La Paz,  (BCS). El alcalde de La Paz, Rubén Muñoz Álvarez dejó en claro ante su Cabildo, que no dejará pasar a ningún proyecto minero, entre ellos La Pitalla y Los Cardones, propiedad de la empresa Desarrollo Zapal, misma que insiste en establecerse en la entidad, a través de recursos legales emitidos contra el Ayuntamiento.

“Con toda puntualidad quiero definir cuál es nuestra postura en este y en todos los casos de un tema que ha sido muy llevado […] lo quiero decir con toda puntualidad, que es el derivado de una acción legal que tiene la empresa Desarrollo Zapal como una estrategia”, expresó.

Lo anterior ocurrió tras solicitarse al Municipio de La Paz un informe justificativo, por parte del Juzgado Décimo Cuarto del Distrito de Materia Administrativa en la Ciudad de México, emitido en los autos de juicio de amparo 18912016, promovido por Desarrollo Zapal SA de C.V.

Por su parte, dijo mantener una postura en contra del establecimiento de estas empresas en la entidad, tal como lo hizo Andrés Manuel López Obrador en su reciente visita a la entidad, quien sostuvo no va haber minería en Baja California Sur, “hecho histórico que aplaudió el pueblo de Baja California Sur, particularmente en el municipio de La Paz”, expresó el Edil.

Asimismo, aseguró que aunque continúen realizando acciones legales para instalarse en el Estado, ninguno de estos 2 proyectos violentará la voluntad de los sudcalifornianos; esto, después de que a principios del año, la empresa La Pitalla filial de Argonaut Gold Inc solicitara el cambio de uso de suelo ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), misma que pretende establecerse en San Antonio, y que en fechas recientes anunció la realización de una consulta pública en la ciudad de La Paz.

“Las empresas mineras han continuado, por sus acciones legales, generando posicionamientos que no van a superar la voluntad de los sudcalifornianos, ni la voluntad política del Presidente de México”, enfatizó Álvarez Muñoz.

Finalmente, el munícipe recordó que durante el periodo de la pasada administración, la empresa Desarrollo Zapal, interpuso un amparo de inconformidad, el cual fue declarado como improcedente; razón por la cual nuevamente solicitó a su Ayuntamiento un informe, en el cual aseveró que negará cualquier autorización para que se establezca en la entidad.

“Desarrollo Zapal no estuvo de acuerdo con la decisión  judicial, por lo que interpuso un amparo de inconformidad, la autoridad declaró improcedente el recurso de inconformidad en lo que hace a la solicitud del acto reclamado; derivado de ello, solicitó a este Ayuntamiento un informe, el cual deberá presentarse para dar cumplimiento al proceso judicial […] más allá de cualquier proceso legal no habrá autorización alguna para cualquier proyecto minero”, concluyó.

El 74 por ciento de las concesiones de exploración minera en México, se encuentra en manos extranjeras. Concretamente, canadienses. Siete grandes compañías dominan el negocio del oro y otros metales. Según el último informe del también canadiense Instituto Fraser, México perdió el atractivo para la inversión minera global en 2015, cayendo 13 puestos hasta el puesto número 37 de 109 países entre los que destacan Chile y Perú en América Latina, que adelantan con el primer y segundo lugar al país azteca.

Goldcorp, Agnico Eagle, New Gold, Yamana Gold, Torex Gold Resources y Alamos Gold se mantienen en el país con permisos para explotar 7 de las 10 minas más grandes de oro en el país concentradas entre Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Zacatecas, Jalisco, Guerrero y Oaxaca. Según la datos de la Secretaría de Economía, en 2013 se contabilizaron 857 proyectos mineros (entre explotación y exploración) con capital extranjero en el país, distribuidos alrededor de 16 estados.

A la fecha los datos del INEGI  muestran datos donde  Sonora y Chihuahua liderán el nivel de extracción de metales  en nuestro pais.

Fuente:http://www.masnoticias.net/nota.cgi?id=70426&fbclid=IwAR2iNWJnCqsla0ri58I3D9Zf0P6YHLjMTX1SCekOTztrn7WMd-4UwzaMjMA

Chihuahua encabeza la lista de las entidades federativas que registra más sobreexplotación de sus mantos acuíferos: son 15 reservorios en los que la extracción del agua subterránea supera al volumen de recarga media anual, revela el estudio Los ríos revueltos, radiografía de la contaminación.

De hecho, el Norte y el centro del país son las regiones que más padecen el uso irracional del líquido, lo que, en breve, podría generar una crisis terrible. Los datos han sido actualizados a 2018 por la Comisión Nacional del Agua e indican que en el segundo lugar se encuentra Guanajuato, con 12 acuíferos en esta condición.

Le siguen Baja California, Sonora y Zacatecas, con 11 acuíferos sobreexplotados, respectivamente. Y luego están: Durango, con 8; San Luis Potosí y Coahuila, con siete cada una; Querétaro y Baja California Sur, con seis; Aguascalientes, Jalisco y estado de México, con cinco; Michoacán, con dos; y la Ciudad de México, con uno.

El análisis –elaborado por los investigadores Felipe de Alba y Juana Martín Cerón– detalla que el agua que se extrae de los acuíferos tiene diferentes destinos: riego, abasto urbano, consumo en desarrollos industriales y abasto de la población rural.

Agrega que la Conagua ha identificado 653 acuíferos correspondientes a 37 regiones hidrológicas que, a su vez, están agrupadas en 13 regiones hidrológico-administrativas.

Aunque el problema de la sobreexplotación de los mantos acuíferos se concentra en el centro y el Norte de México, eso no significa que el Sur esté a salvo de problemas relacionados con el vital líquido. Y es que resulta que esta región sufre pero por la alta contaminación de sus reservas.

Según el análisis Los ríos revueltos, es en el centro y el Sur donde se localizan las fuentes con peores niveles de contaminación. Pero el problema es más amplio: en el país, más del 70 por ciento de los cuerpos de agua presentan algún grado de contaminación, lo que ocasiona graves problemas de disponibilidad y acceso al agua.

“La disponibilidad anual de agua por habitante en el país ha tenido una dramática reducción en los últimos 55 años, al pasar de 11 mil 500 metros cúbicos en 1955 a 4 mil 263 metros cúbicos en 2011. Peor aún, se prevé que para 2025 esta cantidad se reducirá a menos de 4 mil m3”, refiere el análisis del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, de la Cámara de Diputados.

Respecto de la contaminación, indica que en los ríos de México se encuentran algunos metales pesados altamente tóxicos, como el mercurio, plomo, cromo, cadmio y otros compuestos dañinos, como el tolueno o el benceno.

Sin embargo, detalla, se desconoce con precisión la mayoría de los compuestos tóxicos (según fuente contaminante o cantidades diarias) que están en nuestros ríos.

Otro tema es el de la contaminacio?n de las aguas que procede de fuentes no localizadas, y que antes se conocía como contaminacio?n “difusa”. Al respecto, indica el análisis, ésta es resultado de un amplio grupo de actividades humanas en las que los contaminantes no tienen un punto claro de ingreso en los cursos de agua que los reciben.

Se trata de la contaminación asociada a las actividades en que el agua residual se descarga directamente a las masas de agua receptoras, como las cañerías. De hecho, las fuentes más contaminantes son las aguas residuales municipales, que se generan en casas, oficinas y en los lugares pu?blicos y se descargan a los sistemas municipales de alcantarillado.

Respecto de éstas, el análisis señala que si no son tratadas pueden generar contaminantes biolo?gicos e infecciosos, además de contener sustancias to?xicas como solventes que se encuentran en algunos productos de limpieza, o disruptores hormonales (alteraciones en las funciones hormonales de los seres vivos) que se liberan al lavar la ropa,.

Aunado a lo anterior, indica que cada vez ma?s empresas descargan sus aguas residuales en el alcantarillado municipal, lo que resulta en un grave problema porque esas aguas tienen un alto contenido de metales pesados y sustancias qui?micas, mientras los sistemas de tratamiento de aguas municipales no esta?n hechos para procesar aguas industriales.

Es momento de que, tanto la sociedad asuma su responsabilidad y empiece a cuidar el agua; que las autoridades frenen la sobre explotación de los mantos, y que las empresas por primera vez sean de verdad socialmente responsables y dejen de contaminar las pocas reservas que nos quedan, antes de que sea demasiado tarde.

Fuente:https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2019/04/07/cuales-son-los-estados-que-mas-sobreexplotan-y-contaminan-el-agua/

• En un hecho insólito, pasarán unos meses para determinar si procederá la denuncia en contra de la Embajada Canadiense y determinar si vinculación por acción y omisión del asesinato del activista.

La familia Abarca Montejo acompañado de Otros Mundos A.C, la Red Mexicana de Afectados por la Minería, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Chiapas y Mining Watch Canadá, acudió a la Corte Federal de Canadá para exigir justicia por Mariano Abarca, asesinado en el 2009 por denunciar los impactos negativos de la explotación de barita de la empresa Blackfire Exploration en Chicomuselo.

El pasado 5 de febrero, Jose Luis Abarca, hijo de Mariano, solicitó al Comisionado de la Integridad el Sector Público de Canadá abriera una investigación a la Embajada de Canadá en México, porque sus actos y omisiones contribuyeron a crear un ambiente de peligro para la vida del activista chiapaneco y por no haber actuado acorde a las políticas de respeto y protección de derechos de las personas en otros países.

Dicha solicitud presentada, demostró con documentos y el acompañamiento de organizaciones no gubernamentales que el apoyo que la embajada dio a la empresa, aún conociendo la amenaza que representaba para Mariano y su familia. Ya que todos los hallazgos presentados fueron fundamentados a través de la ley de transparencia.

“Se revela que el papel esencial que la embajada canadiense jugó para facilitar las operaciones de la empresa Blackfire, dese su inicio hasta su suspensión por violaciones ambientales” agregó.

Sin embargo, la familia Abarca Roblero recibió la negativa por parte del Comisionado para abrir una investigación, por tanto, solicitaron un recurso de apelación ante la Corte Federal este 25 de marzo. Además, desde el país canadiense se realizar diversas actividades para visibilzar el caso.

Por tanto, Jose Luis Abarca informó que en la querella, el abogado Patrick Bendin, del Consejo Legal del Departamento de Justicia defendió la decisión del Comisionado de no abrir una investigación, argumentado principalmente que las políticas citadas en las páginas del gobierno y referenciadas en testimonios de funcionarios públicos en el parlamento canadiense sobre la responsabilidad social empresarial y su papel en el contexto de conflictos socio-ambientales en torno a la minería no son ‘oficiales’ y por tal razón los funcionarios públicos no las pudieron haber violado.

Además, calificó las políticas presentadas como recomendaciones a seguir de manera voluntaria. También, reafirmó que el Comisionado no tiene el deber de abrir una investigación y que es discrecional ese derecho.

“Fue muy lamentable escuchar una representación del gobierno de Canadá, sin haber demostrado rigor en la revisión de los documentos presentados, calificar nuestra denuncia que demuestra la actuación de la embajada como “especulaciones””, comentó Abarca.

Es así que la familia Abarca y las organizaciones que hacemos parte de la Red Mexicana de Afectados por la Minaría (REMA) esperan la decisión del juez de la Corte Federal de Canadá en un par de meses, pero indicaron que lo más importante es que el Estado Canadiense acepte que la minería de Canadá ha puesto en peligro la vida e integridad física y psicológica del activista ambiental Mariano Abarca.

Fuente:https://www.somoselmedio.com/2019/03/29/embajada-canadiense-demandada-por-asesinato-de-activista-chiapaneco/#

La Corte Federal de Canadá atendió este 25 de marzo el caso de Mariano Abarca, activista contra la minería, quien fue asesinado el 27 de noviembre de 2009 en Chiapas.

Antes del crimen, el activista denunció golpes, acoso y amenazas supuestamente por parte de la empresa canadiense Blackfire Exploration.

“La embajada sabía del peligro que vivía Mariano y pudo evitar apoyar a la empresa y por lo tanto el asesinato”, comenta a Contralínea Libertad Díaz, quien como parte de Otros Mundos acompaña el caso en Otawa, Canadá.

Los abogados de la familia, las asociaciones Otros Mundos y Red Mexicana de Afectados por la Minería pidieron que se investigue la actuación de la embajada de Canadá en México por “omisión y acción en el conflicto”.

“Nosotros llegamos a la Corte Federal porque el comisionado de la Integridad del Sector Público de Canadá se niega a hacer una investigación sobre la actuación de la embajada”, explica Libertad Díaz.

Agrega que uno de los objetivos es que el Estado canadiense se responsabilice en la vigilancia de los derechos de los afectados por la minería, ya que “sus cuerpos diplomáticos que son los que promueven los intereses económicos de las empresas en otros países”.

Ningún caso similar había llegado a esta instancia, aunque no es la primera vez que esta embajada “actúa a favor de empresas canadienses, aun cuando la vida de las personas defensoras de la tierra y el territorio corren peligro”, señala Otros Mundos en un comunicado.

Libertad Díaz destaca que “hoy ya se han presentado los argumentos y estamos a la espera que el juez pueda dar una sentencia pronto”.

Fuente:https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2019/03/25/corte-de-canada-analiza-asesinato-de-abarca-opositor-a-la-mineria-en-chiapas/

“Siempre que se acerca un memorial de Pasta de Conchos, me buscan para hablar conmigo y les vuelva a contar por qué recojo basura… Ni que fuera por diversión. Mi hijo vivía conmigo y era él quien me sostenía […] Por culpa de las disque autoridades, trabajo en el basurero desde que murió mi hijo. Salgo a las seis de la mañana después de tomar un café con galletas. Me llevo una lata de atún, tortillas o lo que pueda para comer en el basurero […] Regreso a media tarde […] meriendo otro café con galletas y me duermo. Así todos los días, no tengo día de descanso porque si descanso, no como”.

– Testimonio de una madre que perdió a su hijo en el Pozo La Espuelita.

En el mes de febrero la organización Familia Pasta de Conchos llevará a cabo el XIII Aniversario de la tragedia de la explosión de la mina Pasta de Conchos en donde murieron 65 mineros. Para las familias, este episodio supuso una ruptura en sus dinámicas familiares y comunitarias, así como un vacío irremplazable a día de hoy.

En honor a la memoria de quienes murieron, el próximo 19 de febrero las familias y la organización Familia Pasta de Conchos se trasladarán a la Ciudad de México para asistir a una misa de recuerdo enfrente del anti-monumento Pasta de Conchos.

Después de 13 años de lucha y esperanza, y tras el esfuerzo de las personas defensoras de derechos humanos, el caso consiguió ser admitido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado mes de marzo del 2018, siendo unos de los únicos casos minerosadmitidos ante la CIDH. Mediante este informe de admisión, se reconoce la responsabilidad del Estado Mexicano en el incumplimiento de sus obligaciones de garantizar los derechos fundamentales de estos 65 mineros, como el derecho a la vida; dado que no obligó a la empresa extractiva Grupo México a respetar las normas de seguridad, lo que resultó en un evento mortal para estos trabajadores y en un punto de no retorno para sus familias.

A la particularidad de este caso, se le añade el hecho de que opone a este grupo de familiares contra una de las mayores empresas extractivas del país, llegando a ser un caso de gran magnitud, respaldado por más de 1.000 peticionarios y con seguimiento internacional.

Convertido en un símbolo, este caso muestra el camino para futuros casos relacionados con la temática de las condiciones de trabajo, porque documenta cómo los derechos laborales forman parte indisociable de los derechos humanos, asunto que apenas es reportado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Paradójicamente, el caso Pasta de Conchos no ha sido liderado por ningún sindicato sino que ha llegado ante la CIDH únicamente por el desempeño de las personas defensoras y las familias, tocando intereses estratégicos de grandes actores económicos y políticos.

Como consecuencia de ello, Cristina Auerbach, directora de la organización Familia Pasta de Conchos y acompañada de PBI, ha sido víctima de múltiples amenazas y constantes difamaciones en prensa por su trabajo de defensa. Desde PBI llamamos a las instancias del nuevo Gobierno Mexicano a que responda favorablemente a las peticiones de la organización Pasta de Conchos y sus familias, y recordar que las recomendaciones de la CIDH son de obligatorio cumplimiento. El no cumplimiento de las recomendaciones en el plazo recomendado podría resultar en que el caso fuese redirigido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es su responsabilidad también reparar el daño a las familias a través del rescate de los cuerpos atrapados y su posterior entrega para que vuelvan a casa, así como a través del apoyo económico que evite que muchas familias, tras haber perdido a su principal sustentador, vivan en situación de pobreza. Trece años después, los familiares siguen esperando que se restablezca su dignidad y que al fin se haga justicia.

Por último, recordamos el deber de proteger que tiene el Estado Mexicano para que defensoras como Cristina Auerbach y otras a lo largo de todo el país, puedan ejercer su trabajo en un espacio libre de violencia y miedo.

Fuente:http://www.remamx.org/2019/03/pasta-de-conchos-un-simbolo-en-la-lucha-de-los-derechos-laborales/

Otra vez el doble discurso y la inexactitud se ponen de manifiesto en las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ayer anunció que durante su administración no se otorgarán nuevas concesiones mineras, pero eso no es del todo cierto, pues desde el 19 de febrero pasado el gobierno federal, a través de la Dirección General de Minas de la Secretaría Economía, puso en oferta, al mejor postor, 95 títulos de explotación minera.

El anuncio hecho por el Presidente de la República se contradice con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 19 de febrero, en donde la Dirección General de Minas anunció la “declaratoria de libertad de terreno que tiene por objeto dar a conocer al público en general la superficie disponible conforme a la cual se podrá solicitar la expedición de un título de concesión minera”.

En la declaratoria de Libertad de Terreno número 01/2019, firmada por la Directora General de Minas, Laura Cristina Díaz Nieves, que evidencia la inexactitud del discurso del presidente López Obrador, se ofertan más de 127 mil 132 hectáreas de suelo de los estados de Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Zacatecas.

Las más de 127 mil 132 hectáreas de suelo para nuevas concesiones mineras que ofrece la Declaratoria de Libertad de Terreno quedarán disponibles al mejor postor a partir de mañana 21 de marzo, según se establece en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, fecha a partir de la cual se podrán solicitar y otorgar las nuevas concesiones mineras para quienes se interesen en ellas.

En la conferencia de prensa del día de ayer, el presidente López Obrador recriminó el hecho de que las dos anteriores administraciones federales, las de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, entregaron más de 50 millones de hectáreas de suelo en usufructo a mineras internacionales, con las que dijo se enajeno casi una tercera parte del territorio nacional, lo que consideró es la razón para no otorgar nuevas concesiones.

Pero con la puesta en oferta de las primeras 95 concesiones mineras que la administración de la Cuarta Transformación está haciendo, se habrá de entregar a las mineras interesadas en esas nuevas minas, una superficie territorial de más Mil 271 kilómetros cuadrados, que es casi la mis proporción de la superficie ocupa la Ciudad de México.

De esa forma, los municipios en donde se asientan los terrenos declarados en libertad para el otorgamiento de nuevas concesiones mineras perderán entre el 2 y hasta el 20 por ciento de la superficie que actualmente ocupan, al existir concesiones de hasta casi 6 mil hectáreas de suelo, como es el caso del predio ofertado en el municipio de Francisco R. Murguía en el estado de Zacatecas.

Los municipios que perderán parte de su territorio, tras la decisión del otorgamiento de nuevas concesiones mineras dentro de sus demarcaciones, son Poanas, Rodeo, Panuco de Coronado, Tepehuanes, San Luis del Cordero, Santiaho Papasquiaro Nuevo Ideal, San Pedro del Gallo, San Bernardo y Ocampo, en Durango; Xichú, León y Atarjea, en Guanajuato; Iguala y Eduardo Neri, en Guerrero; Hostotipaquillo, Tecalitlán y Encarnación de Díaz, en Jalisco, Santa Ana Maya, en Michoacán.

Parte de las nuevas concesiones mineras a otorgar por esta administración también se ubican en las localidades de Tecuala, Ixtlán del Río y Huajicori, en Nayarit; Galeana y Mina, en Nuevo León; Tecomatlán, Jolalpan y Chietla, en Puebla; Guadalcazar y Charcas, en San Luis Potosí; San Ignacio, Concordia, Badiraguato y Rosario, en Sinaloa; Saric, San Pedro de la Cueva, Santa Ana, Quiriego, Rosario, Soyapa, Onavas, Yecora, Villa Pesqueira, Suaqui Grande, Rayón, Sahuaripa, en Sonora, y Melchor Ocampo, General Pánfilo Nateras y General Francisco R. Murguía, en Zacatecas.

Las Mineras Canadienses Llevan Mano

De acuerdo a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, que evidencia la entrega de nuevas concesiones mineras en este gobierno, pese a la postura oficial que lo niega, los terrenos declarado en libertad para iniciar trabajos de exploración y explotación de minerales, ya habían sido otorgado a favor diversas empresas mineras trasnacionales, pero dichos títulos fueron cancelados en la pasada administración, por razones que fueron desde violación a la ley minera hasta desinterés de los propios posesionarios.

Pero eso no obsta para que los propios concesionarios originales, a los que se les canceló el título de propiedad de esos predios, puedan reclamar de nueva cuenta la concesión bajo la misma o distinta razón social, lo que hace que hoy sean esas mismas mineras las que están formadas en primer lugar para mantener la posesión de la minas que no estaban explorando o explotando, principalmente de oro, plata, cobre, hierro, uranio, plomo y zinc.

Entre las mineras que partir de mañana podrían reclamar una nueva concesión minera al gobierno federal, luego de haber tenido la propiedad de los predios en oferta, se encuentran Blackcomb Minerals Inc., de Canadá, que busca la recuperación de los predios ricos en oro y plata Jesusita Dos, La Blanca 4, La Blanca, Nuevo Fluorita Dos, La Blanca 3 y la Banca 5, en el estado de Durango.

Golden Minerals Company, de Estados Unidos, va por la recuperación de la concesión minera que le fue retirada del predio Ampliación Sabinas, en el municipio de Rodeo, Durango, el que contiene reservas de extracción por más de 40 años de oro, plata, cobre, zinc y plomo.

La minera canadiense Arcelia Gold, va por la recuperación del predio El Diablo, en el municipio de Panuco de Coronado, Durango, que contiene yacimientos importantes de oro y plata; la también canadiense Sierra Metals Inc., busca una nueva concesión en el predio que ya era de su propiedad denominados El Pino, ubicado en el municipio de Tepehuanes, Durango, con alto contenido de oro y plomo.

Por su parte la minera canadiense Prospero Silver Corp., se podría rehacer de los títulos cancelados de los predios Campana 3, Campana 3 Fracción A, Campana 4 y Campana 5, ubicados en el municipio de San Luis del Cordero, Durango, con reservas probadas de oro y plata hasta para 50 años de explotación constante.

Otra minera canadiense que se apunta como primera demandante de una concesión minera en los terrenos liberados, es la Aurion Resources Ltd., la que pretende la recuperación del predio Esmeralda 3, ubicado en el municipio de Santiago Papasquiaro, Durango, en donde existe una mina de alto contenido de oro y plata; Nwt Uranium Corp., y Yamana Gold Inc., también mineras canadienses buscan también la recuperación de la concesión perdida sobre el predio Picacho Fracción 1, en Santiago Papasquiaro, Durango, donde hay una mina de plata, zinc, plomo y oro.

La minera canadiense Guerrero Exploration Inc., va por la mina de oro y plata ubicada en el predio Coatepec Fracción 2, dentro del municipio de Chilpancingo Guerrero, mientras que la también canadiense Terra Nova Gold Corp., busca rehacerse del predio San Diego Fracción 1, dentro del municipio de Santa Ana Maya, Michoacán, uno de los yacimientos más importantes de cobre, oro y plata en esa entidad.

En el estado de Nayarit, la minera inglesa Rose Petroleum PLC busca al menos cuatro concesiones mineras en los predios Diablito Fracción III, Diablito Fracción II y Hueco Diablito, en el municipio de Tecuala, para iniciar la explotación de oro y plata, cancelada en la pasada administración por no cumplir con la ley minera, igual que también lo pretende la minera canadiense Marlin Gold Mining Ltd., que busca la recuperación del predio Tierra Negra Fracción I en el municipio de Huajicori, de este estado, donde existe un yacimiento importante de oro.

Otras mineras canadienses que a partir de mañana podrían tener las primeras concesiones de explotación del subsuelo mexicano que otorga la administración del presidente López Obrador, por haberlo manifestado ya a la Dirección General de Minas del gobierno federal, son Paget Minerals Corp, Millrock Resources Inc., Maya Gold & Silver Inc., First Mexican Gold Corp., Westminister Resources Ltd., Trimetals Mining Inc., First Quantum Minerals Ltd., Evrim Resources Corp., y Riverside Resources Inc., que buscan principalmente oro, plata, cobre y plomo.

Fuente:http://www.remamx.org/2019/03/amlo-y-sus-contradicciones-anuncia-que-no-habra-mas-concesiones-mineras-pero-libera-127-mil-hectareas-para-nuevas-minas/