COOPERACCION – BOLETÍN AMP OCT. 2022
El anuncio de que los activos del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) serán administrados por sus extrabajadores, a través de la empresa Metalurgia Business Perú SAC., ha causado revuelo y plantea varias interrogantes. Más aun cuando se anuncia la reapertura de las operaciones en un plazo bastante breve: se ha dicho que para el […]

El anuncio de que los activos del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) serán administrados por sus extrabajadores, a través de la empresa Metalurgia Business Perú SAC., ha causado revuelo y plantea varias interrogantes. Más aun cuando se anuncia la reapertura de las operaciones en un plazo bastante breve: se ha dicho que para el primer trimestre del 2023 se estaría produciendo en La Oroya cobre, para mayo plomo y en aproximadamente dos años, todos los circuitos estarán operando. ¿Es así de sencillo? Vamos por partes. Recordaremos algunos antecedentes de este caso e intentaremos analizar lo que se puede venir.

Fuente: El Comercio
Apelando a la historia

El CMLO empezó a operar por primera vez en 1922, lo que significa que ya ha cumplido cien años. Por esa época, la propietaria de este complejo metalúrgico era la norteamericana Cerro de Pasco Corporation, que de lejos era la empresa minera más poderosa del país, dueña de varias minas, fundiciones y, posteriormente, refinerías, principalmente en la sierra central. Tal y como lo muestran varios informes oficiales y estudios realizados, la puesta en marcha de la fundición y los circuitos de refinerías en La Oroya generó un impacto de contaminación ambiental nunca antes visto en el país.

En los años 70, durante el gobierno militar, liderado por Juan Velasco Alvarado, el conglomerado de la Cerro de Pasco Corporation fue estatizado y se convirtió en la empresa estatal Centromin Perú, que dominó la actividad minera en la sierra central de 1974 a 1997. El período de la minería estatal estuvo marcado por un crecimiento de las operaciones y una mayor fuerza laboral, sobre todo en ciudades como Cerro de Pasco y La Oroya que eran además los núcleos principales de la expansión minera. En ese escenario, los temas ambientales siguieron siendo marginales en la agenda y la minería estatal siguió incrementando los pasivos ambientales con operaciones crecientemente contaminantes.

Ya en la década del 90 y en medio de la puesta en marcha de las reformas estructurales de inspiración liberal, un aspecto clave fue el retiro del Estado de las distintas esferas de la producción. El proceso de desmantelar y privatizar las empresas públicas fue sin duda una de las reformas más importantes del modelo económico y significó que el sector privado recupere preponderancia, sobre todo en sectores claves como el minero y actividades conexas. Es así que en 1997 el CMLO fue vendido a la estadounidense Doe Run Company.

Al adquirir el complejo, Doe Run también asumió el compromiso de implementar y cumplir con un programa de inversiones ambientales, cuyo objetivo era la reducción de los niveles de contaminación ambiental. Los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) debían cumplirse en el plazo de cinco años para las operaciones mineras y hasta en diez años para las operaciones metalúrgicas.

Cumplido el plazo de diez años, Doe Run no cumplió con las inversiones del PAMA, pese a que recibió de las autoridades peruanas una serie de facilidades que se expresaron en modificaciones de los proyectos de inversión en materia ambiental y varias ampliaciones del plazo. Todo esto ocurría mientras que diversos estudios confirmaban que la población de La Oroya estaba expuesta a un coctel tóxico de emisiones de metales pesados, lo que generó un enorme impacto en la salud, sobre todo en niños.

Lo cierto es que La Oroya es uno de los más graves pasivos ambientales ligados a una actividad productiva en la historia del Perú, comparable a los desastres ambientales generados por la explotación de hidrocarburos en las cuencas del Pastaza y el Corrientes en la Amazonía. Además, La Oroya fue considerada en su momento como uno de los diez lugares más contaminados del planeta.

Las interrogantes que generan los anuncios recientes

El de la Oroya es un complejo vetusto que, como hemos señalado, ha cumplido 100 años y que, además, desde hace 12 años -cuando Doe Run se declaró en insolvencia- no ha estado operando. Además, no se debe dejar de mencionar que en el CMLO no se hicieron las inversiones de adecuación y manejo ambiental que hubiesen permitido que las operaciones se adecuen a la legislación ambiental del país.

El PAMA de La Oroya era un listado de 9 proyectos en materia ambiental que, en su primera versión, representaba un monto de inversión de US$173 millones. Del conjunto de proyectos, el más importante era la construcción de una planta de ácido sulfúrico por un valor de US$ 107.5 millones. Este es uno de los proyectos que nunca concretó Doe Run.

Por eso llama la atención cuando se afirma que las operaciones se van a retomar en apenas unos meses y que el capital estimado para el inicio de la producción es de US$ 100 millones. Cabe preguntar, ¿dentro de las inversiones que se proyectan hacer en La Oroya se han considerado los proyectos vinculados a la adecuación y el manejo ambiental? ¿Qué montos se manejan para este tipo de inversiones y en qué plazos se van a dar?

El presidente Castillo ha anunciado la creación de una mesa técnica integrada por el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Ambiente, sin embargo no queda claro cómo se va a trabajar, en qué plazos y qué filtros se van a poner al anunciado reinicio de operaciones del CMLO. Es totalmente entendible la expectativa que pueden tener los trabajadores de La Oroya en una reactivación del CMLO. Sin embargo, ésta no puede ser a costa de dejar de lado la problemática ambiental. Que no se juegue con las legítimas expectativas de La Oroya y que no se pierda de vista que en esta localidad hay una agenda ambiental pendiente, que tiene que ver de manera directa con la salud de los ecosistemas y la salud de su población.
FUENTE: COOPERACCION

www.conflictosmineros.org.pe
Alerta informativa 26/10/2022

A través de una conferencia de prensa realizada ayer en la ciudad del Cusco, dirigentes del Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar y otras organizaciones sociales de esta provincia cusqueña anunciaron el reinicio de una huelga indefinida a iniciarse el 7 de noviembre de este año.

La medida de fuerza es contra la empresa minera Antapaccay, las autoridades locales y el gobierno central. Los dirigentes argumentaron que no habría cumplimiento de compromisos por parte de la minera y que debe transparentar el dinero del convenio marco.

Recordaron que el convenio marco establece que un porcentaje de las utilidades de Antapaccay deben invertirse en el desarrollo de la provincia. Pero pusieron como ejemplo que habría habido obras y compras sobrevaloradas.

Asimismo, los dirigentes señalaron que hay una incapacidad del gobierno central para que puedan ayudar a llegar a acuerdos concretos en las mesas de diálogo. Han pasado más de 10 años de esas mesas y no se ha llegado a nada.

Resaltaron también que, con 40 años de minería en la provincia, y no se cuenta con agua potable en las 24 horas, y esta agua tiene metales pesados.

“La minera Glencore tiene ahora el proyecto ampliación Coroccohuayco que tendrá para 30 a 50 años y más de 70 % de las tierras de Espinar se están concesionando a la minería” alertaron en la conferencia.

Los dirigentes también denunciaron que la empresa minera estaría financiando un plan comunicacional para deslegitimar los reclamos y las luchas de la provincia, y que habría financiado a candidatos a la alcaldía.

“La minera tiene un plan sicosocial, para amedrentar a las organizaciones sociales y a las comunidades. Por eso es que el proyecto de agua está paralizado. En su plan se dedican a desacreditar a los dirigentes ante la población.”

Por eso los dirigentes señalaron que están pidiendo una indemnización a la minera por desacreditar a los dirigentes sociales y por impedir el desarrollo de la provincia de Espinar.

“Nuestros animales están muriendo, parece un cementerio de animales que están muriendo por la contaminación minera del rÍo”, denunciaron en la conferencia de prensa.

Finalmente mencionaron que con esta medida de lucha resultarán afectados las empresas mineras Antapaccay, Hudbay y Las Bambas por el cierre del corredor minero.

Eva Cruz 24/10/2022
Proyecto minero Quellaveco de Anglo American.

En noviembre, el Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas de la ANA dará a conocer su fallo sobre si se mantiene o se le retira la licencia de agua al proyecto de Anglo American.
Quellaveco, el proyecto minero más importante desarrollado en los últimos años en el Perú, se ve amenazado desde hace algunos días con la aparente decisión del Gobierno de reevaluar la autorización para utilizar agua de dos ríos, Vizcachas y Titire, otorgada por la ANA a fines de agosto de 2022.

El proyecto cuprífero de Anglo American no usará en sus procesos de producción agua destinada a la población, la agricultura o la ganadería.

Así, el 80% del recurso hídrico a utilizar en los procesos productivos mineros proviene del río Titire, de origen volcánico y con alto contenido de arsénico y boro, mientras que el 20% procederá de la presa Vizcachas, infraestructura que almacenará agua de lluvia de buena calidad y que será suministrada a la población y actividades agropecuarias de la cuenca del Tambo durante la época de estiaje y permitirá además el uso efectivo de la reserva hídrica de la región Moquegua.

Roque Benavides presidente del Directorio de Buenaventura
También puedes leer: Roque Benavides: El agua debe ser tratada como política nacional y no como política regional

Frente a este “debate”, Rumbo Minero preguntó a sus seguidores en su cuenta oficial de Twitter, si consideraban que el Gobierno tiene la intención de parar la operación de Quellaveco. El 69.4% respondió que sí; mientras que el 30.6% obtuvo una postura contraria.

La Autoridad Nacional del Agua (ANA) estimó que noviembre su Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas dará su veredicto al respecto. Así, se conocerá si finalmente se le quitará o no agua a la mina de cobre, propiedad de Anglo American.

En cualquier caso, el fallo sería llevado al Poder Judicial si las partes no están conformes.
https://www.rumbominero.com/peru/encuesta-rumbo-minero-quellaveco/

Imagen: Rumbo Minero 21/10/2022
En la edición del programa “La hora verde” del jueves 20 de octubre, y que es producido semanalmente por CooperAcción, los invitados coincidieron en alertar de los riesgos ambientes y de salud ante el anuncio de la reactivación del complejo metalúrgico de La Oroya, en la región Junín.

Cabe recordar que lunes 17 de octubre, la empresa liquidadora Consultores A1 terminó la transferencia de los activos de dicha operación minera a 1.250 extrabajadores asociados a la empresa Metalurgia Business Perú SAC, cerrando el primer objetivo de la liquidación de Doe Run Perú. Los trabajadores han anunciado que empezarían operaciones en febrero del 2023.

Los invitados a «La hora verde» fueron Yolanda Zurita, activista de las personas afectadas por contaminación de metales tóxicos de La Oroya; José de Echave, economista e investigador de CooperAcción; y Christian Huaylinos, abogado de Aprodeh.

Yolanda Zurita recordó que La Oroya inició su actividad metalúrgica desde el año 1922. La primera comunidad que fue afectada fue Huaynacancha, que fue afectada por los humos que llegaban como cenizas y esto obligó a que muchas de las personas se fuesen a vivir a otros lugares.

Asimismo, destacó la gravedad de los pasivos ambientales que ha dejado el complejo metalúrgico en la zona: “Estudios señalan que hay 80 cm de profundidad que está seriamente afectada. Son estudios de la misma empresa, el Estado y sociedad civil. La Universidad de San Luis de Missouri analizó 13 sustancias tóxicas, las que todas estaban muy elevadas en el organismo humano.”

Por su parte José De Echave recordó que en la década de los noventa, en paralelo al proceso de privatización se crearon 2 instrumentos: todos los nuevos proyectos de inversión debían tener los Estudios de Impacto Ambiental- EIA. En el caso de proyectos antiguos – como el caso La Oroya- que ya estaban en fase de producción, se creó el Programa de adecuación y maneja ambiental -PAMA.

“Cuando la norteamericana Doe Run compró los activos de La Oroya, asumió el compromiso de adecuar la operación a los nuevos estándares ambientales, pero la empresa no cumplió pese a que se le dieron ampliaciones. Hasta que luego se declaró en insolvencia,” recordó De Echave.

El investigador también destacó que la exposición de la población a metales como plomo, cadmio y arsénico ha sido debidamente probada por varios estudios. Esto ha llevado a que La Oroya haya sido calificada como una de las 10 ciudades más contaminadas del mundo.

El proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Yolanda Zurita destacó que en el año 2002 se inició un proceso contra el Estado peruano para lograr una atención de la salud. Al no cumplir ningún acuerdo, acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde entonces ha sido un largo proceso en el que están pidiendo la atención integral a la salud, por la exposición aguda y crónica a los metales tóxicos. El caso se está ventilando ahora en la Corte Interamericana, y acaban de realizarse audiencias los días 12 y 13 de octubre.

“En la audiencia de la CIDH expusimos la afectación y la debilidad de la atención en salud, así como el incumplimiento del Estado como ente rector para hacer que el macro emisor se le ponga acciones correctivas y las emisiones se hagan respetando la salud de la población”, destacó Zurita

Por su parte Cristian Huaylinos, abogado de Aprodeh, que acompaña a los afectados ante el proceso en la CIDH, comentó que con el paso del tiempo se constata que de parte del Estado ha habido una omisión en la prevención y fiscalización de esta contaminación. En esa línea, sostuvo que hay pruebas que el Estado ha priorizado la actividad minera por sobre la salud de las personas.

“Hay un informe del propio Estado que dice que desde 1986 constató que existe una contaminación que se ha agravado en la década de los 90 con la privatización de Centromin. El Estado ha venido ampliando los Pamas que nunca han sido cumplidos, no ha habido una remediación ambiental eficiente en La Oroya” puntualizó el abogado. Resaltó, asimismo, que el sistema de salud no ha sabido responder a las afectaciones por exposición a metales pesados.

Sobre la reactivación del complejo metalúrgico

José de Echave señaló que este complejo ha estado inactivo 12 años, ha quedado vetusto, y no se hicieron las inversiones para adecuarse a los estándares ambientales vigentes.

“Pensar en reactivarlo en estas condiciones es que se reactiva como un macro emisor y siga contaminando a la gente de La Oroya. Entiendo la legítima expectativa de los trabajadores por una reactivación económica, pero no puede hacerse a costa de la salud de la población de La Oroya”, destacó De Echave.

En esa línea Yolanda Zurita sostuvo que es preocupante el anuncio ya que se sabe que el 99% de la contaminación del aire en La Oroya es producida por el complejo siderúrgico. Esto va a contaminar a los mismos trabajadores, personas de la tercera edad, madres y toda la población.

“Una reactivación económica a costas de la salud de una población integra no sé qué grado de sensibilidad podrían tener los que están impulsando esto. Algunos pobladores están anunciando que se van a ver obligados a salir de La Oroya”, destacó Zurita.

Finalmente, Christian Huaylinas sostuvo que genera una alta preocupación el tema de las condiciones en que se les está otorgando la administración de La Oroya a los trabajadores.

“Las víctimas o los representantes no queremos el cierre del complejo, si no que se dé una regulación eficiente y oportuna para que se respete los estándares de calidad ambiental, que afectan a todos, a los trabajadores, residentes, personas que transitan y a las futuras generaciones”, remarcó el abogado de Aprodeh.

www.cooperaccion.org.pe
Jr. Río de Janeiro 373, Jesús María, LIMA 11 – PERÚ. Teléfonos: (511) 4612223 / 4613864 cooperaccion@cooperaccion.org.pe

19/10/2022
Foto de archivo ilustrativa de una mujer viendo un camión pasando en una ruta usada por las mineras en la comunidad de Chumbivilcas, en las afueras de Cusco
19 oct (Reuters) – Una comunidad peruana inició el miércoles un bloqueo de una ruta clave de transporte de cobre, marcando otro episodio de las protestas que han afectado a las operaciones mineras en la región.

El bloqueo se organizó en el distrito de Colquemarca, en la región andina de Cusco, dijo el Observatorio de Conflictos Mineros de Perú en Twitter, y añadió en un comunicado que los manifestantes exigían un «presupuesto para más de 15 proyectos de saneamiento básico y en educación en la provincia».

El Observatorio también informó el martes de otro bloqueo más al sur del corredor minero en la provincia de Espinar, también en Cusco.

Reuters no pudo verificar de forma independiente esas informaciones.

Dada la ubicación de la protesta, las minas de cobre afectadas incluyen Las Bambas de MMG, Constancia de Hudbay y Antapaccay de Glencore.

Perú es el segundo productor mundial de cobre y este episodio se suma a otros bloqueos que han interrumpido el corredor minero, aunque normalmente se centraban en Las Bambas.

El mes pasado, un grupo de comunidades indígenas peruanas acordó una tregua tras bloquear una importante ruta de cobre en el país.

(Reporte de Carolina Pulice; Editado en español por Aida Peláez-Fernández)
https://es-us.vida-estilo.yahoo.com/protestas-per%C3%BA-interrumpen-importante-ruta-201412698.html

Eva Cruz 20/10/2022
Corredor minero del sur sigue bloqueado en Cusco.
Buscan dialogar con los ministros de Estado y que cumplan con el compromiso de financiar 15 proyectos de saneamiento básico y educación en distritos de Chumbivilcas.
En busca de dialogar con los ministros de Estado, diversas autoridades provinciales, distritales y dirigentes de Chumbivilcas viajaron a la ciudad de Lima. En tanto, manifestantes aún bloquean el paso de vehículos de empresas mineras en el corredor minero del sur, en Cusco.

La alcaldesa de la provincia de Chumbivilcas, Nadia Liz Pallo Arotaype, arribó a la ciudad de Lima junto a alcaldes distritales de Colquemarca y Capacmarca, y dirigentes sociales, en busca de soluciones a sus reclamos.

bloqueo de camiones mineros

Los manifestantes exigen al Gobierno cumplir con el compromiso de financiar 15 proyectos de saneamiento básico y educación en distritos de la provincia cusqueña.

Según detallaron desde Chumbivilcas, las autoridades pretenden establecer fechas y acuerdos para iniciar con las iniciativas. Los manifestantes aseguran que la continuidad del bloqueo dependerá del informe final de sus representantes.
https://www.rumbominero.com/peru/noticias/mineria/nuevo-bloqueo-en-corredor-minero-del-sur/

19/10/2022
Protestas en el corredor minero en la zona de Velille, Chumbivilcas. Imagen: Reporteros sur
En los últimos días se han reportado una serie de acciones de protesta de diversas comunidades y organizaciones sociales de distritos y provincias por las que pasa el denominado corredor minero del sur. En esta ruta, como se sabe, transitan los camiones con minerales de varias empresas mineras importantes, como Las Bambas y Antapaccay.

Esta zona, sobre todo en las regiones Cusco y Apurímac, tiene una alta conflictividad debido a una serie de errores que se han cometido de parte del Estado y las empresas mineras a la hora de negociar la compra de terrenos por donde pasa la vía, por el nivel de cumplimiento de compromisos con las comunidades, así como los cambios en los instrumentos de gestión ambiental que han permitido el paso excesivo de camiones encapsulados que generan ruidos y polvos afectando a las poblaciones aledañas.

Chumbivilcas se moviliza

Hoy se reportó que organizaciones sociales del distrito de Colquemarca, en la provincia cusqueña de Chumbivilcas, iniciaron una medida de lucha en busca de presupuesto para más de 15 proyectos de saneamiento básico y educación en la provincia.

En el sector Huinchu – Cruce – Choccoyo del distrito de Colquemarca, los dirigentes de la sociedad civil, alcaldes distritales y provincial esperaron el día de hoy a los representantes del Ministerio de Energía y Minas (Minem) y altos funcionarios del Estado tras un oficio de invitación para retomar la mesa técnica de la provincia de Chumbivilcas. Sin embargo, al no llegar los funcionarios, los dirigentes decidieron emprender una medida de lucha indefinida. Los vecinos de Chumbivilcas también solicitan la presencia del presidente Pedro Castillo y representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y Minem para atender las demandas de la plataforma de lucha.

Días atrás, la comunidad campesina de Hatun Ccollana en el distrito de Velille, en la misma provincia, también realizó un bloqueo de un tramo del corredor minero en reclamo de acuerdos que no estaría cumpliendo la minera Las Bambas. El bloqueo se realizó en la carretera que es utilizada por la empresa para el transporte de concentrados de minerales hacia el puerto de Matarani y traslado de insumos al yacimiento minero ubicado en Challhuahuacho.

Según señalaron los dirigentes, existirían documentos de compromiso de la empresa minera para implementar un proyecto de desarrollo cada año en las comunidades y, a cambio de ello, la comunidad daría paso a la construcción de la carretera en los territorios de la comunidad. Pero, con el pasar de los años, la empresa habría incumplido dichos acuerdos, según los dirigentes sociales.

Finalmente, en la misma tarde se levantó la medida de protesta, y se habría acordado alistar una reunión con minera Las Bambas para el 20 de este mes.

Espinar: bloquean corredor minero en demanda de asfaltado

La comunidad campesina de Huisapata, en el distrito de Ocoruro, de la provincia cusqueña de Espinar, inició un bloqueo pacífico del corredor minero a partir del 18 de octubre debido al incumplimiento del mantenimiento de dicha vía.

Denunciaron que sus pastos están siendo contaminados por la polvareda provocada por el tránsito de los vehículos de transporte de minerales de las unidades mineras de Las Bambas, Constancia y Antapaccay.

Esto sería consecuencia de la no conclusión del asfaltado de vía Yauri – Tintaya Marquiri – Condoroma, que se encontraría en estado de abandono por parte de la empresa consorcio vial Sicuani II, integrado por las empresas Neptuno y Reyna, según un informe del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Este tramo se habría judicializado.

Chalhuahuacho en lucha

La Federación Campesina Distrital de Chalhuahuacho y otros gremios de esta ciudad, ubicada en la provincia de Cotabambas, Apurímac, iniciaron una protesta pacífica el lunes 17 de octubre, planteando una plataforma de lucha en la que resaltaron el incumplimiento de compromisos por parte de la empresa minera Las Bambas, así como del Estado peruano.

En la plataforma exigen más oportunidades laborales y empresariales, así como proyecto de pararrayos y fitotoldos por comunidades y sectores. En la plataforma resaltan otros puntos, como: continuación de proyectos paralizados por parte de la municipalidad distrital de Challhuahuacho; ser considerados como parte del área de influencia directa ambiental y social; y un convenio marco con minera Las Bambas.

También solicitan la presencia del presidente Pedro Castillo Terrones, efectivizar los 101 millones de soles de canon y regalías mineras, la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales para Chalhuahuacho y la ejecución del hospital al 100%, entre otros puntos.

En su análisis de la situación del corredor minero, el Observatorio de Conflictos Mineros (OCM) ha señalado que esta zona vive una situación que puede caracterizarse como “conflictividad permanente”, y que el enfoque de resolución de conflictos mediante mesas de diálogo no ha abordado de manera seria y sostenible la agenda de derechos de las localidades del área de influencia de las actividades mineras en el sur andino. Esto demuestra que urge replantearse el enfoque a fin de construir un sistema de gobernanza territorial con participación de las comunidades, así como implementar reformas en la institucionalidad ambiental y social.

www.cooperaccion.org.pe
Jr. Río de Janeiro 373, Jesús María, LIMA 11 – PERÚ. Teléfonos: (511) 4612223 / 4613864 cooperaccion@cooperaccion.org.pe

Encuesta Rumbo Minero:
Takeshi Chacon 17/10/2022
Según Defensoría del Pueblo, solo el 10% de los conflictos sociales reportados en el Perú son de oposición a la minería.
En los últimos 15 meses, las empresas mineras se han visto obligadas a detener sus operaciones.

Estas medidas de emergencia se han dado por bloqueos ilegales; así como ataques violentos contra sus instalaciones por parte de comunidades.

De esa manera, desde el ingreso de la actual gestión gubernamental, la conflictividad social contra el sector minero se ha venido intensificando.

Otro factor que ha encendido las alertas es la elección de autoridades regionales y municipales que han expresado abiertamente su oposición radical a la minería.

Frente a ello, Rumbo Minero planteó la misión de conocer las opiniones y posiciones del público a través de encuesta sobre el tema.

Así, en @rumbominero se preguntó si la elección de nuevas autoridades regionales y municipales podría acrecentar los conflictos mineros.

Del total de participantes, para el 68.1% sí se prevé un incremento de conflictos mineros por las nuevas autoridades municipales y regionales.

En tanto, el 31.9% manifestó que no estima que los conflictos mineros vayan a acrecentarse.
https://www.rumbominero.com/peru/noticias/mineria/encuesta-rumbo-minero-conflictos-mineros/

mineriaenlinea 12/10/2022
Perú planea formalizar a los pequeños mineros de oro, dijo el martes la ministra de Minas, Alessandra Herrera, en medio de la creciente presión internacional para arrojar luz sobre la cadena de suministro del metal precioso en el principal productor de Sudamérica.

Alrededor del 22% de la producción de oro de Perú proviene de la minería a pequeña escala, dijo Herrera en un evento organizado en Lima por la asociación sin fines de lucro Swiss Better Gold.

Suiza es el primer refinador de oro del mundo y uno de los principales destinos del oro peruano.

“Tenemos un claro compromiso de apoyar el proceso de formalización (de los pequeños mineros de oro)”, dijo Herrera en el evento.

La pequeña minería de oro en Perú suele operar de forma ilegal o con poca supervisión, especialmente en la región de la selva amazónica.

“Está claro que los problemas para determinar la procedencia legal de la pequeña minería son un riesgo para la reputación de la actividad minera”, dijo Herrera. Pero añadió que los pequeños mineros del oro deben ser vistos “no como el enemigo, sino como aliados”.

Perú quiere formalizar a los mineros artesanales de oro, dice el ministro

Foto: Miguel Gutierrez/ CooperAcción
13/10/2022
Luego de las protestas realizadas en el año 2015 en la provincia de Cotabambas, 17 dirigentes fueron acusados de supuesta autoría mediata por varios delitos. Después de 7 años de realizada la denuncia y una espera angustiante, recién el 19 de setiembre de este año, se ha dado inicio a este proceso.

El caso se encuentra actualmente etapa de juicio oral, que está siendo conducido por el Sr. Juez, Andrés Abelino Flores Aguilar, del Juzgado Penal Unipersonal de Tambobamba. La acusación contra los dirigentes consta de cinco delitos: Disturbios, daños agravados, entorpecimiento a las vías de comunicación, asociación ilícita para delinquir y usurpación agravada. Sin embargo, estas acusaciones están basadas principalmente en su participación en las protestas como dirigentes.

Como se recuerda, en el 2015 las comunidades la provincia de Cotabambas se levantó en protestas contra la empresa minera MMG Las Bambas, esto debido a las modificaciones al estudio de impacto ambiental en su territorio sin consulta previa, esto con el fin de transportar los minerales a través de una carretera sin asfaltar en vez de un mineroducto. Producto de esas protestas, hubo 3 personas fallecidas, decenas de detenidos y los 17 dirigentes criminalizados.

La persecución contra dirigentes y líderes en las zonas del llamado corredor minero del sur no es una práctica nueva. Se recuerda el caso de Espinar donde 3 dirigentes (entre ellos el ex alcalde provincial, Oscar Mollohuanca) llevaron el juicio desde el 2012 hasta que a principios de este año fueron absueltos. Sin embargo, la parte acusatoria ha apelado tal resolución. ¿Hasta cuándo puede extenderse un juicio con los defensores y defensoras ambientales?

www.cooperaccion.org.pe
Jr. Río de Janeiro 373, Jesús María, LIMA 11 – PERÚ. Teléfonos: (511) 4612223 / 4613864 cooperaccion@cooperaccion.org.pe