Durante cinco días, varias comunidades campesinas del distrito de Haquira (Apurímac) realizaron una paralización contra la empresa minera Anabi. La medida de protesta fue levantada este martes sin alcanzar ningún acuerdo con la empresa.

Entre los motivos de la protesta está el pedido de retirar la presa de relaves de Anabi, por ser un peligro permanente para la población de Haquira. Como se recuerda, meses atrás dicha presa de relaves colapsó, lo que ocasionó la muerte de cientos de truchas. Luego de ello, la empresa ha pretendido reparar el daño causado mediante el repoblamiento de truchas en el río. Sin embargo, las comunidades de Haquira consideran que este episodio muestra que la presa es un riesgo constante, y por ello piden su retiro y su reubicación en otra zona.

Fueron cuatro las comunidades que se manifestaron en esta oportunidad: Patán, Pauchi, Piscocalla y Huancascca. La protesta se produjo tras varios intentos de diálogo y envío de diversas cartas y oficios por parte de las comunidades, las mismas que no fueron atendidas oportunamente.

Otra de las razones de la protesta tiene que ver con la ausencia de desarrollo económico en la zona, pese a la actividad de esta empresa minera. Las comunidades reclaman que, al no estar incluidas en el Área de Influencia Directa de la mina según su Estudio de Impacto Ambiental, no participan de ninguna forma en los beneficios económicos que genera la empresa.

Como se recuerda, a mediados de noviembre también tuvo lugar una movilización por parte de varias comunidades de parte alta del distrito de Haquira contra la empresa minera Anabi, por supuesta contaminación de los ríos Kulluchaca y Suni, así como por los impactos del transporte que utiliza la empresa en las vías, que vendría ocasionando muerte de animales en varias oportunidades.

Anabi desarrolla el proyecto de oro “Utunsa” en el límite entre Apurímac y Cusco.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2018/12/04/protesta-contra-anabi-en-apurimac/

El dos veces rechazado proyecto minero “Tía María” se acerca a horas decisivas. La empresa Southern Perú ha incrementado la presión pública sobre el Gobierno para que le otorgue la licencia de construcción, la última autorización que le falta. ¿El apuro? En agosto próximo vence el plazo de vigencia de su Estudio de Impacto Ambiental (EIA), aprobado el 2014.

Si el Gobierno no le otorga la licencia de construcción antes de agosto, la empresa tendrá que hacer nuevos estudios, lo que implica un mayor gasto.

La semana pasada, la empresa anunció el relanzamiento del polémico proyecto y presentó cifras de encuestas realizadas en la zona, donde supuestamente se vería un mayor apoyo popular a la actividad minera. Según las encuestas contratadas por la empresa, en el Valle del Tambo el 66% consideraría que el proyecto Tía María beneficiaría a la población. Sin embargo, no se ha hecho pública la ficha técnica de esas encuestas, lo que no permite conocer su margen de error, muestra ni otros elementos relevantes.

Lo cierto es que las organizaciones sociales de la región continúan sosteniendo una fuerte oposición al proyecto. José Blanco y María Luzmila Marroquín, dirigentes del valle de Tambo, afirmaron que la encuesta no es representativa y retaron a la empresa transnacional a hacer el sondeo públicamente. Además, señalaron que en próximas reuniones evaluarán una huelga indefinida ante lo que consideraron una provocación.

Por otra parte, el alcalde recientemente electo de Cocachacra, Julio Cornejo, ha asegurado nuevamente que el proyecto no va y que el rechazo de la ciudadanía es total. La elección de un conocido opositor a Tía María como alcalde muestra una vez más el rechazo al proyecto en la zona, pese al tiempo transcurrido tras las intensas protestas de 2011 y 2015 que llevaron a la suspensión del mismo.

De igual forma, los dos candidatos al Gobierno Regional que disputaron ayer una reñida segunda vuelta, tuvieron expresiones críticas al proyecto. Javier Ismodes argumentó que los proyectos no pasarán mientras no exista la licencia social, en tanto que el electo Elmer Cáceres aseguró que el proyecto de cobre “no va” porque no cuenta con el respaldo de los habitantes y porque generaría un impacto ambiental.

La presión de la empresa arrecia también en los medios de comunicación, y es notoria una campaña de publicidad a favor del proyecto que invade incluso las publicaciones periodísticas sobre el tema.

En cuanto a la posición del Gobierno, se sabe que el Ministerio de Energía y Minas ha incluido a Tía María en la proyección de inversiones mineras para el 2019. Además, hace pocos días el viceministro de Energía y Minas manifestó que el proyecto podría obtener el visto bueno final para pasar a la etapa de ejecución en diciembre.

Sin embargo, el viceministro de Gestión Ambiental, Marcos Alegre, presumió que si el Gobierno no otorga aún la autorización, sería porque aún falta un problema por resolver, que podría ser el descontento de la población del valle de Tambo en la provincia de Islay.

Hace unas semanas, el presidente Martín Vizcarra indicó que ningún proyecto será impuesto a la población. Sin embargo, Raúl Jacobs, vicepresidente de Finanzas de Southern, señaló la semana pasada en conferencia de prensa que la denominada licencia social “es un concepto” y lo que importa es la decisión del gobierno.

Como se recuerda, el proyecto ha sido suspendido en dos oportunidades ante la fuerte oposición social. Preocupa que, ante el pronto vencimiento del EIA, se apresure la ejecución de un proyecto que podría poner al país nuevamente ante un contexto de gran conflictividad social.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2018/12/10/aumenta-presion-de-southern-por-tia-maria/?fbclid=IwAR3IrCQgqV_rpqppg8Bx6kPGzORghVPEbyPHIRI-IrRuPRj2NwYej3wAe58

Como resultado secundario de un plan piloto de nutrición en el centro poblado de Huaccho en el distrito de Quillo, realizado por la congregación religiosa Hermas del Buen Socorro en el Perú, se detectó durante un análisis médico altas concentraciones de plomo en la sangre de 46 personas. Tres de los 27 niños afectados se encuentran en un estado muy crítico según el Centro de Salud de Huaccho. La Comunidad Campesina Virgen del Rosario de Quillo denunció ante las autoridades de la DREM, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía, que la causa de la contaminación de agua es generada por parte de la empresa minera Coemina Sac y sus actividades en la cabecera de la cuenca Sechín.

Las autoridades mencionadas iniciaron investigaciones del caso en el centro poblado de Huaccho a causa de las graves condiciones de contaminación y sus efectos fuertemente negativos en la salud de la población local. La policía dio a conocer que existe la posibilidad de un conflicto abierto entre las comunidades con el apoyo de las autoridades locales frente la empresa minera que sigue operando en esa zona.

La situación de contaminación ya va ocurriendo hace varios años y se supone que las aguas contaminadas provienen del campamento cerca de la cuenca de Sechín y que el rio, del cual la comunidad se abastece, va pasando por antiguos relaves de actividades mineras pasadas en la zona.

Acompañando el caso, la parlamentaria María Elena Foronda señaló como urgente la intervención inmediata de la OEFA, de la Fiscalía de Medio Ambiente y del Ministerio de Energía y Minas. Pidió que el Ministerio de Salud actúe de inmediato frente a la denuncia de la comunidad campesina de Quillo. Foronda exigió que se recopile información oficial sobre el caso de los afectados y se encuentre los responsables de la contaminación.

Red Muqui exige que las autoridades del gobierno regional implementen la fiscalización ambiental y que haya una intervención por parte de la OEFA y del Ministerio de Salud aplicando la política pública recientemente aprobada el 26 de octubre:»Lineamientos de la Política Sectorial para la Atención Integral de las Personas Expuestas a Metales Pesados y Otras Sustancias Químicas». Es urgente que desde la PCM se garantice la implementación de los lineamientos a nivel multisectorial con plazos y metas, para actuar frente a casos como este.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/820-ninos-en-estado-critico-por-envenenamiento-con-plomo-en-huaccho

Este domingo 9 de diciembre vamos de nuevo a las urnas. En algunas regiones para que  se decida en segunda vuelta quiénes serán sus nuevas autoridades y en paralelo en todo el país, para responder en referéndum cuatro preguntas fundamentales: la necesaria reforma de la justicia, el financiamiento de los partidos políticos, la reelección de congresistas y la bicameralidad.

Si la agenda de la corrupción y de la reforma del sistema de justicia y la política, ha sido en gran medida lo que ha concitado la atención general en los últimos meses, cabe preguntar sobre cuáles deberían ser los temas de la agenda post referéndum.

Por ejemplo, como vienen insistiendo varios especialistas, la economía anda estancada desde hace tiempo. A estas alturas es muy difícil que se cumpla el pronóstico de crecimiento del gobierno para este año: los últimos indicadores muestran una proyección por debajo del anunciado 4%. Además, indicadores importantes como el del empleo siguen siendo preocupantes: como lo señala el economista Pedro Francke, el último año se han perdido 34 mil puestos de trabajo en empresas de más de 10 trabajadores y el subempleo por horas ha aumentado. No hay que olvidar que cada año se incorporan al mercado laboral más de 300 mil jóvenes peruanos, aparte de la fuerza de trabajo de inmigrantes que no ha cesado de aumentar.

A todas luces se necesita un cambio de timón en la política económica y no seguir insistiendo en las mismas recetas que se ha comprobado que no funcionan. Ahora, con un escenario internacional complicado y con los precios de las materias primas a la baja, es difícil pensar que la economía peruana pueda retomar los niveles de crecimiento de la etapa del súper ciclo de precios de nuestras exportaciones.

En medio de todos estos hechos, el anuncio del relanzamiento de proyectos de inversión en minería fue parte del optimismo que generaron los buenos precios de los minerales en el primer semestre, situación que ha cambiado en el segundo semestre. Luego de oficializarse el inicio de proyectos como Quellaveco, Pampa de Pongo, la adquisición de Michiquillay, entre otros de menor magnitud, algunas empresas se animaron a anunciar que estaban buscando relanzar proyectos fuertemente cuestionados.

Por ejemplo, Southern Perú anunció que sólo estaba esperando la licencia de construcción correspondiente para iniciar el desarrollo del proyecto Tía María, desconociendo la fuerte resistencia que el proyecto sigue generando en el Valle del Tambo. El gobierno chino y la propia empresa Zijing han demandado apoyo a las autoridades peruanas para sacar adelante el controvertido proyecto Río Blanco que se ubica en las provincias piuranas de Huancabamba y Ayabaca. Otro anuncio tiene que ver con el proyecto Cañariaco de la empresa canadiense Candente Cooper, en el distrito de Cañaris, provincia de Ferreñafe en la región Lambayeque que, como se sabe, ha enfrentado una fuerte oposición de las comunidades de la zona.

Habrá que ver cómo evoluciona la situación en estos y en otros casos de proyectos mineros que en su momento enfrentaron fuertes resistencias y originaron conflictos de envergadura en diferentes regiones del país.

Por otro lado, el gobierno del presidente Vizcarra ha mantenido la tendencia de declarar estados de emergencia, como viene ocurriendo en la zona del denominado corredor minero del Sur Andino. Por ejemplo, el pasado 26 de noviembre se emitió un nuevo Decreto Supremo que prorroga esta medida de excepción por otros 30 días, suspendiendo las garantías constitucionales relativas a la libertad y seguridad personal, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito.

Es la enésima declaratoria de estado de emergencia en esta zona, una situación que se  repite una y otra vez desde el 2016. Nuestras autoridades deberían replantear esta situación y buscar caminos alternativos para construir una gobernabilidad democrática que respete los derechos de la ciudadanía. Para ello, es indispensable afrontar y resolver la agenda legítima de demandas que se encuentran pendientes.

Sería importante que el gobierno del presidente Vizcarra, comience a pensar en que la agenda post referéndum incluye no sólo las necesarias reformas en el sistema de justicia y de la política; también debería incorporar en paralelo la agenda ambiental, la social y la económica.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/el-proximo-9-de-diciembre/

Sierra Metals, se enfrenta a un retraso en su proyecto de expansión de relaves Yauricocha, luego del rechazo del estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) para la instalación de deposición.

Se requiere un EIA aprobado para un permiso de construcción para las siguientes tres fases de la extensión de la presa de relaves, que permitirá una expansión del 20% de la producción de la mina de Yauricocha a 3 600 t / d.

Sin embargo, la compañía sostiene que ha presentado toda la documentación requerida y que es optimista que la decisión será revisada.

“Si bien estamos decepcionados, no creemos que esta decisión se haya tomado con todos los hechos. Esta decisión fue preliminar y no se basó ni incluyó toda la información presentada. Los miembros clave del equipo de administración se reunirán con las autoridades para proporcionar y demostrar cumplimiento total de los requisitos. La gerencia cree que una vez que se revise toda la información correcta, recibiremos una respuesta positiva de las autoridades “, dijo el CEO Igor Gonzales .

Sierra Metals dijo que el retraso en la EIA podría resultar en un déficit temporal del 7% en su producción diaria de mineral, en comparación con los proyectos que no incluyeron una demora en el permiso EIA.

Gonzales señaló que los planes de expansión en México a 3 600 t / d en Bolívar y a 1 200 t / d en Cusi aún estaban en marcha y se completarían en el primer trimestre de 2019.

Están en la selva peruana, habitan reservas y viven aislados. La explotación de la coca, oro y la industria forestal avanzan con violencia en su hábitat.

Al igual que los cazadores-recolectores que mataron a un norteamericano este mes en una isla de la India, amerindios de la Amazonía rechazan todo contacto con el mundo exterior pero los narcotraficantes, la explotación minera y forestal los exponen a crecientes peligros.

La mitad del territorio peruano está en la Amazonía, pero ésta es la región menos poblada del país, donde hay 16 comunidades que viven en aislamiento voluntario, con unos 4.500 habitantes en total. Habitan en reservas en las regiones de Ucayali, Madre de Dios y Cusco, que tiene una zona andina y otra de selva.

Las autoridades y comuneros del centro poblado de Huaccho, en el distrito de Quillo de provincia de Yungay, en la región Áncash, se encuentran sumamente preocupados por el grave peligro que atraviesa la población, por la contaminación minera de Coemina Sac de presuntamente estar contaminando el agua de los canales de agua que ellos consumen.

Dentro de un plan piloto de nutrición que realiza la congregación religiosa Hermanas del Buen Socorro en el Perú se ha descubierto que 46 personas arrojaron altos niveles de plomo en su sangre.

La Comunidad Campesina Virgen del Rosario de Quillo denunció que el 27 de noviembre 63 personas pasaron evaluación médica en el Centro de Salud de Huaccho, de las cuales 46 tienen en su sangre altos niveles de plomo, 27 son niños y tres de ellos se encuentran estado muy crítico.

Los comuneros mencionaron ante las autoridades de la Dirección Regional de Energía y Minas, Defensoría del Pueblo y la Fiscalía que la causa probable sería la contaminación que se vendría generando a partir de la actividad extractiva de la empresa minera Coemina Sac, cuyo campamento se encuentra en la cabeza de la cuenca Sechín, muy próximo a la fuente de agua de la cual se abastecen como centro poblado, además han instalado letrinas, cuyas filtraciones van directamente al río que los abastece.

Debido a esta grave situación de contaminación ambiental y daño en la salud de las personas, las entidades mencionadas realizaron una diligencia de constatación en el centro poblado de Huaccho, principalmente en su centro de salud, donde recogieron la información de primera mano, relacionada a la presencia de altos niveles de plomo en la sangre de gran parte de esta comunidad.

Según se conoció a nivel policial, no se descarta la posibilidad de que las comunidades con el apoyo de las autoridades de la zona pretendan ocasionar alteraciones del orden público para exigir que la empresa minera suspenda sus operaciones.

Fuente:http://www.ancashnoticias.com/2018/11/28/yungay-ninos-con-plomo-en-su-sangre-y-comuneros-culpan-a-minera-coemina/?fbclid=IwAR2jOlG8Jyz69Z_xvRZ5XOdd4fpe3yIVdFrp6KBEUeQayFZWvJjaqtnxKl0

Una planta procesadora de oro estaría contaminando con desechos químicos al pueblo de San José, ubicado en el distrito de La Joya

Residentes de la zona señalan que esta planta viene contaminando el lugar desde hace algún tiempo con relaves. Asimismo, hasta el momento no han regularizado su autorización y otros documentos que le permitan operar legalmente.

Por otra parte, afirman que esta planta procesadora no cumple con el reglamento vigente para la actividad minera. Está ubicada a no más de 8 metros del pueblo de San José, lo que convierte a este lugar en una zona crítica. Sus pobladores estarían expuestos a contaminarse con los compuestos químicos que desecha la planta, constantemente.

Roberto Inofuente Velazco, asesor de los pobladores, señala que los permisos son solicitados por el gerente de la planta La Joya, Dante Pinto Otazú. Añade que Pinto también forma parte de la consultora COPISAM. El problema es que esta empresa emitió un informe ambiental que dio visto bueno al funcionamiento de la planta.

Asimismo, a pesar de las marchas y huelgas que ya se han realizado, los pobladores no encuentran una respuesta. El gobierno regional ni ninguna otra instancia se ha pronunciado. La gobernadora regional, Yamila Osorio, no se ha manifestado respecto a una reunión que le han solicitado.

Fuente:https://elbuho.pe/2018/11/28/arequipa-la-joya-planta-procesadora-oro/?fbclid=IwAR3Co1cXkm3dsRrHEHXewyU8LR0kPXiUESoIdPbQT04gCUzzbVADxgBGWdg

En el Perú los principales yacimientos mineros del país se encuentran en las alturas de los Andes donde hay cabeceras de cuencas y zonas de recarga hídrica. Uno de esos yacimientos está ubicado en el departamento de Cajamarca, en la sierra norte del país, que es explotado desde 1993 por Minera Yanacocha, de propiedad de la peruana Buenaventura y la estadounidense Newmont Mining, considerada la mina de oro más grande de Sudamérica.

La llegada de Yanacocha a Cajamarca arrastró una serie de impactos negativos en el suministro de agua, fuente de permanentes conflictos con las poblaciones locales, particularmente en la cuenca del río Grande. El conflicto se agravó cuando a fines de la década de 1990, la empresa intentó expandir sus operaciones para extraer el oro que se encuentra debajo el Cerro Quilish, origen de diversas fuentes acuíferas que abastecen a la ciudad de Cajamarca, la capital departamental.

Con el objetivo de proteger el acuífero, el gobierno municipal de Cajamarca declaró en el 2000 al Cerro Quilish como “Zona Reservada y Protegida” basándose en estudios técnicos-ambientales que señalaban que el lugar es un colchón o esponja natural de agua por la existencia de pastos altoandinos cuya función es amortiguar y retener el agua, facilitando la infiltración. Asimismo, indicaba que en el Cerro Quilish se ubican las nacientes de las subcuencas hidrográficas de los ríos Grande y Porcón, las cuales se verían afectadas inevitablemente por la explotación minera.

Pero esto no frenó a Yanacocha que impuso recursos de amparo, logrando en el 2003 que el Tribunal Constitucional la autorizara a explorar y explotar la zona “previo estudio de impacto ambiental”. En el 2004, masivas protestas lograron que el gobierno del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) revocara una resolución otorgada a Yanacocha para explorar el Cerro Quilish.

En el proceso de agotamiento de sus diferentes yacimientos, la empresa decidió ampliar la explotación aurífera en Cajamarca. En el 2008, luego del intento frustrado por explotar el Cerro Quilish, Yanacocha fue por Conga, un proyecto calculado en US$4.8 millardos que tenía previsto extraer 350,000 onzas de oro y 120 millones de libras de plata al año, metales que se encuentran debajo de cuatro lagunas en el sureste del departamento.

El caso Conga

La nueva pretensión de Yanacocha volvió a chocar con la población de Cajamarca que en octubre del 2011 se levantó contra el proyecto que afectaría cinco cabeceras de cuenca y un páramo, y pondría en peligro las fuentes de agua. Yanacocha proponía trasvasar las aguas de las lagunas a reservorios artificiales.

El estudio de impacto ambiental, que había sido aprobado de manera expedita un año antes por el gobierno del expresidente Alan García (2006-2011), tenía grandes vacíos incluyendo la inexistencia de un estudio hidrogeológico, indispensable para entender el funcionamiento de las lagunas, y no haber valorizado los servicios ambientales que prestan esos ecosistemas.

Julia Cuadros, economista de CooperAcción, organización no gubernamental que monitorea la industria minera, explicó a Noticias Aliadas que “las lagunas cumplen un servicio ambiental, de captación y redistribución del agua; implica cantidad, calidad y disponibilidad del recurso. No es posible reemplazar un sistema natural por uno artificial, así este tenga más agua. Lo que hay que proteger son las zonas de recarga hídrica. Conga es una muestra de todo lo que no se debe hacer”.

La decisión del expresidente Ollanta Humala (2011-2016) de impulsar Conga —contra lo que prometía en su campaña electoral de que priorizaría el agua sobre el oro— y de imponer estado de emergencia en Cajamarca para controlar las movilizaciones contra el proyecto y abandonar el diálogo, ocasionó la radicalización de las medidas de fuerza en Cajamarca con la convocatoria a una huelga indefinida desde el 30 de mayo del 2012. Cinco personas murieron en choques con la Policía y el Ejército.

Aunque el proyecto se encuentra suspendido indefinidamente ante la falta de licencia social, Yanacocha no dejó de acosar a defensores de las lagunas donde se explotaría Conga. Entre el 2011 y el 2017, policías y agentes privados contratados por la empresa destruyeron varias veces la vivienda y los cultivos de la campesina Máxima Acuña, en un intento por desalojarla de su propiedad ubicada cerca de la laguna de Sorochuco, una de las cuatro que destruiría el proyecto minero, y que la minera reclama como suya.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a Acuña, quien además recibió en el 2016 el prestigioso premio medioambiental Goldman, que se entrega a defensores del ambiente de todo el mundo, se informó a INFOREGIÓN.

Las mineras en el Perú pagan muy poco por el agua que consumen. Una investigación realizada por el portal Ojo Público en setiembre del 2017 reveló que Yanacocha, junto con otras nueve empresas mineras que operan en el Perú, están autorizadas para usar un máximo anual de 302,442 millones de litros de agua de quebradas, lagunas y acuíferos en sus operaciones, pagando una compensación de 0.27 soles (US$ 0.08) por metro cúbico consumido. Sin embargo, ocho de esas empresas —incluyendo a Yanacocha— no cumplen con pagar por el uso de agua y deben un total de 1.6 millones de soles [$475,000] al Estado.

Mineras no pagan por uso de agua

CooperAcción identificó en su estudio “Gobernanza del agua en zonas mineras del Perú” la existencia de graves problemas en la asignación de derechos, permisos y licencias de agua en las cuencas en las que la minería compite con otros usuarios, como poblaciones rurales, centros poblados y hasta capitales regionales. La investigación, publicada en el 2017, profundizó los casos de la gestión de agua en cuencas de Cajamarca y Cusco.

Para el caso de Cajamarca, el estudio se focalizó en la cuenca del río Grande, dentro del área de influencia de Yanacocha, encontrando que “la actividad minera tiene impactos en el agua subterránea, el caudal del río Grande y en manantiales y quebradas. El drenaje del recurso en la cuenca y la extracción de agua subterránea son causales directos del descenso del nivel freático de manera permanente; para mitigar este efecto minera Yanacocha bombea continuamente agua subterránea, que es transferida como superficial a los actores ubicados aguas abajo”.

Según Carlos Monge, director para América Latina de Natural Resource Governance Institute, “no hay información actualizada sobre la oferta de agua por cuenca, pues se siguen utilizando datos de fines de la década de 1970; no se puede acceder fácilmente a la información actualizada sobre derechos, permisos y licencias otorgadas a los diferentes usuarios por cuenca y a lo largo del tiempo —cosa que sí es posible hacer con las concesiones superficiales de tierras para exploración y explotación minera—; las normas sobre minería le aseguran a estas empresas la dotación de agua asignada originalmente, mientras que los demás usuarios deben adaptarse a la variación de los volúmenes disponibles”.

“Las instancias intermedias y locales de la Autoridad Nacional del Agua [organismo adscrito al Ministerio de Agricultura y encargado del aprovechamiento multisectorial y sostenible de los recursos hídricos por cuencas hidrográficas] son débiles frente al poder de las grandes empresas mineras y carecen de capacidad real de monitorear el consumo efectivo de agua en cada cuenca, fuera de algunas cuencas que sí tienen la infraestructura para hacerlo”, agregó Monge en un artículo reproducido por la organización ambientalista Grufides.

Además, agregó que “los estudios de impacto ambiental son insuficientes para evaluar el impacto que las actividades mineras tendrán sobre las cuencas y el monitoreo que de ellos se desprende no toma en cuenta todos sus impactos reales”.

Fuente:http://www.inforegion.pe/255604/peru-agua-y-mineria-en-permanente-conflicto/?fbclid=IwAR3CiP-awgonlGJ-CSdAukpRBmgtHFNeDfKr-_ags9x3STWFp7WaWSUeRXk

El pasado jueves 22 de noviembre, en el marco del Foro: “Minería de Litio en America Latina y sus perspectivas en Puno” realizado por la Red Muqui Sur, la Dirección Regional de Energía y Minas de Puno (DREM Puno), presentó sus perspectivas respecto de la explotación de Litio y Uranio en la región de Puno, a través del Ing. Jesús Dalens Campos, entre otros expositores de Argentina, Chile y Bolivia, que expusieron sobre las experiencias de explotación de litio en sus países.

Al respecto, es de conocimiento público que la empresa minera Macusani Yellowcake, subsidiaria de la canadiense Plateau Energy, halló en una perforación que realizaba para encontrar uranio, en el segundo semestre de 2017, un yacimiento de aproximadamente 2,5 millones de toneladas de litio y unyacimiento de uranio de 34,000 toneladas de uranio en la región de Puno. Los yacimientos están situados a 4.500 metros de altitud en una zona fronteriza con Bolivia, unos 150 kilómetros al norte.

Según la exposición del Ing. Jesús Dalens, el representante de la minera Macusani estimó que la etapa de producción de litio se iniciaría en el segundo o tercer trimestre del 2021, considerando que el estudio de factibilidad se realizaría en el 2019 así como el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la explotación y el comienzo de la construcción de la planta se llevaría a cabo en el 2020.

Es importante señalar que en declaraciones vertidas en un video de CENTRUM PUCP, y en una nota del diario Gestión sobre el evento “Minería de litio en el Perú” realizado en agosto del presente año, el gerente general de la minera, Ulises Solís, destacó que se viene perforando en Macusani, Puno, en búsqueda de uranio desde el 2007, señalando: “recién en el 2017 logramos (Macusani Yellowcake) el permiso de la comunidad de Chacaconiza, y empezamos a perforar, en julio de ese año, en un acuerdo de seis meses, grande fue nuestra sorpresa cuando vimos los resultados”. “Buscando uranio, encontramos litio”.

Según declaraciones de Jesús Dalens Campos de la DREM de Puno, el Estado peruano había entregado una concesión de 30.000 hectáreas para la explotación de uranio a la empresa minera canadiense.

Desde Red Muqui mostramos nuestra preocupación ante la autorización de la exploración de litio y uranio en nuestro país, sin que exista un marco legal regulatorio sobre minerales radioactivos y tierras raras.

Asimismo, nos preocupa cómo la empresa habría logrado el “permiso” de la Comunidad Campesina de Chacaconiza sin haberse realizado un proceso de consulta previa por parte del Estado, debidamente informado, respecto del proyecto de uranio y litio. Una consulta en el que esté presente la información sobre la magnitud del impacto ambiental y social, para que las comunidades en las áreas de influencia puedan decidir si están de acuerdo o no con la operación de una mina de éste tipo en su territorio, más aún cuando no existe aún un marco regulatorio para la exploración y explotación del uranio radioactivo y del litio.

Riesgos y peligros de la explotación de uranio y litio

Al respecto existen varios riesgos que implicaría la explotación de uranio y litio para el medio ambiente y la salud de las comunidades y poblaciones locales en áreas de influencia de la mina.

Litio en su estado físico

El litio es un metal usado en baterías recargables, pilas alcalinas, baterías de aerosoles, energías renovables, alumbrado público, luces de neón y también como medicamento en la psicofarmacología.

Dalens Campos indicó en el evento de Red Muqui Sur que los efectos de la exposición directa al litio son graves para la salud, y el litio puede llegar a ser un peligro significativo para la calidad del agua y para los organismos acuáticos al reaccionar con el oxígeno.

Uranio

El uranio es un mineral radiactivo que es usado principalmente como combustible para los reactores nucleares y para la fabricación de armas nucleares como la bomba atómica. Las personas que están expuestas al uranio consumiendo el agua o alimentos altamente contaminados con el mineral o a través de la inhalación de radón, un gas de descomposición de uranio, pueden desarrollar cáncer y otros graves problemas de salud con mayor probabilidad. Extraído de las minas, en plantas industriales que procesan uranio o viviendo cerca de minas de uranio, también es considerado como grave riesgo para la salud.

Dato

El presidente Vizcarra anunció el 10 de agosto a la agencia Reuters que en los próximos seis meses el gobierno peruano aprobará leyes para poder explotar los recientes hallazgos de uranio y litio, ya que actualmente no existe un marco legal regulatorio. El Ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, señaló en septiembre que el MINEM viene preparando un proyecto de ley sobre el particular para ser presentado a fin de año. Al respecto, en la Comisión de Energía y Minas del Congreso, todavía no ha llegado la propuesta del gobierno. El Congresista Marco Arana Zegarra se dirigió en agosto al presidente de la República en una carta abierta expresando su preocupación sobre una posible explotación del uranio.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/819-sin-un-marco-regulatorio-para-la-exploracion-y-explotacion-de-uranio-y-litio-minera-macusani-yellowcake-viene-operando-en-puno