(Chiapas, México City, Ottawa, Toronto, Kamloops).- En un fallo de juicio emitido el pasado 18 de julio, el juez federal de Canadá, Keith Boswell, admitió la posibilidad de que Mariano Abarca “quizás no habría sido asesinado” si la embajada canadiense en México “[hubiese] actuado de otra manera”. Mariano Abarca, líder comunitario de Chicomuselo, Chiapas, e integrante de REMA, fue asesinado el 27 de noviembre del 2009 en el marco de la lucha que emprendió contra los impactos sociales y ambientales generados por la mina de barita de la empresa minera canadiense Blackfire Exploration.

Lo anterior, fue señalado en la primera instancia en un proceso que inició la familia de Abarca de solicitar la revisión jurídica de la decisión del Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá, de no investigar las acciones y omisiones de la embajada canadiense en México, en torno a la criminalización y el asesinato de Mariano Abarca.  La familia Abarca considera que la actuación por parte de la embajada, inclusive de ejercer presión sobre las autoridades de Chiapas a favor de Blackfire para acallar las protestas en la comunidad, aún cuando supieron que Mariano estaba siendo criminalizado y amenazado, puso en mayor riesgo su vida, que finalmente concluyo al ser asesinado. Sin embargo, y a pesar de su admisión de la relevancia de la influencia de la embajada, el juez Keith Boswell, negó ordenar al Comisionado que investigue su conducta.

Como familia -respondió José Luis Abarca, hijo de Mariano Abarca, quien estuvo presente en la audiencia en la corte federal en marzo de este año-, “estamos totalmente decepcionados del fallo, porque hemos caminado un largo trecho en búsqueda de justicia por el asesinato de mi padre, y no entendemos cómo es que el juez, reconoce que la embajada pudiera haber actuado de otra manera, lo cual habría hecho una diferencia para que mi padre siguiera con vida, y sin embargo, se niega a ordenar se lleve a cabo la investigación”.

En la decisión que tiene 26 páginas, el juez dedicó solamente un párrafo sustantivo para analizar los hechos antes de concluir que era ‘razonable’ considerar que la embajada no había contravenido ningún código de conducta. El juez parece basar esta conclusión en el supuesto que, las políticas sobre la responsabilidad corporativa, la corrupción y los defensores de derechos humanos identificados por los querellantes, no fueron vinculantes sobre los funcionarios públicos canadienses quienes respondieron al conflicto social con Blackfire. Además, falló que fue ‘aceptable’ la decisión del comisionado de no investigar, sin haber realizado una evaluación seria y profunda a pesar de que la ley le exige usar como criterio de revisión el interés público, para garantizar una fiscalización pública adecuada sobre las acciones de los funcionarios públicos de Canadá relacionadas con los conflictos mineros ocasionados alrededor del mundo.

“Esta decisión muestra que hubo muy poca voluntad por parte del juez para estudiar y analizar a fondo la evidencia, puesto que no consideró los argumentos que presentamos. No deja de sorprendernos la lectura del fallo, que revela muy poca consideración ante una situación tan lamentable y grave de un asunto de interés público en Canadá, tal como recurrentemente sucede en varios otros países donde persisten reclamos similares de violaciones a los derechos humanos por parte de las empresas mineras que actúan con el apoyo y protección del gobierno canadiense a través de sus misiones diplomáticas, a quienes se les percibe cada vez con mayor desconfianza”, afirmó el abogado de la familia, Miguel Ángel de los Santos.

Además, según los querellantes, la decisión de la corte carece de una examinación seria de por qué la embajada no tuvo una obligación de seguir las políticas, normas y directivas que fueron publicadas en el sitio web del gobierno de Canadá, y sobre las cuales, los funcionarios públicos de Canadá habían testificado en el parlamento canadiense alrededor del mismo momento que se perpetró el asesinato de Mariano.

“Esta decisión es muy deficiente y es altamente preocupante que un juez admitiera que las directivas que el gobierno de Canadá propaga y reconoce públicamente, no sean obligatorias para la actuación de los funcionarios públicos. La decisión del juez tiene un impacto adverso sobre la operación ética y la fiscalización de las embajadas y el sector de servidores públicos de forma más generalizada”, comentó él abogado Yavar Hameed, quien representa la familia Abarca y las organizaciones mexicanas y canadienses en la demanda frente la corte federal.

Para Uriel Abarca Roblero, hermano de Mariano quien también estuvo presente en la audiencia en la Corte federal, la noticia del fallo no le sorprendió. “Como familia, sabíamos de la dificultad para que una corte en Canadá aceptará admitir una investigación por la actuación de funcionarios de la embajada canadiense. No investigar a la embajada de Canadá es tener miedo a conocer la verdad sobre la forma en que operan las empresas mineras en Latinoamérica y sobre todo en México y Chiapas donde funcionarios canadienses ayudan a facilitar las operaciones de empresas mineras canadienses que han causado severos daños ecológicos y atropellos a los derechos humanos. A pesar del fallo, no nos rendiremos y vamos a continuar en esta lucha por la justicia”.

Gustavo Castro, de la organización Otros Mundos Chiapas, también litigante en el caso, considera que la decisión es emblemática de una problemática generalizada de impunidad para el sector minero canadiense. “El gobierno de Canadá beneficia de las actividades mineras en el exterior, y más allá de que haya razón o no en nuestra acusación, el no querer revisar el caso, ni ordenar una investigación habla de forma muy clara: no quieren que se investigue a su propio gobierno.”

La familia Abarca con Otros Mundos Chiapas, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Chiapas, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y Alerta Minera Canadá, presentamos una queja original al Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá en febrero de 2018. Después que el Comisionado negó abrir una investigación en abril de 2018, anunciamos nuestra intención de llevar la denuncia a la corte federal en mayo de 2018. No obstante, ahora ante este frustrante fallo, nuevamente refrendamos nuestro compromiso para lograr se efectúe la rendición de cuentas con respecto al accionar de la embajada canadiense en los meses previos al asesinato de Mariano. Con este objeto, estamos preparándonos para ejercer nuestro derecho al recurso de apelación ante la Corte Federal de Apelación.

Para mas información:

• Yavar Hameed, Hameed Law,  yhameed@hameedlaw.ca, (613) 627-2974
• Charis Kamphius, Justice and Corporate Accountability Project, ckamphuis@justice-project.org, 250-572-2625
• Kirsten Francescone (para información o para organizar entrevistas con la familia o las organizaciones mexicanas), kirsten@miningwatch.ca

Antecedentes

Información que se obtuvo mediante solicitudes al acceso a la información demuestra que la embajada intervino con oficiales del gobierno mexicano para apoyar a la empresa cuando ya se sabía que era sobre el conflicto que ellos tenían con respecto a su proyecto de Blackfire en Chiapas, México, incluyendo a los riesgos que enfrentaba Mariano. Mariano alertó a la embajada sobre las preocupaciones que tenían las comunidades con respecto a los impactos de la mina y amenazas relacionadas. Poco después, Mariano fue detenido sin acusaciones en base a una denuncia que presentó la empresa en su contra. Además, solamente semanas antes que lo asesinaran, la embajada consultó a las autoridades mexicanas que acallen a las protestas en contra las operaciones de Blackfire.

Alrededor del mismo tiempo, oficiales federales se pronunciaron frente al Comité Permanente del Parlamento sobre las Relaciones Exteriores constatando que el rol de las embajadas canadienses es “trabajar muy de cerca con empresas, las comunidades afectadas, gobiernos, pueblos Indígenas y la sociedad civil para facilitar un diálogo informado y abierto entre todas las partes”. Sin embargo, la Embajada canadiense en México negó reunirse con la familia y organizaciones de la sociedad civil quienes trabajan en la comunidad hasta que pasaron meses después del asesinato de Mariano, a pesar de que ellos seguían otorgando apoyo a la empresa.

Documentos:

Decisión de Judge Boswell (inglés) disponible acá.

Resumen de la Queja presentada al Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá disponible acá.

Solicitud para la Revisión de la decisión del Comisionado por la Corte Federal de Canadá disponible acá.

BAJAR COMUNICADO EN PDF

Fuente:http://www.remamx.org/2019/07/juez-de-corte-federal-de-canada-acepta-la-posibilidad-que-mariano-abarca-no-habria-sido-asesinado-si-la-embajada-canadiense-en-mexico-hubiese-actuado-de-otra-manera-no-obstante-niega-ordenar-una-in/

Con un ritual de agradecimiento a la Madre Tierra, seguido por una reflexión colectiva en torno a la defensa del territorio, los logros y desafíos que se presentan a 10 años de la lucha contra el extractivismo en el estado se realizó la primera Guelaguetza de los Pueblos de Oaxaca contra la Minería.

En el marco del Día Estatal de Rebeldía contra la Minería, las comunidades de Valles Centrales organizadas en el “Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos” reiteraron su rechazo a las 322 concesiones mineras por considerar que es un despojo de la vida de los pueblos.

Mientras, a tres kilómetros de distancia, en San José del Progreso, la empresa minera Cuzcatlán filial de la transnacional canadiense Fortuna Silver Mines realizó una Guelaguetza para justificar que promueven las tradiciones, dan empleo y generan desarrollo.

Y a 48 kilómetros de distancia, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa se divertía presidiendo las fiestas de los Lunes del Cerro o Guelaguetza oficial a la que destinó 21 millones 712 mil 620 pesos, sin embargo, se estima que entregó 42 millones de pesos a empresas “favorecidas en proceso de licitación irregulares”, según el periódico Centro.

Lo cierto es que en Oaxaca se encuentran registradas 322 concesiones mineras, lo que equivale al 5% del territorio estatal, mismas que se traducen en 41 proyectos mineros, de los cuales dos se encuentran en etapa de explotación comercial, San José en el municipio de San José del progreso y “El Águila” en el municipio de san Pedro Totolapan, dos mas se encuentran en etapa de desarrollo, 36 en etapa de exploración y una mas en etapa de postergación, revela el estudio de Oxfan-México “Minería y Privilegios”.

Las comunidades reunidas aquí en este municipio de San Martín de los Canseco, Marcos Leyva Madrid de Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA) destacó que “son 10 años de afectaciones irreversibles al medio ambiente, contaminación de las fuentes de agua, afectaciones de tierras de cultivo y pastoreo, criminalización de defensores y defensoras de la tierra y ruptura del tejido social comunitario“.

Sin embargo, “hoy los pueblos y comunidades afectados por proyectos y concesiones mineras celebran la vida, la autonomía, los procesos de resistencia y las alternativas comunitarias que están ejerciendo dentro de sus territorios. A 10 años, reafirmamos: Sí a la vida, no a la Minería”.

La Guelaguetza de los Pueblos contra la Minería tiene como objetivo “celebrar la resistencia y autonomía de los pueblos y comunidades afectadas por proyectos mineros”.

Al evento asistieron autoridades agrarios y municipales de San Martín de los Cansecos, Monte del Toro, El Vergel, los Ocotes, Santa Catarina Minas, Magdalena Ocotlán, San Nicolás Yaxe, San Dionisio Ocotepec y Magdalena Teitipac.

Así como representantes de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán-COPUVO, Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios: Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, Servicios para una Educación Alternativa, Servicios del Pueblo Mixe Ser, Tequio Jurídico, la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca, Codigo-Dh y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez-Centro Prodh, con el acompañamiento de Brigadas de paz Internacional y Servicio Internacional para la Paz.

Ante la falta de reflectores de los medios de comunicación, con el hashtag #OaxacaVsMineria, el “Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos” difundió esta festividad donde intercambiaron los saberes y prácticas en la defensa del territorio.

Las actividades iniciaron a las 10 horas con un ritual de agradecimiento a la Madre Tierra donde los asistentes después de agradecer depositaron ofrendas como tortillas, maíz, cebollas, frijol, zanahorias, totopos, calabacitas, tomates, pan, chocolate y mezcal.

Luego de un foro de denuncia, inició la compartencia cultural comunitaria con la obra de teatro “Ecos de una América Indígena”, seguido de intervenciones de autoridades de varios municipios de las regiones Valles Centrales, Sierra Norte y Sierra Sur, así como música, danzas de la Pluma de Guadalupe Zaachila, comida y mezcal.

Las autoridades agrarias de San Nicolás Yaxe (que en zapoteco significa maíz tierno) se unieron a la convocatoria del Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios para celebrar la primera Guelaguetza de los Pueblos de Oaxaca contra la Minería convencidos de que hacer comunidad es parte esencial para encontrar espacios para reflexionar e intercambiar saberes en defensa de la Madre Tierra.

Resaltaron que lo que buscan es recuperar la esencia de la fiesta de los lunes del cerro donde la cooperación, el amor al prójimo y una actitud de compartir la naturaleza y la vida, es que cerca de 10 comunidades de los Valles Centrales de Oaxaca afectadas por concesiones mineras en los distritos de Tlacolula, Ejutla y Ocotlán de Oaxaca, buscan reforzar el tejido social que como comunidades indígenas los une.

Fuente:https://movimientom4.org/2019/07/celebran-guelaguetza-contra-el-extractivismo-de-41-proyectos-de-mineria/?fbclid=IwAR0uD_vkL6SjU6kCrMjGHqg3Stswbt49c1-ESammi939COG7_oSPI1FEVG4

En un fallo emitido el pasado 18 de julio, el juez federal de Canadá, Keith Boswell, señaló la posibilidad de que el activista contra la minería Mariano Abarca “quizás no hubiera sido asesinado” si la embajada canadiense en México “[hubiese] actuado de otra manera”, informaron organizaciones sociales como Otros Mundos y la Red Mexicana de Afectados por la Minería.

En un comunicado, recordaron que Abarca “fue un líder comunitario de Chicomuselo, Chiapas, asesinado el 27 de noviembre de 2009 en el marco de la lucha que emprendió contra los impactos sociales y ambientales generados por la mina de barita de la empresa minera canadiense Blackfire Exploration”.

El fallo del juez canadiense corresponde a la primera instancia en el proceso que inició la familia de Abarca para solicitar la revisión jurídica de la decisión del Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá, de no investigar las acciones y omisiones de la embajada canadiense en México en torno a la criminalización y posterior asesinato.

La familia Abarca, indican las organizaciones, considera que la actuación de la embajada, incluso de ejercer presión sobre las autoridades de Chiapas a favor de Blackfire para que acallaran las protesas en la comunidad cuando supieron que Mariano estaba siendo criminalizado y amenazado, puso en mayor riesgo su vida.

Sin embargo, apuntó el comunicado, “a pesar de su admisión de la relevancia de la influencia de la embajada, el juez Keith Boswell, negó ordenar al Comisionado que investigue su conducta”.

José Luis Abarca, hijo de Mariano, indicó: “estamos totalmente decepcionados del fallo, porque hemos caminado un largo trecho en búsqueda de justicia por el asesinato de mi padre, y no entendemos cómo es que el juez, reconoce que la embajada pudiera haber actuado de otra manera, lo cual habría hecho una diferencia para que mi padre siguiera con vida, y sin embargo, se niega a ordenar se lleve a cabo la investigación”.

En la decisión que tiene 26 páginas, el juez dedicó solamente un párrafo sustantivo para analizar los hechos antes de concluir que era ‘razonable’ considerar que la embajada no había contravenido ningún código de conducta.

“El juez parece basar esta conclusión en el supuesto que las políticas sobre la responsabilidad corporativa, la corrupción y los defensores de derechos humanos que los querellantes identificaron no fueron vinculantes sobre los funcionarios públicos canadienses quienes respondieron al conflicto social con Blackfire. Además, falló que fue ‘aceptable’ la decisión del comisionado de no investigar, sin haber realizado una evaluación seria del alto interés público en asegurar que fiscalización pública adecuada de las acciones de los funcionarios públicos de Canadá en torno a los conflictos mineros alrededor del mundo”, señalan las organizaciones.

“Esta decisión muestra que hubo muy poca voluntad por parte del juez para estudiar y analizar a fondo la evidencia, puesto que no consideró los argumentos que presentamos. No deja de sorprendernos la lectura del fallo, que revela muy poca consideración ante una situación tan lamentable y grave de un asunto de interés público en Canadá y en varios otros países donde persisten reclamos similares de violaciones a los derechos humanos por parte de las empresas mineras que actúan con el apoyo y protección del gobierno canadiense a través de sus misiones diplomáticas, a quienes se percibe cada vez con mayor desconfianza”, afirmó el abogado de la familia, Miguel Ángel de los Santos.

Fuente:https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2019/07/29/embajada-de-canada-en-mexico-pudo-evitar-asesinato-de-mariano-abarca/?fbclid=IwAR32lBC9D3eHvWfH_J54lMFKBrJvDFM5jrdMf5QKM37lrVmvpLaBqm0OlGo

La activista puso como ejemplo que en las últimas dos muertes que hubo en minas de la Región Carbonífera, una de las minas operaba en una concesión cancelada.

Fuente:https://vanguardia.com.mx/articulo/piden-que-prodemi-rinda-cuentas-sobre-las-empresas-mineras-que-le-proveen-de-carbon-en-coahuila?fbclid=IwAR2chyRv7nqNpl253AKn_3J669dA_V7-YnnglN_6tGKFHL8rCZWXCakIXTQ

No habrá marcha atrás en el amparo interpuesto por autoridades tradicionales de San Sebastián Teponahuaxtlán, comunidad wixárika enclavada en Mezquitic, Jalisco, mediante el que se busca frenar la intervención de mineras en su territorio sagrado de Wirikuta.

En 2011, los wixaritari de Jalisco interpusieron la demanda de amparo 819/2011-VI ante la entrega de concesiones a la empresa First Majestic Silver Corp. Con esa acción, consideraron, el Estado mexicano incurrió en omisiones para garantizar sus derechos al medio ambiente sano y a la protección del territorio.

Aunque en 2013 un juez federal decretó la suspensión provisional de todas las concesiones mineras de la zona, con lo que también quedó prohibida la realización de cualquier trabajo prospectivo mientras se dicta la sentencia definitiva sobre la revocación o no de las autorizaciones, el pueblo wixárika denunció que la empresa y un grupo de ejidatarios aglutinados bajo la Unión de Ejidos de la Región Chichimeca del Altiplano Norte “han maniobrado” para que las comunidades se desistan de la acción legal.

Por ello, mediante un pronunciamiento derivado de una reunión sostenida el miércoles en Tepic entre autoridades civiles, tradicionales y agrarias de comunidades wixaritari de Jalisco, Durango y Nayarit, refrendaron su posición.

“No desistiremos de este amparo, ya que es nuestro bastión jurídico para proteger el legado que debemos cuidar para nuestro pueblo, así como nuestros derechos a seguir existiendo como pueblo originario y practicar nuestra espiritualidad ancestral”, expusieron.

Así, a la par de anunciar que no asistirán a una reunión convocada por los ejidatarios para mañana en Estación Catorce, San Luis Potosí, enfatizaron que se oponen al uso de cañones antigranizo y al desarrollo de otros megaproyectos.

“Apoyamos las exigencias y solicitudes que han venido haciendo en los últimos años habitantes y colectivos del Altiplano Potosino y la sierra de Catorce para proteger al Altiplano-Wirikuta de la depredación del territorio y para mejorar la calidad de vida de los habitantes con propuestas de desarrollo armónicas al medio ambiente y no destructivas, como es la minería, que ofrece unos pocos puestos de trabajo a cambio de la destrucción de su patrimonio, o como la agroindustria que arrasa la biodiversidad, o como los campos eólicos que despojan a los dueños de sus tierras y destruyen la flora y la fauna, entre otra afectaciones sociales, culturales y naturales”, concluyeron.

“No desistiremos de este amparo, ya que es nuestro bastión jurídico para proteger el legado que debemos cuidar para nuestro pueblo”

Extracto del pronunciamiento

Fuente:https://ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=131018&fbclid=IwAR0EtiXbX7RNiAc3IXdkTiT78GwCJ4KKxTTkYu4D9dO_0LbvF9GGh1dYWjk

–Con un ritual de agradecimiento a la Madre Tierra, seguido por una reflexión colectiva en torno a la defensa del territorio, los logros y desafíos que se presentan a 10 años de la lucha contra el extractivismo en el estado se realizó la primera Guelaguetza de los Pueblos de Oaxaca contra la Minería.

En el marco del Día Estatal de Rebeldía contra la Minería, las comunidades de Valles Centrales organizadas en el “Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos” reiteraron su rechazo a las 322 concesiones mineras por considerar que es un despojo de la vida de los pueblos.

Mientras, a tres kilómetros de distancia, en San José del Progreso, la empresa minera Cuzcatlán filial de la transnacional canadiense Fortuna Silver Mines realizó una Guelaguetza para justificar que promueven las tradiciones, dan empleo y generan desarrollo.

Y a 48 kilómetros de distancia, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa se divertía presidiendo las fiestas de los Lunes del Cerro o Guelaguetza oficial a la que destinó 21 millones 712 mil 620 pesos, sin embargo, se estima que entregó 42 millones de pesos a empresas “favorecidas en proceso de licitación irregulares”, según el periódico Centro.

Lo cierto es que en Oaxaca se encuentran registradas 322 concesiones mineras, lo que equivale al 5% del territorio estatal, mismas que se traducen en 41 proyectos mineros, de los cuales dos se encuentran en etapa de explotación comercial, San José en el municipio de San José del progreso y “El Águila” en el municipio de san Pedro Totolapan, dos mas se encuentran en etapa de desarrollo, 36 en etapa de exploración y una mas en etapa de postergación, revela el estudio de Oxfan-México “Minería y Privilegios”.

Las comunidades reunidas aquí en este municipio de San Martín de los Canseco, Marcos Leyva Madrid de Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA) destacó que “son 10 años de afectaciones irreversibles al medio ambiente, contaminación de las fuentes de agua, afectaciones de tierras de cultivo y pastoreo, criminalización de defensores y defensoras de la tierra y ruptura del tejido social comunitario“.

Sin embargo, “hoy los pueblos y comunidades afectados por proyectos y concesiones mineras celebran la vida, la autonomía, los procesos de resistencia y las alternativas comunitarias que están ejerciendo dentro de sus territorios. A 10 años, reafirmamos: Sí a la vida, no a la Minería”.

La Guelaguetza de los Pueblos contra la Minería tiene como objetivo “celebrar la resistencia y autonomía de los pueblos y comunidades afectadas por proyectos mineros”.

Al evento asistieron autoridades agrarios y municipales de San Martín de los Cansecos, Monte del Toro, El Vergel, los Ocotes, Santa Catarina Minas, Magdalena Ocotlán, San Nicolás Yaxe, San Dionisio Ocotepec y Magdalena Teitipac.

Así como representantes de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán-COPUVO, Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios: Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, Servicios para una Educación Alternativa, Servicios del Pueblo Mixe Ser, Tequio Jurídico, la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca, Codigo-Dh y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez-Centro Prodh, con el acompañamiento de Brigadas de paz Internacional y Servicio Internacional para la Paz.

Ante la falta de reflectores de los medios de comunicación, con el hashtag #OaxacaVsMineria, el “Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos” difundió esta festividad donde intercambiaron los saberes y prácticas en la defensa del territorio.

Las actividades iniciaron a las 10 horas con un ritual de agradecimiento a la Madre Tierra donde los asistentes después de agradecer depositaron ofrendas como tortillas, maíz, cebollas, frijol, zanahorias, totopos, calabacitas, tomates, pan, chocolate y mezcal.

Luego de un foro de denuncia, inició la compartencia cultural comunitaria con la obra de teatro “Ecos de una América Indígena”, seguido de intervenciones de autoridades de varios municipios de las regiones Valles Centrales, Sierra Norte y Sierra Sur, así como música, danzas de la Pluma de Guadalupe Zaachila, comida y mezcal.

Las autoridades agrarias de San Nicolás Yaxe (que en zapoteco significa maíz tierno) se unieron a la convocatoria del Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios para celebrar la primera Guelaguetza de los Pueblos de Oaxaca contra la Mineríaconvencidos de que hacer comunalidad es parte esencial para encontrar espacios para reflexionar e intercambiar saberes en defensa de la Madre Tierra.

Resaltaron que lo que buscan es recuperar la esencia de la fiesta de los lunes del cerro donde la cooperación, el amor al prójimo y una actitud de compartir la naturaleza y la vida, es que cerca de 10 comunidades de los Valles Centrales de Oaxaca afectadas por concesiones mineras en los distritos de Tlacolula, Ejutla y Ocotlán de Oaxaca, buscan reforzar el tejido social que como comunidades indígenas los une.

Fuente:https://movimientom4.org/2019/07/celebran-guelaguetza-contra-el-extractivismo-de-41-proyectos-de-mineria/

La recaudación de impuestos que logra el gobierno mexicano por parte de las mineras es casi simbólicos frente a los montos económicos que este sector logra en forma anual.

Más allá del impacto ecológico que la actividad extractiva representa para las diversas regiones del país, en donde se asientan 18 mil 874 minas muchas de ellas a cielo abierto, la recaudación de impuestos que logra el gobierno mexicano por parte de las mineras es casi simbólicos frente a los montos económicos que este sector logra en forma anual.

Lo anterior queda evidenciado en el informe “Las Actividades Extractivas en México: Minería e Hidrocarburos Hacia el Fin del Sexenio. Anuario 2017” presentado este día por Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C., en donde se establece que esta irregular situación prevalece pese a que dos de las cinco mineras más importantes de América Latina, son mexicanas.

El aporte tributario de las mineras que raya en lo simbólico se revela al considerar que México, a pesar de su importancia minera, es el país que menos impuestos cobra a ese sector, comparado con otros países mineros de América Latina: en el periodo 2010-2014, en México apenas el 1 por ciento de los ingresos fiscales provinieron de esta actividad, mientras que en Chile, Perú y Bolivia la proporción fue de 13.8 por ciento, 6.4 por ciento y 2.8 por ciento, respectivamente.

Entre las causas que se reconocen que favorecieron a los bajos impuestos pagados por las mineras, se encuentran “la evasión fiscal, la existencia de privilegios e incentivos fiscales injustificados, o la ausencia de políticas tributarias que graven de manera efectiva la riqueza de personas y empresas”, señala el informe.

Así, aun cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reportó que en el 2017 la industria minera pagó por concepto de ISR (Impuesto Sobre la Renta) un total de 28 mil 805.6 millones de pesos, su contribución tributaria al erario en realidad fue menor, debido a que las industrias mineras lograron deducir saldos de IVA e IEPS (Impuestos Especial sobre Producción y Servicios), para dejar el monto de pago en un total de 4 mil 973.2 millones de pesos.

La tesis de la aportación tributaria del sector minero de manera casi simbólica, se fortalece con el hecho de que durante el periodo del 2006 al 2015 las mineras en su conjunto obtuvieron ingresos por el orden del Billón 714 mil 342.7 millones de pesos, pero solo pagaron de impuestos la suma de 22 mil 397 millones de pesos, esto debido a las condiciones tributarias laxas permitidas por la autoridad federal.

Otra de las razones que reconoce Fundar como la causa de la baja recaudación de impuestos mineros es la desorganización que en el sistema federal existe para saber siquiera quienes y donde están los depositarios de las concesiones mineras: la Secretaria de Economía (SE) no cuenta con un registro actualizado que relacione de manera precisa a los concesionarios mineros con sus concesiones, lo que ha imposibilitado el trabajo de fiscalización del SAT.

Ejemplo de lo anterior es el hecho de que hasta octubre del 2017 el Sistema de Administración Tributaria únicamente pudo ubicar a 3 mil 227 contribuyentes mineros, a quienes pertenecen 19 mil 174 concesiones de un total de 24 mil 961 registradas por la SE, lo que significa que el gobierno federal no sabe con exactitud a quién le pertenecen, ni cuáles son las características del 23.1 por ciento de las concesiones mineras que ha otorgado.

De la misma forma el gobierno federal ha sido omiso en el cobro del derecho adicional sobre minería, el que resulta en multas que van desde los diez a los 2 mil días de salario mínimo o la cancelación del permiso cuando los concesionarios no han realizado obras o trabajos de exploración durante dos años continuos sobre las minas entregadas.

En ese sentido la Secretaría de Economía ha sido omisa en sancionar a los titulares de Mil 918 concesiones mineras que se encuentran en ese parámetro, en donde Fundar señala que esa misma dependencia “incluso omitió entregarle al SAT la información básica de los concesionarios que se encontraban en esta circunstancia”.

Fuente:http://www.remamx.org/2019/07/mineras-ganan-millones-pero-pagan-impuestos-simbolicos-fundar/

El 15 de julio pasado, el cabildo del ayuntamiento de Huehuetán en la región del Soconusco aprobó por unanimidad el no otorgar ningún tipo de autorización a empresas para la construcción de centrales hidroeléctricas en el municipio chiapaneco.

Esta acción es parte de la lucha de comunidades de dicho municipio y de Tapachula, quienes desde 2012 se oponen a los proyectos hidroeléctricos Coatán y Cuilco, informó La Voz del Pueblo mediante comunicado de prensa difundido el pasado lunes.

Desde el año 2012, dicha organización donde confluyen comunidades de la región costa y sierra chiapanecas han exigido a autoridades locales la cancelación de permisos para la implementación de proyectos hidroeléctricos y mineros en sus comunidades.

Renovables en Chiapas, un atractivo negocio

El estado de Chiapas alberga el 30 por ciento del agua superficial en todo México y genera mas del 40 por ciento de la energía hidroeléctrica del país.

Esto se debe al impulso gubernamental del siglo pasado para la generación de energía “limpia” mediante gandes proyectos hidroeléctricos.

Actualmente, las energías renovables representan enorme rentabilidad para las inversiones privadas por lo cual han optado por “disminur” el impacto ambiental con la implementación de mini-hidroeléctricas en caudales de todos los tamaños en el estado del sureste mexicano.

“El problema de estas empresas limpias están ubicadas en zonas muy pobres que nunca recibieron el desarrollo que México hizo con esas presas grandes y ahora resulta que ellos tienen que pagar el desajuste de la ecología, los mismos que no recibieron el apoyo que dio México. ¿Cómo le vamos a poner todo encima a comunidades que jamás se beneficiaron de un desarrollo que destruyó el medio ambiente?”, cuestiona Claudia sobre el discurso con el cual las empresas se aproximan a las comunidades.

Específicamente, el proyecto de Cuilco presentado en 2012 planteaba la construcción de una cortina de 35 metros de alto, lo cual inundaría un área de nueve hectáreas de terreno donde los campesinos siembran café y plátano.

A pesar de que la empresa Hidrochiapas, S. de R. L. de C. V. argumentó desde la presentación del proyecto que “cuenta con la anuencia de la mayoría de los propietarios de la zona”, fue hasta el año de 2014 cuando representantes de las empresas Asergen S.C. y Comexhidro S.A de C.V. se dieron cita en el lugar para intentar comprar tierras para la instalación de mini centrales hidroeléctricas en los ríos Coatán y Cuilco.

 

El pasado 18 de julio, aniversario luctuoso de Benito Juárez, el presidente López Obrador (AMLO) declaró que la producción minera en México debe continuar, porque según él, esta actividad representa empleos y distribución de la riqueza (sic). Sin embargo, complementó su dicho señalando que no se puede destruir el medio ambiente en aras de la creación de riqueza: …sí queremos el crecimiento, pero sin destruir el medio ambiente, si se tratara de crecer por crecer podríamos decir ¡vamos!, ¡a seguir con las rondas petroleras!, ¡a seguir entregando concesiones para la minería, no le hace que sea a cielo abierto, no le hace que contamine!.. entonces, podríamos crecer en 6 por ciento anual, pero destruimos el territorio, y ¿qué le dejamos a las nuevas generaciones?, eso es muy irresponsable… Estas declaraciones se dieron en el contexto del reclamo ciudadano de sanciones contundentes a Grupo México por los criminales y reiterados daños ambientales que ha provocado su negligencia.

La postura de AMLO en defensa del medio ambiente frente al depredador modelo extractivo minero es una señal positiva, mas no deja de contrastar con las ambigüedades jurídicas que en la materia se ha mostrado. Por un lado, el gobierno suspende el otorgamiento de nuevas concesiones mineras y por otro se niega a la abrogación de la Ley Minera de 1992, la cual declaró la explotación de minerales como actividad preferente por sobre cualquier otro aprovechamiento del territorio. Se trata de una de las joyas jurídicas del neoliberalismo salinista que ha traído a México miseria, división social, violencia, muerte, desplazamientos, pérdida de soberanía y destrucción irreversible del patrimonio ambiental y cultural. Algo similar encontramos en las contradicciones de política pública: mientras las áreas responsables de la minería en la Secretaría de Economía fueron entregadas a empleados de la industria minera trasnacional, la Secretaría de Medio Ambiente ahora es dirigida por uno de los mayores defensores del territorio frente a la crisis civilizatoria que representa el neoliberalismo.

 

¿Por qué entonces no desterrar la ambigüedad y dar pasos definitivos hacia la protección del territorio frente a la megaminería, principalmente la de tajo a cielo abierto?, ¿por qué no ha iniciado el proceso de desmantelamiento jurídico del neoliberalismo y su postura extractivista?, ¿por qué siguen vigentes las leyes y normas que lo han hecho inatacable, profundamente injusto y peligroso para la biodiversidad?, ¿no acaso elegimos a AMLO con estas esperanzas por delante? Es fundamental insistir en ello, sobre todo ante la llegada de un nuevo 22 de julio, Día Mundial contra la Megaminería a Cielo Abierto, fecha en que los pueblos se solidarizan con las poblaciones que padecen el desgraciado arribo de ésta a sus regiones. Pero también es vital recordarle al gobierno que mientras da balbuceantes pasos para intentar detener la destrucción que la megaminería a cielo abierto provoca sobre nuestros territorios, los corporativos mineros, con los canadienses a la cabeza, dan pasos firmes en sus objetivos de fracturar, con mentiras y dinero, a las comunidades para imponerles sus fugaces e irracionales proyectos.

 

En cuanto a la megaminería canadiense, su arrogancia no encuentra límite. No sólo tiene pendiente responder, entre otros, por el crimen que una de sus empresas realizó en el ahora desaparecido Cerro de San Pedro Potosí, sino que mantiene la presión y el chantaje sobre muchas comunidades. Ejemplos actuales de aguda amenaza minera los encontramos en Ixtacamaxtitlán, Puebla, y en Dolores Hidalgo, Guanajuato. En aquella población y su región, la canadiense Almaden Minerals lleva años dividiendo a los habitantes para imponer un megaproyecto de tajo a cielo abierto que le permita obtener el medio gramo de oro que por tonelada de subsuelo existe en la zona, en un proceso que duraría tan sólo 14 años y que dejaría como herencia perpetua más de mil hectáreas destruidas, incluyendo un enorme cráter de kilómetro y medio de diámetro y 400 metros de profundidad, además de la aparición de dos enormes montañas con más de 50 millones de toneladas de desechos contaminantes y la contaminación de millones de metros cúbicos de agua que se usarían en los procesos de beneficio del mineral.

 

Un panorama similar se presenta en San Antón de las Minas, municipio de Dolores-Hidalgo, donde la canadiense Argonaut Gold pretende imponer un proyecto de megaminería a cielo abierto para triturar, a punta de explosivos y en tan sólo siete años, el Cerro del Gallo y sus profundidades, lo que provocaría un ecocidio de grandes dimensiones en el territorio que vio nacer la lucha por la Independencia. Los canadienses, con sus serviles aliados mexicanos, pretenden extraer medio gramo de oro por tonelada de subsuelo dolorense, utilizando más de mil 500 millones de metros cúbicos de agua del acuífero de la Independencia, cuya cuenca hidrológica se encuentra en situación crítica.

 

Nada de esto tendría que estar sucediendo si la declaratoria de muerte del neoliberalismo fuese verdad. Por ello, las resistencias organizadas desde los pueblos son la única esperanza para detener esta depredación y heredar vida y dignidad a los que vienen.

*Investigador de El Colegio de San Luis.

Fuente:https://www.jornada.com.mx/2019/07/20/opinion/016a1pol?fbclid=IwAR0W6XKJXL8VBKt8OKjkRD_RyUAEL2pL5EjaIRl5bC_uE54GqVTeS_-nm2M#.XTNsNGuPnbA.facebook