ProInversión ha informado de la existencia de un nuevo proyecto minero a su cargo: El Algarrobo (US$350 millones), localizado en el distrito piurano de Tambogrande.

César Peñaranda, director de servicios de la agencia estatal Proinversión, dio a conocer que se trata de una iniciativa privada autosostenible (IPA), que podría ser adjudicada en el tercer trimestre del 2019. ProInversión ha evitado dar mayores precisiones sobre el particular, debido a que aduce que está obligada a mantener la confidencialidad de las IP hasta la publicación de su declaratoria de interés.

El nombre de la empresa interesada en El Agarrobo no ha sido revelado, si bien trascendió que podía tratarse de una empresa canadiense o una peruana. Sin embargo, la ficha resumen del proyecto es bastante clara: el Algarrobo no es otra cosa que el yacimiento TG-3, uno de los tres que formaron parte en su momento  del controvertido proyecto Tambogrande, la primera gran inversión minera paralizada por la resistencia de todo un pueblo en el Perú: como se sabe, el año 2002, en esa localidad se organizó la primera consulta ciudadana en América Latina sobre un proyecto minero y luego de varias marchas y contramarchas el proyecto Tambogrande fue paralizado el año 2003.

Ahora se trata de un proyecto que a la fecha se encuentra en la etapa de formulación. Esta etapa comprende la evaluación técnica, económica y financiera del proyecto de la Asociación Público Privada (APP) y la elaboración del Informe de Evaluación, advirtiendo las dificultades o trabas futuras.

Insistencia en retomar el proyecto

Como se recuerda, la canadiense Manhattan Minerals pretendía explotar  el yacimiento de Tambogrande, empezando por la zona localizada debajo del poblado del mismo nombre, conocida como TG-1. Se trataba, no obstante, de una iniciativa fuertemente cuestionada ya que en el Valle de San Lorenzo se había implantado con éxito, desde mediados de la década del 50 del siglo pasado, una próspera actividad agrícola conectada a importantes mercados de exportación. Desde un inicio los agricultores de Tambogrande percibieron al proyecto minero como una amenaza a la importante producción agrícola del valle, principalmente limones y mangos, entre otros productos.

Además, “El desarrollo de esta propuesta implicaba el reasentamiento del centro poblado de Tambogrande, la reubicación del cementerio, la alteración del cauce del río Piura, la afectación de áreas de cultivo con gran impacto ambiental (…) Esto motivó el rechazo de la población al proyecto”, según reconoce ProInversión.

En esta oportunidad -según Proinversión- El Algarrobo excluiría el TG-1 y se focalizaría en el TG-3, yacimiento localizado al sur del anterior, en una zona, según las versiones de los promotores del proyecto, menos sensible. Según información histórica, TG-3 alberga 82 millones de toneladas de mineral con 1% de cobre, 1,4% de zinc y 3,8 gramos por tonelada de oro.

ProInversión señaló que el proponente del proyecto deberá desarrollar varias iniciativas sostenibles antes de ejecutar la inversión, como la generación de agua para consumo humano y la promoción de un parque industrial agropecuario.  Asimismo según la propia agencia, a diferencia del proyecto fallido que contemplaba una mina a tajo abierto, este nuevo proyecto sería subterráneo. “El proponente plantea la extracción subterránea de la mineralización de la zona denominada TG-3, que se encuentra en la margen izquierda del río Piura, con mínimos impactos paisajísticos de áreas superficial”, señala ProInversión.

El pueblo que le dijo no a la minería

Hagamos memoria: en 1999, el gobierno de Fujimori otorgó a la canadiense Manhattan Minerals Corp., la exploración de los yacimientos mineros, precisamente donde se había desarrollado uno de los valles más fértiles del norte del país.

Cabe recordar que la lucha del pueblo de Tambogrande contra los intentos del gobierno y la empresa Manhattan para implementar el proyecto minero tuvo diversos momentos de mucha tensión. Uno de ellos fue un contundente paro de los días 27 y 28 de febrero del 2001, que fue una primera muestra del rechazo de la población ante los avances del proyecto minero.

Otro hito, como se ha señalado, fue el 2 de junio de 2002. La población de Tambogrande fue convocada a una consulta ciudadana -hasta entonces un hecho inédito en el país-, en la que mayoritariamente (cerca del 96% de los votos válidos) rechazó la actividad minera. La consulta fue convocada por el municipio distrital de Tambogrande.

Finalmente el gobierno rechazó la propuesta de la empresa canadiense Manhattan, pues no había acreditado el capital necesario (100 millones de dólares) y una capacidad de tratamiento de mineral por 10 mil toneladas diarias.

La Mesa Técnica de Apoyo a Tambogrande argumentó en su momento que la agricultura en el Valle de San Lorenzo generaba US$ 33 millones de utilidades anuales y daba empleo a 15 mil personas del lugar. Mientras que las labores de la empresa minera arrojarían US$ 4 millones por Impuesto a la Renta, que irían al fisco y 350 empleos directos, que serían captados sobre todo fuera de la región.

Cabe preguntar si en esta ocasión se está hablando de un nuevo proyecto, como señala la agencia ProInversión, o más bien es solo un nuevo intento para implantar  minería a mayor escala, iniciando el proyecto de otra manera. Es importante subrayar que en distritos vecinos como Las Lomas (Piura) y Suyo (Ayabaca), se realiza una intensa actividad minera informal o abiertamente ilegal que genera fuertes impactos ambientales y sociales.

Otra pregunta que cae por su propio peso es si los motivos del rechazo de la población de Tambogrande a la minería hace una década y media, se mantienen o han cambiado. ¿Las resistencias de la población ya no son las mismas? Al parecer, los que pretenden impulsar el antiguo proyecto Tambogrande (hoy denominado El Algarrobo) en su versión TG-3, asumen que las resistencias han cedido. Habrá que ver.

Finalmente, es importante subrayar que Tambogrande es uno de los distritos  que afrontan serios riesgos cuando se intensifican las temporadas de lluvias o se produce el Fenómeno del Niño. En estos días, con las fuertes lluvias que azotan el norte del país, Tambogrande es uno de los distritos más afectados en la región Piura.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/tambogrande-viejo-conocido-con-nuevo-nombre/

Pablo de la Flor, Presidente de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, ha salido a decir esta semana que “la empresa minera Las Bambas, que opera en Apurímac, está siendo objeto de una serie de medidas de hostigamiento y chantaje por parte de grupos violentistas que sistemáticamente vienen bloqueando las vías de comunicación hacia la mina”, denunciando que le estarían pidiendo a esta empresa, supuestamente, “cupos” por transitar por una vía nacional. Pide mano dura del Estado para restaurar el principio de autoridad[1].

Sintomáticamente el mismo día, 25 de febrero, en la ya conocida página pro minera Lampadia, Jaime de Althaus desarrolla un discurso en la misma línea[2], culpando a los pobladores de evitar el “desarrollo” del país, y acusando que las protestas y reclamos por contaminación que se están dando en el sur andino, es responsabilidad, por un lado de ONG como Derechos Humanos Sin Fronteras y la “izquierda peruana” que destruyen al capital, a la inversión y al desarrollo,  y por otro lado de abogados supuestamente especializados en extorsión a empresas mineras que instigan a la toma de carreteras.  En igual sentido, reclama al Estado “organizarse” para facilitar la inversión minera.

El 26 de febrero, aparece en El Peruano, el Decreto Supremo Nº 038-2019-PCM, que amplía el Estado de Emergencia en parte del corredor minero del sur (Apurímac – Cusco – Arequipa) que conduce a la minera Las Bambas, por 30 días calendario a partir del 27 de febrero, con ello mantiene esta zona militarizada, con restricción de derechos para los ciudadanos, solo con el fin de garantizar que las empresas mineras, dígase Las Bambas, Antapacay, Glencore, Hudbay, sigan transitando sin ningún reclamo de la población.

Paradójico, porque durante estos mismos días hemos visto un sector minero muy activo participando justamente en el espacio del Ministerio de Justicia, en que se está promoviendo la construcción del Plan de acción Empresas- Derechos Humanos, manifestando su interés por incorporar estándares de derechos en su actividad. De igual forma, acaban de lanzar un vídeo promocionando una nueva visión de minería en el marco del llamado Plan minero al 2030 donde señalan que quieren una minería inclusiva en le marco de la buena gobernanza y el desarrollo sostenible, que sea valorada por la sociedad. Parece que el sector minero vive en un mundo paralelo, pero lo peor es pensar que el Estado también está en la misma dinámica.

Bien que si promuevan Planes sobre Derechos Humanos y Empresas, bien que se piense en una nueva minería, pero no es posible creer en estas apuestas si a la vez se mantiene vivo ese discurso rancio, discriminatorio y violento del empresariado minero, o si el gobierno sigue con las políticas represivas contra la gente que lo único que hace es reclamar ante los abusos de estas empresas y reclamar por derechos mínimos.

Acaso no es real que en el sur andino las empresas mineras están usando de manera abusiva la carretera, transitando con casi 500 camiones diarios que levantan polvos, generan ruidos y afectan a la población, y no se quiere hacer nada al respecto.  Acaso no es real que en Cajamarca, la minera GoldFields ha causado un desastre ambiental en diciembre, derramando relaves de lodo tóxico en varios centros poblados y que aún no quiere reparar nada; no es cierto acaso que el personal de seguridad de la minera Antapacay, está comprometida en denuncias por agresiones contra familias campesinas.

Solo mencionamos estos pocos casos concretos para graficar que lo que hay en los territorios  donde operan las mineras no son violentistas, no son extorsionadores, no es la conspiración de las ONG izquierdistas, lo que hay son poblaciones afectadas y marginadas, a las cuales ni el Estado ni las empresas le quieren solucionar los problemas, y a quienes solo les llega la represión, la militarización, mientras reclaman por las afectaciones y los abusos.

No señores, no pretendan que creamos que la minería va a cambiar con discursos,  con documentos bien redactados, con declaraciones sobre respeto de los derechos. Creeremos en un sector diferente cuando no haya más estos discursos discriminadores, instigadores al odio y la violencia contra los pobres de parte de los empresarios y sus aliados, cuando esta estructura creada para proteger los intereses empresariales se suprima, cuando los mecanismos represivos como los Estados de emergencia o los convenios en los que “se alquila a la Policía nacional” a los privados para que reprima a la población, cuando se fortalezca el sistema de control y fiscalización ambiental, cuando realmente se generen normas para que las empresas sean responsan, reciban sanciones,  y sean obligadas a reparar los daños que causan.  No podemos hablar de nueva minería con respeto a los derechos humanos en discursos, mientras en las alturas se afecta y mata a la gente.

Fuente:http://www.noticiasser.pe/opinion/ni-violentistas-ni-chantajistas-entiendan-la-mineria-esta-violando-derechos?fbclid=IwAR07VA0adIHEseX6RHAs0xiOPLGY1DyI7djJvToz5NnwcQ03fw3EM_hY3Mo

Una vez más, la violencia contra poblaciones campesinas aparece en el accionar minero. En Perú, continúan los reclamos por las agresiones sufridas a fines de diciembre pasado en, la zona de Espinar.  La empresa pretendía robar el agua de las comunidades a través de la construcción de canales.

Campesinos de Espinar reclaman por maltratos a empresas Glencore y Carlyle Group

Con cascos y escudos agentes de seguridad de la firma Liderman agredieron a mujeres que protestaban por la presencia de maquinaria pesada. Liderman es de propiedad de la norteamericana Carlyle Group y la suiza Glencore es dueña de la mina Antapaccay, área donde se registraron los hechos.

Campesinos afectados por las agresiones de los agentes de seguridad privada de la empresa Liderman que se registraron durante el enfrentamiento que se produjo el 29 de diciembre último, identificaron a los responsables de los hechos violentos ante la Fiscalía Penal de Prevención de Delitos de la provincia cuzqueña de Espinar.

Las comuneras Francisca Umasi Ihui y Vidal Coaquira Umasi señalaron que el personal de seguridad de la mina Antapaccay -adyacente al lugar de los hechos- llegó en compañía de maquinaria pesada que comenzó a remover las tierras de un área que afirman es de su propiedad desde hace muchos años.

Cuando intentaron impedir que continuaran con la usurpación de sus terrenos, fueron violentadas por los agentes de seguridad de la compañía Liderman, de propiedad del fondo de inversiones estadounidense Carlyle Group, que presta servicios para la mina Antapaccay, una de las mayores inversiones de la multinacional suiza Glencore.

Según la denuncia de la ONG Derechos Humanos Sin Fronteras, varias mujeres enfrentaron a la Policía para defender sus tierras. Los agentes las empujaron, patearon e insultaron. Tres mujeres resultaron heridas con golpes: Rocio Huaquira, María Huaquira y Eufrosina Umasi, una de ellas cargaba a un niño en la espalda.

Antapaccay precisó en un comunicado que realizaban trabajos de construcción de canales dentro de los terrenos de su propiedad.

Los pobladores afectados por las agresiones de los agentes de la empresa de seguridad Liderman, recurrirán a la corporación estadounidense de inversiones Carlyle Group por la violenta conducta de sus trabajadores.

Francisca Umasi y Vidal Coaquira atribuyen responsabilidad por los actos violentos y la usurpación de su propiedad al gerente general de Antapaccay, Edgardo Orderique Luperdi; al gerente de Relaciones Comunitarias de la misma mina, Edwin Amoretti Hernández; y al jefe de Seguridad de la minera, Jesús Zea Soto.

La República consultó sobre este caso a Glencore, pero respondieron que no harían comentarios.

CONDUCTA INACEPTABLE

“Somos poseedores del predio denominado Anexo Juto desde hace más de 25 años, por lo que tenemos ganado vacuno, ovino, auquénido y animales domésticos en nuestra posesión. El 29 de diciembre nos encontrábamos pastando nuestro ganado en Juto cuando aparecieron dos camionetas de las que bajaron personas con uniformes de la empresa Liderman, quienes prestan seguridad a la mina”, relatan Francisca Umasi y Vidal Coaquira en la denuncia ante la fiscalía de Espinar.

“(Los agentes de seguridad) de Liderman a viva voz nos han amenazado de muerte, diciéndonos: ‘Los vamos a matar como a perros’, ‘Vamos a botarlos de esta propiedad’ y ‘Nosotros cumplimos órdenes de la mina’. Nos han causado daño al intentar despojarnos de nuestra propiedad”.

Imágenes captadas por el periodista cuzqueño Vidal Merma, que se encontraba en el lugar de los hechos, corroboran que Francisca Umasi y Vidal Coaquira fueron maltratadas por agentes de Liderman, una compañía comprada en 2014 por Carlyle Group, y que presta servicios para Antapaccay, una reciente y cuantiosa inversión minera de Glencore en el Perú.

Provistos de cascos y escudos, los agentes de Liderman jalonearon y lanzaron a la tierra a las mujeres, una de ellas cargaba a un niño en la espalda. Incluso se les observa lanzando piedras.

El comportamiento agresivo, violento y prepotente de los agentes de seguridad violan claramente los códigos de conducta de las grandes corporaciones Glencore, propietaria de la mina Antapaccay, y de Carlyle Group, dueña de la empresa de seguridad Liderman. Después de difundidas las imágenes de las agresiones hacia las campesinas Francisca Umasi y Vidal Coaquira, las multinacionales no se han pronunciado.

Las denunciantes señalaron que las hostilidades no son recientes. El 29 de marzo de 2018, se presentaron en el terreno los funcionarios de Antapaccay Enrique Arias y Norman Vera, “quienes se comprometieron a no causar problemas y a llevarse bien con los vecinos y que luego conversaríamos”. Pero al día siguiente, agentes uniformados de Liderman irrumpieron en el terreno de los comuneros y lanzaron amenazas como: “Hoy los vamos a botar de la propiedad de la mina” y “Los vamos a matar si no salen”.

Pero esta vez (por el 29 de Diciembre) llegaron acompañados de policías: “Eran como 10 policías y junto con nuestros parientes les preguntamos qué hacían ahí a lo que respondieron: ‘Los vamos a botar de aquí porque esto es de propiedad de la mina, nosotros venimos por orden de la mina’, y el personal de Liderman nos volvió a amenazar”.

NO ES LA PRIMERA VEZ

Las agraviadas han denunciado a los funcionarios de la mina por los presuntos delitos de usurpación y contra la vida, el cuerpo y la salud. Señalaron que como resultado de la incursión de la maquinaria pesada, su propiedad ha sido gravemente afectada.

“Con la remoción de la tierra han malogrado los pastos naturales y la alfalfa, nuestros sembríos. Además, nos han cerrado el paso para recoger agua del río para nuestro consumo y para nuestros animales”, manifestaron en la denuncia ante la Fiscalía de Espinar.

Reynaldo Umasi Ramos, en representación de los afectados por los actos de violencia en Antapaccay, anunció que los campesinos informarán directamente a las autoridades de Glencore y Carlyle Group sobre la violenta conducta de los agentes de seguridad de Liderman que la emprendieron a golpes a las mujeres que protestaban.

Fuente:https://noalamina.org/latinoamerica/peru/item/42485-mujeres-campesinas-agredidas-por-glencore-y-carlyle-group

(Boletín AMP #236, Febrero 2019)
Foto : Derechosinfronteras
Uno de los casos que deben ser mirados y atendidos con especial interés es el de Espinar, en la región Cusco. Si no se atiende adecuadamente, corre el riesgo de terminar en un estallido de envergadura en los próximos meses. La población de esta provincia cusqueña está indignada y con razón. Durante años esperan soluciones […]

Uno de los casos que deben ser mirados y atendidos con especial interés es el de Espinar, en la región Cusco. Si no se atiende adecuadamente, corre el riesgo de terminar en un estallido de envergadura en los próximos meses. La población de esta provincia cusqueña está indignada y con razón. Durante años esperan soluciones y nada. Son tres los temas que aparecen en la compleja agenda de Espinar: uno primero vinculado a la inaceptable agresión contra comuneros de Alto Huarca, sobre todo mujeres, de parte del personal de seguridad contratado por la empresa suiza Glencore, propietaria de la mina Antapaccay. El hecho ocurrió a finales de diciembre de 2018; la empresa Liderman es la que le presta los servicios de seguridad a Glencore y la responsable directa de esta agresión, aunque está claro que los códigos de conducta de empresas como Glencore, también la hace responsable de hechos que cometen terceros que están a su servicio. En realidad, lo que está detrás de este hecho es la disputa por tierras entre la empresa y la comunidad. Esta agresión ha indignado a las comunidades que esperan respuestas de la propia empresa y de las autoridades.

Otro caso complicado tiene que ver con los graves impactos en la salud de la población de Espinar. Varios estudios realizados en los últimos años han mostrado que la población de Espinar, sobre todo la que vive en la zona de influencia de las operaciones mineras, se encuentra expuesta a metales pesados y muchos tienen presencia de estos metales en sus cuerpos. Pese a que el Estado, en sus diversos niveles de gobierno y luego de varios acuerdos establecidos con la población, se comprometió a implementar planes de salud integral para brindar atención especializada a las personas en riesgo, hasta el momento no se ha logrado mayores avances. Los planes elaborados no han contado ni con el presupuesto ni con el soporte institucional necesario, y hasta la fecha, no se ha logrado una respuesta adecuada del sistema de salud a las personas que sufren exposición crónica a metales pesados. Peor aún, no se ha establecido mapas epidemiológicos de riesgo ambiental en la zona y se ha incumplido con el acuerdo de medir la magnitud de riesgo que representa la exposición crónica a metales pesados, además de determinar las fuentes de contaminación y rutas de exposición. La población de Espinar sigue esperando que el tema de salud sea adecuadamente atendido.

El otro problema complicado tiene que ver con el agua que se consume en Espinar y las denuncias de presencia de metales tóxicos. Un informe de la Dirección Regional de Salud del Cusco reveló que la población de Espinar consumía agua contaminada con metales tóxicos. Los análisis dieron cuenta sobre la presencia de aluminio, arsénico, hierro y manganeso, entre otros parámetros, por encima de los parámetros permitidos.

Esta situación provocó que, en primer lugar, el Concejo Municipal de Espinar aprobase declarar en emergencia el abastecimiento y consumo de agua y luego que el propio Consejo Regional de Cusco -hace un par de semanas-, aprobase por mayoría declarar por 90 días en situación de emergencia todo el sistema de abastecimiento de agua potable en la capital de la provincia de Espinar.

Foto : El Montonero
Sin embargo, una nota publicada haces unas semanas en el portal El Montonero, da cuenta que una mesa técnica, conformada por la Oficina de Diálogo de Gestión Social de la Presidencia del Consejo de Ministros, la Oficina de la Dirección del Orden Público y del Ministerio del Interior, la subprefectura de la provincia de Espinar y la subprefectura de Cusco, habría concluido que el agua potable de la provincia de Espinar “es apta para el consumo humano, según los resultados obtenidos”. Lo que llama la atención de esta nota es que, por un lado se cite como fuente un “monitoreo realizado por los especialistas de la Dirección de Salud Ambiental del Cusco” -antes habían dicho lo contrario- y que en la denominada Mesa Técnica no figure ninguna de las autoridades electas, ni del Municipio Provincial de Espinar ni del Gobierno Regional. Tampoco aparece un solo representante de las organizaciones sociales de Espinar.

Esta noticia ha causado aún mayor malestar y preocupación en Espinar, porque se estaría dando cuenta que se está implementando acciones sin tomar en cuenta a la población y a sus autoridades. Cabe recordar que el Comité de Lucha por el Agua y la Salud de Espinar organizó una movilización de protesta el pasado 28 de enero pasado bajo la denominación de “Gran marcha de sensibilización por el agua sin metales pesados”. Nuevamente insistimos: si el Ejecutivo no le presta atención a las legítimas demandas de la población de Espinar, la situación se seguirá complicando

EDITORIAL – OJO CON ESPINAR (Boletín AMP #236, Febrero 2019)

Sus dirigentes manifestaron que bloquearán la carretera Interoceánica, para que el presidente Martín Vizcarra solucione la problemática
28/02/2019 Textos: Correo » Fotos: Difusión
Cansados de consumir agua contaminada por la minería informal, producida en la cabecera de la cuenca del río Ramis, más de siete comunidades de la micro cuenca Azángaro II, se reunieron y tomaron decisiones de protesta y paralización.

Sus dirigentes manifestaron que bloquearán la carretera Interoceánica, para que el presidente Martín Vizcarra solucione la problemática del agua en esta zona.

En ese contexto, ayer arribaron hasta la capital de la provincia de Azángaro los dirigentes del comité de gestión del proyecto de saneamiento “Creación y Mejoramiento de Servicio de Agua Potable y Saneamiento Rural en la Microcuenca Azángaro II, Distrito de Azángaro”, con el fin de realizar su pronunciamiento a través de los medios de comunicación, pidiendo la atención inmediata del gobierno central su aprobación del presupuesto del referido proyecto.

Contaminación. Según el presidente del comité, Aurelio Germán Pacori Ramos, desde más dos décadas “nuestro río está contaminado, el ganado, nuestros hijos y todos nuestros hermanos de las comunidades venimos consumiendo agua contaminada por minerales pesados”.

Pacori Ramos se dirigió al presidente Martín Vizcarra Cornejo, al decir que atienda a la cuenca del rio Ramis, “pedimos que el proyecto de saneamiento básico para nuestras comunidades de la micro cuenca Azángaro II, sea aprobado su presupuesto en forma integral, que entienda que miles de personas estamos tomando agua contaminada y no podemos esperar más tiempo”.

Minería. Como se sabe, esta cuenca está contaminada a consecuencia de los trabajos de minería ilegal e informal que se realiza en la cabecera de Cuenca, en el distrito de Ananea, lo que trae perjuicio en la zona baja.

Protestas

En caso de no aprobrarse el presupuesto, los dirigentes anuncian medidas de protesta en la Interoceánica.

https://diariocorreo.pe/edicion/puno/afectados-por-la-mineria-en-el-ramis-piden-proyecto-de-saneamiento-al-gobierno-873141/

Las precipitaciones de temporada han dejado al menos cinco muertos y cientos de viviendas afectadas en algunos distritos del sur del país desde la última semana, según las autoridades.
11 de febrero del 2019
(Reuters) El fiscalizador ambiental de Perú dijo este domingo que evalúa un presunto derrame de relaves desde una unidad de Southern Copper, una de las mayores productoras de cobre en el mundo, hacia un río en una zona sur del país afectada por intensas lluvias.

Las precipitaciones de temporada han dejado al menos cinco muertos y cientos de viviendas afectadas en algunos distritos del sur del país desde la última semana, según las autoridades.

El derrame se habría producido en el depósito de desmonte de la unidad minera Cuajone, de Southern Copper, ubicado en la región de Moquegua que viene soportando fuertes lluvias e inundaciones por desborde de ríos desde hace varios días.

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) dijo que supervisores de la entidad se encuentran en la mina Cuajone desde el viernes y han evidenciado que se ha detenido el “discurrimiento de una solución verdosa” al río Torata.

“De acuerdo al reporte preliminar presentado por la empresa, la emergencia ambiental habría ocurrido por la precipitación pluvial extrema presentada en toda la zona sur del país y ante ello, activaron el Plan de Contingencias de la unidad minera”, afirmó la estatal OEFA en un comunicado.

Representantes de Southern Copper no estuvieron disponibles de inmediato para ofrecer comentarios sobre el reporte.

La supervisión que realiza el OEFA permitirá determinar la causa de la emergencia ambiental, la responsabilidad de los hechos y el impacto generado, manifestó el organismo.

El jefe del Instituto de Defensa Civil (Indeci), Jorge Chávez, dijo que al menos cinco personas han muerto y otras tres están desaparecidas tras deslizamiento de piedras y lodo desde el viernes en dos localidades de las regiones sureñas Moquegua y Tacna, y unas 1.600 viviendas han sido destruidas o afectadas.

Chávez dijo que las lluvias continuarían hasta el miércoles y luego podrían registrarse en la zona central del país.

El Gobierno del presidente peruano, Martín Vizcarra, ha declarado en emergencia varios provincias y distritos de seis regiones del país, incluidas las mineras como Moquegua, Tacna, Cusco y Ancash, debido a las fuertes lluvias y desbordes.

El presidente Vizcarra viajó el fin de semana al sur del país y el domingo dijo en Moquegua que está enviando ayuda humanitaria para los damnificados y que desplegado al Ejercito para colaborar en la reconstrucción de las zonas dañadas.

http://www.latinomineria.com/2019/02/11/autoridades-peruanas-investigan-presunto-derrame-relaves-southern-copper-sur-del-pais/

Siete personas recibieron penas de cinco y seis años de cárcel, además del pago de una reparación civil de 70 mil soles (casi US$ 21 mil). 2019-02-19

(Mongabay Latam / Yvette Sierra Praeli).- Violencia y amenazas acechan Camanti. Un distrito de Cusco en el que la minería ilegal va en aumento. De eso puede dar cuenta Luis Tayori, responsable del Área de Vigilancia de la Reserva Comunal Amarakaeri, quien en octubre de 2018 fue víctima de amedrentamiento y persecución mientras recorría la zona de amortiguamiento del área protegida en una inspección contra la minería ilegal.

Las 400 mil hectáreas de la reserva comunal Amarakaeri se ubican en las regiones de Cusco y Madre de Dios y parte de su zona de amortiguamiento del sector cusqueño está dentro del distrito de Camanti.

“Primero nos bloquearon el paso. Luego nos siguieron con dos camionetas. Tuvimos que suspender la inspección pues temíamos por nuestra seguridad”, cuenta Tayori sobre lo que sucedió el 2 de octubre cuando fue interceptado por los mineros en el sector denominado Jucuchamayo, solo 30 minutos después de haber iniciado el trayecto, acompañado por personal del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).

Días antes ya habían recorrido esa zona y constataron la presencia de excavadoras, campamentos, motores de succión, motores generadores de electricidad y bosques deforestados, además de una trocha abierta recientemente. La denuncia se encuentra en la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) del Cusco.

Dictan cárcel contra siete personas en Camanti

Mientras se espera una decisión frente a la denuncia por lo ocurrido con Tayori y el personal del Sernanp, el Segundo Juzgado Penal de Delitos Ambientales de Cusco emitió una primera sentencia con cárcel efectiva para siete personas acusadas por delitos de contaminación ambiental, minería ilegal y deforestación en Camanti.

Cinco de ellas deben cumplir prisión durante cinco años y las otras dos tienen penas de seis años. Además, están en la obligación de pagar una reparación civil conjunta de 70 mil soles (US$ 20 970) al Estado peruano.

El fallo también dispone que la Fiscalía Penal del Cusco investigue los delitos aduaneros relacionados con este caso por el presunto ingreso ilegal de maquinaria pesada al país. Se trata de un caso iniciado en el 2013, cuando la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental y la Policía constataron que se estaban realizando actividades de minería ilegal y desbosque no autorizado en el sector de Tunkimayo, en el distrito de Camanti, Cusco. En ese momento fueron 13 las personas acusadas, pero solo siete resultaron culpables tras el juicio.

“Lo que está pasando en Camanti es el inicio de La Pampa”, dice el Procurador Especializado en Materia Ambiental, Julio Guzmán, sobre el avance de la minería ilegal en este sector del Cusco que tiene características similares al proceso que se dio en Madre de Dios, en la zona denominada La Pampa, convertida hoy en el lugar más devastado por esta actividad ilegal en Perú.

Guzmán señala que esta decisión judicial busca ponerle un alto al crecimiento de la minería ilegal en esta zona. “Refleja el trabajo de la Fiscalía y la Procuraduría de voltear la mirada a aquellos lugares en los que se tiene que trabajar para evitar la presencia de más mineros ilegales. La sentencia es importante porque es la primera en esa zona”.

La Reserva Comunal Amarakaeri está amenazada por el avance de la minería ilegal. Foto: Iñigo Maneiro.

Hace apenas diez días, un análisis de imágenes satelitales del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) evidenció que entre agosto del 2016 y noviembre del 2018 la deforestación por minería ilegal alcanzó 335 hectáreas en los bosques de Camanti.

En esta parte de la selva de Cusco, la extracción no autorizada de oro está destruyendo la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Amarakaeri (RCA) y avanza hacia su interior, indica el informe de MAAP, una iniciativa desarrollada por Conservación Amazónica (ACCA) y Amazon Conservation (ACA).

El procurador Guzmán sostiene que lo que ahora vemos en Camanti, a través de las imágenes satelitales, es muy similar a lo que sucedía en La Pampa hace varios años.

https://mongabay-latam.lamula.pe/2019/02/19/cusco-por-primera-vez-sentencian-con-carcel-a-mineros-ilegales-en-camanti/mongabaylatam/

El gremio manifestó que estos hechos que atentan contra la inversión privada dañan la imagen de Perú como país destino de nuevas inversiones.
25 de febrero del 2019
Latinominería
En distintas regiones de Perú se viene registrando bloqueos y acciones de sabotaje contra distintas operaciones minero-energéticas, sin que hasta el momento los organismos públicos responsables tomen las medidas necesarias para reestablecer el Estado de Derecho y la paz social, denunció el director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Pablo de la Flor.

“El aprovechamiento y puesta en valor de los recursos naturales en beneficio del país, no puede ser impedido por pequeños grupos con intereses particulares y/ o ideologizados que mediante el uso de la violencia buscan paralizar las actividades productivas y condenar al atraso a los peruanos”, afirmó.

En ese sentido, dijo que el oleoducto Norperuano sigue paralizado desde hace más de 89 días debido a que el ducto fue perforado por saboteadores de la propia comunidad, la que impide hasta ahora el ingreso de los técnicos de PetroPerú encargados de los trabajos de reparación.

La inoperatividad del oleoducto por el sabotaje – indicó- significa un duro golpe para el país y la industria hidrocarburífera porque ha traído consigo la paralización total del Lote 192, el cual representa el 30 por ciento de la producción nacional de petróleo.

El representante de la SNMPE manifestó que estos hechos que atentan contra la inversión privada dañan la imagen del Perú como país destino de nuevas inversiones.

Asimismo, alertó que la empresa minera Las Bambas que opera en la región Apurímac está siendo objeto de una serie de medidas de hostigamiento y chantaje por parte de grupos violentistas que de manera sistemática vienen bloqueando las vías de comunicación hacia la mina desde hace varias semanas.

“A Las Bambas -que es una de las principales productoras de cobre en el país- le que quieren imponer el pago de “cupos” por el uso de una vía nacional por donde transitan los camiones que transportan la producción de la mina hacia la costa”, expresó.

En ese contexto, lamentó que el proceso de diálogo convocado por el gobierno y en el que participaba la empresa, se haya frustrado por la intransigencia de los llamados “asesores” de los comuneros que insisten en las medidas de fuerza.

Perú cuenta con importantes recursos mineros que pueden ser transformados en prosperidad y bienestar para todos los peruanos, señaló de la Flor, al enfatizar que para hacer realidad la inversión de casi US$60.000 millones de dólares que tenemos en proyectos mineros ya identificados, se debe contar con un entorno facilitador que garantice el Estado de Derecho y el respeto a la ley.

“Exhortamos a las autoridades a tomar las medidas que les facultad la Constitución Política y las leyes para contrarrestar estos hechos ilícitos que se mantienen y reiteran en el tiempo, a fin de asegurar el respeto al Estado de Derecho y la paz social”, declaró el representante de la SNMPE.

http://www.latinomineria.com/2019/02/25/snmpe-denuncia-bloqueos-sabotajes-empresas-minero-energeticas/

Entre los proyectos postergados, según el BBVA Research, se encuentran Río Blanco, Conga, Galeno y Tía María. ¿Estas inversiones paralizadas ponen en riesgo la inversión prevista para este año? Aquí la respuesta.
(Foto: USI)
KAREN GUARDIA / 22.02.2019 – 05:50 AM
El último reporte del BBVA Research da cuenta que los conflictos sociales ponen en jaque la inversión minera de cuatros grandes proyectos, los que actualmente se encuentran postergados, y que en conjunto suman una inversión cercana a los US$ 12,000 millones .

«Hay un segundo grupo de proyectos en cartera que se encuentran postergados por conflictos sociales. Son proyectos que en conjunto implican una inversión cercana US$ 12,000 millones. Entre los más grandes se encuentran Río Blanco, Conga, Galeno y Tía María «, refirió el economista jefe del BBVA Research, Francisco Grippa.

¿Ponen riesgo la inversión minera prevista para este año la no ejecución de estos proyectos? Al respecto, Grippa explicó que «no son un riesgo» al desarrollo de los US$ 6,000 millones de inversión proyectados para este año dado que estos cuatro proyectos no están incluidos en el escenario base del BBVA Research .

BBVA Research
(Foto: BBVA Research)

«Para nosotros no existe un riesgo debido a que no están incorporados en el escenario base, solamente hemos incorporado en nuestro análisis Quellaveco, Mina Justa, Toromocho y Marcona. Estos cuatro proyectos juntos más los que están en pleno desarrollo de estudios de factibilidad, no están en el escenario base», argumentó.

Para el economista, más allá de lo que pueda ocurrir con la posición de las autoridades regionales sobre Río Blanco, Conga, Galeno y Tía María, «hay temas de fondo que todavía se van a tener que resolver» y que impedirían, por el momento, su desarrollo .

Grippa anotó que en el caso de los proyectos (Quellaveco, Toromocho, Minas Justa y Marcona) que respaldan el «auge de la inversión minera» esperada para este año, muchos de ellos se encuentran en etapa de construcción.

«Ya existe una inversión en marcha, por ejemplo, en el caso Quellaveco el año pasado se invirtió más de US$ 500 millones; en el caso de Toromocho y Minas Justa se han invertido más de US$ 230 millones, en cada uno, por lo que están avanzando», dijo. Ante lo cual, consideró que estos proyectos no se van a detener.

«No creo que estos proyectos se vayan a detener ante la posición de las autoridades regionales. Por eso estamos tranquilos», arguyó.

https://gestion.pe/economia/conflictos-sociales-ponen-jaque-inversion-minera-cuatro-proyectos-us-12-000-millones-259393

21 de Febrero de 2019
José De Echave C.
Imagen: Perú21
La superficie de Madre de Dios es de 85,301 kilómetros cuadrados, lo que representa el 6.6% del territorio nacional y el 15.3% de toda nuestra Amazonía. Madre de Dios es una de las joyas de nuestro territorio: es una de las 25 zonas de mayor biodiversidad del planeta; el Parque Nacional del Manu, junto al Parque Nacional Bahuaja Sonene forman parte del Corredor de Conservación Vilcabamba Amboro.

Sin embargo, los impactos de décadas de actividad minera aurífera en Madre de Dios han sido devastadores. Varios han sido los intentos por detenerla: el año 2010, el entonces ministro del Ambiente, Antonio Brack, preparó el Decreto de Urgencia 012-2010, que declaraba de “interés nacional el ordenamiento minero en Madre de Dios”. En el mencionado decreto se señaló que se suspendía la entrega de petitorios mineros en la región; el establecimiento de zonas de exclusión minera; la prohibición de usos de dragas y artefactos similares; entre otras medidas. En la siguiente imagen se puede apreciar la zona de exclusión y la zona minera, según el Decreto de Urgencia 012.
La respuesta de los mineros fue una huelga y el inicio de una larga y feroz batalla por la derogatoria del decreto de urgencia. En las altas esferas del Estado, el ímpetu inicial se fue diluyendo y el ministro Brack no contó con el respaldo necesario del gobierno aprista que terminaba su período.

Iniciado el gobierno de Humala, el año 2011, se diseñó el operativo “Aurum I”. Como ahora, 1,500 efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional fueron desplazados a Madre de Dios. El Ministerio del Ambiente, con el propio ministro Ricardo Giesecke a la cabeza, lideró el operativo que intervino dragas en los ríos Malinowski, Tambopata y Madre de Dios. El plan era llevar la presencia sostenida y efectiva del Estado a una región que siempre estuvo muy apartada y poco conectada con el resto del país y que a todas luces había sido tomada por actividades ilícitas.

El proceso se interrumpió con el cambio de gabinete a finales del año 2011 para luego ser retomado unos meses más tarde: el 28 de febrero de 2012, se publicó el Decreto Legislativo N°1102 que incorporó al Código Penal los delitos de minería ilegal. En su Artículo 307°-A, se especificaba que el delito de minería ilegal “Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro años ni mayor de ocho años, y con cien a seiscientos-días multas, el que realice actividad de exploración, extracción, explotación u otros actos similares, de recursos minerales, metálicos y no metálicos, sin contar con la autorización de la entidad administrativa competente, que cause o pueda causar perjuicio, alteración o daño al ambiente o sus componentes, la calidad ambiental o la salud ambiental”.

Además, en el mismo Decreto Legislativo, Artículo 307°-B, fueron precisados los supuestos en los que se comete este delito: “en zonas no permitidas para el desarrollo de actividad minera; en áreas naturales protegidas; o en tierras de comunidades campesinas, nativas o indígenas; utilizando dragas, artefactos u otros instrumentos similares; si el agente emplea instrumentos u objetos capaces de poner en peligro la vida, la salud o el patrimonio de las personas; si se afecta sistemas de irrigación o aguas destinadas al consumo humano; si el agente se aprovecha de su condición de funcionario o servidor público; si el agente emplea para la comisión de delito a menores de edad u otra persona inimputable”.

Posteriormente, el 19 de abril de 2012, fue publicado el Decreto Legislativo N° 1105, que “estableció disposiciones especiales para el proceso de formalización de las actividades de pequeña minería y minería artesanal”, y en su Artículo 2, define claramente que: “toda actividad ejercida en zonas en las que esté prohibido el ejercicio de actividad minera, se considera ilegal”. En el mismo artículo se diferencia a la minería informal de la ilegal; definiéndola como la actividad que se realiza “en zonas no prohibidas”. Además, se considera mineros informales a los que, pese a no contar con todas las autorizaciones correspondientes, sí han iniciado el proceso de formalización. El Ministerio del Ambiente, con el ministro Manuel Pulgar Vidal, lideró este proceso.

Al margen de los operativos de interdicción que se fueron implementando en paralelo, lo cierto es que las cifras de formalización no mostraron avances significativos. Además, los enfrentamientos abiertos entre el gobierno y los mineros ilegales se fueron agudizando; se implementaron movilizaciones y paros de mineros en varias regiones del país; críticas abiertas al proceso de formalización que en realidad apuntaban a detenerlo.

La campaña electoral y el cambio de gobierno, marcó un paréntesis en todo este proceso. Ahora, transcurridos algo más de dos años, se ha comenzado a implementar un nuevo operativo “Mercurio 2019”, con el despliegue de alrededor de 1,500 agentes policiales y militares que han llegado a la zona de La Pampa, una de las más devastadas por la minería ilegal de Madre de Dios. El ministro del Interior ha dicho que “han llegado para quedarse”. Habrá que ver.

Imagen: El Comercio

Lo primero que queremos subrayar con este rápido recuento, es que no es la primera vez que un operativo de esta magnitud se implementa en Madre de Dios. Los primeros despliegues siempre son espectaculares, generan expectativa y esperanza en algunos y por supuesto, rechazo en otros. Sin embargo, las dificultades para sostener un operativo de esta magnitud y sobre todo lograr resultados efectivos en términos de erradicación y formalización de los mineros, son más que evidentes.

Experiencias previas muestran que hay varios cuellos de botella que deberían ser tomados en cuenta:

Cualquier proceso de intervención debe considerar que se está enfrentando a un enorme grupo de poder que desde hace un tiempo, controla territorios y representa más del 50% de la economía de Madre de Dios. En todos estos años, los mineros ilegales han acumulado poder económico, poder político y han ganado en organización y en número. También han penetrado poderes del Estado, como el Poder Judicial, municipalidades e incluso, en varios períodos, han comandado el propio Gobierno Regional: el anterior gobernador de Madre de Dios, Luis Otzuka, era un conspicuo representante de los mineros, lo mismo que el famoso ex congresista Amado Romero, apodado como el “Come Oro” y el actual, Modesto Figueroa Minaya, que ha sido investigado por la Fiscalía de Lavado de Activos por posibles vínculos con la minería ilegal.
La presencia de los mineros en cargos públicos se ha traducido en acciones concretas que han buscado favorecer los intereses de su propia actividad -con iniciativas legislativas, construcción de infraestructura, etc.- y por supuesto tratando de bloquear las iniciativas de interdicción del gobierno nacional y mantener el estatus quo, lo que hasta el momento han logrado. Si bien ya no están de manera directa en la gobernación, las redes construidas todos estos años no han sido desmanteladas.
Cualquier proceso que busque enfrentar el flagelo de la minería ilegal que vulnera los derechos de la naturaleza, deberá apostar por construir una institucionalidad que opere en el territorio. Sin un gobierno subnacional empoderado y fortalecido, con capacidades y recursos suficientes, es imposible que se pueda tener éxito. Por supuesto, ese gobierno regional deberá estar apoyado por la presencia de todas las dependencias del Estado nacional en el territorio.
Todo esto implica una cantidad importante de recursos económicos. ¿El Ministerio de Economía y Finanzas ha decidido destinar partidas importantes a la región éste y los próximos años? No estamos hablando de recursos para sostener solamente el desplazamiento de las fuerzas policiales y militares; nos referimos sobre todo a los recursos que se necesitan para sostener una intervención integral del Estado peruano que permita revertir la situación actual y transformar en serio y a fondo el panorama actual.
Finalmente, no está de más recordar que todo esto deberá estar respaldado por una férrea voluntad política al más alto nivel. Un proceso sostenido deberá tener la capacidad de hacer frente a las respuestas de los grupos de poder que está enfrentando; hacer frente a conflictos sociales de envergadura que, seguramente, se presentarán en la región y al mismo tiempo disputar una base social de respaldo en el propio territorio. ¿El gobierno del señor Vizcarra y todo su gabinete están dispuestos a dar esa batalla? Hasta ahora, lo que se ha podido ver se parece mucho a una película que ya hemos visto varias veces en el país. Habrá que ver cuáles son los siguientes pasos.