Denuncia del asesinato de Mariano Abarca, crimen perpetrado el 27 de Noviembre de 2009. Han paso 9 años en que aún la justicia no dá un dictámen.
Fuente:http://www.remamx.org/2018/11/comunicado-nueve-anos-de-impunidad-en-el-asesinato-de-mariano-abarca-roblero/
La bancada de Morena en el Senado de la República ampliará los requisitos para asignar concesiones mineras, y sólo se otorgarán a proyectos que cuenten con estudios de impacto social, además del ambiental.
La iniciativa, que ha sido turnada a las Comisiones Unidas de Minería y Desarrollo Regional y de Estudios Legislativos, también plantea revocar la concesión a quienes no cumplan con esta norma y no consulten a los pueblos y comunidades indígenas sobre proyectos de explotación que se ubiquen en sus territorios.
La propuesta de reforma a la Ley Minera fue promovida por la senadora de Morena, Angélica García Arrieta, quien argumentó que hasta este año se han documentado más de 15,000 conflictos sociales relacionados con la industria minera en México, de acuerdo con la organización no gubernamental Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).
Eso ocurre porque actualmente la Ley Minera no considera la necesidad de realizar análisis de impacto social y de las consecuencias del otorgamiento de concesiones, ni consultar a las comunidades y pueblos afectados por las mismas.
México firmó hace casi 30 años un convenio de la Organización Internacional del Trabajo en el que se comprometió a consultar a los pueblos originarios sobre el desarrollo de proyectos que pudieran afectar sus intereses.
Sin embargo, hasta ahora, las leyes locales sólo obligan al gobierno a llevar a cabo consultas con comunidades indígenas para proyectos de energía.
“Ya lo ha declarado nuestro presidente (Andrés Manuel López Obrador): es muy importante atender a las pequeñas colectividades donde se extraen los minerales porque pasa esto: se extrae, se causan daños y no se deja el beneficio de la explotación minera”, afirmó la senadora.
García Arrieta hizo un recuento de casos emblemáticos en que poblaciones se han visto afectadas por las compañías mineras y por la falta de atención de las autoridades: el desastre minero de Pasta de Conchos, en 2006, en el que murieron 65 trabajadores; la muerte del defensor comunitario Mariano Abarca en Chiapas, en 2009; el derrame de sustancias químicas en los ríos Bacanuchi y Sonora, en 2014 o el amparo en el ejido de Sierrita, Durango en 2017.
Dijo además que es muy común que las presas de jales mineros contaminen cuerpos de agua con sus metales pesados, los deterioren y hagan imposible su consumo.
“No privilegiemos el interés económico de unos cuantos por encima de los derechos sociales de la población que está siendo vulnerada”, pidió desde la tribuna del Senado.
La iniciativa prioriza la importancia de proteger y respetar los derechos humanos de las comunidades y pueblos donde se desarrolla esta actividad. Según el documento de la misma, se propone lo siguiente:
• Facultar al Servicio Geológico Mexicano para realizar estudios de impacto social respecto a las áreas objeto de concesión y de asignación mineras.
• Facultar a la Secretaría de Economía para declarar zonas inviables de explotación o en conflicto por impacto social negativo, así como cancelar concesiones y asignaciones mineras por este motivo.
• Garantizar que toda concesión, asignación o zona que se incorpore a reservas mineras atienda los principios de sostenibilidad y respeto de los derechos humanos de las comunidades y pueblos de las regiones en los que se pretendan desarrollar.
• Obligar a los titulares de concesiones mineras a destinar un monto para el desarrollo humano y sustentable de las comunidades o localidades en las que realicen sus actividades de exploración y explotación.
• Exigir los titulares un informe anual del impacto social de su lote minero y, en caso de no presentarlo, cancelar la concesión por incumplimiento.
Los motivos para cancelar una concesión será que exista una declaratoria de zona inviable de explotación o en conflicto por impacto social negativo; no rendir al Servicio Geológico Mexicano el informe anual; no ejecutar o comprobar la ejecución de las medidas de mitigación y los planes de gestión social correspondientes; no destinar los montos económicos mínimos para el desarrollo humano y sustentable de las comunidades o localidades en las que realicen sus actividades de exploración y explotación; y perder la capacidad para ser titular de concesión.
Fuente:https://polemon.mx/morena-endurecera-legislacion-a-mineras-para-que-no-danen-comunidades
Buenos días a los medios que nos acompañan en esta conferencia de prensa. El mensaje que les vamos a compartir está dirigido, en primer lugar, a la ciudadanía de Baja California Sur, así como a la del resto del país y a la solidaria comunidad internacional que está atenta al desenvolvimiento de la amenaza de minería en Sierra La Laguna; como verán a continuación, también contiene mensajes específicos dirigidos al gobierno y sus diferentes instancias, así como a Ricardo Salinas Pliego y su empresa Desarrollos Zapal, responsable del proyecto minero Los Cardones.
En primera instancia, queremos hacer del conocimiento de todas las personas que habitan Baja California Sur y de las que están preocupadas en la lucha ciudadana por el agua y la vida, aquí y fuera del estado, que ciudadanos con un alto valor cívico han interpuesto demandas ciudadanas en contra del resolutivo de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), otorgado por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a Desarrollos Zapal de forma condicionada el 12 de junio de 2014, otorgado, decíamos, de manera ilegal, violando leyes y reglamentos que regulan la materia, tanto en el ámbito nacional como el internacional.
De las diversas demandas ciudadanas, la más reciente corresponde a un amparo ingresado en el mes de octubre del 2018, contra la autorización condicionada del proyecto minero Los Cardones que la DGIRA expidió en 2014. Dicho recurso fue admitido por la autoridad judicial (Juzgado Primero de Distrito en el estado, expediente 1256/2018), y el juez que revisa el caso, otorgó el 7 de noviembre del 2018 la suspensión definitiva para el efecto de que no se ejecute el oficio número SGPA/DGIRA/DG-05124 del 12 de junio del 2014, expedido por Semarnat, lo que significa que la empresa de Ricardo Salinas Pliego no está autorizada a hacer ninguna clase de obra ni modificación en el sitio en el que pretende instalar la mina de oro a cielo abierto, y la autoridad está obligada a vigilar la estricta observancia de ello.
Antes de tocar una sola planta, una sola piedra, la empresa necesita obtener todos los permisos y condicionantes que le fueron impuestos con el resolutivo de la MIA:
Entre otros, deberá solicitar al Ayuntamiento de La Paz, autorización para disponer las aguas residuales en la planta de tratamiento de la Ciudad de la Paz (Condicionante 10, página 173).
La empresa no cuenta con ninguno de los condicionantes mencionados y, por si fuera poco, aunque los consiguiera, no podría hacer nada en la zona, hasta que este juez no resuelva el amparo mencionado. Los ciudadanos organizados nos mantenemos alertas ante cualquier movimiento de la empresa, tanto físico como administrativo, con especial atención a las prácticas de negociación secreta mejor conocidas como corrupción; hacemos un llamado a todos los ciudadanos responsables tanto dentro de la administración pública como fuera de ella, para que, en congruencia con el espíritu del Pacto de Todos Santos firmado el 12 de septiembre del 2014, denuncien cualquier movimiento que Desarrollos Zapal realice a favor de instalar la mina de oro a cielo abierto en Sierra La Laguna. Saludamos a todas y todos quienes quieran sumarse a la construcción de una vida digna, incluyente, que reconozca y garantice el patrimonio natural y cultural sudcaliforniano, con un medio ambiente sano y el agua que nos da vida.
La estrategia de los ciudadanos organizados es y será hacer que se cumplan las leyes que protegen el medio ambiente, pese a la clara intención de las autoridades de permitir que personajes como Ricardo Salinas Pliego pasen por encima de los derechos de los ciudadanos, como ocurrió con los regidores corruptos del XIV Ayuntamiento en septiembre de 2015; en todo momento vigilaremos que las leyes se cumplan, por ello estamos impugnando el acto mismo de la autorización condicionada, que es la raíz que mantiene en vilo a la sociedad sudcaliforniana por el riesgo ambiental que implica la minería de oro a cielo abierto, sin dejar de mencionar, el grave peligro que pesa sobre el agua de existir semejante contrasentido en una reserva de la biósfera, en un estado con alarmantes carencias hídricas, justo en el lugar de mayor captación del vital recurso, del que dependemos las comunidades del sur del estado para la subsistencia.
Por otra parte, hacemos un llamado a la autoridad para que haga cumplir la ley, no permitiendo que la empresa realice ninguna clase de obra ni modificación de la zona bajo ningún pretexto. Cualquier movimiento de la empresa en la zona en la que pretende de forma estéril llevar a cabo el proyecto minero Los Cardones, debe ser impedido y sancionado por la autoridad correspondiente y los responsables remitidos ante ésta para pagar por el daño hecho y por violar las leyes y reglamentos en la materia, además de desacatar el mandato judicial de suspensión definitiva. Le recordamos a la autoridad que la omisión de su parte en este punto, le convierte, en automático, en corresponsable de los actos cometidos por la empresa que pudieran violentar los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como el derecho humano a un medio ambiente sano y el derecho humano al agua.
También queremos dejar en claro que rechazamos toda consulta que parta del supuesto de que los derechos humanos, como el derecho a un medio ambiente sano y el derecho al agua, puedan ser conculcados arbitrariamente. Los derechos humanos fundamentales, son irrenunciables, inalienables, NO CONSULTABLES. Pretender someterlos a consulta, va contra la Constitución Mexicana y las leyes internacionales firmadas por el Estado Mexicano. Le advertimos a la nueva administración federal y municipal, que los habitantes de Baja California Sur no aceptamos un retroceso respecto del derecho humano al agua y al medio ambiente sano. Sabemos de la cercanía de Ricardo Salinas Pliego con López Obrador; no nos amedrenta ni nos va a detener. Nos asiste la razón y la ley. A los ciudadanos y ciudadanas, a los habitantes de Baja California Sur, nos toca defender nuestro territorio y nuestros derechos, contra quien sea, sin importar su riqueza ni su posición política.
Para concluir, por anticipado señalamos a la autoridad y a Ricardo Salinas Pliego y sus esbirros como responsables en caso de que la integridad de los ciudadanos demandantes sea puesta en peligro o bajo amenaza. En todo momento los ciudadanos nos hemos conducido de forma pacífica en apego al derecho vigente y no esperamos nada distinto ni de la empresa ni del Estado. Llamamos a las comunidades, grupos y habitantes de otras regiones, estados y naciones, a que sigan solidarizándose con la lucha del pueblo sudcaliforniano. Reiteramos nuestra invitación a todas las personas que deseen sumarse a este movimiento popular a favor del agua y la vida; reivindicamos nuestro derecho a un ambiente sano y a la libertad de elegir y rechazar aquello que nos afecta. ¡Nunca más un país sin que se escuche clara y fuerte la voz de los ciudadanos y sin que se respete la voluntad soberana del pueblo mexicano!
Fuente:https://rzsud.org/2018/11/23/tropezon-a-la-minera-los-cardones/?fbclid=IwAR3CNlHed0s1yc5GViPY_4KTqil2LWbEOqfFxR5G4pegBUF5DKyjHq3Chog
Ante los impactos sociales y ambientales que ha originado la empresa minera canadiense Fortuna Silver Mines en San José del Progreso, la confederación de organizaciones no gubernamentales Oxfam México recomendó al Estado cumplir con sus obligaciones de respetar, proteger y cumplir con los derechos de los pueblos indígenas y equiparables, en particular por proyectos extractivos y de infraestructura.
En su estudio Minería y privilegios, captura política y desigualdad en el acceso a los bienes comunes naturales en México, sobre el caso de San José del Progreso –financiado por la Unión Europea–, la organización que participa en un movimiento global que trabaja en 94 países para construir un futuro libre de injusticia y pobreza, hace un análisis de la actividad minera en Oaxaca, específicamente en la región de los Valles Centrales y del proceso organizativo contra la minería, la vocación agrícola de la región y cómo está amenazada por la actividad minera.
También, hace una revisión del proyecto minero San José del Progreso, donde abordamos los impactos sociales y ambientales que la actividad minera generó y genera dentro de este municipio.
Marco de regulación
De esta manera, Oxfam México exhortó al Estado asegurar el respeto, protección y cumplimiento de los derechos humanos de manera integral y universal, incluyendo los relacionados con tierra, territorio y ambiente.
En particular, fortalecer y cumplir con el marco de regulación y control de los sectores empresariales, enfatizando los relacionados con proyectos de gran escala y de la industria extractiva, a partir de los mejores estándares y prácticas internacionales.
Además, mejorar los procedimientos de inspección de todas las autoridades a nivel nacional y estatal, especialmente a proyectos de gran escala y de la industria extractiva, para prevenir futuros accidentes con afectaciones masivas a los derechos humanos, así como garantizar la realización de investigación y sanciones en casos de incumplimiento.
Igualmente, que el Estado recuerde la imperiosa necesidad de respetar el derecho a la consulta previa y consentimiento libre, previo e informado, considerando que el derecho a la autonomía y a la autodeterminación deben ser los puntos de partida para cualquier iniciativa que tenga la probabilidad de impactar los territorios tradicionales, bajo los estándares internacionales y del derecho constitucional comparado.
Aparte de esto, que el Estado y las empresas reconozcan públicamente la importancia del trabajo de las personas defensores de derechos humanos, asegurando su protección y absteniéndose de apoyar directa o indirectamente cualquier acción para criminalizar o amenazar sus acciones.
Así también que el Estado investigue y castigue a actores empresariales acusados de violar los derechos de quienes defienden los derechos humanos.
Consulta previa
Del mismo modo, Oxfam México recomendó al sector empresarial minero respetar los derechos humanos en toda su cadena de valor, así como tener políticas de derechos humanos y remediar los daños y rendir cuentas acerca de cómo abordan los impactos negativos en los derechos humanos.
Y respetar el estado de derecho, el marco legal y las decisiones administrativas y judiciales, así como no interferir de forma alguna en los procesos de consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas.
Fuente:https://www.nvinoticias.com/nota/105809/defiende-oxfam-indigenas-en-oaxaca-de-mineras
Luego de un largo proceso donde no hay claridad en cuanto al tema de explotación minera en el municipio de San Lorenzo, norte de Nariño, el próximo dominio se realizará una consulta popular. “Es legítima y autónoma en defensa del agua, la vida y el territorio”, dijo el dirigente Robert Elio Delgado de la Coordinadora Nacional Agrario. Este evento contará con presencia de observadores nacionales e internacionales.
¿Cómo inició?
El proceso comenzó en el año 2008, luego de que el Gobierno Nacional sin tener en cuenta a las comunidades entregara títulos para la exploración y explotación minera, actividad que según las comunidades pone en riesgo la producción del agua, la comida, la economía campesina en general, la tranquilidad y la pervivencia en el territorio.
Justificación
En este sentido los moradores expresaron que las experiencias vividas con la multinacional Mazamorras Gold en los corregimientos de San Rafael y Santa Marta en San Lorenzo y en las veredas Olaya y El Volador en Arboleda, constituyen testimonios de los desastres ambientales, sociales y de violencia generados por la gran minería.
Foro
El dos de julio del año pasado en el municipio de Berruecos, se cumplió un Foro por el Agua y en contra de la minería, en ese escenario se tomó la decisión de adelantar la consulta popular para refrendar la voluntad de las comunidades y sus instituciones locales de proteger el territorio, sus bienes naturales y la vocación agropecuaria en cinco municipios del Territorio Campesino Agroalimentario del norte de Nariño.
Testigos
Estarán presentes la Misión de Observación Electoral –MOE-, La Asociación Minga, una delegación del Instituto Pensar de la Universidad Javeriana de Bogotá y representantes de organismos de Derechos Humanos y Protección del Medio Ambiente de carácter internacional.
Fuente:http://hsbnoticias.com/noticias/pol%C3%ADtica/al-norte-de-narino-pelea-por-mineria-se-define-en-las-urnas-482305
Las concesiones mineras han devorado buena parte del territorio de Jalisco. La Huerta, Tapalpa, Etzatlán, Ejutla, Atengo y Tomatlán son seis municipios que tienen entre 51 y 93 por ciento de toda su extensión entregada a empresarios de esa industria.
El avance vertiginoso de las concesiones mineras en Jalisco ha conducido a que existan municipios en el estado con más de la mitad de su territorio en manos de inversionistas privados de esa industria, con miras a la extracción y explotación de sus recursos naturales.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía del Gobierno federal, en 85 de los 125 municipios que tiene Jalisco hay concesiones mineras vigentes que suman un millón 628 mil 967.18 hectáreas de tierras dispuestas para las actividades extractivas de corporaciones de ese ramo.
En 2017 Jalisco ocupó el quinto lugar a nivel nacional con mayor territorio destinado a minería
Entre estos municipios destacan seis que tienen más de la mitad de su territorio concesionado a empresarios de esa industria, y en los cuales los permisos federales cubren entre 51.06 y hasta 93.02 por ciento de toda la superficie.
Se trata de La Huerta, en la Región Costa Sur, y parte del polo turístico de Costalegre en Jalisco. Esta zona presenta 41 concesiones mineras vigentes que suman 187 mil 323.19 hectáreas, lo que representa 93 por ciento de toda su superficie territorial.
En el segundo sitio está el Pueblo Mágico de Tapalpa, en la Región Lagunas, uno de los principales sitios turísticos de montaña del estado, el cual cuenta con 11 concesiones mineras emitidas que suman 56 mil 555.32 hectáreas y representan 91.29 por ciento.
En el tercer lugar está Etzatlán, en la Región Valles, donde existen 36 concesiones mineras expedidas que suman 25 mil 165 hectáreas, lo que significa que 74.45 por ciento de todo el municipio está dispuesto para las actividades mineras.
En el cuarto sitio está Ejutla, en la Región Sierra de Amula, donde hay 15 concesiones mineras del Gobierno federal que representan una extensión de 18 mil 436 hectáreas, mismas que cubren 61.99 por ciento de la superficie.
En el quinto escaño se encuentra Atengo, en la Región Sierra de Amula, donde se han autorizado 18 concesiones que constituyen una superficie total de 24 mil 434.26 hectáreas, que engloban 55.39 por ciento de esa municipalidad.
En el sexto sitio se ubica Tomatlán, en la Región Costa Sur, que también es parte de Costalegre, y donde se han expedido 12 concesiones mineras que conforman una superficie con fines extractivos de 153 mil 917.39 hectáreas, es decir, 51 por ciento de toda la extensión territorial de ese municipio.
Hay además 13 municipios de Jalisco donde las concesiones mineras cubren no menos de la quinta parte de sus territorios, por lo que el área comprendida va de 21.17 de sus demarcaciones hasta 47.15 por ciento.
Los municipios que se insertan en este rango son Ameca, en primer lugar, con 47.15 por ciento de sus tierras destinadas para fines mineros; Bolaños, en el puesto número dos, con un porcentaje de 41.12; Guachinango, con 36.59 por ciento; Cuautitlán de García Barragán con 33.37 por ciento; Hostotipaquillo en quinto lugar, con un porcentaje de 31.75.
85 municipios jaliscienses tienen concesiones vigentes
En sexto puesto está Mazamitla con 31.69 por ciento; sigue San Martín de Bolaños con un porcentaje de 31.11; en octavo lugar está El Grullo con 30.63 por ciento; en noveno sitio está Cihuatlán con 29.86 por ciento; La Manzanilla de la Paz sigue con 28.95 de porcentaje; Tecalitlán está en el siguiente lugar con 26.23 por ciento; San Sebastián del Oeste se ubica con 22.53 por ciento, y Villa Purificación está en el último sitio con 21.17 por ciento.
Entre estos casos destaca particularmente el de Bolaños, en la Región Norte, pues con sus 72 concesiones vigentes que suman 35 mil 647 hectáreas para la minería, fue el escenario donde se cometió el asesinato de los defensores de tierras indígenas Miguel y Agustín Vázquez Torres, en mayo de 2017.
Otros 60 municipios con concesiones mineras tienen cubiertas entre 0.05 hasta 18.89 por ciento de sus superficies totales. Sin embargo, Zapopan, un municipio de la metrópoli de Guadalajara, aún conserva grandes extensiones rurales
De acuerdo con estos registros, en Zapopan hay 12 concesiones mineras con una superficie total que comprende 21 mil 990 hectáreas, lo que representa una quinta parte de todo su territorio, equivalente a 18.89 por ciento.
En el año 2018 la organización ciudadana Fundar publicó el “Anuario 2017. Las actividades extractivas en México: minería e hidrocarburos hacia el fin del sexenio”, donde colocaba a Jalisco como el quinto estado del país con la mayor superficie concesionada a la minería, con un millón 515 mil 861 hectáreas, lo que cubría una quinta parte de todo el territorio estatal, es decir, 19.3 por ciento.
No todas las concesiones mineras tienen proyectos de extracción en operación, sin embargo, los datos más actuales de la Secretaría de Economía revelan que la superficie concesionada con esos fines creció a un millón 628 mil 967.18 hectáreas en 2018, lo que implica un incremento de 7.46 por ciento con respecto a 2017.
Con esta alza, ahora 20.72 por ciento de todo el territorio jalisciense está cedido a la industria.
Hay un grupo de municipios en los que las superficies que suman sus concesiones mineras sobrepasan la extensión total de sus territorios, lo que sugiere que hay permisos con áreas repetidas.
Esto ocurre en Tenamaxtlán, que tiene un porcentaje territorial ocupado por concesiones de 864 por ciento, El Limón, con 412.77 por ciento de su extensión, San Marcos con 174.11 por ciento, Tuxcacuesco con 118.67, Tecolotlán, cuyas concesiones alcanzan 102.36 por ciento de su territorio, y Pihuamo con un porcentaje de 102.16.
Los municipios con las mayores superficies concesionadas para minería son Tenamaxtlán, con 11 permisos que engloban 243 mil 329.70 hectáreas; La Huerta, con 41 concesiones de 187 mil 323.19 hectáreas; Tomatlán, con 12 permisos de 153 mil 917.39 hectáreas; Pihuamo, con 79 permisos de 89 mil 433.71 hectáreas; y Tecolotlán con 10 concesiones sobre 78 mil 386.39 hectáreas.
Fuente:https://www.reporteindigo.com/reporte/jalisco-un-campo-minado-municipios-territorios-consecionados-empresarios-mineros/?fbclid=IwAR33B3eZylncIZdfs8Mn-icHDBWn7R7ci7G5D94-PKK0esr4nXU8T3DhbzU
La bancada de Morena en el Senado propone ampliar los requisitos para asignar concesiones mineras, otorgándolas solo a proyectos que cuenten con estudios de impacto social, además del ambiental.
La iniciativa, turnada a las comisiones unidas de Minería y Desarrollo Regional y de Estudios Legislativos, también plantea revocar la concesión a quienes no cumplan con esta norma y no consulten a los pueblos y comunidades indígenas sobre proyectos de explotación que se ubiquen en sus territorios.
La propuesta de reforma a la Ley Minera fue promovida por la senadora de Morena, Angélica García Arrieta, quien argumentó que hasta este año se han documentado más de 15,000 conflictos sociales relacionados con la industria minera en México, de acuerdo con la organización no gubernamental Red Mexicana de Afectados por la Minería ( REMA )
Esto es principalmente porque la Ley Minera no considera la necesidad de realizar análisis de impacto social y de las consecuencias del otorgamiento de concesiones, ni consultar a las comunidades y pueblos afectados por las mismas.
“Ya lo ha declarado nuestro presidente (Andrés Manuel López Obrador): es muy importante atender a las pequeñas colectividades donde se extraen los minerales porque pasa esto: se extrae, se causan daños y no se deja el beneficio de la explotación minera”, afirmó la senadora.
García Arrieta recordó algunos casos emblemáticos en que poblaciones se han visto afectadas por las compañías mineras y falta de atención de las autoridades, como el de Pasta de Conchos, en 2006; la muerte del defensor comunitario Mariano Abarca en Chiapas, en 2009; el derrame de sustancias químicas en los ríos Bacanuchi y Sonora, en 2014 o el amparo en el ejido de Sierrita, Durango en 2017.
Además, dijo, es muy común que las presas de jales mineros contaminen cuerpos de agua con metales pesados, que los deterioran y hacen imposible su consumo.
“No privilegiemos el interés económico de unos cuantos por encima de los derechos sociales de la población que está siendo vulnerada”, pidió desde la tribuna del Senado.
La iniciativa prioriza la importancia de proteger y respetar los derechos humanos de las comunidades y pueblos donde se desarrolla esta actividad. Para ello propone:
• Facultar al Servicio Geológico Mexicano para realizar estudios de impacto social respecto a las áreas objeto de concesión y de asignación mineras.
• Facultar a la Secretaría de Economía par declarar zonas inviables de explotación o en conflicto por impacto social negativo, así como cancelar concesiones y asignaciones mineras por este motivo.
• Garantizar que toda concesión, asignación o zona que se incorpore a reservas mineras atienda los principios de sostenibilidad y respeto de los derechos humanos de las comunidades y pueblos de las regiones en los que se pretendan desarrollar.
• Obligar a los titulares de concesiones mineras a destinar un monto para el desarrollo humano y sustentable de las comunidades o localidades en las que realicen sus actividades de exploración y explotación.
• Exigir los titulares un informe anual del impacto social de su lote minero y, en caso de no presentarlo, cancelar la concesión por incumplimiento.
• Por declaratoria de zona inviable de explotación o en conflicto por impacto social negativo.
• No rendir al Servicio Geológico Mexicano el informe anual.
• No ejecutar o comprobar la ejecución de las medidas de mitigación y los planes de gestión social correspondientes.
• No destinar los montos económicos mínimos para el desarrollo humano y sustentable de las comunidades o localidades en las que realicen sus actividades de exploración y explotación.
• Perder la capacidad para ser titular de concesión.
Fuente:https://adnpolitico.com/congreso/2018/11/21/morena-plantea-revocar-concesiones-mineras-que-no-mitiguen-impacto-a-comunidades
Mineras aprovechan el abandono social y de infraestructura en que el gobierno tiene a las comunidades indígenas del norte de Jalisco, pues ofrecen viviendas y caminos de concreto a cambio de explotar sus tierras, denuncia el maestro e integrante de la población wixárika, Xaureme Candelario.
“TAMBIÉN AHORITA HAY UN PELIGRO EN CUESTIÓN DE LAS MINAS, EN EL CASCABEL Y EN EL ESPEJO, PARA EL LADO DE TUTUYECUAMAMA, EN SAN ANDRÉS COHAMIATA (MEZQUITIC), HAY DOS VETAS, DOS MINAS QUE CONTIENEN ORO Y PLATA, Y QUE YA ESTÁ A PUNTO DE EXPLOTARSE, CON ESA INTENCIÓN CONSTRUYEN EL CAMINO, AL RATO LES VAN A DECIR A LOS COMUNEROS: ‘A VER, LES HACEMOS VIVIENDA’, BUENO, PERO PARA QUE LA GENTE CEDA”.
Hace 20 años cerró Real de Ángeles, la primera mina a cielo abierto de Zacatecas y una de las primeras del país, operada por Grupo Frisco, la cual produjo cientos de toneladas de plata durante más de dos décadas para su dueño, Carlos Slim Helú.
La bonanza terminó, pero quedó la contaminación en cientos de hectáreas de cultivo y pastoreo. Tampoco acabaron la miseria ni las enfermedades para sus habitantes. También quedó un gigantesco cráter que aparece en los planos de la aplicación Google Maps.
Antes de que abriera la mina, ubicada en el municipio de Noria de Ángeles (82 kilómetros al sureste de la capital de Zacatecas), se ordenó demoler todas las casas y corrales de Real de Ángeles y reubicar a los habitantes en un poblado construido a cinco kilómetros, pues el yacimiento de plata se encontraba debajo de la localidad.
Hasta la antigua iglesia local, dedicada a San Nicolás Tolentino y catalogada como patrimonio por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, fue derribada. De acuerdo con cronistas locales, el templo habría cumplido 300 años en 2018.
La minera construyó una réplica de la parroquia en el nuevo caserío, a principios de 1980. Sin embargo, la nueva Real de Ángeles está semiabandonada, sin empleos y, como muchas otras localidades rurales de Zacatecas, asolada por las organizaciones criminales.
A finales de 1998, un ingeniero de la minera fue a la capital de Zacatecas, donde informó a Roy Barragán Ocampo, secretario particular del entonces gobernador, Ricardo Monreal Ávila, que la mina ya había cerrado, sin avisar a las autoridades.
‘‘Se fueron dejando una desolación terrible, una contaminación brutal y pueblos abandonados en los alrededores ¿Desarrollo económico? Ninguno. Montañas de desperdicios con metales pesados que las tolvaneras arrastran a decenas de kilómetros’’, dijo en entrevista Barragán Ocampo.
Recordó que en marzo de 2017 la legislatura estatal aprobó por unanimidad un exhorto dirigido a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales federal y a la Secretaría de Salud de Zacatecas para que realizaran un diagnóstico exhaustivo sobre la contaminación y los daños ambientales que la minera Real de Ángeles dejó en el sur del estado. Veinte meses después, ninguna de las dos secretarías atendió el llamado. Ni siquiera nos contestaron los oficios
, sostuvo.
Esta mina no trajo ningún beneficio para Noria de Ángeles y la región, sólo un cráter donde estaba el poblado original. Además de la represa, hoy sólo quedan una serie de montículos, jales y acequias llenos de residuos de selenio, arsénico, plomo, mercurio y flúor, producto de la explotación de plata, plomo, cobre y zinc
.
El ex legislador local advierte que es urgente investigar los daños ambientales y a la salud de la contaminación en Noria de Ángeles y municipios colindantes, cercanos a Aguascalientes y San Luis Potosí. ‘‘Los desechos mineros quedaron abandonados. La mina también agotó los mantos acuíferos de la región. El desastre es incalculable. ¿Quién va a poner un remedio mínimo? Nadie’’.
Instancias federales sancionaron a Grupo Frisco por el daño ambiental causado por la mina Real de Ángeles, pero el magnate, aprovechando esa concesión minera, abrió a unos 20 kilómetros, en el municipio zacatecano de Ojocaliente, la mina Real de Ángeles unidad El Coronel, también a cielo abierto, de la que extrae oro y plata.
En un informe del Poder Legislativo de Zacatecas, del cual La Jornada tiene copia, se explica que desde la década de 1990 ‘‘los métodos de operación de la mina Real de Ángeles le valieron recomendaciones y sanciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa)”.
Se indica que esta mina cerró en 1998, pero las infracciones a la ley continuaron hasta el nuevo siglo. En 2004 Grupo Frisco fue multado por contaminar gravemente el suelo zacatecano y se le exigió un pago mayor a 3 millones de pesos. Desafortunadamente, no existen datos precisos de la magnitud del problema en Noria de Ángeles
.
Las sanciones impuestas por la Profepa a la Minera Real de Ángeles fueron las siguientes: número 029/94, del 14 de noviembre de 1994; 049/VI/96, del 2 de diciembre de 1996; 070/VI/99, del 9 de septiembre de 1999, y 055/VI/2001, emitida el 10 de agosto de 2001, en las cuales la dependencia consigna que la empresa incumplió en forma reiterada medidas correctivas
, infringiendo la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
Ante la renuencia del Grupo Frisco, en noviembre de 2004 la Profepa le impuso una multa de 3 millones 245 mil pesos por la grave contaminación de suelos
, cuyo impacto negativo en la población aún está por determinarse
.
El conjunto de irregularidades quedó asentado en el resolutivo de la Profepa 083/VI/2004, consignado en el expediente MET-ME-500-001, y en documentos de inspección elaborados por investigadores y auditores de la dependencia.
Fuente:http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/11/13/contaminacion-y-miseria-dejo-mina-de-frisco-en-zacatecas-1740.html?fbclid=IwAR1eow2Kd8rJ_8g8WtQlPwrWDWlX7m4SetnnFXEMmzeJiIJpO8J1MenOdDo#.W-tv70P4PII.facebook
Apazoyucan en el mapa del despojo y la destrucción del territorio
Mineras tiene concesiones de hasta 50 años, con la posibilidad de prorrogarla por otros 50 años más, además, el titular de una concesión minera tiene derecho a intercambiarla o venderla a un tercero.
El Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los bienes minerales son de dominio directo de la Nación por lo que su exploración, extracción y aprovechamiento sólo puede hacerse mediante la expedición de títulos de concesiones mineras las cuales son otorgadas por el Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Economía.
Las concesiones mineras son el primer paso para la exploración y eventual extracción de minerales.
El área abarcada por una concesión minera no otorga al concesionario los derechos de propiedad sobre la superficie, sino únicamente sobre los recursos minerales del subsuelo; pero, si abre la posibilidad de que las Compañías Mineras titulares de la concesión puedan solicitar la expropiación, ocupación temporal o la constitución de servidumbre de los terrenos ubicados dentro de la concesión.
Es decir, una concesión minera abre la posibilidad para el despojo y la destrucción de los territorios de los pueblos indígenas, las zonas urbanas, la propiedad social (Ejidos), la propiedad privada, e incluso de los espacios naturales considerados claves y esenciales tanto para la provisión de servicios ambientales como para conservación de la flora y fauna.
Los impactos ambientales asociados a la exploración, la explotación, el procesamiento del mineral y el post-cierre o abandono de una mina son irreversibles, puesto que la actividad minera implica:
-la devastación total del ecosistema,
-la remoción de todas las especies de plantas y animales,
-la perturbación de los procesos y funciones naturales existentes en los ecosistemas,
-la afectación a la disponibilidad y calidad del agua, la liberación de una gran cantidad de partículas y emisiones tóxicas a la atmósfera.
Sobre todo, durante los procesos de trituración, lavado, corrosión y separación mediante mecanismo químicos ya que se generan lixiviados y gases altamente tóxicos.
Por todo lo anterior, sin duda, las concesiones mineras son el primer paso para el despojo y la destrucción de todos los elementos que constituyen al territorio.
Según el Anuario 2017 Las actividades extractivas en México: minería e hidrocarburos hacia fin de sexenio, elaborado por Fundar Centro de Análisis e Investigación A. C.:
Hasta diciembre de 2017, existían 24,709 concesiones mineras vigentes se encontraban en el territorio nacional, abarcando 20.79 millones de hectáreas.
14 concesiones mineras en los mares territoriales de México, que abarcan 737.6 mil hectáreas de superficie marina.
Con lo que respecta al Estado de Hidalgo hasta diciembre de 2017 la superficie concesionada para la minería era de 779,336.38 hectáreas.
Según la información disponible en el sitio de internet CartoMinMex de la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía, sobre el territorio de Epazoyucan existen 5 concesiones mineras:
La primera concesión fue otorgada a la Empresa Minerales Monclova S.A., de C.V., (MIMOSA) el 14 de septiembre de 2009, con el título 234943, con el expediente 103/00551, con el nombre lote EL GUARDIÁN, con una superficie de 800 hectáreas y con una vigencia hasta el 13 de septiembre de 2059.
La superficie que abarca esta concesión se encuentra totalmente dentro del territorio del Municipio de Epazoyucan.
Es importante precisar que MIMOSA en 2010 cambió de razón social y desde entonces se denomina Minera de Norte S. A., de C. V., (MINOSA), la empresa que actualmente promueve el Proyecto Pachuca.
La segunda concesión fue otorgada a la Empresa Solitario México S.A., de C.V., el 12 de abril de 2012, con el título 240182, con el expediente 5/2/00123, con el nombre lote EL PARICUTIN 1, con una superficie de 3,106 hectáreas y con una vigencia hasta el 16 de mayo de 2056.
La superficie que abarca esta concesión se encuentra parcialmente dentro del territorio de los Municipios de Mineral del Monte, Mineral de la Reforma y Epazoyucan.
La tercera concesión fue otorgada a la Empresa Compañía Real del Monte y Pachuca S.A., de C.V., el 5 de octubre de 2015, con el título 244518, con el expediente 5/2/00213, con el nombre lote REDUCCIÓN PACHUCA FRACCIÓN 1, con una superficie de 8, 658.72 hectáreas y con una vigencia hasta el 7 de diciembre de 2061.
La superficie que abarca esta concesión se encuentra parcialmente dentro del territorio de los Municipios de Pachuca de Soto, Mineral de la Reforma y Epazoyucan.
Es importante también precisar que La Compañía Real del Monte y Pachuca S.A., de C.V., es propiedad de MINOSA.
La cuarta concesión fue otorgada a la Empresa Minera Fumarola S.A, de C.V. el 17 de agosto de 2017, con el título 245550, con el expediente 103/2/01170, con el nombre lote PACHUCA SE, con una superficie de 2, 555 hectáreas y con una vigencia hasta el 16 de agosto de 2067.
La superficie que abarca esta concesión se encuentra parcialmente dentro del territorio de los Municipios de Singuilucan y Epazoyucan.
La quinta concesión fue otorgada a la Empresa Minera Fumarola S.A, de C.V., el 17 de agosto de 2017, con el título 245551, con el expediente 103/01170, con el nombre lote PACHUCA SE FRACC. 1, con una superficie de 4, 114 hectáreas y con una vigencia hasta el 16 de agosto de 2067.
La superficie que abarca esta concesión se encuentra parcialmente dentro del territorio de los Municipios de Singuilucan y Epazoyucan.
El Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Economía ya otorgó estas 5 concesiones sobre el territorio de Epazoyucan a dichas Compañías Mineras, abriendo así la posibilidad de iniciar la devastación del territorio Epazoyuquense; pero, a estas compañías aún les falta nuestra autorización, ya que sin él no podrán iniciar ninguna operación.
Es importante tener presente que los propietarios de la tierra ya sea ésta propiedad privada o propiedad ejidal tenemos derechos, es decir, podemos impedir el despojo y la destrucción de nuestro medio ambiente.
Al propósito del tema les compartimos algunas imágenes en las que se pueden visualizar las concesiones mineras vigentes sobre Epazoyucan y la Región, las áreas del mapa sombreadas en color gris son los territorios concesionados.
Fuente:https://regeneracion.mx/concesiones-mineras-en-hidalgo-y-destruccion-del-territorio/