Mexico

Una vez más, Semarnat rechaza proyecto minero en Chiautla de Tapia

Lorena González Guzmán
04/03/2022
ONGs de la Sierra Norte acusan a mineras e hidroeléctricas de despojo
Una vez más, Semarnat rechaza proyecto minero en Chiautla de Tapia. Foto: Especial

De nueva cuenta, la Semarnat rechazó el proyecto minero en Chiautla de Tapia, Puebla, de la empresa Azul Arena que pretende extraer zeolitas en la comunidad de Tlancualpican, anteriormente la dependencia le negó el permiso en marzo de 2019.

De acuerdo con la Gaceta Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el nuevo proyecto fue ingresado para el análisis de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) el 10 de agosto de 2021.

El proyecto ingresado en agosto de 2021 fue registrado con el folio 21PU2021MD072, el documento señaló que con el mismo se pretende la extracción del mineral zeolita a cielo abierto con maquinaria pesada y cuyo proceso sería a través de terrazas.

Este proyecto minero de la empresa Azul Arena se esperaba establecerse en un polígono de 10,845.919 metros cuadrados, de los cuales 9,827.585 metros cuadrados se sometieron a un procedimiento administrativo que ya fue liberado por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Según el promovente dentro de las acciones de remediación se propone realizar y poner en marcha un programa de reforestación con especies nativas de la zona y al terminar las operaciones de extracción se cubrirá con revestimiento de pastizal, con el objetivo de limitar los fenómenos de erosión superficial y minimizar el impacto visual. También añadió que la vigencia del proyecto es de 10 años.

El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (Ocmal) ha señalado que entre los impactos al ambiente de la minería a cielo abierto están daño a la superficie terrestre, pues modifica la corteza, además de formar grandes cantidades de desecho. También contaminación del aire debido a que se generan grandes cantidades de materia fina “polvillo” tóxico, constituidos por químicos pesados que son absorbidos por animales y seres humanos.

Cabe recordar que en marzo de 2019, la Semarnat rechazó el proyecto minero de la empresa Azul Arena para la extracción de zeolita, que en ese entonces fue analizado con el folio 21PU2018MD092.
https://www.angulo7.com.mx/2022/03/04/semarnat-rechaza-proyecto-minero-en-chiautla-de-tapia/

Criminalización de la protesta, Mexico

Roberto, campesino de Zacatecas contra mina de Slim, pide no ser encarcelado

27/02/2022
Don Roberto, el único habitante de Salaverna, Zacatecas, que se resiste a dejar su hogar y entregar el pueblo a una minera del magnate Carlos Slim, fue vinculado a proceso y este lunes enfrenta su audiencia en la cual podría ser encarcelado.
Ciudad de México, 27 de febrero (SinEmbargo).– Don Roberto de la Rosa Dávila, el último habitante de Salaverna, Zacatecas, que se niega a desplazarse de su hogar para que una mina del magnate Carlos Slim Helú expanda su operación a cielo abierto, tendrá una audiencia este lunes 28 de febrero a las 11 de la mañana, por lo que exige no ser encarcelado por defender a su pueblo de la extracción de cobre en una zona semidesértica con estrés hídrico.

SinEmbargo informó previamente que este chivero fue vinculado a proceso por presunta amenaza a tres trabajadores de la empresa filial Ocampo Mining (Grupo Frisco), por lo que podría ser condenado hasta a cinco años de prisión. En abril de 2020, a inicios de la pandemia, don Beto, como se le conoce, tuvo un altercado con empleados de la minera, quienes se encontraban cercando la comunidad y electrificando el perímetro. El 3 de diciembre, la Jueza Blanca Aguilar le dictó como medida cautelar no acercarse a ellos, lo que le imposibilita acceder a su casa ya agrietada por las obras de desplazamiento de las otras familias.

En vísperas de la audiencia ante el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Concepción del Oro, fue a recargar su celular a un poblado y desde ahí llamó a este medio para mandar un mensaje.

“Encerrándonos pretenden destrozar la vida de los que aún resistimos”, dijo. “No sé nada sobre la audiencia, nunca había estado en estos líos, pero mi abogado pretende sacar una salida alterna”.


Don Roberto. FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO

La alternativa, según su defensa legal, es ofrecer una indemnización a los empleados que supuestamente amenazó, pero el campesino no cuenta con el dinero para pagar sus terapias psicológicas.

“Que las pague el Estado, yo soy insolvente, no tengo dinero. [Grupo Frisco] tiene el mayor capital en América Latina y nosotros no tenemos nada, traigo –ríe– ropa regalada”.

Mientras cientos de familias han sido desplazadas por el crimen organizado en Fresnillo y poblados aledaños, Roberto resiste a la presión de la minera de la personas más adinerada del país.

Desde agosto, está exiliado en un cabaña a sólo dos kilómetros abajo de Salaverna porque la entrada está bloqueada con una cerca y dos casetas de vigilancia, y a su hijo –también llamado a la audiencia– las autoridades municipales le advirtieron que “algo le iba a pasar” si intentaba volver al poblado, según denunció. Vive con sus chivas y unos perros. Dice que su hijo “ahí anda, agüitado”, pero lo anima diciendo que deben defender a su pueblo.

“Si nos encierran, es una injusticia, pero nosotros hicimos lo debido”, afirmó.


Cañaba donde se refugia el chivero.
FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM

En Mazapil, el municipio minero donde está Salaverna con 44 por ciento en pobreza (Coneval, 2020), operan desde hace una década dos grandes proyectos mineros: Peñasquito, la mina de oro a cielo abierto más importante de América Latina de la compañía canadiense Goldcorp —que ya secó pozos de agricultores y afectó el cultivo de miel— y Tayahua, la mina subterránea de cobre que opera desde 1972 y que adquirió Slim en 1998, cuyos planes de convertirla en una de cielo abierto “implica la destrucción” de la comunidad de Salaverna, evaluó el artículo académico “Dos conflictos mineros en Mazapil”.

“No es justo que el invasor a nuestras tierras, que fue a derrumbar nuestro pueblo, ande suelto y ahora nos esté acusando de delincuentes a nosotros, cuando los daños que nos han causado son más graves”, afirmó Don Roberto.

EL DESALOJO CON VIOLACIONES

En la víspera navideña de 2016, sin orden judicial la policía estatal y ministerial de Zacatecas, gobernado entonces por Alejandro Tello, desalojó a habitantes de Salaverna. Trabajadores con dos maquinarias tipo bulldozer destruyeron la iglesia, escuela y la casa de la señora Teresa y su hija Leticia aún con muebles dentro, “vulnerando con ello la legalidad y seguridad jurídica”, expuso la Comisión de Derechos Humanos estatal (CDHEZ/746/2016).

La población de Salaverna registraba 303 habitantes en 2010, año en que comenzó el conflicto. La mayoría era campesino o ganadero, y los otros laboraban en la mina. Pero tras el desalojo permanecían aproximadamente sólo 50 habitantes de cinco familias, entre ellas Don Roberto y su hijo Roberto Cuauhtémoc.

El resto fue orillado a abandonar la comunidad y por 15 mil pesos aceptaron ser reubicados en un fraccionamiento vecino a la cabecera municipal denominado “Nuevo Salaverna”, sin escuela, iglesia ni áreas verdes, el cual fue ofrecido en comodato por la minera Tayahua (Grupo Frisco), “hecho que se constituye como un evidente desplazamiento forzado”, determinó la Comisión de Derechos Humanos de Zacatecas.

Pero Don Beto no aceptó y, aunque su pueblo está en ruinas y con grietas por las detonaciones de la mina, no planea hacerlo. No por él, dijo, sino para evitar daños ambientales para la generación futura por la minería de cielo abierto que deja profundos tajos en el suelo y absorbe grandes cantidades de agua.
Entrada a Salaverna clausurada. FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO


Desde hace una década la empresa de Carlos Slim planea convertir la mina en tajo abierto, pero el yacimiento está debajo de las casas de Salaverna. En esas mismas fechas, y en el marco de detonaciones internas, la compañía alegó que el lugar donde está asentado el poblado le pertenece legalmente y advirtió que existe un riesgo de hundimiento de suelo debido a “una falla geológica natural”, por lo cual solicitó al gobierno local las medidas de desalojo.

Pero los habitantes de Salaverna argumentaron que son posesionarios desde “tiempos inmemorables”, pues nacieron ahí y atribuyen los hundimientos, como el de 2012 en el Cerro “El Farito”, a diversas detonaciones y operación minera subterránea. Así consta la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos estatal.

Con apoyo del Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (OCMZac) y la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), los inconformes llevaron el caso a la Secretaría de Desarrollo Agrícola Territorial y Urbano (SEDATU) para la regularización de 4 mil 650 hectáreas. Ya en la reunión en las oficinas en la Ciudad de México, comenzó a temblar. Era el 19 de septiembre de 2017.

Entre el terremoto, las elecciones de 2018 y la pandemia, a más de diez años de haber estallado el conflicto, no avanza el cambio de uso de suelo de mina subterránea a cielo abierto, por lo que el proyecto de expansión se mantiene frenado y Don Beto podría ser encarcelado.

Roberto, campesino de Zacatecas contra mina de Slim, pide no ser encarcelado

Litio, Mexico

México perdería potencial minero con reforma eléctrica y fracasaría en litio:IP

23/02/2022
La Camimex solicita que no se reserve el litio ni otros minerales al Estado, pues la minería requiere de grandes inversiones y desarrollo tecnológico.
Mina de litio2
Foto: © Carla Gottgens / Getty Images / Bloomberg
Reservar la exploración y explotación del litio y otros minerales estratégicos para el Estado, como se plantea en la iniciativa de reforma eléctrica, pone en riesgo las inversiones actuales y potenciales de la industria minera en México y el sector privado advierte que el proyecto del gobierno puede fracasar, tomando en cuenta que existen antecedentes.

El presidente de la Cámara Minera de México (Camimex), Jaime Gutiérrez, dijo que, México perdería su potencial minero porque no tendría proyectos de inversión y ante la falta de esto, el gobierno también se vería afectado con una reducción en sus ingresos por concepto de derechos, los cuales en 2020 ascendieron a más de 6,000 millones de pesos.

Respecto al litio, recalcó que en México no se tienen datos precios, pero lo que sí se sabe es que se requiere de un esfuerzo de exploración de territorio en busca de yacimientos, largos periodos de maduración para los proyectos, así como fuertes inversiones en desarrollo y tecnología para explotar el mineral.

“Quienes nos dedicamos a la minería y estamos familiarizados con el proceso, conocemos de las dificultades para aterrizar un proyecto, tan solo la etapa de exploración puede durar hasta 20 años con inversiones de varios miles de millones de dólares”, comentó Gutiérrez durante su participación en el foro 24 del Parlamento Abierto de la reforma eléctrica.

En ese contexto, señaló que es importante aprender de datos históricos y puso como ejemplo el caso de Uramex, un proyecto público que se creó para aprovechar el uranio en la energía nuclear, pero a los cinco años se canceló.

“A la fecha, nuestro país sigue sufriendo las consecuencias, hoy en México no se pueden explorar ni producir minerales radioactivos porque el Estado no tuvo los recursos necesarios para la inversión requerida ni abrió la participación a más actores, este mismo riesgo se corre con el litio”, advirtió.

El presidente de la Camimex explicó que de cada 1,000 indicios de mineralización, 100 son susceptibles de exploración; de estos, 10 llegan a exploración avanzada y solo uno llega a una etapa de producción.

Con la información conocida hasta el momento del litio, tanto por parte de las empresas mineras como del SGM, dijo que no es posible asegurar que exista un yacimiento en el territorio nacional que sea viable para su producción, no por lo menos con la tecnología actual.

En México, el litio se encuentra contenido en arcillas, lo que provoca que su procesamiento metalúrgico sea más complicado y costoso; esta es una gran diferencia de lo que sucede en Chile, donde este mineral se encuentra en salares.

“Se debe enfatizar que el litio no es igual que el petróleo, con él no se genera ningún tipo de energía en absoluto, solo es un medio para almacenarla”, puntualizó.

En referencia a la cantidad de recursos que se necesitan para la exploración, Gutiérrez expuso que el presupuesto de 2022 para el Servicio Geológico Mexicano (SGM) es de 1,000 millones de pesos, lo que es 10 veces menor al monto que dedican las empresas mineras, que es de 10,400 millones y esto, considerando la pronunciada caída en inversión que ha registrado a raíz de la eliminación de la deducibilidad de gastos preoperativos y exploración con la reforma fiscal de 2014.

“Solicitamos respetuosamente que no se reserve para aprovechamiento exclusivo del Estado ningún mineral, (…) ya que causaría un gran daño e incertidumbre a inversiones potenciales y actuales”, expresó.

“No se puede hablar de la nacionalización de los recursos, ya que la propia Constitución establece que los minerales ya son de la nación y se aprovechan bajo un esquema transparente de concesiones mineras con la consecuente derrama económica, alta contribución fiscal y bienestar social para el país”, apuntó el presidente de la Camimex ante diputados.

México perdería potencial minero con reforma eléctrica y fracasaría en litio: IP

Mexico

SCJN cancela concesiones de la minera Almaden Minerals en Tecoltemi, Puebla

19/02/2022
La Suprema Corte de Justicia de la Nacional (SCJN) canceló, en una sesión pública en la tarde de este miércoles (16), dos concesiones mineras de la empresa canadiense Almaden Minerals en el territorio de la comunidad nahua de Tecoltemi, en la Sierra Norte de Puebla. Con la decisión, la SCNJ resolvió el amparo interpuesto, en 2015, por la comunidad Tecoltemi.

Se “determina que lo procedente es ordenar a la Secretaría de Economía, a través de su Dirección General de Regulación Minera, dejar insubsistentes los títulos de concesión minera”, de acuerdo con el proyecto de sentencia elaborado por el ministro Jorge Pardo Rebolledo y aprobado por unanimidad.

La SCJN determinó que fue violado el derecho a la consulta y al consentimiento de la comunidad nahua y amparó a la comunidad Tecoltemi para que la Secretaría de Energía consulte a los pobladores antes de autorizar la concesión de una mina de oro y plata a cielo abierto. De manera que, no está cerrada la posibilidad de que los órganos de gobierno vuelvan a otorgan los permisos, después de un proceso de consulta.

“La decisión de la Corte es sin duda un gran logro para Tecoltemi y resulta de suma relevancia no sólo para ella sino para otras comunidades del municipio de Ixtacamaxtitlán y del resto del país, siendo ésta la primera vez que la SCJN reconoce la violación al derecho a la consulta y al consentimiento tratándose de concesiones mineras, y que ordena su cancelación como consecuencia de dicha violación”, manifestó la comunidad en un comunicado, conjuntamente con las organizaciones que la acompañan en su defensa legal, Fundar y el Consejo Tiyat Llali.

Por otra parte, la Suprema Corte dejó intacta la Ley Minera, reafirmando su constitucionalidad. La comunidad indígena también había reclamado la inconstitucionalidad de cuatro artículos de la Ley Minera.

Tecoltemi había reclamado la inconstitucionalidad de cuatro artículos de la legislación, entre ellos, el 6 y el 19 que determinan que las actividades mineras son de utilizada pública y preferentes sobre cualquier otro uso del territorio y que el titular de las concesiones tienen el derecho de obtener expropiación de terrenos así como de aprovechar las aguas presentes en el territorio para las actividades mineras.

El ministro en la sentencia reconoce “la potestad exclusiva de la Federación para aplicar las modalidades que resulten necesarias para el aprovechamiento de los recursos minerales” y que los derechos de los pueblos indígenas “están sujetos a ciertos límites y restricciones”.

Sobre la Ley Minera, no hubo unanimidad en las votaciones de los ministros. La ministra Norma Lucía Piña Hernández votó en contra del proyecto propuesto por el ministro Rebollero, anunciando que emitirá un voto particular, lo que significaría que, a su consideración, el contenido de dichos artículos de la Ley sí podría ser inconstitucional e inconvencional.

En el comunicado, la comunidad lamenta “que la SCJN haya perdido la oportunidad de analizar a fondo una ley que, al dar preferencia a las actividades mineras, viola el derecho a la tierra y al territorio de los pueblos indígenas”.

Y anuncia que “seguiremos denunciando el contenido violatorio de la Ley y estaremos pendientes de la publicación y notificación, en los próximos días, de la sentencia definitiva con la que se podrán conocer los razonamientos y argumentos finales”.

El pedido de la comunidad

Tecoltémic es una población Nahua del norte del estado mexicano de Puebla que, en 2015, demandó a la Secretaría de Economía por haber otorgado dos concesiones mineras sobre su territorio sin consulta ni consentimiento, en beneficio de la minera Almaden Minerals, de capital canadiense. La resolución de este caso se ha extendido, sin obtener repuesta favorable, hasta este año 2022. El caso será discutido el próximo 2 de febrero por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La Corte postergó, hasta el 19 de enero de este año 2022, el análisis del amparo interpuesto por la comunidad de Tecoltémic representada por la organización Fundar y el Consejo Tiyat Tlali. No obstante, volvió a quedar en espera de nueva fecha para ser votado. Fue re agendada para el próximo 2 de febrero.

Esta comunidad indígena acudió a las instancias de la justicia federal para impugnar dos concesiones mineras otorgadas por parte de la Secretaría de Economía. El en proceso legal, la corte ha reconocido que se ha violado el derecho a la consulta y al consentimiento de Tecoltemi, por ello, aseguran los demandantes, las dos concesiones mineras “deben cancelarse”.

Por otra parte, exigen que se analice la Ley Minera, “ya que el contenido de diversos artículos (6º, 15 y 19 fracc. IV, V, VI y XII) es inconvencional e inconstitucional, pues contraviene abiertamente la protección que la Constitución y el marco internacional de los derechos humanos otorga a dichos territorios”, ha denunciado en un boletín de prensa la organización Fundar.

Esta comunidad, junto a sus asesores, alegan que la Ley Minera en su artículo 6, determina que las actividades mineras son de utilidad pública y están por encima de cualquier otro uso en territorio indígena. “Es decir, que la exploración, explotación y proceso de beneficio de los minerales deben preferirse sobre cualquier otra actividad que las comunidades estén desarrollando en el territorio, sea vivienda, agricultura, forestal o cualquier otra”, puntualiza Fundar.

Por su parte, el artículo 19 de la ley, es tajante al resolver que quien posea una concesión minera tiene derecho a la expropiación o la ocupación de los terrenos necesarios para la minería, así como el aprovechamiento del agua. También, el artículo 15, fija en 50 años la vigencia de las concesiones mineras, prorrogables por un tiempo igual. “Es decir, la legislación pone a las comunidades, sus tierras y territorios y su vida, a disposición de las empresas mineras hasta por un siglo”, añaden los demandantes.

A la comunidad le preocupa que la Corte afirme que, la Ley Minera, “no se relaciona directamente con los intereses y derechos de los pueblos indígenas, pues su objeto es regular la actividad minera, y no aspectos de la vida social, económica o política de tales pueblos”.

Por el contrario, Tecoltémic, asegura que la Ley Minera no solo les afecta a ellos, sino que, a todos los pueblos indígenas de México donde haya concesiones mineras y, por tanto, exigen, “a la SCJN a reconocer que Ley Minera viola derechos”.
Fuente: AVISPA MIDIA

SCJN cancela concesiones de la minera Almaden Minerals en Tecoltemi, Puebla

Mexico

Corte Suprema de México ordena declarar ineficaces los títulos mineros de Almaden

21/02/2022
Ubicación del proyecto de oro y plata Ixtaca/ Crédito: Almaden Minerals.

La Corte Suprema de Justicia de México ordenó a la Secretaría de Economía que declare ineficaces los títulos mineros del explorador Almaden Minerals y que los vuelva a emitir una vez que haya cumplido con la obligación de realizar consultas con las comunidades indígenas.

Los reclamos minerales de Almaden son la base de una demanda contra el gobierno mexicano que afirma que la ley minera del país es inconstitucional.

En 2019, un tribunal de primera instancia del estado de Puebla, donde se ubica el proyecto de oro y plata Ixtaca de Almaden Minerals, determinó que la ley de minería de México es inconstitucional porque no incluye disposiciones que exijan la consulta con las comunidades indígenas antes de otorgar un título minero.

La Corte Suprema determinó que la ley de títulos minerales del país es constitucional, pero que antes de emitir los títulos minerales de Almaden Minerals, el Ministerio debería haber previsto un procedimiento de consulta con las comunidades indígenas.

Crédito: Almaden Minerals.

Almaden dice que revisará la decisión final, cuando esté disponible, e interactuará con los funcionarios gubernamentales y los funcionarios de la comunidad local para comprender el impacto de la decisión en sus reclamos minerales.

El yacimiento Ixtaca, que Almadén descubrió en 2010, alberga una reserva probada y probable que contiene 1,38 millones de onzas de oro y 85,1 millones de onzas de plata (73,1 millones de toneladas con una ley de 0,59 g/t de oro y 36,3 g/t de plata).

Según un estudio de factibilidad de 2018, la mina a cielo abierto Ixtaca producirá 108 500 oz/a de oro y 7,06 millones de onzas de plata al año durante los primeros seis años. El estudio tuvo un valor presente neto después de impuestos de USD 310 millones, con un descuento del 5%, una tasa interna de retorno después de impuestos del 42% y un período de recuperación de 1,9 años.
Fuente: Mining Weekly
https://www.mineria-pa.com/noticias/corte-suprema-de-mexico-ordena-declarar-ineficaces-los-titulos-mineros-de-almaden/

Mexico

Gobierno ofrece mediar conflicto minero en Ixtacamaxtitlán

Por:Alejandra Olivera
Iván Betancourt –
21/02/2022
Barbosa aseguró que su gobierno generará “equilibrio” porque existe población indígena en contra y a favor del proyecto minero

El gobierno de Puebla sí interviene y se involucra en las revisiones de mineras, pero en el caso de Ixtacamaxtitlán jugará un papel de “equilibrio”, recalcó el jefe del Ejecutivo estatal Miguel Barbosa Huerta.

Cuestionado sobre la denuncia de organizaciones sociales respecto a que la exploración para la instalación de la mina ha provocado daños al manto acuífero y al hábitat natural, el mandatario señaló que se tienen que corroborar todos los datos y evitar ponerse de un lado de las partes.

Aseguró que su gobierno generará “equilibrio” porque existe población indígena en contra y a favor del proyecto minero.

Resaltó que su administración siempre da a conocer si existen abusos y daños al medio ambiente en la entidad, porque se tratan de recursos naturales de Puebla a pesar de que “la Federación se arrogue el derecho de poder resolver todo”.
https://www.oronoticias.com.mx/gobierno-ofrece-mediar-conflicto-minero-en-ixtacamaxtitlan/

 

Mexico

Sonora, cuna de conflictos mineros: registran derrumbe en mina San Francisco

FOTO: MINING MEXICO
Por Andrea Rivera García
16/02/2022
La mina de San Francisco en el municipio de Santa Ana, Sonora, propiedad de la minera canadiense Magna Gold registró un derrumbe que dejó un saldo de tres empleados muertos.
David Gerardo Márquez Granillo, Leonel Ozuna Celaya y Roberto Corrales Armenta, fueron los trabajadores de la mina que perdieron la vida en el derrumbe.
La mina de San Francisco, productora de oro en el estado de Sonora, reactivó sus operaciones en octubre del 2020, luego de que permaneciera cerrada desde mediados del 2017 y un año después, ya se había convertido en la mina insignia de Magna Gold.

Para finales de enero del 2022, Magna Gold ya había incrementado un 107% su producción de oro en el estado de Sonora gracias a San Francisco, y veinte días después, sucedió el trágico accidente de este 15 de febrero.

“Reportó una producción de 34 mil 601 onzas de oro en sus dos primeros trimestres completos de producción comercial. Asimismo, el oro vendido durante el trimestre fue de 16 mil 305 onzas a un precio de oro realizado promedio de 1,780 dólares por onza”, han sido algunos de los beneficios que magn Gold ha obtenido de San Francisco.

En mayo del 2021, Magna Gold sumaba 3 millones horas-hombre sin incidentes en sus minas, las cuales se vieron interrumpidas tras el derrumbe de Santa Ana. El último incidente registrado fue en septiembre del 2018.

El derrumbe fue atendido por las brigadas de rescate de Magna Gold, en colaboración con Protección Civil y Bomberos de Sonora, e informaron que ya fueron recuperados los cuerpos de las víctimas. De acuerdo a la empresa, el derrumbe ocurrió durante la mañana del 15 de febrero, al caer un domo de tierra de la mina, dejando tres hombres atrapados.
https://www.publimetro.com.mx/noticias/2022/02/16/derrumbe-en-mina-san-francisco-deja-tres-muertos/

Mexico

De costa a costa enfrentando a mineras

Manuel Pérez Rocha L. 14/02/2022
El llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a llegar a un acuerdo con la compañía minera estadunidense Legacy Vulcan pone en evidencia los problemas a que se enfrenta nuestro país firmando a diestra y siniestra tratados de libre comercio con sus capítulos de protección a las inversiones. Legacy Vulcan tiene demandado a México por unos 500 millones de dólares ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas de Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial y bajo las cláusulas del TLCAN. AMLO ha advertido que de no llegar a un acuerdo mediante el cual la minera desista de su demanda y reoriente sus actividades, la denunciará ante la Organización de Naciones Unidas por el daño ambiental que su subsidiaria, Calizas Industriales del Carmen (Calica), ya ha perpetrado en las inmediaciones de Playa del Carmen ( La Jornada, 2/2/22).

Legacy Vulcan –representada en México por el despacho de abogados Creel García-Cuéllar, Aíza y Enríquez– reclama pérdidas de ganancias esperadas (bajo la cláusula de expropiación indirecta) luego de que se le hayan negado permisos de explotación en los predios La Adelita y El Corchalito, dada la devastación ambiental que ya han tenido sus actividades extractivas (https://bit.ly/3sxRBY0). AMLO dijo estar «seguro de que los accionistas principales (de Legacy Vulcan) no saben de la tragedia de la destrucción de 500 hectáreas».

Laura Beristain Navarrete, primero como senadora y después como presidenta del municipio de Solidaridad, Quintana Roo, fue quien junto a grupos ambientalistas, se opuso valientemente a que Calica realizara la explotación de esos dos predios (https://bit.ly/338q2f4) debido al gran daño que ya había causado por las detonaciones a cavernas, cenotes y en el corredor biológico sin que se pueda llegar a conocer con exactitud el impacto ambiental a ríos subterráneos. Para colmo de males, es probable que los materiales de buena parte de los kilómetros del muro fronterizo que llegó a construir Trump haya salido de esas minas pues él está «entre los socios capitalistas de Calica, que opera en la Riviera Maya desde 1986» (https://bit.ly/34M5Qjr).

El de Vulcan Legacy está lejos de ser un caso aislado. México es uno de los seis países más demandados del mundo por inversionistas extranjeros ante tribunales supranacionales y es el tercer país más demandado de América Latina y el Caribe.

Esto es resultado del papel que México ha desempeñado como delantero central en la expansión del régimen neoliberal. Fue el primer país en ratificar el Tratado Transpacífico (TPP-11) en 2018, mediante el cual empresas mineras canadienses, estadunidenses y de otros países con domicilio en Canadá, podrán seguir demandando a México. El gobierno de Peña Nieto aceptó que se mantuviera el sistema de solución de disputas inversionista-Estado en el T-MEC entre Estados Unidos y México, en particular para el sector energético, y cerró la renegociación del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea (mediante un «acuerdo en principio») que incluye un capítulo de protección de inversiones. En 2018 México se convirtió en miembro pleno del Ciadi, algo que se había resistido durante décadas.

El peso de este sistema cuasi jurídico de protección a inversiones se hace sentir a todo lo largo y ancho del territorio nacional, desde el mar Caribe hasta el mar de Cortés. Por una cantidad seis veces mayor que la de Vulcan Legacy –3 mil millones de dólares– la también minera estadunidense Odyssey Marine Exploration Inc. tiene a México en el banquillo de los acusados en el Ciadi dado que la Semarnat le denegó un permiso ambiental impidiendo su Proyecto Don Diego, de minería en subsuelos marinos, en Baja California Sur. En un amicus curiae presentado en octubre pasado por la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Puerto Chale, cuyos medios de vida dependen del ecosistema marino, y el Center for International Environmental Law (CIEL) lo describe como «proyecto minero submarino que pretende dragar 91 mil hectáreas de fondo marino en el golfo de Ulloa en Baja California Sur, extrayendo 7 millones de toneladas de arena y roca de fosfato cada año por 50 años. Las operaciones de extracción submarina de fosfato tendrían graves impactos en el ecosistema marino y la biodiversidad de la región, con consecuencias para la salud y los medios de vida de las comunidades pesqueras. El fosfato se pretende usar para la producción de fertilizantes». Queda la pregunta: ¿qué empresas agroindustriales estarán detrás de este proyecto?

México cuenta con 29 tratados bilaterales de inversión (TBI) o acuerdos para la promoción recíproca de inversiones (APRI) vigentes, de los cuales, según análisis del Transnational Institute de Amsterdam (https://bit.ly/3rNTkZO), «21 podrían ser terminados debido a que pasaron la fase inicial de 10 años que estipula el tratado para su vigencia, con lo cual México tiene la oportunidad de revisar y denunciar unilateralmente más de dos tercios de todos sus TBI». Y México cuenta con 11 tratados a acuerdos de libre comercio. Para salvar faunas y cenotes, subsuelos marinos, ríos, páramos y cuencas y ecosistemas enteros de la destrucción de empresas extractivas foráneas, es urgente una auditoría integral del sistema de protección de inversiones en México y denunciar los tratados que cobijan los abusos corporativos que AMLO tanto señala.
*Investigador del Institute for Policy Studies de Washington D.C. www.ips-dc.org
Twitter: @ManuelPerezIPS
https://www.jornada.com.mx/2022/02/14/opinion/016a1pol

Litio, Mexico

SGM: Habría yacimientos de litio hasta en 18 estados de México

Yazmin Ramirez
Cabe recordar que la semana pasada, el presidente confirmó que se creará una empresa de la nación para la explotación del litio.
07/02/2022
De acuerdo con estimaciones del Servicio Geológico Mexicano (SGM), hay yacimientos de litio en localidades de al menos 18 estados del país, es decir, en más de la mitad de las entidades mexicanas es posible hallar este mineral.

Datos de la agencia gubernamental indican que los estados que tienen presencia de este mineral son Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León. Así como Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.
Explotación del futuro petróleo

La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que se creará una empresa de la nación para la explotación del litio. Esto debido a que no se trata de un mineral como el oro, la plata o el cobre, sino de un recurso estratégico.

Lo anterior se suma a declaraciones previas hechas por Flor de María Harp, directora del SGM y Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía, respecto a una compañía estatal con dichos fines.

En octubre, la directora del SGM reveló que el gobierno invertiría en los siguientes dos años 55 millones de pesos en la exploración de litio. Esto con miras a encontrar un yacimiento económicamente viable en alguna de las localidades en las que el organismo ha encontrado presencia.

Parte de dichos recursos fueron aprobados para este año, pues en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 se registra un monto de 34 millones 12 mil 680 pesos. Dicha cifra representa más de la mitad de los recursos totales aprobados para el SGM.
Estados con más presencia de litio

Según datos del SGM, Sonora es la entidad del país con el mayor número de localidades con presencia de litio, dado que son 13. Entre ella se encuentra Bacadéhuachi, lugar donde Bacanora Lithium controla el sitio con mayor potencial del país.

El Proyecto de Sonora ha sido catalogado como el “yacimiento con las mayores reservas del mundo”. De acuerdo con estimaciones de Bacanora, en su primera etapa de producción generará 15 mil toneladas de litio al año. Mientras que en una segunda alcanzará las 35 mil toneladas anuales.
https://www.rumbominero.com/mexico/sgm-habria-yacimientos-de-litio-hasta-en-18-estados-de-mexico/

Litio, Mexico

Propiedad del litio evitará disputas con potencias extranjeras: gobierno

Alfonso Ruiz Sánchez
01/02/2022
Foto: Especial
Luego de que la Cofece autorizó la venta de una mina con litio en Sonora a una empresa china, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que su gobierno busca que el mineral sea propiedad estatal y así evitar confrontaciones con potencias extranjeras.

En su conferencia de prensa matutina, destacó que Estados Unidos ya “reclamó” por la venta de la concesión, pues tiene diferencias “comerciales” con China.

Recalcó que el litio es un mineral estratégico, por lo que si se entrega a “potencias extranjeras” llevaría al país a meterse en “guerras comerciales”.

Subrayó que la propuesta de reforma eléctrica busca que el mineral sea propiedad del estado, por lo que indicó que no busca la confrontación con otros países, sino “defender lo nuestro y ser autónomos”.

Criticó que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) tenga “más poder” que el ejecutivo y pueda “entregar bienes estratégicos a extranjeros”.

El mandatario aseguró que el gobierno de Estados Unidos ha sido muy respetuoso con su gobierno y existe un diálogo sobre la reforma eléctrica, la cual también busca dar prioridad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el mercado.
https://www.angulo7.com.mx/2022/02/01/propiedad-del-litio-evitara-disputas-con-potencias-gobierno/