La empresa Metalor Technologies, gran refinería de oro investigada por presunto financiamiento de la minería ilegal en Puno y Madre de Dios, anunció el cese de sus operaciones en Perú, otros países de América Latina y África.

De acuerdo a una investigación del portal Ojo-Publico.com,  Metalor era una de las mayores compradoras de mineral a empresas investigadas por lavado de dinero procedente de la minería ilegal como AS Perú & CIA, E&M Company, Sociedad Minera La Rinconada, titán Contratistas Generales y Famyr Group, según la Fiscalía.

Una investigación preliminar de la Fiscalía involucra a Metalor como “comprador internacional de oro” de procedencia sospechosa en mercados considerados ilegales, según el informe de Ojo Público. La investigacón presume que Metalor “(…) tendría un rol de financista desde el exterior para que se lleven a cabo las actividades de compraventa del mineral aurífero de procedencia ilícita”.

Por todos estos vínculos, al margen de que la empresa ha negado las acusaciones en su contra, Metalor anunció su retiro de Perú, Colombia, además de Uganda, Congo y Ghana. En su comunicado también aseguró que piensa “reevaluar su enfoque sobre la minería” en América Latina; sin embargo, continuará conservando sus relaciones con las grandes mineras.

Fuente:https://wayka.pe/metalor-empresa-senalada-d-financiar-mineria-ilegal-cesa-operaciones-en-peru/?fbclid=IwAR3_nrWDVYZ5_evQzq_-ZZgSEQ6lccWz-pX-HZn0a1EoSb19Ud04J3z0HLA

En el marco del proyecto Río Blanco, la Primera Sala Penal de Apelaciones de Piura avanzó judicialmente con el caso de dos comuneros asesinados y cinco heridos tras un conflicto social de 2009…Este progreso se consiguió al declarar procedente la solicitud de acumulación de los dos expedientes penales de las siete víctimas de la comunidad de Segunda y Cajas, en Huancabamba…

El caso ocurrió el 2 de diciembre de 2009, fecha en que 35 efectivos policiales de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (DINOES) ingresaron arbitrariamente a los terrenos de los afectados…

Según informa el Observatorio de Conflictos Mineros (OCM), utilizando vehículos de la PNP y la empresa minera Río Blanco Copper S.A.[actualmente parte de Xiamen Zijin Tongguan Investment Development Corporation, part of Zijin Mining Group, Tongling Non-Ferrous Metals Group Holding Co. Ltd. y Xiamen C&D Coperation Ltd.], dispararon contra una decena de campesinos que estaban protestando por ese ingreso arbitrario…

En dicho episodio, dos campesinos fueron asesinados con disparos de armas de fuego por la espalda. Se trata de Vicente Romero Ramírez y Castulo Correa Huayama…Además, fueron heridos cinco comuneros: Palemón Tocto Peña, Joaquín Ramírez Togas, Eulalia Romero Ramírez, Rogelio Togas Togas y José María Ramírez.

Fuente:https://www.business-humanrights.org/en/node/190404?fbclid=IwAR0LE3tw3683qVrZhXx_H9DW_x3UXku5pYLWTt5-mnLYDhNZIBhLjzEdWqE

En un reciente comunicado, la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa- ODECOFROC, denuncia la inacción del Estado frente al avance de la minería ilegal en la Cordillera del Cóndor.

Como se sabe, ODECOFROC junto a instituciones de conservación internacional, sometieron a proceso de consulta la creación de áreas naturales protegidas, llegando a un acuerdo unánime con el pueblo Awajun Wampis de crear el área total de 150,000 hectáreas como el Parque Nacional Ichigkat Muja.

Ese acuerdo fue vulnerado por el gobierno de Alan García; se recortó el área del Parque Nacional y posteriormente se otorgaron 111 concesiones mineras en la Cordillera del Cóndor. Lamentablemente, las actividades mineras han aumentado en la zona: mineros ilegales provenientes del Ecuador y una empresa minera desde Perú -la empresa minera Afrodita SAC- han venido extrayendo minerales, sin ninguna autorización, causando estragos en la zona.

En el comunicado se señala que: “Frente a esa situación, la organización ODECOFROC viene denunciando que las actividades de extracción ilícita de oro se realizan con la complicidad de ciertos funcionarios del gobierno central y regional”. Por ejemplo, se ha señala que el jefe de la Sexta Brigada de Selva, José Sosa Dulanto, habría firmado un convenio con Minera Afrodita SAC, recibiendo a cambio trimestralmente la suma de 80.000 ochenta mil nuevo soles.

Además, desde el año 2016,el Ejército Peruano habría abandonado el puesto de vigilancia Tambo, dejando todo bajo el control de Minera Afrodita. No se han realizado acciones de fiscalización e interdicción suficientes, lo que facilita que la empresa minera se mantenga en un territorio sin la autorización para llevar a cabo sus operaciones.

Frente a este abandono de la Cordillera del Cóndor, en febrero del presente año, los comuneros de Shaim, ocuparon el lugar del Tambo y expulsaron a Minera Afrodita. En el comunicado exigen que el Ministerio de Defensa realice las acciones necesarias respetando los derechos de las comunidades. Asimismo, demandan que se fiscalicen las actividades de la minería ilegal y que se protejan y respeten los derechos de la población indígena Awajun, propietaria ancestral de los territorios de la Cordillera del Cóndor.

Fuente:http://vigilanteamazonico.pe/2019/06/24/comunidades-indigenas-denuncian-avance-de-mineria-ilegal-en-el-cenepa/

Gregorio Rojas aseguró que los comuneros han cumplido con liberar el corredor minero a Las Bambas. Sin embargo, pese a ello aún no se ha solucionado el tema del fundo Yavi Yavi.

Gregorio Rojas, presidente de Fuerabamba, en Cotabambas (Apurímac), aseguró que la empresa minera Las Bambas no ha cumplido hasta hoy con ninguno de los compromisos con los ciudadanos de su comunidad.

En declaraciones a Exitosa Noticias, Rojas aseguró que los comuneros han cumplido con liberar el corredor minero a Las Bambas. Sin embargo, pese a ello aún no se ha solucionado el tema del fundo Yavi Yavi (Cusco), propiedad de la comunidad de Fuerabamba por donde cruza el camino hacia la minera.

Cabe recordar que Fuerabamba considera que se vulneró su propiedad privada al reclasificarse como vía nacional el espacio de la carretera que atraviesa el fundo Yavi Yavi, mediante una resolución ministerial.

“Yo he firmado un documento en Lima con dos actas: uno para liberar la vía del fundo Yavi Yavi y otro es el acta judicial que firmamos con la empresa. Dentro de eso tenemos otra acta del 22 de mayo que hemos firmado con la minera. Son ocho veces que nos hemos juntado con ellos y no hay ningún punto que se haya solucionado hasta hoysobre la propiedad privada del fundo Yavi Yavi” , manifestó.

“Solamente la comunidad ha cumplido con liberar la vía y los vehículos están pasando tranquilamente, pero la empresa no cumple hasta hoy y seguimos esperando el diálogo, porque queremos solucionar”, agregó.

Aseguró que la comunidad de Fuerabamba está realizando esfuerzos para solucionar este problema de una vez.

De otro lado, Rojas saludó la suspensión de los dos jueces de la provincia de Cotabambas, de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, por presuntamente vulnerar principios elementales de una correcta administración de justicia.

“Quiero saludar al jefe de la OCMA, Vicente Walde, porque se ha encontrado que los jueces Patricia Valencia y Andrés Flores estaban haciendo mal las cosas y por eso no había justicia para nosotros en Cotabambas. Por eso estábamos perseguidos y criminalizados”, puntualizó.

Fuente:https://gestion.pe/peru/bambas-minera-cumplido-ninguno-compromisos-gregorio-rojas-nndc-271390?utm_source=facebook&utm_medium=organicfb&utm_campaign=gregorio-rojas&fbclid=IwAR3RLc-kWWGGL90E2JyGU—nQFrMejy8w3ysJiUWoqvA2lzhGnbmDdoXuc

La RED MUQUI se dirige a la opinión pública nacional e internacional para manifestar lo siguiente:

1. Si bien respaldamos las medidas del gobierno para afrontar la inseguridad ciudadana que tanto nos afecta, nos preocupa el anuncio que al respecto ha realizado el Presidente de la República Martín Vizcarra en medios de prensa: “si las Fuerzas Armadas podrían ayudar en el cuidado de los activos críticos del Estado, quedarían libres muchos policías que están cumpliendo esa función para que cumplan el rol de seguridad ciudadana”.
2. Estas declaraciones visibilizan un tema presente desde noviembre 2017, cuando la Presidencia del Consejo de Ministros aprobó el Reglamento para la Identificación, Evaluación y Gestión de Riesgos de los Activos Críticos Nacionales (ACN), y el Ministerio del Interior dictó poco después la Directiva Nacional de Orden Interno para la protección de los Activos Críticos.
3. Los activos críticos nacionales son definidos por el reglamento como aquellos recursos, infraestructuras y sistemas que requieren ser utilizados para satisfacer las necesidades vitales de la Nación (salud, integridad física, seguridad, bienestar social y económico de la población, servicios públicos, etc.). El operador o administrador de un activo crítico es una entidad pública o privada. Cada sector define sus activos críticos, en función de esas necesidades vitales. Son consideradas como tales, la energía y minería y, en consecuencia, el Ministerio de Energía y Minas define activos críticos, que serían los proyectos mineros, hidrocarburíferos y de electricidad. El propósito de definirlos es gestionar su seguridad,garantizando con ello la intangibilidad o continuidad de sus operaciones,
4. Lo que quiere decir es que, por esta norma se está brindado seguridad a emprendimientos que no necesariamente tienen una finalidad pública, como ocurre con la minería, y para ello se están utilizando recursos del Estado, proporcionando seguridad a través de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas. La pregunta es si la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas deben hacerlo. Consideramos que no.
5. La finalidad principal de la Policía Nacional es garantizar, mantener y restablecer el orden interno; y el de las Fuerzas Armadas, garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial. Distorsionar sus funciones constitucionales para beneficiar a privados debilitan la democracia y puede tener consecuencias lamentables, principalmente en zonas de conflictos socio ambientales.
6. Nos preocupa que se agrave la situación de violación a derechos humanos con la figura de los activos críticos. No debemos olvidar las distorsiones y consecuencias que ha generado en zonas de conflictos mineros, la celebración de convenios de seguridad entre policía y empresa. Consideramos que la intervención de las Fuerzas Armadas en territorios dando seguridad a empresas mineras es un riesgo ya que están preparadas para otro propósito, el defender al país de una agresión externa. Añadido a ello, nos parece que asumir los costos de la seguridad privada de las empresas con personal y fondos públicos es algo que debería revisarse, más aún cuando el país tiene déficit significativo en servicios públicos.
7. Los conflictos mineros se producen no por un rechazo sin fundamento de la actividad, sino porque las comunidades y poblaciones que habitan en territorios tratados como zonas mineras, en su mayor parte no son informados debidamente sobre los proyectos mineros, no reciben asesoramiento técnico para comprender la información y tomar una decisión; no reciben apoyo del Estado como garante de sus derechos, que más bien prioriza criminalizar sus protestas y reprimirlas, sin escuchar ni entender sus demandas y propuestas.
8. En ese sentido, es evidente la presión que algunos empresarios mineros ejercen en el gobierno para que se realice el proyecto minero Tía María en el Valle de Tambo, en la provincia de Islay, Arequipa, pese a la oposición de la población que defiende su actividad agrícola, agroindustrial y agroexportadora, y sus modos de vida alternativos. Nos preocupa el riesgo que se cree un “escenario propicio” para aplicar una eventual “militarización”, pese al “diálogo” anunciado por el gobierno.

Invocamos al Presidente de la República a revisar su política para enfrentar los conflictos mineros, a fin de que ésta sea acorde con los derechos humanos, cumpla con las condiciones de un Estado democrático, y no ceda ante la presión del poder económico, priorizando la paz social y el bienestar de todas y todos los peruanos.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/891-pronunciamiento-no-a-la-militarizacion-para-abordar-conflictos-mineros?fbclid=IwAR0fKIeuzD2nOxPH6UFCDI1N55RLULKfP8A9iNWa4zPq6Bi9JK1tQ2QFwuc

Lamentablemente, la reunión del grupo de trabajo sobre el Corredor Vial Sur Andino, que estaba programada para el 26 de junio, en el distrito de Mara, en la provincia apurimeña de Cotabambas, fue suspendida. Esta ha sido reprogramada, pues los dirigentes comunales señalaron que no se dieron las condiciones previamente pactadas.

Recordemos que este grupo de trabajo forma parte de la mesa de diálogo impulsada por el Ejecutivo, tras el último estallido social en la zona de influencia del proyecto Las Bambas. El grupo sobre el corredor vial está conformado por representantes del Ejecutivo, las autoridades provinciales y distritales, dirigentes de los frentes de defensa y comunidades campesinas de la provincia y de los distritos de Mara, Haquira, Collique, Chalhuahuacho, Progreso y  Coyllurqui.

Los dirigentes cuestionaron una citación paralela que hizo el Ministerio de Transportes para una reunión informativa con presidentes comunales de Mara (reunión que en realidad había sido suspendida). También señalaron que en el acuerdo inicial se señalaba que la Ministra de Desarrollo Social, Paola Bustamante, debía coordinar con los titulares de los ministerios para la instalación de cada una de las mesas temáticas. Sin embargo, solo estuvo presente el viceministro de Transportes, Carlos Estramadoyro y funcionarios de ese sector.

Finalmente se acordó la reprogramación de las reuniones. La mesa del corredor vial ha sido reprogramada para el 4 de julio. Las organizaciones de la zona piden que se garantice la presencia de los representantes de los ministerios del Ambiente, Energía y Minas, Agricultura, Vivienda, así como del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental y el Servicio Nacional de Certificación Ambiental.

Se espera que todos los actores involucrados desplieguen todos los esfuerzos para que las mesas puedan llegar a acuerdos satisfactorios y sobre todo que los compromisos sean cumplidos.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2019/06/27/las-bambas-preocupa-la-suspension-de-mesa-de-trabajo-sobre-el-corredor-vial-del-sur/

La publicación del libro “Lavado de oro”, del criminólogo suizo y experto anticorrupción, Mark Pieth, ha puesto el foco de atención en la producción de oro ilegal en países como el Perú y la conexión con las actividades de las refinerías en Suiza.

Como se sabe, Suiza es uno de los centros mundiales de refinación de oro: como señala Pieth, “en Suiza se mueve el 70% del oro del mundo y casi la misma cantidad sale después refinado”[1]. Además, desde hace tiempo, las cifras mostraban que el principal destino de las exportaciones de oro del Perú era Suiza y todo hacía suponer que un porcentaje de ese oro producido era de origen ilegal.

Por ejemplo, durante muchos años las estadísticas oficiales del Ministerio de Energía y Minas han mostrado una diferencia entre la producción oficial de oro y las exportaciones: las exportaciones de oro superaban la producción nacional. ¿Cómo se explicaba esta diferencia? Todo indica que era por la producción de oro ilegal que al parecer, se blanqueaba en plantas procesadoras y a través de complejos y poco transparentes mecanismos de comercialización.

Algunos estudios realizados en el Perú

Víctor Torres Cuzcano remarcó en una investigación publicada por CooperAccion (2015)[2], algunos aspectos claves que deben ser considerados para entender la real dimensión de esta actividad en las últimas décadas. Por ejemplo, hasta el año 2002 el volumen de oro exportado guardaba estrecha correspondencia con el volumen producido, sin embargo, desde el año 2003, cuando precisamente se inicia el súper ciclo de precios y la cotización del oro comenzó a aumentar de manera sostenida, las estadísticas oficiales comenzaron a mostrar que el volumen de oro producido se fue distanciando del volumen exportado (ver gráfico).

Todo indica que “conforme la producción de oro se hizo más rentable, la producción ilegal e informal de este metal se volvió más intensiva. En este contexto, el exceso de volumen exportado con respecto al volumen oficial de producción registrado, constituye una buena variable proxy para estimar la amplitud de la producción de la minería ilegal…”[3].

Según los cálculos de Torres Cuzcano, de cada 100 toneladas de oro que se produjo en el Perú en el período 2003-2014, poco más de 19 toneladas provino de la minería ilegal o informal: “es más, durante 2010-2013, la producción ilegal o informal representó -en promedio- poco más de la cuarta parte de la producción total de oro de esos años” (ver gráfico) y que “el valor total de la producción ilegal o informal de oro en el Perú, registrada y no registrada, ascendió a US$15,777 millones durante 2003-2014; monto que en promedio representó US$ 1,315 millones al año”.

Estas cifras alcanzadas por la actividad mineral ilegal o informal, coinciden con las proyecciones hechas por otros estudios que señalan que entre el 2010 y 2011, las exportaciones ilegales de oro superaron a las del narcotráfico[4].

Los retos pendientes de la lucha contra la minería ilegal

La lucha contra la minería ilegal ha abierto un nuevo capítulo en este primer semestre del año: el 18 de febrero se declaró el Estado de Emergencia  en cuatro distritos de la provincia de Tambopata y un mes después se puso en marcha la denominada Operación Mercurio 2019, un mega operativo multisectorial que tiene como objetivo principal erradicar la minería ilegal y los delitos asociados a ella en la zona de La Pampa que, como se sabe, se encuentra ubicada en el área de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata.

Según declaraciones a la prensa por parte de la Ministra Fabiola Muñoz, el Ejecutivo se ha propuesto erradicar la minería ilegal en La Pampa, implementando una serie de intervenciones multisectoriales y fortaleciendo la presencia del Estado en la zona. Han señalado que, a diferencia de otros operativos, en esta ocasión han llegado para quedarse.

Habrá que observar con mayor detalle cómo seguirá avanzando la intervención en esta región del país y, sobre todo, si la determinación del Ejecutivo se mantiene y si el operativo cuenta con el respaldo y las partidas correspondientes del Ministerio de Economía y Finanzas.

Madre de Dios ocupa actualmente el sexto lugar en la producción de oro y, según las estadísticas del Ministerio de Energía y Minas, tiene una participación del 6% de la producción nacional. Sin embargo, las cifras oficiales que se manejan sobre la producción de oro en Madre de Dios, siempre hay que mirarlas con cuidado, ya que no podemos dejar de anotar que no es la primera vez que se observa que un porcentaje del oro producido en esta región no tiene identificado un destino concreto.

Por ejemplo, en los últimos años se ha notado el incremento en las exportaciones de oro de países vecinos, como Bolivia que no son importantes productores. Una hipótesis que se baraja es que parte importante del oro extraído en Madre de Dios se estaría desviando de contrabando hacia Bolivia.

Lo cierto es que las rutas del oro ilegal cambian permanentemente, precisamente para evitar controles e interdicciones y así seguir llegando a destino. A todas luces las responsabilidades son compartidas entre los países productores y los mercados de destino.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/peru-el-principal-exportador-de-oro-ilegal-a-suiza/?fbclid=IwAR3Wd0Bcoll_ggcI5qmNGfMVyeBzRS7bXWgGjUPQqyzsjQeKb4x2rxScNDg

La próxima semana, el presidente del Consejo de Ministros, Salvador Del Solar instalará la mesa de diálogo por el proyecto minero Tía María en el valle de Tambo, ubicada en la provincia arequipeña de Islay. Así lo aseguró el presidente Martín Vizcarraen una reunión sostenida con el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, en la ciudad de Lima.

Luego de este primer paso, el propio presidente de la República llegará a la provincia de Islay para dialogar con los agricultores y conocer la problemática más de cerca.

Mediante un comunicado emitido desde el Gobierno Regional de Arequipa se afirma que Cáceres Llica instó al mandatario a no propiciar que el conflicto social, iniciado en el 2011, se reavive en la zona.

“Fui enfático y claro en manifestarle (al presidente Martín Vizcarra) que mientras no exista licencia social del pueblo del Valle de Tambo no se puede dar paso a la licencia de construcción”, mencionó Cáceres Llica.

Medida cautelar

A este escenario se suma que la defensa legal de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo presentó una medida cautelar para paralizar la intención de ejecución del proyecto minero Tía María en Islay, según informó el abogado, Mario Chávez.

Hay que precisar, que en las últimas semanas los ministros de Economía, Carlos Oliva y de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, señalaron que la Licencia de Construcción de Tía María se daría esta semana al tratarse de un proyecto prioritario para el Estado, respectivamente.

Desde el 2011 al 2015, el conflicto social desatado por la desaprobación del proyecto minero en Islay ha cobrado la vida de siete personas.

Las aguas del río Tambo ya están contaminadas con arsénico y boro, sin haberse todavía realizado alguna actividad minera en dicha zona, y cuando aún hay expectativa por la aprobación de la licencia para la construcción del proyecto Tía María, según observó  el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Mollendo, Lorenzo Quea Selis.

 “Es absurdo que algunos líderes del Valle de Tambo hablen de contaminación cuando todavía no se ha iniciado el proyecto Tía María. Sin embargo, se ha descubierto que el río Tambo (Arequipa) tiene una contaminación por boro y arsénico debido a los afluentes que desembocan en el río y arrastran relaves mineros», afirmó Quea, según un reporte de Perucámaras.

El dirigente empresarial de Mollendo indicó que las autoridades saben que las aguas del referido afluente están contaminadas antes de que empiece a funcionar Tía María «y eso es lo que la gente tiene que entender”.

Añadió que hace falta la licencia social, que no es un documento, sino que pasa por la aceptación de la comunidad donde se va a desarrollar el proyecto. No obstante, advirtió que quienes protestan por dicho proyecto no son los pobladores del Valle de Tambo, sino personas de afuera, de Juliaca, Puno y Cusco, que han llegado a esa zona para alquilar chacras o realizar labores como peones agrícolas.

Considerando que el Estudio de Impacto Ambiental para el proyecto Tía María vence en agosto próximo, Quea Selis afirmó que, si el Gobierno no otorga la licencia a Tía María el proyecto se va a quedar estancado, y anticipó que eso va a originar la explotación de la zona por parte de mineros informales.

 La minería puede convivir con la agricultura y ganadería, señaló Quea, y puso como ejemplo que en Ilo el sector agrícola que está en el entorno de la fundición de cobre ha aprendido a convivir con la minería. Destacó que en los últimos años Ilo ha crecido más que Mollendo justamente porque tiene un proyecto minero que ya está en su etapa de exploración.

En Arequipa, añadió, las zonas donde está la mina Cerro Verde también están creciendo. «Estas dos regiones han aprendido a convivir con la minería y eso es lo que queremos para el Valle de Tambo”, expresó.