26/05/2024
Durante la asamblea anual de accionistas de Fresnillo PLC, ejidatarios de El Bajío cuestionaron a los directivos del consejo de administración de la minera, entre ellos Alejandro Baillères, a quienes acusaron de mentir e incumplir las 67 sentencias que les ordenan devolver el oro extraído ilegalmente del desierto de Sonora
Texto y fotos: Alejandro Ruiz

LONDRES, REINO UNIDO. – Por segunda ocasión en la historia, un grupo de campesinos del ejido El Bajío encaró al consejo de Administración de Fresnillo PLC, presidido por el multimillonario Alejandro Baillères.

Los campesinos viajaron hasta Londres, Reino Unido, para exponer ante los accionistas de la minera el incumplimiento que la empresa ha hecho de 67 sentencias que la obligaron a abandonar la tierra de los ejidatarios de El Bajío, y a restituirles todo el oro que extrajeron ilegalmente del territorio, una suma que se estima en más de 347.6 millones de dólares.

Lo hicieron acompañados de las organizaciones Transform Trade, London Mining Network y ShareAction, las cuales vigilan el actuar de las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Londres para identificar graves violaciones a los derechos humanos cometidas por las empresas en los países donde desarrollan su actividad económica.

Ante el consejo de administración, Jesús Thomas, ejidatario del ejido El Bajío, reclamó contundentemente a la asamblea: “Ustedes sólo respetan la ley cuando les beneficia”. Y no parece estár equivocado.
Las omisiones en el reporte de Fresnillo PLC

En 2013, 67 campesinos de El Bajío demandaron a Penmont (minera filial de Fresnillo PLC) ante el Triunal Unitario Agrario número 28 de Hermosillo, Sonora. Acusaron despojo y daños ambientales causados por la invasión ilegal de su territorio para la explotación minera.

El juicio se resolvió en noviembre de 2014, y sentenció a la minera a abandonar el ejido y regresar el oro que extrajo ilegalmente a los campesinos. Desde ese año se han desprendido 67 sentencias, todas a favor de los ejidatarios, ratificadas desde ese mismo año. La minera no ha cumplido ninguna, pues aunque fue desalojada por la fuerza del territorio ejidal, no ha restituido el oro saqueado a los ejidatarios.

La muerte también ha llegado al ejido, pues desde que los ejidatarios de El Bajío emprendieron su lucha, les asesinaron a tres compañeros: Raúl Ibarra de la Paz, José de Jesús Robledo Cruz, María de Jesús Gómez Vega. También, desaparecieron a Noemí Elizabeth López Gutiérrez, y enfrentaron la detención arbitraria de 12 campesinos por órdenes de la familia de la exgobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

Actualmente, un grupo de exejidatarios asesorados por abogados cercanos a la minera y el crimen organizado demandó a otros integrantes de El Bajío.

Pese a esto, al ser cuestionados durante la asamblea del consejo de administración, los ejecutivos de Fresnillo PLC omitieron hablar de esto.

En la asamblea, Richard Solly, integrante de la London Mining Network, preguntó sobre el incumplimiento de las sentencias. La respuesta la dio el director ejecutivo de Fresnillo PLC, Octavio Alvídrez, y no el presidente de la compañía, Alejandro Ballères. Alvidréz respondió con vaguedades, enlistando algunas de las acciones sociales que la minera realiza en otras partes del país. Sobre el ejido El Bajío, Alvídrez solo lamentó “la división en dos grupos que pelean por intereses distintos”.

Ante esto, Solly reclamó: “Gracias por sus respuestas. Contestó cosas muy interesantes a preguntas que yo no hice. Yo me refería a tres juicios legales en específico que hay en contra de la compañía y de esos al menos uno, entiendo, no puede apelarse”.

Los juicios a los que hizo referencia Solly son el 188/2009, del 11 de noviembre de 2011; el 536/2013, del 9 de junio de 2014; y el 297/2019 del 26 de enero de 2022. Todos en materia agraria.

Además de esta pregunta, Solly cuestionó que Alvídrez respondiera, pues formalmente no es un miembro de la junta directiva de Fresnillo PLC. Alvídrez sólo respondió lo último:

“En la práctica, yo soy un miembro de la junta, aunque no tenga la nominación, participo activamente en todas las decisiones que la junta determina. Estoy considerado un miembro de la junta en términos prácticos».

Posterior a esto, Fiona Gooch, de la organización Transform Trade, cuestionó al consejo administrativo de Fresnillo PLC sobre el incumplimiento de las sentencias, además de inconsistencias en sus reportes financieros. De nuevo, Alvídrez respondió:

“Nosotros somos transparentes en todo ese sentido. Y, como mencioné, confiamos al 100 por ciento en que las autoridades llegarán a cualquier resolución final. Y, cualquiera que sea, nosotros la cumpliremos al 100 por ciento con esa resolución final. Así como lo hicimos cuando en 2013 le regresamos la tierra a los ejidatarios de El Bajío. Y debo mencionar algo en particular, porque no fue a todos los miembor sde El Bajío, sino a la familia Cruz”.
Octavio Alvídrez, director ejecutivo de Fresnillo PLC

La respuesta de Alvídrez, de nuevo, fue contradictoria. Jesús Thomas precisó en la misma asamblea:

“Hay un grupo de cuatro pesonas, y hay un grupo de 70 personas. Esa es la división; y las cuatro personas (los Cruz) están trabajando de la mano con los abogados de la empresa”.

Además de esto, otro dato que la minera no reconoce es que la restitución del oro que ordenan las sentencias no son hacia la familia Cruz, sino para la Asamblea del ejido El Bajío.

Sobre esto último, Octavio Alvídrez se limitó a resumir el conflicto a “diferentes puntos de vista”.
Fresnillo PLC miente a accionistas en Londres

De acuerdo con un reporte de S&P Capital IQ en posesión de Pie de Página, en 2022 Fresnillo PLC reportó que su mina de Soledad y Dipolos se encontraba operando, pero bajo el estado de mantenimiento y cuidado. Ese mismo año, la empresa reportó que el valor de sus reservas in-situ fue de 2 mil 811.9 millones de dólares.

Este reporte demuestra que, aún con las 67 sentencias en su contra, Fresnillo PLC sigue reportando ganancias en esta mina, aunque ya no opera más. Inclusive, en 2023 el área fue catalogada como Área Natural Protegida.

Esta información fue corroborada por Octavio Alvídrez a pregunta expresa de este reportero. Posteriormente, Fiona Gooch, de Transform Trade, cuestionó el por qué esto no aparece en los reportes anuales de Fresnillo PLC, y también por qué no aparece un monto designado para el cumplimiento de la sentencia.

La respuesta de Alvídrez, de nuevo, fue vaga: “Bueno, esa es su opinión, y yo no la discutiría. También tenemos una visión legal con un proceso legal departamental. Como mencioné antes, y lo seguimos haciendo, cumplimos el 100 por ciento de la normativa. No sólo lo que tenemos en México, sino los estándares internacionales también. Por supuesto que este proceso legal está en las regulaciones de México y nosotros cumplimos con eso al 100 por ciento”.

El contexto de esta pregunta, apuntó Gooch, es porque en la Asamblea General Anual, se comparten los datos administrativos de los activos de Fresnillo PLC, empresa que cotiza y obtiene beneficios de la Bolsa de Valores del Reino Unido. Omitir un reporte de esta naturaleza podría acarrear una sanción administrativa, e inclusive la expulsión de la Bolsa.
Las consecuencias: Fresnillo PLC en la mira

Desde tiempo atrás, los ejidatarios de El Bajío han impulsado una campaña para que el gobierno del Reino Unido sancione a la empresa de la familia Baillères. Esto, de acuerdo a Jesús Thomas, «es porque en México no nos hacen caso».

En su travesía, además de contar con el apoyo de las organizaciones ya mencionadas, los ejidatarios se reunieron con el político laboralista, Fabian Hamilton, miembro del Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento Británico, quien ya presentó ante las autoridades mexicanas una moción por el caso del ejido El Bajío.

Las autoridades mexicanas, sin embargo, no han hecho caso a esto, pues la ejecución de las 67 sentencias sigue en espera.

Además de esto, la Corporate Justice Coalition, una red de 68 organizaciones, comentó en entrevista que casos como este pueden ser sancionados por las leyes vigentes en el Reino Unido, ya sean en materia financiera, fiscal, o administrativa.

Aunado a ello, esta coalición, explicó su directora Eleonor Rosenbach, impulsa una nueva ley que permitirá sancionar penalmente a empresas con capital inglés o que coticen en los mercados financieros del Reino Unido si no respetan leyes ambientas y de respeto a los derechos humanos en los lugares donde operan.

De aprobarse, esta legislación podría traer consecuencias a empresas como Fresnillo PLC, que además de incumplir las sentencias en su contra, ha propiciado asesinatos, desapariciones y amenazas contra los ejidatarios que se oponen a la mina.

Actualmente la propuesta de ley cuenta con 120 mil firmas de personas que apoyan la iniciativa.

Alejandro Ruiz

Periodista independiente radicado en la ciudad de Querétaro. Creo en las historias que permiten abrir espacios de reflexión, discusión y construcción colectiva, con la convicción de que otros mundos son posibles si los construimos desde abajo.

Pescadores ayudaron a detener la minería submarina en Baja California, México, para preservar su lecho marino.
Laura Paddison 04(02/2024

Los pescadores locales ayudaron a detener la minería submarina frente a la costa de Baja California, México, en 2018 para resguardar su lecho marino, pero entonces se puso en marcha un oscuro proceso legal internacional.

Cuando apareció por primera vez, parecía una ciudad flotante. Durante meses, en el verano de 2012, el barco permaneció allí: una presencia imponente y confusa frente a la costa del Pacífico de Baja California Sur.

Florencio Aguilar estaba preocupado. Un extraño entre las olas era una amenaza. Como muchos otros habitantes de los pequeños pueblos pesqueros de San Juanico, Las Barrancas y otros del noroeste de México, Aguilar depende para su subsistencia de las langostas, pulpos y abulones que prosperan aquí. Sus aguas prístinas son también el hogar de tortugas marinas en peligro de extinción, un criadero de ballenas grises gigantes y un imán para los surfistas, que acuden aquí en masa para cabalgar algunas de las olas más largas del mundo.
Minera estadounidense demanda a México, por miles de millones, por proteger su propio lecho marino – Empresa-minera-1Surfistas en San Juanico, uno de los lugares con las olas más largas del mundo. Foto: Laura Paddison/The Guardian.org

Aguilar tachó las posibilidades: el enorme barco no era uno de los buques de investigación que bordean la costa de Baja California para estudiar la rica vida marina, y no se parecía a uno de los grandes buques pesqueros que a veces vienen a recoger camarones.

La noticia le llegó a través de unos compañeros pescadores. El barco pertenecía a la empresa Odyssey Marine Exploration, con sede en Florida, que había obtenido una concesión en una enorme zona del fondo marino mexicano para extraer fosfato, ingrediente clave de los fertilizantes comerciales.

Aguilar estaba horrorizado. El proyecto, que podría suponer el dragado durante 50 años, se solapaba directamente con la concesión pesquera de la cooperativa Puerto Chale, una alianza que él dirige de más de 120 pescadores cuyas familias han vivido de estas aguas durante generaciones. “El dragado constante acabaría con la vida marina y con toda la vida de nuestro sector pesquero”, afirma Aguilar.

El descubrimiento fue sólo el principio, el detonante de años de desorganización mientras Aguilar y la cooperativa luchaban contra una mina que consideraban una amenaza existencial. Hubo airadas reuniones públicas, acusaciones de corrupción, llamamientos al presidente mexicano.

Por fin, seis años después, en 2018, el gobierno mexicano clausuró la mina porque los posibles impactos medioambientales serían demasiado perjudiciales. Aguilar y la comunidad lo celebraron. Por una vez, su historia parecía contradecir la tendencia de las empresas mineras a pisotear a las pequeñas comunidades que se interponen en su camino.

Pero Odyssey tenía un as bajo la manga.

En 2019, demandó a México. Para ello, utilizó una oscura herramienta del derecho internacional llamada solución de controversias inversor-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés), que permite a las empresas eludir los tribunales nacionales. De repente, el destino de esta mina en el fondo del mar importaba mucho más allá de esta costa bordeada por el desierto. La demanda de Odyssey había abierto una ventana a un sistema jurídico opaco, con el poder de debilitar fatalmente la capacidad de los países para proteger su propio medio ambiente, justo cuando el mundo se tambalea al borde del colapso climático y de la biodiversidad.

La empresa

Irónicamente, teniendo en cuenta el impacto que podría acabar teniendo en la minería mundial, Odyssey nunca ha explotado una mina. Sus orígenes se remontan a un tipo muy distinto de extracción de los fondos marinos: se creó en 1994 como empresa de caza de embarcaciones naufragadas.

“Odyssey dirigió su atención a una nueva industria: el mundo potencialmente lucrativo de la minería de los fondos marinos”.

Los dos fundadores, Greg Stemm, expublicista, y John Morris, expromotor inmobiliario, ya tenían una larga trayectoria en el negocio. Ese mismo año, se enfrentaban a acusaciones de fraude y uso de información privilegiada en relación con su anterior empresa, por haber falseado el valor de un naufragio en los Cayos de Florida. (En 1997 superaron con éxito las acusaciones).

La década siguiente la pasaron rastreando el océano en busca de naufragios más valiosos, y en 2007 dieron con el premio gordo: 17 toneladas de monedas de plata y oro, valoradas en cientos de millones de dólares, halladas en un naufragio de la costa portuguesa del Algarve. Odyssey bautizó el barco como Cisne Negro, sacó las monedas a la superficie, las cargó en cubetas de plástico y las llevó en avión a Florida.

España protestó. Dijo que el Cisne Negro era una de sus fragatas, hundida por los británicos en 1804 con más de 200 tripulantes, y afirmó que el tesoro pertenecía legalmente a España. En 2012, los tribunales estadounidenses le dieron la razón, obligando a Odyssey a devolver las monedas y a pagar un millón de dólares (17 millones 147 mil pesos) a España en lo que un juez calificó como “una campaña centrada en la mala fe, engaño y fraude que impregnó este litigio desde el principio”.

A medida que aumentaban los riesgos de la caza de naufragios, las leyes eran más estrictas y los inversores disponían de menos dinero, Odyssey centró su atención en una nueva industria en la que podía aprovechar sus especializados conocimientos oceánicos: el mundo potencialmente lucrativo de la minería de los fondos marinos.

El periodista

Cuando los rumores sobre la mina submarina de Odyssey llegaron por primera vez a oídos de Carlos G. Ibarra, periodista residente en La Paz, capital de Baja California Sur, sospechó de inmediato.

Sentado en un concurrido bar frente al mar en La Paz en una sofocante tarde de septiembre, Ibarra explica que ha vivido toda su vida a la sombra de las minas. Pasó su infancia en un pueblo salinero y su carrera adulta como reportero, cubriendo el impacto de las empresas mineras aquí.

Al principio, los rumores eran vagos. No sabía exactamente dónde se ubicaría la mina submarina, ni nada sobre la empresa. Entonces leyó un informe para inversores que disparó su curiosidad.

Escrito en 2013 por Ryan Morris, fundador del fondo de cobertura estadounidense Meson Capital, el informe era muy crítico. Morris afirmaba que, desde el año 2000, los ejecutivos y directivos de Odyssey habían recibido 20 millones de dólares (342 millones 947 mil pesos) en compensaciones en efectivo, pero habían registrado pérdidas por valor de 180 millones (3 mil 86 millones 530 mil pesos). “Creemos que el propósito de (Odyssey) es servir de vehículo para que sus integrantes vivan una vida de glamour cazando en el océano mientras sus decepcionados inversores pagan las factura”, concluía el informe.

Un portavoz de Odyssey rechazó el informe por contener “errores de hecho, información incompleta y conclusiones erróneas”. Pero para Ibarra fue una señal para seguir indagando. Se puso en contacto con Aguilar, que le instó a seguir investigando el proyecto minero. Ibarra habló entonces con funcionarios del gobierno y comprobó los permisos que Odyssey había solicitado.

Descubrió que la empresa había obtenido una concesión a 50 años sobre casi 270 mil hectáreas de lecho marino a través de una filial mexicana, Exploraciones Oceánicas. Cuando Odyssey declaró entonces que había encontrado uno de los yacimientos de fosfato más importantes del mundo, más de 580 millones de toneladas, suficientes, según la empresa, para satisfacer la mayor parte de las necesidades de fertilizantes de Norteamérica durante 100 años, a Ibarra se le encogió el corazón y empezó a escribir sobre ello para cualquiera que quisiera publicarlo.
Minera estadounidense demanda a México, por miles de millones, por proteger su propio lecho marino – Empresa-minera-2Orgullosos de la costa que les ha alimentado durante generaciones, los habitantes de San Juanico limpian la playa. Foto: Laura Paddison/The Guradian.org

La mina

Ibarra sabía perfectamente cómo se iba a presentar la mina a la comunidad. La narrativa empresarial de los proyectos extractivos tiende a seguir un camino trillado: el recurso desempeña un papel vital para la humanidad, su explotación beneficiará a la comunidad local y no habrá daños medioambientales permanentes.

Odyssey no fue diferente. Afirmaba que el fertilizante garantizaría la autosuficiencia alimentaria de México y prometía puestos de trabajo y millones de dólares para México a través de los ingresos fiscales y el desarrollo económico.

La empresa también tenía un argumento medioambiental. La mayor parte del fosfato se extrae arrasando tierra. Extraerlo de debajo de las olas sería más sostenible.

“Ningún proyecto de extracción de fosfato en el fondo del mar ha salido adelante. Nueva Zelanda rechazó una propuesta similar”.

La empresa explicó que sus grandes buques dragarían el fondo marino, separarían el fosfato en cubierta y bombearían el material no deseado que, según dijo, estaría compuesto por sedimentos “inalterados” de vuelta a los surcos del lecho marino.

A diferencia de la minería de aguas profundas, que consiste en extraer minerales a 6 km de profundidad en aguas internacionales, esta mina se ubicaría en las aguas menos profundas de la plataforma continental de México. Este tipo de minería de fondos marinos se presenta a veces como preferible desde el punto de vista medioambiental porque las aguas costeras se conocen mejor que las profundas.

Pero, aunque las aguas menos profundas carezcan de los misterios de las llanuras abisales del océano, albergan frágiles ecosistemas rebosantes de vida.

Odyssey declaró a The Guardian que los proyectos de explotación minera de fondos marinos pueden “ofrecer una oportunidad limpia, sostenible y económica de obtener minerales muy necesarios”, y que el proyecto “emplearía medidas exhaustivas para limitar el impacto ambiental”.

Sin embargo, algunos expertos afirman que nadie sabe a ciencia cierta qué efectos podrían tener las columnas de sedimentos que se levantan al dragar, ni el ruido, ni cuántos organismos podrían ser absorbidos junto con el fosfato. Tampoco saben con qué rapidez pueden repararse los fondos marinos costeros.

Nunca se ha llevado a cabo ningún proyecto de extracción de fosfato en el lecho marino. En 2015, la Autoridad de Protección del Medio Ambiente de Nueva Zelanda rechazó una propuesta similar por considerar que causaría “efectos adversos significativos y permanentes”. Más recientemente, los intentos en Namibia se han estancado en medio de una fuerte oposición.

“La minería siempre destruirá parte de un hábitat”, afirma Laura Kaikkonen, científica marina de la Universidad de Helsinki que ha investigado la minería en aguas poco profundas. “No es una solución fácil obtener minerales sólo porque sea en zonas poco profundas”.

Aguilar va más allá. En un somnoliento domingo de septiembre en Las Barrancas, sentado en una construcción de hormigón adosada al lateral de una casa, con las gafas de sol bien metidas en su camisa morada clara, explica que detener la mina es una cuestión de supervivencia.

“Tenemos una gran masa de agua en la península, y cuando se envenene, porque así es como lo describimos, obviamente se acabarían los ingresos de la pesca y el progreso”, afirma.

Odyssey dijo que las referencias al envenenamiento eran “incorrectas”, y que las operaciones mineras “no interferirían con las operaciones pesqueras”. También señaló el apoyo de otras organizaciones pesqueras regionales.

Pero, durante la última década, Aguilar y la cooperativa se han negado a dar marcha atrás, luchando contra la mina en consultas públicas y reuniéndose con el presidente, Andrés Manuel López Obrador, con pancartas de protesta cuando visitaba la región.

Ha sido un camino accidentado. En 2014, Odyssey señaló a Aguilar e Ibarra en una denuncia penal, algo que Ibarra descubrió cuando leyó un artículo en el periódico El Sudcaliforniano, por parte de un representante de la filial de Odyssey, Exploraciones Oceánicas. Los llamó “pseudoambientalistas” y los acusó de extorsión y de “atentar contra el consumo y la riqueza natural” por resistirse a la mina, delitos que pueden acarrear penas de hasta 10 años de cárcel.

“Dijeron que éramos los culpables de su no aprobación y de una pérdida financiera de millones de dólares”, afirma Aguilar.

“Era una estrategia de intimidación”, añade Ibarra.
Minera estadounidense demanda a México, por miles de millones, por proteger su propio lecho marino – Empresa-minera-3Miembros de la cooperativa pesquera de Puerto Chale se reúnen para luchar contra la amenaza de la mina. Foto: Laura Paddison/The Guardian.org

Un portavoz de Odyssey declaró que “emprendió las acciones legales oportunas para defenderse de un intento de extorsión”, y que no pretendía “intimidar ni disuadir a la oposición al proyecto”. Tanto Aguilar como Ibarra rechazan enérgicamente las acusaciones de extorsión y, aunque finalmente se les comunicó que no se interpondría ninguna demanda, en el caso de Ibarra la tensión le hizo abandonar prácticamente el periodismo durante años.

Pero durante un tiempo, el calvario pareció haber merecido la pena. Dos veces el gobierno mexicano rechazó el permiso minero, una en 2016, y otra, definitivamente, en 2018, diciendo que la mina “pretendía dragar ininterrumpidamente el fondo marino” de un lugar “que constituye un tesoro natural y de suma importancia para México y el mundo”.

“Nos sentimos muy satisfechos”, dice Aguilar, pero añade: “Sabíamos que era sólo un descanso y no la victoria total”.

No le faltaba razón. En 2019, Odyssey demandó al propio México por miles de millones de dólares: los hipotéticos beneficios futuros de la mina.

El caso

ISDS (solución de controversias inversor-Estado) es un acrónimo tan insulso que casi parece deliberado, teniendo en cuenta el poder que ostenta. La descripción más benigna es la de un sistema que ofrece a las empresas una forma de protegerse si el país donde operan hace algo que perjudique su inversión.

Sus defensores afirman que el ISDS, que no es una ley única, sino un sistema establecido a través de cláusulas en más de 3 mil acuerdos comerciales y tratados de inversión, es beneficioso para todos, ya que tranquiliza a las empresas a la vez que incentiva la inversión en los países en desarrollo. Pero otros creen que se ha convertido en un proceso legal hermético que permite a las empresas pasar por encima de las leyes medioambientales, climáticas y de derechos humanos de los países.

Es “el salvaje oeste del derecho internacional”, afirma George Kahale III, abogado especializado en arbitraje internacional y presidente del bufete Curtis de Nueva York.

En el caso de Odyssey, la empresa alegó que México había vulnerado sus derechos en virtud del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) al tomar lo que calificó de decisión políticamente motivada de rechazar la mina, haciendo caso omiso de las pruebas científicas. Afirmó que se había destruido el valor de su inversión, así como sus beneficios futuros, y exigió 3 mil 540 millones de dólares (60 mil 702 millones de pesos), que posteriormente se redujeron a 2 mil 360 millones de dólares (40 mil 468 millones de pesos).

El proceso de las demandas ISDS es opaco. Las audiencias no se celebran en los tribunales, sino en salas de reuniones de, por ejemplo, el Banco Mundial, centros de conferencias u hoteles. Las reclamaciones las decide un panel de tres árbitros: uno elegido por la empresa, otro por el Estado y otro de mutuo acuerdo. Las decisiones no pueden apelarse, sólo anularse en circunstancias muy limitadas.

Kahale lo califica como una “caricatura de sistema jurídico” que ha sido “interpretado sistemáticamente de forma más expansiva en contra de los países receptores de la inversión a favor de los inversores”. (Recientemente, el Gobierno mexicano le ha encargado que le ayude con las demandas ISDS, pero no está implicado en el caso de Odyssey).

Desde la década de 1990, el volumen de estos casos se ha disparado. Según Jen Moore, miembro asociado del grupo de reflexión estadounidense Institute for Policy Studies, aproximadamente el 60% de las demandas las presentan empresas con sede en países ricos, sobre todo Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental, contra países de bajos recursos. Una cuarta parte de todas las demandas conocidas han sido presentadas por empresas petroleras, gaseras y mineras.

Además de proteger a las empresas de la expropiación física de sus activos, estos tratados de comercio e inversión también las protegen de la “expropiación indirecta”. Las empresas suelen recurrir al ISDS cuando un país rechaza sus proyectos por amenazar los derechos humanos, el clima o el medio ambiente.

“Las empresas mineras a menudo ni siquiera han sido capaces de poner una pala en el suelo, pero luego presentan estas demandas escandalosas”, dice Moore. Lo llama “minería para obtener beneficios a través del arbitraje”.

“Las empresas están ganando. En 2016, un tribunal de arbitraje condenó a Venezuela a pagar mil 200 millones de dólares (20 mil 577 millones de pesos) más intereses”.

A medida que ha aumentado la frecuencia de las demandas, también lo han hecho las cuantías. El caso de Odyssey, donde una inversión relativamente pequeña ha dado lugar a una reclamación de más de 2 mil millones de dólares (34 mil 294 millones de pesos), ya no es anormal, dice Kahale. Algunas empresas de inversión incluso financian a empresas para que lo hagan, a cambio de una parte de la indemnización: La propia demanda de Odyssey está siendo financiada por el fondo de cobertura Poplar Falls.

Y las empresas están ganando. En 2016, un tribunal de arbitraje ordenó a Venezuela pagar mil 200 millones de dólares (20 mil 577 millones de pesos) más intereses, una cantidad enorme para un país que se enfrenta a la crisis, a una empresa minera canadiense, Crystallex, después de que Venezuela denegara los permisos para una mina de oro en una reserva forestal nacional, alegando preocupaciones por el medio ambiente y los pueblos indígenas. Crystallex alegó que Venezuela había expropiado la mina.

Este tipo de cosas provocan un “escalofrío político”, afirma Moore. En Guatemala, por ejemplo, las solicitudes de libertad de información al parecer mostraron que el gobierno citaba la amenaza de procedimientos ISDS como razón para no suspender otra mina de oro de propiedad canadiense, a pesar de que los grupos de derechos humanos decían que violaba los derechos indígenas.

En estos casos, la mera amenaza de arbitraje puede servir de “palanca política”, afirma Carla García Zendejas, del Centro de Derecho Ambiental Internacional (Ciel).

Odyssey afirmó que sus procedimientos de arbitraje “no son oscuros ni secretos” y añadió que no ha utilizado el arbitraje como “amenaza” ni para ejercer presión política. “Odyssey utilizó la única herramienta que le quedaba disponible para intentar hacer frente a la acción ilegal de México y proteger su importante inversión en México y los intereses de sus accionistas”, afirmó la empresa.

Sin embargo, para muchos expertos, la ISDS no podría ser más oscura y secreta. Los procedimientos son literalmente a puerta cerrada, señala Moore. “El arbitraje es algo esotérico” para la mayoría de la gente, señala, al tiempo que proporciona “una forma conveniente de ocultar el hecho de que una empresa está tratando de doblarle la mano al gobierno”.

La comunidad

Para Aguilar, el ISDS también significa dejar fuera a comunidades locales como la suya. La cooperativa de Puerto Chale lo descubrió cuando, con la ayuda de Ciel, pidió testificar ante el panel del ISDS sobre cómo les afectaría la mina. Su petición fue rechazada en diciembre de 2021 por la mayoría del panel, dos personas, que dictaminó que la cooperativa “no tenía un interés significativo” en la disputa porque Odyssey busca una compensación, no un nuevo permiso.
Minera estadounidense demanda a México, por miles de millones, por proteger su propio lecho marino – Empresa-minera-4El gobernador del estado de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, habla en rueda de prensa de su batalla contra Odyssey. Foto: Laura Paddison/The Guardian.org

El árbitro discrepante, el abogado medioambiental Philippe Sands, emitió un duro reproche a la decisión, calificándola de “profundamente lamentable” y escribiendo que “sólo serviría para debilitar las percepciones en cuanto a la legitimidad de estos procedimientos”. “Nos sentimos desprotegidos”, afirma Aguilar.

Zendejas señala que es habitual que las comunidades donde se ubican los proyectos no tengan voz en los procedimientos. “Es un sistema en el que las comunidades no son bienvenidas”. Añade que nada impide que Odyssey y México discutan un acuerdo que podría dejar la puerta abierta a una segunda revisión del permiso minero.

El futuro

Lo que está ocurriendo en Baja California Sur se sigue de cerca en otras partes del mundo.

A casi 8 mil kilómetros de distancia, en el Pacífico Sur, el gobierno de la isla de Cook ha concedido una licencia de exploración a una empresa llamada CIC para que investigue la extracción de nódulos similares a la papa que contienen cobalto y otros metales utilizados en la economía ecológica.

Odyssey es inversor en CIC y recibe una remuneración por los servicios que presta. ¿El fundador de CIC? Greg Stemm, de Odyssey.
Una idílica escena en San Juanico, en la costa noroeste de México, pero ¿qué nos depara el futuro?

Algunos defensores del medio ambiente temen que las Islas Cook se muestren reacias a rechazar una futura mina en el fondo marino por miedo a una demanda multimillonaria como la de Odyssey en México. “Se trata de una empresa a la que se denegó un permiso medioambiental para explotar una mina en México y ahora nos demanda”, afirma Kelvin Passfield, de Te Ipukarea Society, una organización medioambiental sin fines de lucro de las Islas Cook.

La demanda de Odyssey en México “es una advertencia”, sostiene Duncan Currie, abogado internacional de la Deep Sea Conservation Coalition. Afirma que los países que conceden permisos de exploración de los fondos marinos, sobre todo a empresas que ya han demandado a otros países por miles de millones de dólares, se están poniendo en peligro a sí mismos. “Mientras que algunos países ven la minería marina como una fuente potencial de riquezas, creo que estos son realmente buenos ejemplos de que los países deben andarse con mucho cuidado”.

“El ISDS eleva los derechos de las corporaciones por encima de los de los gobiernos soberanos”.

Una forma en que pueden protegerse es rechazando todo el sistema de arbitraje internacional, argumenta Moore.

Pakistán, Ecuador y Bolivia son algunos de los países que han empezado a rescindir acuerdos con disposiciones ISDS. Sin embargo, hacerlo puede ser un proceso complicado. “El mito de que los acuerdos internacionales de inversión son necesarios para atraer inversión extranjera directa sigue siendo fuerte”, afirma.

La cláusula ISDS también fue eliminada entre Canadá y Estados Unidos en el NAFTA renegociado (ahora llamado USMCA o TLCAN en México) que entró en vigor en julio de 2020. Chrystia Freeland, entonces ministra canadiense de Asuntos Exteriores, dijo entonces que este era uno de los logros de los que se sentía más orgullosa: “El ISDS eleva los derechos de las corporaciones por encima de los de los gobiernos soberanos. Al eliminarlo, hemos reforzado el derecho de nuestro gobierno a regular en interés público, para proteger la salud pública y el medio ambiente”.

Las disposiciones del ISDS siguen existiendo entre Estados Unidos y México en el acuerdo renegociado, pero son más limitadas: los casos relacionados con el petróleo, el gas y el transporte pueden ir directamente al ISDS, pero otros deben pasar primero por los tribunales nacionales. Sin embargo, las disposiciones del ISDS siguen presentes en muchos otros acuerdos comerciales firmados por México, como el firmado con Canadá.

Según un cálculo reciente, México se enfrenta actualmente a más de 11 mil millones de dólares (188 mil 621 millones 180 pesos) en demandas ISDS.

Para quienes han pasado años luchando contra la mina, es un juego de tiempo. Ibarra ha vuelto a dedicarse al periodismo, investigando a las empresas mineras y los megaproyectos turísticos que surgen en Baja California Sur.

Mientras tanto, los pescadores que han pasado la última década temiendo a la mina siguen levantándose todos los días a las 5 de la mañana. En la amplia playa de arena de San Juanico, las luces oscilan en la oscuridad mientras hombres con linternas rodean un pequeño barco pesquero, cargando trampas para langostas, checando el motor, arreglando la radio. Cuando están listos, un camión arrastra el barco hacia el océano, rugiendo en el tranquilo amanecer. Esperan la ola adecuada, empujan el barco hacia el oleaje y se dirigen a toda velocidad hacia el lugar exacto donde Odyssey quería explotar la mina.
Minera estadounidense demanda a México, por miles de millones, por proteger su propio lecho marino – Empresa-minera-5Martín Guadalupe Trasviña, pescador de la cooperativa San Juanico Surf. Foto: Laura Paddison/The Guardian.org

La gente de aquí está de acuerdo en que Baja California Sur necesita desarrollo: mejores carreteras, electricidad más estable, mejor atención a la salud. Pero la mayoría no cree que vayan a beneficiarse de una mina que consideran una amenaza para la pesca y el turismo, el sustento de la región.

“Renunciar a todo por un proyecto que sólo traerá destrucción, que enriquecerá a unos pocos y empobrecerá a miles de familias y a las generaciones futuras…”, la voz de Aguilar se va desvaneciendo.

Si Odyssey consigue una segunda revisión del proyecto minero, afirma que están dispuestos a seguir luchando. “Levantaríamos a toda la gente en toda la península para organizar un liderazgo de punto a punto, y en absoluta oposición”.

“No sé qué haríamos en el mar, pero tendríamos que hacer algo para mantenernos firmes”.

Traducción: Ligia M. Oliver
inforema.mexico@gmail.com

Un saguaro en el crepusculo en el Ejido el Bajío, septiembre 2023. Fotografía Giuliano Salvatore – Fundación Bajío.
Reportaje • Dawn Marie Paley • 13/10/2023
Nubes de espárragos e hileras de naranjos y olivos bordean la estrecha carretera que parte hacia el norte desde la ciudad de Caborca, Sonora, en dirección a Puerto Peñasco, ciudad en la costa del Pacífico. Las hojas verdes emergen del desierto debido a los profundos pozos de agua perforados para las granjas destinadas a la venta de frutas y verduras en el mercado estadounidense.

En una parada casi escondida cerca de un restaurante tipo palapa que vende camarones frescos con chile y limón, nos desviamos hacia un accidentado sendero de arena. Atascarse allí es tan fácil como en una gran tormenta de nieve, el polvo vuela mientras las llantas se hunden. Al comenzar a subir una cuesta que se aleja de la costa, el Golfo de California surge turquesa, y el sendero de arena, apenas visible, se adentra en el desierto. Un atardecer fucsia teñido de rayas color mandarina llena el horizonte contra un cielo azul cada vez más profundo.

Poco a poco, la silueta plana de un cerro minado aparece ante nosotros y, en la luz menguante, alcanzamos a ver maquinaria averiada, edificios abandonados y una serie de enormes letras que tiempo atrás decían «Fresnillo», el nombre de la empresa que se enriqueció con el oro extraído de esos cerros.

La tarde es increíblemente hermosa, el silencio casi total, sólo interrumpido por el zumbido grave de un generador. Los aproximadamente quince periodistas y activistas que hicimos el viaje para conocer el Ejido El Bajío hablamos en voz baja entre nosotros mientras empiezan a aparecer las estrellas y el fuerte calor vespertino por fin empieza a ceder.
Un conflicto minero en el seno de la comunidad

El Ejido el Bajío fue fundado en 1971 mediante un Decreto Presidencial; los 75 miembros fundadores eran hombres -en su mayoría indígenas- de los estados del sur del país que vinieron al norte para trabajar en campos agrícolas . En la década de 1980, el ejido quedó prácticamente abandonado debido a la falta de agua y a la dificultad para trabajar la tierra. Pero algunos de los propietarios regresaron y se establecieron en un pueblito llamado El Saguaro, trabajando parte del año como jornaleros en plantaciones de Baja California y volviendo una y otra vez a la tierra que habían aprendido a amar.

Nuestro grupo fue invitado al ejido, que abarca más de 19,000 hectáreas, para conocer mejor la lucha en defensa de estas sensibles tierras desérticas. Era la primera vez que los comuneros recibían a una delegación. En años anteriores, la situación era muy tensa y no había condiciones para que gente de fuera visitara el área, ni para que los propios pobladores transitaran con seguridad. El conflicto se debía a la presencia de grandes empresas de extracción de oro, en particular la minera mexicana Penmont filial de Fresnillo PLC, con sede en Londres.

En 1997, una mina de oro a cielo abierto llamada La Herradura inició sus operaciones en el límite de las tierras del ejido. Diez años más tarde, Penmont empezó a imponerse en el ejido, ofreciendo pagos únicos a los propietarios de tierras ejidales a cambio de operaciones industriales, colinas huecas y toneladas de residuos tóxicos. Cuando los ejidatarios que conocí se referían a «la mina», era una forma abreviada de referirse no sólo a la devastación ambiental, sino al sistema de fuerzas estatales, federales y paramilitares que aterrorizó a la comunidad durante años.

Aunque al principio algunos ejidatarios aceptaron las condiciones de la empresa, el grueso de la asociación estaba en contra del extractivismo a gran escala. Empezaron a usar los juzgados y tribunales locales para hacer valer sus derechos legales como propietarios de tierras. Lo más sobresaliente es que empezaron a ganar. Para 2014, los ejidatarios habían ganado más de 67 fallos a su favor. Entre ellos hubo una serie de sentencias históricas que ordenaban a la empresa devolver todas las ganancias obtenidas ilegalmente a los legítimos propietarios de las tierras.

A medida que avanzaban en su defensa ante los tribunales y mediante acciones de protesta, empezaron a vivir la persecución de una forma muy intensa. Grupos de ejidatarios fueron detenidos en dos ocasiones y encarcelados bajo acusaciones falsas. Guardias armados, policías mineras, policías federales militarizados y soldados se volvieron figuras permanentes en el remoto territorio.

En 2021, un ex-presidente ejidal y su pareja fueron asesinados en Puerto Peñasco y una lista con los nombres de los demás ejidatarios fue clavada en sus cuerpos. En total, cuatro ejidatarios han sido asesinados y dos han desaparecido desde que empezaron a confrontar los poderosos intereses en sus tierras. Hay mucho en juego: Fresnillo PLC, vinculada a algunos de los políticos y empresarios más poderosos del país, declaró ganancias de 436 millones de dólares por sus operaciones en el Ejido El Bajío entre 2010 y 2013.
La tranquilidad vuelve al desierto

Hace tres años se detuvo la actividad minera en el ejido, y desde 2021 la situación empezó a calmarse, aunque los propietarios siguen recibiendo amenazas. No hay agua disponible en el ejido, y la mayoría de los comuneros que aún permanecen en la zona viven en El Saguaro. Un puñado de ejidatarios ha establecido una serie de campamentos permanentes alrededor de las principales vías de acceso a la mina para supervisar todo el tráfico que entra y sale de su territorio.

Erasmo Santiago Santiago y su compañera Margarita López viven en la comunidad desde el año 2000. Criaron a sus hijos en El Saguaro y han vivido la mayor parte de los últimos diez años en un campamento de vigilancia junto a una de las piletas de lixiviación que dejaron los mineros. López, quien es una mujer ñuu savi originaria de Oaxaca, ahora sabe cómo utilizar muchas de las plantas del desierto para curar, y Santiago es un ejidatario que, tras pasar casi dos años en prisión, se ha convertido en uno de las portavoces más visibles del ejido.

Mientras conversamos, una de sus sobrinas llega en una camioneta con sus dos hijas chiquitas. El aceite salpica sobre la cocina de leña donde su otra hija prepara huevos para el desayuno. Compran provisiones y traen agua y hielo de Peñasco, y cuidan meticulosamente todo lo que tienen. Su campamento está hecho de lonas y tubos de plástico negro y una habitación portátil que la empresa dejó abandonada. Su única fuente de electricidad es una batería de automóvil conectada a un panel solar, donde todos cargan sus teléfonos.

Tras años de asedio por parte de las fuerzas empresariales y militares, López y Santiago empiezan a soñar con un futuro diferente para el ejido, basado en mantener intacto el ecosistema local e invitar a visitantes con conciencia ecológica a explorar el ejido.
El declive del berrendo sonorense

Nuestra llegada ocurrió justo después de que se formalizara el reconocimiento oficial de una parte del ejido como zona federal protegida. El 30 de agosto de 2023, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de México certificó casi 2,500 hectáreas del ejido como área de conservación voluntaria, lo que prohíbe otros usos de la tierra durante al menos 15 años.

«Aquí es una zona de transición… De lluvia estamos hablando de 100 a 120 mililitros al año», dijo el biólogo Federico Godínez Leal, que anteriormente trabajó como director de la cercana Reserva de la Biósfera de El Pinacate. «Lo que pasa es que ayuda mucho el mar, la neblina, la brisa marina, ayuda bastante». Estas condiciones son clave para explicar la biodiversidad única de la zona.

Para un ojo inexperto, observar la vida en el desierto es todo un reto. Incluso con la ayuda de nuestros guías, muchas de las criaturas de este entorno son difíciles de ver, pues se esconden en cuevas, se confunden con la arena o crecen en los pliegues entre las rocas prehistóricas.

Entre ellas está el berrendo sonorense, un animal parecido al ciervo con cuernos arqueados hacia adentro que es conocido como el mamífero más rápido de Norteamérica. Pueden correr a casi 100 kilómetros por hora, y son tan difíciles de detectar que a veces se les llama «fantasmas del desierto». Por si fuera poco, los berrendos sonorenses tienen un segundo superpoder: no se les ha visto beber agua.

En cambio, en invierno, se hidratan comiendo pequeñas flores desérticas que aparecen en los diminutos y efímeros brotes que surgen tras la lluvia. Durante la mayor parte del resto del año, los berrendos de Sonora obtienen el agua que necesitan comiendo el espinoso cactus cholla.

Están clasificados como especie en peligro de extinción en Estados Unidos desde 1967, y en México desde 1984. Durante miles de años, mucho antes que existieran México o Estados Unidos, los berrendos sonorenses solían andar libremente por el Desierto de Sonora. No es exagerado decir que lo han pasado muy mal y que su propia supervivencia está entrelazada con los aspectos más crueles de la modernidad.

El berrendo sonorense fue expulsado de California por la caza, la ganadería y la pérdida de su hábitat. Casi la mitad de su territorio en Estados Unidos está hoy ocupado por el Complejo Barry M. Goldwater, donde los pilotos de combate de las Fuerzas Aéreas gringas «afinan sus habilidades» lanzando incluso munición activa (las Fuerzas Aéreas afirman que se aseguran que no hay berrendos antes de bombardear).

Para colmo, grupos ecologistas e integrantes de la nación Tohono O’odham han alertado sobre la amenaza que representa la construcción del muro fronterizo para los delicados ecosistemas del desierto de Sonora. Cuando Donald Trump dejó el cargo en 2020, 140 kilómetros de muro fronterizo fragmentaron las zonas binacionales que constituyen una parte vital del hábitat del berrendo sonorense y de otras especies desérticas en grave peligro de extinción.
La conservación como defensa de la tierra

En México, los berrendos sonorenses son especialmente vulnerables a causa de la pérdida de su hábitat relacionada con la minería de oro a cielo abierto, los proyectos masivos de energía solar y los nuevos desarrollos inmobiliarios a lo largo del Golfo de California. Las empresas mineras «están prácticamente arrasando con todo el hábitat del terreno sonorense», dijo Carlos Castillo, biólogo de la Wildlands Network (Red de Tierras Silvestres) que lleva décadas trabajando en la región.

«El berrendo sonorense, por sus características, por su fisiología y por su conducta utiliza sobre todo los planicies desérticas y lo que nosotros llamamos médanos, que son estos pequeños lomeríos o dunas bajas estabilizadas o semi estabilizadas que les permiten huir de los depredadores», dijo Castillo. «Justo este tipo de terrenos son los que están siendo pues arrasados prácticamente».

Llegó un momento en que el número de berrendos sonorenses en Estados Unidos se redujo a menos de 100. En las últimas décadas, ha habido un impulso binacional para restaurar la población. Hoy en día se calcula que en México habitan 416 de estos animales, 331 de los cuales viven en el Ejido el Bajío.

Acompañamos a Santiago y a otros ejidatarios hasta la cima de uno de los cerros que se elevan desde las llanuras del Ejido El Bajío. Mirando hacia el oeste, podíamos ver el mar y, hacia el sur, las colinas fueron destruidas y allanadas para la mina Herradura, que sigue activa. Mirando hacia el este vimos un paisaje casi intacto donde la promesa de proteger al berrendo significa mucho más que salvar a una especie en peligro de extinción. Significa enfrentarse a poderosos intereses mineros y trabajar para honrar a sus compañeros caídos.

Si no fuera por la lucha de los ejidatarios, el mismo cerro donde estábamos parados, lleno de cactáceas y saguaros, donde llegan los borregos y los berrendos a comer, hubiera sido transformado en otro tiradero minero.

«Es algo que se volvió a rescatar, la naturaleza en esta parte», dijo Santiago, señalando las extensas tierras silvestres alrededor. El objetivo del ejido es promover el turismo de bajo impacto en la zona, forjando un futuro diferente centrado en garantizar que la vida humana y más que humana pueda prosperar en el territorio. «Para nosotros, la certificación es un gran logro».

El encuentro Comunidad, minería y periodismo se realizó de septiembre 21-25, 2023, con el apoyo de la Embajada de Suiza en México, la Fundación Bajío Sahuaro y el Ejido El Bajío.

▲ Predio San Ramón, en el municipio de Chicomuselo, Chiapas, donde la empresa canadiense Blackfire extrajo barita.

Elio Henríquez
Predio San Ramón, en el municipio de Chicomuselo, Chiapas, donde la empresa canadiense Blackfire extrajo barita. Foto La Jornada

22/05/2023
San Cristóbal De Las Casas, Chis., Sujetos no identificados comenzaron a retirar, con apoyo de hombres armados, barita extraída hace unos años por la empresa canadiense Blackfire Exploration México de una mina ubicada en el ejido Grecia, municipio de Chicomuselo, en la sierra de Chiapas, informaron pobladores de la zona, quienes indicaron que los estibadores serían empleados de una empresa cuyo nombre ignoran.

“El sábado entraron ocho camiones e hicieron muchos viajes de la barita que se encuentra amontonada en una plataforma ubicada en tierras del ejido Nueva Morelia (vecino de Grecia); dicen que van a tardar entre ocho y 10 días, porque son muchas toneladas”, dijeron.

“Todo el día estuvieron trabajando y llevando el material, supuestamente a la cabecera (municipal) de Chicomuselo; la comunidad no pudo evitar que entraran porque cuando fueron a hablar con nosotros hace unos días, iban armados, respaldando a las mineras para que no nos opongamos”, manifestaron.

Los ejidatarios recordaron que el jueves pasado hombres armados a llegaron amenazarlos para que dejaran pasar los camiones para sacar el material y les advirtieron: “Si alguien se mete con nosotros, ya sabe lo que le va a pasar”.

Indicaron que uno de los estibadores les dijo: “Mi empresa no tiene nombre” y no les dio información ni presentó documentos. “Traen gente violenta y nosotros somos gente pacífica. Estamos pidiendo al gobierno que nos ayude, porque somos vulnerables y no tenemos cómo enfrentarnos a ellos”, aseguraron.

Ante el ingreso por la fuerza de los camiones y las amenazas, los vecinos de Nueva Morelia tuvieron el viernes anterior una asamblea en la que acordaron enviar una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador para que intervenga.

“Nos reunimos en asamblea general en el ejido Nueva Morelia para manifestar nuestra inconformidad sobre la explotación de la mina que hará una empresa en el ejido Grecia. Ese saqueo afecta un manantial de agua; de ahí viene el agua potable que abastece a nuestra población y por eso el ejido lo rechaza totalmente (la llegada de desconocidos) porque perjudicaría la salud de nuestra población”, escribieron en el documento.

Agregaron que “el grupo minero pidió que la población no le estorbe en su camino, que transite libremente. Pedimos a las tres instancias de gobierno su valiosa intervención para dar solución a este problema, ya que perjudica a nuestra población, trayendo contaminación y enfermedades”.

En otro escrito expusieron que “los mineros, junto con el crimen organizado, se están llevando la barita que está en el ejido Nueva Morelia”, por lo que pidieron “de manera atenta a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Guardia Nacional que los detengan en Chicomuselo y los remita a la Fiscalía General de la República por los delitos que resulten, ya que la minería es del fuero federal”.

Los problemas para los habitantes de comunidades de Chicomuselo comenzaron hace 20 años, cuando la Compañía Minera Caracol inició trabajos de explotación de barita en la mina La Revancha, ubicada en el barrio San Ramón, perteneciente al ejido Grecia, que colinda con Nueva Morelia, donde la firma construyó en esa época bodegas, dormitorios y un comedor para sus empleados.

Caracol abandonó la zona, aparentemente por estar en quiebra, y en 2006 vendió los derechos de la concesión a Blackfire Exploration México, que comenzó a trabajar en el área en ese mismo año.

Entre protestas de los residentes de Grecia y de localidades aledañas, por falta de cumplimiento de promesas del consorcio canadiense, retención de camiones y de trabajadores, Blackfire Exploration México siguió explotando la mina hasta que fue clausurada luego del asesinato de Mariano Abarca Roblero, dirigente opositor a la explotación de yacimientos, perpetrado en la cabecera municipal de Chicomuselo el 28 de noviembre de 2009.

Blackfire abandonó la zona después, sin que se supiera oficialmente quién compró los derechos de la concesión. No habían pasado ni cinco años cuando comenzaron a llegar personas a hostigar a habitantes de la región para que les permitieran seguir explotando las minas para sacar barita y retirar el material que la compañía canadiense abandonó en San Ramón y Nuevo Morelia.

El año pasado se incrementó el ingreso de supuestos representantes de empresas que compraron los derechos, por lo que en varias ocasiones campesinos de la zona los retuvieron y luego los liberaron con el compromiso de que no regresarían.

Ante la resistencia de los labriegos, los personeros de mineras cambiaron su estrategia y se hicieron acompañar por hombres armados, presuntamente miembros de grupos criminales que operan en la frontera con Guatemala.

Hace unos seis meses ingresaron a Santa María, localidad vecina de Nueva Morelia, para extraer barita sin que los pobladores pudieran impedirlo. Incluso, la parroquia católica local que tuvo un papel destacado en las protestas contra la minería decidió suspender sus movilizaciones, por no arriesgar a sus feligreses.

“La resistencia en contra de los megaproyectos se ha ido apagando”, comentó un residente que pidió anonimato. “La presencia del crimen organizado es muy fuerte. Los supuestos empresarios mineros llegan prepotentes con hombres armados, pero no dicen el nombre de la empresa ni presentan documentos. Las autoridades de las comunidades ya han sido rebasadas y no tienen el poder para contenerlos. En Santa María ya acabaron casi con la mitad del cerro”, sostuvo.
https://www.jornada.com.mx/notas/2023/05/22/estados/grupo-armado-saquea-barita-en-chicomuselo-y-amaga-a-habitantes/