, por el contrario, será posible que ellos puedan forzar cambios institucionales y políticos que incrementen la posibilidad de que las actividades extractivas puedan contribuir a formas más efectivas y equitativas de desarrollo?”.

De lo que se trata precisamente es de impulsar esos cambios institucionales y las políticas que están haciendo falta y no retroceder. El señor Fernández Concha debería darse cuenta que ya no está trabajando para una empresa minera y que no puede pretender encarar los conflictos sociales como precisamente siempre ha querido la Sociedad Nacional de Minería.

La opción que ha tomado el gobierno es preocupante. Nada más ilustrativo del camino que se pretende seguir que entregar un viceministerio de estas características a un empresario minero.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/main/opinion/708-viceministro-envuelto-en-sus-propios-conflictos

Desde hace un buen tiempo, la violencia empezó a incubarse en la provincia del Condorcanqui, región Amazonas. Y explotó al amanecer del 16 de marzo, cuando un grupo de ex combatientes del Cenepa irrumpió en el campamento de la Compañía Minera Afrodita S.A. y procedió a destruir sus instalaciones.

Los ex soldados señalaron que habían decidido desalojar a la empresa, que permanece en la zona desde hace diez años, porque carece de permiso para operar y porque las autoridades regionales no hacen nada para sacarla a pesar de los insistentes reclamos que les han presentado.

Dijeron que también comunicaron y alertaron a Defensoría del Pueblo y a la Presidencia del Consejo de Ministros de lo que podría ocurrir.

Cuando llegaron al campamento minero, los indígenas awajún encontraron a una sola persona que estaba a cargo del cuidado de la sede, hecho que les facilitó la destrucción de la maquinaria y otros implementos que encontraron.

En declaraciones a un medio local, los atacantes manifestaron que “hemos sido bien claros desde hace mucho tiempo, que desalojaríamos a la empresa minera Afrodita ante su insistencia de permanecer en la Cordillera del Cóndor a pesar de no contar con ningún permiso”.

Tras alegar que solo quieren defender su territorio, los reservistas lamentaron que ahora los llamen delincuentes cuando antes eran considerados patriotas por defender la frontera del país.

Afrodita insistirá

El gerente general de Afrodita, Jorge Bedoya Torrico, señaló que el gobierno regional de Amazonas ha cometido una serie de infracciones y arbitrariedades en contra de su empresa, pero que, al margen de ello, Afrodita cuenta con todos los permisos legales.

Explicó que el proyecto tiene aspectos sociales y económicos positivos. Detalló que el lado social se sustenta con el programa de desarrollo de las comunidades nativas adyacentes, el mismo que fue felicitado en su momento por el gobierno regional y

por las organizaciones indígenas Orpian y Aidesep.

Sostuvo que en lo económico generará recursos para la ocupación sostenible de la frontera.

“La Compañía Minera Afrodita S.A.C. continuará haciendo sus mayores esfuerzos en la ejecución de este proyecto. Es en virtud a esto que exhortamos a las autoridades competentes a actuar de forma oportuna, en función a sus alcances y competencias”, indicó el ejecutivo minero.

El dato

La presencia de Afrodita ha dividido a los comuneros. Mientras la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc) rechaza la minería, la Organización de Desarrollo de Comunidades del Alto Comainas (Odecoac) considera que puede ayudarles en su desarrollo.

Fuente:http://larepublica.pe/impresa/politica/861680-reservistas-awajun-destruyen-campamento-minero-de-empresa-afrodita