Perú

Infografía: ¿La minería trae progreso?

¿La minería trae progreso? En el 2017, la pobreza monetaria afectó al 21,7% del país. Según INEI, Cajamarca, Huancavelica y Apurimac son las regiones más pobres y son zonas donde la minería representa el mayor porcentaje de su PBI.

Un informe del diario Gestión afirma que según el documento «Desnutrición crónica infantil cero en 2016» los departamentos mineros encabezan el ranking de desnutrición crónica infantil en el Perú, resaltando: Huancavelica (46,4%), Cajamarca (29,9%), Huánuco (28,8%), Apurímac (31,3 %) y Ayacucho (28,1 %). Al respecto, para el mismo diario, el economista de CooperAcción comentó que «hay más de un indicio que esta actividad extractiva no ha resultado ser beneficiosa para impulsar el desarrollo de las regiones donde cuenta con mayor presencia». 

También, llama la atención, como a pesar de no haber gran aporte social, se sigue impulsado la minería y el extractivismo en dichas regiones. Un ejemplo es la cantidad de territorio concesionado para futuros proyectos. Apurimac tiene el 46% del territorio en concesión, Cajamarca 21% y Huancavelica 26%. 

 

 

 

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/738-infografia-la-mineria-trae-progreso

Perú

Puno: Poder Judicial ordena que se cumpla fallo sobre Consulta a comunidades antes de emitir concesiones

Poder Judicial se pronunció a favor. Comunidades de Atuncolla, en Puno exigieron que se cumpla el fallo del 2016 donde el Poder Judicial ordenaba a IGEMMET y al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) que se realice Consulta Previa antes de emitirse concesiones en territorios de comunidades.

Según declaró para Red Muqui, Rodrigo Lauracio, de la organización Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA): “actualmente, tanto IGEMMET como MINEM se niegan a que la Consulta Previa se realice en una etapa previa, de concesión, pero con la sentencia hemos logrado que se respete el derecho de las comunidades”.

También, comentó que “el Estado peruano debe seguir los estándares indicados para realizar la Consulta previa, actualmente, ello no se está cumpliendo. Se debe hacer una Consulta informada, de modo que las comunidades puedan conocer del proyecto minero, pregunten, se enteren, tomen decisiones sin presiones”. Agregó que el problema recae, muchas veces, en la forma en que se realiza la consulta. A veces los datos suelen ser abstractos, muy técnicos y eso es un limitante para los comuneros.

“Lo que no queda claro es si la sentencia también se aplica a nivel nacional”, aseveró Lauracio. Sin embargo, se trata de un gran precedente en materia de consulta previa y derechos colectivos que se haya dado.

Esta sentencia se realizó en el marco de un proceso de amparo que figura en el Expediente N° 01846-2012. Fue presentado por 11 comunidades campesinas, todas del distrito de Atuncolla, contra INGEMMET y contra el Ministerio de Energía y Minas (MINEM). Como informó el medio de comunicación Servindi, “todo el distrito tenía concesiones mineras, no solo sin previa consulta sino, sin nunca haber sido estas concesiones notificadas de forma expresa y cierta a las comunidades demandante”.

Las comunidades que lograron este histórico fallo son Palcamayo, Trinidad de Moyogachi, Colca, Patacancha, Ticani Pampa, San José de Principio de Santa Cruz, Virgen de Soledad de la Cochela, San Jerónimo de Ullagachi, Micaela Bastidas de Yanamojo, San Antonio de Umayo y Jipa Grande y Chico.

El especialista Rodrigo Lauracio afirmó que, de no ser acatada la sentencia, el Poder Judicial podría sancionar al Estado. “Se le podría amonestar, también establecer una multa o despedir a funcionarios de no procederse con lo que ordenó el juez”. Las organizaciones sociales de la zona están haciendo seguimiento del caso.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/739-puno-pj-ordena-que-se-cumpla-fallo-sobre-consulta-a-comunidades-antes-de-emitir-concesiones

Perú

Estados de emergencia limitan democracia

Este último 11 de abril el Gobierno prorrogó por sesenta días el Estado de Emergencia en el Corredor Vial Apurímac– Cusco– Arequipa. Esto se suma a los Estado de Emergencia decretados desde agosto de 2017 en diversos distritos de Apurímac y Cusco, con lo que hay zonas que cumplirán al menos diez meses en esta situación.

Frente a estas graves vulneraciones de los derechos a la libertad, a la seguridad personal, a la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y de tránsito de las y los ciudadanos, las organizaciones abajo firmantes manifestamos:

1. Nuestra profunda preocupación porque el gobierno a través de las renovaciones consecutivas en estos territorios de los Estados de Emergencia está convirtiendo como una medida permanente una medida que por mandato constitucional y de acuerdo a las obligaciones internacionales es “excepcional”.

2. Se está produciendo una constante violación a la Constitución Política del Perú toda vez que esta señala los requisitos para la aplicación de los estados de emergencia, indicando que solo debe emplearse en “caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación”. Ninguna de estas situaciones se ha presentado en el territorio afectado por esta declaratoria de emergencia. Más aún, la calificación de esta medida como “preventiva” introduce una causal que no existe ni en el texto constitucional ni en la normatividad internacional sobre los Estados de Emergencia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado claramente que “(…) que las medidas de emergencia deben estar justificadas por una amenaza a las condiciones necesarias para mantener la organización política del Estado de acuerdo con los principios de la democracia representativa” (1)

3. Dentro del corredor vial se encuentra el proyecto minero Las Bambas, que es el punto de origen de la mayor parte del mineral que circula por dicho corredor, y genera serios impactos para el medio ambiente, la salud y la vida de las comunidades campesinas que viven cerca de la carretera.

4. Existe un convenio entre el proyecto minero Las Bambas y la Policía Nacional del Perú – aprobado por Resolución Ministerial N° 990-2017-IN de 6 de octubre de 2017-. Este convenio fue suscrito por el Director General de la Policía Nacional del Perú, quien a su vez es la autoridad que recomendó al Ejecutivo la declaratoria de los Estados de Emergencia. Esto, pone de manifiesto un grave conflicto de intereses. Por citar solo un ejemplo: hace algunos días se produjo un derrame de substancias químicas en la carretera y la población fue impedida de desarrollar actividades de monitoreo y de reclamo pacífico aduciendo justamente el Estado de Emergencia. Es evidente que en este caso la Policía Nacional actúa como juez y parte privilegiando la defensa de un bien particular frente al bien público.

5. Esta declaratoria del Estado de Emergencia así como los convenios entre las empresas mineras y la Policía Nacional, y la militarización de territorios como el corredor vial, forman parte de una estrategia de criminalización de la protesta social que va de la mano con la negativa a abrir o propiciar espacios de diálogo, así como el reciente amedrentamiento a la organización Derechos Humanos Sin Fronteras. Lamentablemente es la estrategia que ha venido desarrollando el Estado peruano en las últimas décadas y que se profundizó durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Con la reciente medida de prórroga del Estado de Emergencia en este corredor vial, el gobierno del presidente Vizcarra ratifica este camino. El manejo autoritario y represivo de los conflictos sociales no solo es inaceptable desde un punto de vista democrático y de respeto a los derechos humanos, sino que se ha demostrado incapaz de resolver, o al menos contener, los conflictos sociales en el país.

6. Invocamos al Gobierno a dejar sin efecto la declaratoria de Estado de Emergencia y a modificar las políticas que apuntan a criminalizar la protesta social. Llamamos a atender las justas demandas de las comunidades afectadas por diversos impactos de la actividad minera a través de mecanismos de diálogo a los que concurran autoridades nacionales y regionales, representantes de las empresas y los dirigentes de las comunidades locales. Solo a través de una política integral de gestión de conflictos, en la cual el Estado cumpla con su rol primordial de garante de derechos y escuche y atienda de manera real a ciudadanos y ciudadanas, será posible cimentar una convivencia en igualdad de condiciones entre las comunidades locales y empresas mineras.

7. Instamos a la ciudadanía a que ante cualquier restricción y vulneración de derechos a que recurra a los mecanismos legales que la Constitución le reconoce y que denuncie públicamente cualquier atropello a sus derechos fundamentales ante las instancias correspondientes. Ratificamos nuestra disposición y compromiso a acompañar dichos justos reclamos.

 

Suscriben:

  • Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
  • Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH
  • Cooperacción
  • Derechos Humanos Sin Fronteras – DHSF
  • Earht Rights International – ERI
  • Fundación Ecuménica para la Paz – FEDEPAZ
  • Instituto de Defensa Legal – IDL
  • Centro Bartolomé de Las Casas
  • Broederlijk Delen
NOTAS
https://prohomine.wordpress.com/2014/05/10/la-excepcionalidad-de-los-estados-de-excepcion/ Blog Autor: Juan Pablo Albán Alencastro. Mayo 10 de 2014. Consultado: 26 de abril de 2018. []

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/los-estados-de-emergencia-limitan-la-democracia-en-el-peru/

Perú

OEFA ordenó a minera Aruntani cerrar depósito de desmonte y tajo en Moquegua

Esta tarde el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ordenó a la minera Aruntani S.A.C., iniciar el cierre final del depósito de desmonte y el tajo, priorizando el tratamiento de aguas ácidas de dichos componentes hasta cumplir con los Límites Máximos Permisibles (LMP), en la unidad minera Florencia – Tucari, ubicada en el distrito de Carumas, provincia de Mariscal Nieto, región Moquegua.

El objetivo de la medida impuesta es evitar la contaminación de las quebradas Margaritani y Apostoloni, tributarias del río Coralaque.

Durante acciones de supervisión, el OEFA sostuvo que identificó efluentes ácidos provenientes del depósito de desmonte y del tajo de dicha unidad, los cuales superaban los LMP y discurrían hacia las quebradas Margaritani y Apostoloni. Asimismo, detectó deficiencias operacionales del sistema de tratamiento de aguas ácidas del depósito de desmonte, lo que habría impedido su respectivo tratamiento.

Ante estos hechos, el OEFA ordenó priorizar el tratamiento de los efluentes ácidos durante los procesos de cierre final del depósito de desmonte y del tajo. Asimismo, la empresa deberá remediar el suelo, así como el lecho de las quebradas Apostoloni y Margaritani, por donde discurrió el agua ácida.

Afirmaron que en caso no se cumpla con las medidas impuestas se iniciarán las acciones administrativas, civiles y penales que correspondan.

Fuente:http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/oefa-ordeno-minera-aruntani-cerrar-deposito-desmonte-y-tajo-moquegua-n320095

Perú

SENTENCIA A TRECE POBLADORES DE TAMBO POR PROTESTAR CONTRA TÍA MARÍA

El Tercer Juzgado Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa sentenció a trece pobladores del valle de Tambo. Se les procesó por bloquear vías el 07 de abril de 2015, cuando se desarrolló una protesta en rechazo al proyecto minero Tía María, de la empresa Southern.

La jueza Yanira Guitton Huamán dictó cuatro años de prisión suspendida para Miguel Ángel Aguirre Espinoza, Sonia Luisa Apaza Ticona, Jacinto Charca Porcela, Hugo Manuel Humpiri Zela, Arsenio Luis Vilca Quispe, Carlos Edwin Márquez Apaza, Segundo Morales Jila, Cipriano Muñoico Incacutipa, Hugo Alejandro Palomino García, Natividad Quispe Cahuana y Edmundo Victoriano Rojas Alvarez. En tanto, Edgar Manuel Vilca Herrera y Alfredo Mamani Condori fueron condenados a tres años de prisión suspendida. Asimismo deberán pagar en conjunto, una reparación civil de 6 mil soles.

Los sentenciados fueron acusados por el Ministerio Público de cometer el delito de entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos.

La Fiscalía fundamentó su acusación en los testimonios de policías. Estos lograron identificar a los manifestantes durante la violenta protesta.

Fuente:http://www.grufides.org/blog/sentencia-trece-pobladores-de-tambo-por-protestar-contra-t-mar

Perú

Policía pide no realizar sesión donde se discutirán temas que involucran a Las Bambas

“Quieren sabotear al Consejo Regional” dice presidenta del mismo

Un documento enviado por el coronel de la Policía Jaime Rivadeneira Durán, jefe de la Región Policial de Apurímac, pide no realizar una importante sesión del Consejo Regional el día de mañana. El argumento es insólito: estarán de fiesta y no pueden garantizar la seguridad de los consejeros. En la sesión descentralizada, a realizarse en Challhuahuacho, se tiene programado discutir un conjunto de temas que involucran a la poderosa empresa minera Las Bambas, de la china MMG.

El documento policial está dirigido a Evelyn Cavero, consejera regional y presidenta del colegiado, y señala que “con motivo del 145 aniversario del departamento de Apurímac, la mayoría del personal policial se encuentra comprometido en los desfiles”.

Y añade una afirmación que estigmatiza a la población de Challhuahuacho: “en oportunidades recientes se han producido movilizaciones en el distrito de Challhuahuacho por diversas demandas sociales especialmente contra la municipalidad (…) y contra la minera Las Bambas manteniéndose un clima latente de conflictos sociales”, por lo que estaría “en riesgo la integrudad física de los consejeros regionales”.

Por ello, el coronel pide “efectuar dicha reunión en otra fecha y lugar”.

¿Cuál es la agenda a tratar en esta reunión programada para el 26 de abril? La agenda incluye varios puntos que involucran a la empresa minera. Por un lado, se discutirá las observaciones presentadas por el Frente de Defensa a la tercera modificatoria al estudio de impacto ambiental de Las Bambas. En segundo lugar, se discutirá una moción que pide al Ejecutivo levantar el estado de emergencia que afecta a diversas zonas del corredor minero desde hace casi un año. Así mismo, los consejeros tienen en agenda solicitar la conformación de una comisión que investigue la transacción entre Glencore y MMG para la venta de Las Bambas, operación que ha sido denunciada por una reciente investigación periodística que encontró indicios de una presunta elusión tributaria.

“Es un intento por sabotear al Consejo Regional”, declaró la consejera Evelyn Cavero. “Lo que nosotros hemos hecho es comunicar la realización de nuestra sesión descentralizada, en ningún momento hemos pedido resguardo policial”, explica. “La respuesta del coronel se inmuscuye en competencias del consejo regional. Además, incurre en falsedad porque actualmente en Challhuahuacho las actividades se están desarrollando con normalidad y no hay conflicto social”, puntualiza.

Pese a ello, el documento de la Policía ha servido de argumento para que cinco consejeros soliciten el cambio de lugar de la sesión descentralizada para que se lleve a cabo en Abancay, la capital regional.

La consejera Cavero ha anunciado que “de acuerdo a nuestro reglamento interno, vamos a abrir la sesión ordinaria. De no haber quórum, se realizará la segunda etapa de la sesión descentralizada, que consiste en una audiencia pública con la población”.

La consejera también denunció la falta de imparcialidad de la Policía. “La Policía en la región, que sabotea de esta manera la sesión del Consejo y que es la misma que solicita al Gobierno la prórroga del estado de emergencia, es también la misma que tiene un convenio de seguridad con Las Bambas que finalmente significa una contrasprestación dineraria. No tiene imparcialidad”, señala.

Preocupa el rol que viene jugando la Policía Nacional en Apurímac. El estado de emergencia, ampliado una y otra vez, viene recortando los derechos a la libertad de reunión de diversas áreas en el corredor minero, pero esta actuación revela ahora cómo la Policía está obstruyendo el ejercicio de los derechos políticos de los apurimeños, e inclusive de las responsabilidades de representación de las autoridades regionales. Y todo ello, impidiendo una mayor participación de la ciudadanía en el debate en torno a los impactos de Las Bambas, uno de los megaproyectos mineros más grandes del país.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2018/04/25/policia-pide-no-realizar-sesion-donde-se-discutiran-temas-que-involucran-a-las-bambas/

 

Perú

La minería ilegal y la política

Por José de Echave.

Lamentablemente, no es una novedad la vinculación de representantes de las mafias de actividades ilegales con la política. Intereses del narcotráfico, la tala y la minería ilegal, merodean la política desde hace tiempo, buscan penetrar los partidos políticos y las distintas esferas del Estado. Y todo indica que están teniendo éxito.

Por lo tanto, lo que sí debería llamar la atención y generar preocupación es el hecho de que cada vez van ganando mayor terreno: alcaldías distritales y provinciales, gobiernos regionales y el Congreso de la República, son espacios ya ganados por estas mafias que, además, se terminan fortaleciendo elección tras elección.

La reciente denuncia que involucra al congresista de Fuerza Popular, Modesto Figueroa, tampoco es una novedad. En primer lugar no hay que olvidar que en plena campaña electoral del 2016, la entonces candidata presidencial, Keiko Fujimori, firmó un acta con la Central de Cooperativas de Mineros de La Rinconada en Puno, zona donde reina la informalidad y la ilegalidad en la extracción de oro. En esa acta, la candidata de Fuerza Popular se comprometió a traerse abajo el proceso de formalización minera para, según ella, recomenzar de cero.

Por otro lado, en Madre de Dios, su principal candidato al Congreso –y finalmente congresista elegido-, Modesto Figueroa Minaya, ya era investigado en plena campaña por la Segunda Fiscalía de Lavado de Activos, por sus supuestos vínculos con la minería ilegal. Ahora ya sabemos qué pasó con la investigación fiscal: el entonces fiscal José Guillermo Araujo Quiña archivó las tres investigaciones al ahora congresista Figueroa y actualmente el ex fiscal es nada menos que su asesor en el despacho congresal.

Finalmente, para las autoridades no es ninguna novedad que los grifos de Madre de Dios provean de combustible para la intensa actividad de minería ilegal que se desarrolla en la zona. Hace apenas una semana, en una presentación en el Congreso, el jefe de la Sunat mostraba el siguiente cuadro con el consumo per cápita de combustible y el de combustible por vehículo en estaciones de servicios y grifos de Madre de Dios.

¿Alguien tiene alguna duda de por qué Madre de Dios encabeza de lejos el consumo per cápita y por vehículos de combustible a nivel nacional? ¿Alguien tiene alguna duda de cuál es el verdadero negocio del congresista Figueroa en Madre de Dios?

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/la-mineria-ilegal-y-la-politica/

Perú

Derrame de líquidos en el corredor minero – Actualización

En esta entrevista desde Apurímac, el representante comunal Edwin Huillca explica lo ocurrido ayer debido a un derrame de un líquido de fuerte olor en el corredor minero, la vía que lleva hacia la empresa minera Las Bambas. La entrevista fue realizada por el programa radial Región Informativa que se emite desde Abancay.

En la entrevista, Huillca informa que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) se hizo presente en horas de la tarde de ayer y que ha ofrecido resultados de sus análisis en unos 10 días.

Huillca señala que no es la primera vez que ocurren este tipo de incidentes y reclama mayor fiscalización por parte de las autoridades, pues la población teme que se genere contaminación y se afecte la agricultura y la salud.

El líder comunal también señala que los efectivos del orden se acercaron a la multitud que estaba reunida observando lo ocurrido, para advertir a los pobladores que la vía se encuentra bajo estado de emergencia. Una muestra más de cómo esta medida represiva recorta derechos ciudadanos.

Cabe indicar que ayer circuló un comunicado de la empresa Las Bambas donde descarta cualquier vinculación con el incidente. Cabe esperar el pronunciamiento de las autoridades ambientales.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2018/04/17/derrame-de-liquidos-en-el-corredor-minero-entrevista/

 

Perú

Las Bambas: La operación oculta de la mina más cara del Perú

En un solo día. En julio del 2014, una offshore de Glencore vendió la mina Las Bambas, el proyecto cuprífero más importante, a un consorcio chino por US$ 7,000 millones. Por la transacción la compañía pagó al Estado peruano un impuesto a la renta por debajo de las expectativas. Convoca.pe accedió a documentos del bufete Appleby, como parte de la investigación global Paradise Papers, que revelan que US$ 2,400 millones de esa transacción se movieron en un complejo esquema tributario que incluyó ‘préstamos intragrupo’, una práctica de las grandes empresas para eludir obligaciones tributarias. Todo en 24 horas.

A fines de setiembre de 2015, el conflicto social por el proyecto minero Las Bambas ubicado a mil kilómetros de Lima y que dejó como resultado 4 muertos en las alturas de Apurímac, se produjo luego de que se consumara la transacción más cara de la historia minera en el Perú: Glencore Xstrata vendió Las Bambas al consorcio que lidera MMG Limited, filial australiana de la China Minmetals.

Esta venta millonaria está vinculada a una operación que comenzó en 2014 cuando un grupo de abogados de la firma Appleby en las Bermudas fue convocado para asesorar a Glencore, el gigante suizo del cobre. La reestructuración de sus activos a nivel global incluyó fusiones y préstamos millonarios entre empresas offshore que tenían como centro neurálgico las Islas Bermudas y las Islas Caimán, conocidas por ofrecer ventajas fiscales y confidencialidad.

De los Andes a las Islas Bermudas

En 2011 Xstrata Copper, los dueños de Las Bambas y de las minas Antapaccay y Tintaya en Cusco, se comprometieron a invertir “con sus propios recursos” US$ 4,116 millones, de acuerdo con el contrato firmado con el Estado que figura en el Ministerio de Energía y Minas.

Xstrata Copper informó a la Dirección General de Minería que ese dinero se invertiría principalmente en una planta de chancado y molienda para 140 mil toneladas de minerales extraídos a tajo abierto, y un ducto de 178 kilómetros para trasladar el concentrado del mineral a una planta de molibdeno en Antapaccay.

En 2013 Glencore tras absorber a Xstrata Copper y sus activos y sus minas, se comprometió con el gobierno chino a deshacerse de Las Bambas, imposición del gigante asiático para que la transnacional no monopolice la producción y venta mundial de cobre.

En mayo de 2013 Glencore Xstrata reportó que había invertido un poco más de US$1, 000 millones de los US$ 4,116 millones previstos.

A finales de ese mismo año Glencore informó al gobierno peruano que ya tenía comprometida la mitad de una inversión que ahora proyectaba en US$5,200 millones, es decir, mil millones de dólares más de lo pactado.

Retrasos y tributos

En abril de 2014, mientras cerraba la venta de Las Bambas con el consorcio chino, Glencore solicitó al Estado una modificación del plazo final del proyecto hasta setiembre de 2015. Los funcionarios de la Dirección General de Minería aceptaron sin ninguna observación.

Entre 2013 y abril de 2014, Glencore debió haber invertido más de US$3,000 millones, pero no cumplió. Según el cronograma de inversión actualizado a 2015, Glencore había invertido solo US$1, 764,454 millones y tenía otros millones comprometidos con los bancos. Sin embargo, Glencore recibió US$ 7,000 millones de MMG Limited para traspasar Las Bambas y sus activos mediante una operación que fue calificada la ‘más grande en la historia del Perú’, bajo el supuesto de que generaría dinero al país.

En las semanas previas a la transacción se especuló sobre el monto que percibiría el Estado. Los cálculos de expertos tributarios y consultores mineros cifraban ingresos por encima de los US$ 1, 300 millones.

Ante las diversas versiones y suspicacias que se generaban, el gobierno regional de Apurímac solicitó al presidente Ollanta Humala especificar el monto y cuánto del mismo se destinaría a las arcas de la región. No hubo respuesta.

En los días siguientes a la transacción, Glencore solicitó a la entidad recaudadora Sunat el Certificado de Recuperación del Capital, un documento que una compañía extranjera debe solicitar tras vender sus derechos de explotación de un recurso natural para fijar cuánto de la ganancia será gravada con el impuesto a la renta.

Según fuentes que conocieron de manera cercana esta transacción, Glencore y Sunat mantuvieron una discrepancia sobre los costos de las acciones de la empresa vendida. Mientras la multinacional señalaba que sus acciones valían S/. 3,487 millones (US$1, 243 millones) el ente recaudador de impuestos reconocía solo S/. 1,230 millones (US$ 440 millones). Sobre este punto, la empresa planteó ante el Tribunal Fiscal un proceso de reclamación por el valor computable de las acciones, reclamo que hasta el año pasado estaba pendiente de resolver.

Adicionalmente, Glencore pedía se le reconociera deudas contraídas por US$ 2,900 millones, monto que era considerado como parte del capital, con lo cual la ganancia a gravar por la transacción se reduciría. ¿Cuánto ingresó al Tesoro Peruano por impuesto a la renta producto de esta millonaria transferencia finalmente?, ¿de dónde salieron esos préstamos si la inversión de Glencore ‘con recursos propios’ no fue más de US$ 1,764 millones hasta 2014?

La versión extraoficial es que Glencore habría pagado al Perú, según fuentes de la Sunat y el MEF, alrededor de US$ 580 millones, mucho menos de lo que los funcionarios públicos y expertos anunciaban con entusiasmo. Pero no está claro. La filial de Glencore respondió a Convoca.pe luego de un mes de insistencia que el proyecto cuprífero ya no les pertenece y no comentarían sobre la operación.

Vaivén de millones

Lo cierto es que mientras en Lima abogados de la firma Grau Abogados ayudaban a Glencore a culminar la venta de Las Bambas, en las Islas Bermudas se iniciaba una compleja operación financiera y tributaria que duraría solo unas horas, y en la que los miles de millones de la transacción de la mina serían el punto de inicio.

En un documento llamado ‘Simplificación del Grupo Australiano de Glencore’ se describe un flujo de fondos que van y vienen entre empresas del gigante suizo en Chile y Australia vía “intrapréstamos”.

Esta operación multimillonaria de devoluciones de préstamos entre filiales de Glencore se habría efectuado el 31 de julio de 2014, de acuerdo al documento elaborado por expertos tributaristas y la firma Appleby.

En sí, una compleja ‘reestructuración’- con flujos de entrada y salida de dinero en Chile, Islas Caimán y que terminaría en las cuentas de unas de las empresas del grupo Glencore en Australia.

Los documentos de Appleby filtrados sugieren que el dinero de la operación peruana de la transnacional era convertido en ‘préstamo’ y quedaba en el país como una cuenta por cobrar de la empresa con lo cual se justificaba y reducía las ganancias sobre las cuales la administración tributaria debía gravar.

Convoca.pe solicitó a Glencore la información sobre el movimiento inusual de dinero posterior a la venta de Las Bambas, pero no hubo respuesta.

Expertos tributarios consultados señalan que estos documentos de Appleby sugieren que esta operación debió ser revisada por los entes tributarios porque podría estar encubriendo un retiro de utilidades por el que no se pagaron tributos no solo en el Perú sino en Chile y Australia.

Oxfam publicó en 2016 “Guerras Fiscales, un informe con una metodología que establece un ranking de los países más agresivos para la tributación empresarial. Entre los más importantes figuran Islas Bermudas, Suiza y las Islas Caimán porque tienen una serie de prácticas nocivas, como aplicar retenciones para no gravar las prácticas más empleadas por las grandes empresas: los préstamos intragrupo, entre filiales de una misma matriz empresarial.

El portal investigativo chileno CIPER publicó en 2017 un reportaje en el que revelaba que la filial chilena de Glencore sacó US$534 millones de sus excedentes y los envió como “préstamo” a una sociedad en las Islas Bermudas mediante el mismo plan de reestructuración que figura en los documentos de Appleby sobre el proyecto minero más grande del Perú.❧

Fuente:https://larepublica.pe/politica/1228826-las-bambas-la-operacion-oculta-de-la-mina-mas-cara-del-peru

Perú

Ministerio del Interior será incluido en proceso por tortura en caso Río Blanco

Como es de conocimiento público, en agosto de 2005, 28 personas (campesinos, maestros, periodistas y otros) fueron torturadas en la sede del campamento minero de la empresa Majaz SA, hoy llamada Río Blanco Copper SA. A la fecha, la Fiscalía ha solicitado entre 10 y 25 años de pena privativa de libertad para los autores (efectivos policiales) por delitos de tortura y secuestro agravado.

En enero de 2011, los agraviados solicitaron ante el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancabamba, ser constituidos como actores civiles (parte agraviada activa en el proceso). Y, en agosto de 2011, solicitaron que se incorpore al Ministerio del Interior como Tercero Civil Responsable (para que responda por la reparación civil a las víctimas).

Por responsabilidad exclusiva del Juzgado y la Fiscalía, recién el 4 de abril de 2017 se declara fundado el pedido de constitución de actor civil de las víctimas. Y, el 18 de mayo de 2018, se declara improcedente la solicitud de incorporación del Ministerio del Interior como Tercero Civil Responsable. Ambas respuestas llegaron alrededor de los 6 años posteriores a la formulación de la solicitud.

El fundamento del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancabamba para declarar dicha improcedencia fue que, cuando se solicitó dicha incorporación, los solicitantes (las víctimas) aún no habían sido constituidos como actores civiles, por lo que no podían formular dicha solicitud, deviniendo en improcedente. Lo que no expresó dicho juzgado es que dilató la tramitación del proceso y no expidió a tiempo la resolución que admite la solicitud de constitución de actor civil.

Dicha resolución de improcedencia fue apelada por la defensa legal de las 28 víctimas, ejercida por la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ). La Segunda Sala Penal de Apelaciones de Piura resolvió declarar fundada esta apelación, reconociendo que el Juzgado violó el derecho de toda persona a obtener una resolución judicial dentro de un plazo razonable, y que no se podía perjudicar con una resolución meramente formalista, perjudicando aún más a las víctimas.

Asimismo, la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Piura resolvió incorporar al Ministerio del Interior como Tercero Civil Responsable en este proceso penal por delito de tortura y secuestro agravado.

Al respecto, el Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM), integrado por FEDEPAZ, saluda y expresa su satisfacción con dicha decisión judicial.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2018/04/23/ministerio-del-interior-sera-incluido-en-proceso-por-tortura/