SOBRE CASO TÍA MARÍA

• Texto escrito por José Lapa Romero fue presentado en Arequipa, Cusco, Puno y Lima
• Autor aborda otros factores más allá del modelo económico hegemónico que el Estado y Southern Cooper pretenden implantar en este valle agrícola

“Lo que los ojos no ven” aborda el tema del capital minero, hegemonía, represión estatal y movimiento social en el Valle de Tambo entre marzo y mayo del 2015. Este periodo de tiempo se refiere sobre el conflicto de Tía María en la región Arequipa.

El autor, el sociólogo José Lapa Romero, estuvo en el lugar de los hechos y pudo presenciar los enfrentamientos que provocaron la muerte de cuatro personas en la provincia de Islay en el año 2015. Además de esta experiencia personal, el libro también narra la lucha por la agricultura y la vida en el Valle de Tambo, los factores que dieron origen, así como las consecuencias que este conflicto trajo a la población.

Respecto al factor económico el libro detalla el modo de vida de más de 20 mil familias que se dedican a la agricultura en el Valle de Tambo. Por otro lado, está el factor del interés privado empresarial, en este caso, promovido por la empresa quien intenta imponer en le lugar –junto al Estado- una supuesta reactivación de la economía, por medio de la minería.

Como consecuencia de ello, el autor, José Lapa Romero refiere en su obra el proceso de articulación desde las organizaciones sociales hasta los representantes políticos, a consecuencia del proyecto minero.

De igual modo, Lapa Romero remarca cómo es que el Estado siempre ha dependido de la minería, ya que una gran parte del presupuesto nacional es solventado por el aporte minero; es esta dependencia económica la que también genera una subordinación política.

“Lamentablemente el gobierno siempre tendrá prioridad en la inversión privada, que es más rentable que la agricultura. Esta prioridad muchas veces trastoca y violenta derechos fundamentales de la persona. El Valle de Tambo cuenta con un desarrollo agrícola que no es de subsistencia, porque se exportan productos a Bolivia y Venezuela, además seguirá siendo una despensa de seguridad alimentaria de Arequipa y el sur del país”, resaltó.

Algunos comentarios

La articulación de una economía campesina próspera se impuso contra cualquier intento de destruirla. La reproducción social y la dinámica social se mostraron muy fuertes e indestructibles. A pesar del intento de quebrar la lucha permanentemente y desprestigiarla, la protesta social se hizo cada vez más intensa.

“Este libro muestra la prepotencia de la empresa. La minería corrompe a los medios, corrompe a las organizaciones. Este libro es una herramienta para la lucha del pueblo”, indica el ingeniero Otto Hito, líder del Valle de Tambo.

Por su parte, Oscar Mollohuanca, exalcalde de la provincia de Espinar (Cusco), señala que las estrategias de empoderamiento del capitalismo minero extractivo parecen ser las mismas que se viven en el Cusco con la empresa Xtrata Tintaya.

“Este libro tiene una mirada distinta de lo que comúnmente leemos de los conflictos sociales. Nos da un enfoque de cómo es el juego de poder, las contradicciones económicas, sociales, políticas. Aquí se señala de manera muy clara la hegemonía del poder agrario, frente a la hegemonía del poder minero capitalista transnacional, sus estrategias, sus aliados y como se va construyendo toda esta complejidad de relación contradictoria que termina en lucha”, refiere Mollohuanca.

Sobre el autor

José Antonio Lapa Romero es Sociólogo e investigador social, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha publicado libros de poesía, ha escrito artículos de opinión. Entre sus recientes materiales de investigación destacan: “Hegemonía, dominación y conflicto social minero en mayo del 2012: El Caso de Espinar de la región Cusco” (2015) y “Hegemonía, dominación y conflicto social minero en el valle de Tambo de marzo a mayo del 2015: El Caso de Tía María en la región Arequipa.”

EN I CONGRESO DE SALUD AMBIENTAL

Organizaciones de la Sociedad Civil y entidades del Gobierno Regional de Junín decidieron organizar y convocar al I Congreso Regional de Salud Ambiental y Humana con el fin de generar importantes aportes para la implementación de la Ordenanza Regional (141-2012 GRJ/CR) que prioriza la atención especializada a personas afectadas por la contaminación ambiental en Junín.

Luego de constatar que las condiciones ambientales para la vida de las personas y comunidades se encuentran en proceso de deterioro –y con serias repercusiones en la salud de la población- se hace necesario abordar este tema desde un dialogo con las poblaciones afectadas. Especialmente con aquellas de mayor potencial para nuestro futuro: los niños y las madres gestantes.

Se espera que este evento, basado en el enfoque de la relación: salud, ambiente y desarrollo de la región, sea un espacio de apertura al diálogo, generación de alianzas estratégicas e intercambio de conocimientos entre autoridades, profesionales, expertos, ciudadanos y personas afectadas por la contaminación ambiental.

Desde hace 5 años se espera que la Gerencia de Desarrollo Social honre el compromiso de implementar esta ordenanza, en articulación con los otros sectores del Gobierno Regional y el liderazgo de la Dirección Regional de Salud de Junín.

Con esta norma regional se establecería un nuevo modelo de salud para el desarrollo humano y sostenible de la región, luego que se declare “de interés y necesidad pública regional”, la atención prioritaria especializada a personas afectadas por la contaminación ambiental, en la Provincia de Yauli y otras afectadas de la Región Junín.

No obstante, las demandas de la población también apuntan al Gobierno nacional, para que presten toda su atención a la evolución de los niveles de contaminación y la atención de salud para las personas que se consideran afectadas por la contaminación ambiental en la ciudad de La Oroya.

Es por ello que, este primer Congreso regional tiene como objetivo construir estrategias de corresponsabilidad multisectorial para lograr un sistema integrado y eficiente de la salud regional. Esto contempla un mayor acceso a los servicios de atención sanitaria por parte de la población afectada por la contaminación ambiental.

Además, se pretende sensibilizar a los asistentes sobre los impactos de los condicionantes ambientales y sociales regionales en la salud de las personas, valorando la necesidad de la promoción y prevención de la salud.

Otro de los resultados esperados en este I Congreso Regional de Salud Ambiental y Humana, es recoger las ponencias y opiniones de expositores expertos para una futura publicación que recoja toda la problemática y propuestas de solución sobre la afectación de la salud humana a causa de la contaminación por metales pesados.

Fuente:http://muqui.org/comunicaciones/noticias/item/597-sociedad-civil-reune-a-expertos-y-autoridades-para-resolver-atencion-de-afectados-por-contaminacion-en-junin

Protestan en sede del Minsa. Alcalde Zumel Trujillo revela que los niños de Simón Bolívar sufren de neoplasias, leucemia y anemia.

Un numeroso grupo de pobladores del distrito de Simón Bolívar, ubicado en la región Pasco, que llegaron hace seis días a Lima se encadenó ayer en los exteriores del Ministerio de Salud (Minsa) para denunciar la contaminación ambiental que sufren las familias de esa localidad, a causa de los desechos tóxicos que vierten las empresas mineras.

PELIGRO. El alcalde de la citada comuna, Zumel Trujillo Bravo, señaló que hasta el momento existen más de dos mil niños que están afectados por los metales pesados, entre ellos existen casos de neoplasias, leucemia, anemia y desnutrición infantil. También dijo que el agua que bebe la población está contaminada.

“Este problema sucede en el ámbito de la provincia de Pasco, donde hay cúmulos de metales y relaves mineros”, añadió el burgomaestre.

PLAN DE SALUD. Mediante un comunicado, el Minsa señaló que se ha reunido con las autoridades de Cerro de Pasco y los sectores vinculados al problema de la minería para establecer varios acuerdos, entre ellos emitir un decreto donde se declare en emergencia sanitaria la zona afectada. Asimismo, se propuso el plan de salud integral del 2017 al 2021, a fin de atender las demandas de esta población afectada por las actividades mineras.

Conflicto

La Defensoría del Pueblo indicó que este problema se presenta como un conflicto social desde el 2012.

Fuente:http://diariocorreo.pe/ciudad/pobladores-de-pasco-denuncian-contaminacion-minera-y-reclaman-apoyo-756969/

Acabo llegar de una zona minera, un lugar que tiene más de 30 años de minería1. Ya había ido antes y siempre la sensación que me deja es la misma: una cierta tristeza, confundida con desazón.

En esos lugares se vive la fragmentación como uno de los mayores problemas. Sabemos que toda convivencia modifica la vida de los actores, más cuando existe entre ellos mucha diferencia de poder, dinero, información, etc. En esos casos, cuando los problemas se presentan casi nunca se resuelven, se «arreglan». Si son públicos se convierten en privados, se le pone precio y se negocia. Aparecen voces que señalan que solo los afectados directos deben intervenir. Además, para muchos es difícil resistirse a los planteamientos de la empresa minera porque es su empleador, o contrata a su empresa comunal o les da cada cierto tiempo algún beneficio como gesto de su responsabilidad social. Los disidentes, los que están en desacuerdo, no reciben esos beneficios y ello se extiende a su familia. Además son aislados y difamados como antimineros, antidesarrollo, que «están pagados por ONGs» y que hasta sirven a intereses internacionales de países que compiten con el Perú. Si el conflicto escala y existen estallidos violentos, son los primeros que serán denunciados.

Alguien me contó que su sector debía ser reubicado desde hace varios años porque un estudio financiado por la empresa encontró selenio en el agua que utilizaban. Al enterarse protestaron y se celebró un convenio para la reubicación. Pero cuando se preparaba el proceso, la versión impresa del convenio desapareció. Nadie en el sector la tenía. Me contó que hacía poco habían conseguido un ejemplar y me lo dio a leer. El problema que tenían ahora era que quienes debían activarlo no lo querían hacer. Me dijo que se lo pidió a su presidente comunal pero éste se mostró contrariado porque es trabajador de la empresa minera.

Tengo la impresión de que en zonas mineras las relaciones clientelares, que siempre han existido en el Perú, se refuerzan. Es paradójico que empresas transnacionales, que se supone son expresión de la modernidad, se vean envueltas en esas prácticas. Me parece que ocurre por un tema de pragmatismo. Es decir, ir por el atajo es menos costoso que construir un camino seguro y las empresas quieren maximizar sus ganancias y los tiempos cuentan. Cuando observo estas cosas me pregunto qué es peor: ¿el deterioro ambiental o el social? Pese a ser ambientalista no tengo una respuesta clara. Todo ello me lleva a pensar que estos lugares solo tendrán futuro cuando se logre romper la lógica de un relacionamiento en torno a lo económico y a los favores que se reciben, pasando a una lógica de sujetos de derechos que se preocupan por el bienestar común y la mejor manera de lograrlo. Creo que las empresas deberían pensar en ello.

20 de junio de 2017

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/main/opinion/734-las-relaciones-clientelares-en-las-zonas-mineras

Más de 80 vecinos del distrito de Simón Bolívar, Cerro de Pasco, llegaron a Lima para protestar este miércoles contra las actividades mineras en su región. Según contaron a RPP Noticias, hay más de 40 casos de niños con leucemia y 500 adultos con cáncer de estómago por la contaminación de la minería. Cifras citadas por la agencia AFP hablan de 2,000 menores con plomo en la sangre. Como parte de su protesta se encadenaron a la sede el Ministerio de Salud (Minsa)

El alcalde de Simón Bolívar, Zumel Trujillo, contó que en el 2012, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEI) identificó a Pasco como la segunda región con más casos de cáncer, solo detrás de Lima. “A pesar de que tenemos mesas de diálogo, desde el año 2015, semanales y quincenales, no se ha avanzado”. Tras compartir las cifras de casos de cáncer, dijo que si se hiciese un diagnóstico de los 100 mil habitantes de la región, los números serían más alarmantes.

Como se recuerda, el Ministerio del Ambiente (MINAM) pre-publicó en los primeros días de abril la propuesta de nuevos Estándares de Calidad Ambiental (ECA). Finalmente y cediendo a las presiones, el 8 de junio fue publicada su aprobación en el diario oficial El Peruano, mediante D.S. 003-2017-MINAM.

Con esta norma se modifica el ECA del dióxido de azufre (SO2). En adelante el valor es de 250 µg/m3 para 24 horas. El incremento del valor concentración de este parámetro estaría orientado a favorecer al nuevo operador del Complejo Metalúrgico de La Oroya. También se incrementa el valor del PM2.5 para 24 horas, de 25 a 50 µg/m3. La norma establece como valor anual de concentración 25 µg/m3, algo que estaba pendiente de regulación.

Respecto al material particulado PM10, su valor pasa de 150 a 100 µg/m3 para 24 horas, lo que constituye una reducción del valor anterior. Su media aritmética anual se mantiene en 50. Igualmente, el ozono pasa de 120 a 100 µg/m3. Además, se incluye el ECA del mercurio gaseoso total con un valor de 2 µg/m3 para 24 horas, y se retira el ECA de los hidrocarburos totales expresado como hexano. En el dióxido de Nitrógeno, Monóxido de Carbono, Sulfuro de Hidrógeno y Plomo los valores se mantienen.

La norma deroga el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire, aprobado por D.S. 074-2001-PCM que establecía ECA y los lineamientos para alcanzarlos; igualmente se deroga el D.S. 069-2003-PCM que adicionaba el valor anual de concentración de plomo, y el D.S. 003-2008-PCM que establecía nuevos parámetros de ECA aire y la modificación de otros. También quedan derogadas las disposiciones complementarias para la aplicación del ECA de dióxido de azufre, aprobadas por D.S. 006-2013-MINAM.

Como ha sido señalado, este Decreto Supremo es en realidad el corolario de una campaña sostenida que buscaba desde hace tiempo debilitar las normas de calidad ambiental y que tuvo, hay que reconocer, en el presidente Kuczynski a uno de sus principales activistas, desde el inicio de su gobierno y a través de su visita a la ciudad de La Oroya con algunos inversionistas chinos.

Habrá que ver si, como se dijo, los nuevos ECA permiten la venta del complejo de La Oroya. Lo que sí se ha ganado con esta medida es una nueva demanda de parte de Doe Run en contra del país. Lo cierto es que se le ha puesto en bandeja los argumentos para sostener la demanda por trato discriminatorio.

Nuevamente se va a tener que gastar en estudios de abogados, en el Perú y en el extranjero y quizás, es probable, que al final terminemos pagándole una millonaria indemnización a los ex dueños del complejo de La Oroya, los mismo que cuando estuvieron a cargo de la operación en La Oroya se burlaron de todo el país y en especial de los habitantes de esa localidad.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/main/advanced-stuff/cooperaccion-informa/732-los-nuevos-estandares-de-aire-y-una-nueva-demanda-contra-el-peru

El 5 de junio de 2009 –hace ya 8 años- el país amanecía con la noticia del violento desalojo contra los indígenas que tenían 53 días bloqueando la carretera Fernando Belaúnde en Bagua, Amazonas. Los enfrentamientos dejaron al menos 33 personas muertas y un desaparecido, entre Policías, nativos y mestizos. El «Baguazo» fue expresión de un movimiento indígena alzando la voz y pidiendo respeto, y de un sistema político que no estaba preparado para escuchar esa voz. ¿Hemos aprendido la lección?

A la luz de los hechos recientes, parece que no. El territorio amazónico sigue siendo asediado por todos los flancos, poniendo en riesgo la vida de las comunidades indígenas, así como la biodiversidad y, sin duda, el futuro del medio ambiente del cual dependemos todos y todas.

Tan solo la semana pasada, nuevamente el Gobierno peruano ha actuado en contra de la consulta previa. El Ministerio de Energía y Minas, PerúPetro y las empresas petroleras Pacific Stratus Energy y Maurel et Prom. han apelado la decisión judicial que obligaba a someter a consulta previa, libre e informada la concesión y exploración del Lote 116, en Amazonas. Argumentando formalismos, tanto el Estado como las empresas pretenden desconocer un hecho evidente: que la consulta es un derecho desde que Perú ratificó el Convenio 169 de la OIT en 1993, y que la concesión del Lote 116 no ha sido consultada. Precisamente la misma omisión que llevó al Baguazo, cuando el gobierno de García quiso imponer sin consulta un conjunto de decretos que afectaban la Amazonía para «adecuar» nuestra legislación al TLC con EEUU.

En la misma región, los pueblos awajun y wampis siguen enfrentando la presencia de otra empresa que opera sin consulta y pasando por encima las normas vigentes: la minera Afrodita, instalada en la megadiversa Cordillera del Cóndor. Pese a no contar con autorizaciones legales para ocupar el territorio indígena, la empresa aún no cumple con retirarse, atizando un conflicto que ya estaba activo en tiempos del Baguazo y que fue una de las razones que estuvieron detrás de la protesta de entonces.

A las amenazas extractivas hay que sumar la construcción de carreteras sin consulta, que incentivan la llegada de actividades ilegales de difícil control, como la tala y la minería ilegal. No ha bastado con el ejemplo de la sobrevalorada y corrupta carretera interoceánica sur, tras la cual la minería ilegal creció exponencialmente devastando la selva de Madre de Dios. Sin ir más lejos, muy recientemente el propio Congreso ha aprobado una Ley que declara de interés nacional la «conectividad» de la provincia de Purús, en Ucayali, respondiendo a una vieja iniciativa del congresista fujimorista Carlos Tubino para construir una carretera. Si bien la Ley se refiere a la «intermodalidad», no excluye la carretera, que podría conectar fácilmente a los mineros ilegales de Madre de Dios con la Reserva Comunal de Purús, una zona de gran biodiversidad.

Y ya que hablamos del Congreso, agreguemos que esta peligrosa Ley debería haber sido consultada a los pueblos indígenas, pero el proyecto para regular la consulta previa legislativa aún no avanza. Recordemos que el Convenio 169 obliga a consultar toda medida que pueda afectar a los pueblos indígenas, pero la Ley de Consulta sólo se refiere a los actos administrativos del Poder Ejecutivo. Es urgente que también el Congreso se sepa obligado a escuchar y dialogar con los pueblos indígenas buscando el consentimiento y el respeto a sus prioridades de desarrollo.

En Ucayali también es de gran preocupación la incontrolable tala ilegal. Hace tres años fue asesinado Edwin Chota junto con otros tres líderes indígenas de la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto, quienes denunciaban el ingreso de madereros ilegales. Recordemos que una investigación destapó que hasta el 90% de la madera exportada por Perú a EEUU tendría origen ilegal. Pese a este escándalo, hace muy poco el propio MINCETUR avaló el envío a ese país de un cargamento de madera ilegal incautada en Iquitos y valorizado en más de S/1.6 millones. La lucha contra esta actividad que también devasta el territorio amazónico sigue arrastrando los pies.

Pero la problemática de los pueblos indígenas también ha llegado a la propia Lima, cuyas autoridades también han mostrado indolencia y falta de capacidad para escucharlos. Hoy, que está en cuestión la calidad de la obra del «by-pass» impuesto por la Municipalidad de Lima en la avenida 28 de Julio, no podemos olvidar que el mismo fue realizado sacrificando el proyecto de vivienda que iba a beneficiar a la comunidad shipiba de Cantagallo.

Pese a todas estas amenazas –e incluso a costa de su propia vida y de la criminalización y judicialización que enfrentan- los pueblos indígenas siguen organizándose con tenacidad. Comunidad por comunidad, cuenca por cuenca, región por región, siguen luchando por garantizar un futuro sostenible para sus pueblos, para sus hijos e hijas, y –por qué no decirlo- para la humanidad toda, que depende de la protección de la Amazonía para enfrentar el cambio climático.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/main/opinion/729-a-8-anos-del-baguazo

La Defensoría del Pueblo hace un registro mes a mes de los conflictos sociales, activos y latentes, que suceden en el país. Así, a partir de sus reportes mensuales se puede hacer un seguimiento permanente de los niveles de conflictividad, tanto a nivel nacional como de las regiones.

Haciendo un recuento de los últimos años, se observa picos de conflictividad social en el 2009 con 272 conflictos y en el 2012 con 245 conflictos. Luego, a partir del 2014 hasta marzo del 2017, los conflictos se mantuvieron sin mucha variación, alrededor de los 210 casos por mes en promedio. Sin embargo, en abril del 2017 se reportó una caída de 18 conflictos en un solo mes y en mayo nuevamente ha habido 7 conflictos menos: es decir, 25 menos en dos meses.

Esta caída atípica en relación a los años previos puede explicarse por varios factores. Una primera razón es la propia evolución de la conflictividad, reflejada a su vez en indicadores cualitativos y cuantitativos: por ejemplo, desde finales del año pasado algunos indicadores de intensidad, como el número de heridos por conflictos o protestas colectivas, habían mostrado una tendencia a la baja. No obstante, en el pasado una menor intensidad en los conflictos no necesariamente desencadenó en un menor número de conflictos.

Otro elemento que puede explicar esta tendencia a la baja en el número de conflictos es la emergencia declarada por «El Niño Costero» que sin discusión marcó la agenda nacional de los primeros meses del año: la movilización en los territorios afectados por el evento climático extremo y también en los menos afectados, ha sido -sobre todo- para hacer frente a la emergencia y no ha habido espacio para otro tipo de demanda.

También hay que considerar como otro factor la tendencia a la baja de la inversión minera como consecuencia de variables internacionales, especialmente, los menores precios de los metales y el poco respaldo financiero internacional para llevar adelante nuevos emprendimientos. Lo cierto es que las estrategias de las propias empresas mineras apuntan a procesos de maduración de sus inversiones a ritmos mucho más lentos que en el pasado.

Sin embargo, existe otra posible explicación de este cambio de tendencia: un posible ajuste metodológico en los propios informes de la Defensoría. ¿Qué podría estar pasando? Si se observa el cuadro siguiente, llama la atención que sólo en abril se hayan retirado 21 casos del registro de conflictos de la Defensoría cuando en los quince meses anteriores se había retirado entre 6 a 0 casos por mes. Igualmente, en abril y marzo del 2017, pasaron de conflictos activos a conflictos latentes, 15 y 10 casos, respectivamente, cuando en los últimos quince meses sólo se había pasado como latentes hasta un máximo de 6 casos por mes. Cabe señalar que metodológicamente, la Defensoría pasa a retirar un caso de conflicto de su registro cuando éste ha sido resuelto o cuando un conflicto categorizado como latente permanece varios meses sin reportar hechos.

Sería importante que la Defensoría aclare si se ha hecho ajustes en la metodología y haga públicos los criterios de la misma. De hecho, bajo la secuencia explicada en el párrafo anterior, posiblemente en los próximos meses haya nuevas disminuciones en el registro de conflictos. También es importante saber qué sucede con los conflictos que son retirados, ya que de acuerdo a los reportes de la Defensoría, el retiro del registro no significa que el conflicto haya sido resuelto, sino que éste no ha presentado hechos durante largo tiempo. Tampoco se sabe si la Defensoría tiene los recursos suficientes para monitorear los conflictos una vez retirados.

Finalmente, cuidado con los mensajes triunfalistas que se puedan estar preparando desde algunas instancias del Ejecutivo, sobre todo desde el viceministerio de Gobernanza Territorial, que -no hay que olvidar- fue creado recién en marzo de este año. Como muestran las estadísticas, la caída en el número de conflictos (35 menos) se inicia en el mes de febrero, antes de la creación del mencionado viceministerio y ha continuado en los meses siguientes. Habrá que observar qué pasa de aquí en adelante.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/main/opinion/731-esta-disminuyendo-el-numero-de-conflictos-sociales-en-el-pais-algunos-datos-para-el-debate

(07/06/2017) El Tribunal Constitucional resolvió por mayoría declarar fundada la demanda de amparo por la cual Minera Yanacocha solicitaba dejar sin efecto una ordenanza de la Municipalidad Provincial de San Pablo (Cajamarca) que creaba el Área de Protección Ambiental Municipal en el complejo hidrológico conocido como “Alto Perú”.
Las Lagunas de Alto Perú son un área de 2960 hectáreas que alberga 284 lagunas y 456 manatianles. Sus aguas alimentan tres cuencas hidrográficas: la del río Llaucano, que irriga Hualgayoc y Chota; la de los ríos Chilete y Jequetepeque, que llegan a la costa; y la del río Maschon, que alimenta a la propia Cajamarca.
Por su importancia hídrica, ecológica y también turística, la Municipalidad Provincial de San Pablo creó en 2007 un Área de Protección Ambiental Municipal. Sin embargo, la empresa minera Yanacocha –que es propietaria de una parte de la superficie de la zona- interpuso esta demanda alegando que se afectaba “la libertad de empresa, de industria, de trabajo y propiedad privada”. La demanda fue declarada improcedente hasta en cuatro instancias en el Poder Judicial (el 2007, el 2008, el 2014 y el 2015). Sin embargo, la empresa apeló hasta llegar al Tribunal Constitucional, que con esta sentencia contradice todo lo actuado por el sistema de justicia y deja en la desprotección legal a este importante complejo hidrológico.
Yanacocha alega que no existen planes para desarrollar algún proyecto minero de exploración o explotación, y que no ha gestionado permiso alguno para realizar actividad minera en la zona. Entonces ¿por qué ha invertido en diez años de procesos judiciales para lograr la desprotección legal de Alto Perú?

Las organizaciones sociales de Cajamarca ya se encuentran en alerta frente a esta amenaza. “La población cajamarquina deberá cerrar filas en defensa de las Lagunas de Alto Perú, para que este espacio de recarga hídrica se conserve de manera natural”, ha declarado el líder rondero Ydelso Hernández. La sentencia “es una provocación a todos los pueblos de la región y el país”, afirmó el dirigente ambientalista Edilberto Barrantes Terán, agregando que lo más grave es que los magistrados no mencionaron que dicho terreno, supuestamente privado, está lleno de lagunas y que estas son bienes públicos. “Se le está regalando a Yanacocha estas lagunas sólo por el hecho de que se encuentran en su territorio”, afirmó.
Por su parte el gobernador regional de Cajamarca, Porfirio Medina, calificó la decisión como “una barbaridad”. “Para nosotros está completamente claro que este espacio natural se tiene que seguir conservando tal como está. Está claro que aquí pesa más el poder económico que el interés social”, denunció la autoridad regional.
En tanto la municipalidad provincial de San Pablo anunció que presentará un recurso para continuar con la defensa de los recursos hídricos de la zona. El alcalde Leonardo Cabanillas informó que se encuentra en Lima coordinando con un equipo de abogados y preparando el recurso legal con el que continuarán la defensa de las lagunas de Alto Perú.

Fuente:http://www.conflictosmineros.org.pe/node/328

Por primera vez el Congreso de la República reúne a líderes y lideresas ambientales de todo el Perú para rendir homenaje a sus luchas por defender sus territorios y el medio ambiente que sustenta sus vidas. Y las vidas de todos y todas en el país.

Entre los líderes y lideresas homenajeados, se encuentran:

Máxima Acuña Atalaya, Premio Goldman 2016. Cajamarca.

Ruth Buendía Mestoquiari, Premio Goldman 2014. Satipo, Junín.

• Carlos Sandi, presidente de FECONACO.
• Aurelio Chino, presidente de FEDIQUEP.
• Alfonso López, presidente de ACODECOSPAT.
• José Manuyama Ahuite, presidente del Comité del Agua de Loreto.
• Melchora Surco, presidenta de ADEPAMI, Provincia de Espinar, Cusco.
• Virginia Pinares, presidenta del Comité de Lucha que agrupa a todas las comunidades de la provincia Cotabambas, Apurímac.
• Juana Payaba Cachique, de la Comunidad Nativa Tres Islas de Madre de Díos.
• Victor Zambrano, presidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional de Tambopata, Madre de Dios.
• Mirtha Vásquez, abogada defensora de innumerables líderes ambientales

Las luchas presentes por la defensa del medio ambiente, de la tierra, el aire y el agua, son varias y se replican por todo el Perú. Desde las comunidades ashánikas del río Ene en Satipo, que enfrentaron los proyectos de represamiento del río; la comunidad de Chaparrí, en la costa norte, en defensa del bosque seco; las defensoras de la salud y el aire de La Oroya; hasta las defensoras del ambiente frente a los megaproyectos mineros; nuestras comunidades andinas, costeras y amazónicas luchan frente a una política nacional y mundial que presiona cada vez más sus territorios, en búsqueda de beneficios económicos a corto plazo.

Durante el homenaje, las lideresas y líderes denunciaron que los años de crecimiento económico han significado la invasión de sus territorios y el impacto de cada vez más empresas que buscan explotar sus recursos. Frente a la indiferencia y complicidad del Estado, los líderes y lideresas se encuentran indefensos, perseguidos y criminalizados.

Reunidos en el Congreso, los defensores y defensoras del ambiente reafirmaron su compromiso de seguir luchando por defender el territorio, el agua, el suelo, la tierra y la vida.

«Nosotros todos vivimos del agua, del aire, de la naturaleza. Sea rico o sea pobre, todos vivimos del agua», remarcó la líder apurimeña Virginia Pinares. «Hoy estamos viendo que el cambio climático está afectando al mundo entero y posteriormente no va a haber agua. ¿Comeremos cemento? ¿Comeremos fierro?», se preguntó. «Nosotros somos defensores del medio ambiente, que no nos vean como enemigos», pidió a las autoridades.

«¿Saben qué es lealtad? La lealtad es el compromiso. El compromiso con el territorio que no se negocia», dijo por su parte la líder asháninka Ruth Buendía. «Como el cuerpo mismo, el territorio es nuestro: donde vivimos, donde nos alegramos. Tenemos que cuidarlo. Vamos a defenderlo con nuestra vida, con nuestra sangre», aseguró.

Este reconocimiento oficial se produce en un contexto en el que los defensores del ambiente no solo son perseguidos y criminalizados, sino que llegan en muchos casos a sufrir atentados contra su vida. Desde el caso de Godofredo García, ingeniero que defendía el valle agrícola de Tambogrande ante un proyecto minero, hasta Edwin Chota, quien defendía la selva de Ucayali de la tala ilegal, son decenas los ambientalistas que han sido asesinados en circunstancias que, en la mayoría de casos, no han sido esclarecidas oportunamente por la justicia. Recordemos que la organización internacional Global Witness, basada en Londres, realizó un informe que señalaba que «entre 2002 y 2014 al menos 57 activistas medioambientales fueron asesinados en Perú», lo que convierte a nuestro país en el cuarto más peligroso del mundo para los defensores ambientales.

El homenaje fue organizado por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afrodescendientes, Ambiente y Ecología, presidido por la congresista María Elena Foronda.

07 de junio de 2017

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/main/advanced-stuff/cooperaccion-informa/730-justo-reconocimiento-a-defensores-y-defensoras-del-ambiente