Perú

Cajamarca: Inician paro indefinido contra contaminación minera en Bambamarca

7 Feb, 2019
Cajamarca: Inician paro indefinido contra contaminación minera en Bambamarca
Redacción Wayka
Foto: Planet Piero
La comunidad de Bambamarca ha iniciado un paro indefinido en esta zona de Cajamarca producto de la ausencia de las autoridades del Estado y el desinterés de las mineras por proteger el medio ambiente.

En el 2016, se declaró la provincia de Hualgayoc-Bambamarca en emergencia por la contaminación de los ríos Tingo Maygasbamba, Hualgayoc y Arascorgue; y Perlamayo debido a pasivos ambientales por las que se registraron 372 personas con la sangre contaminada por metales pesados.

Tras este problema, se elaboró el “Plan Multisectorial Post Declaratoria de Emergencia Ambiental de la provincia de Hualgayoc” como parte de la solución. Sin embargo, dos años después, la demora del cumplimiento de los acuerdos y el derrame de la presa de relaves de la empresa minera Gold Fields el 16 de diciembre de 2018, ha aumentado el descontento y el temor de las comunidades locales.

Además, el pasado 25 de enero del 2019, los dirigentes de Bambamarca tenían agendada una Asamblea Multisectorial con representantes del Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Salud y el Ministerio del Ambiente, pero tomaron la ausencia de algunos funcionarios del Estado como una falta de compromiso para remediar los casos de contaminación. Por esto, la comunidad ha iniciado un paro indefinido hasta que se cumplan sus pedidos.

Exigen reparación
El paro indefinido de la comunidad de Bambamarca, que mantiene bloqueada la carretera longitudinal de la sierra, exige la construcción de la planta de tratamiento de agua a la provincia de Hualgayoc debido al vertimiento de relaves mineros de cianuro, mercurio, arsénico y otros metales tóxicos por parte de la minera Goldfields.

Además, la comunidad pide la descontaminación y limpieza de los 36 canales de irrigación de cultivos que consumen animales y personas en la micro cuenca del Río Tingo Maygasbamba y el tratamiento con médicos especialistas a los más de 370 niños y personas contaminadas con metales tóxicos, pesados y cancerígenos.

La comunidad de Bambamarca ha bloqueado la carretera longitudinal de la Sierra
Foto: Bambamarca Televisión
Sobre este último punto, especialistas del Ministerio de Salud arribarán en la tercera semana de febrero a Bambamarca, para atender a los afectados por la contaminación ambiental y la presencia de metales pesados provocados por los pasivos ambientales de la minera Gold Fields.

Mientras eso sucede, la comunidad de Bambamarca mantendrá el paro indefinido y la represión policial podría darse en cualquier momento en esta zona de Cajamarca donde el conflicto minero parece estar a punto de estallar. ¿El Estado protegerá a la población o esperará que la violencia los obligue a actuar?

Cajamarca: Inician paro indefinido contra contaminación minera en Bambamarca

Perú, Sin categoría

Gobierno de Vizcarra no protege las cabeceras de cuenca

EXIGIMOS APROBACIÓN DEL MARCO METODOLOGICO DE LA LEY 30640
Publicado: 2019-01-29

Desde el inicio de mi gestión como congresista de la República, asumí el reto de velar, entre otros aspectos, por la sostenibilidad ambiental, la justicia ambiental y el buen vivir. Por ello, una de las primeras propuestas legislativas presentadas, fue el “Proyecto de Ley N° 283/2016-CR – Ley de Conservación y Protección de las cabeceras de cuenca donde se originan las aguas”, cuyo objetivo era la preservación del recurso hídrico, ante la depredación del mismo a manos de actividades extractivas y con miras a la adaptación al cambio climático.

Dicho Proyecto de Ley dio lugar a la “Ley que Modifica la Ley 29338, Ley de Recursos Hídricos, mediante el establecimiento de los Criterios Técnicos para la Identificación y Delimitación de las Cabeceras de Cuenca” (en adelante, Ley N° 30640), la cual fue promulgada el 15 de agosto de 2017. Dicha norma permite, entre otros aspectos, que el Estado reconozca que las cabeceras de cuenca son zonas de alta vulnerabilidad, debido a que no sólo son la fuente de origen de agua, sino que permiten redes hídricas conectadas; lo cual da vida a ecosistemas y a la preservación de los mismos.

Ahora bien, la norma en mención, la creación del “Marco Metodológico de Criterios Técnicos para la Identificación, Delimitación y Zonificación de las Cabeceras de cuenca de las Vertientes Hidrográficas del Pacífico, Atlántico y Lago Titicaca” (en adelante, Marco Metodológico), el cual debía ser elaborado por la Autoridad Nacional del Agua (en adelante, ANA) y, aprobado por la Presidencia del Consejo de Ministros en un plazo de 365 días, lo que se venció el pasado 16 de agosto del 2018, por lo que el Ejecutivo viene incumpliendo la Ley N° 30640 e incurriendo en una grave responsabilidad ambiental y, en la falta de voluntad política para prevenir la alta conflictividad existente alrededor de la disponibilidad y acceso de los recursos hídricos.

Cabe indicar que el Marco Metodológico permitirá la identificación y delimitación de las cabeceras de cuenca, lo cual determinará las zonas de restricción para derechos de uso de agua, en tanto son zonas vulnerables. Dicho Marco Metodológico, deberá contemplar la validación de los componentes ambientales que se ubican en las zonas identificadas, a fin de medir la fragilidad de las mismas. Sin ello, el Ejecutivo, estaría no reconociendo la importancia de la norma propuesta y afectando directamente a las comunidades y localidades que se benefician de las cabeceras de cuenca, y de otro lado, favoreciendo intereses económicos que están o pretenden intensificar sus actividades económicas precisamente en estas zonas vulnerables.

Ante ello, desde mi despacho congresal, he insistido en la aprobación del Marco Metodológico, no sólo a través de la remisión de oficios a la ANA y a la Presidencia del Consejo de Ministros, sino también, a través de reuniones con funcionarios de dicha Institución; en las cuales, como respuesta sólo hemos obtenido que vienen levantando las observaciones efectuadas por los Ministerios del Ambiente y, de Energía y Minas, sin establecer metas y plazos para la aprobación del Marco Metodológico.

Como Congresista de la República y defensor ambiental, denuncio que el Ejecutivo no sólo está incumpliendo la Ley 30640, sino también los compromisos internacionales asumidos en las Conferencias de las Partes contra el Cambio Climático y la Ley Marco de Cambio Climático, que obliga al Estado a velar por la gestión adecuada de los recursos hídricos. Asimismo, no podemos continuar haciendo uso desmedido de nuestros recursos hídricos y destinarlos mayoritariamente para actividades extractivas o para las grandes agro exportadoras, olvidándonos de las comunidades campesinas, nativas, pueblos indígenas u originarios y la población en general.

Cabe señalar que, mi región Cajamarca, diversos gremios de productos agrarios, Frentes de Defensa, rondas campesinas, vienen convocando para el 06 de febrero una jornada de lucha, anunciando un paro indefinido, si el Ejecutivo continúa postergando la aprobación del Marco Metodológico. En ese sentido, denunciamos que el Ejecutivo –ante sus constantes incumplimientos ambientales– será el único responsable de la exacerbación de conflicto social y de cualquier acto confrontacional que se realice en dicha paralización.

Finalmente, reafirmo mi compromiso con la defensa del buen vivir y la búsqueda de la justicia ambiental, para el aseguramiento de las generaciones futuras y hacer frente al cambio climático, por un país ambientalmente sostenible, para el cual hemos venido aprobando importantes leyes como la Ley de Cabecera de Cuenca y, la Ley Marco de Cambio Climático en el Perú.

Marco Antonio Zegarra

Congresista de la República

Perú

Deforestación por minería ilegal alcanza niveles históricos en Perú

En el 2018, la pérdida de bosques por esta causa superó las 9000 hectáreas, según un reporte del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina.
Publicado: 2019-02-05

(Mongabay Latam / Yvette Sierra Praeli).- La Amazonía peruana es atacada ferozmente por la minería ilegal. El último análisis de imágenes satelitales realizado por el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) demuestra que esta actividad está alcanzando niveles históricos de deforestación en la selva peruana.

Solo en los dos últimos años fueron arrasadas 18 440 hectáreas de bosques en el sur de Perú, un equivalente a 25 000 campos de fútbol, revela el informe.

Según MAAP, el récord histórico de deforestación por esta causa se dio en el 2018, con 9280 hectáreas devastadas, la cifra más alta desde 1985. Solo un año antes, en el 2017, la extracción ilegal de oro ya había terminado con 9160 hectáreas.

Matt Finer, investigador principal de MAAP y uno de los responsables de la elaboración del informe, manifestó a Mongabay Latam que nunca antes se había realizado un estudio de esta naturaleza. “Por primera vez tenemos una referencia histórica del tema. El estudio de CINCIA (Centro de Innovación Científica Amazónica) es un importante recurso para este caso”, dijo con relación a la investigación que hizo esta institución científica sobre minería ilegal y que cubrió los últimos 32 años en el sur de la Amazonía peruana.

El drama de Madre de Dios

“La deforestación por minería aurífera en la Amazonía sur peruana ha alcanzado niveles históricos máximos tanto en el 2017 como en el 2018”, señala el informe que centra su evaluación en las regiones de Madre de Dios, Cusco y Puno, sobre el análisis de unas 500 imágenes en alta resolución.

Finer aclara que se evaluaron las imágenes captadas por el satélite durante los años 2017 y 2018, y que se digitalizaron los nuevos registros de deforestación causados por la minería aurífera. Además —precisa— se tomaron en cuenta las alertas tempranas que registra el Programa Nacional de Bosques del Ministerio del Ambiente de Perú.

El panorama más sombrío se presenta en Madre de Dios. Solo en el sector conocido como La Pampa —ubicada en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata— la pérdida de bosque por extracción de oro alcanzó 1685 hectáreas entre enero del 2017 y octubre del 2018, según el reporte de MAAP, una iniciativa desarrollada por Conservación Amazónica (ACCA) y Amazon Conservation (ACA).

Más de 1600 hectáreas fueron arrasadas por la minería ilegal en La Pampa entre enero de 2017 y noviembre de 2018. Imagen: MAAP / Conservación Amazónica (ACCA) – Amazon Conservation (ACA).

“En La Pampa este tema se ha desbordado. Es una zona controlada por la minería ilegal”, dice el Procurador Especializado en Materia Ambiental, Julio Guzmán.

En este lugar se han instalado entre 6000 y 7000 personas —sostiene Guzmán— muchos de ellos bajo investigación y con procesos judiciales en marcha. Sin embargo —agrega— los acusados no acuden a las diligencias y continúan operando dentro de la ilegalidad. “Esto se debe resolver desde el Estado. Se necesita una recuperación del control territorial y ubicar a los responsables del más alto nivel. No solo a quienes están en la zona extrayendo el oro, sino a los que financian la actividad”.

Guzmán explica, además, que las investigaciones deben abarcar todos los delitos considerados dentro de la minería ilegal: extracción, financiamiento y tráfico de insumos. “Nos hemos centrado en el que extrae, cuando deberíamos centrarnos en el financista”, comenta.

La deforestación en La Pampa alcanzó avanza hacia las concesiones forestales y al interior de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata. Foto: Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.

El exviceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, Mariano Castro, conoce muy bien el problema. “Estas cifras son dolorosas. Espero que el gobierno finalmente tome atención de lo que está pasando en la Amazonía”, declara.

Castro considera que este es un llamado de atención a las medidas adoptadas por el gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quien —asegura el experto— debilitó las exigencias en la formalización del sector y redujo los operativos de interdicción. El exfuncionario cuestiona también el rol de los gobiernos regionales, sobre todo de la última gestión en Madre de Dios. “En esta región no se ha formalizado la minería por los obstáculos que puso el exgobernador regional Luis Otsuka”.

En ese sentido, los expertos consultados recuerdan la detención de Carlos Bustamante, director de Energía y Minas de esa región, junto con otros seis funcionarios, quienes fueron acusados, en junio del 2018, de recibir pagos de mineros en pleno proceso de formalización para que se les emita sus respectivas resoluciones de aprobación. “Aquí se ve cómo las autoridades regionales han sido cómplices”, precisa Castro.

Hace dos semanas, el Poder Judicial de Madre de Dios dictó prisión preventiva contra los exfuncionarios del gobierno regional. En las diligencias se encontró transferencias de dinero desde las zonas mineras de Huepetuhe, Mazuko y La Pampa, informó el portal Ojo Público.

Brasil, Perú

¿No era que la minería ya no contamina?

05 de febrero de 2018
José de Echave, Cooperacción
Imagen: Clarín
Muchas veces se escucha decir a las empresas que la minería moderna no contamina. Que los graves impactos ambientales que se ven sólo corresponden a operaciones antiguas, las del siglo pasado. Que la tecnología lo garantiza todo y todo lo soluciona. Que los mejores estándares ambientales son aplicados por las empresas, sobre todo las que actúan a nivel global. Lamentablemente, la realidad nos muestra que eso no es cierto.

La semana pasada, el 25 de enero, recibí un correo electrónico de nuestro colega Danilo Chammas, de Brasil: “Siento comunicarles que hoy se rompió otro dique de colas de Vale en Brumadinho, Minas Gerais, Brasil, justo en la misma municipalidad donde hicimos nuestro encuentro hace dos meses. Hemos recibido noticias no confirmadas de que hay víctimas fatales y también de que se ha afectado el rio Paraopeba, importante fuente de agua de la región metropolitana de Belo Horizonte, capital del Estado de Minas Gerais”.

Es cierto, un par de meses atrás un conjunto de instituciones nos reunimos precisamente en Brumadihno para analizar la problemática de la minería y sus impactos ambientales y sociales en la región. Se eligió esa zona, precisamente porque en noviembre de 2015 otra presa, operada por la empresa Vale y su socio BHP Billiton, colapsó en la localidad de Mariana en Minas Gerais, provocando lo que hasta ese momento era el peor desastre ambiental de la historia de Brasil.

En su mensaje, Danilo comentaba que todo indicaba que, como en el caso de Mariana, ocurrido tres años atrás, también “había víctimas fatales” en Brumadihno. Lamentablemente, con el transcurrir de las horas y los días, las cifras de desaparecidos y de personas fallecidas no dejaba de aumentar reporte tras reporte. Al momento de escribir este artículo se habla de 300 desaparecidos y 60 personas fallecidas ya confirmadas.

Haciendo historia: entre Mariana y Brumadinho

¿Qué pasó en Mariana en 2015? Una presa de residuos mineros, propiedad de la empresa Samarco Mineradora, de Vale y BHP Billiton, dos gigantes de la minería mundial, colapsó, rompiéndose el dique de contención, lo que provocó que todo el material tóxico convertido en lodo caiga sobre el distrito de Bento Rodrigues y lo termine literalmente enterrando.

En ese entonces fueron 19 personas fallecidas, un número de desaparecidos enterrados bajo el material tóxico que hasta ahora no ha sido del todo precisado y más de un millón de personas afectadas. Si bien en un inicio sólo el distrito de Bento Rodrigues fue afectado, con el transcurrir de los días se pudo constatar que el derrame de los residuos tóxicos también impactó a otros distritos cercanos en un radio de 60 kilómetros de la ubicación del dique.

Las investigaciones sobre el caso Mariana establecieron que la cantidad de residuos que se desbordaron era una clara evidencia que las operaciones en la zona habrían sobrepasado largamente la capacidad de la presa. Además, informes previos habían llamado la atención por la superposición de las áreas de influencia de vertederos y de la presa, que generaban una sinergia de impactos de las operaciones de la empresa Samarco. Sin embargo, ni la empresa, ni las autoridades encargadas de la supervisión tomaron medidas de prevención. Los más de 60 millones de metros cúbicos de residuos tóxicos contaminaron 600 kilómetros de ríos, llegando incluso hasta el Océano Atlántico.

Luego de tres años, nuevamente vuelve a pasar una tragedia similar en la misma zona y con un mayor saldo de pérdidas de vidas humanas. ¿Qué es lo que ha provocado esta nueva tragedia como consecuencia del colapso de un dique? En la mina de Feijão en Brumadinho se explota hierro que se extrae con agua. Una vez extraído el hierro los residuos líquidos son almacenados en represas que se ubican en el entorno de la mina. Cabe señalar que en todo el Estado de Minas Gerais existen más de 400 represas similares.

Según el procurador Carlos Eduardo Ferreira Pinto, quien tuvo a su cargo la investigación del caso Mariana, lo ocurrido en Brunadihno “era lógico que iba a suceder” ya que este tipo de represas continúan funcionando sin ningún tipo de control riguroso: “una presa se rompe porque le entra agua a sus estructuras y eso ocurre por el descuido de la empresa, la falta de fiscalización de las autoridades y las consultoras independientes”. Alessandra Cardoso, asesora política del Instituto de Estudios Socioeconómicos, dijo en una entrevista para la BBC, que el hecho de que la represa llevara inactiva tres años, sin recibir residuos, habría desgastado la estructura. Para Cardoso, cuando una mina o represa paraliza sus actividades, “la tendencia es que la empresa dé menos atención” a los criterios de seguridad.

Como se puede apreciar, los especialistas aluden a posibles negligencias, ausencia de controles, fiscalización y normas que se han venido relajando en los últimos años. El procurador Ferreira Pinto que finalmente fue apartado de las investigaciones de Mariana, señala: “las autoridades continúan dando autorizaciones para la construcción de represas, al mismo tiempo que se flexibilizan los controles y las regulaciones”.

Esta situación se ha agravado con la llegada al poder del presidente Bolsonaro el pasado 1 de enero, y su apuesta por mayores flexibilizaciones de las regulaciones ambientales y licencias automáticas para los proyectos de inversión. Al estilo Trump, en la campaña, Bolsonaro amenazó varias veces con retirarse del acuerdo de París y apostó por la reducción de multas por violar las leyes ambientales. Incluso ya en el gobierno, el presidente brasileño, como en su momento lo hizo Alan García en el Perú, se refirió a los pueblos indígenas en la Amazonía como “obstáculos al desarrollo y la economía de su país”, señalando al mismo tiempo que se flexibilizarían los trámites para agilizar las inversiones en la Amazonía.

Lo cierto es que este dramático caso ha puesto en debate en Brasil la manera cómo se viene desarrollando la minería y cómo se construyen las represas que se multiplican e implican enormes riesgos. Lo que es más preocupante para organizaciones de las poblaciones afectadas e instituciones que trabajan temas ambientales, es que en el propio Estado de Minas Gerais se siguen debilitando las regulaciones ambientales.

¿Cómo estamos por casa?

Lamentablemente, para los peruanos todo lo que viene pasando en Brasil es historia conocida. Leyes que flexibilizan los controles ambientales, debilitamiento de la institucionalidad ambiental, autorizaciones de proyectos mineros en zonas de alto riesgo y también hemos tenido casos de presas que colapsan. Aún está en la memoria el colapso del dique de la presa que contenía desechos tóxicos de la empresa minera Caudalosa Chica que contaminó en junio del 2010 la cuenca que comprende los ríos Huachocolpa y Opamayo, hasta la localidad de Lircay, en Huancavelica. También están los miles de pasivos ambientales que afectan a poblaciones enteras y que siguen sin ser remediados, como ocurre, por ejemplo, en Hualgayoc, Cajamarca.

En el caso peruano, los riesgos no sólo se acrecientan por la fuerte presencia de instalaciones mineras a lo largo y ancho del territorio, inclusive en zonas de alto riesgo y próximas a centros poblados, las débiles políticas, etc., sino también por ser un país sísmico que genera un altísimo riesgo.

Hace unas semanas en esta revista denunciamos que un nuevo proyecto minero -Ariana de la empresa Southern Peaks Mining- iniciaría la fase de construcción precisamente en todo el ecosistema hídrico donde se produce el trasvase de aguas hacia la cuenca del río Rímac, lo que permite el abastecimiento de agua para los 10 millones de personas que vivimos en la ciudad de Lima. Varios de los componentes del proyecto Ariana -como la planta de beneficio y el depósito de relaves- se encuentran a menos de 50 metros de los bofedales, canales de conducción, pozos de captación de aguas subterráneas, lagunas, manantiales o puquiales, donde se produce el trasvase de aguas.

De hecho se ha alertado de la posible rotura de la presa de relaves de Ariana:
el oficio de la empresa Enel del 18 de mayo de 2018 señala claramente que en la zona donde se acumularían los relaves “la geología es de caliza pizarrosa muy fracturada (material permeable y cárstico)” y que “hay una falla geológica muy fracturada por la que se filtra un gran chorro de agua”. Por ello, Enel asegura que debido al proyecto “la geotecnia del túnel podría verse comprometida”. Otro caso preocupante es el depósito de relaves de Tamboraque que se ubica a escasos metros del río Rímac.

Se deberían sacar lecciones de este terrible hecho en Brasil. La minería del siglo XXI sigue generando desastres ambientales de envergadura que sólo se pueden prevenir con controles rigurosos, fiscalización y exigentes políticas ambientales. Lamentablemente, hasta ahora seguimos caminando en sentido contrario y haciéndole caso a las empresas que exigen mayores desregulaciones. Estamos avisados.
Fuente: José de Echave, COOPERACCION

Perú

Tía María: obreros se suman a la protesta del miércoles en contra del proyecto minero


Conflicto Relacionado: Tia Maria-Valle del Tambo

Feb 4, 2019 Ibón Machaca Noticias

Los obreros del Sindicato de Construcción Civil de Islay marcharán este miércoles con los pobladores del valle de Tambo en rechazo al proyecto minero Tía María.
Obreros de construcción civil en contra de proyecto minero Tía María.

La movilización, anunciada en Mollendo y Cocachacra, tiene un carácter también reinvindicativo. Los obreros saldrán a la calle para demostrar que no apoyan a la minera, tal como lo expresara el expulsado dirigente Juan Valencia García.
Expulsión de dirigente

En una misiva enviada en agosto pasado al presidente Martín Vizcarra y al ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, el entonces secretario de la base Islay, Juan Valencia, pedía el reinicio del proyecto. Su argumento era que Tía María generaría puestos de trabajo que beneficiaría a su gremio. Sin embargo, el propio sindicato lo desmintió al señalar que nunca se realizó una consulta a las bases.

El último fin de semana se comunicó la salida del dirigente y la realización de la marcha en apoyo al valle de Tambo. A la protesta se sumarán organizaciones civiles y agricultores del valle. Por lo pronto se ha decidido que la marcha se hará en horas de la mañana y de forma pacífica.

De otro lado, la dirigente de los agricultores, Marilú Marroquín, ha manifestado que el gobierno aún no los invita a dialogar sobre el proyecto. Aunque la posición de los agricultores se mantiene: no a la presencia de la mina en el valle.

Sin embargo, la empresa Southern Perú insiste en tramitar su licencia de construcción y solo espera el visto bueno del gobierno.

Este es el comunicado emitido por la Federación de Trabajadores

https://elbuho.pe/2019/02/tia-maria-obreros-se-suman-a-la-protesta-del-miercoles-en-contra-del-proyecto-minero/

Perú

Población de Morococha logró una acción de amparo contra proyecto Toromocho


Conflicto Relacionado: Toromocho-Morococha-Peru Copper

Imagen: Rumbo Minero
4 de febrero de 2019
El juzgado mixto con sede en La Oroya, presidido por el juez Jesús Santana, admitió una acción de amparo el día 29 de enero pasado contra la minera Chinalco y Acciones Mineras SAC por su intento de desalojar y destruir las viviendas del casco antiguo de la ciudad de Morococha, en la región Junín.

El Frente Amplio de Defensa y Desarrollo de los Intereses de Morococha, La Asociación de Propietarios Desplazados por el Proyecto Toromocho del Distrito de Morococha, así como la Asociación de hijos nacidos en Morococha, como demandantes pidieron que “se disponga la paralización de la destrucción, desmantelamiento y destrozo de todos los rezagos que constituyen el ornato urbano de la Antigua ciudad de Morococha que se ubica dentro del predio “lote Municipio de Morococha” de 34 hectáreas; se ordene mantener la situación de hecho y derecho sobre el precitado predio hasta las resultas del proceso principal”. Según señala el mencionado documento.

Recordaron que el 17 de julio de 2018 mediante Resolución Nro.02 se admitió a trámite la demanda de Amparo, sin embargo en estos últimos meses, la Minera Chinalco del Perú SA, “habría irrumpido en el predio para llevar a cabo una programada y sistemática serie de destrucciones en lo poco que queda del ornato urbano, espacios libres acceso y esparcimiento que queda en la Antigua ciudad de Morococha.”

Se trata de controversias por los cuestionamientos al derecho de propiedad de la demandada Minera Chinalco Perú SA, en esta oportunidad por los agrupados reclamantes. Se trata de 34 hectáreas de terreno, vitales para el devenir de Toromocho, por cuanto representan una barrera para la expansión del tajo abierto. Debido a ello, fueron expropiadas por el Gobierno en marzo pasado y cedidas a Chinalco.

La medida cautelar evitaría así cualquier acción de desalojo que quiera realizar la empresa minera, amparándose en el procedimiento de transferencia expropiatoria que fue amparado anteriormente por el Estado peruano.

Cabe recordar que pobladores de Morococha Antigua, realizaron a fines del año pasado un paro preventivo de 24 horas, para que la empresa minera Chinalco S.A.C respete las treinta y cuatro hectáreas de terreno de Morococha Antigua, hasta que se entable diálogo con las familias que habitan en este sector, y se garantice el respeto de sus derechos al ser reasentados, la firma del Convenio Marco y fiscalización ambiental. El paro también se habría motivado por la demolición de la Municipalidad de Morococha, ejecutada por órdenes de Chinalco y las detonaciones que realizó cerca del lugar en donde viven, acción que alarmó a los pobladores.

Recordemos que la ciudad de Nueva Morococha fue construida por la empresa Chinalco, minera de capitales chinos, para albergar a las casi 1200 familias desplazadas a causa del proyecto cuprífero Toromocho. Aunque la mudanza inició en el 2012, el proceso que ha tenido una serie de dificultades y problemas sobre todo por el impacto económico y social de esa reubicación.

Memorial

Así mismo el martes 29 de enero, el Frente Amplio de Defensa de los Intereses de Morococha (FADDIM), la Asociación Civil de los Hijos Nacidos en Morococha (ASOC HNM) y la Asociación de Propietarios de Morococha se movilizaron tomando medidas de protesta y sacando un memorial suscrito por distintas autoridades de la región Junín.

El memorial publicado solicitaba el apoyo a los pobladores de la antigua ciudad de Morococha; quiénes denuncian que la Minera Chinalco está realizando acciones de hostilización, amedrentamiento y abuso contra los pobladores de la zona con la finalidad de desocuparlos de la antigua ciudad; sin indemnizar a los pobladores quiénes viven en el territorio. Los pobladores de la comunidad temen que la empresa minera destruya sus casas para expulsarlos de su propiedad; quiénes hace más de cinco años conviven con el polvo de la extracción del cobre, las vibraciones y el ruido de las detonaciones del proyecto minero Toromocho de la empresa minera Chinalco.

Que busca Chinalco

Según versiones de la empresa que han circulado en los medios de comunicación, la medida cautelar no impactará el cronograma ni el flujo de inversiones, porque solo afecta las 34 hectáreas en litigio. Según algunos geólogos consultados en dichos medios, Chinalco podría ampliar el tajo en otra dirección. Una posibilidad sería la zona sur, donde habría más de 300 millones de toneladas de cobre en recursos, que no fueron considerados en el estudio de factibilidad.

4 de febrero de 2018

Perú

En el 2019, Vizcarra continúa con política inconstitucional de declarar Estado de Emergencia en las comunidades del Corredor Minero Sur del Perú

Autor: Red Muqui.org
Conflicto Relacionado: Las Bambas- Apurimac-Corredor Minero

El viernes 25 de enero, la Presidencia del Consejo de Ministros emitió el Decreto Supremo N° 008-2019-PCM que vuelve pa rorrogar el Estado de Emergencia en las comunidades que son atravesadas por el Corredor Vial Minero Sur de Apurímac- Cusco- Arequipa. Como sabemos, desde el año pasado, el Ejecutivo viene declarando y prorrogando este estado de emergencia y, desde el 2017, ha estado declarando estados de emergencias en los distritos de Chalhuahuacho, Haquira y Mara, de la provincia de Cotabambas del departamento de Apurimac, y en el distrito de Capacmarca de la provincia de Chumbivilcas del departamento de Cusco.

En el sur del Perú, específicamente en Apurímac, se viene desarrollando el proyecto minero cuprífero “Las Bambas” del consorcio chino Minerals Metals Group (MMG), que es el más grande del país. Desde el 2016 despacha el concentrado de cobre hacia China por el puerto de Matarani en Arequipa; y la población de Cotabambas (Apurímac), viene protestando porque la calidad y cantidad de agua sigue siendo perjudicial para sus comunidades y los impactos generados por los camiones de transporte de minerales que van por la carretera del corredor minero sur (Apurímac-Cusco-Arequipa), sigue afectando a la población.La “Mesa de Diálogo para el Desarrollo de la Provincia de Cotabambas” con Resolución Ministerial N° 263-2015-PCM fue suspendida a fines del 2016 y eliminada hace unos meses a través una resolución del Gobierno de Vizcarra; negando así la posibilidad de diálogo entre la población, el Estado y la empresa minera.

Asímismo, en los últimos meses se han registrado enfrentamiento entre los comuneros de Fuerabamba (Apurímac) y la policía porque el corredor vial minero sur (la carretera), atraviesa sus territorios y recién el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha asumido el diálogo con estas comunidades para establecer responsables en la construcción de esa parte de la carretera.

Como ya se ha señalado anteriormente, desde Red Muqui y otras organizaciones: las declaratorias de estados de emergencia permanente, sin que se configuren los supuestos constitucionales para esta medida; son violatorios a los derechos humanos y violatorios a las obligaciones de protección que tiene el Estado peruano en contextos donde se desarrollan actividades económicas.

Esta medida se da días antes de que empresas mineras, entidades del Estado y algunas organizaciones de la sociedad civil que conforman el Grupo de Alto Nivel (GAN); presenten la Visión de la Minería al 2030, donde supuestamente se presentará una “minería sostenible y respetuosa de los derechos humanos”. Pero que, sin embargo; no renuncia o deslinda con el uso de estrategias como la criminalización de la protesta, los convenios entre empresas mineras y la policía para seguridad y la declaración de estados de emergencia “preventivos”; que, como vemos, el Ejecutivo sigue dictando para controlar el territorio y garantizar la extracción minera sin importar el respeto a los derechos fundamentales de comunidades y poblaciones que viven en zonas mineras.

 

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/837-en-el-2019-vizcarra-continua-con-politica-inconstitucional-de-declarar-estado-de-emergencia-en-las-comunidades-del-corredor-minero-sur-del-peru

Perú

Gobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón; autoridades; y familias de Morococha, exigen cese de hostilidades a la minera Chinalco

Autor: Red Muqui.org
Conflicto Relacionado: Toromocho-Morococha-Peru Copper

El martes 29 de enero, el Frente Amplio de Defensa de los Intereses de Morococha (FADDIM), la Asociación Civil de los Hijos Nacidos en Morococha (ASOC HNM) y la Asociación de Propietarios de Morococha se movilizaron e hicieron público un memorial suscrito por distintas autoridades de la región Junín, entre ellos, el gobernador regional Vladimir Cerrón. Este memorial apoya y respalda a los pobladores de la antigua ciudad de Morococha; quiénes denuncian que la Minera[RM1] Chinalco está realizando acciones de hostilización, amedrentamiento y abuso contra los pobladores de la zona con la finalidad de desocuparlos de la antigua ciudad; sin indemnizar a los pobladores quiénes viven en el territorio.

Los pobladores de la comunidad temen que la empresa minera destruya sus casas para expulsarlos de su propiedad; quiénes hace más de cinco años conviven con el polvo de la extracción del cobre, las vibraciones y el ruido de las detonaciones del proyecto minero Toromocho de la empresa minera Chinalco.

DATO: Las reservas de la mina se estiman en 1 526 millones de toneladas. El 61% de los envíos de este metal tiene como destino China.

Debido a esta situación, el FADDIM, la ASOC HNM y la Asociación de Propietarios han interpuesto una medida cautelar de no innovar; para que se suspenda alguna acción de desalojo que quiera realizar la empresa minera, amparándose en el procedimiento de transferencia expropiatoria amparada por el Estado peruano.

Cabe recordar que en el contexto de la reconstrucción nacional luego del fenómeno de “El Niño Costero”, el Congreso aprobó el artículo 49 de la ley de agilización de expropiaciones expropiaciones (Ley 30680), que convirtió en ilegal la posesión de predios en zonas de riesgo como medida de prevención de desastres. Asímismo, esta Ley regula la “declaración de intangibilidad” para fines de vivienda en áreas riesgosas («zonas de riesgo no mitigable»), de manera que los lugares catalogados así se vuelven inhabitables. De esta manera la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales (SBN) pasó a custodiar las tierras de Morococha antigua.

 

PUERTAS GIRATORIAS

Tras los cambios legales operados en el Congreso; el viceministerio de Minas, que presidía Ricardo Labó en febrero del 2017, que anteriormente trabajó hasta el 2014 en Río Tinto, un grupo minero con capitales chinos de Chinalco; pidió transferir a la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) el terreno de 34 hectáreas de la Municipalidad de Morococha a la empresa estatal Activos Mineros, de la cual Ricardo Labó también era presidente, para ser destinado al proyecto minero de ampliación de Toromocho, operado por Chinalco.

Finalmente, durante la movilización y en el contenido del memorial, los pobladores anuncia que “realizarán marchas, vigilias y visitas para pedir a las autoridades que no se desentiendan de la situación por la que están atravesando”. El pronunciamiento señala que la población reafirma su compromiso para luchar por un reasentamiento en términos dignos y frenar cualquier acción abusiva por parte de la empresa minera Chinalco.

 

OJO

Cuando Chinalco anunció el inicio de las obras en la ampliación del proyecto minero Toromocho, lo hizo junto al propio Vizcarra en junio del 2018. Quién señaló: “Cuando la inversión va a generar progreso y desarrollo, encuentran en el Estado un aliado en esa inversión”, dijo públicamente el acual presidente

Memorial para exigir cese de hostilidades a la minera Chinalco

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/839-gobernador-regional-de-junin-vladimir-cerron-autoridades-y-familias-de-morococha-exigen-cese-de-hostilidades-a-la-minera-chinalco
Perú

El distrito de Suyo en Piura y las disputas alrededor de la minería

Autor: Cooperacción.org
Conflicto Relacionado: Tia Maria-Valle del Tambo

El asesinato del presidente del Frente de Defensa de la Comunidad Campesina de San Sebastián, Wilbelder Angel Vegas Torres, ocurrido en el distrito de Suyo, provincia de Ayabaca en Piura, es una clara muestra del clima de violencia e impunidad que se vive en las zonas donde se implanta esta actividad.

Suyo es el principal asentamiento de minería informal/ilegal en Piura y un porcentaje altísimo de su territorio se encuentra concesionado. Como se puede apreciar en el siguiente mapa, el 90.9% de Suyo o ya se encuentra concesionado o está en proceso de trámite.

Usualmente, en zonas de minería informal/ilegal son personas naturales las que tienen la titularidad del mayor número de concesiones. Sin embargo, en el caso de Suyo es importante subrayar que apenas dos empresas (que en realidad responden a un solo propietario) ocupan el 27.67% de todo el territorio de Suyo. Las empresas son San Miguelito SAC. y Minera Ate SAC., ambas de propiedad de la minera canadiense Plexmar Resources

Vegas Torres, había pedido garantías para su vida y según algunas informaciones no solo encabezaba el frente de defensa de su comunidad, sino que también estaba registrado como minero artesanal y había conformado una cooperativa para la explotación minera de forma artesanal.

Lo que se espera es que se investigue este crimen y se sancione a los culpables. Cabe señalar que no es la primera vez que ocurre un hecho similar en este distrito de Ayabaca: como lo ha recordado Radio Cutivalú de Piura, en los últimos años el conflicto con los mineros ilegales instalados en Suyo ha cobrado la vida de más de diez personas. Por ejemplo, en el año 2010, el fiscal de la comunidad campesina de Santa Rosa de Suyo también fue asesinado por sicarios y hasta el momento este hecho ha quedado impune.

 

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/el-distrito-de-suyo-en-piura-y-las-disputas-alrededor-de-la-mineria/?fbclid=IwAR29sA5EcbrOZws9c8bgO2J525GeCRmdLZX_5YdfVqoN6W2wmORWoaWrkoI

Perú

Los urgentes problemas ambientales de Hualgayoc

Autor: Teresa Santillán, Noticias Ser.pe

La demora en la remediación de los pasivos ambientales en la provincia de Hualgayoc, ha ocasionado que el martes 22, representantes de las organizaciones sociales reclamen iracundos a la representante del Ministerio del Ambiente, amenazando inclusive con retenerla.

La Declaratoria de Emergencia Ambiental (DEA) de Hualgayoc se dio el 26 de setiembre de 2016, con Resolución Ministerial N° 272-2016-MINAM[1], para luego tener el “Plan Multisectorial Post DEA de la provincia de Hualgayoc”, que contenía 22 compromisos asumidos por diferentes instituciones.

Para la población representó un logro que una comisión de alto nivel atienda un problema ocasionado por la minería, que ha afectado desde hace décadas la salud y calidad de vida del pueblo Hualgayocquino. Sin embargo, el “Plan Multisectorial Post DEA de la provincia de Hualgayoc” ha resultado ser un cúmulo de reuniones informativas que lejos de tranquilizar a la población ha ocasionado una mayor preocupación.

La frustración es fundada, han pasado 2 años y 4 meses, y no se ha iniciado ningún proceso de remediación de los pasivos ambientales, y en cuanto a la atención integral, vigilancia, seguimiento y consejería en salud a la población expuesta a metales pesados y otras sustancias químicas ha sido suspendida por falta de presupuesto[2]. Entonces ¿Qué mensaje nos están dando los ministerios?

¿Hay postergación? Sí, la hay. En las coordinaciones entre Ministerios, en las suscripciones de convenios, en la solicitud de presupuesto, en la atención integral de la gente.

Así tenemos que, en mayo de 2017 se suscribieron los 22 compromisos, pero recién en noviembre del año pasado la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios de Proyectos  (UNOPS) y Activos Mineros (AMSAC) suscribieron convenios para que el organismo internacional lleve a cabo los procedimientos de selección de contratistas para la ejecución y supervisión de la remediación de los pasivos mineros de Cleopatra y Los Negros[3]. Y según la página web del MINAM el 20 de diciembre del año pasado se inició la convocatoria de selección. Es decir, a la fecha no contamos aún con la empresa que va a ejecutar la remediación de los pasivos ambientales.

Por otro lado, la abogada Patricia Cuba-Sichler ha señalado respecto a la remediación de pasivos ambientales que “la propuesta de incluirlos en la Ley de Obras por Impuestos es una buena iniciativa, pero sería más viable que un tercero las asuma y “reaproveche” los metales aún presentes en el pasivo ambiental”.[4] Es claro que los intereses de los funcionarios con la población Hualgayocquina no están sintonizados, la población ha sido firme en señalar que no quieren más expansión minera. La conclusión de la abogada puede escalar el conflicto existente, desconociéndose todo lo trabajado.

En este contexto son necesarias varias acciones para encaminar este proceso. Algunas podrían ser, que las nuevas autoridades locales se inmiscuyan para exigir al gobierno central el cumplimiento de los compromisos asumidos para la remediación de los pasivos ambientales y la atención a las personas afectadas por metales y otros químicos. También que las organizaciones sociales mantengan su rol vigilante durante la ejecución de la remediación. Asimismo, es urgente que el MINAM evalúe su intervención y cómo han venido coordinando este tema con los otros ministerios, sí ellos no tenían la posibilidad de manejar este problema, no debieron exponer a su representante.

Entonces vuelvo a plantear la misma interrogante ¿Nos están postergando? Sí, hace unos días ocurrió un desastre ambiental en San Juan de Lurigancho que capto todas las cámaras, y la intervención de diversas instituciones y el mismo Presidente de la República. En Cajamarca, en una provincia que se encuentra a dos horas y media, hay un gran desastre ambiental desde hace décadas, las personas mueren bebiendo agua contaminada y hasta la fecha no logramos un nivel de intervención como en la capital.

 

Fuente:http://noticiasser.pe/informe/los-urgentes-problemas-ambientales-de-hualgayoc?fbclid=IwAR3apXlNTtopuXKGkcNeF_fRlaEjBfD-c3yQ67akqCKUKh5fXSHRXWHSviw