19/12/2024
Desde el Geoportal de CooperAccion hemos llamado la atención sobre la evolución del número de hectáreas concesionadas en todo el país. En las tres últimas décadas, hemos hecho un seguimiento riguroso, identificando momentos de expansión, retrocesos y nuevas etapas de crecimiento.

Hay algunos departamentos que en la actualidad tienen más del 50% de su territorio ocupado por concesiones mineras. Siempre es bueno precisar que esto no quiere decir que toda esa área otorgada se va a convertir en una operación minera; sin embargo, las concesiones son derechos mineros vigentes, otorgados por el Estado peruano, que terminan presionando el territorio y a los propietarios de la superficie.

En todos estos años hemos encontrado situaciones que podríamos calificar como absurdas. Algunos ejemplos: concesiones mineras otorgadas en el santuario nacional Tabacones Namballe (que en principio es intangible) o en la mundialmente famosa Montaña de 7 colores o Montaña Vinicunda, en Cusco, entre varios otros casos. En algunos de los ejemplos mencionados, nuestras denuncias lograron que las concesiones mineras fueran anuladas. Recientemente, hemos descubierto que el 60% del reservorio de Poechos, en Piura, está ocupado por concesiones mineras.

El reciente conflicto en torno a la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y las demandas de los propios pequeños mineros (informales e ilegales), también ha colocado sobre la mesa el tema de la concentración de las concesiones mineras: frente a la propuesta del ahora exministro Rómulo Mucho de crear zonas especiales para la pequeña minería y la minería artesanal, las asociaciones de mineros han señalado que ya no hay espacio porque todo está concesionado: en la actualidad son algo más de 20 millones de hectáreas ocupadas por derechos mineros a nivel nacional en las zonas con mayor riqueza geológica y apenas 15 empresas concentran el 80% de estas concesiones.

En realidad, lo que se ha producido, desde la década del 90 del siglo pasado, es un proceso de acaparamiento de tierras nunca antes visto, a través de la política de concesiones: empresas de todo tamaño e incluso personas naturales que controlan concesiones mineras, subarriendan a terceros a cambio de un pago, regalía o la entrega de una parte de la producción. Muchos de estos convenios terminan en disputas que se resuelven en varias zonas de manera violenta.

En la propuesta del exministro Rómulo Mucho se hablaba de entregar cuadrículas y que las concesiones mineras sean intransferibles, para que sean explotadas únicamente por el titular. Puede ser una pista. Se tienen que analizar diversas alternativas y hacer varios ajustes a la política de concesiones mineras para quebrar el acaparamiento extremo que se presenta en la actualidad.

Newsroom Infobae 18/12/2024

Lima, 18 dic (EFE).- La minería ilegal en Perú tiene contactos y relaciones políticas en el Congreso, que apuntan a «fortalecerse» en los próximos años, e incluso le está disputando territorio a la gran minería formal en el país, según ha denunciado este miércoles el Observatorio de Conflictos Mineros.

«Es un sector que tiene contactos y relaciones políticas en el Congreso y todo indica que va a fortalecerse», ha declarado el investigador de la organización CooperAcción, José de Echave, durante la presentación del informe número 35 del Observatorio de Conflictos Mineros.

Ha añadido que, paradójicamente, el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) «ha permitido la incorporación de mineros ilegales», al convertirse en «una ventana que ha permitido que se inscriban».

Esa situación se debe a que el Reinfo abre un largo proceso de formalización que les permite seguir con sus actividades extractivas.

De Echave ha afirmado que «es evidente que el avance de este tipo de minería es fuente importante de conflictividad social» e incluso está «disputándole territorio a la gran minería».

En tal sentido, ha recordado los conflictos sociales y actos de violencia en las regiones de Amazonía, Cajamarca, Pataz, así como las provincias altas de Cuzco y Apurímac, con alta presencia de lavaderos de oro.

Además, De Echave ha denunciado la «trágica» lista de defensores medioambientales asesinados, en torno a las 40 víctimas, por enfrentarse a las mafias de tala, narcotráfico y minería ilegal.

A su vez, la abogada de la organización Grufides y ex primera ministra, Mirtha Vásquez, ha dicho que «el Estado no está invirtiendo en hacer un diagnóstico sobre la escasez del recurso hídrico» en regiones como la norteña Cajamarca, donde la minera Yanacocha produce el 12 % del oro del país.

Esta región ha pasado, en el último semestre, con «el nivel de escasez de agua nunca antes visto», al punto que «la municipalidad ha tenido que abastecer con cisternas a la ciudad de Cajamarca».

Vásquez ha atribuido la escasez de agua en esa región a la actividad minera de Yanacocha, dado que está localizada en una cabecera de cuenca y tiene que bombear agua para que se pueda captar este recurso en la planta de tratamiento de la ciudad.

La abogada ha indicado que con la ampliación del plazo del Reinfo, la Fiscalía no va a poder frenar este tipo de actividades y los mineros ilegales «empiezan a generar una dinámica de mucho ataque contra los defensores ambientales y rondas (vigilantes) campesinas» en varios sectores de Cajamarca.

Por su parte, el director de la organización Fedepaz, David Velazco, ha recordado los casos de dirigentes y manifestantes procesados y sentenciados por haberse opuesto a proyectos mineros en Arequipa, Piura y Apurímac en los últimos años.

Velazco ha manifestado que «no existe ni una sola prueba» que acredite la acción penal contra dos dirigentes condenados por las protestas contra el proyecto minero Tía María, de la empresa mexicana Southern Copper.

«Se intenta hacer escarnio en los dirigentes y que se eviten» otras acciones de protesta, ha comentado el representante de Fedepaz.

Ha agregado que también hay once manifestantes condenados por las protestas contra el yacimiento cuprífero de Las Bambas, en Apurímac, con ausencia de pruebas y sentenciados presuntamente por «motivación de tipo político y no jurídico».

Igualmente, Velazco ha mencionado que, desde hace 15 años, existen 54 personas procesadas por haberse opuesto al proyecto Rio Blanco en Piura.

«Estos son un claro ejemplo de cómo hay una absoluta precariedad para que estas personas desarrollen su actividad de defensa» del medioambiente, ha expresado.EFE
https://www.infobae.com/america/agencias/2024/12/18/observatorio-advierte-del-avance-de-mineria-ilegal-en-peru-con-el-respaldo-politico/

José De Echave C.
17/12/2024
Desde la creación del geoportal de CooperAccion y el continuo monitoreo de la evolución de las concesiones mineras en el país, hemos encontrado situaciones que podríamos calificar como absurdas. Algunos ejemplos: concesiones mineras otorgadas en el santuario nacional Tabacones Namballe o en la mundialmente famosa Montaña de 7 colores o Montaña Vinicunda, en Cusco. En algunos casos, nuestras denuncias lograron que las concesiones mineras fueran anuladas.

En esta ocasión queremos llamar la atención de que el geoportal de CooperAccion muestra que el reservorio de Poechos, la obra hidráulica más importante construida en el cauce de un río (el Chira) y fundamental para la provisión de agua en esa parte del país, está en gran medida concesionado para minería. Esto es aún más grave cuando vemos la sequía histórica que enfrenta Piura, situación que tenderá a agravarse cada vez más debido al cambio climático.

Poechos se ubica en el distrito de Lancones, provincia de Sullana. Como se puede apreciar en el primer mapa, el 16.3% del distrito de Lancones está concesionado, pero una aproximación a la imagen del reservorio (segundo mapa) muestra que las concesiones mineras ocupan el 60.6% de Poechos.

Cabe recordar que Poechos entró en operación el año 1976 y desde entonces permitió almacenar los excedentes de agua del río Chira durante el período de lluvias para regularlos y de esa manera satisfacer la demanda de los valles del Medio y Bajo Piura y Chira, además de abastecer el consumo de agua de la población. El impacto de Poechos en todo este tiempo ha sido notable en la agricultura de la región Piura, permitiendo el aumento significativo de las áreas cultivables y hasta dos campañas agrícolas por año.

Por eso, llama la atención que una obra de infraestructura hídrica de esta magnitud sea concesionada para la minería; más aún en una zona como Piura donde el agua es un bien escaso.

¿Cuál es la explicación? Varios expertos señalan que, desde la inauguración de Poechos, no se le ha hecho descolmatación alguna y, como consecuencia, el 60% del reservorio estaría con sedimentos (una suerte de lodo aluvial acumulado). Desde hace varios años se maneja la información de que esos sedimentos tendrían una composición importante de minerales, sobre todo oro. Incluso, hace unos años, el expresidente Kuczynski señaló que en Poechos se tenía reservas de oro más importantes que en Yanacocha: se habla de 580 millones de metros cúbicos de lodo acumulado y proyecciones de un gramo de oro por metro cúbico.

Al margen de cuán ciertas sean estas afirmaciones y de cuánto oro realmente hay en Poechos, lo que sí se puede confirmar es que, en la actualidad, gran parte de este reservorio está ocupado por concesiones mineras. Al parecer, son dos personas naturales las que tienen la titularidad de las concesiones en Poechos: Juan Carlos Ramírez Larizbeascoa y Juan Carlos Ramírez Malatesta.

¿Tiene sentido poner en riesgo uno de los más importantes reservorios de agua del país, que es determinante para abastecer de agua a una región como Piura? Sacamos este tema a la luz para que la población esté informada e insistimos en la necesidad de discutir la política de concesiones mineras en el Perú. Nadie discute la necesidad de llevar adelante un proceso de descolmatación de Poechos. Sin embargo, entregar concesiones mineras en el reservorio es un despropósito.

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12/12/2024
El Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha presentado un revelador informe sobre los retrocesos en la protección de los pueblos indígenas y sus territorios.

Mineros ecuatorianos han ingresado a territorio peruano, con maquinaria pesada, generan un foco de conflicto social y de pérdida de control territorial.

El 11 de diciembre se cumplen dos años desde las primeras muertes en el sur andino, resultado de la represión estatal durante las movilizaciones sociales contra el gobierno de Dina Boluarte. Las víctimas eran de origen indígena, y estos eventos fueron el preludio de un pacto de impunidad entre el Ejecutivo y el Congreso, que resultó en la concentración del poder político en este último.

En el contexto de esta crisis, se presentó el informe «Posicionamiento político del Grupo sobre Pueblos Indígenas de la CNDDHH frente a la situación de los pueblos indígenas u originarios en el Perú». Este documento, que se elabora anualmente, fue enviado a la OIT en agosto y destaca el debilitamiento institucional y la aprobación de políticas públicas que afectan a las comunidades indígenas.

Durante la presentación, Luis Hallazi, representante del Instituto del Bien Común, señaló que el gobierno actual está supeditado a un Congreso autoritario que promueve cambios y reformas constitucionales de facto, afectando la institucionalidad.

Destacó que en el Perú, 55 pueblos indígenas organizados en 3.003 comunidades poseen alrededor del 30% del territorio. Sin embargo, los procesos de saneamiento físico-legal están detenidos por diversas razones, lo que facilita invasiones en sus tierras, especialmente en la Amazonía, debido a la Ley Forestal y la expansión de las economías ilegales.

Ana Leyva, co-coordinadora del Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas de la CNDDHH, denunció la situación de impunidad respecto a las muertes de 49 personas durante los últimos dos años de conflicto. No solo no se ha hecho justicia, sino que se intenta justificar estas muertes, trasladando la responsabilidad a las víctimas. Esta situación refleja el poco valor que se otorga a las vidas de estas personas en el país.

Leyva criticó la falta de inclusión de las organizaciones indígenas en un evento denominado “cumbre indígena” que fue convocada por la Defensoría del Pueblo, el Congreso dejando de lado a las organizaciones indígenas nacionales. Lo que constituye una negación a su condición de interlocutores en temas indígenas. Además, expresó la preocupación por el próximo censo nacional, que se está organizando con muy poco tiempo y sin la participación de todas las organizaciones indígenas nacionales. Recordó que el censo es importante porque permitirá saber cuánta población se considera indígena y dónde está. De ello depende las políticas de inclusión y el presupuesto asignado a ellas, así como la determinación de la representación política que les corresponde.

Conflicto por el oro

Respecto a la minería ilegal y el cultivo ilícito de coca, Luis Hallazi señaló que se han incrementado significativamente entre 2018 y 2022, afectando a las comunidades indígenas y áreas protegidas. Se han identificado más de 56 pistas clandestinas de aterrizaje en comunidades nativas. Un caso destacado es el de los Kakataibo, quienes enfrentan minería ilegal, cultivos ilícitos, falta de titulación, invasión, tala forestal y violencia.

Leyva señaló reveló que mineros ilegales de oro han ingresado a territorio peruano en la zona Comainas, cerca a la comunidad de Antigua Canan, Amazonas, utilizando maquinaria pesada, sin que ninguna autoridad los detenga. Lo que significa pérdida de control territorial y de soberanía.

Informe sobre posicionamiento político del GTPPII de la CNNDDHH / Miembros del GTPPII de la CNNDDH

Ángel Damian, representante de la Confederación Nacional Agraria (CNA) señaló la existencia de minería ilegal transfronteriza en el río Puyango, la misma que afecta las aguas del río Tumbes. Asimismo, criticó la Ley APCI impulsada por el Congreso, que busca poner fin al financiamiento internacional para las ONG que trabajan en favor de comunidades indígenas y otras poblaciones vulnerables. Damian afirmó que desde la CNA lucharán contra esta norma y buscarán la derogación de la Ley Anti-Forestal.

Para conocer más sobre esta propuesta y, en general, sobre la situación actual de los pueblos indígenas, no deje de revisar el informe completo de la CNDDHH ingresando al siguiente enlace: https://goo.su/kTEl

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27/11/2024
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El pasado 14 de noviembre fue aprobada la cuarta modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental Detallado (MEIA-d) del proyecto minero Las Bambas, por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace).

La Resolución Directoral N° 00146-2024-SENACE-PE/DEAR, del 13 de noviembre de 2024, señala que esta modificación permitirá actualizar el plan de minado, incremento del procesamiento, cambios en accesos en el sistema de manejo de aguas y otras modificaciones, con el fin de optimizar procesos en la operación minera, así como nuevas medidas de manejo ambiental.

En relación a esta modificación, la empresa anuncia inversiones por US$ 1753 millones en la etapa de construcción y US$ 4893 millones para la etapa operativa. En el caso del yacimiento de Ferrobamba (actualmente en explotación), voceros de la propia empresa han señalado que se encuentra en la quinta etapa de exploración y se evalúa tres etapas adicionales que buscan ampliar la vida útil de la mina. Como se sabe, Las Bambas cuenta con tres yacimientos: Fuerabamba, Chalcobamba y Sulfobamba.

Cabe mencionar que la aprobación de esta cuarta modificatoria del estudio de impacto ambiental ha sido rechazada por la Federación de Defensa de los Intereses y Desarrollo de la Provincia de Cotabambas y Distrito de Progreso-Grau, quienes difundieron un comunicado al respecto, donde se expresan en estos términos: “exigimos que el Senace, se rectifique y convoque a un nuevo proceso de socialización de la cuarta MEIA presentada por la empresa Las Bambas”.

Además, la mencionada Federación cuestiona las modificaciones unilaterales que el Gobierno ha hecho al llamado “Espacio de diálogo para el desarrollo de la provincia de Cotabambas y distrito de Progreso”, donde se eliminaron tres sub grupos de trabajo importantes que tenían temas pendientes: “rechazamos de manera categórica la publicación de la resolución ministerial N.300-2024-PCM que en términos simples ha eliminado 3 sub grupos de trabajo vitales para provincia de Cotabambas y Grau

Según los reportes de la Defensoría del Pueblo, Apurímac es la cuarta región con el mayor número de conflictos (13%). Cabe precisar que 8 de los 13 casos reportados son de índole socioambiental, sobre todo vinculados a la presencia minera. Una expresión de esta situación de tensión social es el carácter casi permanente de los estados de emergencia en el denominado corredor vial del sur. Una medida que, por definición, debería ser excepcional, ya que implica la restricción de derechos, ha sido prolongada, en lo que va del año, hasta en siete ocasiones.

Ivonne Valdés
27/11/2024
Mineros artesanales participan en una protesta frente al Congreso de Perú en Lima el 22 de noviembre de 2024. Miles de mineros artesanales peruanos completaron este viernes su tercer día de protestas frente al Congreso en Lima, y exigieron extender hasta 2026 el plazo de inscripción en un registro único estatal que vence en diciembre y buscan formalizar su actividad. Crédito: ERNESTO BENAVIDES/AFP vía Getty Images.
(CNN Español) –– El Congreso de Perú censuró al ministro de Energía y Minas de Perú, Rómulo Mucho Mamani, por considerar que no ha sido capaz de resolver la problemática de la minería artesanal, en medio de las protestas de mineros que acampan desde hace una semana en las afueras del Parlamento.

La medida fue aprobada con 79 votos a favor, cuatro en contra y 13 abstenciones, informó el Congreso en una nota de prensa.

La moción legislativa es vinculante. Mucho Mamani deberá presentar su renuncia a la presidenta Dina Boluarte en un plazo de 72 horas y en ese momento el gobierno deberá anunciar el sucesor.

CNN intenta comunicarse con el ministro para obtener su reacción ante esta medida.

Cientos de mineros acampan fuera del Congreso peruano y realizan bloqueos en carreteras para exigir la ampliación del registro integral de formalización minera (Reinfo) por al menos seis meses más. Se trata de un padrón que les permitiría operar en varios socavones y les exime de responsabilidad legal por el delito de minería ilegal.

Los mineros, que según la legislación vigente tienen hasta el 31 de diciembre para completar su formalización, niegan cualquier lazo con la minería ilegal.

El Poder Ejecutivo propuso una Ley de la Pequeña Minería y de la Minería Artesanal (Ley MAPE), que otorga un plazo adicional de seis meses de vigencia del Reinfo. Esta ley aún se debate en el Congreso.
Con información de Andy Ortiz.
https://cnnespanol.cnn.com/2024/11/27/peru-censura-ministro-energia-minas-negligencia-protestas-orix

José De Echave C.
25/11/2024
Finalmente, el 21 de noviembre el Ejecutivo remitió al Congreso de la República el proyecto de ley de la pequeña minería y minería artesanal (“Ley MAPE”), con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. Luego de varias postergaciones y pese a que se había anunciado que sería aprobado y enviado al Congreso la primera semana de noviembre, el proyecto llegó en el tramo final de la legislatura: solo quedan tres plenos y el del jueves 28 de noviembre ya tiene en agenda la aprobación del presupuesto 2025.

Los congresistas, casi al unísono, han señalado que les será difícil revisar el proyecto de ley en lo que resta de la legislatura y responsabilizan al Ejecutivo de la demora. El ministro Rómulo Mucho fue llamado el Congreso el 22 de noviembre para que explique la propuesta y ahora enfrenta un pedido de censura por este tema.

Por el lado del Ejecutivo, se argumenta que el proceso de elaboración del proyecto de ley duró más de lo esperado, debido a que se involucró a especialistas, a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, y a asociaciones de mineros (sin precisar cuáles han sido). Lo cierto es que instituciones de la sociedad civil no fueron invitados. Todo indica que la estrategia del Ejecutivo ha sido consensuar la propuesta con el sector empresarial minero y algunos círculos de exministros, etc., dejando en un segundo plano la urgencia de los plazos.

¿Qué plantea la propuesta del Ejecutivo? La creación de zonas especiales para pequeña minería y minería artesanal, con un determinado número de cuadrículas, concesiones intransferibles y explotadas directamente por el titular; la implementación de una plataforma informática que integra información relacionada con pequeña minería y artesanal, de acceso público; instrumentos específicos para la gestión ambiental para la pequeña minería y artesanal.

El proyecto también propone un conjunto de disposiciones transitorias y, en el tema del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), se señala que los procedimientos administrativos iniciados por el proceso de formalización minera integral (DL 1293 – Reinfo), que se encuentren a cargo de las DREM/GREM, continúan su trámite durante 6 meses y, culminado el plazo, el Ministerio de Energía y Minas, asumirá las funciones relacionadas con el proceso de formalización minera integral. El proyecto también deroga el decreto legislativo que modificó el Código Penal y los mineros en proceso de formalización ya no estarán exentos del delito de minería ilegal.

Todo esto ha ocurrido en medio de una importante movilización de mineros que llegó a Lima y se instaló en las inmediaciones del Congreso de la República. En paralelo, se realizaban bloqueos de carreteras y movilizaciones en varias zonas del país. El pedido central de los mineros movilizados es evitar la desaparición del Reinfo y lograr una nueva ampliación. Para ello cuentan con el respaldo de un grupo de congresistas de diferentes bancadas.

Habrá que observar el desenlace de este tema. Es probable que se sigan postergando las definiciones. Cabe señalar que, en los últimos meses, se desató una fuerte campaña en los medios de comunicación, en horario estelar, apoyada por el sector empresarial minero (Colectivo Pas/País Seguro), que denunciaba a la minería ilegal y las perversiones del Reinfo. Por el lado de los pequeños mineros y artesanales, también hicieron su campaña en los mismos medios de comunicación, bajo el rótulo de una minería ancestral idealizada, que se diferencia de la minería ilegal.

Todo indica que estamos lejos de encontrar una salida a un problema que es de magnitud. Lo cierto es que es difícil creer que un Ejecutivo y un Congreso que tienen una aprobación de apenas un 3%, van a enfrentar y pretender encontrar una salida al tema de la minería informal y la abiertamente ilegal.

Mientras todo esto ocurre, los mineros ilegales siguen acumulando poder económico y político, al mismo tiempo que controlan territorios y las operaciones de extracción y las plantas de beneficio se siguen multiplicando [1].

[1] Las plantas de beneficio vinculadas a la minería informal y la ilegal, sumarían 300 en todo el país.

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25/11/2024
Audiencia evalúa la constitucionalidad y legalidad de los informes técnicos sustentatorios (ITS)

Quedó al voto la decisión final en el proceso de acción popular contra la “aprobación exprés” de los cambios en los proyectos mineros mediante los conocidos infomes técnicos sustentatorios (ITS). El día 19 de noviembre de 2024, CooperAcción, a través de su abogada Ana Leyva, formuló alegato oral en el proceso contra la Resolución Ministerial N°120-2014-MEM/DM que establece criterios para la modificación, ampliación o mejoras tecnológicas de componentes de proyectos de inversión minera mediante ITS. El caso es visto por la Primera Sala Contencioso Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Lima.

El petitorio fue que se declare nula, ilegal e inconstitucional la mencionada Resolución. La abogada señaló que los ITS fueron creados el 2013, mediante Decreto Supremo 054-2013-PCM, para facilitar y reducir a 15 días hábiles la aprobación de modificaciones, ampliaciones y mejoras tecnológicas en proyectos de inversión cuyo impacto ambiental fuera “no significativo”. Sin embargo, la mencionada normativa sectorial en minería ha distorsionado esa finalidad.

Señaló que la referida resolución ministerial no define lo que significa el término “impacto no significativo”, y establece criterios que confunden lo significativo con lo que no lo es. El criterio principal que utiliza es la dimensión o tamaño del cambio o ampliación que se pretende realizar en el componente minero, ya sea principal, auxiliar o complementario, estableciendo porcentajes de lo que puede ser modificable por ITS:

”Así por ejemplo, el tajo puede ser ampliado hasta en un 20% de su extensión o profundidad; el depósito de relaves hasta en un 10% de la altura del dique, extensión o capacidad; los depósitos de desmonte hasta un 20% de su altura y/o extensión; el pad de lixiviación hasta 20% de su altura y/o extensión”

Señaló que estos porcentajes son altos y ello genera preocupación porque son cambios que serán evaluados con menos rigor. También destacó que la norma permite que dichos porcentajes pueden ser excedidos, siempre que haya una justificación para ello. Asimismo, permite la ampliación o modificación sucesiva de un componente (tajos, relaves, depósitos, etc.) por ITS, siempre y cuando, en conjunto, no conlleve impactos moderados o significativos.

Anteriormente a la existencia de los ITS en minería, las modificaciones o ampliaciones de los componentes mencionados se evaluaban como una modificación de estudio de impacto ambiental, un procedimiento que tiene plazos más extensos, exige opiniones técnicas y mecanismos de participación ciudadana.

Finalmente, sostuvo que la Resolución Ministerial 120-2014-EM va contra la protección del derecho al medio ambiente equilibrado y adecuado a la vida y el uso sostenible de los recursos naturales establecidos en la Constitución, así como contra los principios de prevención, participación ciudadana y gobernanza ambiental establecidos en la Ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, su reglamento y la Ley General del Ambiente.

¿En qué tipo de cambios se está usando este mecanismo “exprés”?

Por ejemplo, en el caso de Las Bambas se utilizó esta vía exprés para aumentar la producción de concentrados de las plantas de molibdeno y filtro de 2717 a 2995 toneladas por día (TM/d), teniendo un incremento en conjunto de 278 TM/d. Eso equivale a 278 mil kilos diarios de concentrados, lo que carga 8 camiones de carga pesada y 77 camiones de carga ligera. Con otro ITS, esta empresa amplió el almacén de concentrados de 20 mil a 47 mil toneladas, más del 100%.

En el proyecto Antapaccay – Ampliación Coroccohuayco, por ITS se reactivó la planta concentradora de Tintaya (componente minero que estaba obsoleto y que no tenía certificación) y pasó de una producción de 19 mil a 25 mil TM/d. Es decir, por ITS aumentó su capacidad en más de un 30%.

Actualmente, en el proyecto minero Ariana, ubicado en el sistema natural e hidráulico que abastece de agua a Lima y Callao y que administra Sedapal y la empresa eléctrica Pluz Perú, con un ITS se ha movido el depósito de relaves (desechos tóxicos) a otro lugar de esta zona sensible, ello sin mecanismos de participación ciudadana que faciliten la participación de las mencionadas empresas y de la ciudadanía de Lima.

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22/11/2024
El Consejo de ministros aprobó el proyecto de ley para la formalización de la minería artesanal y pequeña minería, conocida como Ley MAPE y lo ha presentado al Congreso de la Republica para su discusión y eventual aprobación.

Según el gobierno, el proyecto de ley apunta a brindar a los mineros la oportunidad de ser parte de un proceso de formalización, y descartó que su objetivo sea convertir en ilegales a todos los mineros inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), a partir del 2025.

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, señaló que esta iniciativa legislativa, aprobada por el Ejecutivo y recibida por el Congreso, demuestra la voluntad del Gobierno nacional por formalizar la actividad minera, proteger el medioambiente y a las comunidades originarias, y hacer frente a la violencia en torno a la minería ilegal.

Por su parte el titular del ministerio de Energía y minas, Rómulo Mucho, comentó que desde que está a cargo a mediados de febrero de este 2024, se asumió la responsabilidad de elaborar esta propuesta legal.

“Formamos un equipo de profesionales, contratamos especialistas y a mediados de julio pusimos a disposición de la sociedad para que sea socializado, analizado, evaluado y también se reciban los aportes correspondientes”, dijo Mucho.

Asimismo, comentó que “se recurrió a 60 organizaciones, regionales, académicos y también cinco federaciones de pequeños mineros, con este proyecto de ley se evidencia que el Estado tiene interés en ordenar esta actividad”.

El proyecto de ley

El proyecto de ley tiene por objeto regular las actividades de la pequeña minería y de la minería artesanal en el país. El proyecto plantea que el Estado debe “fomentar la promoción y el desarrollo de la pequeña minería y la minería artesanal de manera social, económica y ambientalmente sostenible, brindando soporte técnico y asistencia.”

Para el desarrollo de esta minería, el proyecto propone la creación de zonas especiales de libre disponibilidad donde las concesiones dadas al pequeño productor minero y al productor minero artesanal serán intransferibles.

También se establecerán áreas especiales para la minería artesanal, las cuales serán determinadas por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) por un plazo máximo de tres años. Las autorizaciones de explotación serán emitidas por el gobierno regional correspondiente. Dichas zonas también son intransferibles.

La norma permite la celebración de contratos de explotación entre el titular de un derecho minero y una persona natural o jurídica que desarrolla actividades de pequeña minería o minería artesanal.

Los contratos no podrán realizarse en caso de invasión a derechos mineros de terceros, con denuncias pendientes de resolver en sede judicial, etc. Además, el incumplimiento de la norma ambiental será causa de resolución del acuerdo dando la responsabilidad a los productores mineros y también al titular del derecho minero en la remediación del daño ambiental.

Asimismo, se plantea la creación del Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (SIPMA), una plataforma informática que integra la información relacionada con pequeña minería y artesanal, y de acceso público.

A través del proyecto de ley, el gobierno brinda la tarea de fiscalización a los gobiernos regionales. Ellos tendrán que autorizar, supervisar y fiscalizar las actividades; además, de formalizar, y renovar los contratos.

Para esta tarea, los gobiernos regionales podrán tercerizar a empresas las actividades de supervisión y fiscalización en materia de seguridad y salud ocupacional en las actividades. Esto despierta algunas dudas, pues se cuestiona que los gobiernos regionales tengan la capacidad técnica para asumir esta función.

El destino del Reinfo

Con la propuesta de ley del gobierno, el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que tenía validez hacia el 31 de diciembre de este año, estará vigente por seis meses más. Pero culminado el plazo, el encargado del proceso de formalización será el ministerio de Energía y minas y ya no las direcciones regionales.

Se estima que actualmente hay 84.450 inscritos en el Reinfo, de los cuales estarían cumpliendo los requisitos son 19.613 y están suspendidos 64.837.

La propuesta ha sido presentada con carácter de “muy urgente” y debe ser debatida primero en las comisiones congresales y luego pasar al Pleno para su aprobación.

Para José De Echave, economista e investigador de CooperAcción, esta demora en presentar el proyecto de ley se debe a que en realidad nadie quiere meter la mano.

“El Ejecutivo se ha demorado a propósito para que ya no quede tiempo, pues recordó que debió entregar el proyecto de ley el 7 de noviembre. Todo indica que ni el Ejecutivo ni el Congreso quieren agarrar esa papa caliente. El proyecto de ley es muy general y plantea varias dudas y pospone varias definiciones para un posible reglamento” acotó De Echave.

De Echave presume que el Congreso podría no aprobar la propuesta para justificar una nueva ampliación del Reinfo, echándole la culpa al Ejecutivo.

Cabe recordar que entre el 18 y 19 de noviembre se dieron diversas movilizaciones de los gremios de mineros artesanales, que movilizaron a miles de sus agremiados tanto en Lima como en ciudades como Arequipa e Ica, exigiendo que se debata y apruebe la Ley MAPE.

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18/11/2024
El pasado 7 de noviembre fue prorrogado nuevamente el estado de emergencia en la provincia de Pataz por 30 días calendario (a partir del 10 de noviembre de 2024). Como se sabe, esta zona del país se encuentra en estado de emergencia desde el 12 de febrero de este año, lo que significa que las Fuerzas Armadas, en coordinación con la Policía Nacional, han asumido el control interno.

Sin embargo, luego de varios meses, queda claro que esta medida no está funcionando y que los enfrentamientos armados, atentados y asesinatos han continuado. El alcalde de Pataz, Carlos Mariño, en una entrevista en un medio radial, señaló lo siguiente:

“Ya vamos a cumplir un año que está la provincia de Pataz en estado de emergencia, y mientras no vaya acompañado de un recurso logístico, los estados de emergencia no van a funcionar. La Dinoes (Dirección Nacional de Operaciones Especiales) está en Parcoy, está en el distrito de Pataz, pero no están protegiendo al pueblo. Hay que ser exactos y expresarlo como tal: están protegiendo a la minera Poderosa, a la empresa privada, mas no a la población. También hay que proteger al pueblo, hay que proteger a todos. Entonces, tenemos comisarías que no están bien implementadas”.

Los hechos de estos últimos meses le dan la razón al alcalde: en octubre se supo que, en la zona de La Tolvas, parte de la concesión de la empresa Poderosa en Pataz, se había encontrado una suerte de fosa común con aproximadamente 12 cuerpos en descomposición. Cabe señalar que esta zona había sido tomada, desde hace algún tiempo, por un grupo de mineros ilegales controlado por el rankeado delincuente Gregorio Palermo Segura. Como se sabe, en la zona hay enfrentamientos abiertos entre diferentes grupos de mineros que buscan controlar las zonas de explotación.

Los enfrentamientos se dan, sobre todo, bajo tierra en los socavones. Según diferentes reportes, la seguridad de la minera Poderosa libra enfrentamientos bajo tierra con grupos de mineros ilegales respaldados por gente fuertemente armada. Esta empresa ha informado que alrededor de 30 sectores de la unidad de Santa María, una de las zonas de mayor producción, habían sido capturados por mineros invasores respaldados por bandas delictivas.

Por otro lado, se calcula que en esta provincia hay 52 plantas que operan el mineral extraído, el cual luego es transportado sin ningún tipo de control o fiscalización por parte de las autoridades.

La empresa Poderosa calcula que, en los últimos cuatro años, habrían salido unos 33,708 volquetes cargados con 674,160 toneladas de oro, por un valor de US$3,553 millones (El Comercio, 6 de octubre de 2024).

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