Este 19 de agosto, la familia de Mariano Abarca Roblero, asesinado el 27 de noviembre de 2009, interpuso una nueva demanda contra la embajada canadiense por incumplimiento de normas que le exigen apegar su actuar respetando los derechos de las personas en donde tienen inversiones sus connacionales.

Mariano Abarca Roblero fue precursor en la defensa del medio ambiente en Chiapas. Él y habitantes del ejido Grecia, municipio Chicomuselo ubicado en la Sierra Madre, se opusieron a que la empresa canadiense Black Fire, siguiera vertiendo sus desechos en los ríos de la zona. Por sus protestas, recibieron amenazas y agresiones directas.

En julio de 2009, Abarca acudió a la embajada de Canadá para solicitar su intervención en la protección de los derechos de la población afectada por la minera. Cuatro meses después fue asesinado. A una década de los hechos, su familia continúa exigiendo se investigue el actuar de la embajada, y a la justicia mexicana.

Ante la embajada, el 22 de julio de 2009, Abarca Roblero explicó que para lograr entrar a el ejido Grecia, empresarios de la minera Black Fire, “dijeron que iba a ver empleo para todos y no es cierto. Ahí tienen en un oficio 20 obras que no cumplieron, aparte están destruyendo en la cabecera municipal lo que es la infraestructura”.

En un video que quedo registrado cuando Robledo encabeza el mitin afuera de la embajada. Ahí señaló, “nosotros no estamos tanto por la infraestructura, sino que por la contaminación que ellos están haciendo del medio ambiente en nuestro municipio, aparte de que es una sierra importante, la Sierra Madre de Chiapas. Y al afectar a la Sierra Madre de Chiapas se va a afectar gravemente todo lo que es el estado, principalmente por los ríos corren a hacia el estado, que es Tuxtla Gutiérrez, pasando por Villa Hermosa, desembocando en el Golfo de México”.

Abarca Roblero y los habitantes del ejido Grecia, sostuvieron que durante cuatro la minera extrajo barita y vertió los desechos en los ríos de la zona. Para cuando realizaron la manifestación afuera de la embajada, los ríos ya estaban contaminados. “Ya hay estragos que esta haciendo esta compañía, además de algunas amenazas en contra de nuestras personas, de los que estamos en el movimiento. Entonces nosotros pensamos que nos es justo que esta empresa extranjera este agrediendo a nuestra propia gente, generando un conflicto con nuestra propia gente, llevándose la riqueza a otro país”.

No fueron recibidos por los diplomáticos de la embajada. La embajada canadiense pidió al gobierno mexicano intervenir para crear las condiciones que permitieran a la empresa seguir operando.

La respuesta llegó después. El 17 de agosto de 2009 Mariano Abarca fue arrestado por autoridades del estado de Chiapas. Black Fire lo acusó de los delitos de Atentados Contra la Paz y la Integridad Corporal y Patrimonial de la Colectividad y del Estado, Asociación Delictuosa, Delincuencia Organizada y Ataque a las Vías de Comunicación. Estuvo una semana bajo arraigo.

El 24 de agosto fue liberado. Sin embargo, continuaron las amenazas. El 23 de noviembre Mariano Abarca presentó una queja ante la policía, en donde manifestaba que dos empleados de la Black Fire lo habían amenazado de muerte. El 27 de noviembre de 2009 Mariano Abarca fue asesinado. Empleados de la empresa fueron detenidos, y a los pocos meses exonerados.

La familia e integrantes de las organizaciones ambientalistas a las que pertenecía, entre ellas la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y Mining Watch, decidieron seguir exigiendo justicia. A través de la ley de acceso a la población de Canadá, recuperaron más de una centena de documentos y correos que intercambiaron directivos de la empresa y personal de la embajada. Uno de ellos aconsejaba a los empresarios demandar al gobierno mexicano por incumplir en crear condiciones óptimas para la operación de la mina.

Con estos y otros elementos, la familia Abarca presento en febrero de 2018 una denuncia ante el Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá, para que investigue las acciones y omisiones de la embajada canadiense en México. En dos ocasiones se ha negado iniciar el proceso. Este 19 de agosto, en conferencia de prensa, la familia del líder ambientalista dio a conocer que este día interpuso un nueva apelación ante la Corte canadiense para pedir de nuevo la investigación.

“No vamos a cejar hasta encontrar justicia para mi hermano. No vamos a parar la lucha que empezamos, porque es un caso emblemático no solo para Chiapas, sino todos los países que luchan contra la contaminación que dejan las empresas mineras en nuestros países”, sostuvo Uriel Abarca, hermano de Mariano Abarca.

Fuente:https://www.chiapasparalelo.com/opinion/2019/08/pidio-ayuda-a-la-embajada-de-canada-y-a-los-4-meses-lo-asesinaron/?fbclid=IwAR0vP8Ml35h0W35m8XtDaoksGtixG7v9Y3MlsLiIZUMrsMs3Gy2VKfSYItI

Andrés Manuel López Obrador, presidente mexicano, dijo este lunes en su conferencia diaria, que su país debe pedir que los estándares salariales y de protección del medio ambiente efectivos en Canadá sean aplicados en México.

Cuestionado por un ciudadano sobre los proyectos mineros canadienses y estadounidenses en su país, López Obrador dijo que poco a poco se pediría a las empresas mineras extranjeras que pagaran salarios más elevados, semejantes a los que tienen los mineros en Canadá y Estados Unidos así como los mismos niveles de protección ambiental. Escuche aquí.

Se mantienen concesiones ya otorgadas

Después de explicar que en los últimos sexenios se habían otorgado licencias de explotación y exploración minera equivalentes al 40% del territorio nacional, el presidente de México también confirmó que su administración no cancelará ninguna de las actuales concesiones mineras, pero agregó que tampoco se entregarán nuevas concesiones mineras.

El presidente dijo que no se aprobarían otras porque tomando en cuenta la envergadura territorial de las ya entregadas, éstas serían suficientes por  muchas generaciones a venir.

Los estándares canadienses no son ideales

El organismo canadiense Above Ground trabaja desde al menos una década abogando por la defensa de los derechos ambientales y humanos en relación con proyectos mineros. Su directora Karyn Keenan, cree que México no debería aspirar a que los estándares canadienses se reproduzcan allá ya que en Canadá, la situación ambiental alrededor de la industria extractiva canadiense deja mucho que desear. Escuchar audio aquí.

El desastre ambiental por mina en Mount Polley en Canadá

Como mencionó Karyn Keenan, de Above Ground, el 4 de agosto de 2014, 24 millones de metros cúbicos de desechos de relave de una mina en esa comunidad fueron vertidos en el arroyo Hazeltine Creek hasta el lago Quesnel y otras vías fluviales de la zona. El accidente surgió luego del colapso de la presa de los residuos de relave, cerca de la ciudad de Likely, en Columbia Británica.

Según un informe independiente sobre el desastre, la presa se construyó sobre un lago glaciar inclinado, lo que debilitó sus cimientos. Dijo que el diseño inadecuado de la presa no tenía en cuenta las fallas de drenaje o erosión asociadas con los glaciares hasta debajo del estanque.

Un plazo de cinco años para los cargos de la Ley Federal de Pesca expiró el domingo 5 de agosto del 2019, mientras que la posibilidad de otros cargos en virtud de la misma ley sigue sin plazo para una decisión. Colombia Británica no cumplió con el plazo de tres años para proceder con los cargos bajo la Ley de Manejo Ambiental y la Ley de Minas de la provincia.

El salario promedio – sector minero canadiense
Un trabajador en el sector de la minería en Canadá gana en promedio $77,251 dólares anuales o $39.62 por hora. Los puestos de nivel inicial comienzan en $35,015 por año, mientras que los trabajadores más experimentados ganan hasta $131,326 por año.

Contaminación de minas en Canadá
Según el Inventario Nacional de Emisiones Contaminantes, en 2017, 7.001 instalaciones mineras en Canadá reportaron un total de 4.920.807 toneladas de más de 320 sustancias:

• 3.226.906 toneladas de contaminantes fueron liberadas directamente al medio ambiente;
• 1.693.901 toneladas fueron eliminadas en vertederos, esparcidas en tierra o inyectadas bajo tierra, ya sea en el emplazamiento de la instalación o fuera de él;
• 288.328 toneladas fueron transportadas fuera del emplazamiento para su tratamiento previo a la eliminación definitiva o para su reciclado y recuperación energética.

Fuente: Radio Internacional Canadá

Fuente:https://movimientom4.org/2019/08/presidente-de-mexico-elogia-proyectos-mineros-en-canada-activistas-canadienses-creen-que-es-un-error/

Comunicado de Prensa leído en conferencia de presa sobre el Caso de Mariano Abarca en la Ciudad de Tuxtla Gutíerrez –

A 10 AÑOS DEL ASESINATO DE MARIANO ABARCA

El Gobierno de Canadá acepta omisión manteniendo la impunidad al negar su investigación

Mariano Abarca acudió hace 10 años a la embajada de Canadá para denunciar el hostigamiento y acoso de la minera Black Fire a comunidades de Chiapas. La respuesta fue su encarcelamiento y posterior homicidio. Una década después la familia Abarca continúa apelando a los tribunales de México y Canadá para exigir justicia.

Mariano Abarca Roblero fue precursor en la lucha por la conservación del medio ambiente, cuando en Chiapas iniciaba el avance del Modelo Extractivo Minero. La canadiense Black Fire entró al ejido Grecia en el municipio Chicomuselo para extraer barita. Con engaños intentó someter a la población mientras contaminaba sus ríos y tierras.

Mariano Abarca Roblero, miembro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) en Chiapas, encabezó las protestas contra el proyecto minero. La respuesta a su lucha fue el hostigamiento y las amenazas. El 22 de julio del 2009, Mariano Abarca acudió ante la embajada canadiense en México para advertir sobre las amenazas y los riesgos contra su vida y demás habitantes de Chicomuselo involucrados en el proceso de defensa del territorio y el medio ambiente, por parte de la minera canadiense.

Palabras de Mariano Abarca ante la embajada de Canadá:

“la compañía está utilizando a sus trabajadores como grupos de choque, para repeler en contra de nuestra resistencia, los trabajadores que apenas suman 40, cuando ellos llegaron a Grecia, dijeron que iba a ver empleo para todos y no es cierto. Ahí tienen en un oficio 20 obras que no cumplieron, aparte están destruyendo en la cabecera municipal lo que es la infraestructura, nosotros no estamos tanto por la infraestructura, sino que por la contaminación que ellos están haciendo del medio ambiente en nuestro municipio, aparte de que es una sierra importante, la Sierra Madre de Chiapas. Y al afectar a la Sierra Madre de Chiapas se va a afectar gravemente todo lo que es el estado, principalmente por los ríos corren a hacia el estado que es Tuxtla Gutiérrez, pasando por Villa Hermosa, desembocando en el Golfo de México. Entonces ya hay estragos que esta haciendo esta compañía, además de algunas amenazas en contra de nuestras personas de los que estamos en el movimiento, entonces nosotros pensamos que nos es justo, verdad, que esta empresa extranjera este agrediendo a nuestra propia gente, generando un conflicto con nuestra propia gente, llevándose la riqueza a otro país.”

La respuesta a la manifestación de preocupación de Mariano ante las oficinas de la embajada canadiense en México, fue que el 17 de agosto de 2009, justo hace 10 años, Mariano fuera arrestado. Black Fire lo acusó de los delitos de Atentados Contra la Paz y la Integridad Corporal y Patrimonial de la Colectividad y del Estado, Asociación Delictuosa, Delincuencia Organizada y Ataque a las Vías de Comunicación.

La falta de pruebas y la solidaridad nacional e internacional hicieron que el 24 de agosto del año 2009 Mariano Abarca Robledo fuera liberado. Sin embargo, continuaron las amenazas. El 23 de noviembre Mariano presentó una queja ante la policía, en la que manifestaba que dos empleados de la Black Fire lo habían amenazado de muerte. El 27 de noviembre de 2009 Mariano Abarca fue asesinado.

La familia y las organizaciones que los acompañan han pedido durante los 10 años que han pasado desde entonces, que se investigue y detenga a los culpables de su asesinato, que la embajada de Canadá en México asuma su responsabilidad por haber protegido a la empresa que violó los derechos humanos de los habitantes de Chicomuselo, y que puso en riesgo la vida de Mariano, hasta llegar a su muerte.

El 06 de febrero de 2018 la familia de Mariano presento una denuncia al Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá en la que solicitó la investigación de las acciones y omisiones de la embajada en México, cuya petición fue negada por lo que se interpuso un recurso de revisión frente al Tribunal canadiense. La petición fue negada, pero la corte asume que si la embajada hubiera actuado de una determinada manera Mariano seguiría vivo. Continuamos en la búsqueda de justicia para Mariano Abarca. Continuamos en la búsqueda de la justicia para que ninguna otra persona tenga que morir en Chiapas, en México y en América Latina como consecuencia de lucha para conservar el medio ambiente.

¡Exigimos justicia y cese a la criminalización a las y los defensores del medio ambiente y respeto a sus derechos humanos!

19 de Agosto 2019, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México.

Fuente:http://www.otrosmundoschiapas.org/index.php/temas-analisis/171-defensores-y-defensoras-bajo-ataque/justicia-para-mariano-abarca/3277-el-gobierno-de-canada-acepta-omision-manteniendo-la-impunidad-al-negar-su-investigacion?fbclid=IwAR1VRgpR3D4MZrc5mToUYzRwuEvwTcGuTWTBCbOw2tUr2mIqIqYuG26Sc5s

■ En su proyecto de gobierno, AMLO ha dado pasos hacia una opción de neoextractivismo

■ Necesaria, reforma integral al Artículo 27 constitucional y la Ley Minera: Guzmán López

A pesar de que el Gobierno Federal no ha otorgado concesiones mineras, según lo afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita reciente a Zacatecas, “el problema que persiste es que no ha detenido el despojo de los grandes corporativos a los pueblos y comunidades”, afirmó Federico Guzmán López, egresado del doctorado en Estudios del Desarrollo de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ).

El presidente, “en su proyecto de gobierno, ha dado apenas unos pasos hacia una opción de neoextractivismo, porque hace referencia a una mejor distribución de la renta minera en beneficio de las comunidades. Sin embargo, su postura antineoliberal de la Cuarta Transformación, que dio a conocer el 17 de marzo de 2019 en aquella declaratoria de fin de la política neoliberal en México, en el rubro minero no se ha dejado ver de manera contundente en lo legal, programático, institucional y presupuestal”, dijo.

Aunado a ello, “otro problema que persiste es que no ha detenido el despojo de los grandes corporativos a los pueblos y comunidades para sus proyectos mineros, cuando vemos que una de las tendencias en la forma de explotación de la industria minera es transitar de minería subterránea de alta ley de minerales hacia minería a cielo abierto, ello para volver rentable las vetas de baja ley de metales preciosos”.

EN MÉXICO SE TIENEN REGISTRADOS 98 CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES DE LOS 2 MIL 856 QUE EXISTEN A NIVEL GLOBAL

Expuso que en su visita al municipio de Concepción del Oro, el presidente señaló que no habrá más concesiones de minería ya que gobiernos anteriores concesionaron 80 millones de hectáreas del territorio nacional.

No obstante, indicó que la cifra que mencionó sobre las 80 millones de hectáreas (equivalentes a 40 por ciento del territorio mexicano) que fueron concesionadas a la industria minera durante los gobiernos de Salinas de Gortari hasta la actualidad, es equivocada.

Guzmán López comentó que, de acuerdo a información de la Semarnat de 2012 y de la Secretaría de Economía de 2016, además de solicitudes de acceso a la información pública de 2018 y 2019, “hay una cifra acumulada que indica que durante los años de 1982 a 2018 se concesionaron 114.8 millones de hectáreas, que representan 58.5 por ciento de la superficie del territorio mexicano”.

Incluso refirió que ese indicador se puede medir de manera desglosada por partido político en el poder, y se concluye que en tres periodos del Partido Revolucionario Institucional se concesionaron 52.5 millones de hectáreas, de las cuales 8.6 fueron con Carlos Salinas (1989-1994); con Ernesto Zedillo (1995-2000) 34.5 millones de hectáreas, y con Enrique Peña (2013-2018) 9.4 millones de hectáreas.

En las dos administraciones del Partido Acción Nacional se concesionaron 59.4 millones de hectáreas, de las cuales 25.1 fueron con Vicente Fox (2001-2006), y 34.3 millones de hectáreas con Felipe Calderón (2007-2012).

Respecto a la afirmación de López Obrador de que durante su gobierno en México no habrá concesiones de minería, dijo que en los primeros seis meses de gobierno lo cumplió, ello de acuerdo a datos obtenidos en junio pasado a través de una solicitud de acceso a información pública con folio 0001000149119.

Según expuso Guzmán López, la respuesta mencionó lo siguiente: “Al respecto, la Dirección General de Minas a través de la Dirección de Cartografía y Concesiones Mineras, manifiesta que NO SE OTORGARON CONCESIONES MINERAS en el periodo de 01 al 31 de diciembre de 2018, así como en el periodo de 01 de enero al 31 de mayo de 2019”.

Por otra parte, el especialista manifestó la necesidad de una reforma integral al artículo 27 constitucional y la Ley Minera vigente desde 1992 reformada en el año 2014, sobre todo para quitarle el carácter de actividad pública preferente que tiene la minería establecido en el artículo 6, así como el periodo de 50 años para las concesiones mineras con posibilidad de prórroga por otros 50 años como señala el artículo 15 de dicha ley.

Explicó que en el discurso del presidente, presentado el primero de diciembre de 2018 en el Zócalo de la Ciudad de México, uno de los puntos refería que “se transferirá a las comunidades mineras el impuesto que se cobra a las empresas por la extracción del mineral”.

Por el contrario, “cuando se revisa el texto del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, disponible en el Diario Oficial de la Federación, lo único que aparece es que las Universidades para el Bienestar Benito Juárez tendrán como parte de su oferta educativa la carrera de ingeniería en Minas”.

En el tema institucional, Guzmán López comentó que es importante vigilar cómo evolucionan los datos de los pasivos ambientales por temas mineros, los procedimientos administrativos, multas y sanciones impuestas, y sobre todo cuántas y cuáles empresas mineras que han contaminado les suspenden de manera temporal o definitiva las explotaciones mineras. Asimismo, será importante revisar los alcances, los rubros y montos asignados al fondo minero en los próximos ejercicios fiscales.

Sobre la relación megaminería y desarrollo nacional que ha manifestado el presidente, señaló que, “si bien pareciera algo esperanzador por detener el otorgamiento de nuevas concesiones mineras, mencionar la homologación salarial de los trabajadores mineros en México, Canadá y Estados Unidos, repartir de manera más justa los recursos de la renta minera y que las empresas exploten los minerales cumpliendo con las normas ambientales como en los países desarrollados, todos estos planteamientos en este momento son solamente enunciativos y pretenden acercarse a una postura basada en modelo de desarrollo que pone en el centro el neoextractivismo. Sin embargo, es insuficiente, y se aparta muy poco del credo neoliberal”.

“Quizá una forma de creerle al presidente López Obrador sería que aparte de la declaratoria de moratoria minera, se impulsara una reforma integral al Artículo 27 constitucional y a la Ley Minera, para regular el funcionamiento o cancelar algunas de las concesiones mineras vigentes en México, prohibir las explotaciones mineras a cielo abierto que implican el desplazamiento forzado interno de las comunidades”, expresó.

Guzmán López informó que hay organizaciones ambientalistas mundiales como el Atlas de Justicia Ambiental, coordinado por Joan Martínez Alier, de la Universidad Autónoma de Barcelona, y existen altas expectativas sobre el desempeño de Víctor Toledo al frente de la Semarnat, ya que “no queremos que México siga figurando entre los seis países con más conflictos socioambientales, pues en nuestro país se tienen registrados 98 conflictos socioambientales de los 2 mil 856 que existen a nivel global”.

“Tampoco queremos que se sigan repitiendo las historias de saqueo de los minerales, de desplazamiento forzado de las comunidades y de violación de los derechos humanos como ocurrió recientemente en Mazapil, Noria de Ángeles, Chalchihuites, Sombrerete, Vetagrande, y otros municipios zacatecanos.

Tampoco queremos que se sigan repitiendo historias de extractivismo legal, donde las empresas mineras promueven contra gobiernos nacionales ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial, cuyos litigios han acumulado 4 mil 40 millones de dólares que deberá pagar el gobierno de México si los resolutivos son a favor de empresas mineras”.

Por último, exhortó a los actores políticos y de instituciones académicas posturas y propuestas sobre este tema, entre ellos de la presidenta de la Comisión de Minería y Desarrollo Regional en el Senado de la República, Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre; del rector de la Universidad Autónoma Chapingo, José Solís Ramírez, y del mismo Rector de la BUAZ, Antonio Guzmán Fernández.

Fuente:jz.mx/2019/08/19/persiste-el-despojo-de-los-grandes-corporativos-mineros-a-los-pueblos/?fbclid=IwAR2tj2IzcEHFADDf3UCDRB1F_wtSyRV0g35E249_cnOvNnkF-PeqXKc_Rzg

No es gratuito que tres municipios de la zona oriente del Istmo de Tehuantepec: Santo Domingo Zanatepec, San Miguel Chimalapa y San Francisco Ixhuatán se declaren contra el proyecto minero de la empresa canadiense Minaurum Gold Inc, pues la ocupación de 7 mil 310 hectáreas para extraer oro, cobre y plata afectará a 2 mil productores de mango, a la selva de Los Chimalapas y a la ganadería.

Oaxaca está dividida en 14 regiones mineras, las cuales se han agrupado de acuerdo al tipo de metal que se extrae. En la región del Istmo existen tres: Lachuiguiri, en la zona montañosa de la sierra mixe-zapoteca; La Ventosa, que corresponde a la zona centro, y Tapanatepec, en la zona oriente. Es en esta última donde están los tres municipios que se declaran libres de minería, pues en su territorio están dos concesiones aglomeradas en el proyecto Santa Martha de la empresa Minaurum Gold Inc, ubicadas en la comunidad La Cristalina, en los límites con Chiapas y San Miguel Chimalapa, y entre éste y Zanatepec, las dos en zona de conflicto agrario.

El 28 de julio del 2018, el ayuntamiento de San Miguel Chimalapa se pronunció, por primera vez de manera formal, contra la concesión de 5 mil 610 hectáreas en la zona conocida como La Cristalina, que el gobierno federal le otorgó a la minera canadiense. El cabildo argumentó que causaría gran impacto al medio ambiente: contaminaría ríos y lagunas de nueve municipios de la región. En febrero de 2019, el ayuntamiento de Zanatepec, hizo lo mismo, y el 29 de julio pasado, a estas prohibiciones se sumó la de San Francisco Ixhuatán, comunidad que al igual que Chahuites, Zanatepec y Tapanatepec vive de la producción de mango.

Leer la nota completa de Roselia Chaca: Tres municipios del Istmo decidieron poner freno a la minería. Leer también: “Continúa la imposición a los pueblos indígenas”. Contexto: Ixhuatán se declara territorio prohibido para la minería.

Fuente:https://www.educaoaxaca.org/la-libre-determinacion-arma-contra-la-mineria-en-la-zona-oriente-del-istmo/?fbclid=IwAR0NJU2q4vNUAaNMC9GsvMy6gJGfjiv-9nypzRgpBiwbZI4hF2MreEKiorc

El día 24 de julio de 2019, autoridades del Consejo Regional Wixarika (CRW), representantes del pueblo wixarika, junto con la Unión Wixarika de Centros Ceremoniales A. C. (UWCC), emitieron una respuesta a la convocatoria  procedente de una asociación civil que se hace llamar Unión de Ejidos de la Región Chichimeca del Altiplano norte, donde convocaban a los representantes de los wixaritari a una reunión con el objeto de, entre otros motivos, negociar el amparo judicial que el pueblo wixarika interpuso en el año 2011 a la instalación de megaproyectos mineros en al Altiplano norte-Wirikuta, que suspende cautelarmente cualquier actividad minera en el desierto.

La Unión de Ejidos de la Región Chichimeca, como se llaman a sí mismos, intentan presentar el conflicto al que mire de lejos como un conflicto interétnico que enfrenta a chichimecas y wixarikas.

No son chichimecas, ni representan a las comunidades. Se trata de un grupo de gentes captadas y engañadas por la transnacional minera en la práctica de estrategias dirigidas a dividir y a entrar en las comunidades, como nos muestran las actuaciones de estas transnacionales en otros casos similares como Salaverna, Mazapil, el Cerro Gordo de San Pedro o el Basurero tóxico de Palula, por citar solo algunos casos cercanos al Altiplano, de los más de 130 conflictos mineros documentados en México por el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL).

La Unión de Ejidos A. C. se erige como representante de los intereses de las comunidades, cuando en realidad representan a algunas secciones de ciertos ejidos, pero -sobre todo- representan los intereses mineros de la First Majestic, circunstancias que hacen que la Unión de Ejidos A. C. no tenga poder de representación de las comunidades del desierto ante los representantes y autoridades de todo un pueblo originario.

No obstante, el pueblo wixarika a través del CRW (organismo oficial de los wixaritari conformados por autoridades legalmente establecidas como representantes del pueblo wixarika, con poder efectivo para tomar decisiones vinculantes en lo referente a las posiciones de este pueblo originario y la UWCC A.C.) en respuesta emitieron un comunicado público donde constataban la posición de total oposición del pueblo wixarika respecto a las concesiones mineras a los tres niveles de gobierno mexicano y a la sociedad civil, lanzando un mensaje en el que manifiestan su firmeza en la resistencia junto con las comunidades mestizas del Altiplano, en contra de las actividades mineras. (El comunicado original del pueblo Wixarika está disponible aquí).

Presentar el contenido de la respuesta institucional del pueblo wixarika, que habla claramente por sí misma, no es el objetivo de este comentario a los últimos acontecimientos. Más bien queremos señalar que la situación creada por la Unión de Ejidos A. C. saca a la luz, por un lado, la intensificación de las actividades y las estrategias de la transnacional minera en este preciso momento del conflicto, con la proximidad del fin del amparo judicial, algo de lo que nos sirve de ejemplo esta última acción de este grupo de choque comunitario, que puede ser definido sin ningún pudor como un grupo de acción comunitaria que defiende los intereses de la First Majestic.

Esta intensificación de las relaciones entre actores polarizados reactiva las matrices wixarika y comunitarias de un conflicto que está relacionado con diferentes construcciones territoriales del desierto, habitantes de las comunidades con modos de vida agricultores y ganaderos, y una visión profunda del desierto de los wixaritari, con Wirikuta como el lugar donde nació el Sol y donde permanecen vivos los antepasados formadores de nuestro mundo, cuyo recuerdo es mantenido y la vitalidad es reactivada a través de practicas culturales de reconocimiento y reciprocidad con la naturaleza.

Por otro lado, la introducción del modelo extractivo de matriz capitalista no necesita a las comunidades, como argumenta el investigador Claudio Garibay, del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM, porque reproduce el modelo de campamentos mineros separados de las comunidades, extraen los recursos que son convertidos en divisas y evadidos a los mercados internacionales sin apenas mediaciones económicas para los países y para las comunidades que reciben solo despojos.

Aparece el Altiplano norte-Wirikuta por un lado, como un lugar cuya territorialidad ha sido construida desde un modelo basado -como afirma la socióloga Maristella Svampa- en una memoria corta como un territorio heredado por parte de las comunidades mestizas que ha convivido con el modelo territorial de las personas wixaritari basado en una memoria larga como territorio originario y, por otro, las empresas mineras introducen en Wirikuta un modelo de matriz capitalista con una concepción de territorialidad a gran escala, que convierte el desierto en un territorio sacrificable que produce conflictos de dimensiones ecosociales.

Finalmente los wixaritari, con sus prácticas, fertilizan y rejuvenecen la matriz de vida que activa Wirikuta y, al mismo tiempo, Wirikuta activa la cultura de los wixaritari. Desde esta perspectiva, Wirikuta aparece como el elemento territorial que da sentido espiritual y material, como el lugar donde la cultura wixarika toma tierra.

En este sentido el final de Wirikuta, puesto en peligro por las tecnologías y la envergadura de los megaproyectos mineros, pone en serio peligro la supervivencia de las sociedades del desierto y la supervivencia de la cultura wixarika tal como la conocemos, y esto tiene un nombre, se llama etnocidio. ¿Quién se va a hacer responsable?

*David Avilés es investigador de la Universidad Autónoma de Madrid (España), en el área de Antropología de orientación pública.

Fuente:https://movimientom4.org/2019/08/megaproyectos-mineros-en-wirikuta-desarrollo-o-etnocidio/

La Asamblea de Organizaciones Ciudadanas y Colectivos por la Defensa del Medio Ambiente y el Agua exigen el retiro inmediato de la concesión a Grupo México y la renacionalización de la empresa minera de Cananea, un alto a la impunidad y a la injusticia a 5 años del derrame de tóxicos y la resolución a favor de reabrir el Fideicomiso por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En rueda de prensa acompañados de la señora Francisca García, afectada de Aconchi y Oscar Encinas Gámez, ejidatario y representante legal del amparo al Fideicomiso, los colectivos Pan y Rosas, De la Calle, Lo que Viene del Sol y la Red de Apoyo al Congreso Nacional Indígena remarcaron que el ecocidio “ha contado con la complicidad de autoridades, ya que a la fecha no se ha resuelto ninguno de los daños ocasionados, imperando la impunidad y la injusticia”, según se lee en el comunicado emitido.

En el documento demandan además una revisión ambiental seria y exhaustiva de toda la industria extractiva, y que toda la minería de tajo abierto sea prohibida en el país, por atentar contra los seres humanos. “No más despojo de los recursos naturales hacia los pobladores originarios, con el único fin de acrecentar las fortunas de empresarios rapaces”.

Francisa García platicó la relación que llevaban con el río antes del derrame. “Yo aprendí de mi mami la flora y la fauna del río. A reconocer cada planta, cuales se cultivan en verano, otoño e invierno, cuales se pueden comer y cuales no. Las que comíamos por tradición en cuaresma, por ejemplo. Cuando vino el derrame, cambia totalmente la forma de relacionarnos con el medio ambiente, la forma de comer, de cultivar, porque dejamos de sembrar muchos productos; cambió la recreación que teníamos con el río, de ir a la milpa al darnos un chapuzón, de ir los fines de semana sobre todo en verano. Todo eso se ha ido perdiendo. Las plantas están contaminados, no los comemos, nos están enfermando, aunque hay gente que sí lo come.”

“Todo esto nos quita la posibilidad de enseñarle a mis hijos ya las futuras generaciones lo que yo aprendí de mi madre, la forma de cultivar ya no es la misma, se dejó de sembrar la calabaza, el chile verde, el pepino, la cebolla, la papa, el camote, las habas, los chícharos. Antes si alguien sembraba elotes río arriba y yo chile verde, pues nos intercambiábamos, pero eso ya se acabó también. La remediación no debe quedar en manos privadas, ni tampoco nuestra salud. Exigimos que se declare autoridad responsable que Grupo México responda ante la contaminación, que haga la remediación y no repetición. El Río Sonora merece justicia.” remata Francisca.

Por su parte, Óscar Encinas declara a boca jarro: “Estamos en un proceso de destrucción y de muerte desde el derrame en Buenavista del Cobre de Germán Larrea. Ayer pasamos a la Suprema Corte de Justicia, nos atendieron dos ministros. Mañana se va a revisar el amparo que interpusimos para que se reabra el fideicomiso. Les pedimos con mucha fe, esperanza y con mucho amor que fallen a favor de las comunidades del Río Sonora y Bacanuchi.“

“Pedimos que se tome en cuenta a la gente. No estamos pidiendo dinero, queremos la remediación, que se atienda la salud y la calidad del agua, le pedimos al Gobierno que manden gente especializada a hacer los estudios, que se apoye al sector agrícola, que se remedie en todos los niveles, ahorita seguimos desamparados, yo estoy en un 70% abajo de lo que producía.” declaró el también el integrante de los Comités de Cuenca.

“Yo soy ejidatario del Sauz de Ures. Esperamos un fallo histórico a favor de las comunidades, pues ha decrecido la economía, hay descontento y desánimo, ya no se produce lo de antes. Nos somos animales, pero aún los animales sufren las consecuencias del derrame. Germán Larrea saca trocadas de dinero y todavía se burla de nosotros, jamás ha dado la cara. Queremos que se abra el fideicomiso pero que sea público, no privado. Nosotros nunca hemos sido convocados ni requeridos”.

“Queremos un resarcimiento total, si son 2 mil millones, 3 mil o cuatro mil, o que sea, que la empresa cumpla con su responsabilidad, que cumpla con las 36 potabilizadores, con la construcción de la clínica epidemiológica que está en el abandono, peor ahorita con la noticia de que la cierran y que ya ni siquiera serán atendidos los 300 afectados en su salud y que han sido reconocidos”, declara Encinas.

Estuvieron también presentes Totó Respeto, del colectivo Pan y Rosas, Katur Bejarano del colectivo De la Calle, Diana Renee Gerardo de Lo que Viene del Sol, Claudia Partida, de la Red de apoyo al Congreso Nacional Indígena, y Javier Valenzuela.

Las asociaciones invitan a la marcha en conmemoración del quinto aniversario la tarde del 6 de Agosto, a las 5.30 pm, partiendo del Mercado Municipal de Hermosillo hacia el Palacio de Gobierno.

Fuente:http://www.liberaradio.com/estamos-bien-contaminados-german-larrea-quiere-que-desaparezcamos/?fbclid=IwAR0JrDGote9y396ljxPFRDMixfqcv-lDE7oozYI1j7E16wytbGgEqhJiPG8

En la zona, los pobladores cuentan que cambió su forma de beber, de comer, y de ganar dinero. También se alteraron sus tradiciones, su salud y el entorno.

En las comunidades ubicadas a la orilla de los ríos Bacanuchi y Sonora se acostumbraba beber agua directo del grifo. “Yo llegaba a la casa y me pegaba a la llave, era agua potable, de los pozos, sabía buena, fresca. Acá ni conocíamos los garrafones”, dice Óscar Encinas, habitante del municipio de Ures.

Ahora los conocen. Cada familia debe comprar unos 10 por semana. Un garrafón cuesta entre 12 y 20 pesos, dependiendo del área donde se adquiera. “Nos gastamos unos 960 pesos a la quincena, mínimo. Pero es que no solo usamos esa agua para tomar, también para cocinar. Mi esposa ya no cuece ni los frijoles con la de la llave, nos da desconfianza”.

Los pobladores de la zona han hecho ese gasto en garrafones desde hace cinco años. Desde el 6 de agosto de 2014, cuando se derramaron, de una pileta donde la mina Buenavista del Cobre de Grupo México almacenaba desechos tóxicos, 40 millones de litros de ácido sulfúrico al Río Bacanuchi, que desemboca en el Sonora.

Ese volumen de tóxicos equivale al de 12 albercas olímpicas llenas. El derrame se catalogó como el peor desastre ambiental en la historia de la industria minera en México.

Los afectados directos, reconocidos tanto por Grupo México como por el gobierno, fueron más de 22 mil personas de siete municipios: Arizpe, Banámichi, Huépac, Aconchi, San Felipe, Baviácora y Ures. Pero podrían ser más, hasta un millón de personas, si es que la contaminación alcanzó la Presa El Molinito, que a su vez se conecta con la Presa Abelardo L. Rodríguez, principal fuente de agua de Hermosillo, la capital del estado de Sonora.

Después del derrame, el principal reclamo de quienes viven en los municipios afectados ha sido la falta de agua potable. “Se suponía que como parte de la remediación de los daños, Grupo México iba a poner 36 plantas potabilizadoras de agua, una en cada pueblo afectado. Pusieron unas cuantas y no funcionan”, dice Elba Nidia Hurtado, habitante del Sauz, también en Ures, Sonora.

Ella confirma la incertidumbre que viven en la región por el agua. “No da confianza usarla ni para bañarse. Hay familias que compran garrafones para asear a los niños chiquitos. Yo no puedo estar comprándola para mi aseo personal. Solo los compro para beber y cocinar. Pero ya tiene como un año que siento comezón en la piel. Me pongo crema o alcohol si es muy fuerte. Se me pasa por unos días y después regresa”.

Elba cuenta que ha ido al médico, pero le dicen que sólo es una alergia. “También se suponía que Grupo México iba a montar un hospital para atendernos, la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora en la población de Ures, pero no lo acabaron, se quedó en obra negra, solo hay un pequeño módulo de atención”.

Así que Elba ha ido al ISSSTE, del que es derechohabiente, pero le dicen que necesita un examen especial para ver si tiene metales pesados en la sangre, “y el hospital ese donde según los iban a hacer no funciona”.

Fernanda Hopenhaym, codirectora ejecutiva de PODER, organización de la sociedad civil que le da acompañamiento legal a afectados por el derrame de Grupo México, afirma que a los pobladores no se les han hecho estudios para ver si hay tóxicos en su sangre.

“Por lo que hemos estado documentado y por lo que hemos visto durante el acompañamiento a las comunidades, sabemos que hay más casos de cáncer en la zona y también hay incidencia de padecimientos en los riñones, pero no se puede confirmar o descartar que sea por el derrame porque justo no se han hecho los estudios necesarios a la población”, denuncia Hopenhaym.

Los pobladores dicen que sí han visto un mayor número de padecimientos graves entre sus vecinos. “No sabría decir cuántos casos, pero ha habido varios de cáncer de colon, por ejemplo. Y se los acaba rápido, después del diagnóstico duran unos 15 o 20 días y se van”, dice Óscar.

No existen datos fidedignos –afirma Hopenhaym– sobre el número real de personas afectadas en su salud y el tipo de afectaciones. No se han llevado a cabo estudios completos y tampoco se han dado a conocer los resultados de los estudios toxicológicos parciales realizados por laboratorios pagados por la empresa

El tercer nivel de afectación, además del derecho humano al agua y la salud, ha sido a la gastronomía, las tradiciones y la economía de la región.

Ya nada es lo mismo 

La mamá de Francisca García Enríquez hacía quesos. Su papá sembraba maíz, quelite, pepinos, chile verde. Tenía un poco de ganado y vendían becerros, una vez al año. Era la entrada extra que esperaban para darse unos lujos: arregla la casa, comprarse ropa.

Después del derrame de ácido sulfúrico en los ríos Bacanuchi y Sonora, la mamá ya no hizo quesos. El número del ganado de la familia mermó. Era difícil venderlo. No tenía caso invertir en tener los becerros, que antes se vendían por kilo a 120 y después a la mitad, apenas a 60 pesos.

“Había un señor que nos los compraba para exportar, pero a él ya no se los querían comprar si sabían que venían de esta zona. Tener ganado ya no fue negocio acá”, dice Francisca, Panchita, como le dicen, habitante del municipio de Aconchi.

Con la agricultura es igual. Los pobladores dicen que la tierra ya no produce lo mismo. Los rendimientos de las cosechas han bajado 50 o 60%. Muchos cultivos ya no se dan. El año del derrame, en 2014, el papá de Panchita perdió toda su cosecha de maíz. Al año siguiente también. Volvió a sembrar maíz hasta el año pasado, tampoco se dio. “Ahora lo intentó de nuevo. Veremos, en octubre o noviembre si sale. Parece necedad, pero es que cómo no va a sembrar, si esa era su vida”.

Panchita dice que su familia ha perdido hasta el 60% de sus ingresos a causa del derrame. Hay otras cosas ligadas a la economía que también se perdieron. “Nos quitaron nuestra soberanía alimentaria porque de lo que sembrábamos aquí en Aconchi de ahí comíamos, consumíamos mucho quelite, verdolagas. Además teníamos nuestra forma de comercio, intercambiamos lo que se sembrábamos con los de Arizpe o con los de Ures”.

Wenceslao Miramón Rivera, habitante de Bacanuchi, dice que parece que quedaron en un territorio maldito. Después del derrame, la gente no quiere ganado de la región, ni alimentos. “Antes vendíamos elotes o duraznos en las tiendas de Cananea. Ahora si decimos que los productos vienen del Río Sonora, no compran”.

El miedo por la contaminación es tal, que no solo hay problema para vender el ganado y los productos del campo. Los foráneos no quieren llegar a la zona tampoco. Ni siquiera los médicos. “El centro de salud de Bacanuchi está vacío. Hace tres años que no tenemos doctor. Antes venían pasantes de medicina ahora ya no quieren estar aquí”, dice Wenceslao.

Nada han remediado 

De acuerdo con diversas solicitudes de acceso a la información, PODER verificó que Buenavista del Cobre, la mina de Grupo México dueña de la pileta que causó el desastre, no contaba con las autorizaciones de Semarnat para el manejo de residuos peligrosos al momento del derrame.

Pese a eso, Semarnat sólo obligó a Buenavista del Cobre a remediar el sitio correspondiente a la zona 1 (los primeros 30 km desde el lugar donde se produjo el derrame) y en las cuatro restantes resolvió que se hicieran únicamente tareas de “monitoreo y control”.

Para canalizar los recursos necesarios con el fin de resarcir los daños, la empresa y el Gobierno crearon el Fideicomiso Río Sonora, un mecanismo voluntario y privado. Grupo México comprometió 2 mil millones de pesos para la remediación.

“Pero solo puso poco más de 1,200 millones de pesos”, dice Hopenhaym. El Fideicomiso, de acuerdo a lo documentado por PODER, solo gastó 61% de los recursos prometidos y no realizó un proceso efectivo de remediación.

Al inicio, Grupo México dijo que pondría 36 plantas potabilizadoras; pero la cantidad se redujo a 28 en 2016. En 2017 anunció que se construirían nueve de ellas. A cinco años del derrame, las únicas que funcionan son la de Bacanuchi, en el municipio de Arizpe y eso de manera intermitente, la de La Capilla (Baviácora) y de San Rafael (Ures).

“En ninguno de los casos se les ha dado garantías a los habitantes sobre la separación de metales en el agua, por lo que se puede afirmar que no existe seguridad hídrica en la región”, asegura Hopenhaym.

Lo que sí instaló el fideicomiso fueron 10,188 tinacos en los municipios afectados, pero están vacíos. Se supone que almacenarían el  agua limpia que llegaría de las plantas potabilizadoras prometidas. “Están ahí sin uso, como testigos de la impunidad en el río Sonora”, dice Óscar Encinas, el habitante de Ures.

Tampoco se terminó de construir el Hospital de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (UVEAS), que la empresa comprometió en el fideicomiso. “Solo funciona un módulo de la clínica, que pusieron en una casa rentada, para dar atención a más de 300 afectados de primer orden, pero ni para ellos ha sido buena la atención y ahora ya lo van a cerrar”, afirma Elba Nidia Hurtado, de Ures.

“La Semarnat cerró el fideicomiso–dice Hopenhaym– de forma unilateral, sin que los pobladores tuvieran opinión, en marzo de 2017, supuestamente porque ya había cumplido su función. Nunca se supo ni siquiera qué pasó con él dinero. Al ser un fideicomiso privado no ha tenido escrutinio de la Auditoría Superior de la Federación ni de la Secretaría de la Función Pública”.

Es por eso que los pobladores, con el acompañamiento de PODER, han interpuesto cinco amparos, tres de ellos referentes al fideicomiso y su funcionamiento. Sobre uno de ellos deberá pronunciarse la Corte este miércoles 7 de agosto. 

Este lunes 5 de agosto, a cinco años del derrame, pobladores de la orilla del río Sonora hicieron una manifestación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con la demanda de que se revisen esos amparos.

“La petición es que se revise el fideicomiso, su funcionamiento y en qué se gastó el dinero. Queremos que la empresa cumpla, porque a cinco años no ha habido remediación ni justicia para nosotros”, dice Wenceslao.

Animal Político solicitó la postura tanto de Grupo México, como de Semarnat, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Lo que los pobladores esperan, ahora que hay nuevas autoridades en la dependencia y en el gobierno federal, es que se revise el caso y se obligue a Grupo México a resarcir los daños. “Aunque hay muchos que no pueden ya repararse. ¿Con qué se remedia todo el daño que hemos tenido? Con nada. Pero al menos deberían intentarlo”, dice Panchita.

Fuente:https://www.animalpolitico.com/2019/08/comunidades-derrame-toxico-grupo-mexico/?fbclid=IwAR1JqzpEM9gk4_65CSnB2erK5RVpzcfM8_axJw0yD-Su1hkEZOGH7oNmcwA

Extraerán en 16 años: 30,00 ton de cobre, 800 ton de cobalto metálico y 1,187 de sulfato de zinc monohidratado.

La Minera y Metalúrgica El Boleo presentó un proyecto ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para ampliar a 446  hectáreas la explotación de minerales en Santa Rosalía mediante minado superficial en las 7 mil hectáreas pertenecientes a compañía.

La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) indica que la concesión minera de El Boleo continuará por16 años. Sin embargo, en el método de explotación la empresa sólo habla de minado superficial; según el Servicio Geológico Mexicano (SGM) existe tres tipos: minado de placeres (Bateas y canalones; minado hidráulico; dragado), minado a cielo abierto (Banco individual, bancos múltiples, descapote de mantos, explotación de canteras) y glory hole.

La MIA aclara que sólo serán 16 y no 25 años el tiempo útil de la empresa, pero aclara si usarán explosivos para para extraer minerales metálicos. Minera y Metalurgia del Boleo S.A. de C.V. planea realizar actividades de miando superficial en la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno.

Teniendo actividad desde 1860, El Boleo pretende continuar y expandir la extracción de cobre, cobalto, zinc y manganeso. Contempla una producción anual de 30,000 toneladas de  cobre fino, 800 toneladas de cobalto metálico y 1,187 toneladas de sulfato de zinc monohidratado.

Requerirán  6,100 millones de pesos para utilizar un superficie minada de 446.19 hectáreas. Afectarán áreas con un 38.6% de vegetación matorral sarcocaule y vegetación secundaria de matorral.

Pese a que el proyecto se encuentra dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno, la minería es considerada una actividad permitida por el Programa de Manejo. 

Fuente:http://elorganismo.com/el-boleo-usara-minado-superficial-en-446-ha-de-la-reserva-de-la-biosfera-el-vizcaino/?fbclid=IwAR1dtxs75MgcG1QMuwrV33DUeVEtGjWgOmIAL79JlnKrkOhuMI4Kidrfm74