La semana pasada, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) anunció, con bombos y platillos, que el Perú era el primer productor de oro en América Latina y el sexto a nivel mundial. Pero ni siquiera hizo mención al número de conflictos mineros que existen en el país: 78 según el último reporte de la Defensoría del Pueblo (publicado en enero).

En la misma línea de presentar al sector minero como repotenciado, el último domingo, la revista Semana Económica (SE) publicó un artículo titulado «En sacos distintos» en el que concluye que este 2018, los conflictos sociales no serán mineros porque las empresas «han aprendido de sus errores pasados».

Partiendo del caso del paro agrario y la protesta de los productores de papa, los autores (Rafael Aste y Alvaro Roncal) sostienen que «este conflicto responde a la pérdida de legitimidad del gobierno y no al discurso socioambiental que impulsó los conflictos durante el boom minero pasado».

Según SE, las mineras «se han protegido por una sofisticación» de sus estrategias: «relacionamiento con stakeholders y autoridades locales, difusión de información ambiental sobre sus proyectos y desarrollo de emprendimientos autosostenibles en la economía local».

¿Qué tan cierto es esto? Para responder a esta pregunta, consultamos con José de Echave, director del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM). Para este experto, «hay una suerte de sobredimensionamiento» cuando se afirma que los conflictos no afectarán a la minería este año.

«Las estrategias que dicen estar aplicando no son nuevas. Se han venido usando desde hace bastante tiempo y no veo motivo por el que ahora sí estén funcionando. Por el contrario, lo que veo es poco aprendizaje. Por ejemplo, con las declaratorias de estados de emergencia en el corredor minero», dice de Echave a LaMula.pe.

Recordemos que en su último informe, el OCM explicó la reducción de la conflictividad social en zonas mineras a los menores precios internacionales de los metales, a la coyuntura política, marcada por denuncias de megacorrupción, y a la proximidad de las elecciones regionales y municipales.

De Echave precisa que en los últimos dos o tres años, las empresas decidieron invertir menos por lo que la presión en los territorios se redujo. «La conflictividad social está relacionada a la presión que hacen las empresas en sus intentos de avanzar con sus proyectos, pese a que no cuentan con la aceptación social. Pero ahora la situación ha cambiado, los precios se han recuperado», señala.

«Ahora está comenzando a haber una ebullición por avanzar con las inversiones mineras sin que hayan solucionado sus problemas. Van a insistir con lo mismo y se van a encontrar con un rechazo, milagrosamente la situación no va a cambiar en Tía María«, afirma de Echave.

En este sentido, el exviceministro de Gestión Ambiental precisó que se deben diferenciar los conflictos mineros, no todos tienen las mismas características.

«Hay una visión plana de la conflictividad, estos señores [los empresarios mineros y sus voceros] piensan que los conflictos son iguales, ese es un error tremendo. Tenemos conflictos de rechazo y otros de convivencia: no es lo mismo Las Bambas que Tía María: en el primero la gente acepta el proyecto, pero reclama mayores beneficios y condiciones, en cambio en el otro los agricultores lo rechazan porque se sienten amenazados», afirma el experto.

Además, explica de Echave, la conflictividad no solo debe medirse por números, sino por intensidad y «este año podríamos tener un rebote de conflictos mineros». Contrario a lo que sostiene SE, el economista cree que el 2018 va a ser un año complicado por los conflictos mineros. Desde el OCM, estima que «con los actuales precios, varios proyectos se van a reactivar como Río Blanco, Kañaris y otros en Cajamarca». «Las empresas van a querer avanzar con sus inversiones sin haber resulto problemas sociales anteriores», dice.

«Construir un discurso de que los conflictos han bajado como consecuencia de la implementación de nuevas estrategias de las empresas mineras no se condice con la realidad», afirma el experto en conflictos mineros.

¿Cómo le irá a las empresas mineras en la gestión de los conflictos sociales provocados por sus proyectos? Veremos si de verdad han aprendido la lección o si siguen repitiendo los errores del pasado.

Fuente:https://redaccion.lamula.pe/2018/02/13/conflictos-sociales-mineros-socioambientales-peru-empresas-mineras-lecciones-2018/jorgepaucar/

Así se encuentran los ciudadanos del Valle del Tambo (Arequipa) ante los anuncios de la empresa Southern Perú, que aseguró que conseguiría la licencia de construcción para su polémico proyecto Tía María en el primer semestre de este año. Frente a ello, este viernes 16 de febrero se realizará una movilización en la localidad de Cocachacra, según informó la presidenta de la Junta de Usuarios de Riego de la Ensenada y Mejía, Marilú Marroquín.

Según la empresa y el Gobierno, los proyectos sociales financiados por la minera en la zona en los últimos meses habrían debilitado la oposición a Tía María. Esta semana, el viceministro de minas, Ricardo Labó, indicó que la empresa ha hecho todo el año pasado esfuerzos para poder relacionarse nuevamente con la zona y esto estaría dando “sus primeros frutos’”. “Este acercamiento con la población es un proceso de mediano a largo alcance, pero creo que este año vamos a tener noticias sobre mejores relaciones que las del año pasado” lo que permitiría “avanzar” con el proyecto minero, aseguró el funcionario.

Southern, de capitales mexicanos, ha venido implementando en la zona el programa denominado “Valle Unido” de relacionamiento comunitario, en el que ha realizado campañas de educación, salud, de apoyo a los agricultores, entre otras. Sin embargo, según información de la prensa local, dicho proyecto no ha tenido mayores impactos en la posición de la ciudadanía y se mantiene un “rechazo contundente” al proyecto minero. Periodistas de Arequipa encontraron en días recientes que la mayor parte de la población local no conoce este programa y mantiene su oposición a Tía María.

“Ofenden al pueblo cuando piensan que pueden comprar su apoyo con una jarrita de plástico, dos tarritos de pintura, una bolsita de úrea”, declaró Augusto Paredes Torres, secretario de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo.

Las acciones de la empresa también han buscado el apoyo del Gobierno Regional de Arequipa. El pasado viernes, por ejemplo, la compañía minera entregó a las autoridades regionales el expediente técnico para la construcción del nuevo Centro de Salud de Cocachacra.

Persecución a líderes

Tras casi tres años de las protestas de 2015, la Fiscalía formalizó denuncia contra dirigentes sociales de la zona. La acusación fiscal utiliza la figura de “Asociación Ilícita para Delinquir”, lo que preocupa porque sería la primera vez que se aplica este tipo penal en el marco de una protesta.

El abogado y director FEDEPAZ, David Velazco, afirma que no hay pruebas contundentes para acusar a los dirigentes de formar parte de una organización criminal. “La Fiscalía no tiene ningún elemento de prueba en esta denuncia”, asegura. Velazco agregó que es legítima la protesta y la defensa por el ambiente que emprendieron los comuneros de Islay.

Como se recuerda, este polémico proyecto ha tenido que ser suspendido en dos oportunidades, en 2011 y 2015, ante la fuerte resistencia de la población que teme que se vean afectadas la provisión de agua y las actividades agrícolas.

Fuente: www.conflictosmineros.org.pe

Mediante un comunicado emitido la semana pasada, el Colectivo por Ayabaca al que pertenecen diversas organizaciones del área de influencia del proyecto minero Rio Blanco del consorcio Xiamen Zijin Tongguan Investment Development Corporation se pronunciaron con respecto al proyecto. Han solicitado que se respete el proceso de consulta vecinal y la decisión de las rondas de apostar por la defensa de los páramos y la conservación del ambiente . En el documento, suscrito por las comunidades campesinas de Segunda y Cajas, y Yanta, afirman: “Las consultas vecinales son un mecanismo legítimo y constitucional y exigimos que se respete la decisión de las comunidades de Piura de no permitir el ingreso del Proyecto Rio Blanco”

Se sostiene, también, que personas “sin representatividad y acompañados de la empresa están presentando firmas a entidades del estado con el fin de demandar dialogo”, sin embargo, esta no es la postura de las comunidades, cuyos líderes estuvieron en Lima en setiembre del año pasado en el Congreso de la República donde presentaron sus preocupaciones sobre el Proyecto Río Blanco y reafirmaron su compromiso por la defensa de los frágiles ecosistemas de Piura como son los páramos.

En enero, El ministro de Economía y Finanzas (MEF), en esa época, Alfredo Thorne, declaró a la prensa que el Gobierno buscará dar un impulso adicional a la economía peruana y para eso se reactivará el proyecto minero Río Blanco en la sierra de Piura y otros seis en el interior del país. Los ronderos le recordaron al ministro «la empresa no tiene ningún permiso de operaciones otorgado por el Estado ni de las comunidades para acceder a sus tierras, por lo que su presencia en dichos terrenos es ilegal». En reciente carta dirigida a las rondas campesinas de Ayabaca, el Ministerio de energía y minas ha confirmado que la empresa no cuenta con ninguna autorización para realizar operaciones en Ayabaca y Huancabamba.

Finalmente, los ronderos aseveran: «Consideramos que cualquier espacio de diálogo o decisión sobre este caso debe pasar por los actores locales debidamente representados que son propietarios del territorio, como son las comunidades campesinas. El interlocutor solo puede ser el Estado que el que debe velar por los derechos de las comunidades a la propiedad”, dice el comunicado.

Fuente: http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/687-ronderos-ayabaca

Una nueva investigación del premiado portal Ojo Público concluye que a la fecha existen 1.810 derechos de uso de agua otorgados a 331 compañías mineras. De ellas, 248 tienen licencias para extraer este recurso a perpetuidad, 31 de las cuales se ubican en zonas con alto riesgo de sequía como Tacna, Moquegua, Lima, La Libertad y Lambayeque.

La investigación recoge la información de los expedientes que se encuentran en el archivo digital de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), así como estudios de dicha entidad y de Defensa Civil y la Defensoría del Pueblo, para conocer en qué zonas se concentran las autorizaciones de uso de agua y cuál es su relación con los conflictos por este recurso.

Los derechos de uso de agua son de tres tipos: licencias, autorizaciones y permisos; solo los primeros no tienen fecha de caducidad, según indica la investigación. La legislación ha otorgado durante décadas las autorizaciones y permisos a plazo indeterminado, y ni siquiera la Ley de Recursos Hídricos aprobada el 2009 prevé regular o actualizar el volumen asignado en zonas con riesgo de sequía. Únicamente se estipula la posibilidad de declarar la extinción de este derecho cuando el Estado confirme la escasez definitiva o contaminación total del recurso.

Los datos recogidos por Ojo Público muestran que la mayoría de permisos corresponden a Southern Cooper (Grupo México), que tiene 15 licencias vitalicias y nueve autorizaciones temporales. Le sigue Minsur con seis licencias vitalicias, mientras que Anglo American lidera el ranking de autorizaciones temporales con 15 de estas resoluciones en zonas de inminente sequía.

En las cuencas con poca agua Southern Cooper tiene tres proyectos: Cuajone y Toquepala, en Moquegua y Tacna; y Los Chancas, en Apurímac. Para los dos primeros, la empresa utilizó 50.490 millones de litros de agua en 2015. Es la misma cantidad que consumen los habitantes de Tacna y Moquegua durante un año. Por su parte Anglo American, también en Moquegua, tiene la mina de cobre Quellaveco que entrará este año en fase de explotación.

Ambas empresas obtuvieron resoluciones para explotar 41 fuentes de agua en Locumba Sama, Tambo, e Ilo-Moquegua. Cabe destacar que todas estas zonas fueron incluidas en las declaratorias de emergencia hídrica que el Gobierno ha promulgado en los últimos años por la escasez de agua. Incluso en el Decreto Supremo 004-2009, el Ejecutivo confirmó el “agotamiento de los recursos hídricos” de los ríos Caplina y Locumba Sama, en Tacna, y dictó recomendaciones para preservar el agua subterránea.

La investigación recoge también la versión de las compañías. Anglo American informa que tras la crisis hídrica del 2016 se vio obligada a renunciar a la captación de agua del río Asana, y ha ampliado el uso de agua reciclada al 65%. Southern, por su parte, ha anunciado que empleará agua de mar si el Gobierno le autoriza a continuar con Tía María, en Arequipa, proyecto paralizado por las fuertes protestas de la población en los años 2011 y 2015.

Las regiones donde el Instituto Nacional de Defensa Civil ha atendido más emergencias por sequía en zonas agrícolas entre 2003 y 2016 son Ayacucho, Apurímac y Huancavelica. Según la base de datos elaborada por Ojo Público, en la primera de estas se otorgaron 77 derechos de uso de agua, 26 de los cuales están vigentes en manos de las mineras Catalina Huanca, Ares y Buenaventura. En Apurímac se aprobaron 103 resoluciones para explotar este recurso; 57 de ellas están activas y son usadas principalmente por las compañías Southern Copper, Barrick, Anabi y Xtrata Tintaya y Las Bambas, pero también por Buenaventura y Ares. Por último, en Huancavelica se emitieron 122 de estos permisos, principalmente para las mineras Caudalosa, Castro Virreyna, Buenaventura, y otros.

En el caso de Cusco, se aprobaron 78 derechos de agua. Actualmente 38 licencias y autorizaciones están vigentes, principalmente en manos de la canadiense Hudbay y de Antapaccay, subsidiaria de Glencore. Las provincias por donde cruzan las fuentes de agua autorizadas para su explotación son Espinar, Chumbivilcas, Paruro y Quispicanchi; las mismas que también han formado parte de las declaratorias de emergencia temporal que promulga el Gobierno por falta de lluvias y presencia de heladas inusuales.

Cabe indicar que la ANA tiene identificadas 41 cuencas en las que se mantienen 56 conflictos por el agua. El 71% de los cuales es por su mala calidad o contaminación, el 20% por falta de acceso o desaparición de fuentes de agua y el 9% restante por otros motivos.

Estos conflictos se ven atizados por un contexto más difícil a causa del cambio climático. Según un estudio del Senamhi, citado por Ojo Público, hacia el año 2050 las fuentes de agua disponibles en once cuencas de la costa sur del país se reducirán entre 42% y 48%, especialmente en Moquegua, Tacna, Ica.

De hecho, según datos de la ANA citados en el libro “Gobernanza del agua en zonas mineras del Perú” (CooperAcción), entre 2007 y 2014 la disponibilidad de agua en el Perú se redujo en 14.6%. Esto, principalmente debido al derretimiento de los glaciares, que ya han retrocedido en 57%. Como se recuerda, a fines del 2016, 17 regiones fueron declaradas en “emergencia hídrica” por la falta de lluvias, situación que se ha vuelto crónica en los últimos años y que contrasta con la amplia disponibilidad de autorizaciones y permisos para el uso de agua de la que goza el sector minero.

Fuente: http://conflictosmineros.org.pe/2018/02/09/alerta-investigacion-encuentra-que-248-mineras-tienen-licencias-de-agua-a-perpetuidad/

La República llegó hasta el lugar donde un río de metales pesados de la empresa Arasi se junta con el río Pataqueña de agua transparente. OEFA confirma que existe contaminación.  05/02/2018
PRUEBAS MEDIOAMBIENTALES. La República llegó a intersección de río contaminado y río Pataqueña. La imagen evidencia como un afluente limpio se junta con uno contaminado.

Liubomir Fernández
La contaminación de la cuenca Jatun Ayllu (Ocuviri-Lampa) y Llallimayo (Melgar) tiene su origen en la confluencia entre un río de metales pesados y un afluente de agua transparente donde todavía se puede pescar truchas.

Ambos afluentes están en la comunidad de Chacapalca, en la zona alta del distrito de Ocuviri, en la provincia de Lampa, a cinco horas de la ciudad de Puno.

La República se trasladó hasta la comunidad de Chacapalca. En el camino uno se encuentra con enormes montañas donde las alpacas reinan por ser su hábitat. Estos se alimentan en extensos bofedales, gracias al agua pura que baja de las cumbres. Este panorama contrasta cuando uno se encuentra con las operaciones de la mina Arasi, que explota oro hace varios años en la comunidad de Chacapalca. El proyecto pertenece a la empresa Aruntani, que también opera entre las regiones de Puno y Moquegua.

El punto de contaminación del cual es responsable Arasi está focalizado entre la intersección de dos vertientes que forman una “y”. El río que baja de las zonas altas se llama Pataqueña, cuyo caudal es transparente. Se puede llegar a ver incluso peces pequeños y consumir el líquido sin mayor problema. Paradójicamente este río pasa por un costado del campamento de la empresa. El problema es aguas abajo, cuando afluentes se unen.

El río Pataqueña pierde su transparencia, cuando por un costado recibe descarga de aguas turbias color beige oscuro lechoso, que salen del interior del campamento de la minera por la cuenca denominada Azufrini. Los peces que bajan de la altura vivos finalmente mueren, cuando se encuentran con la contaminación.

“Esas aguas son ácidas… Las familias que aquí vivimos estamos contaminadas”, aseguró Eduardo Ccahuanihancco Hancco, poblador de Cachapalca.

El vicepresidente de la comunidad, Juvenal Bodadilla Choque, aseguró que efectivamente la mina contamina el río que al final termina afectando a pobladores de la zona baja de la cuenca de Llamimayi, en la provincia de Melgar. En esta zona los campesinos se dedican a la crianza de ganado vacuno. El consumo de agua contaminada ha generado la muerte de decenas de animales.

No solo los campesinos confirman que existe contaminación. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) también certificó que el efluente, que sale de la minera, tiene metales pesados.

Según el informe 077-2017 de la OEFA, la evacuación de aguas contaminadas devienen del botadero “Yesica”. Se detectó que allí existe afloramiento de agua subterránea ácida con altas concentraciones de aluminio, cobalto, cobre, hierro y manganeso. Estos metales pesados pasan por una quebrada y finalmente ingresan por el río Azufrini, ahora de metales pesados, el cual finalmente termina juntándose con las aguas cristalinas del río Pataqueña.

“Nos están envenenando y están matando a nuestros animales”, aseguró Nilda Chávez, pobladora de Llallimayo.

Aseguró que el caso es de vida o muerte porque de por medio está el medio ambiente y la sobrevivencia de la crianza de ganado vacuno.

http://larepublica.pe/sociedad/1179979-rios-de-puno-son-contaminados-por-mina-arasi

Y el último reporte de la Defensoría señala 120 conflictos socioambientales en el país.

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) señaló, hoy martes, que el Perú es el primer productor de oro en América Latina y el sexto a nivel mundial.

En una nota de prensa publicada en su página web, el gremio extractivo resaltó que La Libertad y Cajamarca son los mayores productores de oro en el país «al concentrar 50% de la producción aurífera nacional que ascendió a 151 toneladas al cierre del año 2017».

Precisó que La Libertad produjo 43 toneladas del metal precioso el año pasado y Cajamarca, 33. Detrás de estas regiones, se encuentran Arequipa con 20 toneladas y Ayacucho con 12.

Respecto a la producción de plata, la SNMPE señaló que esta fue de 4,304 toneladas en el 2017 y Áncash, Lima y Junín fueron las regiones con mayor producción al representar el 55% del total. Además, resaltó que el país es el segundo mayor productor de plata en América Latina y en el mundo con una producción acumulada de 8,679 toneladas en el período 2016-2017.

Todas estas cifras positivas que presenta el gremio minero no indican un factor importante: la dependencia de la economía peruana al sector extractivo.

Como indicó el exministro de Economía, Alonso Segura, van dos años seguidos de subida del precio de los metales, pero ¿qué pasaría si se produce una caída igual de repentina? El economista advierte vulnerabilidad del país.

Además, la actividad minera genera conflictos socioambientales en el País. En el último reporte de la Defensoría del Pueblo, se detectó 120 conflictos de este tipo, de los cuales 78 están relacionados a la minería.

https://redaccion.lamula.pe/2018/02/06/peru-mineria-america-latina-productor-oro-sociedad-nacional-mineria-petroleo/jorgepaucar/

Los representantes de las comunidades más lastimadas por la minería y el petróleo se reunieron el día 31 de enero con el ministro de salud Abel Salinas Rivas. Hicieron llegar sus demandas y solicitaron atención prioritaria para menores afectados a consecuencia de la contaminación que padecen en su día a día.

Estuvieron presentes líderes de Espinar, La Oroya, Pasco, San Mateo, Chiriaco, Bambamarca, Puno, Cuninico, quienes solicitaron que se continúe el diálogo empezado con la anterior gestión. El ministro agendó una próxima reunión para marzo.

Cabe resaltar, que se tratan de casos emblemáticos, donde han ocurrido graves problemas ambientales.  Un estudio de Red Muqui, presentado el año pasado, mostró que niños y niñas de Pasco y La Oroya tenían hasta 4 tipos de metales tóxicos en la sangre, uno de ellos mortal y cancerígeno como es el arsénico. El plomo, otro de los metales que los niños tenían en la sangre, trajo múltiples afectaciones a la vista, el estómago y problemas en el nivel de concentración.

En el caso de Espinar, un informe de CooperAcción recogió los estudios del Instituto Nacional de Salud-CENSOPAS 2010 y 2013, donde se señala que las personas de las comunidades campesinas tienen distintos metales pesados tóxicos en su cuerpo como mercurio, plomo, arsénico, cadmio, cianuro. El documento afirma que “solo después de la protesta social del 2012, el Estado Peruano se comprometió a medir la magnitud del riesgo que representa la exposición crónica a metales pesados. Lamentablemente dicha evaluación ha sido deficiente y hasta la fecha no tenemos resultados concluyentes”.

En Cuatro Cuencas y Cuninico, donde los continuos derrames petroleros han afectado el agua, los suelos y la salud de las comunidades indígenas. En Cuninico, por ejemplo, el CENSOPAS tomó en 2016 muestras de sangre y orina a 129 personas. El 50.54% de la población total evaluada poseía valores de mercurio por encima del rango de referencia, en tanto que el 16.81% los evaluados presentaron valores sobre el rango de referencia para el caso del cadmio.

La carta remitida Ministerio de Salud (MINSA), de parte de los afectados, dice lo siguiente: «Nos dirigimos ante usted con la finalidad de que pueda informarnos sobre las acciones que están realizando para contar con una intervención multisectorial que permita atender la problemática de la contaminación por metales tóxicos y su impacto en la salud humana»

Yolanda Zurita Trujillo, representante de la Plataforma para la implementación de un programa de salud ambiental de Junín afirmó: “queremos pedir al ministro que se priorice la atención en salud a personas afectadas por la contaminación y los pasivos dejados por la minería y el petróleo”.  Los afectados por metales tóxicos esperan que el ministro atienda a sus demandas.

Este es un resumen de las demandas que formalizaron al MINSA a fines del 2017

Crisis en la Amazonía. Puerto Luz es una de las 10 comunidades de la Reserva Comunal de Amarakaeri que sufre los embates de la minería ilegal. Sus habitantes, que son más de 400, viven en medio de un panorama desolador y se han visto obligados a practicar la minería artesanal sin depredar sus bosques. Están amenazados por el olvido, la violencia y la contaminación.

Ya no quiero regresar allá.

Aquella mañana, al lado del río Colorado, en la región Madre de Dios, los labios de Julio Kirigwa, de 71 años, hablante de una sola lengua nativa (el harakbut) tiemblan. En cada palabra, él tiene miedo que los recuerdos de sus pasos pequeños y risas inocentes se esfumen y no puede evitar que sus labios dejen de temblar.

Yo jugaba en el agua cristalina, pescaba grandes peces con mi papá. Pero de eso ya no queda nada. Por eso ya no quiero salir de la comunidad (Puerto Luz) porque me duele ver la destrucción que hay afuera, mi corazón se rompe», responde Julio, quien siendo niño escapó hacia el monte y se convirtió en un sobreviviente de la fiebre del caucho, durante las primeras décadas del siglo XX. Él, como alguna vez experimentaron sus padres en su momento, observa ahora cómo sus descendientes enfrentan otros peligros: la minería ilegal, la tala de árboles y la invasión de sus bosques.

La comunidad nativa de Julio se llama Puerto Luz y desde 1970, cuando cambió de nombre, se encuentra ubicada en el distrito de Madre de Dios, provincia del Manu, a 6 horas de la ciudad de Puerto Maldonado en un viaje por carretera, trochas y ríos. Su extensión es de 56 hectáreas, su población sobrepasa los 400 habitantes que provienen de la etnia harakbut y su realidad hoy es crítica: es el pueblo más devastado, de los 10 que comprenden la Reserva Comunal Amarakaeri, debido a la fuerza de la minería depredadora.

El pueblo de Julio, que ahora es asfixiado por la fiebre del oro, también es el de Yesica Patiachi Tayori, de 31 años, la profesora de secundaria que el 19 de enero pasado se convirtió en la voz de las comunidades amazónicas frente al mismo papa Francisco. Bajo este escenario, días después, La República viajó a Madre de Dios en busca de su comunidad nativa multicolor, ancestral, pero lo que encontró a su alrededor fue un territorio marrón, gris, destruido, bajo un cielo de azul intenso y entre ríos contaminados, «de la muerte», como Yesica describió en su emotivo discurso.

Asfixia de un pueblo

Puerto Luz está ubicado a 20 minutos de un centro poblado llamado Delta 1, el cual es un punto neurálgico de la minería ilegal. En el trayecto de estos dos lugares, los mineros han instalado campamentos y durante el día y la noche extraen el oro del subsuelo con maquinaria pesada y mercurio, sustancia que después va a parar al río donde ya no se bañan los niños nativos.

«Nosotros venimos del Cusco y solo cumplimos órdenes de quien nos paga. Aunque creemos también que la tierra es de todos los peruanos y no solo de los nativos», responden dos joven sin polo que han sido descubiertos por los pobladores de Puerto Luz con machetes en la mano, que minutos antes usaron para derribar los árboles, cuyos troncos les servirán para instalar los artefactos acondicionados para extraer oro (dragas). Ellos ganan un jornal diario de 50 soles, trabajan en condiciones infrahumanas y forman parte de la maldita cadena que acorrala a los pueblos amazónicos, los ahoga y los arrincona.

La afectación de la zona cercana de la comunidad nativa Puerto Luz, en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Amarakaeri, había alcanzado las 1.561 hectáreas durante los últimos 4 años, según un estudio del Proyecto de Monitoreo de Amazonía Andina (MAAP, por sigla en inglés). Actualmente, el daño es similar a 20 estadios nacionales, por lo menos.

«Recibimos el apoyo del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp), pero muy poco pueden hacer 14 guardaparques en una reserva natural de 402 mil hectáreas incluida la zona de amortiguamiento. Ahora nuestro temor es el avance de la minería ilegal hasta las cuencas que abastecen de agua a los pueblos de esa zona de Madre de Dios, sería una tragedia mayor a lo que se vive en la conocida zona de La Pampa», advierte Walter Quertehuari, un harakbut elegido presidente del ECA Amarakaeri. Por eso, en ese lugar del país, los líderes nativos son guardianes de su aún verde territorio que consideran ancestral.

Guardianes de su tierra

Uno de ellos es Jorge Tayori, quien ha recibido amenazas de mineros ilegales. «Hasta ha sido secuestrado varios días por oponerse a los mafiosos del oro», cuentan en la comunidad Puerto Luz donde existen cerca de 20 concesiones mineras otorgadas por el Estado que están superpuestas con las tierras de los nativos.

«Nos invaden, pese a que tenemos títulos. Nos dicen: ‘¿Acaso tú has plantado estos árboles, has producido el agua?», cuenta Erasmo Manya, de 40 años, padre de familia, harakbut, quien ya en el 2016 se ha enfrentado a los mineros ilegales. «Ellos tienen armas y nosotros no. Estamos viviendo lo que vivieron nuestros antepasados con los caucheros».

En Puerto Luz, como en las otras 9 comunidades nativas de la Reserva Comunal de Amarakaeri, debido al acorralamiento de la extracción de oro y a la falta de oportunidades, las familias se han visto obligadas a practicar la minería artesanal. «Nosotros no buscamos oro para hacernos ricos, solo buscamos lo necesario para que nuestros hijos estudien», afirma Virginia Kirihua, de 36 años, quien desde niña ha visto cómo, primero, los hombres blancos, y luego los foráneos cobrizos, se han vuelto cada vez más ambiciosos por esos piedrecitas brillantes que sus ancestros confundían con los granos del maíz que ellos cosechaban.

Cultura que sobrevive

Yerco Tayori, de 26 años, líder de Puerto Luz, aclara que ellos no depredan sus bosques sino que solo esperan que el caudal del río Colorado disminuya para ir a las playas que se forman y buscar oro. «Nosotros no vamos a depredar la casa de nuestras futuras generaciones. Así como nuestros antepasados cuidaron nuestros bosques, nosotros hacemos lo mismo», precisa, tras agregar que otro riesgo que enfrentan es la construcción de una carretera.

El centro de salud de esta comunidad nativa no tenía personal médico hasta el año pasado cuando llegó la esposa de Yerco, quien es una enfermera técnica. En Puerto Luz hay 10 docentes para los niveles inicial, primaria y secundaria, pero solo uno habla la lengua harakbut. «Yo no quiero que mi lengua desaparezca, por eso, al acabar mi carrera de educación, yo volveré acá para enseñar», dice una joven de 19 años. Ella no olvida lo que le dijeron sus abuelos: «Si pudiera hablar castellano, les juro que yo defendería lo que ustedes no defienden».

Testimonio

Yesica patiachi Tayori

Soy del pueblo harakbut y recuerdo que de niña caminaba por el bosque verde y podía pescar allá. Lamentablemente, hoy se encuentra todo devastado por la minería ilegal y la tala ilegal que depreda y solo trae desolación a los pueblos. Ya no están los caucheros, pero su espíritu está en cada minero ilegal, en cada empresa petrolera, en cada maderero informal. Es de esta forma que estamos luchando. Por eso, tras la visita del Papa a Puerto Maldonado, esperamos que se haga eco de nuestro problema a nivel nacional e internacional. Queremos desarrollo sin depredación. Tiene que haber consulta previa, no solo por el bien de los pueblos nativos sino por el bien de la humanidad. Hoy el mundo se asfixia y si no hay bosque ni agua, ni aire, qué será de todos nosotros. Los pueblos nativos seremos estudiados en vitrina y no como cultura viva, como pretenden.

Bebé nativo bendecido por el Papa

Leandro tiene 4 meses y es conocido en la comunidad de Puerto Luz por ser el primer bebé nativo en ser bendecido por el papa Francisco en persona, en Madre de Dios.

El 19 de enero pasado, cuando se retiraba del Coliseo Cerrado, donde se reunió con 3 mil 500 representantes de comunidades nativas, el Papa le cogió la cabeza y le dio la bendición. «No me imaginé que iba a pasar eso, me emocioné mucho», cuenta Leidy Tayori, mamá de Leandro.

Este niño va a aprender la lengua harakbut que casi desaparece en su comunidad. «Haré un cuadro con la foto donde él sale con el Papa. Le enseñaré orgullosa», dice Leidy.

Fuente:http://larepublica.pe/sociedad/1177491-los-harakbuts-el-pueblo-nativo-que-la-mineria-ilegal-asfixia-en-madre-de-dios

Sociedad Minera San Miguelito tendrá concesiones y derechos mineros dentro de los 50 km de la frontera norte. El Ejecutivo autorizó que Sociedad Minera San Miguelito.