10/01/2022
Integrantes de la comunidad indígena de Cuentepec se manifestaron esta mañana en el Ayuntamiento de Temixco, con la finalidad de protestar en contra de la entrada en funcionamiento de la mina de la empresa canadiense Álamos Gold.
Según los manifestantes, la mina que pretende operar en los cerros de El Jumil y Jilotepec, provocará la contaminación del agua y de la tierra dejando afectaciones a más de 200 mil habitantes que viven en las comunidades de Cuautepec, La Unidad Morelos, Temixco, Xochitepec, Alpuyeca, Acatlipa, Xochicalco, Tezoyuca, Tetlama, colonias como Benito Juárez, Aeropuerto, Las Rosas, Francisco Villa, Xochitepec Centro, Tezoyuca, Miacatlán, Xochicalco y Coatetelco.
Salieron primeramente del Centro de Salud de Tetlama, luego hicieron una protesta en de la colonia La Cruz, en Xochitepec, y postariormente se dirigieron rumbo a la presidencia de Temixco.
Por esa razón, decidieron acudir al ayuntamiento para exigir a la presidenta municipal, Juana Ocampo Domínguez, que no permita la entrada en funcionamiento de la mina.
La protesta causó un intenso caos vial, pues cerraron ambas direcciones de la principal vialidad, la carretera federal Cuernavaca-Acapulco.
¿Por qué se oponen?

El movimiento morelense contra las concesiones de minería a tajo abierto por metales, señala que “existe una enorme preocupación por la posible instalación de una minería que estaría extrayendo oro del suelo del poblado de Temixco, alterando el entorno ecológico y causando contaminación en varios municipios aledaños.
El movimiento contra las minas apunta que “el volumen de tierra que estarían removiendo sería en una superficie de mil hectáreas y con esto se explotarán miles de toneladas, tan solo para sacar apenas unos gramos oro y este proceder afectará la ecología, sobre todo por los químicos que se requieren para llevar acabo este procedimiento.
“Señalamos sus grave impacto negativo si se instala la mina de oro, como lo es escasez de agua, daños y pérdidas en nuestro patrimonio por las posibles detonaciones con dinamita, contaminación al aire, tierra y en el agua, afectaciones a la salud, pérdida de la biodiversidad y cambio en el ecosistema, indicaron los manifestantes.
https://www.diariodemorelos.com/noticias/protestan-en-temixco-contra-operaci-n-de-minera-canadiense-lamos-gold

Por Dulce Olvera
08/01/2022
La minera Ocampo (Grupo Frisco), propiedad del magnate Carlos Slim, se apoderó del pueblo de Salaverna, al noroeste de Zacatecas. Desde hace una década busca extender su explotación de cobre a tajo abierto por lo que las autoridades locales desplazaron familias y destruyeron casas, escuela e iglesia. Don Roberto, el único que se resiste a dejar su hogar y entregar el pueblo a la destrucción ambiental, fue vinculado a proceso.

Ciudad de México, 8 de enero (SinEmbargo).– Don Roberto de la Rosa nació en Providencia, Zacatecas, ahora un pueblo fantasma sin agua por la actividad minera. Desde los sesenta huyó al semidesértico Salaverna, en Mazapil, al noroeste del estado. Ahí una mina del magnate Carlos Slim Helú explota cobre y Grupo Frisco planea convertirla a cielo abierto, por lo que desde 2016 se desplazó a los habitantes. Pero el ganadero se ha resistido porque prevée que pasará lo mismo que con su comunidad y con Peñasquito, a sólo 26 kilómetros.

“Mi pueblo Providencia está abandonado desde 1962 y también otras siete comunidades abajo que se quedaron sin agua. Se acabaron los ganados de chiva porque la mina abatió los mantos de agua. Está sucediendo lo mismo de aquellos años con Peñasquito (Goldcorp) y la de Salaverna. Se están acabando todos los manantiales que afloraban aquí y estamos en el semidesierto”, planteó.

Hace unos días fue vinculado a proceso por presunta amenaza a tres trabajadores de la empresa filial Ocampo Mining. En abril de 2020, a inicios de la pandemia, don Beto tuvo un altercado con empleados de la minera, quienes se encontraban cercando la comunidad y electrificando el perímetro. El 3 de diciembre la Jueza Blanca Aguilar le dictó como medida cautelar no acercarse a ellos, lo que le imposibilita acceder a su casa ya agrietada. El 10 de febrero tiene una audiencia, por lo que podría ser encarcelado hasta cinco años.

“Uno de los ingenieros mide 1.90 metros, dicen que están traumados psicológicamente. ¿Usted cree que yo no tengo daños psicológicos viendo mi pueblo cómo está? Que la Jueza indague en el problema, estamos con la amenaza de que nos encierren por defender a nuestro pueblo de la minería a cielo abierto”, afirmó.

Entrada a Salaverna, Zacatecas, cercada por la minera. Foto: Cuartoscuro.

Desde agosto el defensor está exiliado en un cabaña a solo dos kilómetros abajo de Salaverna porque la entrada está bloqueada con una cerca y dos casetas de vigilancia, y a su hijo las autoridades municipales le advirtieron que “algo le iba a pasar” si intentaba volver al poblado. A otro joven lo golpearon y a dos mujeres les dijeron que ya no fueran, según denunció. En una fotografía don Beto mostró a sus chivas.

“Todo acá para mí tiene su encanto, por eso la defensa”, dijo nostálgico. En su cabaña improvisada sigue trabajando con sus chivas y en la milpa. “No lucho por mí, yo qué. Cuando estaba niño disfrutaba mucho ver los manantiales y las grandes huertas de fruta con pájaros. Ahora ya no hay huertas, todo está muerto [en Providencia]. Me ha tocado cómo han ido depredando todo, no quiero ser partícipe de eso; defiendo la vida”.

Así era el pueblo de Salaverna antes del desalojo. Foto: Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas @OCMZac

Las cabras de Don Roberto. Foto: Especial para SinEmbargo.

En Mazapil, un municipio minero con 44 por ciento en pobreza (Coneval, 2020), operan desde hace una década dos grandes proyectos mineros: Peñasquito, la mina de oro a cielo abierto más importante de América Latina de la compañía canadiense Goldcorp —que ya secó pozos de agricultores y afectó el cultivo de miel— y Tayahua, la mina subterránea de cobre que opera desde 1972 y que adquirió Slim en 1998, cuyos planes de convertirla en una de cielo abierto “implica la destrucción” de la comunidad de Salaverna, evaluó el artículo académico “Dos conflictos mineros en Mazapil”.

“Lo que para ellos es una bendición y bonanza, para nosotros es una maldición. La mina a cielo abierto es muy desastrosa, por Peñasquito ya no hay abejas, ya no hay agua potable alrededor”, afirmó don Beto, quien lamentó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador sea amigo del empresario Carlos Slim, con quien desayunó a finales de año.

“Para nosotros no tiene nada de respetable por lo que nos ha hecho. Es como una guerra fría. Si quisiera buscar trabajo, no hallaría en ninguna parte”, comentó sobre su lucha contra el empresario más rico del país.

EL DESALOJO CON VIOLACIONES

En la víspera navideña de 2016, sin orden judicial la policía estatal y ministerial de Zacatecas, gobernado entonces por Alejandro Tello, desalojó a habitantes de Salaverna. Trabajadores con dos maquinarias tipo bulldozer destruyeron la iglesia, escuela y la casa de la señora Teresa y su hija Leticia aún con muebles dentro, “vulnerando con ello la legalidad y seguridad jurídica”, expuso la Comisión de Derechos Humanos estatal (CDHEZ/746/2016).

La población de Salaverna registraba 303 habitantes en 2010, año en que comenzó el conflicto. La mayoría era campesino o ganadero, y los otros laboraban en la mina. Pero tras el desalojo permanecían aproximadamente sólo 50 habitantes de cinco familias, entre ellas Don Roberto y su hijo Roberto Cuauhtémoc.

“Le regalaron de Navidad a Slim nuestro pueblo”, evocó el chivero. “Nunca nos atendieron las denuncias”.
El fraccionamiento Nueva Salaverna. Foto: Cuartoscuro.

El resto fue orillado a abandonar la comunidad y por 15 mil pesos aceptaron ser reubicados en un fraccionamiento vecino a la cabecera municipal denominado “Nuevo Salaverna”, sin escuela ni iglesia, el cual fue ofrecido en comodato por la minera Tayahua (Grupo Frisco), “hecho que se constituye como un evidente desplazamiento forzado”, determinó la Comisión de Derechos Humanos de Zacatecas.

Pero Don Beto no aceptó y, aunque su pueblo está en ruinas y con grietas por las detonaciones de la mina, no planea hacerlo. No por él, dijo, sino para evitar daños ambientales para la generación futura por la minería de cielo abierto que deja profundos tajos en el suelo y absorbe grandes cantidades de agua.

“Jamás agarré el dinero para que destruyan a mi pueblo y que envenenen la tierra, el aire y el agua”, afirmó.

EL CONFLICTO POR TIERRAS

Desde hace una década la empresa de Carlos Slim planea convertir la mina en tajo abierto, pero el yacimiento está debajo de las casas de Salaverna. En esas mismas fechas, y en el marco de detonaciones internas, alegó que el lugar donde está asentado el poblado le pertenece legalmente y advirtió que existe un riesgo de hundimiento de suelo debido a “una falla geológica natural”, por lo cual solicitó al gobierno local las medidas de desalojo.

Pero los habitantes de Salaverna argumentaron que son posesionarios desde “tiempos inmemorables”, pues nacieron ahí y atribuyen los hundimientos, como el de 2012 en el Cerro “El Farito”, a diversas detonaciones y operación minera subterránea. Así consta la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos estatal.

“No fue casual. La gente, por medio al hundimiento y porque sus casas estaban estrelladas, se fue”, dijo don Beto.

Es delegado municipal y encabeza el Comité de Posesionarios Salaverna, creado para exigir la certeza jurídica de los terrenos de la comunidad y probar que el polígono no pertenece a Grupo Frisco.

Escuela destruida por la maquinaria en diciembre de 2016. Foto: Especial para SinEmbargo.

Con apoyo del Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (OCMZac) y la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), los inconformes llevaron el caso a la Secretaría de Desarrollo Agrícola Territorial y Urbano (SEDATU) para la regularización de 4 mil 650 hectáreas. Ya en la reunión en las oficinas en la Ciudad de México, comenzó a temblar. Era el 19 de septiembre de 2017.

Entre el terremoto, las elecciones de 2018 y la pandemia, a más de diez años de haber estallado el conflicto, no avanza el cambio de uso de suelo de mina subterránea a cielo abierto, por lo que el proyecto de expansión se mantiene frenado.

“El Grupo minero Frisco ha intentado imponer su voluntad sobre la población con el apoyo de actores e instituciones gubernamentales”, concluyó el artículo de los académicos.

Don Roberto, campesino de Zacatecas, lucha contra una mina del magnate mexicano

Yazmin Ramirez 04/01/2022
Por ello, presentó una iniciativa para crear consejos municipales ciudadanos que tengan la facultad de aplicar directamente los ingresos que se obtengan en la recaudación de derechos por la minería.

El senador Alejandro González Yáñez consideró que una porción de los recursos que genera la minería debe destinarse directamente a las comunidades mineras, a través de transferencias directas y sin intermediarios, con el objetivo de canalizar recursos para educación, protección de la salud, construcción, mantenimiento de caminos, calles y carreteras.

Para ello, el legislador del Partido del Trabajo (PT) presentó una iniciativa para crear consejos municipales ciudadanos que tengan la facultad de aplicar directamente los ingresos que se obtengan en la recaudación de derechos por la minería y reducir el riesgo de actos de corrupción en el ejercicio de éstos.

Explicó que, la minería es sumamente importante para el crecimiento económico de México, pero está actividad debe ser socialmente responsable y respetar los derechos de los habitantes de las zonas en las que se desarrolla, en especial de los pueblos originarios.

“Me encuentro completamente comprometido con la lucha por el desarrollo de las comunidades y municipios mineros, los cuales han sido víctimas del saqueo y el despojo desde la época virreinal”, resaltó.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el sector minero-metalúrgico es sumamente importante para el crecimiento económico de México. Durante 2020, la minería representó 8.3 por ciento del Producto Interno Bruto industrial y generó 2.3 por ciento del PIB nacional.

Hasta 2018, en nuestro país había tres mil 97 unidades económicas mineras no petroleras en las que laboraban 141 mil 782 personas.
https://www.rumbominero.com/mexico/senador-gonzalez-recursos-mineros-deben-retornar-a-las-comunidades/

Takeshi Chacon
13/12/2021
Los funcionarios han solicitado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) niegue los permisos a la operación minera.
Las diputadas federales Irma Juan Carlos y Adriana Bustamante Castellanos junto con el diputado Armando Contreras Castillo han solicitado detener las operaciones de Minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines.

Así informó El Universal -a través de BNamericas- e indicó que los diputados federales han enviado oficios a instituciones federales y estatales solicitando negar permisos y “piden que se respete la decisión de las comunidades afectadas”.

El proyecto minero se encuentra en los municipios de San José del Progreso y Magdalena Ocotlán; no obstante, sus afectaciones alcanzan a otros municipios de los Valles, mismos que se han organizado en el Frente No a la Minería por un Futuro de Todos.

Entre las dependencias a las que se dirige el exhorto está la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a la que además de pedirle que niegue los permisos.

También se le pide respetar “la decisión tomada por los pueblos y comunidades indígenas respecto a su total rechazo por la realización de los trabajos de la empresa minera.

Mientras que a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) la exhorta para que “investigue los ilícitos denunciados por los pobladores de las comunidades aledañas al centro de operaciones de la empresa minera en los Valles Centrales de Oaxaca.

Así como la presunta responsabilidad penal de la empresa minera Cuzcatlán por los daños ambientales ocasionados, el presunto homicidio y las lesiones perpetuadas por su plantilla laboral contra pobladores de los Valles Centrales de Oaxaca (sic).

Más solicitudes
En el caso de la Secretaría de Economía, las legisladoras y el diputado solicitan que realice las acciones necesarias para impulsar de otra manera las actividades económicas en la región.

Al gobierno del estado, lo exhortan a que “apoye a las víctimas por los estragos ambientales brindándoles atención médica y la rehabilitación de las comunidades”.

En el punto de acuerdo, acusan a la Semarnat de haber realizado una consulta “con total carencia de transparencia y de democracia, tergiversando de los pueblos y comunidades, donde ya se ha mencionado en muchas ocasiones que no quieren una minera en sus comunidades”.

Además, señalan como parte del argumento la oposición a la minera que abiertamente han expresado las comunidades de San José del Progreso, Magdalena Ocotlán, San Pedro Mártir y San Pedro Apóstol.

Las diputadas y el diputado recordaron en las consideraciones del exhorto lo ocurrido en 2018, cuando la minera derramó residuos tóxicos en acueductos, lo que contaminó “severamente el agua que pasa por comunidades aledañas”.

Cabe mencionar que Irma Juan Carlos, así como Armando Contreras Castillo, son dos de los cuatro aspirantes reconocidos por Morena para participar en su encuesta para elegir la candidatura por la gubernatura del estado.
https://www.rumbominero.com/peru/noticias/diputados-federales-minera-cuzcatlan/

07/12/2021

La titular de la Semarnat afirmó que los métodos ilegales a los que han recurrido empresas mineras para establecerse, con la complicidad de gobiernos pasados, ha generado conflictos socioambientales.
VÍCTOR OSORIO / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La titular de la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat), María Luisa Albores, afirmó que los métodos ilegales a los que han recurrido empresas mineras para establecerse, con la complicidad de gobiernos pasados, ha generado conflictos socioambientales en diversas regiones del país.

La funcionaria advirtió que en las zonas con gran tradición minera la población vive en condiciones de pobreza y que las empresas del sector generan en muchos casos conflictos entre las comunidades en las que se asientan, relativamente beneficiadas, y las que resienten los impactos de su actividad.

“Con la complicidad de gobiernos pasados, las empresas mineras han arrasado con ecosistemas y cuencas hidrológicas, contaminando regiones enteras”, acusó en conferencia.

“Hay mineras que recurren a métodos ilegales para establecerse y esto ha generado conflictos sociales por violaciones de derechos y despojo de tierras y recursos de las comunidades”.
https://lucesdelsiglo.com/2021/12/07/atribuye-semarnat-conflictos-a-mineras-nacional/