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Se pronuncia la diputada Maricela Pineda en contra de la minería tóxica

Autor: Redacción El informante BCS.mx

La diputada Maricela Pineda García, representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Congreso del Estado, fijó su postura con respecto a la denominada minería tóxica, a la Sierra de La Laguna y el patrimonio natural de los sudcalifornianos: “Mi postura personal en lo que se refiere a la minería tóxica en el estado, y en apego a las leyes vigentes, es que me opongo y me opondré profundamente a la aprobación de cualquier proyecto minero a cielo abierto en la región de la Sierra de la Laguna”, puntualizó la legisladora perredista.

En pronunciamiento presentado durante la sesión ordinaria de este martes, la legisladora enfatizó: “En la Sierra de La Laguna nace el agua que bebemos; no podemos permitir que nazca enferma, no podemos permitir que se convierta en veneno”, advirtió la diputada del Sol Azteca.

Pineda García dio a conocer que en las partes altas de la Sierra “cae un promedio de un metro de lluvia por año”, mientras que en regiones como La Paz, Todos Santos y Los Cabos apenas se tienen precipitaciones de poco más de 10 centímetros anualmente: “Lo que quiere decir que en la Sierra de La Laguna se capta el agua que consumimos todo el sur del estado”.

Finalmente, la legisladora dijo que, para obtener oro, el proyecto minero utilizará “químicos peligrosos, como cianuro, arsénico, plomo y otros metales pesados, en tanto que las explosiones y operación diaria de la mina producirán polvo que llegará a impactar un radio de hasta 170 kilómetros, “incrementándose con esto el índice de cáncer y otras enfermedades crónicas o fatales”.

Fuente:nformantebcs.mx/se-pronuncia-la-diputada-maricela-pineda-la-mineria-toxica/

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¿Cumplir los Acuerdos de San Andrés?

Autor: Gilberto López y Rivas , La Jornada.
Se ha convertido en lugar común en el discurso de la clase política, cuando de pueblos originarios se trata, repetir como conjuro mágico: ¡Se cumplirán los Acuerdos de San Andrés! Si en verdad éste fuera uno de los objetivos del próximo gobierno, ¿qué significaría semejante paso, más allá de la retórica que omite contextos históricos y realidades estructurales, o se limita a formalismos jurídicos intrascendentes?

Precisamente, en el plano legislativo, tendrían que ser derogadas las reformas constitucionales que han permitido la recolonización de los territorios de los pueblos originarios, concebidos como los espacios geográfico-simbólicos de su reproducción como entidades socio-étnicas colectivas, empezando, obviamente, por la reforma salinista al artículo 27 constitucional, que fue una de las causas de la rebelión de los mayas zapatistas de 1994, que autorizó la privatización de tierras ejidales.

Esto obligaría a derogar, asimismo, varias leyes derivadas de las reformas estructurales, en particular, la devastadora ley minera, que, en su artículo 6, otorga carácter preferente a la exploración y explotación mineras, sobre cualquier otro uso de la tierra, sin mencionar las que han permitido la privatización del agua y la desregularización ambiental, entre otras.

Igualmente, el artículo segundo constitucional, mal hechura de la traición de todos los partidos políticos y de los tres poderes de la Unión, tendría que ser relaborado en su totalidad, dado que la reforma constitucional realizada en abril de 2001 contiene impedimentos jurídicos que van contra el espíritu y la letra de los Acuerdos de San Andrés: a todo derecho reconocido o concedido se le coloca una nota precautoria que acota, limita e imposibilita la aplicación plena de las leyes y el ejercicio efectivo de esos derechos, al referirlos injustificadamente a otros artículos de la propia Constitución, o a leyes secundarias que han sido los instrumentos legales del saqueo neoliberal.

Asimismo, en la sección B del actual articulo segundo, se instituyen programas asistenciales y clientelares, que expresan una contradicción con la esencia de las autonomías formalmente reconocidas en la sección A del artículo, ya que condenan nuevamente al pueblo originario a un papel pasivo de la acción decisiva del Estado; niegan a las comunidades el estatus de entidades de derecho público y, por el contrario, las definen como de interés público, o entes tutelados de la política estatal; desconocen los alcances de las autonomías en los ámbitos municipales y regionales en que los pueblos indígenas los hagan valer, establecidos en San Andrés y, con ello, la posibilidad de su reconstitución. Esta reforma remite a leyes locales el reconocimiento de los pueblos indígenas y las características de la autonomía, lo cual no es favorable, dada la correlación de fuerzas en esos ámbitos y la existencia de poderosos cacicazgos en las etno-regiones, y, ahora, el impacto brutal del crimen organizado como brazo armado clandestino del Estado trasnacional.

Específicamente, la reforma de 2001 violentó los Acuerdos de San Andrés y se convirtió en una virtual contrarreforma al establecer lo siguiente: a).- sustituir las nociones de tierra y territorios por lugares, que desterritorializa a los pueblos indígenas, les sustrae de su base material de reproducción, y constituye incluso un retroceso con respecto al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo; b).- cambiar el concepto de pueblos por comunidades, trastocando el sujeto de la ley reconocido en San Andrés y en el propio Convenio 169, y limitando las competencias locales y regionales de estas entidades jurídico-políticas; c).- introducir fuera del acuerdo entre las partes del conflicto armado, el EZLN y el gobierno federal, la contrarreforma neoliberal al artículo 27 constitucional; d).- limitar la posibilidad de que los pueblos indígenas desarrollen y fortalezcan sus propios medios de comunicación, que durante estos años han sufrido un constante ataque por parte del Estado; y e).- no especificar el derecho a la consulta previa, libre, informada y, sobre todo, con carácter vinculatorio.

En suma, la reforma constitucional en materia de derechos indígenas de 2001 no fue satisfactoria para las organizaciones originarias independientes del Estado, así que los pueblos emprendieron el camino de construcción de la autonomía por la vía de los hechos, la autonomía de facto, siendo el caso paradigmático el de los mayas-zapatistas en Chiapas, agrupados en el EZLN, inmersos en un proceso autonómico de alcances históricos en el ámbito planetario.

Quedan aparte las continuidades neo-desarrollistas anunciadas por AMLO, que, de profundizarse, serían antitéticas al cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés. Estos siguen constituyendo la plataforma programática para los procesos autonómicos y un referente necesario para la lucha de resistencia contra el capitalismo.

Fuente:http://www.remamx.org/2018/09/cumplir-los-acuerdos-de-san-andres/

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Si se decreta Área Protegida litorales de BCS, minería submarina sería inviable

Autor: Redacción BCS Noticias.mx
Conflicto Relacionado: Los Cardones-Baja California-Vista Gold

Los Cabos,  (BCS). Luego de reunirse con representantes del sector pesquero del territorio sudcaliforniano, el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Rafael Pacchiano Alamán, sostuvo que de aprobarse el Área Natural Protegida (ANP) en los litorales de Baja California Sur, quedarían inhabilitados los proyectos de minería submarina.

“Lo que se busca es que esta Área Natural Protegida también blinde a la zona de proyectos mineros acuáticos”, declaró el funcionario federal, ante los medios de comunicación.

En relación a lo anterior, explicó que la mina Don Diego fue un proyecto que negó Semarnat hace tiempo, sin embargo, ahor está por emitir un nuevo resolutivo, haciendo cumplimiento a una sentencia judicial.

De aprobarse, se estima que en el área marina, al igual que se aplicó en el mar caribe, la industria hotelera podrá seguir construyendo la infraestructura necesaria, siempre y cuando se cumpla con la normativa ambiental que se aplica para este tipo de obras.

“Estamos trabajando para poder avanzar y tener un decreto antes de que se termine la administración; para que sea un ANP que funcione, que no solamente esté protegida en papel, sino en la realidad”, añadió Pacchiano Alamán.

En cuanto al proceso que se realiza sobre esta área natural protegida, el titular de Semarnat federal, sostuvo que se están puliendo los últimos detalles del estudio previo justificativo y, una vez que se publique, se pondrá a consulta pública.

Finalmente, en relación al proyecto minero Los Cardones en la Sierra La Laguna, aclaró que tiene una Manifestación de Impacto Ambiental vigente y, como cualquier otro proyecto, se está evaluando en la delegación de Semarnat, para ver si cumple o no con la normativa.

Fuente:http://www.bcsnoticias.mx/si-se-decreta-area-protegida-litorales-de-bcs-mineria-submarina-seria-inviable-semarnat/

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Cabeños intentarán que López Obrador se pronuncie vs minería en Sierra de la Laguna

Autor: Coelctivo Pericú
Conflicto Relacionado: Los Cardones-Baja California-Vista Gold

Residentes del municipio de Los Cabos, están convocando para asistir al evento público que encabezará el presidente electo Andrés Manuel López Obrador el próximo lunes 17 de septiembre en la ciudad de La Paz, a fin de manfiestar su inconformidad contra el proyecto Los Cardones que plantea construir una mina para la extracción de oro y plata en la zona de amortiguamiento de la Sierra de la Laguna.

Ante la posibilidad de que se le extiendan todas las autorizaciones federales de parte del actual gobierno, solicitan que López Obrador haga un planteamiento específico en contra de este proyecto minero del Grupo Salinas, ya que en su pasada visita a este municipio su posición no quedó del todo clara.

El mítin de Andrés Manuel López Obrador será ese lunes a las cinco de la tarde enfrente del antiguo palacio municipal de La Paz, en las calles de 16 de Septiembre y Belisario Domínguez.

El pasado jueves, el mandatario electo presentó al equipo de la Secreteraría de Economía donde no va a desaparecer la Subsecretaría de Minas. Quedará Francisco Quiroga al frente de esa dependencia.

Fuente:https://colectivopericu.net/2018/09/09/cabenos-intentaran-que-lopez-obrador-se-pronuncie-vs-mineria-en-sierra-de-la-laguna/

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Piden que no se autoricen proyectos mineros en Baja California Sur

Autor: Senado.gob.mx
Conflicto Relacionado: Los Cardones-Baja California-Vista Gold

A través de un punto de acuerdo, el senador Víctor Manuel Castro Cosío, llamó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a no autorizar los proyectos mineros de Los Cardones, que pretenden realizar en el Área Natural Protegida Sierra de la Laguna, así como el proyecto de Minería Submarina “Don Diego” en el Golfo de Ulloa, en el litoral del Océano Pacífico, ambos en Baja California Sur.

El desarrollo del proyecto minero Los Cardones, explicó, contempla la deforestación de 500 hectáreas del área de La Sierra de la Laguna, y se pone en riesgo a la salud pública por la contaminación de los mantos acuíferos y del medio ambiente en general.

La autorización para la operación del proyecto de minería submarina del Golfo de Ulloa, es parte de una inversión asociada de la empresa extranjera Odyssey Marine y AHMSA, cuyo principal accionista es un personaje muy ligado al Presidente de la República y a Emilio Lozoya, detalló el legislador.

Recordó que el Tribunal de Justicia Fiscal ordenó a la Semarnat expedir una nueva resolución, aun cuando se ha considerado que hubo deficiencias en la anterior resolución que negaba dicha autorización.

El punto de acuerdo detalla que con la operación del proyecto de minería submarina “Don Diego” se perderían miles de empleos, así como los ingresos de más de 12 mil familias, que viven de la actividad pesquera, y que ven en riesgo de perder su forma de subsistencia, por lo que el asunto que nos ocupa podría convertirse en una bomba de tiempo para los habitantes.

Adicionalmente, el senador Castro Cosío dijo que en días recientes los grupos mineros interesados han vuelto a insistir ante la Semarnat para que se autorice la operación de los proyectos mineros. Existe la sospecha fundada de que la dependencia ha decidido aprobarlos vía fast track, aprovechando el final del gobierno federal actual, agregó.

El punto de acuerdo se turnó la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.

Fuente:http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/41627-piden-que-no-se-autoricen-proyectos-mineros-en-baja-california-sur.html

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COMUNICADO OFICIAL Nuevo revés para el Proyecto Chemours Laguna

Autor: Remamx.org

Al Pueblo de la Comarca Lagunera

En el Juicio sobre Nulidad 2476/17-EAR-01-11 en contra de la Resolución Administrativa contenida en el Oficio Nº SGPA/DGIRA/DG03273 de fecha 8 de mayo de 2017, dictada por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a través de la cual se autorizó, indebidamente, el Proyecto “Chemours Laguna”, el pasado 3 de agosto del 2018, la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, resolvió, por UNANIMIDAD DE VOTOS de los Magistrados, confirmar la admisión de la demanda interpuesta por habitantes de la Localidad “El Siete Pueblo Nuevo” del Municipio de Gómez Palacio en el Estado de Durango.

Ocho meses después de que un grupo de ciudadanos de la Localidad “El Siete Pueblo Nuevo” acudieran ante el TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA a demandar la nulidad de la resolución administrativa que autorizó el Proyecto “Chemours Laguna”, el 2 de mayo del 2018, la empresa “The Chemours Company”, interpuso un recurso de reclamación en contra de la admisión de la demanda en el que argumentaba que los demandantes carecían de interés legítimo para combatir la autorización del proyecto.
Para sostener su argumento, la “Chemours Company” le dijo al TRIBUNAL que residir en la Ciudad de Gómez Palacio no es un elemento suficiente para acreditar que los demandantes tengan interés legítimo para demandar la nulidad de la autorización impugnada; la “Chemours Company” también argumentó que es falso que el Proyecto “Chemours Laguna” se ubicará en “El Siete Pueblo Nuevo” y que no basta con habitar en una comunidad posiblemente afectada por el Proyecto “Chemours Laguna” para presentar una demanda sino que es necesario demostrar que el “proyecto” puede llegar a afectar el medio ambiente, por lo que solicita que se revoque la admisión de la demanda en contra del Proyecto “Chemours Laguna”.
En su resolución, los Magistrados de la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, le dijeron a la “Chemours Company”, por UNANIMIDAD DE VOTOS, que sus argumentos son INFUNDADOS e INSUFICIENTES y confirmaron la ADMISIÓN de la demanda en contra del Proyecto “Chemours Laguna”. En su argumentación, el TRIBUNAL precisó que:
1.- Si bien es cierto que los demandantes no tienen su domicilio en la localidad denominada DINAMITA, lugar en donde se ejecutaría el Proyecto, lo cierto es que esa población es colindante y/o adyacente con la comunidad conocida como “El Siete Pueblo Nuevo”.
2.- Los demandantes, al formar parte de una comunidad adyacente a la población en la que se propuso edificar el Proyecto “Chemours Laguna” sí tienen interés legítimo para impugnar la autorización, toda vez que los trabajos de la planta química destinada la producción de cianuro de sodio podría afectar a la población a la que pertenecen los demandantes… pues su construcción podría generar un impacto a su alrededor.
3.- En el mundo real, los efectos -químicos- que pudiera tener la producción de cianuro de sodio, no sólo podrían influir en la comunidad en la que se construya la industria, sino también tendría un eventual impacto ecológico, de salud pública, en los ecosistemas, en el medio ambiente y los recursos naturales, la vida silvestre en las comunidades aledañas o adyacentes a la fábrica, de ahí que al formar parte y vivir en una localidad colindante en la que se construirá la planta, es evidente que tienen reconocido y acreditado su interés legítimo, pues su construcción si podría afectar a las comunidades que la rodean de ahí que sí tengan bases sólidas para interponer su demanda.
Con esta resolución, el Proyecto “Chemours Laguna” recibe un nuevo revés judicial ya que la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA considera, de manera definitiva, que los demandantes tienen derecho a combatir el Proyecto “Chemours Laguna” y garantiza, con ello, su derecho de acceso a la justicia.
¡La vida no se negocia!
¡El estado de derecho no se negocia!
¡Horizontalidad, transparencia y defensa de la vida!
”Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio”
Fuente:https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/165ab5881b83358a
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Comunicado REMA “Minera canadiense incumple contrato y reprime”

Autor: Rema.org

COMUNICADO
MINERA CANADIENSE INCUMPLE CONTRATO Y REPRIME
México, 5  de septiembre 2018
En México y en Latinoamérica las mineras canadienses ya están acostumbradas a tener una actuación ilegal y de  incumplimiento de contratos o convenios, entre muchas otras violaciones a las leyes y a los derechos humanos, porque se saben protegidas por las estructuras de gobierno, a tal grado que, aun en comunidades quienes erróneamente o con engaños han aceptado el ingreso de una empresa minera a su territorio, son reprimidas cuando éstas reclaman sus ilegalidades.
La minera Coeur Mexicana SA de CV, de capital canadiense, firmó un contrato con los ejidatarios para la explotación de la mina de plata en el municipio de Guazapares, ubicado en la Sierra Tarahumara, que se caracteriza por ser la región más importante en producción de plata del estado norteño de Chihuahua. Sin embargo, el incumplimiento del contrato por parte de la empresa canadiense, que es un común denominador de estas empresas, provocó que los ejidatarios exigieran justicia.
Desde el 20 de agosto los ejidatarios iniciaron su manifestación y plantón en el camino que da acceso a la mina, pero fue disuelta el 30 de agosto con el apoyo de 130 elementos de la Fiscalía General de Chihuahua, quienes llegaron disparando al aire para intimidarlos, sin identificarse y sin presentar órdenes de aprehensión, detuvieron a dos ejidatarios, José Luis Lozano Mosqueda e Ismael Vargas González, que ahora se reportan como desaparecidos.
Esta situación es reiterativa por parte de las empresas mineras canadienses, aunque no sólo estas, tanto en otras partes del país como en Latinoamérica, en donde incumplen muchas de las cláusulas de los convenios firmados, desde aspectos tan fundamentales como negarse a la contratación de mano de obra, no pagar derechos de paso, no realizar las obras sociales prometidas a las comunidades y otras serie de circunstancias que al final se traduce en la extracción del mineral y la devastación territorial, de la salud y comunitaria.
También incumplen resoluciones judiciales, violan normativas ambientales y prácticamente hacen inexistentes los derechos humanos de los pobladores locales y trabajadores, a quienes reprime e incluso asesina cuando se atreven a reclamar sus derechos, tal como ha sucedido ya en Guerrero con la empresa Torex Gold o en Chiapas con la Blackfire o en Oaxaca con la Fortuna Silver Mines, todas de capital canadiense.
La actividad minera está lejos de ser parte del progreso y desarrollo, toda vez que se ha vuelto la práctica que mayores asimetrías genera; destruye totalmente los bienes naturales y por ende el territorio de los pueblos a los que deja devastados con irreversibles daños a la salud y al ambiente; capitalizando el despojo tan pronto como les es posible, llegan a efectuar
el desplazamiento a toda costa.
A las empresas y sus dueños, no les interesa si un pueblo se opone y resiste o por el contrario firma un convenio, pues en ambos casos habrá persecuciones, represión, criminalización y/o asesinatos. Es tan rapaz y tan impune el actuar de las empresas mineras y del mismo gobierno que violentan y violan todo el Estado de Derecho en su conjunto. Reconocemos que se trata de una batalla en donde el Estado actúa casi siempre del lado de las empresas y bajo los escudos justificativos de la modernidad, el progreso y el desarrollo, buscando de esa forma legitimar sus ilegitimas ganancias generadas por el saqueo de los pueblos.
Este caso que ahora sufren los ejidatarios del municipio de Guazapares, debe ser un serio llamado de atención y de alerta, para que las comunidades y ejidos de todo el país, eviten ser engañados y desechen cualquier relación con aquella empresa minera que ronde su territorio. En contrasentido, los invitamos a organizarse para decretar el Territorio Libre de Minería. Es posible luchar y resistirse en contra este Modelo Extractivo que viola los derechos humanos y devasta territorios tal como sucede y se ha demostrado en varios estados del país.
REMA se solidariza con las y los ejidatarios de Guazapares quienes a pesar de lo ocurrido se mantienen
resistiendo y sostendrán el bloqueo, el cual han anunciado que ahora será total.
Responsabilizamos a la empresa minera canadiense y al gobierno de Chihuahua por la seguridad de los ejidatarios y el regreso con vida de José Luis Lozano Mosqueda e Ismael Vargas González.
                                       ¡POR TERRITORIOS LIBRES DEL MODELO EXTRACTIVO MINERO!
                                             RED MEXICANA DE AFECTAD@S POR LA MINERÍA (REMA)

 

 

Fuente:http://www.remamx.org/2018/09/comunicado-rema-minera-canadiense-incumple-contrato-y-reprime/

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Napo es cómplice y debe entregarse

Autor: Remamx.org
Conflicto Relacionado: Pasta de Conchos-Coahuila-IMMSA

La organización Familia Pasta de Conchos sostuvo que en el afán de legitimarse, el dirigente minero y Senador electo Napoleón Gómez Urrutia miente al asegurar que reabrirá el caso de la mina que explotó en febrero del 2006, para rescatar los cuerpos de los 65 mineras que quedaron atrapados.

A través de la activista Cristina Auerbach, señalaron que como dirigente máximo del Sindicato Minero Nacional tuvo la facultad para evitar una de las mayores tragedias, pero se limitó a cobrar cuotas sin preocuparse por la seguridad de los trabajadores, lo cual lo convierte en cómplice.

Así mismo manifestó que Gómez Urrutia no puede abrir ningún caso porque el caso está abierto ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que le dio admisión en marzo del año pasado, litigio que va acompañado por casi mil 100 familiares directos de los mineros muertos; Napoleón Gómez nada tiene que ver, sostuvo.

Exigieron un documento que muestre que Gómez Urrutia intentó actuar para evitar la muerte de los 65 mineros, tomando en cuenta que él representa al sindicato.

“Entonces que ahorita venga a decir que quiere que se abra el caso y que se investigue, pues yo le pediría que se entregue y que cuente que fue lo que pasó. Porque aquí la tragedia de Pasta de Conchos es la suma de complicidades entre el estado mexicano, grupo México y el Sindicato Minero, porque el sindicato minero los únicos emplazamientos que hizo fueron por salario, nunca por las condiciones de inseguridad”, expresó.

La activista manifestó que el dirigente minero ha mentido todos estos años, y ahora ensaya un discurso que le viene bien, que se ha posicionado porque tiene poder y dinero, pero es mentira.

“Quiere legitimarse, yo creo que  él pensó que iba a llegar y que todo mundo le iba a aplaudir, y resulta que se encontró con una fuerte oposición no solo de las familias de Pasta de Conchos, no sólo de un sindicato pulverizado, porque me estoy enterando que del sindicato minero ahora hay otros 9 sindicatos, hay 10 sindicatos mineros, ni siquiera sé realmente a cuantos representa”, apuntó.

Y agregó: lo que no es aceptable y es absolutamente condenable es que un sindicato, un representante sindical se haya quedado callado, haya sido omiso ante las condiciones de esclavitud en que estaban los trabajadores de Pasta de Conchos, que haya cobrado cuotas sindicales, que sólo haya representado a 28 de los 65; él no representaba a todos, sin tomar a los de confianza y el resto el personal de la empresa contratista que se llamaba General de Hulla.

Manifestó que Gómez Urrutia también cobraba un contrato de protección, cobraba por no sindicalizar a sus trabajadores, “entonces es una hipocresía que hoy diga que va  a acabar con los contratos de protección cuando él ha vendido contratos de protección desde que es el sindicato minero, así que no tiene ninguna calidad moral, ninguna legitimidad y ningún derecho de hablar a nombre de nosotros”.

Actualmente no existe diálogo con el sindicato, la empresa o el estado, las familias sobreviven con un ingreso de 3 mil pesos mensuales, informó.

Auerbach pidió a  los trabajadores que están en los 10 sindicatos que derivaron del Minero, que recapaciten sobre lo que está pasando con sus organizaciones, “porque el regreso de Gómez Urrutia nos recuerda lo vulnerables que son, lo desprotegidos que están y que son sólo ellos los que pueden tomar cartas en el asunto para que sus centros de trabajo no sean trampas mortales”.

Fuente:http://www.remamx.org/2018/09/napo-es-complice-y-debe-entregarse/

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Con desapariciones forzadas imponen proyectos de muerte, acusan

Autor: Efraín Nuñez, E-consulta.com

La desaparición forzada es otra de las herramientas utilizadas por el Estado y las grandes corporaciones para castigar a quienes se oponen a los llamados proyectos de muerte en la entidad, afirmó Mariel Bonilla Dumit, integrante de la Red de Defensa de los Derechos Humanos en Puebla.

Tras la presentación del libro sobre la desaparición de dos integrantes del Ejército Nacional Revolucionario (EPR), la activista recordó que recientemente desapareció Sergio Rivera Hernández, opositor a la hidroeléctrica que pretende construir la minera Autlán en la Sierra Negra.

Desaparecido opositor a las represas

Bonilla Dumit sostuvo que el caso de Sergio Rivera puede presumirse como una desaparición forzada, debido a su activismo en contra de una hidroeléctrica en el municipio de Zoquitlán.

“El caso no ha sido muy sonado mediáticamente pero se puede presumir el interés político del Estado para deshacerse de él. Por su práctica política se puede presumir que se trata de una desaparición forzada”.

La integrante de la Red sostuvo que la población sufre diversas violaciones a sus derechos humanos por la imposición de estos proyectos, ya que en un primer momento no se les da la información debida de las mineras,fracking o hidroeléctricas que se construirán.

“Cuando ellos reaccionan es porque ya están siendo desplazados. Violentan su derecho a una calidad de vida, a su entorno social, y cuando se quieren defender son criminalizados, sometidos a procesos inventados”, expuso.

Sergio Rivera desapareció el pasado 23 de agosto en el municipio de Zoquitlán, luego de que al parecer era perseguido por una camioneta con camper que merodeaba el lugar.

Compañeros de quien integra el Movimiento Agrario Indígena Zapatista hallaron su motocicleta abandonada.

En otro tema, la activista refirió que otro caso importante de desaparición forzada en Puebla fue el de Fermín Mariano Matías, cofundador de la Liga Estudiantil Democrática y ex integrante del PRD, quien desapareció en 2009 y posteriormente fue hallado asesinado.

Al respecto afirmó que es sonado que existen inmuebles en la entidad destinados para retener a personas sin la intención de ponerlas a disposición de la autoridad ni sujetarlas a un proceso penal.

Difícil cuantificar cuántos casos hay

Durante la presentación del libro sobre la desaparición de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, integrantes del EPR que desaparecieron durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, el historiador Fritz Glockner sostuvo que es “imposible” saber cuántos casos de desapariciones forzadas hay en México y en Puebla.

Manifestó que se estima que hay más de 30 mil personas que han desaparecido como consecuencia de su activismo político y social, sin embargo hay académicos que estiman que son más de 300 mil.

“Con la información de los colectivos se podría plantear la hipótesis que entre 1969 y 1978 el gobierno mexicano desaparece o asesina a 5 mil mexicanos. Pero en la actualidad no hay claridad”, expuso.

Fuente:http://www.e-consulta.com/nota/2018-08-27/seguridad/con-desapariciones-forzadas-imponen-proyectos-de-muerte-acusan

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Proyectos de minería provocarán poblaciones desplazadas, alertan

Autor: Efraín Nuñez, E-consulta.com

El 90 por ciento del territorio del municipio de Francisco Z. Mena está concesionado a la minería y el fracking, lo que eleva el riesgo de un desplazamiento de la población, advirtió el activista Eduardo Morales Sierra.

El también académico destacó que las principales violaciones que viven quienes se oponen a los que calificó como “proyectos de despojo” son el hostigamiento, las amenazas, las denuncias falsas y el asesinato.

Riesgo de desplazamiento

Morales Sierra destacó que los municipios tanto de la Sierra Norte como en la Sierra Negra están amenazados con proyectos de gasoductos, minerías, hidroeléctricas, instalación de paneles solares y fractura hidráulica.

“En Francisco Z Mena el 90 por ciento del territorio está concesionado a minería y fractura hidráulica; eso va a implicar un proceso de desplazamiento forzado”, expuso.

El municipio de Z. Mena, ubicado en la Sierra Norte de Puebla, cuenta con una población de 16 mil 667 personas, y mil 600 hablan una lengua indígena.

Asimismo, cuenta con una extensión territorial de 535.8 kilómetros cuadrados, lo que implica que más de 482 kilómetros cuadrados están concesionados a los proyectos de despojo.

Violaciones trascienden a los gobiernos

El académico destacó que los proyectos de despojo trascienden a los gobiernos, ya que el estado está diseñado para esto.

“Va mucho más allá del gobierno y de los partidos en turno que continúen estos procesos. La estructura del gobierno está diseñada para ello”.

Agregó que una de las formas que tiene el Estado para presionar a los activistas que se oponen a estos proyectos en el estado es la vinculación a procesos con delitos inventados, como sucedió con indígenas de Cuetzalan.

Fuente:http://www.e-consulta.com/nota/2018-09-03/gobierno/proyectos-de-mineria-provocaran-poblaciones-desplazadas-alertan