Foto: Mireya Novo, Cuartoscuro.
SinEmbargo
03/11/2020
Por: Beatriz Olivera (@beoliverav)*
Las empresas mineras en México ostentan una serie de privilegios; fiscales en primera instancia, pues varios informes de la Auditoría Superior de la Federación reflejan que se han dado el lujo durante años de no cumplir a cabalidad con el pago de sus impuestos y derechos. Gozan también de privilegios ambientales, pues la ley minera en su artículo 19 les otorga preferencia sobre el uso de agua, la tierra y el gas asociado. Y también privilegios económicos, puesto que la ley minera en su artículo 6 señala que la exploración, explotación y beneficio de minerales serán preferentes a cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno. Gozan, además, de una enorme impunidad si llegan a ocasionar algún delito ambiental, como el grave derrame ocasionado por Grupo México en el Río Bacanuchi, en Sonora, en 2014.

A la lista de privilegios habrá que añadir uno más: el privilegio de contar con un cuerpo especial de seguridad que vigilará las instalaciones de las más grandes y jugosas compañías mineras, que en buena parte son extranjeras. El gobierno mexicano anunció la creación de la policía minera, hace apenas unas semanas y señaló que será un cuerpo de élite con elementos especializados quien proteja a las minas ante la delincuencia organizada.

Ante esto, surgen varias interrogantes ¿Por qué el gobierno mexicano usa recursos, de una institución de seguridad pública para proteger los intereses privados de las empresas mineras? ¿Es válido que miles de personas en el país vivan en constante riesgo ante la delincuencia por carecer de servicios efectivos de seguridad mientras la federación destina recursos a la protección de grandes empresas privadas?

Es necesario recordar que el sector minero está lejos de ser una actividad económica que impulse el desarrollo local y nacional. Pese a que México es uno de los principales productores de oro, plata y otros minerales a nivel mundial, los ingresos que el Estado Mexicano obtuvo de la minería de minerales metálicos y no metálicos representaron apenas 0.41% de la recaudación total por actividad económica para junio de 2020, y 0.52% en 2019. En términos de aportaciones específicas a impuestos, el ISR aportó a las finanzas públicas el 0.37% del total de los ingresos que recaudó el gobierno sobre este impuesto, mientras que en 2019 fue de 2.3%. En cuanto al IVA, tal como ha sucedido en otros años, resultó también en una erogación hecha por el gobierno, por devoluciones y estímulos que se dieron al sector: para junio de 2020 el IVA minero fue de -2.13%, mientras que para 2019 fue de -1.8%. En cuanto al PIB minero correspondiente a la exploración y extracción de minerales metálicos y no metálicos, este resulta inferior al 1% del PIB nacional.

Por su parte, la contribución de la minería al empleo es también mínima, las industrias extractivas aportan en su conjunto apenas el 0.62% de los empleos asegurados a nivel nacional, tal como lo establecen los registros de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para agosto de este año. Las empresas mineras, tanto nacionales como extranjeras, violentan derechos de las personas y comunidades, no contribuyen de manera sustantiva al desarrollo del país y ocasionan graves conflictos socioambientales. ¿Por qué entonces se continúa privilegiando esta actividad, ahora con un cuerpo especial de protección, si el desarrollo que aporta al país es ínfimo?

* Beatriz Olivera es investigadora en el programa de Territorio, Derechos y Desarrollo de @FundarMexico

(1) Ver Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública de 2019 y segundo trimestre de 2020, Anexos de finanzas públicas, disponibles en
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union

COMUNICADO
“Los dueños los ignoran, el gobierno de Canadá solapa y el de México calla”
03 noviembre del 2020.
La empresa minera canadiense Equinox Gold, en un alarde de soberbia, ilegalidad e impunidad, ha violado distintas cláusulas del Convenio de Colaboración y Contraprestaciones firmado desde 2019 con los ejidatarios de Carrizalillo, en el estado de Guerrero. Además de los incumplimientos, la empresa ha desatado una campaña que refuerza su ilegalidad, la cual incluye criminalizar a los dueños de las tierras donde se asienta su proyecto de despojo cuando los ejidatarios, haciendo uso de sus derechos escritos en el convenio, cerraron los accesos a la mina al mismo tiempo que la empresa minimiza la participación de los dueños de las tierras, hace señalamientos a personas específicas, obstaculiza el diálogo, así como la negociación, cerrándose a un diálogo en el que se presente sin prepotencia; así mismo mantiene una actitud negligente en donde es evidente el racismo, la discriminación, la intransigencia, la intolerancia y soberbia, propias de una política neocolonial. Todo eso incrementa el riesgo para la población porque es conocido el entorno de violencia en el cual se vive en el Estado.

Hoy se cumplen 60 días en que los ejidatarios de Carrizalillo cerraron el negocio de la empresa que se dedica a la extracción de oro y otros metales a cambio de la destrucción de más de mil hectáreas de territorio del ejido y de otras comunidades vecinas, pero todo indica que el ejido continuará cerrando las operaciones hasta que la empresa canadiense cumpla con un nuevo convenio que garantice nunca más caer en incumplimientos con el ejido en temas tan sensibles, como agua limpia, medicamentos, empleo, equipo y maquinaria, entre otros. Destacamos que, desde el 2007 la empresa minera canadiense Goldcorp asentada en esos tiempos en las tierras del ejido, también incumplió el contrato a tal grado que el cierre de las operaciones duró 83 días.

Equinox Gold se rehúsa a cumplir con un diálogo respetuoso, considerando e incorporando en la discusión las vivencias y problemas que sufre la población, además nos parece que opera en total ilegalidad frente a sus inversionistas a quienes no informa y les tergiversa la realidad del conflicto, incluyendo la omisión por parte del gobierno de Canadá, a través de la Embajada, quien no actúa con el fin de hacer que sus empresas cumplan con las leyes en un país extranjero y respeten los derechos humanos de la población con sus inversiones. Por otra parte, el gobierno mexicano tampoco presiona a la empresa para proteger a la sociedad mexicana contra el despojo, la violación a los derechos humanos y la ilegalidad que las empresas cometen en los territorios nacionales.

Detener las actividades de la mina sólo es posible gracias a la decisión de toda la comunidad que se apoya en el órgano de máxima autoridad que es la Asamblea Ejidal y la Asamblea General, quienes han tomado las decisiones sobre su territorio.

Desde hace muchos años la lucha del Ejido de Carrizalillo ha sido una escuela para muchos pueblos en resistencia contra el Modelo Extractivo Minero, por lo cual estamos agradecidos por los aprendizajes ahí generados y compartidos sobre la realidad que implican los daños ocasionados por la extracción de minerales en México, por lo tanto, nuevamente en estos momentos críticos para la población de Carrizalillo, nos vuelven a mostrar de forma contundente, la codicia de las empresas mineras en donde priorizan sus intereses económicos, pero nunca meten en su fórmula los costos sociales y económicos por la destrucción de las tierras, fuentes de agua y la salud comunitaria, ratificando que, para las empresas, la vida de la gente no importa, ni tienen el más mínimo respeto para sus procesos de toma de decisiones y organización colectiva.

La comunidad de Carrizalillo ha dicho estar mejor en su campamento que en su propio pueblo por estarse reencontrando y festejando desde su autodeterminación, su solidaridad y el cuidado mutuo. La REMA le envía saludos y abrazos fuertes de solidaridad en su lucha digna ante un modelo que roba, quita y destruye todo lo que encuentra en su camino.
RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA (REMA)

Habitantes de los poblados La Astilla y El Mameycito, en la zona limítrofe entre Jalisco y Colima, denunciaron que la minera pretende desalojarlos con ayuda de la policía
Instalaciones de la minera Peña Colorada. Foto: Especial
Por Pedro Zamora Briseño
31/10/2020
COLIMA, Col. (proceso.com.mx).– Representantes de comunidades indígenas de la Sierra de Manantlán denunciaron que los poblados La Astilla y El Mameycito, ubicados en la zona de conflicto limítrofe entre Jalisco y Colima, se encuentran desde hace más de un año bajo el asedio de la minera Peña Colorada, que pretende desalojarlos con apoyo policiaco del gobierno de la segunda entidad.

En una diligencia realizada en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) con motivo de la queja 609/2019, habitantes de esa región expusieron situaciones que consideraron violatorias de sus derechos por parte de la empresa, así como de los gobiernos del municipio de Minatitlán y del estado de Colima.

Inicialmente la queja había sido presentada el 28 de octubre de 2019 por la Red Jalisciense de Derechos Humanos (RJDH) ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pero este organismo determinó que el asunto es competencia de la CDHEC y le canalizó el expediente.

Después de pedir el informe a las autoridades señaladas como responsables, la comisión estatal citó a los quejosos a la audiencia de vista, donde el visitador Pedro Alejandro Mejía Chávez les dio a conocer el informe justificado rendido por el gobierno estatal y la Dirección de la Policía Estatal Acreditable (PEA).

A través de los documentos, el gobierno estatal negó que elementos de la PEA hayan participado en los actos violatorios de los derechos humanos señalados en la queja suscrita por el presidente de la RJDH, Óscar González Garí, quien fue exhortado a aportar más datos, como números de placas de circulación o números de identificación de las unidades policiacas que habrían participado en los hechos.

Los representantes de las comunidades estuvieron acompañados por el representante legal del Consejo Autónomo de Autoridades Nahuas “Tenamaxtla” de Ayotitlán (CAANTA), Fermín Flores Elías, y por el presidente del Frente Regional Pro Manantlán y Cuenca del Marabasco (Fremmar), Mario Ciprián Flores.

Durante la diligencia ante la CDHEC, el visitador Mejía Chávez preguntó a los asistentes si estaban de acuerdo con la respuesta de la autoridad señalada como responsable, a lo que aquellos expresaron su desacuerdo.

Mario Ciprián argumentó que las patrullas de la Policía Estatal de Colima habían ingresado hasta el crucero de Cerro Prieto, aproximadamente a un kilómetro de la comunidad La Astilla, y rememoró que estas incursiones han sido comunes en los últimos años, como cuando en 2007, en el contexto del conflicto limítrofe, fueron detenidos temporalmente siete ejidatarios de la comunidad Plan de Méndez por parte de agentes de la Procuraduría General de Justicia de Colima, sin que se abriera un expediente.

Fermín Flores leyó un documento dirigido al presidente de la CDHEC, Sabino Hermilo Flores Arias, en el que señaló que desde el año pasado las localidades nahuas de El Mameycito y La Astilla se encuentran amenazadas por el Consorcio Minero Peña Colorada, que “sentenció que los desalojaría, sin tomar en cuenta que los campesinos nahuas hace siglos habitan diversos poblados que forman parte del estado de Jalisco y de la Sierra de Manantlán”.

Añadió que, en febrero de 2020, la minera “empezó a hacer la tala a matarraza de las áreas forestales de ambas localidades y la apertura de caminos para maquinaria pesada”, con “apercibimientos por el personal minero a la población indígena de que no podrían seguir realizando las actividades en sus parcelas y potreros, lo que en conjunto representa un proceso de desplazamiento forzado y cuya atención y solución compete a instancias federales relacionadas con la expedición de permisos de cambio de uso de suelo, concesiones mineras, impactos ambientales, protección del ambiente, derechos agrarios, entre otros”.

Suscrito por pobladores de La Astilla y El Mameycito, así como de las organizaciones que los respaldan, el documento consideró necesario que la CDHEC se pronuncie sobre “las cuestionables y hostiles actuaciones de la Policía Estatal contra la población indígena y sobre los procedimientos amañados de las autoridades ministeriales estatalescontra indígenas asentados en el área de conflicto territorial entre los estados de Colima y Jalisco”.

Así también, pidió que se investigue “el impedimento por la fuerza de la realización de obras y prestación de servicios públicos a la población indígena en la zona en litigio por las autoridades del estado de Jalisco para imponer en su lugar obras y servicios por parte del estado de Colima con el fin de aparentar legalidad de la imposición de actos de autoridad en la zona de conflicto”.
https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2020/10/31/habitantes-de-la-sierra-de-manantlan-denuncian-asedio-de-minera-pena-colorada-251913.html

26/10/2020 | por Otros Mundos AC
La Escuela Popular Ejidal y Comunal, reunida en el Centro Ecológico Alter Natos los días 20 al 23 de octubre de 2020, los ejidatarios y ejidatarias, comuneros y comuneras de diversas regiones de Chiapas, analizamos la situación de nuestros núcleos agrarios que pretenden ser disputados por muchos megaproyectos que amenazan nuestros Ejidos y Bienes Comunales. Los proyectos mineros, las represas, las súper carreteras, los pozos petroleros, el fracking, los gasoductos, las plantaciones de palma de aceite, los aeropuertos, los puertos marítimos, el Tren Maya, en Canal Interoceánico, las refinerías, entre otros, se abalanzan como buitres tras nuestros territorios de vida.

Ya que el 65% del territorio chiapaneco es propiedad colectiva, ejidal y comunal, seguimos siendo un estorbo para los intereses y megaproyectos neoliberales que durante la pandemia pretendieron avanzar aprovechando el confinamiento de la resistencia. Sin embargo, estamos aquí de nuevo, resistiendo y construyendo futuro para nuestros pueblos. La unidad y la fuerza de los núcleos agrarios serán un ingrediente fundamental para la defensa de nuestros territorios.

Por ello, frente a la amenazas que vivimos los ejidatarios, ejidatarias, comuneros y comuneras, manifestamos que

Nos solidarizamos con los ejidatarios y ejidatarias del Ejido Carrizalillo, Guerrero, por su resistencia en la defensa de su territorio ante los abusos e incumplimientos de la empresa minera canadiense que contamina sus aguas, viola el contrato firmado y que de no cumplirlos, nos sumamos a las demandas del Ejido de que abandonen sus tierras y exigimos todavía más, que abandonen el país.
A las autoridades agrarias exigimos que en el Municipio de Oxchuc, Chiapas, aceleren el proceso de cambio de nuestras autoridades de los bienes comunales a través de la “mano alzada” de las 132 Comunidades respetando nuestros usos y costumbres, y no por medio de urnas violentando nuestros derechos como comuneros. Denunciamos que hemos agotado todas las instancias como la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional sin respuesta.
Exigimos la liberación de los compañeros ejidatarios César Hernández Feliciano y José luis Gutiérrez Hernández detenidos arbitrariamente durante una manifestación pacífica en el Crucero Temó, Chilón.
Exigimos al Presidente Municipal de Chilón que respete los derechos y la autonomía de la Asamblea General de los ejidatarios.
Exigimos la cancelación inmediata de la construcción del Cuartel de la Guardia Nacional en el Ejido San Sebastián, Bachajón, Chilón.
Exigimos a las autoridades competentes el reconocimiento del comisariado Vicente Silvano Gutiérrez del Ejido San Jerónimo, Bachajón.
La Voz del Pueblo de la Región Costa, Llanura y Sierra de Chiapas rechazamos la construcción de presas y minas en la región. Y exigimos el respeto a los territorios de los núcleos agrarios de la región.
Exigimos la anulación de la supercarretera que atravesará territorios de los núcleos agrarios del municipio San Juan Cancuc, entre otros.

¡BASTA DEL DESPOJO A LOS TERRITORIOS EJIDALES Y COMUNALES! ¡POR EL RESPETO A LA AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS! ¡POR TERRITORIOS LIBRES DE MEGAPROYECTOS NEOLIBERALES!

Área de Comunicación de
Otros Mundos A.C.
San Cristóbal de las Casas; Chiapas, México

19/10/2020
Imagen referencial

Agentes del Servicio Federal de Protección (SPF) de México formarán una nueva fuerza policial cuyo único propósito será mantener seguras las operaciones mineras del país.

La nueva corporación policíaca ya se desplegó el domingo en un importante complejo minero del norte del país.

“El crimen organizado se ha convertido en una amenaza para el sector minero. Este evento representa una esperanza de tranquilidad para los empresarios”, dijo el jefe de la corporación, Manuel Espino, durante un acto en la mina de oro La Herradura, donde fueron desplegados 120 oficiales.

La Herradura, de minera Fresnillo, se encuentra en el norteño estado Sonora y es considerada actualmente la principal productora de oro del país.

Los agentes estarán dedicados al resguardo de las instalaciones mineras y sus trabajadores, así como a la vigilancia del traslado de minerales en donde sea requerido por las empresas del sector.

Según el diario El País, en las próximas horas se espera el lanzamiento oficial del grupo, con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Economía y la Cámara de Minería de México todos involucrados en el evento.

Inicialmente, a la nueva fuerza se unirán 118 oficiales del SPF que recibieron capacitación especial sobre la seguridad de las operaciones mineras en setiembre. El plan es, eventualmente, contar con un equipo de al menos 1000 personas para satisfacer la demanda de las empresas mineras.

La decisión de centrarse en el sector minero sigue a incidentes recientes en los que bandas delictivas, normalmente relacionadas con los cárteles de la droga, entraron en varias operaciones y robaron cantidades considerables de oro y plata.

Entre los incidentes más recientes y notorios se encuentran el robo de abril en la mina de oro Mulatos de Minera Alamos también en Sonora, y el ataque de marzo a las minas del estado de Fresnillo en Sonora, con muy pocos detalles proporcionados por la Asociación de Mineros de Sonora. Solo cinco meses antes de este ataque, un camión que viajaba desde la mina Noche Buena de Fresnillo en Sonora fue atravesado por criminales armados que robaron entre USD 6 millones y USD 8 millones en barras doré.
Fuente: Reuters
https://www.mineria-pa.com/noticias/mexico-crea-nueva-fuerza-policial-para-proteger-operaciones-mineras/