Mexico

AMLO respalda proyecto minero de Peña Nieto, se reúne con el magnate Lakshmi Mittal

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respaldó el proyecto de inversión impulsado por el ex presidente, Enrique Peña Nieto, con el que se busca una inversión millonaria para impulsar la minería en toda la costa del estado de Michoacán.

En el 2017, Mittal prometió una inversión de mil millones de dólares de los cuales ya se han dado 600 millones y solamente faltan otros 400 millones de dólares en la región para impulsar su planta siderúrgica y el desarrollo minero de la Sierra-Costa de Michoacán.

Esta inversión generaría unos 8 mil empleos directos y otros 50 mil empleos indirectos además de que sería la punta de lanza del proyecto de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) que ahora están en el limbo en los primeros meses de gobierno de López Obrador.

Sin embargo, este lunes 10 de junio de 2019, el presidente de México despejó las dudas de si iba a seguir con el impulso del desarrollo de esta región al reunirse con el magnate acerero Lakshmi Narayan Mittal, dueño de la empresa Mittal Steel Company.

A través de su perfil oficial de Facebook, López Obrador mostró los resultados de la reunión en la que le prometió al empresario de la India, como Peña Nieto lo hiciera en su momento, la seguridad de que sus inversiones iban a estar bien protegidas.

“En esta plática estamos llegando al acuerdo de explorar la posibilidad de que inviertan más en México, en cuando menos en unos mil millones de dólares más, tanto en Lázaro Cárdenas como en otras actividades productivas para que sigan generándose empleos en el país”, dijo Obrador.

“Este es un encuentro muy importante porque significa repito: invertir, de esa manera se generan empleos y si hay empleo hay bienestar, hay paz y hay tranquilidad en nuestro país”, concluyó.

En la reunión estuvieron presentes Graciela Márquez Colín, secretaria de Economía; Alfonso Romo Garza, jefe de la Oficina de la Presidencia; así como el coordinador de asesores de la Presidencia y ex gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel.

“Estoy muy impresionado con su visión de México y eso me da mucha seguridad y confianza de que México es el lugar para invertir; sus políticas para futuras inversiones, futuro crecimiento, empleos y su cuidado de la sociedad y las comunidades es impresionante”, dijo en inglés el magnate indio.

“Tenemos un plan de negocios que integra todos los procesos desde la minería hasta la producción del acero y estamos esperando participar para complementar su visión y su estrategia para el futuro de México y su gente”, concluyó Lakshmi Mittal.

A costa de la costa

El problema con que López Obrador respalde este proyecto peñista deriva de que se trata de un impulso a la explotación de los recursos naturales de la Costa de Michoacán, que para decenas de pobladores de la región significa una amenaza directa a su forma de vida.

No es la primera vez que Mittal visita México para hablar de negocios; el 28 de septiembre de 2017 se reunió con el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, a quien le prometió la inversión millonaria antes mencionada, a cabio de varias condiciones.

El 10 de octubre de 2017, IDI Media publicó un artículo en el que se especificaba las condiciones que exigió el magnate indio y en ellas había un vistazo de los peligros que podría representar esta inversión, sobre todo, en las comunidades indígenas nahuas que hay en la zona.

El magnate le solicitó directamente al gobernador disminuir o casi desaparecer la delincuencia en el puerto, donde se tienen antecedentes que sus directivos y ejecutivos fueron objeto de secuestros, extorsiones y amenazas por grupos delictivos.

Mittal exigió tener la certeza de que sus inversiones serán seguras y no serán molestados sus altos directivos que llegarían a México a supervisar las obras e infraestructura instalada en Michoacán.

La segunda condición es que se les otorgue toda la certeza jurídica de predios, terrenos y de las minas no explotadas en el estado de Michoacán de la Sierra-Costa y cercade la Tierra Caliente en municipios como Tumbiscatío, Chinicuila, Aquila y Coalcomán.

También ahí solicitó que se otorguen rápidamente los permisos ante la Federación y el estado de Michoacán con la intención explotar las minas, a pesar de que la gran mayoría de estos predios pertenecen a ejidos comunales o a comunidades indígenas.

Para cerrar con broche de oro, Arcelor Mittal exigió como tercer punto que se garantice que ningún grupo social los moleste o cierre sus plantas o la acerera, entiéndase comunidades indígenas, defensores ambientales o ejidatarios que realicen bloqueos o paren la maquinaria.

Mittal pide incluso que el Gobierno del estado haga uso de la fuerza ante cualquier movimiento social que afecte sus intereses; con lo que garantiza que nadie se interpondrá en sus planes de explotación de la Sierra-Costa michoacana.

El regreso de Lakshmi Mittal

El 20 de diciembre de 2006, Mittal Steel Company a través del recién creado grupo Arcelor Mittal –luego de que se había comido a su principal competidor apenas seis meses antes- compró la Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas (Sicartsa) al costo de mil 400 millones de dólares.

Sicartsa era una empresa fundidora del Estado Mexicano en el Puerto de Lázaro Cárdenas hasta que fue rematada en 1991 durante la administración del presidente Carlos Salinas de Gortari y la adquirió Grupo Villacero.

La empresa paraestatal generaba ingresos anuales por 2 mil 500 millones de dólares y fue privatizada por apenas 170 millones de dólares, lo que generó descontento y una serie de cuestionamientos que nunca fueron aclarados.

Villacero vendió Sicartsa a Arcelor Mittal en 2006 y consolidó a Lakshmi Mittal como uno de los 10 multimillonarios más ricos del mundo con una fortuna de 28 mil millones de dólares según publicó la Revista Forbes en su lista de 2010.

Mittal amasó una fortuna con la compra de empresas acereras con problemas financieros, la mayoría en Europa del Este y casi todas antiguas paraestatales de países comunistas pertenecientes a la Bloque Soviético como Kazajistán, Polonia, República Checa, Rumanía, Bosnia y República de Macedonia.

Su regreso a México con una inversión de mil millones de dólares forma parte del proyecto de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) impulsado por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, que tiene la finalidad de atraer inversiones por 5 mil 300 millones de dólares para los estados de Chiapas, Michoacán y Veracruz.

Ahora en 2019 tiene en la mira la inversión minera en zonas que tradicionalmente no se dedican a esta actividad económica, lo que pone en riesgo el estilo de vida de sus habitantes y la salud del medio ambiente en donde se pretenden instalar las minas de hierro.

Los escándalos de Mittal

El Mittalgate fue un escándalo que involucró al multimillonario indio con el ex primer ministro de Inglaterra, Tony Blair, quien fue acusado de sugerir que Rumania vendiera su empresa estatal de acero a Mittal Steel Company a cambio de una donación al Partido Laborista.

En 2002, Tony Blair escribió una carta dirigida al primer ministro rumano para que aceptara la oferta de Lakshmi Mittal, quien había donado 125 mil libras esterlinas a su partido antes de que escribiera el documento.

El escándalo fue denunciado por el entonces parlamentario y miembro del Partido de Gales, Adam Price, quien acusó a Blair de involucrar asuntos políticos con intereses empresariales, aunque no hubo consecuencias reales para el ex primer ministro.

El Mittalgate no ha sido el único escándalo, en 1998 el multimillonario fue acusado por daño al medioambiente en la planta siderúrgica que compró en Cork, Irlanda; en 2002 fue acusado en Polonia por contratar a una empresa para “influir” en la venta de otra compañía acerera a su favor.

En diciembre de 2004, un total de 23 mineros murieron luego de una serie de explosiones en una mina de Kazajistán operada por Mittal Steel Company, compañía que tuvo que responder porque los detectores de gas que utilizaban en el lugar eran defectuosos.

El último caso fue el de la Siderúrgica de Florange, al norte de Francia, una empresa que fue cerrada definitivamente en 2013, a pesar de las protestas de los trabajadores que llegaron incluso a confrontar al ex presidente Nicolás Sarkozy por no haberlos apoyado.

Así es que daños al medio ambiente, sobornos, pésimas condiciones laborales y escándalos de corrupción en las más altas esferas gubernamentales son algunos de los escándalos que rodean al principal inversionista para el desarrollo de Michoacán; proyecto que ahora fue respaldado sin chistar por el presidente López Obrador.

 

Fuente:https://www.idimedia.com/gobierno-federal/amlo-respalda-proyecto-minero-de-pena-nieto-se-reune-con-el-magnate-lakshmi-mittal/?fbclid=IwAR1vSW3UZf8zfbRZS5NVZLuty379mnzOupAt5DWEpT5Dq6vQPPR0jJ7W4nY

Mexico

Trasnacionales apuestan el planeta en el ‘casino del extractivismo’

El gobierno de México ha pagado a empresas trasnacionales 242 millones de dólares por proyectos extractivos cancelados. El sistema comercial internacional obliga a los Estados a indemnizar a las corporaciones por las pérdidas de sus inversiones y, ahora, las mineras buscan entrar a lo que investigadores llaman el “casino del extractivismo”: un juego de apuestas para aumentar sus ganancias a costa de empeñar el planeta.

Le llaman “cláusula de controversias entre inversionistas y Estado” y está incluida en prácticamente todos los tratados comerciales que se han firmado desde la década de los 60. Se diseñó para proteger, sobre todo, las inversiones, pues obliga a los gobiernos a indemnizar a las empresas por proyectos de inversión que no puedan concretarse.

En los últimos años ha cobrado fuerza y en todo el mundo se han multiplicado las demandas de empresas contra países que deciden cumplir sus leyes y no permitir sus inversiones. Las empresas que más usan este instrumento están asentadas en Estados Unidos y Canadá, los socios comerciales de México en el Tratado de Libre Comercio que en estos días se busca ratificar (T-MEC).

Por la aplicación de esta cláusula, que debe resolverse en tribunales comerciales internacionales que son parecidos a las cortes de derechos humanos, pero mucho más poderosos, porque sus sentencias son vinculantes (lo que significa que los Estados están obligados a cumplir), México ha tenido que pagar 242 millones de dólares en juicios perdidos contra distintas empresas transnacionales, entre ellas la española Abengoa y la norteamericana Cargill.

En otros ocho casos el Estado mexicano ha tenido resoluciones a favor, en tres más las demandantes desistieron y uno más llegó a un arreglo.

Todo esto está documentado en el informe “Casino del extractivismo”, elaborado en conjunto por Mining Watch Canada, Institute for Policy Studies y Center International Enviromental Law, y presentado este miércoles en Ciudad de México.

Los investigadores Manuel Pérez Rocha y Jennifer Moore explicaron que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversionistas (CIADI), del Banco Mundial, es el tribunal privado internacional más utilizado por las empresas para demandar; y lo que los faculta para hacerlo son las cláusulas sobre solución de controversias entre inversionistas y Estados que están en los acuerdos internacionales.

“Las empresas entran a apostar a este sistema para ver cuánto pueden ganar y van viendo qué países pueden ser más vulnerables y dónde pueden obtener más ganancias, planteando proyectos que ni siquiera llegan a desarrollar”, dijo Pérez Rocha.

En la presentación también participó Graciela Rodríguez Navarro, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, quien aseguró que las demandas contra países latinoamericanos ante tribunales de arbitraje internacional “son una trampa para los Estados”, que pone en riesgo a los pueblos indígenas y las comunidades campesinas.

En el mismo sentido, Pérez Rocha aseguró que las empresas apuestan con la vida de los pueblos y la soberanía de los países utilizando el arbitraje supranacional –un juicio internacional que sólo puede ser convocado por la industria extractiva–.

Por su parte, Moore, quien han investigado durante años el comportamiento de las mineras canadienses, dijo que las mineras están usando la amenaza de demanda para abrir espacios de diálogo, bajo coacción y arreglar disputas por fuera de un proceso de arbitraje.

De acuerdo con los investigadores, hay una tendencia cada vez mayor de las mineras de intentar usar este instrumento internacional para resolver controversias en México (de las 21 demandas que ha litigado el Estado mexicano ninguna había sido de mineras).

“Las empresas mineras están tratando de extorsionar a países de América Latina por cientos de millones de dólares, pero también están tratando de jalonear con proyectos y procesos que han sido rechazados”, afirmó Jennifer Moore.

Las mineras

En México cuatro empresas han amenazado con presentar demandas, aunque sólo una lo ha concretado. En tres casos las suspensiones han sido por medidas regulatorias relacionadas con conflictos socioambientales a nivel local.

El primer registro que se tiene es el de la minera Blackfire, quien en 2010 amenazó con llevar su caso a los tribunales comerciales y demandar al Estado mexicano por un monto de 800 millones de dólares, después de que las autoridades ambientales clausuraron la mina de barita La Revancha, a los pocos días del asesinato del activista Mariano Abarca. La información obtenida a través de una solicitud de acceso a la información reveló que la empresa fue asesorada por la embajada de Canadá en México sobre cómo iniciar la demanda.

En 2016, otra canadiense, Primero Mining, también amenazó al Estado mexicano con interponer una demanda por incrementar el pago de impuestos de la empresa con base en sus ventas de plata por la mina Magestic, en Durango; de acuerdo con el informe, la mera mención de la cláusula con relación al Tratado de Libre Comercio de América del Norte y una suma indefinida de dinero fueron suficientes para llevar a las autoridades mexicanas al diálogo. El proceso se suspendió en marzo del 2018.

El 3 de enero del 2019 la empresa estadounidense Legacy Vulcan demandó al Estado mexicano por un monto de 500 millones de dólares debido a que la aplicación del Programa de Ordenamiento Ecológico Local del municipio de Solidaridad en Quintana Roo y el Programa de Desarrollo Urbano impidieron que la empresa explotara dos predios por la extracción de piedra caliza. Ésta es, hasta ahora, la única demanda en curso de una empresa minera contra el Estado mexicano.

A inicios de 2019, sin embargo, la minera estadounidense Odissey puso a temblar al Estado mexicano cuando entregó la notificación de intención de demandar por no haber aprobado los permisos ambientales para su proyecto de minería de fosfato en subsuelos marinos cerca de las costas de Baja California Sur. La demanda, que aún se está evaluando, es por la cantidad de 3 mil 540 millones de dólares.

 

Fuente:https://piedepagina.mx/trasnacionales-apuestan-el-planeta-en-el-casino-del-extractivismo/?fbclid=IwAR1liASxmxPIRQRcfmOLfmRQdPtYDJ3nuokra0eFW_2Vuns1OEjd7fllaD8

Mexico

Semarnat suspende reunión pública sobre Proyecto Minero Ixtaca

Las comunidades de Ixtacamaxtitlán, Puebla, exigieron hoy a la Semarnat la suspensión de la reunión.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anunció del día 10 de junio la suspensión de la reunión pública de información sobre el Proyecto Minero Ixtaca, después de que la Unión de Ejidos y Comunidades por la Defensa de la Vida y el Territorio Atcolhua denunciara ante el secretario Víctor Toledo un proceso viciado y manipulado por la empresa Minera Gorrión, y solicitara la cancelación del evento.

En la Gaceta Ecológica, la Semarnat anunció la reprogramación de la reunión pública sin dar más detalles. El evento quedó fijado para el próximo martes 25 de junio.

Minera Gorrión es subsidiaria de la empresa canadiense Almaden Minerals y promovente de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de una mina a cielo abierto de oro y plata en Ixtacamaxtitlán.

La reunión pública de información fue solicitada a la Semarnat por las comunidades, como un recurso posterior a la presentación de la MIA. Sin embargo, “en este caso no ha pasado así. La empresa estuvo interviniendo de manera directa en estos días previos al evento”, denuncia Francisca Zamora, vocera de la Unión de Ejidos.

Francisca señala varias irregularidades, entre las que destacan que la minera hizo perifoneo y pega de carteles con los que llamaban a acudir a la reunión y dar un “sí al proyecto minero”, usando el argumento de “no dejarse manipular, presionar ni desinformar”, y que colocó agentes de seguridad privada en la comunidad de Santa María Zotoltepec, donde se llevaría a cabo el evento.

Las integrantes de la Unión también denunciaron que la empresa estuvo haciendo trabajos de remozamiento del auditorio de la misma comunidad de Santa María, lugar de la reunión; que Minera Gorrión se ofreció a pagar los alimentos de los asistentes durante la jornada de consulta, y a proveer de mesas, sillas, pantalla y equipo de sonido para que ésta se lleve a cabo. Las comunidades notificaron inmediatamente de esta situación a las autoridades responsables.

La propaganda de la minera sobre la reunión pública de información empapeló muros y postes de las comunidades.

«Exigimos que ahora la Semarnat tome en cuenta todas las irregularidades que hemos denunciado en el proceso, cancele definitivamente una reunión que ya está viciada y que no autorice la MIA a Almaden Minerals».

Desde hace más de 10 años, las comunidades de la Sierra Norte de Puebla han manifestado que no otorgan consentimiento para la realización de este proyecto y han construido un proceso organizativo e informativo en la región, gracias al cual han podido documentar las violaciones cometidas por la empresa en contra del derecho humano a la salud, el agua y el medio ambiente.

 

Fuente:https://www.elpopular.mx/2019/06/10/municipios/semarnat-suspende-reunion-publica-sobre-proyecto-minero-ixtaca-206428?fbclid=IwAR3KJGfoiPbH1DfTWizyk-I0tJ6j5rs4Ibbtv2Q73DysS6Ko1KXC-ZIdG8M

Mexico

México: Empresa extractivista siguen dañando al Sumidero y a la población

De acuerdo con información de la asociación civil Otros Mundos Chiapas, el parque nacional El Cañón del Sumidero enfrenta graves problemas ambientales por las actividades extractivas de la minera Cales y Morteros del Grijalva, empresa que extrae desde hace 54 años piedra caliza las 24 horas al día, los 365 días al año. La operación de esta empresa, tambiénafecta la salud y vida de la población ubicados en la Ribiera Cahuaré, donde los habitantes están expuestos día y noche a las emisiones contaminantes de la mina.

Según el movimiento Salvemos al Cañón del Sumidero, la empresa calera es la causante de enfermedades cancerígenas entre la población. Asimismo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos – México, destaca las omisiones en las que incurrieron el funcionariado público al permitir que la empresa minera continúe en operaciones.

En conferencia de prensa, Alejandra Aldama Pérez, integrante del movimiento ciudadano afirmó que la maquinaria que utiliza la empresa es la misma con la que empezaron, que es obsoleta, emiten contaminantes a la atmósfera y es ruidosa; además, que los desechos industriales va a dar al rio Grijalva, las emisiones que salen por chimeneas causan impacto a la vegetacióny a las casas de los habitantes.

Una información de la red de comunicadores Boca de polen, Vladimir Contreras Escamilla

 

Fuente:https://aler.org/node/5877?fbclid=IwAR0IfffBBj4uOeMnYhgTzbY1p1SHweYA5EomXz1yjtUSJrI_C3lywtg03CQ

Mexico

Proscriben la minería metálica en Guadalcázar

El ayuntamiento de Guadalcázar, San Luis Potosí, aprobó por unanimidad declarar este municipio libre de minería metálica, a fin de proteger su territorio de los inversionistas que durante los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto obtuvieron 103 concesiones para explotar esa localidad, informó el presidente municipal, Francisco Pérez Zapata.

La declaratoria fue resultado de la lucha comunitaria que emprendieron hace más de dos años ciudadanos de este municipio respaldados por autoridades del ayuntamiento, así como por la pastoral social de la iglesia diocesana de Matehuala, la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas y la Red Mexicana de Afectados por la Minería.

El primer paso fue «dar a conocer la existencia de las 103 concesiones mineras. Posteriormente se debatieron en reuniones las potenciales afectaciones a la salud, el territorio y los bienes naturales que traen consigo las actividades mineras, las cuales alteran para siempre el estilo de vida campesino y comunitario que, para nosotros, son un referente histórico de esta apacible y apreciada región».

Los habitantes de Guadalcázar se pusieron en alerta a principios de 2018, cuando nuestro territorio fue amenazado por una empresa minera que inició trabajos con fines de explotación. Esto orilló a que el ayuntamiento tomara medidas para frenar a esta empresa, cuya incursión era ilegal.

El alcalde Pérez Zapata y los regidores aprobaron la declaratoria de municipio libre de minería metálica, que ayer mismo fue publicada en Plan de San Luis, el periódico oficial del gobierno del estado.

El texto precisa los alcances del acuerdo: La voluntad popular de no permitir la minería metálica en Guadalcázar es de obligatorio cumplimiento tanto para autoridades como para particulares. Además, el ayuntamiento manifiesta de forma pública y abierta que por ningún motivo se autorizarán u otorgarán licencias y/o permisos de uso de suelo para llevar a cabo la extracción de minerales metálicos bajo cualquiera técnica o modalidad posibles.

Con la aprobación de esta declaratoria y su publicación se sienta un precedente muy importante para las resistencias en México porque es una muestra fehaciente de que los pueblos organizados podemos defender de manera pacífica y legal nuestro territorio, nuestros bienes naturales y nuestra forma de vida pese a las amenazas del poderoso modelo extractivo, informaron el ayuntamiento y las organizaciones que promovieron la declaratoria.

 

Fuente:https://movimientom4.org/2019/06/proscriben-la-mineria-metalica-en-guadalcazar/?fbclid=IwAR1jjQbD0DLNKYhS5wK5m_8AJUO8OOBX9UlHOfBPVVg7U_sl-jE2crdyEOA

Mexico

Mina de Grupo México contamina río en Zacatecas usado para sembradíos y consumo humano

Los habitantes de San Martín Sombrerete denuncian que desde hace días se han derramado químicos como cianuro, sulfato de zinc y sulfato de cobre; denuncian que el daño ya es irreversible.

El río de la comunidad San Martín Sombrerete, en el estado de Zacatecas, es contaminado desde hace unos días, por un derrame de químicos producidos por una mina de Grupo México, propiedad de Garmán Larrea Mota.

La contaminación del río afecta directamente la actividad agrícola y ganadera de San Martín Sombrerete, además de causar un daño irreversible al agua, flora y fauna de la región.

Los habitantes de San Martín informaron sobre la situación al Sindicato Nacional de Mineros (SNTMMSySRM) y detallaron que, desde hace al menos tres días, la empresa ha derramado desechos tóxicos en el río, como cianuro, sulfato de zinc y sulfato de cobre.

A través de una carta, los afectados dicen que el río contaminado atraviesa la comunidad y desemboca en sembradíos frutales y cultivos de granos básicos. Acusan que las autoridades locales tratan de detener “inútilmente” este derrame con maquinaria cuando el daño ya es irreversible.

En el texto denuncian que el subprocurador de medio ambiente de Zacatecas, Salvador Esaú Constantino Ruíz, se comprometió a atender la contaminación de arroyos provocada por minas y hasta el momento no lo ha cumplido.

De acuerdo con el portal NTR Zacatecas, el daño no es solo para la comunidad de San Martín, habitada por unos dos mil habitantes, sino también resultan afectados otros municipios como San Antonio de Belén y Carretas, los cuales hacen uso del río para consumo humano.

Los habitantes de San Martín han buscado, en reiteradas ocasiones, un diálogo con las autoridades locales pero hasta ahora no han sido atendidos. Denuncian que la empresa Grupo México siempre ha callado y tratado de ocultar estas afectaciones ambientales.

 

Napoleón Gómez Urrutia, senador y presidente del Sindicato Nacional de Mineros, denunció el hecho en su cuenta de Twitter pidiendo a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) que atienda la contaminación del río en San Martín y acusando que las autoridades de la región ocultan información.

El río de la comunidad San Martín Sombrerete, en el estado de Zacatecas, es contaminado desde hace unos días, por un derrame de químicos producidos por una mina de Grupo México, propiedad de Garmán Larrea Mota.

La contaminación del río afecta directamente la actividad agrícola y ganadera de San Martín Sombrerete, además de causar un daño irreversible al agua, flora y fauna de la región.

Los habitantes de San Martín informaron sobre la situación al Sindicato Nacional de Mineros (SNTMMSySRM) y detallaron que, desde hace al menos tres días, la empresa ha derramado desechos tóxicos en el río, como cianuro, sulfato de zinc y sulfato de cobre.

A través de una carta, los afectados dicen que el río contaminado atraviesa la comunidad y desemboca en sembradíos frutales y cultivos de granos básicos. Acusan que las autoridades locales tratan de detener “inútilmente” este derrame con maquinaria cuando el daño ya es irreversible.

En el texto denuncian que el subprocurador de medio ambiente de Zacatecas, Salvador Esaú Constantino Ruíz, se comprometió a atender la contaminación de arroyos provocada por minas y hasta el momento no lo ha cumplido.

De acuerdo con el portal NTR Zacatecas, el daño no es solo para la comunidad de San Martín, habitada por unos dos mil habitantes, sino también resultan afectados otros municipios como San Antonio de Belén y Carretas, los cuales hacen uso del río para consumo humano.

Los habitantes de San Martín han buscado, en reiteradas ocasiones, un diálogo con las autoridades locales pero hasta ahora no han sido atendidos. Denuncian que la empresa Grupo México siempre ha callado y tratado de ocultar estas afectaciones ambientales.

Napoleón Gómez Urrutia, senador y presidente del Sindicato Nacional de Mineros, denunció el hecho en su cuenta de Twitter pidiendo a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) que atienda la contaminación del río en San Martín y acusando que las autoridades de la región ocultan información.

 

Fuente:https://www.animalpolitico.com/2019/05/mina-grupo-mexico-contamina-rio-zacatecas/

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Proscriben la minería metálica en Guadalcázar

El ayuntamiento de Guadalcázar, San Luis Potosí, aprobó por unanimidad declarar este municipio libre de minería metálica, a fin de proteger su territorio de los inversionistas que durante los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto obtuvieron 103 concesiones para explotar esa localidad, informó el presidente municipal, Francisco Pérez Zapata.

La declaratoria fue resultado de la lucha comunitaria que emprendieron hace más de dos años ciudadanos de este municipio respaldados por autoridades del ayuntamiento, así como por la pastoral social de la iglesia diocesana de Matehuala, la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas y la Red Mexicana de Afectados por la Minería.

El primer paso fue “dar a conocer la existencia de las 103 concesiones mineras. Posteriormente se debatieron en reuniones las potenciales afectaciones a la salud, el territorio y los bienes naturales que traen consigo las actividades mineras, las cuales alteran para siempre el estilo de vida campesino y comunitario que, para nosotros, son un referente histórico de esta apacible y apreciada región.

Los habitantes de Guadalcázar se pusieron en alerta a principios de 2018, cuando nuestro territorio fue amenazado por una empresa minera que inició trabajos con fines de explotación. Esto orilló a que el ayuntamiento tomara medidas para frenar a esta empresa, cuya incursión era ilegal.

El alcalde Pérez Zapata y los regidores aprobaron la declaratoria de municipio libre de minería metálica, que ayer mismo fue publicada en Plan de San Luis, el periódico oficial del gobierno del estado.

El texto precisa los alcances del acuerdo: La voluntad popular de no permitir la minería metálica en Guadalcázar es de obligatorio cumplimiento tanto para autoridades como para particulares. Además, el ayuntamiento manifiesta de forma pública y abierta que por ningún motivo se autorizarán u otorgarán licencias y/o permisos de uso de suelo para llevar a cabo la extracción de minerales metálicos bajo cualquiera técnica o modalidad posibles.

Con la aprobación de esta declaratoria y su publicación se sienta un precedente muy importante para las resistencias en México porque es una muestra fehaciente de que los pueblos organizados podemos defender de manera pacífica y legal nuestro territorio, nuestros bienes naturales y nuestra forma de vida pese a las amenazas del poderoso modelo extractivo, informaron el ayuntamiento y las organizaciones que promovieron la declaratoria.

 

Fuente:https://www.jornada.com.mx/2019/06/07/estados/030n3est?partner=rss

Mexico

Megaproyectos de exploración vulneran derechos de libre determinación de los pueblos mazatecos

Equipos de espeleólogos extranjeros llevan explorando más de cincuenta años las extensas cuevas de la región de los pueblos indígenas mazatecos, al norte del Estado de Oaxaca en México. Pese a que varias comunidades han negado el ingreso, se están apropiando del espacio subterráneo  sagrado, vulnerando los derechos de los pueblos originarios a su libre determinación.

La presencia de estos proyectos paso desapercibida por años, pues sus visitas coincidieron con el contexto de turismo sicodélico en la zona. Pero en años recientes, las exploraciones subterráneas se transformaron en mega-proyectos con varios y crecientes intereses sobre estos territorios.

Actualmente las expediciones a las cuevas son lideradas por el United States Deep Caving Team (USDCT), registrado como entidad legal en Estados Unidos, dirigido por William “Bill” Stone y William “Bill” Steele. Dicha organización tiene dos grandes proyectos de investigación en la región: el Huautla Cave Diving Expeditions y el Proyecto Espeleológico Sistema Huautla (PESH). Nos enfocaremos en el conflicto que ha generado este último.

Los proyectos del USDCT tienen varios intereses e indagaciones que no han transparentado ante los pueblos mazatecos. Sus expediciones han servido para el desarrollo de tecnologías de exploración en ambientes extremos, lo cual involucra a grandes empresas e inscripción de patentes. Han mapeado a detalle los flujos del agua regional, explorando acuíferos que consideran una “mina de oro”, que han planeado extraer para abastecer a la región. Han realizado prospección biológica y extraido especímenes de las cuevas, buscando hoy la posibilidad de desarrollar medicamentos con éstos, mediante un participante relacionado a la industria farmacéutica. Recientemente promocionan la transformación de las cuevas sagradas en sitios turísticos de interés especial.

El PESH inició exploraciones el año 2014, sin antes informar y pedir permiso a las comunidades sobre si querían o no este proyecto. Los organizadores extranjeros se atribuyeron el objetivo de explorar, mapear y estudiar todo el sistema de cuevas de la región, con investigaciones científicas de diversa índole en el subsuelo, durante diez años seguidos, y contando anualmente con decenas de expedicionarios en terreno. Es un proyecto oficial de la National Speleological Society (NSS), que tiene como política el compartir la información recabada en sus expediciones con agencias gubernamentales de Estados Unidos.

Según han referido algunos habitantes de la región, el PESH se ha presentado con permisos del Ayuntamiento de Huautla y han dicho poseer permisos del Estado de Oaxaca, sin embargo, estos no han sido mostrados. Según peticiones de información pública mediante el INAI, hechas al Gobierno del Estado de Oaxaca, mediante la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno del Estado de la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca[1], la Secretaría del Medio Ambiente, Energía y Desarrollo Sustentable de Oaxaca[2], el Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca[3], y también al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas[4], estas dependencias gubernamentales estatales y federales no cuentan con información sobre el USDCT, el PESH y sus proyectos en territorios mazatecos.

La gente ha manifestado desconfianza y enojo con el quehacer de los proyectos de exploración en sus cuevas y tierras. Las cuevas son muy importantes en el ser colectivo de los pueblos mazatecos, son lugares sagrados de gran respeto y es delicado ingresar a ellas. A esto se suma la falta de transparencia, ética y de resultados de los proyectos, que ha llevado a varias comunidades en distintos municipios a negar el acceso a sus territorios.

Ejemplo de esto, es que en el año 2015 la asamblea comunitaria de San Agustín de Zaragoza asentara en un acta de acuerdos, con fecha del 6 de abril del 2015, que se oponía a la presencia de espeleólogos extranjeros. El acta dejó en claro que no han visto ningún beneficio tras cincuenta años de exploración, aunado a que no les han sido presentados los proyectos y resultados de cada expedición durante todo ese tiempo, violando así su derecho a la información y a la libre determinación. Esta acta fue ratificada el 26 de enero de 2019.

El PESH no respetó la decisión de la máxima autoridad comunitaria y continuó con las exploraciones, evitando ser notados en sus traslados subterráneos, repitiendo así el patrón de años atrás cuando el USDCT no dio aviso al transportar explosivos hacia las cuevas. Posteriormente han justificado sus expediciones con el hallazgo de restos paleontológicos, mediante una vinculación con el INAH. Además, han recurrido a espectacularización de los rituales mazatecos para simular respeto. Ahora se encuentran organizando, junto a la Sociedad Nacional de Exploradores, un Festival de las Cuevas a realizarse en Huautla en octubre del presente año, para buscar legitimidad y reforzar sus proyectos e intereses regionales.

Con todas estas acciones el PESH violenta el derecho a la libre determinación sobre las tierras y territorios de los pueblos mazatecos establecidos en tratados y declaraciones internacionales ratificados y adheridos por México: la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU y el Convenio 169 de la OIT).

Entre los derechos vulnerados se encuentran los siguientes: aprovecharse de las costumbres y desconocimiento de leyes para arrogarse el uso de tierras indígenas (Artículo 17.3 del Convenio 169); al persuadir actividades que inciden en los planes de desarrollo municipal, lo cual vulnera el derecho de los pueblos a decidir sus propias prioridades en sus procesos de desarrollo (Artículo 7° del Convenio 169); al intrusarse sin permiso a las tierras indígenas y hacer usos no autorizados en éstas, son sujetos a ciertas sanciones por parte de los gobiernos (Artículo 18 del Convenio 169); vulneran el artículo 29.2 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, al introducir explosivos en las tierras y cuevas mazatecas.

* Este artículo se basa en la investigación “Espeleología y Neo-colonialismo en la Sierra Mazateca” de Saraí Piña y Federico Valdés, disponible en: https://mapoc136610434.wordpress.com/espeleologia-y-neo-colonialismo-en-la-sierra-mazateca/?frame-nonce=ef01668164

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[1] Solicitud con folio 00803418 con fecha de respuesta el 12 de octubre de 2018.

[2] Solicitud con folio 00803718 con fecha de respuesta el 5 de octubre de 2018.

[3] Solicitud con folio 00803618 con fecha de respuesta del 5 de octubre de 2018.

[4] Solicitud con folio 0062500044618 con fecha de respuesta 13 diciembre de 2018.

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Fuente:https://desinformemonos.org/megaproyectos-de-exploracion-vulneran-derechos-de-libre-determinacion-de-los-pueblos-mazatecos/
Mexico

“No a las minas, sí a la vida”, exigen comuneros a AMLO

Activistas, campesinos e integrantes de La Asamblea Veracruzana de Iniciativa y Defensa Ambiental (LAVIDA) exigieron al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, que cumplan con su promesa de evitar la instalación de empresas mineras e hidroeléctricas que causarían daños al frágil ecosistema veracruzano.

Activistas y comuneros ocuparon lugares estratégicos en el campo deportivo Adolfo López Mateos de este pueblo mágico para el arribo y despido de López Obrador, y lanzaron: “No a la mina, sí a la vida, no a la mina, sí a la vida”.

Antes de retirarse, el Ejecutivo recogió algunos folders con información del daño al medio ambiente que pueden causar la minería, junto con la fracturación hidráulica y los megaproyectos hidroeléctricos.

En entrevista, Guillermo Rodríguez Curiel, portavoz de LAVIDA, dijo que el mandatario ha asegurado que su gobierno está en contra de la minería tóxica y el fracking, y en ese sentido pidieron que esa voluntad “la exprese” gestionando el “retiro de las empresas” que continúan trabajando y tramitando permisos en Veracruz.

“Él dijo que está en contra de la minería tóxica, del fracking y de los transgénicos y que se comprometía con los mexicanos a defender la vida. Aquí en Veracruz quieren instalar minería tóxica y le decimos: no al proyecto y sí a la vida”.

Rodríguez Curiel recordó que el pasado 24 de abril la organización formalizó una solicitud en la que pidieron que dejen de entregarse concesiones mineras en Veracruz, se cancelen las que están vigentes y que la entidad se decrete como “libre de minería tóxica”.

“Nosotros queremos que ya se vayan y para siempre de Veracruz”, expuso.

En su breve intervención al micrófono, el morenista Cuitláhuac García aseguró ante los miles de asistentes que “daría respuesta puntual” a la población que habita en Jalcomulco y en las cuencas hidrológicas cercanas.

“No habrá hidroeléctrica en esa región. Reiterar que no habrá más fracking, ni minas a cielo abierto. Se tiene que respetar el medio ambiente”, dijo, y soslayó que impulsará una política de apoyo al campo y al ecoturismo que favorezca a la región.

Fuente:https://www.proceso.com.mx/586525/no-a-las-minas-si-a-la-vida-exigen-comuneros-a-amlo?fbclid=IwAR0ZwsizKFq_wnsd-DyuogA13OzAy7eeyZcS78poeV1ByTt2Aw6u80HwvME

Mexico

La poderosa minera de Canadá pierde otro amparo frente a los 14 viejitos que la demandan

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Octavo Circuito negó el amparo y confirmó la sentencia dictada el 13 de marzo de 2018 por el Juez Primero de Distrito del centro auxiliar de la Décima región con residencia en Saltillo. Minera La Encantada S.A de C.V de First Majestic, había promovido un recurso de revisión.

Ciudad de México, 31 de mayo (Vanguardia).- Un nuevo amparo le fue negado a la empresa minera canadiense First Majestic, por el caso del ejido Tenochtitlan de Ocampo, Coahuila, invadido desde hace más de 38 años y donde se mantiene un litigio entre los ejidatarios y la empresa.

Fue en esta ocasión el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Octavo Circuito quien negó el amparo y confirmó la sentencia dictada el 13 de marzo de 2018 por el Juez Primero de Distrito del centro auxiliar de la Décima región con residencia en Saltillo.

Minera La Encantada S.A de C.V de First Majestic, había promovido un recurso de revisión, sin embargo, se confirmó la sentencia del juicio de amparo 288/2017, así como la ejecutoria dictada dentro del amparo en revisión 793/2016.

Juan Francisco Flores, abogado de los ejidatarios, explicó que la minera había promovido un amparo en contra de la resolución del Tribunal Superior Agrario, alegando que el comisariado ejidal no tenía personalidad para interponer el recurso de revisión que fue dictado en favor del ejido.

“El juez de distrito le dicta una resolución en contra de la minera, un sobreseimiento, no estudian las violaciones que alegaron, no se dan los supuestos. La minera interpone un recurso de revisión para que sea un Tribunal Colegiado quien revise todo el expediente”, explica Flores Gándara.

Fue el martes cuando notificaron que se había resuelto el recurso de revisión, donde el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Octavo Circuito, confirmó la sentencia del juez de distrito y consideró improcedente el recurso interpuesto por la empresa.

“Es una buena noticia para el ejido, porque nos permite regresar al Tribunal Agrario y se dé cumplimiento a lo que resolvió el Tribunal Superior Agrario, donde le ordena dé un nuevo estudio de las pruebas y estudie todas, no solo unas cuantas”, comentó el abogado defensor.

El abogado detalló que sobre todo es una prueba importante de la Reforma Agraria donde dice el delegado en su momento, que todas las ventas que se hicieron carecen de eficacia, es decir, no valen porque ya no podía vender a persona que lo hizo.

Consideró que se va bien en el proceso y que se espera que el expediente esté de regreso en próximos días y el Tribunal Unitario Agrario del Sexto Distrito vea lo que le ordenaron de México y empiecen a recabar la información de prueba.

 

Fuente:https://www.sinembargo.mx/31-05-2019/3589524?fbclid=IwAR3Can_R5UosvafInM7wYZVjmtSSfi2NpeBkaub_lkKVgFAo2iW-MaM8uxU#.XPKDxo6Qtzg.facebook#.XPKDxo6Qtzg.facebook