Largo camino. Luego de casi 10 años de protestas, pobladores de la cuenca del Llallimayo lograron el fin de las operaciones de empresa por contaminar aguas.

Tuvieron que pasar más de 10 años, para que el Gobierno central les dé la razón a los pobladores de la cuenca del Llalimayo. Estos responsabilizaban a la empresa Aruntani SAC de contaminar el agua y el suelo en las provincias de Lampa y Melgar.

Ayer las autoridades de Puno se reunieron con representantes del Gobierno; en la cita, se acordó el cierre definitivo de la unidad minera Arasi y declarar improcedente el proyecto de la unidad minera Carlos Este, ambas de propiedad de Aruntani. Además, no podrá procesar oro ni utilizar el cianuro u otros elementos químicos. Para evitar que la minera siga operando, la Fiscalía lacró todas las instalaciones.

La decisión se dio, luego que la población de la provincia de Melgar acatara desde el pasado lunes un paro indefinido. La protesta se radicalizó ayer porque los gremios de San Román y Puno se sumaron a la medida de lucha.

El paro fue total en la ciudad de Juliaca; desde las primeras horas, se bloquearon vías. Mientras tanto, en Puno, hubo movilizaciones. En estas, además, se pidió la nulidad de la licencia del proyecto Tía María en Arequipa.

Reunión

La noticia del fin de las operaciones de Aruntani fue confirmada la tarde de ayer, luego de una reunión en Lima entre el alcalde provincial de Melgar, Esteban Álvarez Ccasa; los burgomaestres distritales de Cupi, Marcelino Surco Quispe; de Llalli, Juan Rojas, y de Umachiri, María Apaza, y el Ejecutivo.

La cita se concretó en Palacio de Gobierno con los ministros del Ambiente, Energía y Minas, y Vivienda, además del viceministro de Agricultura. Asimismo, estuvieron el gobernador de Puno, Walter Aduviri, y los congresistas Alberto Quintanilla, Edilberto Curro y Oracio Pacori.

Lucha de años

En 2016, tras repetidas jornadas de protesta, se instaló la primera mesa de diálogo para abordar la problemática ambiental. Fue un largo proceso, para que en primera instancia se reconozca la contaminación y, luego, se identifique al agente contaminante.

Ahora quedan pendientes la recuperación ambiental y la atención de salud a los afectados, teniendo en cuenta que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) confirmó la presencia de metales pesados en el agua, suelo y sedimentos.

En todo este periodo de reclamos, representantes de la minera nunca acudieron a las mesas de trabajo, actitud que, para los lugareños, obedecía a que sus actividades eran anómalas, porque nunca se habría comunicado ni socializado el Estudio de Impacto ambiental (EIA).

Seguirán en la zona

El presidente del Comité de Lucha por la Defensa de la Cuenca del Llallimayo, Edwin Díaz, dijo que continuarán con su paralización hasta el viernes 26 de julio. Esperan la llegada de los ministros con el documento que disponga el cierre definitivo de Aruntani.

Para esa fecha, también se prevé la implementación del plan de trabajo y la indemnización a la población afectada.

Movilizaciones en Moquegua y Tacna

En Moquegua, organizaciones acatarán hoy y mañana un paro de 48 horas contra el proyecto Quellaveco de la empresa Anglo American. La acusan de contaminar el agua y el ambiente. El dirigente Óscar Zeballos dijo que no le han comprado en gran volumen a empresas locales ni han priorizado a personal local.

El secretario de Defensa de la CGTP en Tacna, Isaac Contreras, convocó para hoy una movilización contra el proyecto Tía María. Además, recalcó que Tacna reclamará una mesa técnica para la provincia de Candarave. La población pide el fin de la licencia de agua que tiene Southern en su territorio.

Fuente:https://larepublica.pe/politica/2019/07/25/gobierno-ordena-cierre-de-minera-aruntani-en-puno/?fbclid=IwAR08NCiU-gvPj9zF5UcKOJ9wrFdAirdhuEWVplKN9V90pVyNzRcTKZtbuKY

Con joven son ocho los detenidos desde el inicio del paro indefinido contra Tía María. Intervención se dio entre el reclamo de familiares y pobladores que terminaron siendo amedrentados con bombas lacrimógenas.

En medio de lágrimas y reclamos, Cristian Quispe Torres (26) fue detenido la tarde de este viernes en el distrito de Cocachacra (Islay), durante el paro contra el proyecto cuprífero Tía María.

El joven fue llevado por efectivos de la Policía Nacional al cuartel de Chucarapi para luego ser trasladado a Arequipa, donde se unirá a los otros cinco detenidos Carlos Enrique Huamán Vargas (44), Manuel Cuno Parancco (53), Edwin Cuno Parancco (30), Remigio Quispe Mendoza (47) y un menor (16) de la provincia de Islay. Otros dos permanecen detenidos en la provincia de Camaná, Jesús Flores Chipana y Andersón Arizmendi Paredes.

Con Quispe, suman ocho en total las personas detenidas durante los enfrentamientos por el conflicto social que afronta la región de Arequipa y que ha ocasionado el bloqueo de vías y constantes manifestaciones en las diferentes provincias.

Policías enmarrocaron y llevaron al joven de 26 luego de que presuntamente causó disturbios en el lugar del conflicto, en la carretera de ingreso a Cocachacra. En el sector se han apostado cientos de protestantes que desde hace días se enfrentan a los agentes de control en su intento por restringir el tránsito.

Familiares y varios pobladores cuestionaron a los efectivos por la intervención. Señalan que Quispe no hizo nada y solo se encontraba en el lugar ayudando a tu tía a vender papas. En medio de los reclamos, los policías habrían lazando bombas lacrimógenas a los pobladores, cosa que causó la indignación de las personas que calificaron de abusivos y vende patria a los agentes.

NVESTIGACIÓN

El Ministerio Público de Arequipa informó que los protestantes fueron detenidos por el presunto delito de entorpecimiento del transporte público. El fiscal Abdón Saca Soto de la Fiscalía Provincial Civil y Familia de Islay dispuso tomar la declaración de los detenidos y pasen reconocimiento médico legal en la ciudad de Arequipa, entre otras diligencias para esclarecer lo ocurrido. Asimismo, los detenidos de Camaná pasarán las mismas pruebas en Camaná y en 48 horas se determinará su situación legal.

La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa investiga a los responsables de las lesiones de los efectivos Eleuterio Cutimbo Turpo, Víctor Moron Chávez y Rodolfo Condori Maque, heridos durante los enfrentamientos; al igual que de Carla Gamarra Cerecede (29), una estudiante de la Unsa que recibió el impacto de perdigones durante una manifestación en la ciudad de Arequipa.

Fuente:https://larepublica.pe/sociedad/2019/07/26/arequipa-detienen-a-octavo-manifestante-en-enfrentamiento-por-paro-contra-tia-maria-videos/?fbclid=IwAR1oCUOu0gHfLOvDfiRYgn_kCMGR5enag7SMRHOfwVTog5A907xvQKAcy0Q

En mensaje grabado se dirigió a los arequipeños para comunicar anulación y pedir la renuncia del ministro de Energía y Minas

En mensaje dirigido a la región Arequipa, el gobernador Elmer Cáceres Llica, anunció que ha firmado la nulidad de la resolución regional que le otorgaba a la empresa Southern un derecho de servidumbre. Eran 49 hectáreas de propiedad del gobierno regional que fueron destinadas a ese fin, lo que posibilitaba las operaciones del proyecto minero Tía María.

Las razones que mencionó son:

En primer lugar, un ecosistema frágil como las Lomas de Cachendo, que estaría siendo afectado en más de 800 hectáreas y se trata de una zona protegida.

En segundo lugar, habló de la planta desalinizadora que no cuenta con autorización, ni con Estudio de Impacto Ambiental, por lo que no podría implementarse.

En tercer lugar, mencionó que parte de los terrenos destinados a la ejecución del proyecto son de propiedad del gobierno regional. Por tanto, no autorizará que se instalen allí y no tiene autorización de uso superficial.

Finalmente, mencionó que insistirán en el recurso de revisión de la resolución que otorga la licencia de construcción al proyecto Tía María, que se ha presentado ante el MINEM.

Además, refirió que le ha pedido al presidente que retire la policía y no cause muertes ni violencia en el valle de Tambo. Que vaya allá y hablé con el pueblo.

Luego de firmar la resolución anulando la resolución de servidumbre, solicitó la renuncia del ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes. La razón es haber firmado una licencia con deficiencias legales y técnicas.

Fuente:https://elbuho.pe/2019/07/gobernador-elmer-caceres-llica-anula-servidumbre-para-proyecto-tia-maria-video/?fbclid=IwAR3_Ji8VqezcU_TabQ5HdI6_YdB14yGgOrmVhx0KfmKwj1METCrNmNlogZU

La ministra de Salud, Zulema Tomás Gonzales, estuvo en la provincia cusqueña de Espinar para ser parte de la Mesa de Diálogo, que esta vez abordaba la sub-mesa del eje de salud, ambiente, saneamiento y residuos sólidos. En este espacio participaron autoridades regionales, locales, funcionarios del Ejecutivo y dirigentes de organizaciones sociales. Uno de los acuerdos más importantes para los asistentes fue el compromiso de atención especializada a personas afectadas por metales tóxicos a partir de agosto del presente año.

La ministra anunció que, a más tardar, desde la tercera semana de agosto llegarán hasta Espinar un equipo de médicos especialistas para brindar Atención Integral Especializada a las personas afectadas por metales pesados. Sin embargo, desde mañana, se empezaría con atención priorizada a las personas que requieran una atención urgente.

Por otro lado se acordó la realización de monitoreos de calidad del agua en la zona urbana y en las comunidades, del 19 al 23 de agosto. También se anunció la construcción del Hospital a partir de octubre del 2019, y desde la sociedad civil se conformará un comité de vigilancia para fiscalizar la obra.

Después de varias horas de debate, también se tomaron acuerdos en materia ambiental, saneamiento y gestión de residuos sólidos (Ver Acta). La próxima reunión se realizará el 15 de agosto, hasta la fecha la Comisión Ambiental Municipal convocará al OEFA para que informe sobre las acciones de fiscalización a las empresas mineras Brexia Gold Plata y Antapaccay.

Fuente:https://derechosinfronteras.pe/espinar-ministra-de-salud-se-compromete-a-atender-a-personas-afectadas-por-metales-toxicos/

La Presidencia de la Conferencia Episcopal Peruana ha expresado recientemente que el diálogo es el mejor medio para alcanzar y garantizar la paz social. Desea manifestar también que, así como el intercambio honesto y transparente de posiciones colabora con solucionar conflictos, pensamos que la responsabilidad de los actores permitirá darles una salida pacífica a situaciones como la de Tía María, en Arequipa, la del derrame de petróleo en Datem del Marañón, en Loreto, entre otros.

1. Las empresas tienen la responsabilidad de buscar el crecimiento económico sostenible en armonía con la equidad social, especialmente con comunidades originarias y el cuidado del medio ambiente; del mismo modo, deben absolver cualquier tipo de dudas y temores en torno a sus actividades extractivas, y colaborar en el establecimiento de canales de diálogo, con transparencia y honestidad. La lógica de la rentabilidad no puede oponerse a su responsabilidad para con la vida digna de las poblaciones de influencia directa o indirecta de sus proyectos y el medio ambiente.

2. Los gobiernos regionales y locales deben tener vocación al diálogo. Están llamados a tutelar el ambiente de sus comunidades y a trabajar arduamente por el mejoramiento de la calidad de vida de sus ciudadanos. Los primeros llamados a trabajar en esta tarea son ellos, más allá de cualquier acción de responsabilidad social por parte de las empresas privadas.

3. Al gobierno nacional le cabe promover el desarrollo integral, institucionalizar las mesas de diálogo y velar por el cumplimiento de todos los acuerdos, dentro de un diálogo equitativo y bien informado, garantizando la compatibilidad de la actividad empresarial con la sostenibilidad social y ambiental. Esto pasa por crear mecanismos de vigilancia y supervisión en los que participen el mismo Estado y las comunidades afectadas. La construcción de confianza está estrechamente vinculada a la verdad, a la fiabilidad mutua y al rol que cumpla un Estado neutral y garante de derechos.

4. El compromiso de las comunidades es participar y opinar con responsabilidad y libertad, teniendo en cuenta no solo el bien propio sino el bien común de la región y del país. Al mismo tiempo que poseen el legítimo derecho a la protesta, dentro del marco legal deben asegurar que sus manifestaciones sean pacíficas, sin alterar el orden público, y sin obstaculizar el normal funcionamiento de la vida social en la región. Es su responsabilidad mantenerse abiertas a un diálogo sin posiciones extremas, evitando conflictos y facilitando el desarrollo integral.

El bien común y el desarrollo sostenible son frutos de la responsabilidad de todos los actores sociales y en definitiva de todos los peruanos, como nos invita la Sagrada Escritura, que “tengan vida y vida en abundancia” (Juan 10,10).

Fuente:https://derechosinfronteras.pe/conferencia-episcopal-peruana-la-rentabilidad-no-puede-oponerse-a-la-vida-digna-de-las-poblaciones/?fbclid=IwAR2m1cVawywarf904lSaSr9Xtw4aMFgiBMI-u66VlKUo3GqDH56_CG3Zz6A

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/914-mision-de-derechos-humanos-realizo-acciones-en-valle-de-tambo?fbclid=IwAR2sSxTSi1GR7j1JG5ax3PKkOM3BXgxTTZILocWApBbQyRa3X2Kl_QV5x9M

El gobernador regional de Arequipa aseguró que buscarán el apoyo de organismos internacionales para cancelar la licencia de construcción del proyecto Tía María.

El gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres, manifestó este jueves que las huelgas en contra del proyecto Tía María se van a intensificar e incluso podrían sumare más ciudades del sur del Perú.

“Les pedimos al presidente y a las autoridades que reflexionen. Son 4 días de huelga y no sabemos qué va a pasar. Esto se va a intensificar, se sumarán más pueblos y puede sumarse todo el sur de Perú. El gobierno regional de Tacna dijo que no debería ir Tía María y el de Moquegua también señaló su rechazo a esta construcción”, agregó Cáceres.

Durante una conferencia de prensa en el Congreso de la República, Cáceres señaló que no podría ser posible dialogar, debido a que la licencia de construcción ya fue otorgada a la empresa Southern.

“ Si se ha otorgado la licencia de construcción, ¿de qué vamos a dialogar? Exigimos, como región de Arequipa, que se anule la licencia de construcción. Si se anula, ahí podemos sentarnos. Mientras no se anule, de qué vamos a conversar”, sostuvo.

Dijo que en la zona en donde se construirá el proyecto minero se encuentra Loma Cachendo, una zona ecológica protegida. Además, explicó que mañana las autoridades de la región Arequipa presentarán un recurso de revisión ante las autoridades correspondientes.

Fuente:https://gestion.pe/peru/politica/elmer-caceres-huelgas-tia-maria-intensificaran-sur-sumarse-nndc-273515

Sin embargo, Southern Copper asegura que en el EIA aprobado por el Minem en el 2014 levantó todas las observaciones que Unops hizo al proyecto.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) aprobó, en agosto del 2014, el segundo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por la empresa Southern Copper para la construcción del proyecto minero Tía María. Sin embargo, la ONG Cooperacción sostiene que las organizaciones sociales lideradas por las Juntas de Usuarios de la zona de influencia contrataron a una serie de profesionales que formularon observaciones al EIA.

Según indica dicha organización, estos profesionales concluyen que no se levantaron en su totalidad las 138 observaciones emitidas por la Unops al primer EIA, que es la base del segundo, y advierten de riesgos adicionales.

Por ello, Cooperacción señala que no queda claro si pueden convivir en un mismo territorio las actividades económicas actuales del valle (agricultura, ganadería y pesca) y la minería.

Las observaciones que estos profesionales hacen son:

1. Canales de agua

La población del Valle del Tambo necesita del agua del río Tambo y de sus canales para realizar sus actividades. El flujo de agua en el canal La Ensenada-Mejía-Mollendo muestra una tendencia de decrecimiento de 3m3/s, que estaría influenciado por el Proyecto Pasto Grande. En tanto, dicho río tiene altas concentraciones de sólidos suspendidos, cloruros, aluminio, arsénico y plomo en periodos de estiaje, por lo que deviene en agua de mala calidad para el consumo humano y para la agricultura. Agravar esta situación sería un gran problema para el valle. Se debe tener en cuenta que los componentes mineros se ubicarán en varias quebradas: Posco o Rosa María, Salinas, Cachuyo, Chuli, Quialanque y tres quebradas sin nombre.

2. Dirección de los vientos

Además, se indica, están los riesgos de dispersión del polvo, que proviene de un yacimiento con sulfuros, por lo que resulta importante estudiar la dirección de los vientos. Si bien, los vientos en dicha zona van de manera predominante hacia el Nor-Este, esa tendencia varía (hacia el Sur-Este) en las diferentes estaciones del año y entre el día y la noche por la presencia de los vientos locales (brisas marinas). Según se señalan, esto no se encuentra suficientemente estudiado, por lo que las partículas PM10 y PM2.5 podrían llegar hasta el valle y depositarse en aguas superficiales, suelos y cultivos.

3. Ubicación de planta

En las observaciones de la Unops de los numerales 142 y 143, indicó su preocupación por la ubicación de la planta de chancado primario de La Tapada, debido a su proximidad al Valle Tambo y de los depósitos de desmonte de La Tapada y Tía María, ya que se encuentran en una quebrada que incide en el poblado de Cocachacra y sobre el río Tambo, por lo que expresó su preocupación por los posibles cambios en la calidad del aire y recomendó reubicar la planta de chancado primario y el depósito de desmonte del tajo de La Tapada, algo que “solo se movió ligeramente”, señala el listado de observaciones de los especialistas consultados, que dio a conocer Cooperacción.

4. Monitoreo del aire

Por otro lado, cuestionan el número (solo cuatro) y ubicación de las estaciones de monitoreo del aire y muestreos realizados. Estas se encuentran a 400 metros de las oficinas administrativas de la empresa, a 800 metros del poblado de Cocachacra camino al ingenio Obando, a 200 metros de la plaza del poblado La Ensenada y a 100 metros de la orilla del mar, en el área donde se construirá la planta desalinizadora. “No existe estación de monitoreo en el valle, el poblado El Fiscal (algo que fue recomendado por Unops, indican), el poblado de Chucarapi, los tajos, las plantas chancadoras, entre otros, lugares en donde se podrían generar serias afectaciones”.

5. Polvo

Adicionalmente se sostiene que el EIA no toma en cuenta el potencial contaminante del polvo que proviene de un depósito de sulfuros, que podría generar drenaje ácido de roca (DAR) ante neblina estacional o el Fenómeno El Niño. El drenaje ácido de roca tiene el potencial de introducir acidez y metales disueltos en el agua, lo que puede ser perjudicial para los peces y la vida acuática.

6. Depósitos en quebradas

Los depósitos de desmontes provenientes de los tajos La Tapada y Tía María estarán ubicados en la Quebrada Cachuyo, que es perpendicular al río y al Valle de Tambo y en pendiente. Además, el depósito de sulfuros se encuentra aledaño al yacimiento La Tapada, en quebrada y en pendiente, y su drenaje igualmente va en sentido de la pendiente y con dirección al río Tambo. La ubicación de dichos depósitos podría generar drenaje ácido de roca, según una observación de Unops. “Estos depósitos no se han movido de esas quebradas, según lo indica el nuevo EIA, por lo que podríamos decir que la observación de Unops se mantiene”, se advierte.

7. Lluvias

En el EIA también se afirma que no hay riesgo de generación de aguas ácidas porque las lluvias son de tan solo 2.36 mm/año. Sin embargo, se indica, no se toma en cuenta que la humedad relativa de la zona del tajo La Tapada se encuentra entre el 50 a 80% durante el año.

8. Canal La Ensenada-Mejía-Mollendo

Según el documento elaborado por Cooperacción dicho canal está expuesto a caídas de roca en contextos de voladuras simultáneas (en un determinado momento los tajos de La Tapada y Tía María, se explotarán simultáneamente) y de activación de la falla geológica Yanamayo que atraviesa en forma perpendicular el área donde se ubican los dos tajos. Esto no habría sido considerado en la evaluación de los impactos ambientales.

9. La Tapada y Tía María

En dichos yacimientos hay presencia de sulfuros. Cuando se exploten ambos tajos, existe el riesgo de generar aguas ácidas cuando entren en contacto los sulfuros y la napa freática. En promedio desde la cota 229 msnm hacia abajo, el acuífero puede entrar en contacto con la capa de sulfuros del tajo de La Tapada. Unops recomendó en el numeral 185 la cuantificación del potencial de drenaje ácido de roca, cuando los tajos se encuentren explotando las áreas de sulfuros y ripios, y tomen contacto con aguas subterráneas.

10. Aguas subterráneas

Otra preocupación es la posible conexión de las aguas subterráneas de la zona de los tajos con el río Tambo. Señalan que la gran discusión es si el acuífero es fracturado o no.

11. Demanda de agua

En el EIA se menciona una demanda nominal de agua de 847m3/hora y luego se menciona otra de 1049.5 m3/hora, lo que implicará una modificatoria posterior de las plantas desalinizadoras.

12. Desalinizadora

El EIA se aprobó sin que la planta desalinizadora contara con un estudio de ingeniería a nivel de factibilidad que permitiera determinar sus impactos.

La respuesta de Southern 
Al ser consultada por Gestion.pe sobre estas observaciones, la empresa Southern Copper aseguró que en su segundo EIA subsanó cada una de las observaciones de la Unops a su primer EIA, puesto que la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) del Minem lo aprobó en agosto del 2014.

Fuente:https://gestion.pe/economia/tia-maria-son-cuestionamientos-ambientales-opositores-proyecto-273559?fbclid=IwAR19Qu4lI13ncu35UL6RYh9Pg84slf0v-SYo1l9iWVv47OOaMFFgwtWNxpU

El proceso para la creación del Área de Conservación Regional (ACR) Ausangate, en Cusco, se ha visto interrumpido por la presencia de nuevas concesiones mineras en su territorio. El problema además es que este obstáculo ha surgido cuando la designación de la ACR estaba a punto de ser discutida en la Presidencia del Consejo de Ministros, último paso antes de la declaratoria oficial del área protegida.

Hoy el territorio reservado con fines de conservación por el Gobierno Regional del Cusco está en conflicto con ocho concesiones mineras y nueve pedidos más pendientes para los mismos fines, que se superponen con el área protegida y que han sido otorgados por el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet), que depende del Ministerio de Energía y Minas.

Los 17 denuncios mineros ocupan en total de 13 400 hectáreas, de las cuales 6295 se encuentran superpuestas con el territorio solicitado para el ACR Ausangate. Además, dos de ellas están ubicadas sobre el nevado Quelccaya, el glaciar tropical más extenso del mundo, precisa Ronald Catpo, director de Áreas para Conservación de la institución Conservación Amazónica (ACCA).

“Nos ha causado extrañeza que se presenten estas concesiones cuando estábamos ad portas de obtener la conformación de la ACR. Teníamos la propuesta en marcha y eso lo conocía el Ministerio de Energía y Minas”, dice María Ysabel Cazorla, gerente de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Cusco.

Concesiones sobre el Quelccaya

No es la primera vez que las concesiones mineras generan conflicto en Cusco. En marzo del 2018, el cerro Vinicunca, conocido como la Montaña de Siete Colores, un atractivo turístico muy visitado por peruanos y extranjeros, fue entregado en concesión a la empresa minera Minquest Perú S.A.C., subsidiaria de la canadiense Camino Minerals. El denuncio minero abarcaba 400 hectáreas entre los municipios Cusipata y Pitumarca, y en la mitad se ubicaba el colorido cerro.

Meses después, la empresa renunció a sus derechos sobre la concesión y el gobierno peruano se vio en la obligación de anular el permiso minero, tras un fuerte rechazo de la opinión pública frente a la entrega de la famosa montaña.

Ahora, el Gobierno Regional del Cusco ha notificado al Ministerio de Energía y Minas (Minem) su disconformidad por esta nueva decisión de conceder permisos mineros en un lugar destinado a la conservación. “Estamos esperando una respuesta de Energía y Minas. También nos hemos reunido con la ministra del Ambiente –Lucía Ruiz Ostoic– a quien manifestamos nuestra preocupación”, señala Cazorla.

El peor de los escenarios –dice Cazorla– sería que se consoliden las concesiones en esta área en la que hay nevados y glaciares. Por eso espera que el proceso se revierta y que el ACR Ausangate, finalmente, se concrete después de más de 10 años de espera.

De los 17 pedidos mineros que se han presentado, ocho han sido titulados entre noviembre de 2018 y mayo de este año. El resto aún figura como solicitudes para concesión.

Ronald Catpo, de Conservación Amazónica (ACCA), explica que el área sobre la que se superponen estas concesiones corresponde al territorio de la comunidad campesina Phinaya y parte de la masa glaciar del nevado Quelccaya. “Una actividad extractiva aceleraría la desglaciación en el Quelccaya. También ocasionaría la contaminación de los bofedales y humedales de esta zona, ricos en pastos para las vicuñas y las alpacas”.

Catpo recuerda que en el Quelccaya habita la diuca aliblanca (Diuca speculifera), un ave que hace sus nidos en plena masa glaciar. Además, menciona que en esta zona también se encuentra al gato andino (Leopardus jacobita), el felino más amenazado del continente.

La propuesta de la creación del ACR Ausangate lleva más de diez años de espera. En el 2008, el Gobierno Regional del Cusco eligió este sector para convertirlo en una zona de protección, pero hasta ahora no se ha concretado.

La propuesta inicial ha sido modificada en varias oportunidades. Inicialmente eran 130 000 hectáreas que estarían destinadas a la conservación. Pero en el 2017, la ONG Conservación Amazónica encontró 50 concesiones mineras tituladas en el territorio propuesto para el ACR Ausangate.

Tras el proceso de consulta previa, algunas comunidades decidieron no apoyar la propuesta de la nueva ACR y el territorio aprobado se redujo a 81 000 hectáreas que incluía a las comunidades de Sallani y Phinaya, esta última a solicitud de los propios comuneros. Y es justamente en el territorio de esta última comunidad donde ahora aparecen las nuevas concesiones.

En un documento escrito enviado a Mongabay Latam, la Dirección de Concesiones Mineras de Ingemmet indicó que el “otorgamiento de concesiones mineras en el Perú no constituye ningún tipo de impedimento para la creación del ACR ni de ningún otro tipo de Área Natural Protegida”.

Ingemmet también precisó que las concesiones mineras se otorgan con “limitaciones y condicionamientos legales, que exigen la elaboración de proyectos mineros y la aprobación de su viabilidad ambiental”.

Cazorla señala que la entrega de estas concesiones originó que el expediente sea observado cuando ya estaban cerca de que se obtenga la declaración. “Ingemmet no nos informó que tenían estas solicitudes. Eso significó un retroceso cuando a estas alturas ya deberíamos contar con la aprobación de área reservada”.

Fuente:https://mongabay-latam.lamula.pe/2019/07/18/cusco-creacion-del-area-protegida-ausangate-peligra-por-presencia-de-nuevas-concesiones-mineras/mongabaylatam/