Consideran que con esta propuesta sólo serán beneficiadas las empresas y los pueblos indígenas resultarán perjudicados

Fuente:https://www.elmanana.com/proyectos-de-amlo-afectan-a-indigenas-amlo-proyectos-indigenas/4934582?fbclid=IwAR06E9Vzq11Doz11h56wwcYpybeFRGkA4jjzynbzmeeixvgbccTn5HEihr8

El apuntalamiento del sistema económico capitalista en la minería y las políticas de dominación neoliberales han hecho del municipio de Mazapil, en el estado de Zacatecas, una de las caras más visibles del modelo extractivo minero en México. La creciente demanda de materias primas por los países centrales y las economías emergentes, así como el incremento del precio de los minerales, entre los que destaca el oro, al ser visto como un refugio para los grandes inversionistas ha significado un crecimiento en la centralización de tierras en forma de concesiones y, a la vez, un boom para la extracción de este metal.

Durante el periodo 2000-2006 el precio del oro creció 117 por ciento su valor, lo cual generó que a partir de 2009 se elevara significativamente el volumen extraído, alcanzando un aumento de 366 veces en los últimos 27 años, pasando de 41.5 a 15 mil 229.4 kilogramos. Por su parte, la plata aumentó el volumen de extracción 30 veces y el cobre 13 veces en el mismo periodo. Estos datos también reflejan el perfeccionamiento de las técnicas de extracción a través de la tecnología, que requiere cada vez más insumos para ser sostenida.

La llegada de la empresa canadiense Goldcorp, ahora Newmont-Goldcorp, a Mazapil, y la adquisición del yacimiento Peñasquito para operarlo bajo la técnica de tajo a cielo abierto en 2006, se anunció como el inicio de un auge económico importante para la región que traería progreso y desarrollo. Pero a 13 años de su llegada, la realidad no corresponde con lo prometido. El ejemplo de la farsa del “desarrollo minero” se observa al analizar los siguientes datos: en 2010, por cada 1 mil dólares de minerales vendidos Goldcorp obtenía de ganancias aproximadamente 998.82 dólares y las comunidades sólo recibían 18 centavos de dólar (Garibay, 2010); por otro lado, en 2016, mientras que Mazapil aportó el 8.7 por ciento del valor total de la extracción minera a nivel nacional (Secretaría de Economía, 2017), era reconocido como el cuarto municipio con mayor población en situación de pobreza extrema con el 12.9 por ciento, además, contaba con el 63 por ciento de la población en condición de pobreza (Cobeval, 2015). Es una paradoja: grandes ganancias para la empresa y gran pobreza para el poblado (Uribe y Rodríguez, 2019).

Como se puede observar, no hay simetría entre las ganancias de la empresa Newmont-Goldcorp y los impactos, tanto sociales, culturales, económicos, ambientales y a la salud que ha ocasionado su operación en la región. Otro tema de suma relevancia, es el despojo de tierras para la actividad minera, ya que, entre el 2006 y el 2010, la empresa despojó con engaños, chantajes y coerción más de 7 mil 971 hectáreas de tierra de los ejidos de Mazapil, Cedros, Cerro Gordo y El Vergel, generando el desplazamiento forzado de la comunidad de Peñasquito, además de poner en riesgo latente el desplazamiento de las comunidades de Mesas, Charcos y Palmas Grandes. A la par, el agotamiento del agua comenzó a sentirse rápidamente, en mayo de 2010 se constató que todas las norias relacionadas a la mina Peñasquito se secaron (Garibay, et. al., 2014). Algo más alarmante aún es que Goldcorp mintió a sus accionistas sobre las concesiones de agua y todo apunta a que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) fue cómplice de la empresa al poner a remate el acuífero, haciendo informes técnicos con sendas alteraciones que favorecen a la trasnacional (Garibay, et. al., 2014), lo cual, deja ver un claro entramado de corrupción.

En estos años, también se ha hecho visible la devastación ambiental y la transformación del paisaje que ha generado la minería a cielo abierto, misma que comenzó a visibilizarse y sentirse velozmente, debido a que tan sólo en el periodo de 2012-2017 la minera ha consumido 84 mil toneladas de cianuro y ha removido 396 millones de toneladas de materia rocosa para la extracción de oro. Lo cual ha repercutido en la contaminación del suelo y el aire por la transmisión de polvo con contenido tóxico, derivado de metales pesados y el uso de cianuro para el beneficio del mineral. Esto ha significado el surgimiento de distintas enfermedades dermatológicas y crónico-degenerativas como el cáncer. Los casos de los niños y niñas de Charcos son los más representativos. También se ha generado la muerte de ganado y la pérdida de cosechas.

La relación desigual con la minera Peñasquito ha desatado un conflicto eco-territorial de convivencia y bienes pecuniarios que se sobrepone a un conflicto laboral e intersindical entre ejidatarios, campesinos avecindados, transportistas y la empresa Newmont-Goldcorp. El saldo de los conflictos a lo largo de los años ha sido el aumento de la violencia en la región, la división comunitaria, el desplazamiento forzado, varios homicidios, criminalización a líderes y la presencia de un grupo armado.

La operación de Newmont-Goldcorp ha desencadenado una disputa por el control del trabajo y la vida humana, animal y vegetal del territorio, pero no hay mejor calidad de vida sino más conflictos mineros (Uribe, 2019). La esencia de estas tensiones muestra una contradicción de origen entre quienes manifiestan una mirada crítica sobre la forma de actuar de la minera y una postura que defiende la tierra, el agua y el territorio, pero, al mismo tiempo, aceptan que la empresa pueda seguir operando el yacimiento siempre y cuando cumpla el marco legal nacional e internacional que integra el principio economicista “el que contamina paga”, poniendo en peligro el futuro de toda la región.

La articulación y correlación de fuerza entre los diversos actores involucrados en el caso Peñasquito se vislumbra cada vez con mayor complejidad, lo cual genera cuestionamientos sobre lo que verdaderamente está en juego para quienes se han organizado y pelean contra la trasnacional. Recordemos que después de las primeras remuneraciones económicas, muchos ejidatarios lograron adquirir camiones e integrarse al trabajo con la minera para el acarreo de material, eso ha generado un cambio cualitativo en los conflictos, pues se pone en la mesa la tensión no sólo por la negociación de las retribuciones requeridas por la explotación territorial entre la empresa y los ejidatarios, sino una disputa entre sindicatos transportistas por el control de los contratos de acarreo de material.

Aunque en las constantes demandas de los afectados se exige el resarcimiento del daño por el agotamiento de los mantos freáticos en la comunidad de Cedros y de una auditoría ambiental, estos argumentos parecen secundarios frente a la exigencia de recuperar los contratos de acarreo para las asociaciones transportistas en pugna. Pese a que se ha corroborado que la empresa ha operado en la ilegalidad tras detectar diversas irregularidades para obtener los permisos de ocupación temporal de tierras como negar la participación de miembros opositores al comisariado, realizar asambleas sin la información necesaria, con anomalías en la determinación del acceso al voto y en los propios escrutinios, con dudas sobre las firmas, en algunos casos no se presentaron actas de no verificativo, entre otros aspectos. Los afectados por la mina Peñasquito apuestan por la negociación permanente antes que exigir el cierre de la mina, la rendición de cuentas y el resarcimiento de los daños ambientales, así como un proceso de reconstrucción del tejido social.

Es en este complejo marco que se juega el negocio y la vida de los ejidos y comunidades influenciados por el megaproyecto minero “Peñasquito” en la región de Mazapil, Zacatecas.

Fuente:https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2019/10/08/minera-penasquito-entre-el-negocio-y-la-vida-de-las-comunidades-de-mazapil/?fbclid=IwAR3K30Xw0g4zO-cSEZ0X0ZWsVLEtP7BlTmeX4lIw8XRGWjZvqL4fopcKuaM

Durante la reunión que sostendrán el próximo 11 de octubre con el subsecretario de minería.

La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), representantes de diversas organizaciones, de la iglesia e investigadores, solicitarán la cancelación de las concesiones mineras en el estado, durante la reunión que sostendrán el próximo 11 de octubre con el subsecretario de minería, informó el integrante de LAVIDA, Guillermo Rodríguez Curiel.

Detalló que en la reunión que se celebrará en Actopan, participaran habitantes de alrededor de 80 comunidades de diversos municipios que se han pronunciado en contra de dichos proyectos.

“El 11 de octubre estará presente en el salón estrella de la cabecera municipal de Actopan el maestro Francisco José Quiroga, que es el subsecretario de minería, concretamente es la secretaría de economía y esta subsecretaría de minería los que otorgan las concesiones a los mineros, logramos después de muchas movilizaciones que él venga a Actopan donde nos reuniremos aproximadamente 80 comunidades de Actopan, Alto Lucero, Úrsulo Galván, Paso de Ovejas, etcétera, le vamos a mostrar porque en Veracruz es inviable la minería toxica y le vamos a exigir que cancele todas las concesiones que han otorgado para Veracruz, estamos preparados para mostrarle con hechos.

Van a estar presentes los investigadores del INECOL, de la Universidad Veracruzana, van a estar presentes instituciones ambientalistas, la secretaría del medio ambiente, disputadas locales y federales, el arzobispo que había confirmado su asistencia pero está enfermo de dengue y va a acudir el presbítero Nabor, logramos que acudan una gran cantidad de técnicos que saben de daños ambientales a la salud y a la economía que provoca la minería toxica a cielo abierto, posteriormente lo llevaríamos a la costa para que vea los daños que provocaría en toda la costa veracruzana, a la playa de la Mancha y posteriormente lo llevaríamos a Huixtla, un sitio sagrado que muestra claramente los daños ambientales que provocaría la instalación de la minera”.

Destacó que en el estado son alrededor de siete municipios los que se verían afectados por la instalación de estos proyectos, ya que se tienen concesionadas alrededor de 200 mil hectáreas.

“Nosotros esperamos que el subsecretario de minería del gobierno federal traiga la encomienda de negarle a los mineros todos los permisos y de empezar los trámites para negarles las concesiones mineras, ya le dijimos al presidente que no basta con que nos diga que la minería no va, queremos que se exprese en un documento, en un decreto, en una ley, nosotros queremos un papelito que hable y que diga no a la minería toxica, no a las construcciones mineras en Veracruz.

Las concesiones mineras que han otorgado van de Alto Lucero, de Actopan y terminan en Tatatila y el municipio de las Minas, Chiconquiaco, Yecuatla, son como siete municipios donde ya hay concesiones mineras y serian 200 mil hectáreas las que están concesionadas, es decir arrasarían con toda la vida vegetal que hay en los territorios de Veracruz, se ha mostrado que solo nos queda el 4% de la corteza vegetal y la mayoría de esta se encuentra en los ríos Filobobos, Tecolutla, Nautla, que hace parte de la cuenca que conocen, esa región le otorga agua a más de dos millones de habitantes, si se instalan las minerías no habría agua para la población, no habría vida porque arrasan con todo para hacer grandes precipicios que acaban con toda la vida, por eso es que sí es urgente que los veracruzanos le exijamos al gobierno estatal y federal que no queremos la minería”.

Resaltó que aunque el gobierno del estado y federal ya se pronunciaron en contra de estos proyectos, se solicitará un documento que respalde su postura hacia la instalación de las mineras.

Fuente:https://www.msnoticias.com/news/256647?fbclid=IwAR3noPbEVFO4vte-Ub0P8hAsBW6Nhwat-QDDJz_AB7rCOZsZdaAbCIW4J-o

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) detectó que 60 por ciento de los adultos que habitan cerca de la zona de explotación de la minera Autlán, en la Sierra de Hidalgo, padecen síntomas similares al Parkinson. Además, 50 por ciento de la población estudiada presentó altas concentraciones de manganeso en la sangre.

Un dictamen recibido por la Cámara de Diputados en 2014 pidió a la Secretaría de Educación Pública (SEP) que estableciera diagnósticos de atención a las necesidades especiales en materia educativa de niños y jóvenes, con motivo de la disminución de capacidades de aprendizaje, intelectuales y daños físicos por altas concentraciones del material en sangre.

Desde el año 2000, autoridades estatales monitorearon los efectos en la salud y el ecosistema, y solicitaron ayuda de un equipo interdisciplinario de investigadores de instituciones de salud nacionales, universidades e instituciones públicas locales.

Los estudios arrojaron que 50 por ciento de la población presentaba concentraciones de manganeso en sangre por encima de los niveles recomendados internacionalmente.

Además, fue registrada una alta presencia de alteraciones en pruebas que miden la actividad motora en población infantil y juvenil, específicamente en las que requieren coordinación de movimientos, cambios de posición de manos y realización de dibujos secuenciales.

Encontraron que las concentraciones en cabello disminuyen significativamente el coeficiente intelectual de los niños; cada microgramo de manganeso en la cabellera reduce 1.5 puntos del coeficiente intelectual.

Asimismo, análisis del INSP arrojaron también que en promedio 60 por ciento de los adultos que habitan cerca de la explotación de manganeso tienen problemas neurológicos y temblores similares a los producidos por la enfermedad de Parkinson.

Si bien desde 1904 hasta 1950 México exportó más de 434 mil toneladas métricas de manganeso, fue hasta finales de esa década que geólogos localizaron el yacimiento de ese elemento más importante del país en Molango.

A partir de entonces, la minera Autlán convirtió ese en su proyecto más importante, explotándolo desde 1962 en una superficie de mil 250 kilómetros cuadrados.

El área de impacto directo radica en localidades de Molango, Lolotla, Xochicoatlán y Tlanchinol.

El manganeso es un metal que se encuentra en forma natural en diversos tipos de rocas. Se usa principalmente en la producción de acero para mejorar su dureza, rigidez y solidez. También puede usarse como aditivo en la gasolina para mejorar el octanaje.

Puede liberarse al aire, suelo o agua durante la manufactura de productos, por lo que ese material no puede ser degradado por el ambiente, únicamente puede cambiar de forma, adherirse o separarse de partículas.

La exposición a niveles excesivos puede ocurrir al respirar aire que contiene ese elemento. En altos niveles y periodos prolongados de exposición, puede provocar daño en el cerebro en el sistema nervioso central. Los efectos nocivos incluyen alteraciones del comportamiento y en la movilidad, que puede hacerse lenta y con falta de coordinación.

Análisis en niños revelaron que la exposición a niveles extremadamente altos de manganeso pueden alterar el desarrollo del cerebro, alternado así su comportamiento y restándoles capacidad para aprender y memorizar, agregó el documento publicado en la Gaceta Parlamentaria de San Lázaro.

De lo anterior, la empresa enfrenta actualmente acusaciones del Movimiento Ambientalista de la Sierra Hidalguense por altos niveles de contaminación; los activistas exigen que la firma haga frente a sus responsabilidades.

A finales de septiembre de 2019, dentro de los compromisos asumidos por el subsecretario de Economía Francisco Quiroga con habitantes, fue establecido que sería realizada una auditoría ambiental a la empresa minera Autlán, ello bajo tres ejes rectores: responsabilidad ambiental, inclusión social y responsabilidad fiscal.

La productora enfrenta actualmente

acusaciones de activistas por altos niveles de contaminación y exigen que haga frente a sus responsabilidades

El manganeso se encuentra

en forma natural en diversos tipos de rocas y es usado principalmente en aceros; en altos niveles y periodos de exposición prolongados puede provocar daños en el sistema nervioso central

Fuente:https://www.elindependientedehidalgo.com.mx/minera-autlan-enferma-a-habitantes-de-la-sierra/?fbclid=IwAR1-kOqtko9RC7eZksPUoZY_vwQniNpKlmOTIpxiEU1TyXUuZZx36zs71jY

Autoridades de los pueblos se reunieron en un foro en el séptimo aniversario del Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio

Tlapa

El Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADT) realizó un foro y celebró su séptimo aniversario contra la minería.

Ahí los municipios de Malinaltepec y San Luis Acatlán se declararon libres de minería, con lo cual suman tres con Iliatenco, que se les había pedido ratificaran como lo habían hecho las administraciones municipales que concluyeron sus periodos en el 2015-2018.
El foro se realizó el sábado 5 de octubre en la comunidad de San Miguel el Progreso, municipio de Malinaltepec, donde el CRAADT festejó su séptimo aniversario por la Defensa del Territorio en la región Montaña donde se concesionaron por el gobierno federal las tierras para la explotación minera, que generó una resistencia legal a su incursión en la zona.

A la actividad acudieron 13 comisariados de bienes ejidales y comunales de la región y 30 autoridades municipales; y una asistencia de cerca de 500 personas, mujeres y hombres.
En las participaciones del foro acudieron representantes del Ayuntamiento de San Luis Acatlán y de Malinaltepec quienes leyeron ante los asistentes las actas de Cabildo en que se declaran libres de minería.

Armando Galeana Méndez, del área de Fortalecimiento Comunitario del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan contextualizó que con esas lecturas ya son tres los municipios que levantan su acta de Cabildo, porque Iliatenco ya la tiene, aunque no acudieron los del gobierno municipal, pero sí los agrarios.

Se trabajaron cinco mesas con los temas de autoridades agrarias donde coincidieron que es necesario que les sigan dando información sobre los proyectos extractivistas que se pretenden implementar o existen para generar conciencia en las personas y que se siga fortaleciendo el Consejo para seguir con el cuidado del territorio de manera colectiva.
En la mesa de autoridades municipales donde estuvieron comisarios y delegados se le pidió al Consejo que dé seguimiento a los presidentes municipales que, si ya aprobaron en Cabildo estar libres de minería, ahora las inscriban en el Diario Oficial del Estado y que se siga invitando a que más presidentes se sumen a declararse contra la minería.

En la mesa, plan para el desarrollo alimentario coincidieron en que es necesario generar nuevas formas de producir sus alimentos para generar soberanía alimentaria y se debe hacer de una manera orgánica para no dañar la tierra, el ambiente, los ríos ya que también sembrando la tierra se defiende y poco a poco hacer a un lado y no permitir la entrada a la Montaña de alimentos que no los benefician.
En la mesa, de participación de la mujer en los núcleos agrarios, se mencionó que se le reconoce su participación en la defensa del territorio y se exigió mayor espacio para que sean tomadas como sujetas de derechos propietarios agrarios.

Y que se vayan integrando al CRAADT y se enfatizó que se debe respetar su participación.
En la mesa sobre los jóvenes en la defensa del territorio se acordó que deben adherirse a la defensa de sus territorios y acercarse a sus asambleas; dotarse de mayor información y formarse para ayudar a sus pueblos.El Consejo Regional de Autoridades Agrarias se formó con el objetivo de organizar los núcleos agrarios para la defensa del territorio ante las políticas económicas del gobierno de Enrique Peña Nieto ante el impulso del modelo económico extractivista a través de las empresas mineras para explotar los recursos naturales de los pueblos.

El pueblo de San Miguel el Progreso o Júba Wajiín en 2011 inició un proceso de resistencia contra la empresa minera Hochschild luego de que la Secretaría de Economía entregó una concesión para realizar trabajos de exploración sin que lo tomara en cuenta.
Por eso se organizó contra las decisiones del gobierno federal e inició la defensa jurídica con la que frenó la embestida parando las concesiones, durante el gobierno del priista Enrique Peña Nieto y ahora esperan el tratamiento que hará el gobierno del morenista Andrés Manuel López Obrador a este tipo de proyectos extractivistas que se dan en los territorios indígenas.

En el foro donde se celebró el séptimo aniversario estuvieron la Red de Afectados por la Minería (Rema), Centros de Estudios Ecuménicos, la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero (UIEG), Antropología y Lingüística Aplicada. https://suracapulco.mx/impreso/2/se-declaran-libres-de-mineria-malinaltepec-y-san-luis-acatlan-suman-tres-con-iliatenco/

Fuente:http://www.remamx.org/2019/10/se-declaran-libres-de-mineria-malinaltepec-y-san-luis-acatlan-suman-tres-con-iliatenco/

* Tienen bloqueadas los accesos a las comunidades de Real del Limón y la Fundición, municipio de Cocula, donde habrían desaparecido al activista Oscar Hernández, denuncian comisarios.

La policía comunitaria bloqueó las entradas a las comunidades Real del Limón y La Fundición, y amenazó de muerte a los pobladores de ambas localidades para que detengan la búsqueda del líder sindical y activista Óscar Hernández Romero.

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) alertó que el grupo de civiles armados que opera en la zona del Balsas se adjudicó la desaparición de Hernández Romero y amagó con desaparecer a más personas.

Los pobladores redactaron a mano una denuncia sobre estos hechos y la enviaron a Rema, organización civil que la hizo pública a través de las redes sociales.

En la denuncia se indica que el martes 1 de octubre, los comisarios de Real del Limón y La Fundición fueron “mandados a traer” a la localidad de Nuevo Balsas por la policía comunitaria que opera en la zona.

Se señala que los comisarios fueron citados por Saludito Villalobos y Marcelo Ríos, comandantes de las policías comunitarias de Nuevo Balsas y La Fundición, respectivamente.

Sin embargo, ninguno de los comisarios asistió a la cita, razón por lo que supuestamente fueron amenazados de muerte por la policía comunitaria.

Según la denuncia escrita, les exigieron “que desistieran de la búsqueda del compañero Oscar Hernández Romero”, o de lo contrario “vendrían por más ciudadanos” para desaparecerlos.

Aseveraron que dicha policía comunitaria opera en favor del crimen organizado y que sus ramificaciones en Azcala y Valerio Trujano mantienen asediadas a las comunidades.

Incluso dijeron que los obligan a trabajar “cuidando las entradas” de La Fundición y Real del Limón y por realizar esa actividad les pagan 250 pesos diarios.

El líder sindical y activista Oscar Hernández Romero desapareció desde el lunes 23 de septiembre, cuando salió de su casa en Real del Limón hacia Nuevo Balsas.

Hernández Romero se opuso a la compañía minera canadiense Torex Gold Resources, porque en 2018 prohibió una campaña de sindicalización de sus trabajadores del proyecto Media Luna.

La campaña de sindicalización fue suspendida después de que tres partidarios fueron asesinados y hasta ahora nadie ha sido arrestado por esos crímenes.

Fuente:https://elsoldechilpancingo.mx/2019/10/04/comunitarios-amenazan-a-habitantes-del-alto-balsas/?fbclid=IwAR0Lv1ZBfinw8JgX0JS7KjTpPLnmtXYCkDbNBtfbOi0FWuI6M9x7NagoFcE

La lista de agravios de esta empresa es igual de grande que la impunidad en la que opera este país.

En las entrañas del municipio de Cocula, en el estado de Guerrero, desde el 2010 la empresa minera canadiense Torex Gold Resources INC., por medio de su subsidiaria “Minera Media Luna S.A. de C.V.”opera, a través de las técnicas a cielo abierto y subterránea, el proyecto para la extracción de oro y plata denominado; “El Limón-Guajes”. Desde su llegada, ha sido una de las empresas “consentidas” de diversos operadores políticos del estado de Guerrero, en especial de los gobernadores en turno, así como también, recurrentemente es visitada por el cuerpo diplomático de la embajada canadiense en México, lo que le ha permitido al Sr. Fred Stanford, presidente, CEO y director de Torex Gold Resources Inc.,transitar en total impunidad a pesar de los cientos de agravios cometidos por la empresa y sus violentos operadores, para con las y los pobladores principalmente de las comunidades de Nuevo Balsas, La Fundición, Real de Limón y Atzcala.

El historial de esta empresa en la zona, incluye varios cierres de operaciones por parte de opositores y trabajadores en donde siempre está presente algún acto violento perpetrado por los trabajadores de la CTM y el crimen organizado, el mismo que, desde hace años, opera abiertamente para la empresa controlando entradas y salidas, ofreciendo empleo y sometiendo a sus caprichos a la población. La lista de agravios de esta empresa es igual de grande que la impunidad en la que opera este país; desde los desplazados de la comunidad La Fundición que tuvieron que huir del país o rumbo a otros estados para no ser asesinados, la aparición de falsas escrituras de tierras para despojar a los dueños originarios, la reubicación forzada para cerca de 170 familias de La Fundición y Real del Limón, la contaminación del agua ocasionada por la minera que afectó para siempre la actividad económica y la salud de las y los pescadores de la comunidad de Nvo. Balsas, contaminación que fue distorsionada, por lo tanto falseada, por la Universidad de Guerrero, lo cual no es casualidad si entendemos que dicha Universidad está siendo financiada desde hace años tanto por la Torex Gold como en su momento por la Goldcorp que operaba en Carrizalillo.

También se suman a las agresiones múltiples extorsiones, levantones y secuestros, que nos hacen recordar la ocurrida a los 3 hermanos Víctor, Miguel y Modesto Rebolledo Salinas, miembros del ejido Real del Limón, quienes fueron levantados no sin antes haber sido balaceado, el otro hermano, Eligio Rebolledo Salinas, lo que también nos trae a la memoria el asesinato de otros dos hermanos; Víctor y Marcelino Sahuanitla Peña, trabajadores de la empresa que se opusieron a continuar siendo explotados por la empresa y el sindicato de la CTM. Lo “singular” del asesinato de ambos hermanos, es que suceden ante la mirada de unos “militares” adscritos a la patrulla número 0827327 quienes pocos días antes instalaron un reten de seguridad, porque ese proceso se encontraba en un momento álgido del cierre de la empresa ocasionado por poco más de 600 trabajadores quienes luchaban por ejercer su libertad de asociación, la libertad sindical y la libertad de negociación colectiva como derechos fundamentales. Poco después asesinaron a otro de los principales líderes de ese movimiento obrero patronal, el Sr. Quintín Salgado Salgado. La Limpia de Luchadores por sus Derechos, por parte de la empresa Torex Gold y sus sicarios, incluye por supuesto, despidos individuales y masivos, y persiste una persecución que raya en lo grotesco, porque continúan las desapariciones de opositores como le ocurrió a Óscar Hernández Romero este 23 de septiembre de este año, a quien desde entonces más de 100 personas salieron a buscarlo en diferentes rincones de Cocula. La causa de esta desaparición es porque 200 trabajadores que fueron despedidos de forma injustificada, sostienen una demanda contra la empresa. Ahora la seudopolicia comunitaria e integrada por sicarios que opera en la zona a favor de la empresa, ha decidido detener la búsqueda y mantiene amenazada de muerte a las y los amigos que buscan a su líder.

Aquí detenemos este breve relato de los recurrentes agravios de la violenta empresa minera canadiense Torex Gold Resources INC., porque se hace necesario poner en la mira del público una historia no contada o poco analizada, quizás únicamente por el Diario el Sur de Acapulco.

Desde el cierre de las operaciones de la empresa promovido por los poco más de 600 trabajadores de la mina, exigiéndole a la empresa canadiense DESCONOCER el contrato colectivo de trabajo que mantenían con el sindicato de la CTM, poco a poco se fueron presentando una serie de acontecimientos violentos que le fueron dando más y más notoriedad a este caso. Fue así que se intentaron visitas solidarias de diferentes actores, mismas que en el camino a las comunidades fueron detenidas por grupos de sicarios. También aparecieron los más altos niveles del gobierno del estado, el cuerpo diplomático canadiense, la policía estatal y municipal, la gendarmería y el ejercito, así como se presentó el Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (STMMSRM), liderada por el actual Senador Gómez Urrutia quien, utilizando la influencia canadiense de la que goza, hizo participes de este conflicto al Sindicato de los Trabajadores del Acero de Canadá (USW), quienes solicitaron la intervención del primer ministro Justin Trudeau para con las autoridades mexicanas, y detener la represión contra los promoventes del paro laboral. El sindicato canadiense también emitió un boletín denunciando “que la filial de Torex Gold Resources pactó una alianza con la CTM para afiliar a todos sus trabajadores en el sindicato -sin su consentimiento-, y recordó que esta “práctica corrupta” es ilegal, tanto en Canadá, como Estados Unidos”. La asesoría de estos sindicatos, pronto llevó el caso a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en donde por lo menos se efectuaron dos audiencias públicas y determinar fecha en la cual se llevaría a cabo la votación para la selección del sindicato, que claramente apuntaba a la creación de una sección a cargo del STMMSRM.

Por los medios se anunció la fecha en la cual se realizaría el conteo que finalmente definiría el cambio de sindicato. Sin embargo, un día antes de la fecha dispuesta por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la empresa movió por todos lados un comunicado, en el cual hacia manifiesto su gusto por finalmente las partes haber establecido un acuerdo interno, con el cual se levantó el bloqueo y así, de un plumazo, quedó en el “olvido público” el conflicto, los asesinatos, los secuestros, las extorsiones, al mismo tiempo que no se supo más tampoco del apoyo nacional que habían recibido los opositores por parte del STMMSRM o del apoyo internacional del USW. Las auto-loas del artífice represor el Sr. Fred Stanford, director de Torex Gold Resources Inc., fueron exuberantes y llenas del buen proceder empresarial, pero todo fue mentira, porque los relatos de los opositores citan que fue el crimen organizado a cargo de la empresa quienes concluyeron con el plantón, se presentaron y de golpe y porrazo las y los amenazaron con masacrarlos a todos, si no terminaban con el paro laboral. Todos se retiraron sin decir nada; sindicatos (nacional y extranjero), gobierno estatal y municipal, Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, consulado canadiense en México, fuerzas armadas del estado y federales, mientras el Sr. Stanford salía en todos lados celebrando su “el gran acuerdo”.

Esta reseña sirve para ubicar que, la violenta realidad que viven los pueblos del Mpio. de Cocula y de los municipios del rededor, no ha cambiado a favor un sólo milímetro. El gobierno federal sigue ausente de la zona, aun a pesar del efecto creado por el caso de los muchachos de Ayotzinapa, por lo tanto, la impunidad sigue siendo el elemento central del poder corporativo empresarial que tiene sumisos, sometidos y comprados a cada uno de los operadores políticos del estado. El progreso y desarrollo minero, tal cual lo hemos documentado y denunciado hasta el hartazgo como REMA, es por decirlo suavemente una barbaridad.

REMA se solidariza con la lucha de las y los compañeros que viven la violencia sistémica en toda la zona conocida como el “Cinturón Dorado” del Estado de Guerrero. Sabemos que es una lucha que ustedes hacen en soledad absoluta, porque ahí El Estado tiene rato que le pertenece al crimen organizado y a las empresas mineras, y en ese contexto, reconocemos cada uno de sus enormes esfuerzos por mantener la cabeza erguida y seguir luchado por la vida.

¿CUÁNDO TERMINARÁ LA SIMULACIÓN Y LA IMPUNIDAD?

SI LA 4T NO PONE EN PERSPECTIVA ESTE TEMA DE FONDO, TODO LO QUE DIGAN EN LAS MAÑANERAS, ES TOTALMENTE IRRELEVANTE

APARICIÓN CON VIDA DE ÓSCAR HERNÁNDEZ ROMERO

POR TERRITORIOS LIBRES DE MINERIA

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

Fuente:https://kaosenlared.net/mexico-la-empresa-minera-canadiense-torex-gold-resources-inc-arquetipo-de-la-violencia-en-guerrero/

Al presentar avances del proyecto de la mina de oro y plata en Ixtacamaxtitlán, directivos de Minera Gorrión destacaron que la misma autoridad federal ha reconocido que no hay en la zona comunidades indígenas sujetas a consulta.

Como empresa, se dio a conocer este miércoles en una rueda de prensa, ha buscado las posturas no sólo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que está en el proceso de autorizarles o no un Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) para construir la mina, sino de otras que tienen que ver con el impacto social.

De entre ellas se destacó la de la Comisión Nacional Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de México (CDI), hoy Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), que en septiembre del año pasado reconoció en una misiva que las localidades afectadas en un radio de distancia tienen presencia indígena más no son consideradas como comunidades indígenas, hecho que determinaría una consulta.

«Preguntamos, en la zona del proyecto, nos pueden por favor decir si en el municipio de Ixtacamatitlán y fuimos durante todo el debido proceso para llegar a un resolutivo que nos dice, las comunidades que están en la zona del proyecto, en la zona de influencia, en la zona núcleo del proyecto ninguna de ellas está catalogada como una comunidad indígena, por lo tanto no existe un sujeto de consulta para llevar a cabo una consulta indígena.

«Nosotros como empresa estamos siempre manejándonos en que vamos a cumplir lo que diga la ley porque confiamos en las instituciones, entonces, a quién le vamos a presentar, a la institución encargada», explicó Daniel Santamaría, líder del Proyecto Ixtaca.

En esta carta, se agregó, la autoridad federal reconoce el tipo de población que existe y aunque es un antecedente, en ellos quedaría el llevar o no al cabo la realización de una consulta previa a obras de construcción de aprobarse el MIA.

Sobre las afectaciones a poblaciones con presencia indígena también se destacó el pleito legal que mantienen pobladores de la localidad de Tecoltémic, al que le falta una sentencia firme y que ya ha pasado por la discusión de diferentes instancias de gobierno.

Respecto a los activistas se destacó que aunque empezaron una lucha en 2015, quedan fuera del radio de un kilómetro de afectación que se prevé en la ley y que sí considera en cambio otras 12 comunidades.

Además de CDI, para medir el impacto social, la minera destaca que pidió que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) definiera si se afectaban o no zonas arqueológicas y que lo mismo hicieron con la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) ante señalamientos de opositores sobre supuestas irregularidades.

Hace unas semanas Almaden Minerals Ltd., la filial canadiense de la mexicana Minera Gorrión, expuso en un informe de proyecciones financieras que de aprobarse los permisos federales en tiempos previstos, podrían comenzar con la construcción de la mina en marzo de 2020.

Fuente:https://www.e-consulta.com/nota/2019-09-25/sociedad/descarta-minera-gorrion-consulta-para-mina-en-ixtacamaxtitlan?fbclid=IwAR2EzUe3kaBHRupthSrlUImar7puuWllGNiW1iQGPC3DZ59k0AI_xk__Lz4

Con agua concesionada a mineras se podría garantizar el derecho a este recurso de toda la población del estado.

El dato fue aportado por el investigador Federico Guzmán, en el programa Sound Politicón

■ La industria minera en la entidad tiene concesionados al año 55.7 millones de metros cúbicos de agua y de éstos 44 millones corresponden únicamente a la Peñasquito

Con el agua que la industria minera tiene concesionada al año se podría garantizar el derecho humano al vital líquido de toda la población del estado.

Este dato fue aportado por el investigador Federico Guzmán, durante su participación en el programa radiofónico Sound Politicón, transmitido por Radio Zacatecas y conducido por Carlos Galaviz y Raymundo Cárdenas.

Tan sólo con el agua que utiliza anualmente la mina Peñasquito, ubicada en el municipio de Mazapil, podrían tener acceso a este derecho un millón 200 mil zacatecanos.

El académico agregó esta precisión en el contexto de las protestas que está habiendo nuevamente en contra de esta explotación, entre otros temas, por el abatimiento de los mantos acuíferos de la región y las afectaciones que habitantes de comunidades como Cedros han denunciado.

En su intervención, refirió que la industria minera en la entidad tiene concesionados al año 55.7 millones de metros cúbicos de agua y de estos 44 millones corresponden únicamente a la mina Peñasquito.

Explicó que el cálculo para comparar la cantidad de vital líquido que consume el sector de la minería con lo que se necesita para el consumo humano proviene de las estimaciones hechas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) acerca del agua que debe tener disponible una persona para considerar que tiene su derecho garantizado.

En este sentido, expuso que este organismo internacional determina un parámetro de 50 a 100 litros diarios por lo que, partiendo del tope que se establece en esta medición, al año una persona tendría su derecho humano al agua garantizado con 36.6 metros cúbicos.

Esto provoca las comparaciones antes mencionadas y que a nivel nacional la cantidad de agua concesionada al año a toda la industria minera del país, que es de 436.6 millones de metros cúbicos, sea suficiente para abastecer de vital líquido a 11.9 millones de mexicanos.

Además, el investigador destacó que en poco más de una década ha habido un crecimiento exponencial en las concesiones de agua que tiene la minería en México pues, frente a los 436.6 millones de metros cúbicos anuales, refirió que a inicios del siglo XXI eran 51 millones de metros cúbicos al año.

Federico Guzmán habló también del tema económico, es decir, de cuántos recursos se quedan en las comunidades, municipios y estados mineros ante las ganancias de las empresas o el valor de la producción minera que se reporta.

Ejemplificó este ámbito con la cantidad de recursos que tuvo el Fondo Minero desde su creación en 2014 hasta el año 2017. En este sentido, mencionó que en este lapso desde el fondo se ejercieron 11 mil 360.69 millones de pesos en cerca de 23 estados del país, entre ellos Zacatecas.

No obstante, tras señalar que en este mismo periodo el valor de la producción minera en el país fue de 575 mil 19 millones de pesos, hizo hincapié en que lo que se distribuyó en las entidades federativas fue sólo el 2 por ciento lo que significa que sólo 2 de cada 100 pesos que ganaron las empresas mineras se destinó al fondo minero.

Fuente:http://otrosmundoschiapas.org/index.php/temas-analisis/32-extractivismo/mineria/3311-mineras-secan-mexico?fbclid=IwAR3_kj_C-EZFRV8s6Qv4g3KGVMm9M9a7Sr46QmAkagenZ28SFs1c1WBtD7I

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) rechazó la propuesta que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador para entregar los recursos del Fondo Minero –actualmente en litigio en el Poder Judicial– a los comités de madres y padres de familia de las escuelas primarias, para atender las necesidades de esos centros educativos.

Esa idea cultivaría una “perversa lógica de dependencia” para las escuelas frente a las grandes empresas mineras, subrayó la Rema, y alertó que, de concretarse la propuesta del Ejecutivo, las empresas mineras podrían utilizar ese programa para “lavar de facto” los daños al ambiente y a la salud que ocasionan.

López Obrador hizo la propuesta el pasado viernes 6, durante una visita al municipio de Charcas, San Luis Potosí, donde operan mineras.

En ese lugar detalló que actualmente se litiga la disposición de los recursos del Fondo Minero (para el desarrollo sustentable de estados y municipios mineros), cuya entrega fue suspendida por su administración, por considerar que las autoridades municipales no deben ser “intermediarias”, sino que los recursos deben ser entregados directamente a pobladores de las comunidades.

El presidente dijo que, si el gobierno federal es favorecido con la sentencia judicial, los recursos del fondo que corresponden a Charcas –casi 25 millones de pesos– podrían entregarse a comités de madres y padres de familia de las 33 escuelas primarias en el municipio, para que desde allí se administren y dispongan.

Fondo Minero “no llegaba a los pueblos”

En esa visita, López Obrador precisó que muchos años después de que se comenzó la entrega de territorio a las empresas mineras mexicanas y del extranjero, “desde la oposición empezamos a denunciar” que éstas no pagaban impuestos, “y se logró apenas hace cuatro años que se estableciera un impuesto para la explotación minera, y que ese dinero se destinara a apoyar las comunidades donde hay minas, como es el caso de Charcas y de muchos municipios del país”.

Lo obtenido para el Fondo Minero, aseguró, no llegaba a los pueblos, “por eso tomamos la decisión de detener ese fondo hasta aclarar bien cómo íbamos a entregar estos recursos, porque, como en todo, si el dinero pasa por muchas instituciones o hay intermediarios, no llega o llega con moche, con ‘piquete de ojo’, y ya no queremos que sea así, queremos que llegue directo a la gente el apoyo”.

En algunas entidades esa decisión provocó una controversia que llegó al Poder Judicial Federal.

El presidente dijo tener una propuesta “para destrabar el asunto”, siempre y cuando haya el acuerdo entre su gobierno, los estados y los municipios.

“Estaba yo proponiendo al gobernador (Juan Manuel Carreras) lo siguiente, a ver cómo se analiza, siendo también respetuosos de la autoridad municipal: nosotros estaríamos dispuestos a entregar estos 24 millones de pesos si se entregan directamente a la sociedad de padres de familia de las escuelas de Charcas. Así no pasan por ninguna oficina del gobierno federal, ni estatal, ni municipal, sino que nos ponemos de acuerdo con el presidente municipal, con el gobernador, y se entrega”, explicó AMLO en la visita que hizo Charcas el pasado viernes 6.

El dinero se dividiría entre las 33 escuelas primarias del municipio potosino, de acuerdo con el número de alumnos y necesidades de cada sociedad de madres y padres de familia, “y ellos deciden cómo ejercer ese presupuesto”, abundó.

Incluso anunció que el esquema comenzaría en Charcas y se replicaría en el resto del país. “Yo estoy seguro que así el dinero va a rendir. Todos los padres de familia van a querer tener bien las escuelas donde estudian sus hijos, y no se va a permitir que nadie se robe el dinero”, señaló.

De igual manera, expresó que si no surge el acuerdo y la controversia acaba dirimiéndose en tribunales, si éstos le dan la razón al gobierno federal, aplicará la repartición tal y como lo anunció: directamente a los comités escolares.

“Esa decisión la tenemos tomada”, apuntó López Obrador.

Sin embargo, para organizaciones como la Rema, esa forma de asignar los recursos del Fondo Minero ataría a las escuelas a una “lógica perversa de dependencia con respecto a las actividades de despojo a partir de la extracción que realizan las grandes empresas mineras”.

En un pronunciamiento, la organización reconoció las carencias en las escuelas, pero acusó al gobierno federal de no entender el problema de las actividades mineras en México. No es la redistribución de sus ganancias, “sino respetar el derecho de las poblaciones a decidir autónomamente sobre los bienes naturales localizados en los territorios y el tipo de actividades que pueden desarrollarse en los mismos”, puntualizó.

También recordó que el gobierno federal está obligado a dotar de recursos suficientes a las escuelas y al personal docente de las mismas, y si esto se liga directamente con la obtención del impuesto por las empresas mineras, dijo, “se condiciona la garantía de este derecho a la presencia de actividades extractivas profundamente destructivas”.

La organización recordó que Charcas es uno de los municipios del país donde la actividad de las mineras ha causado graves accidentes y la muerte de trabajadores, como ocurrió en 2016 con cinco trabajadores de la empresa Minera México que fallecieron en accidentes.

“El municipio de Charcas es, trágicamente, un caso que demuestra la gravedad de incurrir en la lógica planteada por López Obrador. ¿Acaso los 24 millones de pesos del Fondo Minero justifican el terrible deceso de estos trabajadores? ¿Justifican acaso la contaminación y daños ambientales que los habitantes de Charcas continuarán sufriendo años después de que cierren los proyectos extractivos de Grupo México y el flujo de recursos del Fondo Minero se interrumpa?”, cuestionó Rema.

 

Fuente:https://www.proceso.com.mx/599712/entregar-a-escuelas-recursos-del-fondo-minero-es-una-perversa-logica-de-dependencia-rema?fbclid=IwAR23nhcmCBT2XYnGNGlAecOD3DkcTAeQN6CyuIQ48RNEDwNI0W4CjyBiWtU