Southern Perú Copper Corporation espera obtener la licencia de construcción del proyecto minero Tía María en lo que queda del año. Así lo informó la compañía en el informe de resultados del segundo trimestre del 2018, presentado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), la tarde de ayer.

Como se recuerda, la obtención de este permiso es el único requisito que aplaza el inicio de trabajos en Islay. Anteriormente, tuvo que negociar con la minera Vania, por la sesión de terrenos para Tía María que estaban dentro del denuncio de la compañía. El acuerdo se alcanzó en abril de este año.

Respecto al proyecto Tía María, Southern señala “haber cumplido con todos los requerimientos ambientales”. Además, refieren contar con la aprobación del estudio de impacto ambiental para la mina.

En el documento señalan estar trabajando con el Gobierno en la obtención del permiso de construcción para Tía María. El proyecto permitirá extraer 120 mil toneladas de cobre anualmente, con un presupuesto total de 1 mil 400 millones de dólares. “Esperamos que el permiso sea emitido en el 2018”, reza el texto.

PROYECTOS EN CIERNES

El compromiso de Southern en inversión en Perú, este 2018, aumentó a 8 mil 200 millones de dólares. Proyectos como Michiquillay (Cajamarca) y Los Chancas (Apurímac) suponen 2 mil 500 y 2 mil 800 millones de dólares respectivamente.

Referente al proyecto de Expansión de Toquepala (Tacna) este será de 1 mil 255 millones de dólares. Incluye una nueva concentradora que aumentará la producción anual de cobre de Toquepala en 100 mil toneladas. Tienen como objetivos alcanzar 245,000 toneladas de producción en 2019.

Fuente:https://elbuho.pe/2018/07/24/tia-maria-southern-quiere-licencia-de-construccion-para-iniciar-este-ano/

El Perú tiene más litio de lo que se creía y la minera canadiense Plateau Energy Metals empieza a confirmarlo. Y es que la matriz de Macusani Yellowcake indicó que las reservas encontradas en Puno sumarían al menos 4.7 millones de toneladas del llamado oro blanco, casi el doble de las 2.5 millones de toneladas informadas inicialmente.

“El recurso estimado se basa en perforaciones que abarcan una superficie de 1,250 metros por 350-500 metros, que representan aproximadamente el 20% del potencial del depósito”, detalló la compañía al diario El comercio.

Nuevo informe

Para corroborar este hallazgo, la minera presentó el primero estudio oficial del mineral encontrado en Puno, realizado por la consultora The Mineral Corporation, con estándares canadienses que certifican la validez de las reservas.

Laurence Stefan, gerente de operaciones de Plateau, anotó que los resultados confirman que el Perú se encamina a ser un gran jugador en la industria del litio al igual que otros reconocidos productores sudamericanos, como Chile, Argentina y Bolivia.

Agregó que a diferencia de estos países, donde el litio se obtiene en salares, en Puno se tendrá que usar minería convencional.

Fuente:http://rpp.pe/economia/economia/litio-minera-afirma-que-yacimiento-en-puno-tiene-casi-el-doble-de-reservas-halladas-noticia-1139050

Más de dos mil ciudadanos se movilizaron esta mañana en la provincia de Espinar (Cusco) en relación al proyecto minero Coroccohuayco. Los comuneros y comuneras de 13 comunidades campesinas protestan porque habrían sido excluidos del área de influencia del proyecto en los estudios ambientales presentados por la empresa minera Glencore. Según los manifestantes, al no haber sido consideradas, están excluidas del proceso de participación ciudadana y no pueden hacer oír su voz respecto de los posibles impactos sociales y ambientales del proyecto

Juan Pino, presidente del Frente de Defensa de Alto Pichigua, explicó a este Observatorio de Conflictos Mineros que su demanda es que estas comunidades sean incluidas en el área de influencia y sean consultadas. “Queremos saber cuáles son los daños que nos puede causar. Nosotros vivimos de los ríos de esta cuenca, y definitivamente puede afectar nuestras aguas”, señaló. “Ya hemos visto que con la expansión de Antapaccay, nuestros ojos de agua, nuestros manantiales se están secando y nuestros productos que trabajamos en el campo ya no dan igual que antes”, aseguró el dirigente.

Los dirigentes comunales han indicado que esta es una movilización preventiva. Al finalizar la movilización, los comuneros elaboraron un Memorial y ahora buscarán diálogo con la empresa minera para que responda sobre su plataforma.
La llamada “integración Coroccohuayco” sería una nueva ampliación de lo que fuera anteriormente la ex mina Tintaya, que ya fue ampliada con el tajo Antapaccay, actualmente en operaciones. El proyecto aún se encuentra en etapa de observaciones en el SENACE (Servicio Nacional de Certificación Ambiental).

Esta denominada “integración” viene generando dudas en la población local. La empresa ya opera en la zona los tajos Tintaya y Antapaccay, y aspira ampliar sus operaciones con este nuevo tajo Coroccohuayco, pero sin elaborar un Estudio de Impacto Ambiental independiente, pues señala que sólo se “integrará” y utilizará la infraestructura que ya existe en Antapaccay.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2018/07/23/comunidades-de-espinar-protestan-por-proyecto-coroccohuayco/

Los defensores de derechos humanos están siendo perseguidos en el Perú. Red Muqui alertó sobre las amenazas que estaba recibiendo el presidente de la central única de ronda campesinas de Huancabamba en Piura, Isaac Huamán quien nos dio detalles de lo sucedido.

El dirigente afirmó: “difundimos un pronunciamiento por las redes sociales, donde alertamos sobre el Proyecto Minero Río Blanco, después de ello, han surgido amenazas”. Agregó que dos ciudadanos habían llegado a su casa preguntando por él y amedrentaron a su familia. “No saben con quién se han metido”, le habrían dicho a su hermano. “Días después también recibí llamadas donde se me acusa de haber recibido dinero y me dicen que me van a buscar en el colegio donde trabajo, tengo esa información para hacer la respectiva denuncia”, aseveró.

El comunicado de las Rondas campesinas de Ayabaca y Huancabamba fue difundido por Red Muqui el 10 de julio. Allí se daba a conocer la situación de las comunidades y su postura con respeto al Proyecto Minero Río Blanco en Piura.  En el comunicado se señalaba que:

“Las comunidades y rondas campesinas de Segunda y Cajas (Huancabamba) y Yanta (Ayabaca) se reafirman en lo expresado en la Consulta Vecinal del 2007 y en las distintas manifestaciones públicas y pacíficas realizadas desde entonces, en rechazo rotundo a la actividad minera y en favor de un tipo de desarrollo basado en la actividad agrícola, ganadera y de turismo sostenible”.

También, se denunciaba las estrategias que la empresa minera Río Blanco Copper para obtener licencia social en la zona como la compra de dirigentes, las dádivas y la infiltración en las organizaciones para generar división entre la dirigencia. El comunicado rechaza que la Universidad Nacional de Piura haya firmado un convenio de cooperación institucional con la empresa minera Río Blanco Copper, con supuestos fines de capacitación juvenil en Ayabaca y Huancabamba. “Lo ha hecho sin tomar en cuenta de que se trata de una empresa cuyo actuar ha dejado un saldo de 10 personas muertas, personas discapacitadas, viudas y huérfanas; y la desconfianza sembrada en nuestras organizaciones a raíz de sus intentos de convencimiento”, se lee en el documento.

Días después de este comunicado iniciaron las amenazas como señala el rondero Isaac Huamán. Ante esta situación, Red Muqui lanzó la alerta que ha sido compartida en redes sociales por cientos de personas. Isaac Huamán ha señalado, que va tomar las medidas legales pertinentes.

Cabe señalar que el 10 de abril de este año, que Gianni Magazzeni, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dirigió una carta al Ministerio de Relaciones exteriores de Perú donde da una serie de recomendaciones.  En la carta se pide al gobierno peruano “Adoptar medidas concretas para garantizar la protección de los defensores/as de los derechos humanos, que incluyan el establecimiento de un mecanismo específico y la finalización del protocolo de protección”.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/773-presidente-de-rondas-campesinas-en-piura-recibe-amenazas-tras-pronunciarse-contra-rio-blanco

Ante la posibilidad de que la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco apruebe una ordenanza prohibiendo toda actividad minera en las zonas altas de la provincia liberteña mencionada, el dirigente ronderil expresó sus dudas de que una iniciativa así tenga actualmente el sustento necesario para poder aprobarse.

Citó que con una medida así se protegieran las cuencas de Huancamarcanga y la de Caballo Moro, que son cabeceras de cuenca desde donde baja el agua para ser usada por la agricultura y ganadería, actividades de gran importancia ya que un gran porcentaje de la población se dedica al cultivo de sus tierras. Sin embargo, expresó que la iniciativa sería una medida “necesaria”.

Remarcó que para legislar algo así “no solo tiene que ver la municipalidad, sino que también autoridades del Ministerio de Energía y Minas, también del Ministerio del Ambiente y de la población misma que se ve afectada por esta actividad”. Recordó que en las zonas altas de la provincia se encuentra actividad tanto de minería formal como de la informal, que involucra a muchos pobladores que la zona.

El Estado debe informar más a la población

Es necesario que la población esté informada de los reales alcances de la minería en el desarrollo local, si bien es cierto la ley faculta el desarrollo de talleres participativos con la gente del lugar, “pero en realidad eso no se da o se da con gente de otros lugares, que no está involucrada y es por ello que de allí nacen los problemas”, acotó.

Esta divulgación de la información más que nada es labor del Gobierno central a través del Ministerio de Energía y Minas, consideró. Es importante que la gente sepa lo que es una exploración o una explotación minera, pues con la coyuntura política “muchas de las veces se aprovecha con otro interés para manejar a la población”, alertó.

Quiruvilca: No hay presencia del Estado

Los efectos de la reciente retirada intempestiva de una empresa minera en el distrito de Quiruvilca hasta ahora se sienten en la zona, refirió nuestro interlocutor. Personas sin empleo, extrabajadores endeudados, proveedores a su suerte, los relaves que afectan el medioambiente, “parece que no hay presencia del Estado”, resaltó.

Finalmente, consideró que no se ha podido avizorar alguna propuesta clara y firme de los candidatos ediles en temas tan importantes como la defensa medioambiental o el manejo que se debe hacer ante el tema de la minería.

Fuente:http://www.inforegion.pe/252532/consideran-necesario-erradicar-mineria-de-zonas-altas-de-santiago-de-chuco/

Hasta ahora, Puno destacaba como la única región productora de estaño en el país y ocupaba el quinto lugar en la producción de oro. En lo que va del año ha recibido casi US$ 33 millones de inversión minera, lo que representa menos del 4% del total invertido a nivel nacional. El área concesionada en la región suma 1’471,771 hectáreas, lo que representa el 21.68% del territorio regional y coincidente con la tendencia nacional, se observa un repunte en las concesiones otorgadas, luego de un descenso en los últimos 3 años.

A nivel nacional, Puno ocupa el segundo lugar entre las regiones con más conflictos sociales (18 en total). De estos, 12 conflictos son de tipo socio-ambiental (66% del total) y, de ellos 9 están relacionados a la gran y mediana minería (50% del total), así como a la pequeña minería informal. La mayoría de conflictos sociales en Puno están vinculados a la afectación de los recursos hídricos, sea por actividades mineras o por la ausencia de tratamiento de los gobiernos locales.

La cartera de proyectos mineros de esta región suma US$ 1,281 millones distribuidos en los proyectos Corani, Ollachea y Minsur-San Rafael (en fase de ingeniería de detalle), Macusani (en fase de exploración) y 4 proyectos adicionales.

En este contexto se ha conocido el descubrimiento de un yacimiento de litio de talla mundial, en la meseta de Macusani, distrito del mismo nombre en la provincia de Carabaya. Desde hace una década y media se venía explorando en la zona, aunque la pista seguida por varias empresas era la del uranio. Si uno revisa la cartera de proyectos de inversión que publica regularmente el Ministerio de Energía y Minas, el proyecto de la empresa Macusani Yellowcake, filial de la canadiense Plateau Energy, sigue apareciendo como de uranio.

Sin embargo, el descubrimiento de 2.5 millones de litio de altísima ley (muy superior a los yacimientos de países vecinos como Chile y Bolivia), le ha dado un giro inesperado a este proyecto de propiedad de la junior canadiense Plateau Energy, que debido al hallazgo ha visto cómo sus acciones han aumentado su valor en la Bolsa de Toronto. Como se sabe, el litio es un metal liviano, excelente conductor de calor y electricidad, que desde mediados de la década del 90 del siglo pasado comenzó a ser utilizado en las baterías que aportan autonomía energética a artículos tecnológicos y a los autos eléctricos.

En la actualidad, el 40% de la demanda mundial de litio se utiliza para la fabricación de baterías y además el 90% de las refinerías se ubican en China. En la última década la cotización del litio prácticamente se ha triplicado.

Los temas que deberán ser abordados

Una pregunta que cae por su propio peso es si Plateau Energy será la empresa que lleve adelante el proyecto de Macusani. Como se sabe, el perfil de las empresas junior es sobre todo el de explorar y cuando encuentran un yacimiento importante buscan un socio estratégico o terminan transfiriendo el proyecto. Por lo general empresas como Plateau Energy no tienen las suficientes espaldas financieras para llevar un emprendimiento de envergadura y si bien en este caso se habla de una inversión de US$ 800 millones (que no representa una inversión significativa si la comparamos con proyectos de inversión de cobre y otros minerales[1]), habrá que ver cómo se define la estrategia financiera del proyecto.

Pero quizás los temas más preocupantes van por el lado del tipo de explotación y los riesgos que representa el propio yacimiento. Como hemos señalado, el yacimiento también contiene uranio (en realidad varios millones de libras de uranio) y lo que la propia empresa ha  reconocido es que en nuestro país no existe normativa específica para la explotación de minerales radiactivos.

Si bien, el nuevo giro de explotación prioriza el litio, al procesar este mineral, el uranio también estará expuesto con todo lo que eso significa en materia de radiactividad. Una tarea pendiente que deberá ser abordada por nuestras autoridades y por la propia empresa, es cómo se piensa enfrentar el riesgo que implica el tema de la radioactividad y cómo se piensa controlar los impactos de una operación de este tipo.

Finalmente, la corresponsal de El País en el Perú, Jacqueline Fowks, nos recuerda otro tema importante que no puede ser dejado de lado: el año 2008, “las autoridades locales y el World Monuments Fund rechazaron los proyectos de mineral radioactivo porque la concesión se superpone a más de 100 sitios de pinturas rupestres y petroglifos de unos 5.000 años de antigüedad”. Cabe señalar que el año  2011, el Ministerio de Cultura reconoció al monumento arqueológico prehispánico, en los distritos de Macusani y Corani, como patrimonio cultural en la categoría “paisaje cultural arqueológico””. El área de la concesión minera se superpone con este monumento arqueológico.

Estos son algunos de los problemas que deberán ser abordados por la empresa que finalmente asuma el desarrollo del proyecto y sobre todo por nuestras autoridades. Además deberán ser tomadas en cuenta las voces de la población de la zona y de las autoridades locales.

[1] Por ejemplo, el proyecto Las Bambas significó una inversión de US$ 10 mil millones.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/el-litio-de-puno/

Durante la presentación de su 22° Reporte Semestral, el Observatorio de Conflictos Mineros alertó sobre la corrupción y el tráfico de influencias que se evidencian en diversos casos de toma de decisiones ambientales en los sectores extractivos. El recientemente denunciado caso de una presunta presión por parte del ex presidente García para favorecer a la empresa minera Sulliden recuerda a los famosos tratos entre Montesinos y Newmont en relación a la empresa Yanacocha. De igual manera, la detención de varios funcionarios del Gobierno Regional de Madre de Dios por presuntamente recibir pagos de mineros ilegales –incluido en este reporte semestral- muestra la penetración de la corrupción en la institucionalidad estatal que debería garantizar una adecuada gestión ambiental.

“En el marco de la crisis por corrupción evidenciada en estas semanas a todo nivel, cabe preguntarse ¿hasta dónde han penetrado estos poderes en los ámbitos donde se toman decisiones sobre intereses mineros y temas ambientales?”, señaló José De Echave, coordinador del OCM. “De alguna manera, la devastación ambiental en Madre de Dios y otras zonas del país también es consecuencia de la impunidad, las puertas giratorias y la corrupción”, señaló.

Las Bambas

En otro momento, el OCM denunció que el transporte de concentrados e insumos mineros en Las Bambas carece de instrumentos de gestión ambiental y de fiscalización adecuados, convirtiéndose en el principal foco de conflicto socioambiental de la zona.

La carretera ha sido construida en buena  parte sobre terrenos comunales y vías locales, y ha sido aprobada por tramos sin pasar por todos los filtros legales. El transporte de concentrados no cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental que identifique impactos y medidas de mitigación, y por ello nadie asume los daños ambientales que ya se registran en la zona.

Ana Leyva, Directora de CooperAcción, explicó que los instrumentos de prevención y fiscalización ambiental del Estado no están funcionando en el Corredor Minero que conecta Las Bambas, en Apurímac, con el puerto de Matarani, en Arequipa. Por el contrario, impera una debilidad institucional que hace que no se cuente con los instrumentos necesarios, que nadie controle los impactos ambientales y sociales,  corrija los problemas existentes y  asuma la responsabilidad por ellos, dejando a la población del entorno en el desamparo.

“El principal foco de conflicto en torno al megaproyecto Las Bambas ha tenido que ver con los impactos causados por la carretera, una vía por donde transitan al menos 370 vehículos diariamente, que genera polvo, vibraciones y ruido; y donde el 90% de su uso es solo para la minera”, advirtió.

Por su parte, De Echave afirmó que “este caso muestra cómo son las debilidades de la institucionalidad ambiental, el principal factor que actualmente propicia el surgimiento de los conflictos socioambientales”.

MONTAÑA DE 7 COLORES

El 22° reporte del OCM advierte de una irracional política de concesiones mineras que causa desorden y pone en riesgo las zonas protegidas en el país. Casos como el de la Montaña de Siete Colores, ubicada en los límites de las provincias de Canchis y Quispicanchi, en Cusco, que forma parte del terreno concesionado a la empresa minera Minquest Perú, generan preocupación en los términos de políticas públicas en dicha materia.

De Echave reveló que existen casos similares en otras partes del país. Por ejemplo, en Cajamarca, existen concesiones en el área de Lagunas de Alto Perú e incluso la empresa minera Yanacocha es propietaria de parte de la superficie de esta zona de gran importancia hídrica y también turística. Lo mismo ocurre en el Santuario Nacional de Tabaconas Namballe (Cajamarca), que también fue concesionado, en el Apu Huaytapallana (Junín), en la reserva paisajistica Nor Yauyos Cochas (Lima), en la cordillera Huayhuash (Lima), entre otras. Sería importante que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado pueda informar sobre la situación actual de las diferentes zonas protegidas en todo el país y las presiones que ejercen diferentes actividades extractivas como consecuencia de las concesiones que se otorgan.

Este caso también pone en evidencia la necesidad de contar con una efectiva política de ordenamiento territorial y seguir impulsando en los territorios los procesos de zonificación económica y ecológica: “Nosotros no estamos diciendo que no se otorguen concesiones mineras o que la minería no sea una actividad importante. Pero las políticas de concesiones se han agotado, generan desorden, intervenciones caóticas y terminan poniendo en riesgo zonas del país que deberían estar destinadas a otro tipo de uso”, sostuvo.

AUMENTA LA CONFLICTIVIDAD Y DEFENSORÍA DEL PUEBLO NO REPORTA TODOS LOS CONFLICTOS

Entre diciembre de 2017 y mayo de 2018, los conflictos sociales pasaron de 169 a 198 a nivel nacional, el nivel más alto de los últimos meses. De este total, el 64.6% de los conflictos son socio-ambientales y el 65.6% son casos vinculados a la minería.

Como ha venido ocurriendo en los últimos tiempos, Ancash es la región que concentra el mayor número de conflictos: 28 que representan el 14.1% del total nacional. Le siguen Puno con 19 y una participación del 9.6%; Apurímac y Cusco con 14 conflictos cada uno y una participación del 7.1%. Cierra este grupo Cajamarca, con 13 conflictos y una participación del 6.6%. En todas estas regiones predominan los conflictos activos.

De otro lado, el Reporte del OCM ha identificado al menos doce casos de conflictos mineros ocurridos en el primer semestre del año que no figuran en los registros de la Defensoría del Pueblo en ninguna de sus categorías: conflictos activos, conflictos latentes, o alertas tempranas.

“¿Qué está pasando con la Defensoría, han cambiado su metodología?”, se preguntan los voceros del OCM, al indicar que el reporte defensorial no estaría reflejando lo que realmente está pasando en las zonas, y si hay cambios en su metodología, la Defensoría del Pueblo tiene la obligación de explicarle a la opinión pública.

Se trata de conflictos específicamente mineros sobre un total de 127 conflictos socioambientales registrados oficialmente, lo que significa un 10%. Es importante que este posible sub-registro sea analizado por las autoridades correspondientes, a fin de ajustar la metodología para garantizar que los informes oficiales reflejen de manera completa las tendencias de la conflictividad social, de manera que permitan una óptima toma de decisiones para la prevención y transformación de conflictos.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2018/07/17/nota-de-prensa-corrupcion-y-trafico-de-influencias-tambien-afectan-decisiones-mineras-y-ambientales/