El tema de la minería tóxica vuelve a tomar fuerza en el lado sur de la Península de Baja California Sur; asociaciones, grupos sociales, civiles y artistas han tomado el tema como suyo, para concientizar sobre lo que advierten “un crimen ecológico y daño irreversible”, si se aprueba el cambio de uso de suelo a favor de una empresa minera.
Mediante redes sociales, y wattsapp, circula un breve escrito que dice “Unámonos este miércoles 29 de agosto en la explanada del palacio de gobierno de BCS, a partir de las 10:00 am, para recordarle al gobernador Carlos Mendoza Davis que nos dio su palabra de no permitir los mega proyectos mineros que pudieran contaminar nuestra agua, suelo, flora, fauna, y afectar la salud de la población”.
Por la tarde, la Asociación Civil Sociedad Organizada Sudcaliforniana (SOS), encabezada por Armando Sánchez convoca en el municipio de Los Cabos a una concentración en la glorieta de FONATUR en punto de las 18:00 horas para continuar con los actos de manifestación pacífica en contra de la minería que se planea, entre en operación en la Sierra de la Laguna.
A nivel nacional, en redes sociales artistas mexicanos también se unieron al llamado a no permitir ningún tipo de minería tóxica que atente contra la fauna y flora en tierras sudcalifornianas. Héctor Bonilla, Africa Zavala, Sergio Mayer, Moisés Arizmendi, Ximena Ayala, Alberto Agnesi, Humberto Busto, Emilio Echeverría, Alberto Estrella, Sofia Espinoza, entre otros, se pronunciaron a una sola voz en un video que dura poco más de 2 minutos en que destacan “Somos Todos Santos, somos Los Cabos, somos Baja California Sur, somos el mundo”.
La Red Mexicana de Afectadxs por la Minería (REMA) hace un enérgico llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que, en el ejercicio de sus responsabilidades y facultades, coadyuven en la aparición con vida del defensor del territorio Sergio Rivera Hernández, miembro de la organización Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) y de las comunidades opositoras al proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atlzala. Sergio Rivera Hernández desapareció la tarde del 23 de agosto cuando iba de regreso a su comunidad Coyolapa, Municipio de San Pedro Zoquitlán en una moto, la cual fue arrollada por una camioneta sin dejar rastros de él.
Tememos por su integridad física y emocional, pues no es la primera vez que sufre amenazas, acoso y atentados contra su persona y demás compañerxs defensorxs de su tierra. De la misma forma que lxs compañerxs del MAIZ, responsabilizamos de la desaparición de Sergio Rivera Hernández, a la Minera Autlán que tiene fuertes intereses en la Sierra Negra de Puebla y que está detrás del proyecto hídrico, que en contubernio con los munícipes de Tlacotepec de Díaz y de San Pedro Zoquitlán pretenden hacerse de los recursos naturales de las comunidades campesinas e indígenas de la región, y que incluso se han prestado como gestores a favor de los proyectos de muerte, en concreto a favor de Minera Autlán.
Como antecedente y aunado a ello, señalamos también que la Secretaría de Energía (SENER) del gobierno federal apoya y encubre a la minera y no es de extrañar que haya fuertes intereses políticos y económicos detrás del citado proyecto, además del minero.
Como REMA estamos convencidxs que ésta como otras desapariciones, es una estrategia terrorista más de empresas en contubernio con gobiernos para seguir despojando a las comunidades de sus bienes naturales y sus territorios.
Exigimos al gobierno federal, al gobierno del Estado de Puebla y a los gobiernos municipales involucrados un alto al clima de hostigamiento, criminalización y agresión permanente contra todxs lxs defensorxs de la vida. Basta de proteger a las empresas que actúan a lo largo de todo el país con total impunidad. Exigimos la presentación inmediata con vida del compañero Sergio Rivera Hernández, rechazando así, la posibilidad de que su desaparición se convierta en una más de la elevada cifra que hoy nos invade. Este caso, como tantos otros, dan cuenta de la violencia que siempre acompaña a los megaproyectos de muerte y que a menudo recae en los grupos de población más vulnerables.
¡Alto a la desaparición de defensorxs del territorio!
¡No a los megaproyectos de muerte y a la complicidad gubernamental en ellos!
Apoyados por el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, han ganado dos amparos; sin embargo la amenaza minera sigue latente: tres nuevas solicitudes de concesiones mineras se realizaron recientemente. Estas concesiones solicitadas abarcan más de un millón 400 mil hectáreas que incluyen la región Montaña y centro de Guerrero.
Doña Herlinda inclina las cejas y agacha la mirada un breve instante. Observa la tierra fértil que la vio nacer y el verde bosque que le da de comer. Sus manos, rasposas por el trabajo y llenas de surcos por los años, se mueven vertiginosamente; después, las lleva a su delgado y frágil pecho. Su voz se quiebra mientras clama: “Si me quitan el agua, si me quitan la tierra: me muero. Me quitan la vida…”.
Herlinda Solano Santiaguez ha vivido por 79 años en San Miguel del Progreso –Júba Wajiín, en lengua me’ phaa–, una comunidad que se ha destacado por la férrea defensa de sus territorios, su resistencia y la lucha para evitar el ingreso de la extracción minera a cielo abierto.
Situado en el Municipio de Malinaltepec, Guerrero, San Miguel del Progreso tiene una extensión de 4 mil 449 hectáreas. Es una de las comunidades de la región de La Montaña, habitada por al menos 3 mil 500 personas pertenecientes a la etnia tlapaneca Me’ phaa.
Ahí nació y creció Doña Herlinda. Toda su vida ha trabajado la tierra. Así le enseñó su padre desde pequeña. La siembra de café, plátano y otras plantas frutales son su sustento. “He trabajado desde chiquita. Eso es lo que he sembrado”, dice.
Doña Herlinda, como el resto de los habitantes de la comunidad San Miguel del Progreso y de la región de La Montaña en Guerrero, tiene una clara convicción: somos hijos de la “madre tierra”, y hay que cuidarla y respetarla.
Para Herlinda, el recurso natural tiene más valor que el oro.
Para la población Júba Wajiín no hay mayor razón de defender la tierra que ser parte de ella. No hay otro interés más que el de preservarse a sí mismo y su pueblo. Sin la naturaleza no dan cabida a su existencia: “Al momento de que se acaba la naturaleza nos morimos nosotros también”, repiten. Así de fuerte es su conexión con el territorio. Así es su cosmovisión.
“La tierra da de comer todos los días. Uno debe de cuidar mucho la tierra porque ahí sale lo que uno come. Si no trabajas la tierra no hay vida. Eso es lo más importante. Luego, el agua: si no hay agua no va a vivir uno. El agua y la tierra es lo que nos da la vida. Mi padre me enseñó a trabajar la tierra, me enseñó a tomar el agua. El agua es mi vida, mi sangre. Todo. Por eso la defiendo, si me quitan el agua, me quitan la tierra, me muero. Me quitan la vida”, repite Herlinda.
San Miguel el Progreso ha peleado legalmente por más de ocho años contra el ingreso de las mineras transnacionales, pues sus pobladores saben que permitir las actividades extractivas significaría la destrucción de sus montañas y sus cerros sagrados, la contaminación de sus ríos, plantas y el aire; el despojo de las tierras, el desplazamiento forzado, la fragmentación y, por ende, su propia desaparición como pueblo originario.
Apoyados por el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan han ganado dos amparos para evitar que el territorio sea concesionado a la minera Hochschild Minig, de origen chileno que opera con capital inglés. Sin embargo, la amenaza para estos pueblos originarios sigue latente: tres nuevas solicitudes de concesiones se realizaron recientemente. Éstas abarcan más de un millón 400 mil hectáreas que incluyen la región Montaña y centro de Guerrero.
El origen de Hochschild Mining se remonta al Grupo Hochschild, fundado en 1911 por Mauricio Hochschild en Chile. En 1922 el Grupo Hochschild se expandió a Bolivia, donde Mauricio Hochschild fue considerado uno de los “Barones del Estaño”. El Grupo Hochschild comenzó operaciones en Perú en 1925 y, en 1945, Luis Hochschild se unió a estas operaciones. Actualmente es esa subsidiaria peruana la que amenaza a los pobladores de Guerrero, y tiene como principal accionista al empresario peruano Eduardo Hochschild Beeck.
LA MONTAÑA EJIDAL Y COMUNAL
La Montaña, al noreste de Guerrero, abarca casi 700 mil hectáreas en 19 municipios entre ellos Tlapa de Comonfort, Malinaltepec, Olinalá, Acatepec, Iliatenco. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, esta región tiene al menos 361 mil 617 habitantes, la mayoría indígenas pertenecientes a las etnias Naua, Me’phaa, o Na Xavi”. Ahí la posesión de la tierra es ejidal y comunal.
La ciudad de Tlapa de Comonfort es la entrada a los ejidos de la Montaña. A partir de ahí, sube y se ramifica una serie de senderos de terracería, escarpados y angostos que se entretejen por extensas áreas llenas pinos, encinos, asi como huertas de café, plátano, mango, y diversos arboles frutales. Ahí la flora es muy diversa.
En sus bosques habitan animales como el venado, el pájaro bandera, armadillo, el puma de montaña, tejón, jabalí, el tucán de montaña, e incluso, los pobladores aseguran que aún hay presencia de jaguares.
A lo alto, en medio de las comunidades San Miguel del Progreso, Paraje Montero, Ilieateco y Guadalupe, se ubica el cerro más elevado de la región: El Telpizahuatl.
No es un cerro cualquiera: para los pobladores es un lugar sagrado donde vive San Marcos [Ajkhunn, en lengua madre], la deidad que representa el rayo; es el que los protege, al que adoran y al que los sabios y sabias comunitarias llamados los “principales” [Xiñaa, en lengua materna] le rezan para pedir que lleguen las lluvias y las buenas cosechas.
En la Montaña la economía se basa en la agricultura de autoconsumo, principalmente la derivada de la siembra de maíz, café, y árboles frutales. Las comunidades se rigen por sus propios usos y costumbres que conservan desde tiempos inmemoriales, explica Ángel Contreras Solano, uno de los pobladores de San Miguel del Progreso y autoridad en el Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa de Territorio (CRAADT).
En 2010, los habitantes de San Miguel el Progreso empezaron a ver que aeronaves sobrevolaban sus terrenos en busca de minerales, cuenta Miguel Santiago Lorenzo, presidente del Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADT).
“Los aviones y los helicópteros traían aparatos colgados con los que estaban detectando minerales en nuestra región”, recuerda.
Los pobladores dedujeron que realizaban labores de exploración cuando funcionarios, principalmente de la Procuraduría Agraria, empezaron a promover a las empresas mineras en la región, detalla Ángel Contreras Solano, secretario del CRAADT.
Los funcionarios federales trataban de animar a los comuneros para “rentar” sus tierras a la minería con la promesa de “beneficios” y progreso. Pero pronto se darían cuenta que –como los españoles con los aztecas– el supuesto desarrollo era sólo “espejitos”.
“No fue la empresa la que venía a vernos sino el Gobierno federal por medio de la Procuraduría Agraria los que venían. Ellos ofrecían servicios o animaban a las autoridades agrarias [las comunales] para que entraran a los proyectos [mineros], pero eran proyectos con otras finalidades,” narra Contreras Solano.
En ese tiempo, Anastasio Basurto Contreras presidía el Comisariado de Bienes Comunales [del periodo de 2010 a 2013] de San Miguel del Progreso, la máxima autoridad en la comunidad.
Anastasio reitera que personal de la Procuraduría Agraria se contactó con él para informarle que en esas tierras podría haber minerales valiosos, como oro y plata, y que los comuneros podrían venderlos.
“Ellos [los de la Procuraduría Agraria] decían que iban a ser los intermediarios para que nuestras piedras las vendiéramos a mejor precio. Y hasta me dijeron: ‘mira ahí esta el comisariado de allá [otra comunidad] que ya va a firmar el convenio’”, relata el poblador.
Anastasio platica que funcionarios federales le pidieron que llevara unas piedras para analizarlas. Él llevo algunas muestras a las oficinas de la Procuraduría Agraria en Tlapa. Ahí le solicitaron 800 pesos para pagar los análisis y determinar que minerales tenían, pero él se negó a pagar.
–No tenemos dinero –, le dijo a un funcionario, se retiró del lugar y dejó ahí las piedras, recuerda el comunero.
El sacerdote Melitón Santillán fue el primero que advirtió a los comuneros que la minería provocaba daños irreversibles.
Don Anastasio convocó a una reunión de asamblea en la comunidad, pues ahí todas las decisiones se toman de manera colectiva. Frente a la asamblea, integrada por los pobladores, los ex comisionados, concejales y los principales, planteó la propuesta y la advertencia.
Los pobladores de San Miguel del Progreso cuentan que los “Principales” decidieron subir al Telpizahuatl para rezar y pedir consejo a San Marcos. Fue entonces que optaron por buscar apoyo e información y pidieron ayuda a sacerdotes, y activistas, tanto de Tlachinollan como de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).
“Nosotros, aquí en la comunidad pensábamos –al inicio– que nada más iban hacer unos agujeros y sacar el mineral; pero ya viendo las diapositivas que nos enseñaron los de Tlachinollan nos dimos cuenta que era mucho el daño. Que destruyen montañas, ríos y todo eso”, agrega Anastasio Basurto.
El entonces Comisariado regresó a las oficinas gubernamentales convencido de rechazar la exploración minera. Allí, recuerda Basurto, uno de los funcionarios le dijo –mientras señalaba las muestras de cada una de las comunidades de La Montaña– que la piedras tenían oro, plata, níquel y fierro.
Anastasio rememora que lo enfrentó.
–Sí pero, ¿sabe qué?, el pueblo ya no quiere vender sus piedras –le dijo.
Luego tomó las rocas y se retiró.
La comunidad realizó solicitudes de información a la Secretaría de Economía con apoyo de abogados y activistas de Tlachinollan. Era 2011. Ahí fue cuando confirmaron que su territorio fue concesionado a Hochschild Mining, la minera que opera con capital inglés.
“Ya habían concesionado todo este territorio desde el Gobierno de Felipe Calderón”, agrega Anastasio Basurto.
La Secretaría de Economía (SE) había otorgado, sin la autorización ni consulta de las comunidades indígenas, dos concesiones para exploración y explotación: una bajo el título 232560 con el nombre Reducción Norte de Corazón de Tinieblas y Corazón de Tinieblas bajo el título 236861.
Corazón de Tinieblas era la más grande, con una extensión de 43 mil 759 hectáreas y afectaría a más de 12 núcleos agrarios, entre ellos el de San Miguel del Progreso.
La comunidad buscó asesoría de los activistas para enfrentar la amenaza minera.
“Ellos mismos, los de Tlachinollan, nos dijeron que podíamos levantar una acta en la Asamblea contra la minería”, comentó Anastasio Basurto.
El 17 de abril de 2011, realizaron una Asamblea General de Comuneros que cumplió todos los requisitos establecidos en la Ley Agraria vigente. En esa asamblea levantaron un acta de rechazo a la actividad minera en su comunidad. Después solicitaron la inscripción del acta en el Registro Agrario Nacional (RAN), quien aceptó la inscripción en septiembre de 2012.
Además, se conformó el Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADT) tras la apabullante amenaza de las transnacionales y nacionales, incluso de las farmacéuticas que están interesadas en crear medicinas usando plantas que tienen en su territorio, detalla Artemio Flores Solano, integrante del área de Fortalecimiento Territorial de San Miguel Progreso.
El CRAADT, hoy en día, está integrado por 25 núcleos agrarios, que aglomeran a más de 300 comunidades de la Montaña y Costa Chica.
“En total somos como 37 núcleos agrarios, pero los activos, los que están en todas la reuniones son 25. Contamos con más de 300 comunidades”, agrega Miguel Santiago Lorenzo, líder de CRAADT.
RECHAZO A LA MINERÍA
En Júba Wajiín tienen claro que si permiten los nuevos proyectos de extracción minera tendrán como consecuencia la devastación de su territorio y la contaminación, pero además traerán consigo el ingreso de la delincuencia en sus pueblos, división, enfrentamientos entre ellos y, finalmente, la desaparición de su comunidad.
La concesión Corazón de Tinieblas afectaba casi el 80 por ciento de la comunidad San Miguel del Progreso, explica Agapito Cantú Manuel, Comisariado de Bienes Comunales de 2012 al 2015. Fue en su periodo cuando se interpuso el primer amparo.
“Más de tres cuartas partes de nuestro territorio se iba a destruir, casi todo el pueblo”, asegura.
La devastación que ha dejado la explotación minera en El Carrizalillo, Guerrero, fue un claro ejemplo para los comuneros de San Miguel el Progreso.
Valerio Mauro Amado Solano, actual Comisariado de Bienes Comunales de San Miguel el Progreso, relata que varios pobladores, con el acompañamiento de activistas, acudieron a las instalaciones de la mina El Carrizalillo para conocer su experiencia. Al ver los estragos, decidieron pelear y rechazar tajantemente la mina para evitar una depredación similar a la que padece el Ejido de Carrizalillo.
“La gente de ahí (El Carrizalillo) ya no vive tranquila. Todo eso nos sirvió para que nosotros nos negáramos a la mina”, detalla Valerio Mauro.
“Las mineras gastan mucha agua, contaminan con cianuro. Hemos ido a Carrizalillo para observar cómo lo explotan, cómo contaminan los grandes empresarios. El Comisariado de ahí nos informó que sí contaminan mucho el agua, el aire: que de cinco de la mañana a seis de la tarde explotan dinamita para quebrar las piedras y que hay muchos enfermos, que nacen niños prematuros. Toda esa información nos sirvió para informar a nuestra gente, para que se hiciera conciencia de que no se explotara nuestros recursos naturales”, agrega Agapito Cantú.
Artemio Flores reafirma convencido: “la forma cómo sacan [el oro] y cómo funciona la minería nos va afectar, donde hay minas hay cáncer… hay muchas enfermedades”.
En la región de la Montaña existen 44 concesiones mineras que fueron otorgadas por el Gobierno federal a diferentes empresas para actividades de exploración y explotación minera. Del total concesiones, 22 fueron canceladas y 22 están vigentes.
En plena temporada de huracanes, habitantes de San José de Gracia viven con el miedo de que la presa de jales mineros se derrumbe y acabe con su pueblo, localizado en una zona remota de la Sierra Madre Occidental en el municipio de Sinaloa.
Y no sólo eso: ven el riesgo de que la contaminación generada con la presencia de metales pesados alcance la presa Bacurato, que abastece los valles agrícolas de Sinaloa de Leyva y Guamúchil y da sustento a cientos de pescadores.
El represamiento forma parte de los procesos de extracción de oro de Dyna Resource de México SA de CV, una compañía de origen estadounidense que posee las concesiones relacionadas al distrito minero de San José de Gracia, con una cobertura de 69 mil 133 hectáreas de acuerdo con datos de su página de Internet.
“La presa de jales se encuentra justo en el río San José, con alto riesgo de derrame en un periodo de tormenta, cuya aureola podría arrasar mínimo tercera parte del pueblo y sus habitantes, además de dejar una seria contaminación que se extendería hasta la presa Bacurato”, denunció a Noroeste uno de los afectados.
Asegura que por documentar las irregularidades ha recibido amenazas de los representantes de Dyna Resources, por lo que pidió dar su testimonio de manera anónima. Para respaldar sus afirmaciones, mostró una serie de documentos y fotografías en las que se observa la operación de la mina.
Al mostrar un estudio técnico en vinculación con la Norma 141 de la Semarnat 2003, la fuente asegura que la empresa minera incumple con las regulaciones ambientales referentes al diseño, construcción y manejo de este tipo de represas.
Carece de los estudios hidrológicos y geotécnicos adecuados: análisis de tránsito por vaso, canales pluviales derivadores, periodos de tormenta máxima y bordo de contención. Pero también de estudios básicos como el uso de suelo y de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
Ante esto, expone el informe, el agua que se acumule entre el bordo noroccidental de la presa derivado de la zona de alta energía podrá colapsar la presa de jales, durante una tormenta o ciclón.
Y luego advierte: Si la presa alcanza el punto de colapso, alrededor de 300 mil toneladas y miles de metros cúbicos de agua se combinarían en un alud arrasando con parte del poblado de San José de Gracia.
De llegar a este escenario, “la avalancha de agua y lodo podría arrastrar y ahogar a personas y animales, destruir el Sistema Ambiental Regional, asentamientos humanos y dañar durante mucho tiempo las actividades productivas aguas abajo del río”.
Si esto es grave, hay más acusaciones contra la compañía norteamericana: no realizar consulta a los tarámaris que habitan en la zona; perforar pozos de agua sin permiso de aguas nacionales; violaciones al derecho laboral; y operar en la ilegalidad.
Se intentó conocer la postura del representante legal de Dyna Resources, José Vargas Lugo, pero no fue posible hacer contacto telefónico con él, a pesar de la insistencia de este medio informativo.
NO USA SUSTANCIAS TÓXICAS: PROFEPA
Cuestionado sobre el caso San José de Gracia, el delegado de la Profepa en Sinaloa, Jesús Tesemi Avendaño, dio a conocer que es una problemática añeja que ha resurgido los últimos dos meses.
Esta dependencia mantiene vigilancia en el manejo de residuos peligrosos, daño ambiental y la Norma 141, referente a las presas de jales.
En contradicción con los inconformes, el funcionario afirma que el proceso de la mina no utiliza sustancias tóxicas o peligrosas.
“Como en el caso de la mina de Río Tinto en Urique, Chihuahua, el proceso de producción de la mina no implica el uso de sustancias tóxicas o peligrosas que puedan permanecer en los jales y representar un riesgo para el medio ambiente y la población”, señaló.
Descartó que se trate de un caso de minería ilegal, ya que la compañía cuenta con permisos y verificaciones.
La más reciente inspección se documentó el pasado 15 de junio, en atención a la denuncia de empresarios sinaloenses de la minera Goldgroup, quienes se ostentaban como socios al 50 por ciento de de San José de Gracia y presentaron un informe para exigir la reubicación de la presa de beneficios ante los inminentes riesgos.
Pero al momento de la inspección, indica el comunicado: la empresa “no descargaba aguas residuales a ningún cauce o cuerpo de agua federal, ya que las aguas del proceso son de circuito cerrado y se recuperan mediante dos cárcamos de rebombeo que se encuentran dentro de la presa de jales, la cual al momento de la inspección se encontraba a un 10 por ciento de su capacidad”.
Sobre el peligro de derrumbe, Tesemi Avendaño indicó que le corresponde a Protección Civil del estado realizar una evaluación y tomar las medidas necesarias. Lo mismo que la Comisión Nacional del Agua tiene responsabilidades en lo relativo al uso de los mantos freáticos y cuerpos de agua.
La minera Caballo Blanco que pretende arrancar una mina de oro a cielo abierto en el cerro de La Paila, municipio de Alto Lucero, no para en su intento de convencer a los habitantes de Palma Sola para que acepten la llegada de la minera, para lo cual afirma que va a traer empleo y minimiza el uso de cianuro y explosivos.
Después de intentar por segunda vez obtener un permiso de explotación ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), visita escuelas sin el permiso de los padres, y sostiene reuniones con ganaderos y sectores de influencia en la región.
Desde hace varios meses instaló su campamento en la comunidad de Palma Sola de unos tres mil habitantes, que sería una de las más afectadas si la minera se instala en el Cerro La Paila y reparte trípticos en casas para que la gente se familiarice con el uso de explosivos y el cianuro.
En septiembre del año pasado la minera, filial de la canadiense Candelaria Mining Corp, solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), un nuevo permiso de explotación minera en dos proyectos más: Bandera Norte y Highway North en Alto Lucero.
En la gaceta ecológica 52, solicitó un Informe preventivo bajo el número 30VE2017MD176, para la barrenación de doce planillas y adecuación de 2 mil 200 metros de veredas, proyectos dispersos en estas dos zonas.
Cabe señalar que apenas hace unas semanas, esta empresa solicitó un permiso de explotación de minería a cielo abierto de oro y plata en el cerro de La Paila a unos cuantos metros de estos dos proyectos.
En septiembre del 2017, llevó un cine móvil al pueblo e intentó con palomitas, refresco y una botarga del “Minerito”, convencer a la población de las bondades de la minería.
Pero algunos habitantes critican que las reuniones se sido esporádicas, y la mayor parte con sectores de poder de decisión como ganaderos y propietarios de terrenos.
La minera ha informado que tiene doce concesiones mineras en 19 mil hectáreas de tierra donde planea la operación de su proyecto principal: La Paila, pero además tiene otros cuatro prospectos de exploración en la región: Autopista (Highway North), Las Cuevas, Bandera Norte y Bandera Sur.
Para la operación se necesitan 15 mil litros de agua para la laguna de lixiviados y 2 mil 500 litros de agua para la operación diaria, para obtener este líquido se planea explorar una parte del acuífero Actopan, el cual tiene una profundidad de 350 metros.
Héctor Salas, geólogo responsable del proyecto, aseguró que existe en el mismo acuífero una zona de agua a 80 metros a profundidad que no se tocará pues es de donde la población abastece sus pozos.
A largo plazo también se planea captar agua de lluvia, y se pretende que el 80 por ciento del líquido utilizado sea de este tipo y solo el 20 por ciento provenga del acuífero.
Isabel Báez, tiene más de 30 años de vivir en Palma Sola, se quejó de que la minera no da información completa, solo lo que a ellos les conviene: “Dicen que va a ver dinero, trabajo, mejora, pero nunca dicen va a ver muerte, destrucción, pueblos fantasma”.
Cuestionó que la minera ha usado a las escuelas como “escudos” para engañar a los niños en las escuelas donde solo dan una parte de la información.
Señaló que la minera utiliza la división entre el pueblo para confundir “así menos preguntamos, y menos protestamos”.
Criticó las medidas de mitigación de las minera, pues dijo son “ilógicas, como querer trasplantar plantas”.
Un tema que preocupa a los lugareños es el agua, pues actualmente reciben tandeos de agua una vez por semana, y si el agua para las actividades la sacarán del Acuífero Actopan, la situación podría agravarse.
María de Jesús López Tlapa advierte que a ella no la han invitado a ninguna reunión, porque los mineros se han reunido solo con sectores de influencia, como el ganadero, pero ha realizado pocas reuniones abiertas para la ciudadanía en general.
“Hace reuniones informativas pero solo con unos cuantos, porque al pueblo no lo convocan, al pueblo lo estamos informando la propia gente, es un peligro para todos”.
Daniela Isabel lleva doce años viviendo en la región, cuenta que en las reuniones de los mineros le dicen tener celular y estar en contra de la instalación de las minas es una contradicción.
“Pero yo les respondí que mi celular no se compara a la contaminación de la mina, si llegan será devastador, si nos dan a elegir preferimos el paisaje, lo verde”.
Cuenta que tiene varios folletos de la minera, y refuta los 400 empleos que se presumen se generarán: “Eso no alcanza para Palma Sola y todas sus comunidades, plantean cosas ilógicas, como que van mover los animales y las plantas, uno no necesita tener estudios para saber que eso no es posible”.
Mónica considera que es urgente que el pueblo se una en contra de las mineras, pues su llegada podría ocasionar despojo y hasta afectaciones a la salud, además del medio ambiente.
“En Veracruz no vamos a tener oro, no vamos a tener agua, pero tampoco salud, ni ambiente, todo se va terminar, los daños van a ser cuantiosos, tendríamos que ir a otros lados, y donde vamos a ir si hay concesiones mineras en todos lados”, señala.
El Frente Ciudadano de la Defensa del Agua y la Vida en Baja California convoca a los habitantes de La Paz y Los Cabos a una manifestación en la explanada de Palacio de Gobierno para este miércoles 29 de agosto donde exigirá al gobernador Carlos Mendoza Davis que no se le otorgue el permiso de Cambio de Uso de Suelo Forestal a la empresa minera “Los Cardones”.
La manifestación convocada para las 10 de la mañana del miércoles es una manera de dejar claro que “el pueblo decidió un no rotundo al proyecto Los Cardones, ya que no existe la minería sustentable ni la responsable”.
Los manifestantes exigirán que “de ninguna manera se apruebe el permiso de Cambio de Uso de Suelo Forestal al megaproyecto minero Los Cardones, de Salinas Pliego”.
El Frente Ciudadano de la Defensa del Agua y la Vida exhorta a la comunidad para que este miércoles “defienda el agua y salud. Con la vida no se negocia”.
Hay un desfase en el último pago de la minera por concepto de predial, porque ha seguido comprando terrenos y los desembolsos eran por debajo de la superficie real que explota
Opina que Godezac y la Legislatura deben fijar una postura e intervenir, ya que las empresas mineras han desarrollado cierta capacidad para burlar el marco normativo
El caso de la mina El Coronel, propiedad de Carlos Slim, que no ha pagado el predial desde el año 2007 y, contrario a resarcir el adeudo, ha denunciado abuso de autoridad de parte del alcalde de Ojocaliente por realizarle el cobro, evidencia la impunidad con que opera la industria minera en el estado y el país, opinó Rodolfo García Zamora, investigador de la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).
“Esto nos demuestra el enorme poder económico y político que rebasa fácilmente a cualquier ayuntamiento y la manera en que subordina a los gobiernos estatales, como Zacatecas”, expresó.
Según expuso, la modificación constitucional que promovió Carlos Salinas de Gortari en 1992 generó que la minería fuera declarada a nivel constitucional como una actividad prioritaria, por encima de cualquier otro interés, además que ha servido como un respaldo legal para el modelo extractivista.
Luego de esa modificación constitucional y con la implementación de una nueva ley minera, se expresaron legal y formalmente los intereses de las empresas mineras incluso por encima de cualquier otro interés.
El caso de la mina El Coronel muestra también una asimetría en el sentido de que el contribuyente más modesto de Ojocaliente debe pagar el predial año con año o de lo contrario puede ser objeto de alguna sanción, mientras que la minera de Carlos Slim actúa con total impunidad.
García Zamora refirió que hay un desfase en el último pago que hizo la minera por concepto de predial, pues la empresa ha seguido comprando terrenos y los pagos eran por debajo de la superficie real que explota.
Consideró que es una situación surrealista porque en lugar de cumplir con las obligaciones fiscales, que además son pocas, ha denunciado al alcalde por el hecho de cumplir con su función de hacer el cobro.
“Como sucede en Mazapil y Chalchihuites se ve la enorme contradicción del beneficio de miles de millones de dólares que se llevan las empresas canadienses y mexicanas, el daño ambiental que generan y la impunidad con la que funcionan”, puntualizó.
En Zacatecas, refirió que la minería ha contaminado el agua y el medio ambiente sin que haya alguna retribución para resarcir los pasivos, además que permanentemente evaden sus obligaciones fiscales con los ayuntamientos.
Indicó entonces que el problema que se ha presentado en Ojocaliente es también un problema del estado, porque demuestra la impunidad con que actúan las grandes corporaciones mexicanas y extranjeras en Zacatecas.
García Zamora manifestó que tanto el Gobierno del Estado como la Legislatura deben fijar una postura e intervenir, ya que las empresas mineras han desarrollado cierta capacidad para burlar el marco normativo.
“Esto es un cuestionamiento al Congreso del estado, al Poder Judicial del estado, porque hay esa impunidad y no han hecho nada. El gobierno de Miguel Alonso estaba totalmente subordinado a estas corporaciones y él se autoengañaba diciendo que esta era la alternativa para el desarrollo de Zacatecas, lo que durante 470 años se ha demostrado que es una falacia”, agregó.
Señaló entonces que para Zacatecas ha sido una maldición contar con recursos minerales, porque durante siglos solamente ha significado extracción de los minerales, destrucción de los territorios, expulsión de la población, violación de la cohesión social y la subordinación de las instituciones.
El académico concluyó que la minería es un terreno desértico donde no hay institucionalidad ni leyes y solamente prevalece la impunidad del saqueo, hay en el caso de Ojo caliente, demuestra la impunidad y la soberbia del gran capital. En consecuencia, “va a ser muy difícil que se avance en la Cuarta Transformación de la que habla López Obrador si no hay un verdadero cambio en el Estado mexicano”.
Autor: Violeta Nuñez Rodriguez El Universal , REMAMX.org
Por cuatro sexenios, empresas nacionales y extranjeras se “apropiaron” mediante concesiones de los territorios de comunidades, pero este sexenio se entregó una concesión minera en el mar
En 1992 se reformó el artículo 27 constitucional, cancelando el reparto agrario y legalizando la compra-venta de la propiedad social, dando inicio a un nuevo mercado de tierras. Como parte de la reforma, se aprobaron tres leyes reglamentarias: Ley Agraria, Ley de Aguas Nacionales y Ley Minera.
Poca atención se puso a la Ley Minera, siendo que traería serias repercusiones en los territorios de pueblos y comunidades campesinas e indígenas. Entre ellos el artículo 6 decretó a la actividad minera como de utilidad pública, dándole preferencia sobre cualquier actividad. El artículo 10 estableció que esta actividad sólo se podía realizar mediante una concesión (sin establecer un límite de superficie), la cual podría otorgarse por 100 años (artículo 15), permitiendo disponer de los terrenos (artículo 19). Aunado a esto, los impuestos que se establecieron eran (siguen siendo) casi nulos. La Ley Federal de Derechos sólo establecía un pago semestral por hectárea concesionada, que iba de $6.77 hasta $148 a partir del décimo año. Asimismo, las inversiones en exploraciones mineras eran deducibles de impuestos.
Como resultado de esto y de la demanda internacional, la minería tuvo un comportamiento insólito. En 1994 la inversión privada minero metalúrgica era de 373 millones de dólares, y para 2012, había ascendido a 8,043 millones de dólares. En estos mismo años, el número de concesión aumentó de 16,773 a 26,071; y la superficie concesionada creció de 15,466 a 30,782 millones de hectáreas, respectivamente.
Como parte de esto, empresas nacionales y extranjeras se “apropiaron” mediante las concesiones de los territorios de los pueblos y comunidades, por cuatro sexenios seguidos. Sin embargo, en este sexenio hubo un cambio de gran trascendencia: la entrega de una concesión minera en el mar.
Sin precedente alguno, fueron concesionadas 91 mil hectáreas del mar de la Bahía de Ulloa en Baja California Sur, un espacio de gran importancia pesquera, ya concesionado a cooperativistas pesqueros, y considerado como una Región Marina Prioritaria por el gobierno federal.
El proyecto minero, denominado “Don Diego” (en honor al primo de Hernán Cortés), fue otorgado a Exploraciones Oceánicas, filial de la empresa estadounidense Odyssey Marine Exploration, para extraer 350 millones de toneladas de fosfatos durante 50 años, mediante un dragado de succión (aspirado de los fondos marinos).
Esta concesión se otorgó sin haber consultado a los cooperativistas pesqueros, quienes en el Manifiesto del Golfo de Ulloa, expresan que no hay precedente de ese tipo de minería en el mundo, por lo que no se sabe cuáles serán las repercusiones. Pese a esto, el gobierno entregó la concesión minera en el mar, y en el Taller de divulgación de las oportunidades para México en la minería de los fondos marinos internacionales y en exploración del océano profundo, argumentó que “para el año 2050 el consumo global de recursos naturales se triplicará…, incluyendo los recursos minerales…, [y] dadas las limitaciones naturales de la minería en tierra firme, el mundo, sin duda, está volteando la mirada a los océanos, ya que en buena parte estos minerales se encuentran en los fondos marinos y en el subsuelo de aguas internacionales” (SE, 2013).
Aunado a esto, de gran preocupación son las 122 millones de hectáreas que la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, siglas en inglés) ha entregado mediante contrato en la zona de Clarión-Clipperton, cuya costa más cercana es México, a fin de explorar los fondos marinos, en busca de la riqueza minera.
Ante esto, el gobierno mexicano tiene un gran reto, que no sólo radica en voltear a ver las decenas de conflictos socioambientales provocados por la minería terrestre, sino que ahora se enfrentará a lo que parece será la nueva era minera.
Violeta Nuñez Rodriguez
Profesora-Investigadora Titular C, Tiempo Completo, del Departamento de Producción Económica y del Posgrado en Desarrollo Rural de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco
El 20 de abril del 2013 La jornada del campo publicó “Tierra Arrasada”, su número 67, dedicado al Modelo Extractivo Minero (MEM) y sus impactos sobre el territorio, el medio ambiente y los derechos de los pueblos en México. En aquella ocasión tuve la oportunidad contribuir con un breve texto que titulé “REMA: acciones colectivas en defensa de los territorios”, a través del cual intenté recuperar algunas de las principales ideas que inspiran el trabajo de la Red Mexicana de Afectados por la Minería; por ejemplo, que la REMA actúa fundamentalmente bajo la idea de que el poder para decidir reside en los propios ciudadanos y que esa convicción es indispensable para asegurar que el control sobre los territorios y la reproducción de la vida no queden subordinados a las autorizaciones técnicas o a la voluntad de los operadores jurídicos, políticos y/o económicos.
A cinco años de aquel artículo -y a diez del surgimiento de la REMA- es posible confirmar la relevancia de nuestro repertorio de acciones colectivas para la defensa del territorio, siempre a disposición de las comunidades que, frente a la creciente entrega de ‘concesiones mineras’ -mediante las cuales el Estado concede a las empresas el aprovechamiento o explotación de minerales-, deciden resistir oponiéndose a proyectos que por su extraordinaria capacidad depredadora constituyen uno de los ejes contemporáneos de conflictividad más significativos a tener en cuenta en México. Este repertorio, producto de un profundo y continuo proceso de reflexión crítica, consiste, en esencia, en un conjunto de estrategias comunitarias, organizativas y jurídicas que se condensan en un enfoque preventivo que supone establecer “Territorios Libres de Minería”. Es decir,territorios en donde los proyectos mineros no serán bienvenidos. Al día de hoy, bajo este enfoque, cerca de dos mil localidades en todo el país ha logrado mantener a salvo sus comunidades blindando su territorio ante la amenaza minera.
Nuestro enfoque preventivo basa su éxito en el fortalecimiento del proceso organizativo a través de 1) el ejercicio de derechos colectivos tales como la libre determinación, la autonomía y la autogestión de los pueblos; 2) el apoyo técnico e informativo sobre las empresas vinculadas al MEM que, en lo local, atentan contra el territorio; y 3) el despliegue de acciones legales haciendo uso del derecho constitucional, del derecho agrario, del derecho municipal, del derecho ambiental y del derecho internacional de los derechos humanos.
Crear “Territorios Libres de Minería”, sin embargo, requiere de un modelo asambleario de toma de decisiones y participación ciudadana que supere al de la democracia liberal que, en lo fundamental, se explica por la agregación de intereses individuales; el modelo asambleario para crear “Territorios Libres de Minería”, por contra, exige un despliegue de energía cívica consecuente con el ejercicio de los derechos a la libre determinación, a la autonomía y a la autogestión.
A pesar de que el modelo de organización económica neoliberal ha dado como resultado, en general, la debilidad de la vida colectiva y la generación de individuos disociados, las asambleas continúan siendo espacios en donde los ciudadanos construyen sus posiciones políticas y ejercitan prácticas democráticas pues como decía Michael Walzer, “solamente en el contexto de la vida asociativa pueden aprender los individuos a deliberar, tomar decisiones y adquirir responsabilidades”.
Para la Red Mexicana de Afectados por la Minería, las asambleas son relevantes no sólo por ser el espacio idóneo para constituir “Territorios Libres de Minería”, sino porque privilegian y promueven el debate y la transformación de las preferencias individuales gracias a su naturaleza dialéctica y la confrontación persuasiva con los otros. Además, el procedimiento deliberativo, propio de las asambleas, se ajusta al carácter público de los bienes naturales en disputa y favorece la ampliación de la comunidad política al incorporar a los procesos de toma de decisiones a grupos tradicionalmente excluidos, por ejemplo, a las mujeres, a los pueblos indígenas e incluso a las y los menores de edad.
Ante la posibilidad de la entrada de empresas mineras en la entidad, 17 municipios se han declarado libres de minerías tóxica, señaló Guillermo Rodríguez Curiel, integrante de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA). Refirió que dicho número de municipios han hecho tal declaración, mediante la emisión de actas de Cabildo, mismas que para el próximo año se prevé incrementen por lo menos a 50.
Entrevistado previo al foro “El Agua en nuestras cuencas, los decretos presidenciales una amenaza para la vida”, indicó que estas actas de Cabildo son necesarias para continuar con la lucha que se tiene en contra de los proyectos de minería a cielo abierto que se pretenden instalar en los cerros “La Paila” y “El Cobre”, en los municipios de Alto Lucero y Actopan, respectivamente. “En junio se anunció que las actividades de la minera Caballo Blanco en La Paila y El Cobre se reanudaban al día siguiente de las elecciones, esto a todos nos preocupó porque se habla con toda la certeza de que reanudarían actividades al tener 115 millones de dólares para reactivar su proyecto”, expuso.
Refirió que el anuncio de los representantes de la empresa se consideró como una amenaza, ya que dichos recursos se podrían destinar para corromper a las autoridades. Dio a conocer que están preparando una nueva manifestación pacífica en contra de los proyectos mineros, denominada “Fiesta por la Vida”, la cual se realizará el próximo primero de septiembre en Palma Sola, municipio de Alto Lucero.
A dicho acto acudirá el arzobispo de Xalapa, Hipólito Reyes Larios, mismo que se ha manifestado en contra de este tipo de actividades. El activista dijo confiar en que el gobernador electo, Cuitláhuac García Jiménez, mantenga su postura en contra de los proyectos mineros a cargo de empresas extranjeras, tal y como lo manifestó en campaña. Manifestó que las actas de Cabildo no son suficientes para frenar los proyectos, por lo que se requiere que la sociedad civil organizada, así como los tres órdenes de Gobierno se opongan a este tipo de actividad que afecta los recursos naturales y a las poblaciones.
En ese sentido, declaró que el artículo 115 de la Constitución federal da autonomía a los municipios, de ahí que aunque algunos proyectos mineros tienen el aval de la Federación estos se pueden frenar por los ayuntamientos negando los permisos de cambio de uso de suelo o la licencia de construcción.
El tema de la minería tóxica vuelve a tomar fuerza en el lado sur de la Península de Baja California Sur; asociaciones, grupos sociales, civiles y artistas han tomado el tema como suyo, para concientizar sobre lo que advierten “un crimen ecológico y daño irreversible”, si se aprueba el cambio de uso de suelo a favor de una empresa minera.
La Red Mexicana de Afectadxs por la Minería (REMA) hace un enérgico llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que, en el ejercicio de sus responsabilidades y facultades, coadyuven en la aparición con vida del defensor del territorio Sergio Rivera Hernández, miembro de la organización Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) y de las comunidades opositoras al proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atlzala. Sergio Rivera Hernández desapareció la tarde del 23 de agosto cuando iba de regreso a su comunidad Coyolapa, Municipio de San Pedro Zoquitlán en una moto, la cual fue arrollada por una camioneta sin dejar rastros de él.
Doña Herlinda inclina las cejas y agacha la mirada un breve instante. Observa la tierra fértil que la vio nacer y el verde bosque que le da de comer. Sus manos, rasposas por el trabajo y llenas de surcos por los años, se mueven vertiginosamente; después, las lleva a su delgado y frágil pecho. Su voz se quiebra mientras clama: “Si me quitan el agua, si me quitan la tierra: me muero. Me quitan la vida…”.
En plena temporada de huracanes, habitantes de San José de Gracia viven con el miedo de que la presa de jales mineros se derrumbe y acabe con su pueblo, localizado en una zona remota de la Sierra Madre Occidental en el municipio de Sinaloa.
La minera Caballo Blanco que pretende arrancar una mina de oro a cielo abierto en el cerro de La Paila, municipio de Alto Lucero, no para en su intento de convencer a los habitantes de Palma Sola para que acepten la llegada de la minera, para lo cual afirma que va a traer empleo y minimiza el uso de cianuro y explosivos.
El Frente Ciudadano de la Defensa del Agua y la Vida en Baja California convoca a los habitantes de La Paz y Los Cabos a una manifestación en la explanada de Palacio de Gobierno para este miércoles 29 de agosto donde exigirá al gobernador Carlos Mendoza Davis que no se le otorgue el permiso de Cambio de Uso de Suelo Forestal a la empresa minera “Los Cardones”.
Por cuatro sexenios, empresas nacionales y extranjeras se “apropiaron” mediante concesiones de los territorios de comunidades, pero este sexenio se entregó una concesión minera en el mar
El 20 de abril del 2013 La jornada del campo publicó “Tierra Arrasada”, su número 67, dedicado al Modelo Extractivo Minero (MEM) y sus impactos sobre el territorio, el medio ambiente y los derechos de los pueblos en México. En aquella ocasión tuve la oportunidad contribuir con un breve texto que titulé “
Ante la posibilidad de la entrada de empresas mineras en la entidad, 17 municipios se han declarado libres de minerías tóxica, señaló Guillermo Rodríguez Curiel, integrante de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA). Refirió que dicho número de municipios han hecho tal declaración, mediante la emisión de actas de Cabildo, mismas que para el próximo año se prevé incrementen por lo menos a 50.