En el primer recorrido que realizaron por las comunidades que se encuentran en los márgenes de los ríos Sonora y Bacanuchi, funcionarios federales descubrieron que el gobierno de Enrique Peña Nieto ocultó un segundo derrame de tóxicos mineros, la existencia de más de mil enfermos “no reconocidos” en la zona, y que el agua de ese importante caudal sigue contaminada.

José Alonso Novelo Baeza, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), reveló el primero de los secretos mejor guardados sobre la contaminación de esas cuencas, que afectó a más de 22 mil personas en siete municipios ribereños.

“Recuerden que hubo dos sucesos: un convenio se firmó por el derrame del 6 de agosto (de 2014), pero 40 o 42 días después hubo otro derrame, del que sus acuerdos no están establecidos en ningún convenio, por lo que todo hay que revisarlo”, externó.

El funcionario federal expuso que ese otro vertimiento –desconocido para todos– aconteció entre el 16 y el 18 de septiembre del mismo año.

“Fue un pequeño escape, no comparable con el primero, pero sí se sumó a él”, afirmó Novelo Baeza.

Este segundo “escape”, dijo, se suscitó porque había un “resquebrajamiento” en la estructura del represo Tinajas 1 y el represo Tinajas 2. “Todavía no estaba terminado; había unas válvulas que todavía no estaban instaladas y ahí ocurrió”.

La revelación se dio mientras el grupo de funcionarios recorría el Hospital General de Ures, después de visitar la infraestructura –en obra negra– de lo que sería la Unidad de Vigilancia Epidemiológica.

El titular de Cofepris expresó que hasta ahora no se había hecho pública la información del segundo derrame porque la investigación se encuentra en “litigio”, pero los afectados –subrayó– pueden hacerse de la información a través de sus autoridades municipales o estatales. “No la puede solicitar cualquiera”, aclaró.

En el primer recorrido también participó Juan Antonio Ferrer Aguilar, director del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), quien descubrió que además de los 381 afectados a los que se les ha dado atención tras el derrame, se tiene registro de otros mil enfermos “no reconocidos” por el Fideicomiso Río Sonora, la empresa Grupo México y las estadísticas del gobierno federal.

En esto cinco años, apuntó, la atención médica de este millar de afectados corrió a cargo de los gobiernos federal y estatal (en caso de ser derechohabientes de algún servicio de salud) y del propio bolsillo de los enfermos.

La información se obtuvo cuando Ferrer Aguilar recorría las instalaciones de la Clínica de Vigilancia Epidemiológica y preguntó al titular de ese espacio de atención, Joel López Villagómez, por el uso que se le daba a un pequeño cuarto al fondo del traspatio.

El director de la clínica respondió que se trataba de un archivero, y al abrirlo explicó el contenido de los documentos allí guardados.

Eran los mil expedientes de los que no se sabía públicamente. Habían sido resguardados en ese lugar bajo el argumento de que ese millar de personas no estuvo en “contacto directo” con el agua contaminada, ya sea por “inhalarla”, “ingerirla” o “presentar algún padecimiento” en el periodo comprendido del 6 de agosto al 6 de octubre de 2014.

“Estos mil (casos) que no entraron en ese rango no fueron reconocidos. Presentan los mismos padecimientos, muy similares”, confesó Joel López Villagómez.

Y después justificó: “La Cofepris en su momento definió una estrategia operacional de cada caso. A esos mil (no reconocidos) los atendíamos y los derivábamos a los centros de salud estatales y federales”.

Tras el recorrido, los funcionarios enviados a Sonora por instrucción directa del presidente Andrés Manuel López Obrador se reunieron con los afectados de los siete pueblos ribereños, quienes se dieron cita en el auditorio de la ciudad que lleva por nombre Jesús “El Chobi” Ochoa, en honor al histrión sonorense.

Antes de la intervención con los habitantes, el titular de la Cofepris soltó una nueva revelación ante los representantes de los medios de comunicación allí presentes.

“Definitivamente, las aguas de la zona están contaminadas fuera de normas de metales pesados y eso hay que corregirlo. Se necesitan plantas de tratamiento, análisis continuos, para tener una certeza sobre el asunto, sobre este tema”, puntualizó.

Se trata de 60 muestras tomadas en pozos y tomas domiciliarias que fueron analizadas por el laboratorio de Cofepris, donde se encontraron metales pesados por encima de los estándares nacionales.

“Nosotros vamos a volver a tomar muestras en marzo o en mayo, cerca de la sequía, porque durante la sequía los valores varían, porque se concentran los metales pesados y durante la época de lluvia se diluyen”, profundizó Novelo Baeza.

Los enviados presidenciales ofrecieron volver y se comprometieron a resarcir los daños ambientales y de salud ocasionados por el vertedero de sulfato de cobre acidulado al caudal de los ríos Sonora y Bacanuchi, por una irresponsabilidad de la mina Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México.

El hecho fue considerado el mayor desastre ambiental en la historia moderna de la minería.

Fuente:https://www.proceso.com.mx/610498/caso-rio-sonora-cofepris-revela-segundo-derrame-el-gobierno-de-pena-lo-oculto?fbclid=IwAR2yWh8J6_-kjZaRkEF7f69Jlg7STqvTUU2HMmp3g0aZZQ79QJhDiJNw7wI

Integrantes del Frente Unido de los Pueblos de La Laguna manifestaron su rechazo a la planta de cianuro de sodio Chemours, mediante una protesta en la explanada de la presidencia municipal de Gómez Palacio.

Fuente:https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1648753.manifiesta-frente-unido-su-rechazo-a-planta-chemours.html?fbclid=IwAR2RPfXh_mUCHqys-c81X94hkdxwD1qjkYAUr3LLBQKf3sklXnpq8U1OPYs

– A un año de su arribo al poder, pueblos y comunidades indígenas de al menos 11 estados reprocharon al presidente Andrés Manuel López Obrador incumplir su palabra de cancelar megaproyectos depredadores, como el Proyecto Integral Morelos (PIM), y denunciaron que la 4T pretende arrasar con la biodiversidad en sus regiones para seguir imponiendo “proyectos de muerte”.

“Queremos denunciar que la vida de nuestras comunidades está en riesgo, no aceptamos este tipo de proyectos que despojan a nuestras comunidades de sus modos y costumbres de vida. No aceptamos este tipo de progreso y desarrollo en nuestros territorios”, afirmó Lourdes Flores, integrante del Movimiento morelense en contra de las concesiones mineras por metales.

En conferencia de prensa, los defensores de la tierra revelaron que de los 560 conflictos socioambientales que reconoce la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), 15 afectan directamente a sus comunidades, entre ellos, el nuevo aeropuerto internacional de Santa Lucía, el Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, y el PIM.

En el caso del aeropuerto de Santa Lucia, los activistas criticaron la falta de un informe sobre el impacto ambiental de la obra, pues para su construcción se requerirían seis millones de litros de agua al día que serían extraídos de la Cuenca del Valle de México, y representarían afectaciones graves para los capitalinos, por lo que hicieron un llamado al mandatario para que recapacite.

Mario Quintero, defensor del Istmo de Tehuantepec, señaló el peligro que representa el Corredor Interoceánico o Tren Transístmico, unos de los más ambiciosos proyectos de la actual administración, cuyos recursos fueron incrementados 808% en el presupuesto para 2020, en comparación al del tren maya, que, dijo, registró una reducción de 20% y al de la refinería Dos Bocas a la que se le retiró la mitad del monto asignado.

Con este proyecto, precisó, se pretende convertir a la región oaxaqueña en un corredor industrial y energético que, a su paso, dejará desplazamientos, graves afectaciones a la naturaleza y a las formas de organización comunitarias.

Por su parte, Miryam Vargas del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua-Morelos, Puebla, Tlaxcala, denunció que en los últimos días sus integrantes han recibido amenazas de muerte en Zacatepec, Puebla, por oponerse al PIM y su abogado Juan Carlos Flores Solís sido intimidado por llevar su defensa; además, recordó que en vísperas de cumplirse un año del crimen de Samir Flores no hay detenidos.

Asimismo, señaló que el PIM implica la construcción de un acueducto que despojaría a los morelenses del acceso al agua, dos termoeléctricas, y un gasoducto, mismo que pasaría por 24 municipios de Morelos, Puebla y Tlaxcala y por la zona de peligro del Popocatépetl, lo que tendría resultados desastrosos para la población en caso de alguna erupción.

Los activistas también se quejaron de las afectaciones que han padecido a causa de la minera canadiense Álamos Gold que pretende extraer oro, plata y otros minerales en Morelos, la Sierra Norte de Puebla, con los proyectos Esperanza e Ixtaca, a pesar de que la manifestación de impacto ambiental le fue negada por sobreexplotar el acuífero de Cuernavaca y afectar la zona arqueológica de Xochicalco.

Los habitantes de aquellas regiones alertaron el impacto que tiene la minería a cielo abierto sobre la salud de las comunidades, su patrimonio y el medio ambiente, pues tan sólo en Puebla se necesitarían 5.5 millones de litros de agua al día, lo que desabastecería a 29 municipios de la cuenca del Río Apulco.

Asimismo, los pobladores de la zona del golfo de México en Veracruz manifestaron que las empresas Azucar Minerals y Candelaria Mining, quieren explotar con sus proyectos “El Cobre” y “Caballo Blanco” en las proximidades de la central nucleoeléctrica Laguna Verde, lo cual implicaría un riesgo para toda la población mexicana.

Mientras que en Chihuahua, cuatro concesiones mineras fueron otorgadas a tres a particulares y a la minera Evrim sin garantizar el derecho de la comunidad rarámuri de Coloradas de La Virgen, ubicada en la Sierra Tarahumara, a sus tierras ancestrales y a una consulta previa, libre e informada.

Además, señalaron que en la región impera un clima de violencia extrema que cobró la vida de su compañero Julián Carrillo, de la Red en Defensa de los Territorios Indígenas de la Sierra Tarahumara, el pasado 24 de octubre 2018, poco después de que la comunidad denunciara la existencia de estas concesiones.

A los intereses de las mineras, indicaron, se suman los de las empresas cerveceras y refresqueras, como la Constellation Brands en Mexicali, Baja California, y Coca Cola en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, pues la Comisión de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) permitió a la primera extraer 20 mil millones de litros de agua potable por año y construye una nueva planta de 400 hectáreas en la zona, mientras que la segunda extrae más de 1 millón 300 mil litros diarios y busca abrir un tercer pozo.

“La lucha por el agua nos une a todos los guardianes y guardianas de la vida en México”, expresaron pues al frente de batalla están también los pequeños productores de Michoacán que la protegen ante al avance del crimen organizado que se ha ido disfrazado dentro de la agroindustria.

Por todo lo anterior, los defensores del territorio En particular exigieron justicia para sus compañeros Samir Flores en Morelos y Julián Carrillo en Chihuahua, así como para todos los defensores de la vida y los territorios asesinados y criminalizados en México; respetar su derecho a la libre autodeterminación.

Además, demandaron cancelar el Corredor Interoceánico, así como los proyectos eólicos, mineros, presas y todo megaproyecto de muerte en el Istmo de Tehuantepec, el Proyecto Integral Morelos; las concesiones mineras metálicas en Morelos, Puebla, Veracruz y Chihuahua y declararlos libres de minería; así como cancelar las concesiones de agua a la cervecera Constellations Brands y a la empresa Coca-Cola.

Y expresaron su rechazo a las consultas, que consideraron simuladas y manipuladas, para construir megaproyectos e hicieron un llamado a la sociedad civil para defender el futuro de las próximas generaciones protegiendo sus ríos, mares, bosques y montañas.

Fuente:https://www.proceso.com.mx/609809/activistas-reprochan-a-lopez-obrador-incumplimiento-en-cancelacion-de-megaproyectos-depredadores?fbclid=IwAR1CkpGtwZGltoVZq8ZuztF9R0wSu65v2yLP7UvkoIrS6rH_Jc6ClFpm-JQ

Dolores Hidalgo, Gto. El Colectivo Guardianes de la Cuenca de la Independencia en unión con otros jóvenes y ciudadanos realizaron un mural que será el primero de varios que se pretenden pintar en la ciudad, como una manera de concientizar a la ciudadanía sobre el daño que implicaría la instalación de la Mina en el Municipio.

Esta forma de difusión que han venido haciendo una serie de organizaciones civiles y comunales ya desde hace más de seis meses con la finalidad de que la población tome conciencia y se sume a decir un `No a la mina´.

Marchas, foros, conversatorios, y paneles de discusión son las diferentes actividades que se han venido promoviendo, desde que se conoció la pretensión de la minera canadiense Argonaut Gold de explotar una mina a cielo abierto en el Cerro del Gallo ubicado en San Antón de la Minas de este Municipio.

El mural se realizó en las calles Guanajuato esquina con la calle Quintana Roo, y pretende ser el primero de varios más, donde la ciudadanía cede un espacio del frente de su casa para realizarlos.

Fuente:https://zonafranca.mx/politica-sociedad/no-a-la-mina-pintan-mural-en-dolores-hidalgo/?fbclid=IwAR2a_RVClZ9R_NdUectap88_oQVp_YcscunNOne30mbqkphjs8Zrh1eIrno

El CEO de la minera canadiense Argonaut Gold, Pete Dougherty, expresó el viernes la decepción de la compañía con la decisión de la autoridad ambiental mexicana, Semarnat, de rechazar la evaluación de impacto ambiental para el proyecto de San Antonio, en Baja California Sur.

El proyecto no se aprobó debido a problemas de zonificación que Argonaut pensó que había resuelto mediante un fallo de la Corte Suprema de 2016.

Argonaut dijo que estaba revisando todas sus opciones, lo que incluía buscar una enmienda al plan de zonificación de La Paz 2018 basado en el fallo judicial de 2016, presentando una evaluación revisada de impacto ambiental y opciones legales.

Fuente:https://mineriaenlinea.com/2019/12/semarnat-rechaza-proyecto-de-san-antonio-en-bcs-mexico/

¿A poco Estados Unidos permanecerá al margen de la mayor explotación de litio del mundo? ¿Aun cuando este yacimiento se encuentra a unos cuantos kilómetros allende su frontera sur? Hoy por hoy el mayor depósito de litio del planeta en proceso de ser explotado se encuentra en Sonora, México, casualmente por el rumbo donde fueron masacrados mujeres y niños de la familia LeBarón.

El incalificable crimen, ocurrido el pasado 4 de noviembre, generó un escándalo mundial y un motivo de tensión entre el gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador y el estadunidense de Donald Trump. Presuroso, este último propuso iniciar una guerra de exterminio en contra de los cárteles mexicanos. El gobierno de México no aceptó tal propuesta, aunque tuvo que admitir “de manera soberana” la participación de Estados Unidos en las investigaciones de los hechos. Es preciso recordar que los integrantes de la comunidad mormona a la que pertenecen los LeBarón cuentan con doble nacionalidad: mexicana y estadunidense.

Así, el lunes 11 de noviembre se internó en Sonora una caravana de 50 camionetas suburban de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés), con un número indeterminado de agentes, para realizar investigaciones del cruento ataque. El gobierno mexicano ha advertido que todas las diligencias se realizan en presencia y con la anuencia de las autoridades mexicanas. Ha señalado, además, que los elementos de la FBI no pueden portar armas en México.

Integrantes de la familia LeBarón se han trasladado a Washington para hablar con el presidente estadunidense. Mediante una carta le han pedido que Estados Unidos considere como “terroristas” a los cárteles de droga mexicanos. Ya en el Congreso de ese país la bancada republicana cabildea una iniciativa para aprobar tal propuesta y el propio Trump ha anunciado que enviará otra iniciativa en el mismo sentido.

Vale destacar que la legislación estadunidense justifica la acción de tropas y agentes, abiertos y encubiertos, doquiera que haya organizaciones terroristas. Y ni siquiera considera necesario contar con el acuerdo de los gobiernos de esos países.

Por otra parte, el litio se ha convertido en uno de los minerales más codiciados del mundo. Es ya causa de una de las mayores disputas entre las potencias económicas (y militares). Como es sabido, el litio es el elemento principal para la fabricacion de baterías y de otros aditamentos de celulares, computadoras, automóviles eléctrictos, arenovaes, naves espaciales, submarinos… Está ligado al desarrollo científico-tecnológico y militar.

Quien asegure el suministro de este mineral asegurará también el triunfo en la carrera armamentista, económica, científica y tecnológica que hoy tiene cinco punteros: Estados Unidos y China en la cima y en un segundo bloque cercano Rusia, Israel y el Reino Unido.

El golpe de Estado en Bolivia, donde probablemente se encuentren las mayores reservas mundiales sin explotar, puede ser resultado de esta disputa, como ya lo ha dicho el presidente depuesto, Evo Morales.

El pasado 30 de agosto el poderoso grupo de Mining Technology reveló cuáles son las 10 minas de litio más grandes del mundo (https://bit.ly/2QVTigC). En el listado, titulado como “Top ten biggest lithium mines in the world”, aparece en indiscutible primer lugar el Proyecto de Litio Sonora, con reservadas probadas y probables de 243.8 millones de toneladas.

Informa: “El proyecto de litio Sonora, ubicado en Sonora, México, es el mayor depósito de litio en desarrollo”. Y agrega: “Se propone que Sonora sea una operación a cielo abierto que se desarrolle en dos etapas con una primera capacidad de producción de 17 mil 500 toneladas anuales de carbonato de litio. La segunda etapa duplicará la capacidad de producción a 35 mil toneladas anuales”. Así, se estima que podrán extraer toda al riqueza mineral en 19 años.

Los otros nueve depósitos de litio en proceso de explotación se encuentran en Thacker Pass (Humboldt, Nevada, Estados Unidos), con reservas probadas y probables de 179.4 millones de toneladas; Wodgina (Port Hedland, Australia Occidental), con 151.94; Pilgangoora (Pilbara, Australia Occidental), con 108.2; Earl Grey (Greenstone, Forestania, Holland, Australia Occidental), con 94.5; Greenbushes (Australia Occidental), con 86.4; Whabouchi (James Bay, Quebec, Canadá), con 36.6 toneladas; Pilgangoora (Pilbara, Australia Occidental), con 34.2; Goulamina (Bougouni, Mali), con 31.2, y Arcadia (Harare, Zimbabwe), con 29.8 millones de toneladas.

El proyecto en territorio mexicano ya está muy avanzado. Fue conesionado en el sexenio de Enrique Peña Nieto y empezará la explotación en 2020. ¿Pero quién lo explotará? Como decíamos, el Sonora Lithium se localiza en el municipio de Bacadéhuachi, en la sierra alta de Sonora, en la misma región donde fueron atacados los LeBarón y donde la presencia del narcotráfico lleva décadas. Quien controla esa región es el brazo armado del Cártel de Sinaloa: Gente Nueva, facción Los Salalzar.

La empresa que explotará lleva por nombre Bacanora Minerals. Tiene sede en Canadá, está enlistada en la Bolsa de Valores de Londres pero tiene capitales de los gobiernos de… Omán y de China. Esta empresa no tiene otros negocios ni presencia en ninguna otra parte del mundo.

El 15 de octubre pasado se concretó la inversión de la empresa china Ganfeng Lithium en Bacanora Litthium. Compró el 29.99 por ciento de las acciones de la empresa y Wang Xiaoshen, vicepresidente de Ganfeng, inmediatamente fue nombrado director de Bacanora Minerals.

Se calcula que el proyecto Litio de Sonora, con 100 mil hectáreas, tiene un valor de 1 mil 253 millones de dólares.

A las calladas y en las narices del Tío Sam, los chinos se aprestan a explotar el yacimiento más importante de litio a cielo abierto. La masacre dio un pretexto a Donald Trump para que pusiera un pie en territorio sonorense. Con declarar “terroristas” a los cárteles podrá poner los dos.

Tal vez no sean los veneros de petróleo los que nos escrituró el diablo. Con perdón de Ramón López Velarde, los de litio se revelan ahora como los que podrían atraer a más demonios.

Fuente:https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2019/11/27/cual-es-el-interes-de-los-gringos-en-sonora-el-narco-o-el-litio/?fbclid=IwAR2NnFvDsB0xGE8QoAXteEb0k0jCh9Qv2-zcvyaSSXQubax0yclDJhqqhN4

Resumen

El vertido de 40 000 m 3 de solución ácida ferro-cuprífera en Cananea, Sonora, alcanzó las principales corrientes superficiales de la cuenca del río Sonora, afectando suelos y sedimentos y aportándoles una coloración anómala pardo amarillenta. En el presente estudio se dio seguimiento a la contaminación residual (CR) en suelos y sedimentos, evaluando color, pH y conductividad eléctrica (CE) en 41 muestras obtenidas a lo largo de la cuenca, así como en los ejes vertical y horizontal de un perfil de suelo (TIIZ1B) afectado con CR. Estas propiedades podrían ser indicadores indirectos, ya que se modificaron por influencia del vertido minero.

En las muestras también se determinó la concentración total de elementos potencialmente tóxicos presentes en el vertido. Los resultados indicaron correlación lineal aceptable (0.75) entre la CE y el vector de color amarillo (b*), así como entre éstos y las concentraciones de As, Cu, Fe y Zn (r = 0.52-.91). El análisis del perfil TIIZ1B permitió relacionar color, pH y CE con cambios mineralógicos y aumento en las concentraciones de As, Cu y Fe.

El incremento en los vectores de color hacia tonalidades rojas (a*) y amarillas se relaciona con aumento en la concentración de Fe, y el incremento en la luminosidad (L*) se vincula con la precipitación de yeso. El Fe y el As aumentan donde el pH es más ácido y el Cu se incrementa con el aumento del pH y cuando el punto de carga cero es negativo. Color, pH y CE son parámetros útiles en la determinación indirecta de la CR.

Este 27 de noviembre de 2019 se cumplieron 10 años del asesinato de Mariano Abarca Roblero, ambientalista que defendió los Derechos Humanos y los Derechos de la Naturaleza en su municipio natal de Chicomuselo, Chiapas, México, al denunciar los efectos socio ambientales causados por la empresa minera canadiense Blackfire Exploration, involucrada en el crimen.

Desde entonces, la familia Abarca y diversas organizaciones han llevado un largo proceso para exigir justicia y castigo a los culpables ante el gobierno mexicano y canadiense por la corrupción probada de la empresa, las acciones y omisiones de la Embajada de Canadá que pudieron haber contribuido al asesinato de Mariano, así como el señalamiento de los actos de impunidad contra el gobierno mexicano, además llevar en curso otras demandas ante los Tribunales de Canadá y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Para recordar a Mariano Abarca y analizar la situación de defensores y defensoras de derechos humanos y ambientales en México Radio Mundo Real dialogó con José Luis Abarca, hijo de Mariano.

«Nuestras exigencias de justicia no nos van a devolver a mi padre, pero sí es una lucha para poner un alto a los asesinatos de defensores de derechos humanos y del medioambiente».

Mariano Abarca acudió hace 10 años a la Embajada de Canadá para denunciar el hostigamiento y acoso de la minera Black Fire a comunidades de Chiapas. La respuesta fue su encarcelamiento y posterior homicidio. Una década después la familia Abarca continúa apelando a los tribunales de México y Canadá para exigir justicia. En 2018, la familia del activista interpuso una denuncia al Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá, en la que solicitó la investigación de las acciones y omisiones de la embajada en México. Se las negaron, ante lo cual realizaron un recurso de revisión ante el Tribunal canadiense, apelando la decisión judicial sobre el caso en la Corte Federal de Canadá. El gobierno canadiense aceptó que hubo omisión al negar la investigación y mantener el caso en la impunidad.

«Esperábamos más de las autoridades canadienses, siendo que la defensa de mi familia aportó pruebas contundentes, como la relación que tenía la embajada canadiense con la empresa Black Fire y con el gobierno de Chiapas -dijo José Luis a RMR-. La Embajada de Canadá en México monitoreó a mi padre desde 2007, sin embargo apoyó a la empresa minera para que presionara al gobierno y posteriormente mi padre fuera encarcelado».

PREMIO

“Con el propósito de agradecer, reconocer y visibilizar otras luchas colectivas y organizadas de quienes, con el espíritu sembrado por Mariano en los corazones de las resistencias, no cesan en su ímpetu por defender la vida, el medio ambiente y los derechos colectivos que son, a fin de cuentas, en beneficio de la Humanidad”, organizaciones como Otros Mundos Chiapas y Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) conmemoraron el Décimo Aniversario del asesinato de Mariano Abarca realizando el Primer Reconocimiento a la Defensa Ambiental en Chiapas 2019 “Mariano Abarca”.

El “Premio Mariano Abarca” 2019 fue otorgado a la organización indígena del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (MODEVITE) que tiene presencia en 11 municipios del estado de Chiapas.

 

Fuente:https://rmr.fm/entrevistas/10-anos-del-asesinato-de-mariano-abarca-chiapas/?fbclid=IwAR1Xw4Qs2-03Fn9ZeLeRovHB4BDRdlDV3YLDEotSS8rzxMNFbI05pnZC3yw