Se ha vuelto a reprogramar, por tercera vez consecutiva, la audiencia que se debía realizar hoy miércoles 22 de mayo en el juicio que se sigue contra 19 comuneros de Cotabambas, por los sucesos ocurridos en setiembre de 2015 en el marco del conflicto social contra la empresa Las Bambas.

Andrés Flores Aguilar, es el juez encargado de llevar adelante la referida audiencia, que se debía realizar en el Juzgado Penal Unipersonal ubicado en la ciudad de Tambobamba, en la provincia apurimeña de Cotabambas. Por un acuerdo entre la defensa de los dirigentes sociales, la Fiscalía y el Juzgado, se decidió reprogramar nuevamente la audiencia para el 3 de julio próximo.

Una de las razones principales de la suspensión es que se han producido cambios en el Ministerio Público, por lo que el Fiscal tiene un desconocimiento del tema. Por esa razón se ha pedido que se postergue la audiencia para que pueda revisar bien el caso.

Sin embargo, debemos señalar que todos estos cambios llaman la atención. Además, es preocupante que habiendo pasado varios años, el proceso siga entrampado y no se formule hasta el momento acusación. Las comunidades hacen enormes esfuerzos para cumplir con las citaciones y para contar además con una asesoría legal que les permita afrontar el proceso en condiciones adecuadas.

Abogados de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, son los que asesoran a los comuneros denunciados y han tenido que trasladarse a Cotabambas hasta en tres ocasiones y se han encontrado con audiencias que han sido suspendidas.

Cabe recordar que la Fiscalía Provincial Mixta de Chalhuahuacho está solicitando entre 11 y 17 años de pena privativa de la libertad contra este grupo de dirigentes por los presuntos delitos de disturbios, daño agravado y tenencia ilegal de armas y explosivos. También se está pidiendo como concepto de reparación civil la suma de 20 mil soles a favor del Estado peruano.

En tanto la compañía minera Las Bambas ha ratificado su pedido de reparación civil que asciende a 88,600 dólares por daños a la propiedad privada, monto que incluso puede incrementarse a petición de la referida compañía minera. Se dice en la zona que la empresa minera estaría contando para este caso con la asesoría de abogados vinculados al influyente Estudio Caro.

22 de mayo de 2019

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2019/05/22/por-tercera-vez-se-suspende-audiencia-contra-dirigentes-denunciados-en-la-zona-de-influencia-del-proyecto-las-bambas/

Como todos los 21 de mayo, hoy se celebra el día de la dignidad Kana, en toda la provincia de Espinar, en la región Cusco. De esta manera se conmemora la primera toma de la mina ocurrida -precisamente- un 21 de mayo de 1990, cuando por primera vez una gran revuelta terminó con la toma de la mina de Tintaya, en ese entonces operada por una empresa pública. Luego de unos días de movilizaciones y toma de rehenes, se logró un acuerdo con el Estado peruano.

Las demandas de entonces giraban en torno a los procesos de expropiación de tierras comunales, los impactos de la minería en los recursos naturales de la zona y a la demanda de que la actividad minera se vincule y aporte al desarrollo de la provincia. Las expropiaciones iniciales de tierras tuvieron un impacto importante en los pobladores, agrupados hasta entonces en una sola comunidad. Posteriormente, ya bajo gestión privada, la empresa siguió adquiriendo tierras comunales y, como es usual, la minería se convirtió en un competidor directo por el control de los escasos recursos hídricos de la zona, provocando además impacto en ellos. Es así que el 21 de mayo se convirtió en una fecha de referencia para futuras movilizaciones.

Los posteriores estallidos sociales del año 2005 y el del 2012, se iniciaron precisamente en esa fecha. Son varios los temas que aparecen en la compleja agenda de Espinar: uno primero tiene que ver con los graves impactos en la salud de la población de Espinar. Varios estudios realizados en los últimos años han mostrado que la población de esta provincia, sobre todo la que vive en la zona de influencia de las operaciones mineras, se encuentra expuesta a metales pesados y muchos tienen presencia de estos metales en sus cuerpos.

Pese a que el Estado, en sus diversos niveles de gobierno y luego de varios acuerdos establecidos con la población, se comprometió a implementar planes de salud integral para brindar atención especializada a las personas en riesgo, hasta el momento no se ha logrado mayores avances. Los planes elaborados no han contado ni con el presupuesto ni con el soporte institucional necesario, y hasta la fecha, no se ha logrado una respuesta adecuada del sistema de salud a las personas que sufren exposición crónica a metales pesados. La población de Espinar sigue esperando que el tema de salud sea adecuadamente atendido.

El otro problema complicado tiene que ver con el agua que se consume en Espinar y las denuncias de presencia de metales tóxicos. Un informe de la Dirección Regional de Salud del Cusco reveló que la población de Espinar consumía agua contaminada con metales tóxicos. Los análisis dieron cuenta sobre la presencia de aluminio, arsénico, hierro y manganeso, entre otros parámetros, por encima de los parámetros permitidos.

Lo cierto es que cada 21 de mayo la población de esa provincia cusqueña recuerda que todavía existe una serie de compromisos incumplidos de parte de la minería y el Estado peruano.

Fuente: http://cooperaccion.org.pe/el-dia-de-la-dignidad-del-pueblo-kana-espinar/

París, Ginebra, 20 de mayo de 2019 – A través de una nota que se publica el día de hoy, el Observatorio para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto entre la FIDH y la OMCT, manifiesta su grave preocupación por las numerosas irregularidades e ilegalidades identificadas en el caso Las Bambas y hace un llamado a las autoridades peruanas a que respeten el derecho a un juicio justo y imparcial de los 19 defensores de la tierra y el territorio que serán juzgados a partir de este miércoles.

Después de casi cinco años de proceso penal y después de dos suspensiones, el 22 de mayo comenzará el juicio oral contra 19 defensores de la tierra que se manifestaban contra los impactos negativos del proyecto minero las Bambas en Perú, propiedad del Consorcio chino MMG Limited, quien se constituyó como parte civil en el proceso.

Los reclamos de las comunidades de la provincia de Grau y Cotabambas (Apurímac) iniciaron después de que la empresa modificase unilateralmente el Estudio de Impacto ambiental (EIA) del proyecto minero las Bambas. La principal modificación fue la de transportar 450 mil toneladas de minerales por las carreteras ubicadas en la zona de las comunidades y no por un mineroducto, como estaba inicialmente previsto. Esta modificación y otras han provocado afectaciones en la salud y el medio ambiente de las comunidades.

El 25 de septiembre de 2015, estas comunidades iniciaron un paro indefinido por no haber sido informadas, ni consultadas sobre las modificaciones al EIA. Tres días después se generó una fuerte represión por parte de efectivos policiales contra la población que protestaba frente al campamento minero, produciéndose la muerte de tres manifestantes, 23 personas heridas (15 civiles y 8 policías) y la detención arbitraria de 21 personas manifestantes, 19 de los cuales desde entonces se encuentran inmersos en un proceso judicial.

Este proceso no es un caso aislado. Se estima que habrían más de 500 personas criminalizadas en el contexto de las protestas contra el proyecto las Bambas. En una zona que históricamente ha sido campesina e indígena no es posible reducir a los manifestantes a simples criminales. El Observatorio reitera que defender derechos no es un crimen, es un derecho y que, en lugar de criminalizarles, el Estado peruano debería comprometerse con la adopción de una política pública integral de protección a las personas defensoras, tomando el protocolo recientemente aprobado como un primer paso.

La militarización y las repetidas declaraciones de Estados de emergencia en la zona, que además son contrarias a los estándares internacionales de derechos humanos, solo han dejado como resultado agresiones, criminalización de manifestantes, desestructuración de las reivindicaciones de las comunidades y la vulneración de sus derechos. Esa respuesta represiva del Estado peruano a los reclamos de la población afectada por estos proyectos en el corredor minero no es efectiva, cómo se ha visto recientemente con las manifestaciones que se reiniciaron en agosto de 2018 por las comunidades de Fuerabamba, Apurímac. La solución pasa por abordar los problemas de fondo que crean la conflictividad a través de medidas que atiendan las demandas de la población.

El Observatorio dará seguimiento a este proceso y confía que los jueces garantizarán su independencia así como los derechos al debido proceso, reconocidos a nivel nacional e internacional de los 19 manifestantes defensores del territorio, cuya criminalización debe cesar.

El informe está disponible para su descarga: Peru_2019.05.20_Informe Las Bambas.

Fuente: https://derechosinfronteras.pe/peru-no-a-la-criminalizacion-de-defensores-territoriales-por-protestar-contra-proyecto-minero-las-bambas/?fbclid=IwAR3xHerXWL85XyaR-mFfZioqvcklGRlSY6SDKG_E63ZBXUQqeolY1Hv7xZM

El juez Iván Cabrera, del Décimo Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Lima, resolvió declarar fundada la demanda de amparo por vulneración del derecho a la consulta que interpuso el apu de la Organización de Comunidades Fronterizas del Cenepa, Zebelio Kayap, contra Ingemmet y el Ministerio de Energía y Minas.

Asimismo, ordenó la nulidad de las resoluciones administrativas de otorgamiento de 111 concesiones mineras en la cordillera del Cóndor, así como de dos resoluciones directorales de los años 2009 y 2011 que aprueban un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), resoluciones que se emitieron sin cumplir con la consulta previa.

El magistrado remarcó que si bien todas las concesiones cuestionadas fueron otorgadas antes de la Ley N° 29785, Ley de Derecho a la Consulta Previa, aprobada en el año 2011, dichas concesiones se expidieron después de 1995, año en que entró en vigor el Convenio 169 de la OIT que reconoce la consulta.

«El Estado peruano se encontraba obligado a convocar a consulta previa a los pueblos awajún y wampis, y demás pueblos indígenas que se ubican en la cordillera del Cóndor del distrito del Cenepa, en el área de expansión de tierras en las que se otorgaron títulos de concesión minera», señala en uno de sus considerandos .

Esta sentencia favorable a las comunidades awajún y wampis del Cenepa, región Amazonas, se ha dado después de seis años de proceso judicial.

Jurisprudencia

El abogado Javier Mujica, de ‘Perú Equidad’, quien patrocina a los pueblos awajún y wampis, manifestó que el fallo se ha basado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

«Hay dos cuestiones claves. La primera es que el juez y el Tribunal Constitucional confirmaron que la consulta previa rige desde el año 1995. La segunda, cuando el juez dice que cualquier procedimiento que afecte a los pueblos indígenas tiene que consultarse. Por tanto, todas las concesiones mineras y petroleras otorgadas desde 1995 en adelante sin consulta podrían anularse», indicó.

Mujica espera que Ingemmet y el Ministerio de Energía y Minas no apelen la sentencia judicial porque solo dilatarían el proceso.

En Energía y Minas dijeron que no han sido notificados sobre esta resolución y cuando suceda tomarán las medidas procesales pertinentes.

Fuente: https://larepublica.pe/politica/1470936-juez-ordena-anular-111-concesiones-mineras-norte-amazonas?fbclid=IwAR3hZ_qzfmRfeXOwbvnrT3TxFjD8LPNBI19nyFg0n_EbxFZdhrg4mkYEJqo

El rol protagonista de las mujeres peruanas en las protestas antimineras de Cajamarca, región del norte de Perú, es el tema central de la exposición que presenta desde este viernes en Lima la fotógrafa y activista española Ruth Montiel.

Entre los retratos expuestos está el de la agricultora Máxima Acuña, ganadora del premio medioambiental Goldman en 2016 por su batalla judicial emprendida para no ser desalojada de su casa por la Minera Yanacocha, lo que impide la explotación de la mina aurífera Conga, con una inversión estimada en 4.800 millones de dólares.

«Máxima Acuña es un emblema de la mujer luchadora, no solo cajamarquina sino a nivel internacional. Es una de nuestras protagonistas principales al igual que otras mujeres que están luchando desde el principio», explicó Montiel a Efe.

«Ellas están muy presentes y muy conscientes. Se nos dice el sexo débil, pero las primeras que están cuando hay que sacar las garras son las mujeres», agregó.

Las fotografías son el resultado de tres meses de incursión de Montiel por las zonas altoandinas de Cajamarca en 2016, a donde acudió como parte de su proyecto «Sin oro no hay hombre», que también la llevó anteriormente a retratar la minería aurífera en Johannesburgo.

«Buscaba otro país donde había un paralelismo con la causa y me encontré el conflicto que había en Cajamarca y descubrí a Máxima Acuña y la lucha que ella llevaba emprendiendo años con la empresa Yanacocha», comentó.

Sobre el título de su proyecto, la activista gallega indicó que el término de hombre lo utiliza como genérico para advertir que el ser humano «está en la cima de la pirámide natural» y «es el destructor de todo lo que está en la naturaleza».

La exposición, que tiene como curadora a la peruana Carolina Cardich, estará abierta al público en el Centro Cultural de España (CCE) en Lima hasta el 10 de julio con una serie de actividades complementarias que se sucederán en las próximas semanas.

El próximo 22 de mayo habrá un conversatorio con la abogada de Máxima Acuña, Mirtha Vásquez; el fotógrafo Marco Garro, el ingeniero ambiental Jorge Chávez, el sociólogo Antonio Palomino y la curadora Carolina Cardich.

Dos días más tarde se proyectará «La vida no vale un cobre», un documental transmedia que retrata la problemática socioambiental en la provincia peruana de Espinar, de la región de Cusco, tras 35 años de minería.

El 3 de junio será para el turno de «Hija de la laguna», del cineasta peruano Ernesto Cabellos, que cuenta la lucha de Nélida Ayay y las comunidades campesinas por conservar una laguna bajo la cual se encuentra un rico yacimiento de oro codiciado por la empresa minera más grande de América del Sur.

La serie de proyecciones culminará el 11 de junio con «Las damas azules», producido por la ONG Ingeniería Sin Fronteras Cataluña, donde muestra la resistencia femenina organizada en contra del proyecto Conga.

El proyecto aurífero Conga contempla el drenaje de cuatro lagunas que se encuentran en cabeceras de cuenca, dos de ellas para extraer oro y las otras dos para verter los residuos tóxicos.

Conga se encuentra paralizado desde 2012, después de que las protestas contra la mina causaran cinco muertos, pero Yanacocha mantiene su intención de ejecutarlo próximamente.

Fuente: https://www.efe.com/efe/america/cultura/fotografa-espanola-retrata-el-rol-de-las-mujeres-en-la-resistencia-antiminera-peru/20000009-3973572?fbclid=IwAR2oo4Ww_KvK1ilDbDs9EiN1JbouZcLzhoEmflPYtLGYpo5Jy0jGxDlLlrY

Durante la mañana de hoy, miércoles 15 de mayo, se llevó a cabo la segunda reunión sobre el proceso de Consulta Previa que están exigiendo las comunidades de Espinar ante el proyecto minero de Corccohuayco, impulsado por la empresa Glencore Antapaccay.

Bajo la presencia de trece presidentes comunales, representantes del Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Cultura y el alcalde provincial de Espinar, se firmó el acta con los compromisos de dos reuniones para avanzar con el pedido de consulta previa.

El 10 de junio el Ministerio de Cultura iniciará su trabajo de campo para actualizar la información de las 13 comunidades, este proceso finalizará entre el 15 y 19 de julio con la exposición y entrega de resultados. Las comunidades campesinas se comprometieron a dar todas las facilidades para el ingreso de los representantes del Ministerio de Cultura.

De la misma forma, el 15 de junio el Ministerio de Energía y Minas realizará una reunión para explicar las razones de porque no se llevó el proceso de consulta previa del proyecto minero Antapaccay.

En el acta el nombre de los participantes y los acuerdos:

 Video sobre pedido de Consulta Previa:

Fuente: https://derechosinfronteras.pe/espinar-continua-discusion-para-implementar-proceso-de-consulta-previa-por-proyecto-corccohuaico/?fbclid=IwAR08ITWBXcgKk6uVi3bKbzgjEGRl4JXo2TlaUPKS4u2d6KJZAzuP3V0dVZM

Dos congresistas peruanas y la ONG CooperAcción solicitaron una medida cautelar a un juez contra el proyecto minero Ariana ante el riesgo de que sus residuos tóxicos puedan contaminar el suministro de agua de Lima, ciudad habitada por unos 10 millones de personas.

La mina Ariana es un yacimiento de cobre, zinc, oro y plata que se encuentra a unos 4.500 metros sobre el nivel del mar en la provincia de Yauli, de la céntrica región de Junín, limítrofe con la región de Lima.

La medida cautelar acompaña a una acción de amparo presentada días atrás ante el temor de que los relaves de la mina puedan filtrarse hasta el túnel transandino, que toma las aguas de la laguna de Marcapomacocha, a 4.400 metros de altitud, para llevarlas por debajo de los Andes hasta la cuenca del río Rímac.

Las acciones legales fueron anunciadas este lunes en conferencia de prensa por las congresistas del bloque de izquierdas Nuevo Perú Marisa Glave y Katya Gilvonio; la directora de CooperAcción, Ana Leiva, y el subdirector de la misma, José de Echave, junto al abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) Juan Carlos Ruiz.

Glave advirtió de que el estudio de impacto ambiental realizado por el Ministerio de Energía y Minas no contempló las preocupaciones de las empresas Enel, que opera centrales hidroeléctricas con agua procedente del trasvase, y del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), que suministra agua a la capital.

«Ahora el agua se ve amenazada por la presencia de la mina. La relavera (donde se ubican los desechos de las minas) está al costado de este túnel, que abastece de agua a más de 10 millones de peruanos», comentó Glave.

«Por estas razones no se puede mantener el proyecto y el Ministerio de Energía y Minas cometió un grave error al darle la autorización. Exigimos un nuevo estudio de impacto ambiental», añadió.

Por su parte, Gilvonio señaló que el túnel transandino está construido en una zona de humedales «y es altamente sísmico, lo que provocaría la filtración de aguas ácidas».

Estudios de impacto ambientales insuficientes

Asimismo, Leiva afirmó que los estudios de impacto ambientales no han sido suficientes porque «la mina es subterránea, y esto afectaría el nivel del agua de Lima». «Pero no sabemos en qué medida porque no se han hecho las investigaciones adecuadas», mencionó.

Por su parte, el abogado Juan Carlos Ruiz recordó que la empresa minera Southern Peaks, a cargo de la concesión minera Ariana, tiene malos antecedentes en Quiruvilca, donde «dejó altos niveles de contaminación en las aguas».

Sedapal ha expresado su preocupación por el posible impacto ambiental del proyecto en el abastecimiento del agua en Lima y se opone al mismo.

Southern Peaks Mining tiene previsto comenzar a extraer mineral a finales del primer trimestre del 2020 con una planta de procesamiento cuya capacidad inicial será de 2.000 toneladas de mineral por día para pasar en 2021 a 3.000 toneladas diarias.

Lima ya pasó cuatro días consecutivos sin suministro de agua en 2017 cuando los constantes deslizamientos de tierra sobre el río Rímac por las intensas lluvias en la sierra andina impedían captar agua potable para la población, que hizo largas colas en depósitos para conseguir agua repartida en cisternas.

Fuente: https://www.abc.es/sociedad/abci-mina-pone-riesgo-agua-para-10-millones-peruanos-201905141217_noticia.html?fbclid=IwAR17SGgFIKx9ZfJ_kNvIi7hgmXPB6GPD1WKc9pKxIDZMth9NFeYy_ECpAAs

El conflicto por la mina Las Bambas (Apurímac y Cusco) es complejo y tiene diversos aspectos que debemos tomar en cuenta, como las grandes diferencias entre los actores del conflicto: la empresa minera transnacional, la comunidad campesina local y los representantes del Estado peruano. En este sentido, las asimetrías de poder son un problema, afirmó el sociólogo Francisco Durand.

En un evento organizado por LaMula.pe, Durand, autor de varios libros sobre poder político y empresarial en Perú, sostuvo que el gran problema en conflictos como el de Las Bambas son las «increíbles asimetrías de poder«. Para el sociólogo las diferencias están marcadas entre:

«[…] estos gigantes que operan a nivel mundial con pequeñas comunidades campesinas que han estado en la pobreza extrema y de pronto todo ha sido alterado por estas grandes inversiones».

«Si queremos avanzar habría que tratar a todos los actores de igual forma, habría que preguntarle a todos los actores con la misma insistencia y de esa manera habremos dado un paso adelante», agregó.

Para Durand, es complicado que los tres actores del conflicto dialoguen de manera igual. «La empresa que tiene enormes recursos concentra más poderes de los que debería. La concentración de poder es parte de esta problemática que debemos reconocer», señaló.

Ante ello, el abogado Gonzalo Quijandría, que cuenta con estudios y experiencia en gestión minera, respondió afirmando que «no es tan sólido eso de que se tiene dinero y se tiene poder».

«El sector minero ha perdido poder por un tema evidente, por su mala fama, por su mala reputación«, afirmó.

Quijandría sostuvo que, por ejemplo, si hay convenios entre empresas mineras y la Policía Nacional es porque «no hay comisarías donde se está invirtiendo más en el país». «El Ministerio del Interior debería calcular cuánta seguridad necesita cada zona. No hay un gran poder detrás de esto», señaló.

«Si se tuviera ese poder, se podría generar movimientos en políticas públicas. A un empresario minero, ni un congresista lo recibe en su despacho por temor del parlamentario a que le tomen una foto con él. Eso es poco poder, casi nada de poder. El dinero no es poder en una situación como esa».

«No queremos un Estado pro-minero, queremos un Estado que esté presente en un proyecto de desarrollo para el bien del país. No somos los señores de la película Avatar que dicen ‘destruyan el árbol’«, agregó.

Recordemos que, en la historia del conflicto por Las Bambas, resalta la cantidad de cambios que se han realizado al proyecto, modificaciones que las empresas solicitaron y que el Estado aprobó sin considerar que se podría afectar a la población local, como el descarte del mineroducto por una carretera sin asfaltar que pasaría por la propiedad de la comunidad Fuerabamba.

Por ello, para el economista José de Echave, resulta lejana de la realidad la afirmación de Quijandría.

«No sé si el diagnóstico sobre el poder de los mineros (de Quijandría) corresponda con la realidad. Por ejemplo, no me imagino que el alcalde de Lima construya la ampliación de la vía expresa, que esta funcione cinco años y recién luego se negocie con los propietarios. Eso es lo que ha pasado en el caso de Las Bambas. El corredor minero funciona desde el 2015, estamos 2019 y recién el Ministerio de Transportes comienza a conversar con los propietarios. Esa es solo una demostración del enorme poder de los mineros».

«O la norma antielusión que está congelada desde el 2012, ¿quién hace presión para que eso no salga? La Confiep y la Sociedad Nacional de Minería (SNMPE). Yo sí creo que tienen un poder enorme. De eso hay evidencias. Que todo no salga como quieren, es otro asunto. Pero hoy en día la representación máxima del empresariado es el minero, la data y los hechos demuestran que es así», agregó de Echave, subdirector de CooperAcción.

En este sentido, el economista Juan Infante lamentó que en más de veinticinco años de «nueva minería» la situación no haya mejorado respecto a la relación con las comunidades de la zona en la que se realizan las actividades extractivas.

«Podemos decir ahora que es vergonzoso no haber resuelto esto. Es el colmo. Existe el poder del dinero y el poder minero. ¿Cómo es posible que los mineros, con tanto dinero y poder, no han podido evitar estos conflictos? Si tienen poder, deberían usarlo para que el Estado funcione de tal manera que no tengamos estos conflictos», afirmó.

«Hay demasiado dinero y está siendo mal utilizado. Las mineras tienen mucho poder y el único poder de las comunidades es bloquear las vías», agregó.

Como señalamos anteriormente en otra publicación, hasta el momento las empresas que han estado a cargo de la mina (Xstrata Copper, Glencore-Xstrata y MMG Limited) han presentado nueve solicitudes para modificar el proyecto a través de cambios a su Estudio de Impacto Ambiental (EIA), aprobado en marzo del 2011, durante el gobierno de Alan García.

Las solicitudes para cambiar el EIA de Las Bambas se presentaron a través de tres modificatorias (MEIA) y seis Instrumentos Técnicos Sustentatorios (ITS). Todas estas fueron aprobadas por el Poder Ejecutivo, ya sea por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) hasta diciembre del 2015 como por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (Senace), que entró en funciones esa fecha.

Fuente:https://redaccion.lamula.pe/2019/04/30/las-bambas-mineria-poder-empresarial-opiniones-especialistas-economia-sociologia/jorgepaucar/

Le meten presión al Gobierno. Tras las declaraciones del ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, que dijo que para la ejecución del proyecto minero Tía María en Arequipa es necesario un «espacio favorable», para lo que se debe buscar un «consenso mayor» en la población local, la presidenta de la Confiep, María León, cuestionó esta afirmación y señaló que la minera mexicana Southern Copper ya tiene lo que ella llamó «licencia social«.

«Quisiera entender qué es «mayor consenso«. Los proyectos mineros deben hacerse en armonía con las comunidades y entiendo que la empresa ha hecho su trabajo con la población local, se han acercado y tienen una «licencia social» que le permite sentirse listos para que le den la licencia de construcción. […] No entiendo cuál es la razón, qué respuesta esperan de la población, cuál sería el indicador», dijo en entrevista a Canal N.

En agosto próximo, se vence el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Tía María. Por ello, el gremio empresarial espera que, antes de esa fecha, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) le de licencia a Southern para que construya la mina. En caso esto no ocurra, la empresa minera tendría que elaborar un nuevo EIA, lo cual postergaría el inicio de las obras por un año más.

La semana pasada, en conferencia ante la Asociación de Prensa Extranjera en Perú, el titular del MEM dijo que espera que este 2019 se otorgue la licencia para el inicio de la construcción de la mina, pero precisó que «darle la autorización a la empresa no implica inmediatamente una construcción«.

«Así tenga permiso, no es que de inmediato recibe autorización de concesión y al día siguiente empieza a construir, porque si no se da espacio favorable a la inversión lo más probable es que se tenga un conflicto«, dijo.

«Sabemos que los proyectos no pueden ser impuestos, nunca ha habido buenos resultados en la imposición de los proyectos; por eso, no se busca unanimidad, pero sí se busca un consenso mayor en el desarrollo del proyecto, eso es al margen de la aprobación administrativa», agregó, según citó Gestión.

En marzo pasado, el CEO de Southern, Óscar Gonzalez Rocha, dijo a El Comercio estar confiado en que el Gobierno le iba a otorgar licencia de construcción de la mina antes de agosto próximo. El empresario minero dijo que había «falta de decisión» en el Ejecutivo para expedir la licencia. Además, afirmó que actualmente el clima social en el Valle de Tambo es «mucho mejor».

Recordemos que, en el 2009, Southern Copper presentó el EIA de Tía María y este recibió 136 observaciones de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicio para Proyectos (UNOPS), lo que generó protestas durante el gobierno de Alan García en el 2011, cuando lamentablemente tres ciudadanos perdieron la vida víctimas de perdigones disparados por la Policía Nacional. Otra protesta se realizó durante el gobierno de Ollanta Humala en el 2015, cuando otros dos ciudadanos murieron por la represión policial en Islay. En ese momento, Humala puso en «modo pausa» el proyecto, ya que dijo no poder suspender ni cancelar la inversión. Los agricultores del Valle de Tambo se oponen al proyecto porque temen que sus campos de cultivo se contaminen con la actividad extractiva.

El proyecto Tía María se ubica en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay, región Arequipa. Se estima que la mina produzca 120 mil toneladas de cobre por año. Para su construcción, se invertirán 1, 400 millones de dólares. En principio, el inicio de sus operaciones estaba planeado para finales del 2011, pero ya han pasado ocho años y el proyecto no se ejecuta debido a la oposición ciudadana.

Fuente: https://redaccion.lamula.pe/2019/05/06/tia-maria-presidenta-confiep-maria-leon-licencia-social-mayor-consenso-ministro-francisco-ismodes/jorgepaucar/

El Ministro de Justicia, Vicente Zevallos, y el congresista Richard Arce, han informado que uno de los acuerdos suscritos en la Mesa de Justicia y Derechos Humanos con las comunidades de la provincia de Cotabambas-Apurímac (caso Las Bambas), ha sido el de la presentación -en un plazo no mayor de 30 días- de un Proyecto Ley de Amnistía para las y los comuneros que han sido criminalizadxs durante el conflicto social de Las Bambas. Se refiere que habría un número que va de 300 a 500 dirigentxs criminalizados.

Ciertamente, el acuerdo evidencia la voluntad de las partes de la Mesa de dar una salida a un problema que confronta y entrampa a las distintas partes del conflicto Las Bambas. Sin embargo este acuerdo llama a preocupación en varios sentidos:

Primero, ya la Comisión y la Corte IDH han emitido varias resoluciones y acuerdos recomendando a los estados a no hacer uso de figuras jurídicas como las de las amnistías, pues en la región este recurso casi siempre ha favorecido situaciones de impunidad frente a graves delitos de derechos humanos.

Segundo, el otorgamiento de la amnistía y su aceptación por parte de lxs amnistiadxs, implica el reconocimiento implícito de la comisión de un delito, pues citando a la CIDH la “…amnistía es el olvido legal de delitos, que extingue la responsabilidad de sus autores”. Es decir, se terminaría avalando la estrategia de criminalización de la protesta social que ha convertido el derecho a la protesta y la libertad de expresión, en los contextos de conflicto social, en delitos.

Y lo tercero, como en otros casos, se pretende ir sobre la rama y extraviarse en el bosque. Las autoridades y representantes involucradxs deben tener en cuenta que la criminalización de la protesta social en el Perú ha generado problema social y de injusticia flagrante, que ha conducido hasta este momento a más de 800 defensores y defensoras de derechos humanos ante el sistema de justicia. La exigencia en el presente caso, como también en el conjunto de casos de criminalización de la protesta, es la de garantizar los derechos y libertades de quienes hoy son injustamente criminalizadxs. No podemos convivir con estrategias legales orientadas a limitar y someter las libertades y derechos de las personas.

No es posible evadir una demanda justa que surge del pésimo tratamiento del conflicto de Las Bambas. Por el contrario su atención debe darse en el contexto del abordaje riguroso e integral a un marco institucional punitivo que ha precarizado los derechos humanos en el Perú. Esperamos respuestas en este sentido….!!!

Fuente: http://derechosinfronteras.pe/sobre-el-proyecto-de-amnistia-y-donde-queda-la-criminalizacion-de-la-protesta-social/?fbclid=IwAR2u0u13LUKced3RmCOTyDvmNHkYle7r57k1EuuCrJm5q6wO8AtKqe5Uwpo