▲ Mina Peñasquito, ubicada en Zacatecas.

Foto Mina Peñasquito, ubicada en Zacatecas.Foto Alfredo Valadez Rodríguez
Braulio Carbajal
La Jornada
21/06/2020
La minería es considerada oficialmente una actividad esencial para la economía del país. De ella dependen industrias como la automotriz, la construcción y una vital en esta época: la farmacéutica. Las miles de toneladas que se extraen del subsuelo mexicano dejan millones de dólares en ganancias. Sin embargo, su aportación fiscal es casi simbólica.

Cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública (SHCP) indican que de los 3 billones 200 mil pesos que recaudó el gobierno federal en 2019 por impuestos tributarios, únicamente 7 mil 465 millones salieron de esas empresas (la mayoría de capital extranjero), es decir, sólo 0.23 por ciento del total.

La aportación del sector pudo ser mayor. El fisco mexicano recaudó 23 mil 810 millones de pesos por concepto de impuesto sobre la renta (ISR) y 8 mil 587 millones por no tributarios, como derechos, regalías y primas por descubrimiento, dando un total de 33 mil 571 millones.

No obstante, de acuerdo con la ley, las compañías del sector consiguieron deducciones por 25 mil 612 millones por impuesto al valor agregado (IVA) y 493 millones más por producción y servicios. Como consecuencia, el gobierno les debe rembolsar mil 121 millones. Ese monto, que hasta finales de mayo pasado la industria reclamaba, aún no se le entrega.

De acuerdo con reportes de la SHCP, la minería es la industria esencial que menos aporta al fisco. Las que más dan son servicios financieros (502 mil 108 millones de pesos), actividades manufactureras (254 mil 216 millones), transportes, correos y almacenamiento (91 mil 342 millones), construcción (90 mil 164 millones) y medios masivos (80 mil 814 millones).

Según la Subsecretaría de Minería de la Secretaría de Economía, aproximadamente 10 por ciento del territorio nacional está concesionado a mineras; operan 345 compañías, de las cuales 234 son extranjeras, principalmente canadienses y estadunidenses.

Para dimensionar el tamaño del negocio minero, una de las más grandes del sector, Grupo México, propiedad de Germán Larrea, una de las personas más acaudaladas del país, generó ganancias por mil 766 millones de dólares (35 mil 300 millones de pesos aproximadamente), 54 por ciento más que en 2018, de acuerdo con su estado financiero.

Luis Andrade, investigador de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle, manifestó que la operación de esas empresas en diversas localidades no se ha reflejado en mayor progreso económico y tampoco aporta una gran cantidad a las finanzas públicas. Sin embargo, al ser una actividad primaria, es esencial para que otras se potencialicen.

En ese sentido, indicó que el gobierno federal debe ser muy cuidadoso al momento de sentarse a negociar con ellas pues, aunque es poco probable que decidan irse del país ante mayores impuestos debido a que aún hay grandes cantidades de minerales por explotar, su eventual salida podría repercutir en más desempleo y mayores índices de pobreza.

«En este momento lo que necesitamos es mayor inversión extranjera. Una alternativa sería negociar, dejar los impuestos como están, pero a cambio de que garanticen mejores salarios para los trabajadores. No van a poder negar que en México tienen un buen negocio, sobre todo las compañías canadienses. Muchas hacen negocio redondo, pues lo que extraen les sirve para fabricar autopartes, fibras ópticas y demás, y eso vale mucho», apuntó.

Asimismo, las empresas deben ser más transparentes, ya que, según datos de la Auditoría Superior de la Federación, 23 por ciento de las concesiones emitidas no cuenta con los nombres de los titulares ni de su Registro Federal de Contribuyentes, por lo cual la Secretaría de Economía no ha podido llevar a cabo el cobro de derechos por la posesión de concesiones.

Según un estudio de Fundar, pese a la riqueza mineral del territorio, México es el país de América Latina que menos impuestos cobra a las mineras como proporción de sus ingresos tributarios. Mientras aquí no llega ni a uno por ciento, en Chile, Perú y Bolivia es de 13.8, 6.4 y 2.8 por ciento, de manera respectiva.

Con base en el mismo estudio, la contribución de esa industria lleva años siendo prácticamente simbólica. En el periodo 2006-2015 las mineras en conjunto obtuvieron ingresos por un billón 714 mil 342.7 millones de pesos, pero sólo pagaron por impuestos 22 mil 397 millones, «debido a las condiciones tributarias laxas permitidas por la autoridad federal».

Para la Cámara Minera de México, la industria es esencial para el país, ya que ha pagado 18 mil 285 millones de pesos por derecho minero, beneficiando a 25 estados, 212 municipios y 2.5 millones de personas de manera directa. Además, da empleo directo a 379 mil mexicanos.

Por esas razones el organismo minero, que aglutina a firmas de la talla de Grupo México, Minera Au-tlán, Industrias Peñoles y Peñasquito, entre otras, ha pugnado desde el año pasado por que el gobierno federal le permita deducir 100 por ciento los gastos preoperativos de exploración.
https://www.jornada.com.mx/2020/06/21/economia/021n1eco#.Xu9L2uBBGvY.facebook

LAS RAZONES DE VÍCTOR TOLEDO
18/06/2020.
El pasado 16 de junio, el Secretario de Medio Ambiente, Víctor Toledo, finalmente se dio tiempo para
responder a los señalamientos realizados por una serie de exfuncionarios ambientales. Lo hizo sin
exabruptos y de forma contundente, pues no hay desperdicio en los certeros comentarios y
señalamientos sobre la actuación y la relación que sus antecesores tuvieron en la relativamente
joven política ambiental de este país, ya que surge, como bien señala el Secretario Toledo, durante
el gobierno de Ernesto Zedillo, dos años después del inicio de la agenda verde mundial que se
establece de forma global durante la “Declaración de Rio sobre Medio Ambiente y Desarrollo”, la cual
supuestamente definía el establecimiento de “una alianza mundial nueva y equitativa mediante la
creación de nuevos niveles de cooperación entre los Estados, los sectores claves de las sociedades
y las personas”.
Vale la pena recordar esta Cumbre, porque ahí nace el grueso de la política verde que de una u
otra manera sigue vigente; esa misma que en el artículo del Secretario Toledo, señala que fue
construida a través de la introducción de “conceptos aparentemente científicos como desarrollo
sustentable, crecimiento y economía verde, y capital natural, pero que en el fondo buscan ocultar la
mercantilización de la naturaleza”. Pocos años después, en 1997, con el auspicio de la CONABIO,
nace la primera intención regional de darle contenido práctico a la mercantilización de la naturaleza
a través del Corredor Biológico Mesoamericano (la segunda región con mayor biodiversidad del
planeta). En ese entonces, como ahora, una parte de los planteamientos centrales, “siempre en
aras del desarrollo”, era que aquellos sitios de interés biológico o biodiverso que potencialmente
quedarán fragmentados de sus “conexiones naturales”, se reconectarían a partir de establecer
pasos, túneles, corredores inducidos o naturales, puentes o hasta cableado para que la fauna lograra
transitar por ellos. En el ámbito nacional, ese experimento se desarrolló a partir del Programa de
Conservación de la Biodiversidad en Comunidades Indígenas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca
(COINBIO).
Estos procesos dieron origen a los grupos de interés verdes que a la postre se convirtieron en
la denominada “Mafia Verde”, hoy claramente integrada en su extensa mayoría por quienes forman
el Consejo Consultivo del Agua, así como Ceiba y otras Ong ́s que han sido formadas o son
asesoradas o son consultores que en su momento fueron funcionarios ambientales, tales como el
grupo “Política y Legislación Ambiental” (Polea), además del Consejo Civil Mexicano para la
Silvicultura Sostenible (CCMSS), esta última, pero no únicamente, desde hace años es una de las
principales operadoras de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID),
a quienes, a cambio de financiamiento, le han entregado cientos de estudios y, en consecuencia,
información valiosísima sobre la riqueza biológica que tenemos en México, lo cual no es un hecho
menor, si entendemos que el verdadero interés mercantil en la biodiversidad proviene de las
poderosísimas empresas farmacéuticas Alemanas, Estadunidenses y Francesas por citar
algunas; esa misma riqueza que el gobierno de Peña Nieto entregó a los Alemanes gracias a los
acuerdos establecidos en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, que derivó en la firma del
“Protocolo de Nagoya, sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y
Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización”. No sobra señalar que muchas de
esas Ong ́s “ambientalistas”, desde hace años también han sido precursoras en la práctica de
golpetear los procesos organizativos que desde los pueblos se generan en defensa de su territorio y
sus bienes naturales.Desde 1994, y con un México que amanecía en guerra contra el EZLN y el ingreso al TLCAN, muchos
grupos civiles, académicos, científicos y políticos fueron encandilados por la agenda verde
internacional y la supuesta puesta en marcha de la nueva agenda ambiental para el país,
encabezada por la recién creada SEMARNAT. Muchos de ellos se volcaron en la implementación de
programas relacionados con la Reducción de las Emisiones debidas a la Deforestación y la
Degradación de los bosques (REDD+), a través de los “pagos de servicios ambientales”, la creación
de ANP ́s, la imposición de Reservas de la Biosfera, los ordenamientos territoriales y planes de
manejo, entre otros componentes, que en sí mismos, como bien señala Toledo, sólo han significado
la destrucción, la contaminación y la administración mercantil de la naturaleza, además de volverse
para algunas/os sus centros de investigación personal, pero todas ellas iniciativas muy útiles para
lavar la imagen de empresas y corporaciones, siendo estas las principales impulsoras del
Modelo Extractivo Depredador, ese mismo que se traduce en saqueo y desplazamiento forzado
de las comunidades.
Desde la creación de la Semarnat, se han diseñado y utilizado diversas estrategias para desplazar,
condicionar o convenir con las comunidades la entrega de su territorio y sus bienes naturales, pero
siempre hay un común denominador que le da “transversalidad” a la política verde mexicana: la
implementación de un componente de corte desarrollista que supuestamente llevará el
“progreso” a las comunidades indígenas y campesinas como son; El Plan Puebla Panamá, El
Protocolo de Nagoya, Los Corredores Biológicos, Las Reservas de la Biosfera y las ANP ́s, El
Acuerdo de Escazú, Las Energías Renovables o Verdes, el Ecoturismo, Los Biocombustibles, el Oro
Blanco, el Tren Maya, el Tren Transístmico, etc.
No podemos no estar de acuerdo con los precisos señalamientos que ha realizado el Secretario
Toledo contra sus antecesores, quienes, por supuesto, no podrán responder con ética ni tendrán
fundamento alguno contra las puntualizaciones que les han hecho, porque sin duda alguna el
desastre ambiental actual empezó y continuó con ellas y ellos en México y con otros grupos similares
a nivel Mundial. Pocas veces hemos tenido la oportunidad de atestiguar abiertamente este tipo de
señalamientos entre políticos y ex políticos, porque se expone tal cual la causa estructural y el
fondo del problema ambiental de México y el Mundo.
Y, sin embargo, en aras de la congruencia, hoy tan ausente, y de manera directa y clara le
preguntamos: ¿Cuál es su plan, señor Toledo?
El nuestro es continuar defendiendo el territorio, los bienes naturales y las diversas
expresiones de comunalidad que en el mismo se expresan, y, por lo tanto, es nuestra intención
que la actividad minera se acabe en el país, por una simple razón que usted ya expuso: las grandes
corporaciones biotecnológicas, agroindustriales y mineras -no solamente estas, pero
principalmente-, están acabando con la vida. Y en aras de la congruencia, de no menor importancia,
es necesario señalar que la misma estructura de intereses, la misma mercantilización de la diversidad
biocultural, la misma mentalidad desarrollista y colonial y la misma imposición de megaproyectos
mediante parodias de consulta, subyace en iniciativas como el Tren Anti Maya, el Canal Seco
Interoceánico y el Proyecto Integral Morelos. De ahí la pregunta.
TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA
RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

11/06/2020
Por su parte, una compañía de Canadá amenazó con acudir a tribunales internacionales para resolver una disputa legal, en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Gobierno de México acusa a mineras canadienses de negarse a pagar impuestos: ¿qué implicaciones tiene?
Protesta en Minera San Xavier, propiedad de la empresa canadiense New Gold Inc., San Luis Potosí, México, 2010.Manuel Hernández Borbolla / RT

Mientras el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirma que las empresas mineras de Canadá se niegan a pagar adeudos fiscales, las compañías canadienses tiene previsto acudir a tribunales internacionales para resolver una disputa por cuestiones tributarias.

Ante la polémica, México solicitó apoyo al Gobierno de Canadá para intermediar en el conflicto, enmarcado en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que sigue vigente hasta la entrada en vigor del nuevo acuerdo comercial del T-MEC.

La situación ha puesto a discusión los beneficios que deja la inversión extranjera en la minería, frente a los daños ocasionados en países como México.

La acusación de López Obrador

Esta semana, López Obrador acusó a empresas mineras canadienses de no pagar impuestos, por lo cual solicitó la intervención del embajador de Canadá en México para resolver el conflicto.

«Hay unas empresas canadienses mineras que no están al corriente, quieren ir a tribunales internacionales. Entonces, aprovecho para mandarle un mensaje respetuoso al embajador de Canadá, que nos ayude a convencerlos de que para qué vamos a tribunales, que es muy claro que tienen esas deudas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT)», declaró el mandatario.

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, en México, 8 de mayo de 2020.XinhuA / www.globallookpress.com

Hasta el momento el Gobierno de Canadá no ha emitido postura frente a las declaraciones del presidente mexicano.

Tampoco se ha revelado el monto que adeudan al fisco las mineras canadienses, ni qué empresas son las que deben dinero. Sin embargo, una serie de antecedentes en los meses previos permiten identificar a algunos de los actores de la disputa.
¿En qué consiste el conflicto?

En octubre de 2019, la Cámara Minera de México (Camimex) informó que un total de 244 empresas canadienses estaban peleando por la deducción de 100% de los gastos de exploración, y que mientras tanto habían frenado las inversiones en esa área.

Para diciembre de 2019, Camimex solicitó al Gobierno un pacto fiscal a 15 o 20 años para eliminar el pago de las regalías por exploración, establecidas en la Ley Minera.

En mayo de 2020, justo en medio de la pandemia de covid-19, la minera canadiense First Majestic anunció que acudiría a tribunales internacionales para resolver una disputa fiscal con el Gobierno de México.

Según la minera canadiense, las autoridades fiscales mexicanas no han acatado los mecanismos establecidos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, para resolver una disputa por el pago de impuestos.

De acuerdo con la compañía canadiense, el Servicio de Administración Tributaria en México «ha mostrado un total desprecio por las disposiciones aplicables de tres tratados separados de doble tributación que ha celebrado con Canadá, Barbados y Luxemburgo, que son relevantes para First Majestic y sus subsidiarias».

Protesta en Minera San Xavier, propiedad de la empresa canadiense New Gold Inc., San Luis Potosí, México, 2010.Manuel Hernández Borbolla / RT

La compañía canadiense, que cuenta con seis minas en territorio mexicano, es una de las mayores productoras de plata a nivel mundial, siendo México el país con mayor producción de ese mineral a escala global.

En 2020, First Majestic esperaba producir entre 11,8 y 13,2 millones de onzas de plata, que les dejaría ganancias cercanas a los 223 millones de dólares.

La empresa asegura que el Gobierno mexicano también ha ignorado un Acuerdo de precios anticipados, firmado en 2012 con empresas subsidiarias de First Majestic, en el cual se establecían tarifas ante un posible aumento de impuestos.

En 2013, México realizó una reforma hacendaria en la que estableció el cobro de nuevos derechos a la industria minera.

Posteriormente, en 2015, se realizó una reforma a la Ley Minera que estableció que, además de los derechos mencionados, se debía pagar también una prima por descubrimiento de yacimientos al Servicio Geológico Mexicano (SGM) durante la vigencia de la concesión minera.

El pago de esta regalía, destinada a estados y municipios, ha sido la causa principal de la disputa entre las mineras canadienses y el Gobierno mexicano.
Mineras privilegiadas

En las últimas décadas, las mineras canadienses han estado en el centro de la discusión pública, debido a los conflictos ambientales y sociales que han provocado en territorio mexicano, al mismo tempo que las escasos beneficios económicos que genera para el país en materia fiscal.

De acuerdo con el Anuario Estadístico de las actividades extractivas en México 2018, elaborado por Fundar, la aportación de la minería a las finanzas públicas mexicanas, a través de la recaudación fiscal, fue de apenas el 0,52 % en 2018.

Al mismo tiempo, las mineras canadienses han estado involucradas en una serie de conflictos sociales con las comunidades asentadas en el territorio mexicano, lo cual ha dejado un saldo de al menos ocho personas muertas, según un informe de la organización ‘Justice and Corporate Accountability Project’.

VIDEO FUNDAR: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=LVJSCNjrJBQ&feature=emb_logo

El 67% de la inversión extranjera en el sector minero en México es acaparado por empresas canadienses, de acuerdo con un reporte de la Secretaría de Economía. Esas firmas concentran 5,7% de la extracción anual, de acuerdo con datos de la Cámara Minera de México (Camimex).

En 2019, México se ubicó en el lugar 38 de 76 países entre las naciones más atractivas para la inversión minera, de acuerdo con la Encuesta de 2019 realizada por el Instituto Fraser.

Sin embargo, un estudio del Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados señala que, de 2007 a 2017, se otorgaron «incrementos repentinos en el monto correspondiente a los estímulos fiscales». Una situación que se mantuvo después de la reforma hacendaria.

Datos oficiales revelan que el SAT perdonó casi 173.000 millones de pesos (7.687 millones de dólares) en impuestos a empresas mineras mexicanas y extranjeras, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, entre 2007 y 2015.

De ahí que un informe de 2014, publicado por la Secretaría de Gobernación, señalara que la proliferación de mineras canadienses en territorio mexicano se debe a que «México es el paraíso fiscal de Canadá» en esa materia.

Este escenario ha generado mayores tensiones entre las empresas canadienses y el Gobierno, tras la llegada al poder de López Obrador, a lo que se suman las presiones financieras que enfrenta el país por la pandemia de coronavirus.

Manuel Hernández Borbolla
https://actualidad.rt.com/actualidad/356310-gobierno-mexico-acusa-mineras-canadienses

09/06/2020
Mineras canadienses quieren ir a tribunales internacionales por sus diferencias con el Estado mexicano por el pago de impuestos, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que pidió al embajador de Canadá en su país interceder en el caso.

El mandatario afirmó que varias firmas se están poniendo al día en sus responsabilidades tributarias y dio como ejemplo a la mexicana FEMSA, a la japonesa Toyota y a las estadounidenses Walmart e IBM.

Sin embargo, sostuvo que existen diferencias con otras compañías. “Hay unas empresas canadienses, mineras, que no están al corriente, quieren ir a tribunales internacionales”, afirmó.

El gobernante mandó “un mensaje respetuoso” al embajador de Canadá para pedirle ayuda en el caso. “¿Para qué vamos a tribunales? Es muy claro que tienen esas deudas con el SAT (Servicio de Administración Tributaria) y que ojalá y nos ayuden a convencerlos”.

El mandatario reiteró que los acuerdos alcanzados por diferentes grandes firmas con el SAT van a representar unos 25,000 millones de pesos (alrededor de USD1,149 millones) para las arcas del Estado.

La recaudación tributaria de esas empresas se ha convertido en un asunto central para el Gobierno ante la contracción económica que sufre el país y para hacer frente al aumento del gasto en programas sociales destinados a ayudar a los pobres ante los estragos de la pandemia del coronavirus.

Fuente: Gestión

México: Mineras canadienses quieren ir a cortes internacionales por pago de impuestos

04/06/2020

La pandemia afectará la producción minera de México, sufriendo este año una caída del 17% debido al cese de operaciones para contener la propagación del coronavirus, dijo este miércoles el jefe de la principal asociación local del gremio.

En una entrevista con Reuters, Fernando Alanís, presidente de la Cámara Minera de México (Camimex), estimó además que las exportaciones del sector podrían disminuir alrededor de un 10% por los efectos de la pandemia.

Alanís, quien también es director general de la minera Peñoles, dijo que a pesar de que las actividades en la industria comenzaban a reanudarse y cerca de la mitad del personal operativo había regresado al trabajo, las labores de exploración continuaban suspendidas.

Lee también: Aumento de Covid-19 en América Latina pone en riesgo a minas más grandes del mundo

“Son del tipo de actividades que consideramos ahorita como no esenciales”, afirmó el ejecutivo, quien dijo que la recuperación de sector podría avanzar a un paso lento y extenderse hasta el primer trimestre del próximo año.

Después de dos meses confinamiento, México reactivó el primero de junio las actividades en algunas industrias consideradas esenciales, como la producción de vehículos, la minería y la construcción.

Aun así, Alanís anticipó que la pandemia también habría acabado con unos 71.000 empleos indirectos en el sector local.

La Camimex agrupa a las mayores empresas del rubro que operan en el país como Grupo México, Minera Autlán, Industrias Peñoles y Peñasquito, subsidiaria de Newmont.

Fuente: Reuters

Producción minera de México caería un 17% este año

01/06/2020.
Debido a la extraordinaria devastación que la actividad minera realiza en los lugares donde se
instala, constituye uno de los ejes contemporáneos de conflictividad social más significativos
a tener en consideración. Por ello, hoy que el ultraje y el saqueo a pueblos y comunidades se
está incrementado y el debate sobre la pertinencia/constitucionalidad de la Ley Minera
resurge; desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA), NOS
PRONUNCIAMOS NO POR UNA REVISIÓN A LA LEY MINERA, SINO POR
LA SUSPENSIÓN INMEDIATA DE ESTE MODELO EXTRACTIVO EN TODO EL PAÍS.
Desde nuestra posición, advertimos la existencia de un lobby de actores sociales, políticos y
académicos que insisten (pese a que los daños, afectaciones y conflictos que generan las
empresas mineras a su paso por los territorios de extracción han sido ampliamente
documentados), en que los males socioambientales generados por el «modelo extractivo
minero» podrían resolverse con algunas modificaciones al entramado legal. Ello es una
equivocada premisa porque, no es una solución para los pueblos, sino de un conjunto de
propuestas encaminadas a maquillar la minería como una industria “verde”, “sustentable”,
“segura”, “responsable” y “respetuosa de los derechos humanos”, que son adjetivos que se
han utilizado en todo el mundo únicamente para legitimar el despojo.
Nuestra posición se basa en la realidad de entender y vivir la gran asimetría que genera el
sistema capitalista a partir de imponer un modelo extractivo que mercantiliza la naturaleza y
destruye la vida, por lo tanto, si los promoventes de esa ley “amplia” consideran que una
consulta desarrollada con los mejores y más altos estándares internacionales, incluyendo la
libre determinación de los pueblos, así como el resto de cambios que se proponen serán
suficientes para garantizar un modelo de extracción equitativo, justo, sustentable, etc.,
entonces estamos ante un problema mayúsculo, porque los cambios abonarán a legalizar el
resultado de la minería: EL DESPOJO Y DESPLAZAMIENTO FORZADO, ambos
procesos multifactoriales que en pocas ocasiones se reconocen en su real magnitud.

2
Los reformistas aspiran también a que la evaluación de los proyectos mineros incluya, entre
otras cosas, una “novedosa” manifestación de impacto social, de modo que se garantice el
derecho a la tierra y al territorio. El conjunto de sus propuestas son un bocadillo casi
completo, muy útil para quienes viven de la incidencia política, pero intrascendente para los
pueblos que conviven con la violencia que ejerce un proyecto extractivo.
Como REMA anclamos nuestra posición en la realidad existente en los territorios de
extracción, una realidad causada por el sistema capitalista que ha generado y colocado a las
comunidades y a los individuos en una situación de permanente vulnerabilidad y pobreza que
muchas veces les orilla a aceptar la instalación de proyectos que socavan su propia integridad
y/o a optar entre medios de vida insalubres, mal pagados y peligrosos o el desempleo, lo que
contribuye a establecer relaciones asimétricas de poder-dominación entre las empresas
mineras y los pueblos y comunidades.
Quienes impulsan este proceso saben de sobra nuestra posición como REMA. Estamos
totalmente de acuerdo en trabajar en una nueva Ley Minera, siempre y cuando esta tenga sólo
un artículo:
Art. 1.- LA MINERÍA EN MÉXICO ESTÁ PROHIBIDA.
Ya en algunos países, gracias a la movilización de los pueblos que han vivido el impacto
minero, se ha logrado la prohibición de la minería metálica (El Salvador), la minería de oro a
tajo abierto (Costa Rica) o la minería metálica y el uso de ciertas sustancias tóxicas (en varias
provincias de Argentina en donde la competencia sobre la minería es estatal y no federal). No
vemos por qué no hacerlo en nuestro país, sobre todo hoy que se pretende evaluar la
calidad de vida y la felicidad de los mexicanos por encima de los absurdos del Producto
Interno Bruto como factor de bienestar.
Quienes vienen trabajando en la reforma desde hace tiempo, ven la posibilidad de una
industria extractiva “amigable con el medio ambiente” en el marco del capitalismo. A nuestro
parecer, o lo hacen desde un análisis lejano a la realidad con mucha ignorancia del conjunto
de problemáticas que genera la minería o lo hacen desde una falsa premisa que los hace
suponer que una “buena” Ley Minera será suficiente para cambiar el propósito central del
modelo extractivo. Ese mismo que durante los últimos 50 años ha sido capaz de crear para sí
una gran tecnología para la remoción, extracción y destrucción de los bienes naturales, así
como un poder financiero sustentado en uno de los principios básicos del capital: LA
ACUMULACIÓN POR DESPOSESIÓN. Mientras esa premisa no se transforme, toda
incidencia política pro-derechos, donde de facto no existen, facilita, al mismo tiempo, la
imposición y reproducción del modelo.

¡LA MINERÍA MATA Y POR ELLO DEBE PROHIBIRSE!

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

Una vez más, el sector minero logró la flexibilización de alguna norma o estándar a su favor. Su poder, independientemente del color del partido que gobierne este país, es indiscutible.
Por: Beatriz Olivera
@FundarMexico
04/06/2020
El pasado 31 de marzo fue publicado, en el diario oficial de la federación, el listado de las actividades esenciales que podían seguir operando durante la pandemia que vivimos. Entre dichas actividades la minería no estuvo considerada, dado que claramente no se trata de una labor de la cual dependa la economía o bienestar para la mayoría de la población mexicana. Como era de esperarse, las reacciones de los dueños de grandes empresas mineras no se hicieron esperar. La Cámara Minera Mexicana (Camimex) que agrupa a empresas subsidiarias de Grupo México, Peñasquito y Peñoles, entre otros, en comunicación enviada al embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, aseguró que las actividades mineras son de gran importancia en la proveeduría de varias cadenas de valor esenciales para la región; además argumentó el riesgo de que ante la entrada en vigor del T-MEC se pudiera provocar que alguna industria se detuviera por la falta de un insumo clave.

Asimismo, la Asociación Nacional de Manufactureros de Estados Unidos envió también una carta al presidente López Obrador para que permitiera la reanudación en México de algunas actividades que, desde su perspectiva, son cruciales para la industria y los servicios en Estados Unidos, entre ellas, la minería.

Ante las presiones, el gobierno mexicano cedió e incorporó “de manera extraordinaria” a la industria de la construcción, la minería y la fabricación de equipo de transporte, como actividades esenciales. El hecho no es ajeno, mucho menos extraño: una vez más, el sector minero logró la flexibilización de alguna norma o estándar a su favor. Su poder, independientemente del color del partido que gobierne este país, es indiscutible.

Además de este hecho, es necesario señalar el actuar irresponsable de varias empresas mineras durante la pandemia que vivimos. El acto más reciente es protagonizado por la minera canadiense Equinox Gold, dueña de Los Filos, cerca de Carrizalillo en Guerrero, que hasta la semana pasada había confirmado 51 casos positivos a COVID-19 entre su personal. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan alertó que al siguiente día del anuncio presidencial, sobre el regreso a la ‘nueva normalidad’, funcionarios de esta empresa convocaron a 500 trabajadores subcontratados para que se presentaran a la mina, pero en lugar de hacer un llamado progresivo a los trabajadores, éste se hizo de forma masiva; además, la empresa no previó los lugares donde iban a instalar los campamentos y tuvieron que contratar hoteles para asegurar la estancia de sus empleados. Finalmente, a todos los trabajadores, incluidos los casos positivos, los regresaron a sus comunidades en camionetas sin garantizar medidas para su aislamiento y poniendo en gran riesgo a las comunidades cercanas. Otras fuentes han señalado que la empresa incumplió desde un principio la suspensión de actividades por la pandemia, pues algunos empleados no pararon de laborar y otros lo hicieron hasta quince días después de la disposición gubernamental.

Otro caso, ahora en Durango; la minera La Platosa de Bermejillo, propiedad de la canadiense Excellon de México Resourcing, decidió arbitrariamente llevar a cabo un cierre parcial de seis meses sin goce de sueldo para sus trabajadores bajo el argumento de medida preventiva para evitar el contagio por COVID-19m provocando que más de 250 empleados se manifestaran en los días subsecuentes en un claro reclamo de respeto a sus derechos laborales.

En Mazapil, Zacatecas, el Observatorio de Conflictos Mineros (Ocmal) y don Roberto De la Rosa, habitante de la comunidad de Salaverna, han denunciado que la empresa Ocampo Mining Tayahua, de Grupo Frisco, no respetó la suspensión sanitaria y mantuvo sus actividades, poniendo en riesgo a la comunidad. Además, los casos de hostigamiento y amenazas en contra de De la Rosa por su labor en defensa del territorio, continuaron durante la cuarentena. Aquí puede firmarse para hacer un llamado público a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al Gobierno de Zacatecas para que brinden protección a Don Roberto.

Finalmente, también en Zacatecas, en Vetagrande, la minera canadiense Santa Cruz Silver Mining que extrae plata, plomo y zinc, continuó su incumplimiento de pago de salario a trabajadores que tenía contratados vía outsourcing. Previo a la cuarentena, la empresa suspendió operaciones por riesgos en la estabilidad de su presa de jales, señalados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, lo cual, a su vez, le llevó a suspender a alrededor de cien empleados con el compromiso de mantener su salario y de reanudar actividades hasta nuevo aviso. Sin embargo, varios testimonios han señalado que la empresa no cumplió el acuerdo ni antes, ni durante la cuarentena y dejó sin salario a sus trabajadores.

Algo claro ha mostrado esta pandemia: varias empresas mineras priorizaron sus operaciones, violaron acuerdos y derechos laborales por encima de la salud de los trabajadores y de la población, dejando claro que priorizan sus ganancias a la vida y salud de las personas. En este pronunciamiento, firmado por más de 300 organizaciones de diferentes países, se puede abundar sobre otras malas prácticas que las mineras realizaron durante la pandemia en el mundo. Aunque hay que decir también que seguramente habrá empresas que hayan acatado las disposiciones gubernamentales, como era su obligación, pero seguramente ellas mismas darán cuenta de esto y de otras de sus “bondades” con bombo y platillo en sus próximos informes de responsabilidad social.

* Beatriz Olivera es investigadora en el programa de Territorio, Derechos y Desarrollo de @FundarMexico.
Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.
https://www.animalpolitico.com/res-publica/las-malas-practicas-de-las-empresas-mineras-durante-la-pandemia/

PROYECTOS DE EXPLORACIÓN DE LA “MINERA ADULARIA EXPLORACIÓN”
El pasado 17 de abril, un grupo de habitantes de las comunidades de Neutla, Don Diego, Delgado de
Arriba y Delgado de Abajo, todas del Municipio de Comonfort en el Estado de Guanajuato, se
apersonaron durante el desahogo de una sesión del pleno de su Ayuntamiento para denunciar que, con sus
trabajos de exploración, la empresa Minera Adularia Exploración, S. de R.L. de C.V., filial mexicana de la
estadunidense Electrum Group, estaba usando agua potable de manera excesiva y contaminado el suelo al
descargar desechos líquidos tóxicos de manera indebida e inadecuada.
Luego de un intenso proceso de investigación realizado conforme a las atribuciones que le otorga la Ley
Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, el Ayuntamiento del Municipio de Comonfort a través
de la Comisión Especial Plural, creada para atender la denuncia ciudadana, concluyó, por un lado, que la
Minera Adularia Exploración, S. de R.L. de C.V., no cuenta con el permiso de uso de suelo necesario
para realizar sus actividades de exploración, por lo que no puede continuar operando sin esa
autorización que es facultad exclusiva de las autoridades municipales el otorgarla o negarla. Por otro lado,
de las investigaciones realizadas por la Comisión Especial, se advierte que durante el proceso de
exploración que la minera ha venido realizando de manera ilegal, incurrió en una serie de irregularidades
que ponen en riesgo la salud y el medio ambiente de los habitantes de Comonfort.
Bajo esta lógica el pasado 29 de mayo, el pleno del Ayuntamiento del Municipio de Comonfort respaldó,
por unanimidad de sus integrantes, el dictamen elaborado y propuesto por la Comisión Especial Plural, y
acordó, en esta línea, instruir a la Dirección de Desarrollo Urbano para que proceda a realizar la
clausura de los proyectos de exploración minera al afectarse el orden público y el interés general,
además de hacer del conocimiento de la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del
Estado de Guanajuato (SMAOT) y de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del
Gobierno Federal (SEMARNAT) sus indagatorias y determinaciones para que suspendan, revoquen o
dejen sin efecto las autorizaciones en materia de impacto ambiental para la exploración del territorio de
Comonfort que en su momento otorgaron a la Minera Adularia Exploración, S. de R.L. de C.V..
Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería, reconocemos el trabajo de las y los integrantes
del Ayuntamiento del Municipio de Comonfort quienes, pese a la intensa presión de las y los abogados
de la Minera Adularia Exploración, S. de R.L. de C.V., resolvieron apegados a la ley la denuncia planteada
por las y los ciudadanos.
Nos mantendremos atentos y vigilantes al cumplimiento del resolutivo aprobado.
RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

02 de junio del 2020
En días pasados, el gobierno federal, a través de Francisco Quiroga Fernández, Subsecretario de
Minería, de la Secretaría de Economía del gobierno de México, expuso que debido a la grave
situación de inseguridad por violencia que enfrenta el sector minero, el pasado 14 de mayo instaló
la “Mesa de Trabajo sobre Seguridad en la Industria Minera”, con el objetivo de “fortalecer
esquemas en las zonas de las minas y la investigación en los delitos cometidos al sector”,
con la intención de implementar una estrategia nacional para problemas regionales y acciones
preventivas, así como protocolos y coordinación para intervenciones focalizadas.
Para el gobierno federal, la minería es una de las actividades más expuestas a la inseguridad debido a
la aislada ubicación de sus zonas de trabajo, por lo que se producen toda una serie de delitos, como:
robo, homicidio doloso y extorsión.
El Subsecretario Quiroga afirmó también que “se ha trabajado con los gobiernos de los estados y
con las dependencias de la Federación, para combatir los problemas de seguridad de una manera
inteligente” y que “se atienden causas primeras, se otorgan oportunidades y alternativas en las
comunidades que son azotadas por este problema y se recurre a trabajos de inteligencia para prevenir,
disuadir y desarticular las cadenas de delincuencia, así como su modus operandi”.
No se entiende que el Presidente López Obrador afirme, por un lado, que en su gobierno son
“primero los pobres” y, por otro, ese mismo gobierno continúe priorizando los intereses de las
grandes corporaciones (la Mafia del Poder). Además, resulta verdaderamente sorprendente la miopía
con la que se conduce el gobierno federal en relación al fenómeno de la violencia en los territorios
de extracción pues hay cientos de evidencias en donde las propias empresas mineras son quienes
fomentan, generan e incluso alimentan financieramente la violencia e inseguridad, esa misma a la que
ahora en conjunto con el gobierno federal pretende atender.
Nada ha hecho el gobierno ni federal, ni estatal, ni municipal para proteger la grave inseguridad de
las personas que ahí habitan, pero ahora al chasquido de las empresas se planea su protección
personalizada. Nos preocupa que ahora ante está nueva acción de protección para el sector minero,
se use también como pretexto para exacerbar e intimidar y criminalizar más a las y los defensores
del territorio.

TERRITORIOS LIBRES DE MINERIA

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

31/05/2020
La gran mayoría de las empresas mineras ha recibido autorización del IMSS para reanudar actividades, una vez cumplidos los protocolos sanitarios solicitados.
minería-industrial
Foto: Reuters

Notimex.- A partir de este lunes se reactivará la industria minera en todo el país, con el regreso de 370 mil trabajadores directos, que reanimarán a una cadena productiva de 2.3 millones de empleos indirectos, lo cual apoyará la recuperación de la economía nacional y de las regiones en donde se encuentran las empresas del sector.

El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minero Metalúrgica de la CTM, Javier Villarreal Gámez, manifestó además que casi 100 por ciento de las compañías de esa rama reanudará sus actividades el 1 de junio de manera paulatina.

Reconoció el trabajo del subsecretario de Minería de la Secretaría de Economía, Francisco Quiroga, quien impulsó la reactivación del sector y, para ello, se ha reunido con empresarios y trabajadores, lo cual permitió un diálogo fluido.

Consideró que esta confianza del gobierno federal debe ser correspondida por parte de la industria minera, con el cumplimiento cabal de todas las disposiciones que establece la autoridad.

En los primeros días de reactivación de la minería, como sector esencial dentro de la contingencia sanitaria por el Covid-19, no asistirán a laborar los trabajadores vulnerables, como es el caso de las personas con padecimientos crónicos, mayores de 60 años y mujeres embarazadas.

La gran mayoría de las empresas mineras ha recibido autorización del Instituto Mexicano de Seguro Social para reanudar actividades, una vez cumplidos los protocolos sanitarios solicitados.

Los trabajadores del sector cumplirán protocolos, no solo el de sana distancia y el uso de gel antibacterial, sino con acciones para preservar la salud de los obreros desde el transporte a los centros laborales y la protección con mascarillas, lentes, mascarillas y filtros de respiración.

Villarreal Gámez expuso en un comunicado que incluso las empresas entregan a los trabajadores kits de limpieza para que puedan llevarlos a sus casas y que la sanitización y el cuidado empiecen desde los hogares para evitar riesgos de contagios.

Mencionó que las compañías mineras empezaron a preparar los protocolos de seguridad desde hace tres semanas, por lo cual la mayor parte de ellas ya está en condiciones de iniciar actividades y las que restan empezarán a hacerlo en los próximos días.

Algunas empresas incluso ,recordó, ya se reiniciaron actividades, porque así lo aprobó el IMSS y no se tuvieron que esperar hasta el 1 de junio. Las compañías firmaron los protocolos por vía electrónica bajo protesta de decir verdad, pero el Seguro Social se reserva el derecho de revisar, en algunos casos, si se cumplen las medidas exigidas.

Destacó que serán importantes los beneficios que genere la reactivación de la minería, porque esta es el principio de muchas ramas productivas, como la farmacéutica, médica, automotriz y de equipo de transporte, por mencionar algunas.

Minería reinicia actividades con 370,000 trabajadores directos