Licencias. La Autoridad Nacional del Agua, encargada de fiscalizar el uso del recurso, desconoce cuáles son las empresas y personas que extraen agua dulce de las cuencas del Perú. Aún así, Ojo-Publico.com conoció que en el país existen 780 mil usuarios oficiales y unos 2.6 millones que extraen agua de manera informal. Entre las principales consumidoras de agua, en el rubro minero, aparecen Yanacocha, Consorcio Minero Horizonte, Barrick y Volcan.

El agua en el Perú discurre y se usa a ciegas. Las estadísticas oficiales de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el ente del Estado encargado de administrar y fiscalizar el uso de este recurso, revelan que el 2015 se destinaron 40 mil millones de m3 de aguas superficiales a los sectores industrial, agrícola, minero y poblacional. Sin embargo, los reportes no identifican a las empresas y personas que manejan dicho recurso, apenas se conoce que hay 780 mil usuarios oficiales y que otras 2.6 millones de personas extraen agua al margen de la ley.

¿Entonces, si no existe un inventario exacto del uso del agua en el Perú, cómo se distribuye y prioriza el manejo de este recurso? Ojo-Publico.com accedió a información de la ANA que revela la existencia más de 16 mil licencias, permisos de excedentes y autorizaciones temporales entregadas en los diversos sectores productivos. De aquel total, al año 2014, existían 1.405 empresas extractivas que consiguieron 2.449 autorizaciones para explotar fuentes de agua en todo el país. De estas, el 32% corresponde a la actividad minera.

El ranking de la industria

El análisis de la base de datos de 16 mil licencias permite identificar a las empresas energéticas, mineras, pesqueras y de la industria en general que concentran el mayor número de derechos de agua. La compañía con más autorizaciones registradas es Pluspetrol Norte y su matriz Pluspetrol Perú Corporation que en conjunto tienen 48 autorizaciones para explotar el agua de ríos y quebradas de la Amazonía.

Esta petrolera de capitales argentinos tiene pendiente un litigio judicial con el Estado porque se niega a pagar S/ 39,4 millones de multa que le impuso el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) por la desaparición y contaminación de lagunas en Loreto.

La segunda compañía con más licencias de agua es la minera Buenaventura (tiene 39 a su nombre), accionista de Yanacocha y que tiene como presidente de directorio a Roque Benavides. Esta compañía litiga con el Estado peruano para no pagar tributos por S/ 246 millones.

Uno de los varios conflictos sociales que involucran a Buenaventura está relacionado con el reclamo de la comunidad campesina de Mollebamba, en Apurímac.

Los agricultores denuncian que la minera estaría tratando de expandir sus operaciones hasta una quebrada cercana, donde hay un ojo de agua que abastece a un proyecto de irrigación y a los baños termales de la zona.

Consorcio Minero Horizonte de La Libertad ocupa el tercer lugar con 28 licencias y autorizaciones de uso del agua. La compañía fue sancionada por la OEFA con 316 UIT por faltas ambientales. A fines del 2016, dentro de su área de influencia, se registró un conflicto por su proyecto aurífero en Parcoy, que ocasionó la muerte de una persona y dejó 21 heridos.

“De los 127 conflictos socioambientales registrados hasta mayo de este año, 82 están relacionados a la actividad minera; seguido por la de hidrocarburos con 17 casos”, se advierte en el informe 159 de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales. La mayoría de ellos se asocia al uso y calidad del agua.

El ranking de empresas continúa con la minera Yanacocha y la fábrica de bebidas Ajeper (cada una con 21 autorizaciones); Barrick y Volcan (18 permisos cada uno), Milpo y Las Bambas (16), Electroandes y Votorantim (14) y Southern Cooper Corporation (12).

Las bases de datos a las que Ojo.Publico.com tuvo acceso incluyen en algunos casos los volúmenes de agua otorgado a cada usuario. Sin embargo, no se pudo realizar un análisis integral de los mismos porque varias de estas autorizaciones están incompletas. Incluso, las estadísticas que la ANA tiene publicadas en su web son parciales y no detallan todas las autorizaciones y permisos otorgados.

Débil fiscalización

Ojo-Publico.com entrevistó a Santos Núñez Cotrina, especialista de la Dirección de Recursos Hídricos del ANA, para conocer la labor de fiscalización que ejerce su sector sobre las licencias y autorizaciones. El funcionario dijo que el control era competencia de las Administraciones Locales de Agua, que tienen descentralizadas en diferentes provincias. “El trabajo consiste en observar si una autorización, por ejemplo, de uso doméstico, no esté siendo usada para fines energéticos, o si la captación es realizada en una zona no autorizada”, agregó. No obstante, esta fiscalización es solo aleatoria por falta de personal, detalló.

La Ley de Recursos Hídricos que está vigente desde el 2008 plantea dos requisitos iniciales para las empresas o personas interesadas en obtener una licencia para extraer agua: poner un aviso en un medio de circulación nacional indicando la zona en la que quieren captar agua, y enviar su propio estudio técnico que confirme la disponibilidad y demanda hídrica en la misma. Núñez aseguró que la ANA coteja la información y lo deriva a los ministerios de Energía y Minas o Producción, y solo cuando regresa con la certificación ambiental el expediente es aprobado.

Durante la última semana, solicitamos a la ANA el número total de licencias de agua por sectores y el número de casos en los que rechazaron los informes hidrológicos que llegan de parte de los interesados. Se comprometieron a enviar la información, pero nunca la remitieron.

Lo que sí enviaron fue el listado de sanciones aplicadas el 2016: solo seis multas de entre 0.5 y 10 UIT (entre 2.000 soles y 39.500 soles) fueron impuestas a usuarios por usar volúmenes mayores a los permitidos y por desviar el agua de su cauce en todo el país. Las empresas sancionadas fueron Complejo Agroindustrial Beta, Agraria Don Oscar, Agrícola El Rancho, Agro Victoria y Segundo Sánchez Retamozo.

Las sanciones más severas tampoco son efectivas, pues según nuestra base de datos, el retiro de licencia por falta grave solo se aplicó a 46 usuarios en las últimas tres décadas.

CUENCAS SATURADAS

Las licencias de uso de agua otorgadas a la industria, la minería y al sector energético se concentran en Lima, Áncash, Junín, La Libertad, Arequipa y Cajamarca. Las mismas provincias que en diciembre del año pasado fueron declaradas en emergencia por el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) “por peligro inminente debido a déficit hídrico”, como indica la resolución 089-2016-PCM.

En la industria la captación de agua es mayoritaria en las cuencas de los ríos Chillón, Lurín y Rímac, que a su vez son la principal fuente de abastecimiento de agua potable en el desierto de Lima, en donde habita casi la tercera parte de los peruanos. La empresa que tiene más licencias en esta zona es Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A., y le siguen otras 282 empresas del rubro de las hidroeléctricas, agroexportadoras, pesqueras, textiles, etc.

Iquitos es la segunda cuenca donde predominan las licencias de uso industrial para Pluspetrol; Ajeper del Oriente, empresa de la familia Añaños; y Perenco Perú Limited, subsidiaria anglofrancesa que se dedica a la exploración y producción de hidrocarburos en Loreto. Las tres empresas reúnen el 54% de los permisos industriales que se entregaron en este río.

La minería, por el contrario, se concentra en las cuencas del Mantaro (Junín), Alto Marañón (nororiente), Alto Apurímac (Arequipa-Cusco) y El Santa (Áncash). Son 395 mineras que obtuvieron 784 licencias para explotar los recursos hídricos en quebradas, ríos, lagunas y manantiales.

Dentro del sector minero, después de Buenaventura y Horizonte, la compañía con más licencias en este sector es Barrick Misquichilca, cuyas operaciones en Áncash han provocado denuncias por afectar las reservas de agua de las comunidades cercanas a su proyecto aurífero Pierina. Barrick, que posee 18 licencias, está en conflicto con las organizaciones de usuarios de los caseríos ancashinos de Atupa y Antaurán que exigen la remediación del manantial Yarcok que, según ellos denuncian, se habría secado como consecuencia de la actividad extractiva.

La minera Yanacocha, una de las principales productoras de oro del país y protagonista de una larga batalla legal contra la reconocida comunera Máxima Acuña, quien busca proteger la intangibilidad de una laguna, concentra 21 autorizaciones para extraer agua en Cajamarca. Los comuneros de las provincias cajamarquinas de Celendín y Hualgayoc demandan que se declare inviable el proyecto porque temen que se afecte cuatro lagunas que forman la cabecera de cuenca de sus ríos.

Nos comunicamos con Carlos Peña Reluz, presidente de la Junta Nacional de Usuario de los Distritos de Riego del Perú, pero se excusó de hacer comentarios indicando que necesita coordinar previamente con sus agremiados. Para este reportaje, Ojo-Publico.com también solicitó una entrevista con representantes de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), pero el área de prensa indicó que su único vocero autorizado es el presidente de la institución, Luis Marchese Montenegro, quien no respondería por estar en el extranjero.

Fuente:http://larepublica.pe/impresa/sociedad/893049-sombras-y-vacios-en-el-manejo-del-agua-en-el-peru

En abril de este año, durante su primera entrevista como viceministro de Gobernanza Territorial, Javier Fernández-Concha Stucker, declaró a El Comercio que la nueva estrategia del gobierno para disminuir la conflictividad social se basaría en mejorar la gestión pública pero además, incluía la opción de declarar el estado de emergencia en zonas en conflicto para «garantizar el respeto orden jurídico».

Este enfoque se evidenció claramente a partir de diciembre de 2016. Antes de esta fecha, la estrategia aplicada por el ex jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS), Rolando Luque, fue el de la instalación de las mesas de diálogo, tal como se hizo en los conflictos en Saramurillo (Loreto) y Las Bambas (Apurímac).

Este cambio significó en el corto plazo la creación en febrero pasado del nuevo Viceministerio de Gobernanza Territorial (que reemplazó la ONDS), ente que desde esa fecha se ha hecho cargo de los conflictos sociales, la descentralización y organización territorial.

Desde diciembre del 2016 hasta la fecha, el Gobierno ha declarado el estado de emergencia (suspensión de derechos y mantenimiento del orden interno por parte de la policía y las Fuerzas Armadas) en cuatro localidades. En las provincias de Chumbivilcas en Cusco (20 de diciembre) luego de la destrucción de las oficinas de la empresa de agua potable en Santo Tomás y Cotabambas en Apurímac (10 de febrero) por las protestas en torno al proyecto Las Bambas; y en los distritos de Coporaque en Cusco (21 de febrero) por disturbios en torno a la minera Hudbay y ahora Tumán en Lambayeque (12 de junio), en todas estas localidades se registraron actos de violencia.

Excepto en la última, en todas se levantó el estado de emergencia una vez vencido el plazo otorgado.

De acuerdo al Decreto Supremo Nº 064-2017-PCM, publicado ayer en una Edición Extraordinaria del boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas mantendrán el control del orden interno en Tumán por 30 días calendario. De acuerdo a la norma, esta medida de excepción se adoptó por actos contrarios al orden interno que afectan el normal desenvolvimiento de las actividades de la población de Tumán.

-Reunión con dirigentes en la PCM-

Fuentes de la PCM, confirmaron a este Diario que la declaratoria de emergencia en Tumán responde a la estrategia del gobierno para abordar la conflictividad. Hoy a partir de las 4 de la tarde se reúnen en Lima un grupo de dirigentes de Tumán con el viceministro Javier Fernández Concha en la PCM.

«Bajo el estado de excepción los dirigentes saben que podrían ir a prisión si realizan alguna actividad. La decisión ha sido viajar a Lima para llegar a un acuerdo», afirmó otra fuente desde Tumán. Ayer, la protesta entre trabajadores y accionistas de la empresa azucarera Tumán y la policía dejó al menos seis heridos y 16 detenidos.

Fuente:http://elcomercio.pe/peru/emergencia-estrategia-mediar-conflictos-434230

Los conflictos mineros en Perú dejaron 50 muertos y 750 heridos durante los cinco años de Gobierno del presidente Ollanta Humala, cuya gestión concluirá el 28 de julio, afirmaron organismos no gubernamentales a partir de datos de la Defensoría del Pueblo.

Observatorio de conflictos. Las ONG ambientalistas CooperAcción, Fedepaz y Grufides presentaron el 18 reporte Observatorio de Conflictos Mineros (OCM), referido al primer semestre de 2016 y con recomendaciones al próximo gobierno del economista Pedro Pablo Kuczynski. Los organismos ofrecieron, además, un balance sobre el tratamiento que el Gobierno de Humala dio a los conflictos sociales del país, en especial los relacionados con la minería.

217 conflictos por mes. El director ejecutivo de la ONG Fedepaz, David Velazco, indicó que en los últimos cinco años los conflictos sociales se mantuvieron en un promedio de 217 por mes, un 70 % de los cuales tuvo motivos socio-ambientales. En junio pasado se sumaron otros dos conflictos socio-ambientales a los 150 de mayo, de los cuales 95 se encuentran directamente relacionados con la minería, según la Defensoría del Pueblo.

Instituciones ambientales. El directivo de CooperAcción José de Echave consideró que durante el Gobierno de Humala Tasso hubo «un gran retroceso» en el manejo de conflictos ambientales y consideró que esto se debió al «desmantelamiento de las instituciones ambientales y la pérdida de sus capacidades para hacer frente a los conflictos». «Cuando Humala llegó al gobierno en 2011 se despertó una gran expectativa por un cambio político muy publicitado en el manejo de los conflictos sociales que al final no ocurrió y que, al contrario, generó mayores conflictos y llevó al gobierno a cambiar de estrategia de manejo», explicó De Echave.

Flexibilización. El OCM indicó que Humala, que durante su campaña electoral de 2011 se manifestó en contra de varias proyectos mineros, terminó por establecer ya en el poder leyes ambientales a favor de la minería que generaron mayor conflictividad social. David Velázco agregó que entre las medidas ambientales negativas adoptadas por el actual Gobierno estuvo aquella que «flexibiliza los estudios de impacto ambiental» y que establece que de no obtener respuesta por parte del Estado en un determinado tiempo estos «sean aprobados».

Criminalización de la protesta. Asimismo, indicó que con las nuevas normas «se impide a los funcionarios pedir algún documento adicional que consideren necesario al estudio de impacto ambiental». El OCM alertó sobre el incremento de la criminalización de la protesta y la exoneración de responsabilidad de los militares o efectivos policiales que hagan uso reglamentario de sus armas al no permitir que sean investigados. EFE

Fuente: RPP.pe

Un tema que no ha estado muy presente en los informes sobre el sector minero es el de la evolución del empleo minero y los conflictos por temas laborales. En una coyuntura en que se ha confirmado el inicio de una huelga nacional de la Federación Minera a partir del 19 de julio, es oportuno revisar algunas cifras.

Según información del propio Ministerio de Energía y Minas, actualmente 173,615 personas trabajan en el sector minero, de las cuales 60,915 (35%) tienen una relación laboral directa con las empresas mineras y 112,650 (65%) son contratistas.

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, luego de alcanzar un pico en el número de trabajadores el año 2013 (214,122), la cifra cayó el año siguiente (27,513 puestos menos) y luego de una ligera recuperación volvió a retroceder en 2016 y se ha movido ligeramente en lo que va del año 2017.

Nueve regiones (Arequipa, La Libertad, Junín, Pasco, Lima, Cajamarca, Apurímac, Ancash, Moquegua) concentran el 75.95% del empleo directo en minería. En la zona sur del país está el 46.07% de la fuerza laboral minera; mientras que en el centro y en el norte, el 29.16% y el 24.77% respectivamente.

En los últimos años, las cifras en cuanto al número de huelgas y las horas-hombre perdidas, han ido fluctuando, pero en términos generales se puede afirmar que el sector minero no se ha caracterizado por paralizaciones crecientes en los últimos tiempos. El primer gráfico nos muestra una retrospectiva de largo plazo, en la que se puede apreciar en primer lugar, una caída importante en buena parte de la década del 90; luego un ligero repunte en el número de huelgas a mediados de la década pasada y, finalmente, un descenso importante en los dos últimos años.

En cuanto al número de horas-hombre perdidas, indicador que muestra con mayor precisión la intensidad y duración de las huelgas, en los últimos años se nota un descenso entre el 2008 y 2010, luego una reactivación el año 2011 y en el último año una caída significativa. Pese a ello, las estadísticas del Ministerio de Trabajo muestran que el sector de explotación de minas y canteras registró el mayor número de huelgas a nivel nacional el año pasado.

No se conocen estadísticas oficiales del número de huelgas en lo que va del presente año. Sin embargo, cabe notar que en los primeros meses se han producido paralizaciones en importantes empresas mineras: es el caso de la huelga en Cerro Verde, que duró 21 días en el mes de marzo y la de Southern que, durante dos semanas, paralizó las operaciones de Cuajone y Toquepala.

En la mayoría de casos, las demandas de los trabajadores han girado en torno a temas de seguridad laboral y/o exigencias económicas por el menor reparto de utilidades registrado en los últimos años como consecuencia de los menores precios de los minerales. Habrá que estar atentos a la evolución futura de la problemática laboral en la minería peruana.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/main/advanced-stuff/cooperaccion-informa/737-la-evolucion-del-empleo-minero-y-los-conflictos-por-temas-laborales

El próximo 4 de julio, en la ciudad de Ica, se realizará la audiencia final del caso del ex alcalde de Espinar, Oscar Mollohuanca y varios otros dirigentes sociales de esa provincia de Cusco.

Como se sabe, el largo proceso judicial es consecuencia del paro provincial de mayo de 2012, que en su momento fue convocado por las principales organizaciones sociales de la zona y liderado por el Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar (FUDIE).

Luego de varios días de paralización y enfrentamientos, el gobierno de entonces declaró el Estado de Emergencia. Inmediatamente, se ordenó la detención de varios dirigentes sociales y del alcalde Mollohuanca, que fueron trasladados, en un primer momento a la ciudad del Cusco y posteriormente a Ica, lugar donde se ha llevado todos estos años el proceso judicial, imputándoles los delitos de atentado contra la seguridad pública, entorpecimiento de los servicios y disturbios.

El arresto del alcalde de Espinar desató una ola de protestas a nivel nacional e internacional. Bajo fuerte presión y buscando crear mejores condiciones para superar la tensión y los enfrentamientos en toda la provincia de Espinar, el gobierno de Humala tomó la decisión de excarcelar a Mollohuanca e instalar una nueva Mesa de Diálogo. El alcalde de Espinar jugó un rol determinante para bajar la tensión que se vivía y enrumbar en conflicto a un proceso de diálogo.

Lo cierto es que ya han pasado cinco años y no sólo no ha sido resuelto el proceso judicial en contra de los dirigentes, sino que lo más grave es que la agenda que motivó el paro sigue sin ser atendida y menos aún solucionada. ¿Qué pedía la población de Espinar en ese momento? En primer lugar, la solución inmediata de los problemas de contaminación de aire, suelo y agua, demandando mitigación, remediación, reubicación e indemnización por daños ambientales; la restitución de las fuentes de agua en varias zonas de la provincia; una auditoría ambiental internacional por el cierre de las operaciones del proyecto Tintaya y el inicio de la nueva mina de Antapaccay y; el respeto a los derechos humanos de los pobladores.

Lamentablemente, pasado todo este tiempo, las autoridades del Estado peruano aún continúan discutiendo sobre el origen de la contaminación por metales pesados, sin considerar que se ha comprobado que la población tiene en sus cuerpos, metales tóxicos que ponen en grave riesgo su salud por exposición crónica. Peor aún, como se ha reportado en estudios oficiales, hasta la fecha no se ha implementado políticas de salud ambiental en Espinar para corregir ese grave problema.

Cabe recordar que en el 2010 se estudió la exposición puntual a cuatro metales altamente tóxicos en la población de los distritos de Espinar y Alto Tejada. Dicho estudio reveló que todas las personas muestreadas tenían niveles detectables en sus cuerpos de arsénico, mercurio, plomo, cadmio.

Esta situación de incertidumbre y el hecho que se oculte información gravitante para la vida y salud de la población, fue uno de los factores que desencadenó la protesta de mayo de 2012. Hay que subrayar que los resultados de este estudio sólo fueron hechos públicos y entregados a la población entre fines de 2012 y el segundo trimestre de 2013. Posteriormente se realizó un segundo estudio de exposición puntual en el distrito de Espinar (enero 2013), aunque en esta ocasión se excluyó a la mayoría de comunidades previamente evaluadas.

El caso ha llegado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 8 de abril de 2016, se llevó una audiencia pública en la ciudad de Washington, donde los propios representantes de la población y sus asesores, sustentaron la grave situación de contaminación y la falta de respuesta del Estado peruano. En dicha audiencia, la comisionada Esmeralda Arosemena solicitó al Estado peruano que se revise la situación jurídica de las tres personas detenidas por reclamar contaminación e hizo un llamado a solucionar los problemas de contaminación.

Hace unos meses, a través de un pronunciamiento, pobladores afectados por metales pesados exigieron una vez más la atención que esperan desde el año 2010 y 2013 cuando se confirmó la grave situación en la que se encontraban 180 personas de las comunidades de Huisa y Alto Huancané.

Los planes elaborados por las autoridades del sector Salud no han tenido mayor viabilidad pues no cuentan con presupuestos, ni con el soporte institucional necesario, lo que expresa la falta de voluntad política de las autoridades competentes para implementarlos. Por ejemplo, hasta la fecha no se brinda atención especializada a personas que sufren exposición crónica a metales pesados.

En paralelo, el ex alcalde Mollohuanca y los otros dirigentes de Espinar han enfrentado cinco años de investigaciones y constantes dilaciones del proceso. Todo el proceso se ha seguido en Ica, luego que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial decidiera remitir el caso fuera de Cusco, bajo el argumento que no existían garantías para los fiscales. La Fiscalía ha modificado en más de cuatro ocasiones la acusación y la tipificación de los supuestos delitos.

El hecho de que el proceso no haya retornado al distrito judicial del Cusco, ha limitado el legítimo derecho de defensa de los dirigentes. La Fiscalía ha solicitado 8 años por los dos primeros delitos, y 7 por disturbios, además del pago de 100 mil nuevos soles como reparación civil.

Mientras que los dirigentes encausados asistirán a escuchar los alegatos finales del proceso, la población en Espinar sigue esperando respuestas a los graves problemas de contaminación y los impactos en la salud. En todos estos años y pese a la indiferencia de las autoridades, han demostrado una voluntad de diálogo y han hecho todos los esfuerzos para encontrar salidas dialogadas y pacíficas al conflicto.

Se espera que este duro capítulo en la historia de Espinar se comience a cerrar en Ica y que sobre todo las demandas que estuvieron a la base del conflicto del año 2012, sean finalmente atendidas por las autoridades.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/main/opinion/736-oscar-mollohuanca-y-los-dirigentes-de-espinar

Aún existen procesos penales pendientes a dirigentes sociales y una demanda millonaria en el CIADI.

Declaratoria de emergencia se publicará el viernes. Vecinos de Simón Bolívar (Pasco) protestan en afueras del Minsa por efectos de minería en la salud de los niños.

La ministra de Salud, Patricia García, exhortó a los ciudadanos del distrito de Simón Bolívar, región Pasco, a levantar la medida de protesta que acatan desde hace una semana en los exteriores de la sede de dicha cartera, en Jesús María, debido a la contaminación originada por actividades mineras en su localidad.

La alta funcionaria explicó que el viernes 23 de junio se publicará la declaratoria de emergencia sanitaria en Simón Bolívar y Chaupimarca y tendrá una duración de 90 días. «Nos permitirá implementar algunas acciones para una población de unas 6,000 personas, que son los niños menores de 12 años y las gestantes, con la idea de darles atención integral, manejar el tema de la exposición a los metales pesados y el monitoreo ambiental», dijo en una entrevista con RPP Noticias.

Acciones. García Funegra señaló que desde octubre pasado el Ministerio de Salud (Minsa) ha llevado a cabo campañas de salud en esas zonas relacionadas directamente con la actividad minera. «Tenemos financiamiento para el plan integral de salud», comentó.

Según la Defensoría del Pueblo, los estudios de la determinación de plomo en la sangre de las poblaciones de Paragsha, Quiulacocha y Champamarca, realizados entre los años 1996 y 2005, revelan que el 84% de los niños menores de 10 años y el 61.5% de mujeres gestantes presentan un nivel de concentración de plomo en la sangre por encima de los límites permisibles establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

MINERÍA. Procesos finalizados de Consulta Previa en minería según Ministerio de Cultura. De acuerdo al portal del Ministerio de Cultura, en algunas regiones del Perú ya se finalizaron los procesos de Consulta Previa en relación a proyectos mineros.

Un ejemplo es el proyecto de exploración minera Puquiopata que propone el desarrollo de actividades mineras de exploración minera en una extensión de 645.9797 ha., ubicado en el distrito de Coronel Castañeda (Ayacucho) mediante la implementación de 20 plataformas de perforación diamantina y la realización de un sondaje de perforación diamantina por cada plataforma.

“Es importante indicar que el área del proyecto se encuentra dentro del área superficial de la comunidad campesina de Sauricay, ubicada en el distrito de Coronel Castañeda en la región de Ayacucho, a una altitud de 4 708 msnm; en la cuenca del río Ocoña”, mencionó el Ministerio de Cultura.

Tras realizar las reuniones con las poblaciones, el pasado 21 de marzo de este año, la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas (MEM) emitió la Resolución Directoral N° 233-2017- MEM- DGM con la cual autorizó el inicio de actividades mineras de exploración a favor de la Compañía Minera Ares S.A.C., en el Proyecto Minero “Puquiopata”.

“En la resolución se expresó que el proceso de consulta previa del Proyecto Minero “Puquiopata” cumplió con las etapas de publicidad, información y evaluación interna. Al respecto, conviene precisar que en la etapa de evaluación interna, desarrollada el 20 de diciembre del año 2016 mediante Asamblea General Extraordinaria celebrada en la comunidad campesina de Sauricay, los comuneros suscribieron un acta en la que manifestaron estar de acuerdo con que el Ministerio de Energía y Minas autorice el inicio de actividades exploración minera del proyecto “Puquiopata”, con 10 plataformas de perforación por un período de 6 meses”, recordó la entidad ministerial.

Un segundo caso es la Consulta Previa para el Proyecto de exploración minera Apumayo el cual propone el desarrollo de actividades mineras en una extensión de 1084.75 hectáreas para el área efectiva de uso minero (102 plataformas de perforación), en la zona de Chaviña (Ayacucho) y que se encuentra dentro del área superficial de las comunidades campesinas de Para y Chaviña, identificadas como parte de los pueblos quechuas.

De esta manera, tras realizar las diversas etapas, el pasado 10 de enero de este año la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas (MEM) emitió la Resolución Directoral N° 0010-2017-MEM/DGM, mediante la cual autorizó el inicio de actividades mineras de exploración a favor de la compañía Apumayo para su proyecto minero.

“La referida resolución, expresa que bajo los principios de buena fe, flexibilidad, transparencia ausencia de coacción o condicionamiento al debido proceso, se ha informado adecuadamente a las comunidades, garantizando en todo momento que los derechos colectivos de las comunidades campesinas de Para y Chaviña serán protegidos; dando cumplimiento a la normatividad vigente, el Convenio 169 de la OIT, Ley N° 29785, D.S. N° 001-2012-MC”, detalló Cultura.

Otro caso es el proyecto de exploración minera Corcapunta que se encuentra dentro del área superficial de las comunidades campesinas de Huacyon y Llacllin (identificadas como parte de los pueblos quechuas) y propone el desarrollo de actividades mineras en una extensión de 215,6422 hectáreas para el área efectiva de uso minero (20 plataformas de perforación), ubicadas en el distrito de Llacllin (Áncash).

A inicios de este año, el MEM publicó la Resolución Directoral N° 0041-2017- MEM/DGM en la cual autorizó el inicio de actividades mineras de exploración a favor de Anglo American para el Proyecto Minero “Corcapunta”.

“Recordemos que la comunidad campesina de Huacyon, en la etapa de evaluación interna, expresó el acuerdo para que el Ministerio de Energía y Minas autorice el inicio de actividades de exploración. Asimismo, en el numeral 7.4 del referido informe señala que la comunidad Campesina de Llacllin solo participó en las etapas de publicidad e informativa del proceso de consulta”, precisó.

El dato

La consulta previa se lleva adelante en siete etapas: La identificación de la medida a consultar (1), la identificación de los pueblos indígenas u originarios (2), la publicidad (3), la información (4), la evaluación interna (5), el diálogo (6) y la decisión (7).

La Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas (Ley 29785) fue promulgada en setiembre del 2011 y su reglamento data de abril del 2012.

Fuente:http://www.rumbominero.com/noticias/mineria/procesos-finalizados-de-consulta-previa-en-mineria-segun-ministerio-de-cultura/

Pobladores de Cerro de Pasco en Perú han llegado a Lima para exigir a las autoridades atender a sus hijos quienes están contaminados con plomo producto de la minería.

Pobladores de Cerro de Pasco llegaron hasta la capital peruana, Lima, y se encadenaron en las puertas del Ministerio de Salud para exigir ayuda para sus hijos, quienes se han visto afectados por el plomo que dejan los relaves mineros.

Ellos llevan 8 días encadenados en las puertas del ministerio esperando una solución a este problema.

Ellos exigen a las autoridades la creación de un hospital en Cerro de Pasco para que se puedan tratar a sus niños quienes son los más perjudicados con esta contaminación producto de la minería.

Producto de esto, los pobladores de Cerro de Pasco se dieron con la mala noticia que uno de sus niños se encuentra gravemente enfermo al ser internado en un hospital en Lima.

Para ellos, las mineras no han sido buenos vecinos ya que en los años que vienen explotando sus tierras no han realizado actividades de responsabilidad social.

Los pobladores de Cerro de Pasco han anunciado que no regresarán a su ciudad hasta que la Ministerio no les dé una solución a sus problemas.

Fuente:http://www.hispantv.com/noticias/peru/345206/protesta-contaminacion-mineria-plomo