La oposición a la explotación minera en Huanta crece. Ahora no solo son líderes de organizaciones de base o los antimineros los que están en contra, ahora la autoridad provincial y de algunos distritos ya participan de las reuniones del Comité Provincial Contra la Minería.

Fue en la última reunión que se desarrolló sábado pasado, convocada por dicho Comité se le vio al alcalde de la provincia de Huanta, Percy Bermudo; así como a los alcaldes de los distritos de Luricocha e Iguaín, Marcial Quispe y Eusebio Quispe, respectivamente.

En dicha reunión, se aprobó decir “no” a cualquier tipo de intervención de empresas mineras en la jurisdicción de la provincia de Huanta, debido a que la explotación minera es un agente contaminante principalmente del agua, como es el caso de Putccapampa.

Benito Cabezas, presidente del Comité Contra la Minería, manifestó que en la reunión también se acordó impulsar la sensibilización a las comunidades sobre las consecuencias de la minería de diversas maneras, brindando charlas, realizando difusión a través de los medios de comunicación y colocando panales publicitarios, con un mensaje concreto de rechazo a la explotación minera.

Además, remarcó que el alcalde de Luricocha se comprometió reforestar con 30 mil plantas silvestres (pino) el territorio de la comunidad de Putccapampa, zona afectada por los trabajos mineros en el distrito de Chaca.

Por su parte, la comuna provincial se comprometió a construir una caseta de vigilancia en la zona afectada para no permitir el ingreso de las empresas mineras.

Cabe destacar, que en la reunión de fin de año 2017 participaron las comisiones de regantes de Razuhuillca, Luricocha e Iguaín; representantes del Frente de Defensa del Pueblo de Huanta, Federación Agraria y de otras instituciones.

La Sala penal de Apelaciones de Puno desestimó la apelación a la sentencia de 7 años de cárcel por los disturbios durante el aimarazo en el año 2011.

La Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Puno dispuso la orden de captura del dirigente aimara Walter Adivuri Calisaya, tras desestimar la apelación presentada por su defensa a la sentencia de 7 años de cárcel en primera instancia.

Aduviri, además deberá pagar 2 millones de soles como reparación civil por los disturbios que se generarán durante las protestas que dirigió el 2011 contra el proyecto minero Santa Ana y terminó en la cancelación del mismo.

La Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Puno dispuso la orden de captura del dirigente aimara Walter Adivuri Calisaya, tras desestimar la apelación presentada por su defensa a la sentencia de 7 años de cárcel en primera instancia.

Aduviri, además deberá pagar 2 millones de soles como reparación civil por los disturbios que se generarán durante las protestas que dirigió el 2011 contra el proyecto minero Santa Ana y terminó en la cancelación del mismo.

Fuente:http://larepublica.pe/sociedad/1164022-ordenan-captura-de-dirigente-aimara-walter-aduviri

RED MUQUI es un colectivo nacional que se conformó en octubre del año 2003 en una coyuntura particularmente especial, luego de culminado abruptamente el tercer gobierno de Alberto Fujimori por los hechos de corrupción que fueron públicos, del breve gobierno de transición de Valentín Paniagua y recién iniciado el gobierno de Alejandro Toledo.

En esa época se avizoraba una creciente conflictividad social vinculada con el crecimiento desmedido de las actividades extractivas, en especial la actividad minera, en la que se centraba nuevamente la dependencia de nuestra economía.

Casos como la consulta vecinal realizada en Tambogrande (Piura) en el año 2002, donde el 98% de su población votó por la no realización de actividad minera en sus tierras, y la terrible contaminación producida en La Oroya (Junín), a sólo cinco horas de Lima, donde más del 90% de los niños tenía intoxicación por plomo producido por la actividad minero-metalúrgica, lo que la colocaba luego, entre las cinco ciudades más contaminadas del mundo, impulsaron a un conjunto de instituciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos y del medio ambiente, a unirse en un solo esfuerzo por el acompañamiento de casos y propuestas, así nació la RED MUQUI.

Desde RED MUQUI, nuestras 29 instituciones miembro a nivel nacional de 11 regiones del país, avizoramos juntos, el logro de un Perú donde pueblos y comunidades disfruten plenamente del acceso a sus territorios y recursos naturales, donde ejerzan sus derechos individuales y colectivos con criterios de justicia social y ambiental nacionales e internacionales, y donde puedan ejercer sus modos de vida que se cimientan en la sostenibilidad y el Buen Vivir. Pero pese a nuestros llamados y propuestas, los retrocesos en los últimos años son evidentes, y borran los avances que se habían logrado, remontándonos a la misma situación que vivimos en la época del gobierno de Fujimori.

La coyuntura actual de crisis que vive el país, con el presidente Kuczynski salvado de la vacancia, a partir de tratos con la bancada fujimorista, nos remonta a recordar el por qué se conformó la RED MUQUI y plantear nuestra posición sobre la situación que atravesamos:

Recordamos que los problemas de flexibilización de marcos ambientales y de acceso a las tierras comunales se inician justamente con el gran paquetazo de decretos legislativos producido con el autogolpe del gobierno de Fujimori el año 1992, cuando con el D. Leg. 757, Ley Marco de la Inversión Privada, se deroga en gran medida el D. Leg. 613, Código del Medio Ambiente, con menos de dos años de vigencia, que era un Código de avanzada y ejemplo para América Latina, evitando medidas de protección y conservación, para facilitar las inversiones “a cualquier costo”. Asimismo, la nueva Constitución del año 1993, dictada por el gobierno de Fujimori, elimina las garantías de “inembargables e inalienables” de las tierras de las comunidades campesinas y nativas, para sólo dejar la de “imprescriptibles”, previendo sólo una perspectiva económica de su uso para el acceso a los créditos y la posibilidad de su embargo, sin considerar la relación social, cultural, religiosa que las comunidades tienen con sus tierras y sus recursos naturales.

Ese mismo escenario de involución legal, sin vivir la misma coyuntura económica y política que se vivió a inicios de los años 90, es el que sufrimos hoy, y es que en realidad pese a las votaciones cada 5 años, no vivimos una auténtica democracia.

Los hechos recientemente conocidos sobre los negocios realizados por empresas del Presidente de la República cuando ostentaba cargos públicos en anteriores gobiernos, evidencian las continuas denuncias de “puertas giratorias” que desde Red Muqui hemos realizado, donde los operadores del sector privado pasan al sector público, facilitando normas, contratos y proyectos, y luego regresan al sector privado promovidos a nuevos cargos por la información privilegiada que tienen, o por las facilidades que han prestado a las empresas durante la gestión pública que asumieron. Lo más grave es que éstas personas asumen como normales éstas prácticas, sin asumir responsabilidades por su accionar.

Nuestros últimos gobiernos, desde el gobierno del condenado ex presidente Fujimori, pasando por Toledo, García, el propio Humala, pero en especial el actual presidente Kuczynski, estuvieron o fueron cooptados por el poder económico, para flexibilizar aún más las normativas y políticas públicas que ya se habían sido flexibilizadas desde el gobierno fujimorista, en diversos ámbitos, facilitando las actividades extractivas, fundamentalmente la actividad minera, eliminando las garantías para las tierras y derechos de nuestras comunidades campesinas y nativas, eliminando las regulaciones ambientales, con los paquetazos normativos y los decretos legislativos emitidos con las facultades brindadas por el actual Congreso de la República, en favor de las empresas.

Nos preocupa desde RED MUQUI que ésta situación de indiferencia de nuestros gobernantes, por una economía que tenga como centro a la persona, su dignidad, participación, seguridad y el bien común, y que más bien prioriza favorecer al poder económico, dejando de lado a la mayoría de peruanas y peruanos, genere situaciones de violencia, que ya se están promoviendo con la represión policial y procesos de criminalización de la protesta social, que se han seguido ejerciendo durante este gobierno, con las declaraciones de estado de emergencia en lugares donde las poblaciones han realizado protestas pacíficas y justas por actividades mineras que no cumplen estándares ambientales y sociales, y se agudicen ahora por las nefastas decisiones políticas del actual gobierno, como la del reciente indulto al condenado ex presidente Fujimori.

La situación actual de crisis que vivimos, evidencia que en materia económica, independientemente de las luchas por parcelas de poder entre el poder ejecutivo y el legislativo, en realidad lo que ha habido desde el inicio del mandato del presidente Kuczynski es un cogobierno con el Fujimorismo, que luego ha incluido acuerdos de impunidad y solapamiento de la corrupción, y que la actual decisión de otorgar el indulto al condenado por delitos contra los derechos humanos, ex presidente Fujimori, simplemente lo confirma.

Finalmente, nuestros gobernantes en el poder ejecutivo y legislativo deben asumir sus responsabilidades, y dar los pasos que correspondan para que haya autoridades que con independencia y dejando de lado lazos con intereses económicos, tomen decisiones en favor de todas/os los peruanos, no como ha sucedido hasta la fecha.

Lima, 28 de diciembre de 2018

RED MUQUI

Exigen la expulsión de todas las empresas mineras del Valle Nepeña para evitar la contaminación de los ríos de la provincia del Santa.

Decenas de agricultores y pobladores de la ciudad de Jimbe, en el distrito de Cáceres del Perú, en la provincia del Santa, región Áncash, acatan un paro de 24 horas para exigir el cese de la actividad minera informal en la cuenca Nepeña.

La protesta está dirigida principalmente contra la empresa GM Pequeños Constructores Mineros y el Consorcio Minero y Operaciones Conexas, compañías que se dedican a la explotación de oro en el Valle Nepeña. La principal preocupación es que los afluentes y la principal laguna de la zona, Matamata, se contamine con metales pesados derivados de la minería.

A esta preocupación se suma un informe de la Red de Salud Pacífico Sur, el cual señala que en algunas captaciones y reservorios de agua en Cáceres del Perú han encontrado presencia de aluminio, arsénico, hierro y fósforo.

La paralización fue convocada por el Frente de Defensa y Desarrollo de la citada cuenca, en la que participaron los representantes de las juntas de regantes y comunidades campesinas de los distritos de Samanco, Nepeña y Moro.

Fuente:https://elcomercio.pe/peru/ancash/ancash-agricultores-jimbe-acatan-paro-mineria-informal-noticia-481589

El pasado 2 de diciembre se hizó pública la resolución del tribunal arbitral que veía la demanda de la empresa canadiense Bear Creek, en contra del Estado peruano. El tribunal arbitral ha ordenado el pago de una indemnización a favor de la empresa de 30.4 millones de dólares canadienses.

Como se recuerda, la empresa minera había llevado al Estado peruano a un proceso de arbitraje al amparo del capítulo de protección a las inversiones del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Canadá.  Bear Creek, propietaria del proyecto Santa Ana, ubicado en la provincia de Chucuito, zona sur de la región de Puno, estuvo envuelta en el conflicto conocido como el aimarazo, el año 2011.

La empresa argumentó que sus derechos habían sido afectados, cuando en el año 2011, el gobierno de Alan García suspendió las concesiones mineras, a través del Decreto Supremo 032, de junio 2011, que buscaba poner fin al conflicto. El argumento central fue que con esa decisión en el Perú se había producido una expropiación indirecta en contra de la empresa y que se habían afectado sus expectativas de ganancia futura.

Algunos analistas señalan que para el tribunal arbitral, la revocación del permiso por parte del Estado peruano fue precisamente una expropiación indirecta y el monto de la indemnización ha sido calculado en función de la cantidad invertida por Bear Creek en el proyecto Santa Ana y no se ha tomado en cuenta la fórmula que la empresa había utilizado, precisamente en función de “expectativas de ganancia futura”. Cabe señalar que la empresa canadiense pretendía una indemnización de mil doscientos millones de dólares.

Lo cierto es que este es un nuevo caso en el que el Perú pierde un poceso de arbitraje internacional vinculado a demandas de empresas transnacionales. Habrá que ver cuáles serán los siguientes pasos en este proceso arbitral y al mismo tiempo no estaría demás revisar la estrategia que desarrolla el Estado peruano frente a los diversos procesos arbitrales que enfrenta.

Por otro lado, cabe señalar que al inicio del segundo semestre del año fue condenado a 7 años de prisión efectiva el líder Walter Aduviri, por los delitos de disturbios y afectación a la propiedad pública y privada, por la revuelta del 26 de mayo de 2011 en contra del proyecto minero Santa Ana. La sentencia ha sido apelada y se espera el veredicto final.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2017/12/04/alerta-arbitraje-a-favor-de-empresa-canadiense-bear-creek-por-proyecto-santa-ana/

Nativos de Perú reubicados por la minería rechazaron la nueva ciudad a la cual fueron removidos.

La nueva ciudad llamada Nueva Fuerabamba fue creada para albergar a 1.600 familias que dejaron abandonados sus aldeas y tierras de cultivo.

Las familias dejaron sus hogares por irse a trabajar en la minería de cobre a cielo abierto.

El nuevo pueblo contaba con calles pavimentadas y casas con electricidad y agua potable.

Algunos de los servicios mencionados como agua y electricidad eran desconocidos por los nativos que no contaban con los mismos.

En la comunidad fueron ubicados los nativos quechuas de un pueblo remoto en el sur de los Andes peruanos.

La obra habitacional fue posible gracias a las empresas que ayudaron en su construcción, mientras que las comunidades tuvieron que dejar sus hogares por la minería.

Nueva ciudad

¿Qué se les ofreció a las familias? A las familias les fueron ofrecidos por las autoridades de la empresa las viviendas, empleos y los servicios.

Así lo sostuvo el operador de la mina, MMG Ltd, con sede en Melbourne de la estatal China Minmetals Corp.

Esta empresa ofreció a la comunidad empleos y compensaciones suficientes como para que los nativos no tuvieran que trabajar más adelante.

De acuerdo con lo indicado por los nativos lo prometido no fue así. Los aldeanos y MMG tuvieron disputas.

La disputa fue el control de los recursos naturales de la zona, así como de otros lugares del país.

Las batallas por el control de los recursos son normales en América Latina, pero en Perú los desencuentros son álgidos.

Perú es el segundo mayor productor mundial de cobre, zinc y plata.

Es por eso que, los nativos se han revelado contra la industria y las empresas que se niegan a compartir la riqueza en forma justa.

Perú sufre 167 conflictos sociales. En su mayoría estos conflictos guardan relación con la minería, por eso la Defensoría del Pueblo, debería tener como objetivo desarticular esos encuentros hostiles.

Nueva Fuerabamba fue la pieza central de uno de los asentamientos mineros más costosos, pero no negociados.

Hoy los pobladores luchan por adaptarse a esa nueva forma de vida, pero siguen extrañando su anterior modo de vivir.

Fuente:http://segundoenfoque.com/nativos-peruanos-rechazaron-reubicacion-nueva-ciudad-2017-12-11

La minería, legal o no, está acabando con la biodiversidad de la mayor selva del mundo y mermando la salud y el hábitat de miles de indígenas.

Su amigo Alfredo estaba inusualmente preocupado y su mirada agotada por el insomnio. Se le había acercado para decirle: “Víctor, los he oído. Quieren matarte”. Pero aquellos hombres no hablaban de Víctor. La tarde del 19 de noviembre de 2015, tres sicarios encapuchados lo mataron a él, Alfredo Vracko, en el terreno amazónico que el apasionado ecologista protegía de los mineros de oro, exhausto por miles de denuncias lanzadas al viento.

Una tarde húmeda y oscura, a orillas del río Tambopata, Víctor Zambrano recuerda a su compañero de cruzada con el ceño fruncido por el dolor y la repulsión. Acaricia las orquídeas y los frutos rojos del cacao en el gran jardín tropical al que ha dado el nombre indígena de su hija K’erenda Homet, brillante amanecer. Al terminar su carrera militar en Lima, en 1986, Zambrano volvió aquí, a la región de Madre de Dios, en el este de Perú, junto a la frontera con Brasil y Bolivia, para plantar a mano 19.000 árboles y arrebatar al abandono las 34 hectáreas de la familia. Era su homenaje a una Amazonia que encontró profanada por la agricultura salvaje, los ladrones de madera, la inercia del Estado y, sobre todo, por los asesinos de Alfredo, los garimpeiros, mineros ilegales de oro que desde 1999 han destruido 50.000 hectáreas de vegetación.

Perú es el sexto productor mundial del metal precioso y el primero de América Latina, y Madre de Dios proporciona el 70% del oro nacional. Aquí, en menos de veinte años, las canteras ilegales han aumentado un 400%: el Ministerio de Medioambiente calcula que cada año 50.000 mineros ilegales extraen de 16 a 18 toneladas. En 2016 cometieron el mayor ultraje: penetraron en la Reserva de Tambopata, 275.000 hectáreas de área protegida que Zambrano ayudó a crear. Él es el presidente del Comité de gestión, un puñado de voluntarios decididos a no negociar la inviolabilidad del mayor pulmón del planeta. Además de echar a los depredadores, arriesgando su vida, presionan al Gobierno regional, dirigido por un exminero reacio a legalizar a 4.000 pequeños mineros artesanales que, por el contrario, respetan la selva y, si se les apoya, podrían detener el saqueo de las mafias. “Los criminales me han ofrecido cuatro kilos de oro si me callo”, se acalora Zambrano, enérgico a sus 71 años y ganador de varios premios internacionales por su dedicación a la ecología. “Me negué, y ahora estoy en lo más alto de su lista negra. Me identifico con el bosque: no hay lugar para el miedo en mi camino”.

Desde que en 2008 la crisis económica hizo del oro un bien seguro, en Madre de Dios la deforestación se ha disparado: desde entonces se destruyen 6.000 hectáreas de Amazonia cada año, tres veces más que en el pasado. Y hoy, en esta región, que es la cuna de la mayor biodiversidad de la Amazonia peruana, grandes zonas verdes se han convertido en llanuras áridas y amarillentas, semejantes a cráteres lunares. Un estudio de la ONG estadounidense Verité calcula que las minas ilegales peruanas ganan 3.000 millones de dólares al año. La mitad de los 100.000 habitantes de Madre de Dios son inmigrantes de otras partes del país que acudieron a tamizar tierras y ríos para luego filtrar el polvo brillante con dosis masivas de mercurio: según el consorcio de universidades peruanas Carnegie Amazon Mercury Project, cada año se vierten en los cursos de agua de la región entre 30 y 40 toneladas de mercurio, y la población tiene en el cuerpo cantidades de este metal 34 veces superiores al umbral de alarma. Una catástrofe medioambiental y sanitaria que devenga a los mineros de 30 a 75 dólares al día a costa de terribles condiciones higiénicas, malos tratos de los jefes y guerras entre bandas rivales; en junio, cerca de Huepetuhe, una fosa regurgitó 20 cadáveres.

Los que dictan la ley en esta tierra de nadie, según Verité, son la mafia local y los carteles colombianos, con intrusiones también de la ‘Ndrangheta calabresa. El oro ilícito se limpia con certificados falsos emitidos por intermediarios esparcidos por las tiendas de compro oro que se encuentran por todos los rincones, desde la capital, Puerto Maldonado, hasta los lugares más recónditos de la selva. A través de Bolivia y Brasil, el metal precioso llega a las refinerías de Suiza, Estados Unidos, Canadá y Europa. La mitad de las 120 empresas de exportación del país han sido investigadas, pero no ha cambiado nada, ni siquiera después de las incursiones a lo grande de las fuerzas del orden: “Es puro teatro. Aquí domina la corrupción”, asegura una fuente del grupo ecologista SPDA, que prefiere mantener el anonimato tras haber sufrido una emboscada. Añade que las leyes son ambiguas, y que ya ni se cuentan las confabulaciones de la política y la justicia; incluso un exministro fue detenido por exportación de oro sucio.

La guerra contra los enemigos de Madre de Dios es muy dura, pero un grupo de hombres inflexibles como Víctor Zambrano están decididos a ganar. La Pampa, área tristemente célebre de la carretera interoceánica entre Puerto Maldonado y Cuzco, es la zona de acción de Óscar Guadalupe. Pequeño y ágil a sus 50 años, lucha con su asociación Huarayo contra uno de los más sórdidos efectos secundarios de las minas: la prostitución infantil en los 400 locales de alterne que salpican los barrios de chabolas donde los mineros pasan su tiempo libre. “Atraen a las niñas de los pueblos andinos más pobres con la promesa de un trabajo de camareras”, cuenta Guadalupe, que ha salvado a miles de niñas prostitutas, incluso de 11 años, de estos tugurios de madera y chapa. Ya no cuenta las amenazas que recibe, “pero la gente honrada está de nuestro lado: nos informa de los peligros, de los movimientos de los mineros. Y mientras tanto, el negocio del oro no se detiene; siguen llegando nuevos buscadores. Y la policía se mantiene a distancia de la Pampa”.

Delta 1 es un barrio miserable surgido en 2000 junto al río Pukiri y que aún hoy carece de agua corriente y alcantarillado, bien escondido en la selva entre Boca Colorado y Huepetuhe. Hacia el mediodía, jovencitas con camiseta y falda corta aparecen y desaparecen por los repugnantes callejones junto a los burdeles Venus y Boa Negra. Una tienda de Compro oro destaca en algo parecido a una plaza. En los barracones con funciones de bar, los mineros libres ven películas de Bruce Lee entre perros callejeros y basura rancia. Para llegar a Delta 1, hay que vadear el río, marrón por los vertidos de las minas, y enfrentarse a miradas cargadas de hostilidad. Aquí, hace poco, ataron y redujeron a cenizas a tres hombres por robar oro.

Las minas se insinúan como una metástasis también a lo largo del lecho del gran río Madre de Dios, hogar de las comunidades indígenas. Martín Huaypuna Flores, de 60 años, fue el primero en dar la alarma en el año 2000, cuando un centenar de mineros desfiguraron su Tres Islas. “Sus excavadoras transformaron el bosque en una pradera aterradora”, recuerda. “Yo reuní a mi gente para expulsarlos”. Ciento cincuenta indígenas en canoas, con sus coloridos tocados de plumas de loro, armados solo con flechas y amor por la Amazonia, lograron vencer sin violencia. “Pero regresaron”, continúa Flores, “y los volvimos a echar, sin ninguna ayuda del Estado”. Hasta 2012 el Tribunal Constitucional no expulsó a los mineros de Tres Islas, caso único en la historia de Perú. “Es una pena que sigan allí”, suspira Flores. “Nadie ha ejecutado nunca la sentencia”.

Para reanudar la lucha con nuevas armas, el activista ha reunido en una asociación, Afimad, a 49 comunidades indígenas dedicadas a la recolección de un fruto que para ellos es más precioso que el oro: la nuez amazónica o castaña. Sus altísimos árboles seculares absorben de forma prodigiosa el dióxido de carbono, y la castaña es el alimento símbolo de Madre de Dios, única región peruana que la produce, cubriendo el 11% del mercado mundial. Sus recolectores, guardianes de la salud de las plantas, son los centinelas del equilibrio ecológico. Cuentan con el apoyo de la ONG italiana Cesvi, que desde hace 25 años ayuda a las asociaciones locales a mejorar esta actividad medioambiental. “Nuestro objetivo es convencer a los jóvenes para que cuiden de estos árboles vitales para el ecosistema”, explica Brandi Gatica, responsable de Cesvi en Madre de Dios, una ingeniera forestal enamorada de sus bosques. “No es fácil trabajar con políticos más partidarios de las minas que de los castañeros”, admite, “pero gracias a nuestras peticiones, hoy se ha declarado a estos árboles prioritarios para el desarrollo de la región. Los recolectores reciben concesiones de tierras por parte del Estado y obtienen beneficios fiscales por su trabajo de conservación. Y están más motivados para plantar cara a los mineros”.

Hay alguien que va aún más allá, dedicándose a resucitar la vegetación asfixiada por el mercurio. “Las minas matan la biología de la selva”, explica el agrónomo Ronald Corvera Gomringer, apasionado director del Instituto de Investigación de la Amazonia peruana. En su jardín de los clones cerca de Puerto Maldonado, da vida a nogales y otras especies para reverdecer las tierras contaminadas por los garimpeiros. “Son plantas capaces de generar un suelo nuevo y de capturar el mercurio. Se necesitarán por lo menos 20 años; si las autoridades no actúan pronto, los mineros se nos van a adelantar. El hombre no es más que un elemento como otro cualquiera dentro del ecosistema amazónico: ¿qué derecho tiene a romper su equilibrio?”.

Fuente:https://elpais.com/elpais/2017/11/22/planeta_futuro/1511358033_282056.html

NUEVA FUERABAMBA, Perú (Reuters) – Este pueblo remoto en el sur de los Andes peruanos iba a ser un ejemplo de cómo las empresas pueden ayudar a comunidades que tuvieron que dejar sus hogares por la minería.

Llamado Nueva Fuerabamba, fue construido para albergar a unas 1.600 personas que abandonaron su aldea y tierras de cultivo a fin de allanar el camino para una enorme mina de cobre a cielo abierto. El nuevo pueblo cuenta con calles pavimentadas y casas con electricidad y agua potable, alguna vez lujos para los indígenas quechuas que ahora viven allí.

El operador de la mina, MMG Ltd, unidad con sede en Melbourne de la estatal China Minmetals Corp, ofreció a la comunidad empleos y compensaciones suficientes como para que algunos ya no trabajen.

Pero el acuerdo no trajo la armonía que buscaban los aldeanos y MMG, un ejemplo de lo difícil que es evitar disputas mineras en esta nación rica en minerales.

Las batallas por el control de los recursos son normales en América Latina, pero las tensiones son particularmente altas en Perú, el segundo mayor productor mundial de cobre, zinc y plata. Muchos campesinos se han rebelado contra una industria que creen amenaza su forma de vida y les niega una parte justa de la riqueza.

Perú sufre 167 conflictos sociales, la mayoría relacionados con la minería, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, cuya misión incluye desactivar este tipo de hostilidades.

Nueva Fuerabamba fue la pieza central de uno de los asentamientos mineros más costosos jamás negociado en Perú. Pero tres años después de mudarse, muchos de los pobladores aún luchan por adaptarse al entorno suburbano, mostraron dos docenas en entrevistas de Reuters con residentes.

Muchos extrañan la vida de cultivar papas y criar ganado. Muchos han malgastado lo que cobraron. Y la ociosidad y el aislamiento han embotado los espíritus de una comunidad cuyos antepasados ​​eran temidos abigeos.

“Estamos acá como encerrados en una cárcel, o en una jaula como esos animalitos que se crían,” dijo Cipriano Lima, un exagricultor de 43 años.

Mientras tanto, la mina conocida como Las Bambas, ha sido un imán para el descontento en una de las provincias más pobres de Perú. Enfrentamientos entre manifestantes y autoridades en 2015 y 2016 dejaron cuatro hombres de la zona muertos.

Bloqueando las rutas para transportar cobre, los residentes de Nueva Fuerabamba han reclamado más ayuda financiera de MMG, y aldeas aledañas que no recibieron beneficios directos de la mina han exigido proyectos de infraestructura y compensación por el uso de carreteras locales.

La compañía reconoció que la reubicación ha sido difícil para algunos pobladores, pero dijo que la mayoría se ha beneficiado con mejores viviendas, servicios de salud y de educación.

“Nueva Fuerabamba ha experimentado un cambio positivo significativo”, dijo Troy Hey, gerente general ejecutivo de relaciones con las partes interesadas de MMG, en un correo electrónico a Reuters. MMG dijo que gastó “cientos de millones” en los esfuerzos de reubicación.

La minería es el motor de la economía peruana, que ha promediado un crecimiento anual del 5,5 por ciento en la última década. Aún así, los conflictos por minería han descarrilado miles de millones de dólares en inversiones en los últimos años, incluidos los proyectos de Newmont Mining Corp y Southern Copper Corp. Para calmar a la oposición, el presidente Pedro Pablo Kuczynski ha prometido mejorar los servicios sociales en las zonas rurales de la sierra de Perú, donde casi la mitad de los residentes viven en la pobreza. Pero pasar del conflicto a la cooperación no es fácil después de siglos de desconfianza. Las reubicaciones son particularmente complicadas, según Camilo León, especialista en reasentamientos mineros de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Para los agricultores de subsistencia suele ser muy difícil abandonar sus tradiciones y acostumbrarse al entorno “muy urbano, muy organizado” de las ciudades planificadas, dijo León. “Es un shock para las comunidades rurales”. Al menos seis proyectos mineros han requerido reubicaciones en Perú, dijo León. Este mes, Perú licitará un proyecto cuprífero de 2.000 millones de dólares, Michiquillay, que también implicaría reubicar a otra comunidad.

“TODO ES DINERO”

MMG heredó el proyecto Nueva Fuerabamba cuando compró Las Bambas de la suiza Glencore Plc en 2014 por 7.000 millones de dólares. Bajo los términos de un acuerdo en 2009 y revisado por Reuters, los pobladores votaron a favor de intercambiar sus casas y tierras de cultivo por nuevas casas en un pueblo con servicios públicos modernos.

A los jefes de cada hogar, les prometieron trabajos en la mina. Se otorgarían becas universitarias a sus hijos, se les entregaría nuevas tierras para la agricultura y el pastoreo, aunque a cuatro horas en auto por la falta de tierra disponible cerca de Nueva Fuerabamba.

El efectivo fue un endulzante adicional. Los aldeanos dicen que cada hogar recibió 400.000 soles (120.000 dólares), lo que equivale a las ganancias de una vida para un trabajador de sueldo mínimo en Perú. MMG se negó a confirmar los pagos, argumentando que sus acuerdos con las comunidades son confidenciales. La empresa dijo que Nueva Fuerabamba, construido en una ladera a unos 25 kilómetros de la mina, fue producto de una larga consulta con pobladores sobre como querían vivir. Las comodidades incluyen una clínica, campos de fútbol y una plaza de toros de cemento para festivales. Pero algunos pobladores dicen que el acuerdo no ha sido el dinero caído del cielo que esperaban. Sus nuevas casas de dos y tres pisos de paneles de yeso les parecen débiles y frías en comparación con sus antiguas chozas de adobe con techo de paja que se calentaban con estufas de leña. Muchos han dejado de sembrar cultivos y cuidar ganado porque el terreno de reemplazo está en otra región, muy lejos para visitar regularmente. La mayoría de los empleos proporcionados por MMG son para mantenimiento del pueblo porque muchos carecen de las habilidades para trabajar en una mina moderna. Algunos gastaron los pagos recibidos de forma imprudente, dijo el presidente de la comunidad, Alfonso Vargas. “Algunos han invertido en negocios pero otras gentes no, han ido a tomar,” dijo Vargas.Ahora tienen que pagar por necesidades básicas como el agua, la comida y el combustible que antes sacaban de la tierra.

“Todo es dinero”, dijo Margot Portilla, una madre de 20 años, mientras cocinaba arroz en una cocina a gas en la casa amarilla de su cuñada. “Antes con bosta hacíamos fuego y nos cocinábamos todo. Ahora tenemos que comprar gas”.

PUEBLO FANTASMA

Sin embargo, algunos residentes reconocieron los beneficios de la mudanza.

El pueblo nuevo es más limpio que la vieja aldea, dijo Betsabé Mendoza, de 25 años, que invirtió lo que le pagó la mina en un taller metalúrgico en otro pueblo cercano y más grande.

Portilla, la joven madre, dice que sus hermanas menores están recibiendo una mejor educación que la que ella tuvo.

Aún así, las calles de Nueva Fuerabamba estaban prácticamente desiertas en un día de semana. Vargas, el líder de la comunidad, dijo que muchos residentes volvieron al campo o buscaron trabajo en otro lugar.

El alcoholismo va en aumento por el ocio y el dinero del acuerdo, agregó. Durante los 12 meses hasta julio, cuatro residentes se suicidaron tomando productos químicos agrícolas, según la fiscalía provincial, que no pudo proporcionar datos comparativos de suicidios en Fuerabamba antes de la reubicación.

MMG, citando un estudio “independiente” antes de la reubicación, dijo que la antigua aldea de Fuerabamba sufría de altas tasas de violencia doméstica, alcoholismo, analfabetismo, pobreza y falta de acceso a servicios públicos básicos.

Si bien la compañía considera al nuevo pueblo como un éxito, reconoció que la transición no ha sido fácil para todos.

“La conexión a la tierra, la restauración de los medios de subsistencia y la simple adaptación a las nuevas condiciones de vida siguen siendo un desafío”, dijo MMG.

Los residentes de Nueva Fuerabamba continúan presionando a la compañía para obtener asistencia adicional. Las demandas incluyen más trabajos y títulos de propiedad de sus casas, que aún no se han entregado debido a demoras burocráticas, dijo Godofredo Huamani, el abogado de la comunidad.

MMG dijo que sigue al ritmo de las necesidades de la comunidad a través de asambleas y representantes de la empresa a la mano en Nueva Fuerabamba para atender las quejas.

Mientras se preocupan por el futuro, muchos aldeanos se aferran al pasado. Flora Huamaní, de 39 años, madre de cuatro niñas, recordó cómo las mujeres solían juntarse para tejer la lana de sus ovejas para los vestidos negros tradicionales que usan.

“Eso era nuestra costumbre,” dijo Huamaní desde un banco en su patio delantero amurallado. “Ahora nuestro costumbre es tener asamblea tras asamblea tras asamblea” para discutir los problemas de la comunidad.

Fuente:https://lta.reuters.com/article/topNews/idLTAKBN1E11KP-OUSLT