Pasivos ambientales son aquellos residuos producidos por operaciones mineras, petroleras o gasíferas activas, inactivas o abandonadas que constituyen un riesgo permanente a la salud de la población, al ecosistema circundante y a la propiedad.

Según el economista peruano y exviceministro del Ambiente Hugo Cabieses, “las legislaciones en todos los países consideran, en el marco de los estudios de impacto ambiental, la necesidad de que las empresas, en sus planes de cierre, impulsen la remediación de daños ambientales a consecuencia de los relaves y desmontes producidos por sus actividades”.

La Defensoría del Pueblo del Perú precisó que los pasivos ambientales “pueden contaminar el agua, el suelo, el aire, afectar la salud de la población que vive cerca de ellos e incluso puede perjudicar la propiedad de terceros. Por ejemplo, puede incrementar la presencia de minerales en el organismo, o generar enfermedades respiratorias”.

“Si los agentes contaminantes llegan al río, además de contaminarlo, acaban con la vida de los peces y otras especies”, agrega. “Pueden dañar también los cultivos y los animales. Y si se trata de zonas con bosques pueden causar un daño irreparable o muy difícil de recuperar”.

A enero del 2019, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) del Perú tenía registrados 8,448 pasivos ambientales mineros y 156 de las actividades hidrocarburíferas en el país. El 12 de abril, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso peruano aprobó el dictamen del proyecto de ley que modificaría la Ley 28241 sobre Pasivos Mineros, vigente desde el 2004, encargando al MEM que priorice la identificación, registro y remediación de pasivos ubicados en cuencas hidrográficas.

Las alarmas sobre la precariedad de muchos pasivos ambientales en minas activas o inactivas volvieron a saltar con la rotura el 25 de abril en Brasil de una represa de relaves de la mina de hierro Corrego de Feijao —perteneciente a la minera brasileña Vale—, cerca de la ciudad de Brumadinho, en el suroriental estado de Minas Gerais. Los relaves son depósitos de desechos tóxicos que se obtienen de los procesos de concentración de minerales. Su almacenamiento es la única opción en la extracción minera y en su manejo es clave la recuperación del agua para evitar filtraciones hacia el suelo y napas subterráneas. Para obtener 1 TM de concentrado, se generan alrededor de 30 TM de relave.

Este desastre ambiental se produjo tres años después de la rotura de otro relave en la ciudad de Mariana, también en Minas Gerais, de propiedad de Vale y la anglo-australiana BHP Billiton. Los embalses habían sido construidos para depositar los residuos provenientes de la extracción de mineral de hierro en diversas minas de la región.

Según informaciones periodísticas, ambas represas de relaves habían sido aprobadas por la empresa y las autoridades regulatorias brasileñas que otorgaron los permisos para su construcción y fiscalizaron las operaciones, además de contar con evaluadores externos que confirmaron la estabilidad de las represas. No obstante, tras el desastre se encontró que los depósitos habían sido construidos con arena y limo y no tenían concreto o metal que ayudara a contener los desechos tóxicos.

El saldo de ambos desastres fue más de un centenar de personas muertos y miles de heridos y damnificados, además de haber contaminado ríos y dejado a pueblos enteros sin sus medios de vida.

Manejo inadecuado de residuos peligrosos

El Informe Regional de la Auditoría Coordinada de Pasivos Ambientales (ACPA) de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), publicado en el 2016, resaltó que “la gestión de los residuos sólidos y peligrosos, por ejemplo los mineros, como resultado de las actividades económicas, es de gran relevancia, dados los efectos negativos que su alta de gestión o manejo inadecuado pueden ocasionar en la población, los recursos naturales y los ecosistemas; lo que aumenta el riesgo de producir pasivos ambientales considerados así aquellos sitios que registran una afectación del agua o del suelo, por la contaminación ocasionada por algún tipo de residuo”.

“El término de pasivos ambientales tiene múltiples definiciones, algunas coincidentes y otras no, no obstante, el concepto tiene un origen contable basado en los costos por las afectaciones ambientales a la sociedad en erogaciones por servicios de salud, remediación, compensación e indemnización. En general, la falta de un adecuado manejo de los residuos peligrosos y de generación de contaminantes es un problema asociado con algunas actividades productivas de la industria, la minería, los servicios de salud y la agricultura. En primer término, la producción de residuos debe evitarse y, cuando esto no sea posible, tratarlos y disponer de ellos adecuadamente, a fin de mitigar los riesgos de generación de pasivos ambientales”.

Para el ingeniero industrial peruano Max Schwarz, en un artículo publicado por la revista América Economía el 22 de febrero del 2019, “los componentes mineros (presas de relave, depósitos de desmonte, pilas de lixiviación, presas, pozas y similares) requieren necesariamente un diseño geotécnico que cumpla con estándares técnicos mundialmente aceptados, que hoy son recogidos por la mayoría de las legislaciones mineras locales”.

Schwarz explicó que es necesaria “una investigación geotécnica completa, que permita fundamentar la construcción, incluyendo el análisis del suelo y los trabajos previos para desarrollar la estructura, de tal forma, que los criterios de seguridad previstos puedan cumplirse. Esta sección de diseño debe ser parte integrante, en conjunto, con otros factores como la evaluación y modelación hidrogeológica de largo plazo y el diseño de componentes complementarios, como pozas de eventos y canales de derivación y coronación”.

Vacíos legales

Argentina no cuenta con leyes nacionales específicas que regulen la prevención, identificación, tratamiento y/o remediación de los pasivos ambientales. La revista especializada Nueva Minería y Energía precisó en un artículo publicado el 1 de abril que “al poseer un sistema político federal, cada provincia de Argentina cuenta con una autoridad en materia minero-ambiental en su jurisdicción. Es por ello que en el marco del Nuevo Acuerdo Federal Minero —documento del 2017 donde el gobierno logró marcos comunes para el desarrollo de la minería—, se publicó un ítem dedicado a los pasivos ambientales”.

“Como experiencia de manejo de estos residuos, figura en el 2015 el trabajo por parte del gobierno en tres pasivos ubicados en Río Negro, Jujuy y San Juan, dando vida al Programa Gestión Ambiental Minera. Este programa piloto contó con un monto de inversión de US$ 40 millones, cifra que provino del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y se enfocó en dos áreas: gestión ambiental minera y medio ambiente nacional”.

Al 2014, Bolivia tenía 3,342 pasivos ambientales. El Código de Minería establece que para el otorgamiento de la licencia, los titulares de la concesión deberán realizar previamente una auditoría ambiental. Si bien el Reglamento Ambiental para Actividades Mineras regula la Auditoría Ambiental de Línea de Base, no existe definición de plazos y criterios para la remediación, ni cuál es la función del Estado boliviano respecto a los pasivos identificados.

Aunque el Perú tiene una legislación que aborda el tema de los pasivos ambientales, deja mucho espacio a interpretaciones respecto a la responsabilidad de la remediación

Para Cabieses, “es una legislación que ‘recomienda’, pero no es vinculante. Remediación, para las autoridades, es determinar una zona para depositar los relaves y desmontes, envolverlos con geomembranas y eventualmente reforestar con especies resistentes a metales pesados”.

Chile, a pesar de tener una importante actividad minera, no posee una legislación específica para la identificación y catastro de pasivos ambientales, tampoco de metodologías integrales y estandarizadas para la prevención y/o restauración de tales residuos. Según el Servicio Nacional de Geología y Minería, existen 437 depósitos de relaves inactivos, 125 abandonados y 32 de los que no se tiene información, que se concentran, principalmente, en las regiones de Antofagasta, Atacama, Coquimbo y Metropolitana. En enero, el Ministerio de Minería chileno, junto con el Servicio de Evaluación Ambiental, anunciaron un convenio para remediar 37 antiguos depósitos abandonados.

Sara Larraín, directora de la organización no gubernamental ambientalista Chile Sustentable, manifestó que “la propuesta del Ejecutivo representa una iniciativa llamativa, pero que finalmente no resuelve el problema de fondo. Existe una ley que apunta al correcto cierre de faenas, vigente desde el año 2012, sin embargo, no reconoce —en la mayoría de los casos— una titularidad sobre quién es el responsable de dejar un sitio contaminado y completamente abandonado”.

“Desde nuestra perspectiva, lo que tiene que haber acá es la incorporación de un título a la ley sobre cierre y abandono de faenas mineras; establecer pasivos ambientales mineros de aquellas faenas o acopios que hayan sido abandonados y que esté en vigencia la concesión sobre aquellas áreas”, declaró Larraín al servicio informativo intercultural Servindi. “Y eso tú lo puedes hacer porque en el fondo tú reconoces la responsabilidad sobre el titular de un sitio que está contaminado. Entonces corresponde a un pasivo ambiental que no es de todos los chilenos, sino que de la empresa que hizo el negocio en dicho lugar”.

La auditoría de la ACPA, en la que participaron entidades fiscalizadoras de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, México, Paraguay, Perú y República Dominicana, llegó a la conclusión que “en el diseño de políticas públicas de pasivos ambientales, las instituciones responsables de los pasivos ambientales en los países de participantes en la ACPA, no dispusieron en todos los casos de un concepto de pasivo ambiental en su marco normativo que permitiera evitar vacíos legales y establecer responsabilidades en cuanto a los daños y su remediación”.

Añade que “carecieron de instituciones con objetivos y atribuciones específicas, y con personal suficiente para la ejecución de sus acciones de prevención, control y remediación; registraron deficiencias en su planeación nacional y sectorial e institucional en la materia, basada en diagnósticos que dimensionen el daño por pasivos al ambiente y las personas; falta de desarrollo e implementación de sistemas informáticos en materia de pasivos ambientales, lo que limitó a los gobiernos disponer de información para la toma de decisiones”.

En resumen, “las acciones de prevención, control y remediación, realizadas por las instancias responsables de los pasivos ambientales en los países participantes en la ACPA, no fueron suficientes para mitigar los daños al ambiente y a la salud de las personas, lo que impidió garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano”.

Fuente:https://www.nodal.am/2019/09/insuficientes-acciones-de-prevencion-control-y-remediacion-de-pasivos-ambientales-en-america-del-sur/

En la actualidad se debate en distintos niveles y ámbitos sociales los impactos ambientales que genera la minería sobre el  medio ambiente. A lo largo de los años se han producido distintos desastres ambientales asociados a este sector económico, normalmente causados por las malas prácticas llevadas a cabo durante esta actividad.

Entre los principales impactos que puede originar la minería se encuentran: la destrucción de la corteza terrestre,  la contaminación de las aguas, la afección a la flora y fauna del entorno próximo a la explotación minera y  los efectos negativos en la salud humana de las poblaciones próximas a la mina (aunque en ocasiones estos efectos pueden extenderse más).

A nivel mundial se han registrado una serie de casos alarmantes relacionados a contaminación por causa de la minería, algunos de estos se muestran a continuación:

• Cajamarca, Perú.

Las localidades de Magdalena, el Centro Poblado Menor de San Sebastián de Choropampa y San Juan, fueron afectadas en una extensión de 50 kilómetros en fecha de 2 de junio del año 2000, ese día aconteció un derrame de aproximadamente 11 litros, lo cual equivale a 151 kilogramos de mercurio elemental, esto produjo una gran intoxicación en alrededor 1200 personas, contando niños y adultos.

Los daños ambientales fueron muy cuantiosos, contaminando ríos, causes, flora y fauna, originando la alteración de los ciclos naturales de la zona, la vegetación y los animales expuestos a esta sustancia sufrieron graves índices de intoxicación, en la mayoría de los casos no lograron soportarlo, sin contar los efectos que ocasionaron sobre la vida humana.

• Estado Bolívar, Venezuela.

En Venezuela, específicamente en los Estados Bolívar y Amazonas, desde hace aproximadamente 25 años se ha demostrado que la minería ha causado grandes impactos ambientales, generando grandes focos de contaminación por mercurio, la cual ha presentado un considerable aumento en los últimos años, aunado al uso indebido de tecnologías no aptas para esta delicada actividad.

Algunas de las zonas afectadas son la Cuenca del Río Cuyuní, ríos Caroní y Caura, todos ubicados en el Estado Bolívar, se han generado daños tanto en los causes, corrientes fluviales y vegetación foránea, sin contar la fauna y los habitantes que se encuentran cerca de la zona (mineros e indígenas). Algunas de las consecuencias que ocasiona el mercurio en la salud humana de los mineros son: daños en los riñones, sistema nervioso central, comportamientos erráticos y en la infancia tiene la capacidad de generar retardo mental.

Las personas que ingieren alimentos o agua contaminada con mercurio pueden padecer los siguientes síntomas: daños renales, problemas reproductivos, artritis, pérdida de la memoria, casos de demencia e incluso la muerte.

• Colombia.

La minería ha causado grandes estragos en Colombia, este país presenta una tasa de mortalidad infantil de 18 por cada mil nacidos vivos (2012), sin embargo, en los departamentos de Cesar y La Guajira, se registraron 20 y 32 decesos respectivamente, esto se encuentra influenciado directamente por las consecuencias trae la ejecución de actividades mineras de manera irresponsable.

Dentro de los registros que se han realizado sobre los impactos ambientales de la minería , destaca el que se produce en los bosques, debido a la deforestación. En el norte del país desde el año 2000 hasta el 2007 se deforestaron alrededor de 19 hectáreas por cada mil, un número muy elevado cuando se compara con el promedio de toda la nación que correspondía a 5 hectáreas por cada mil.

Estos son algunos de los casos que han generado grandes impactos a las poblaciones y zonas aledañas donde se realizan actividades de minería, por estas razones es necesario establecer mayores controles por parte de las administraciones, dirigidos a controlar y disminuir los impactos que causa esta actividad.

Fuente:https://geoinnova.org/blog-territorio/mineria-medio-ambiente-casos-contaminacion/

Los pueblos y naciones indígenas en Latinoamérica y el Caribe representan una población de al menos 50 millones de personas, 10% de la población actual de la región. Desde la colonización de sus territorios ancestrales, que pasaron a ser propiedad de Estados y privados, han utilizado distintos mecanismos de despojo y exterminio en su contra.
Grandes extensiones de territorios indígenas en el continente, cuentan con enormes riquezas y recursos naturales, que los han transformado en el blanco de las actividades extractivistas que parecen no tener freno.

El Observatorio de Conflictos Mineros ofrece su 2do informe ¿ Agua o Minería? Resistencias Comunitarias en América Látina», en este número, el análisis desde la mirada de los Comunidades Indígenas de Colombia , Ecuador y Venezuela en la defensa del Agua contra la minería.

Descarga gratis ingresando a Publicaciones Ocmal

Descargar documento https://www.ocmal.org/wp-content/uploads/2019/11/Informe_Nº2Corr-1.pdf →

Los pueblos y naciones indígenas en Latinoamérica y el Caribe representan una población de al menos 50 millones de personas, 10% de la población actual de la región. Desde la colonización de sus territorios ancestrales, que pasaron a ser propiedad de Estados y privados, han utilizado distintos mecanismos de despojo y exterminio en su contra.
Grandes extensiones de territorios indígenas en el continente, cuentan con enormes riquezas y recursos naturales, que los han transformado en el blanco de las actividades extractivistas que parecen no tener freno.

El Observatorio de Conflictos Mineros ofrece su 2do informe ¿ Agua o Minería? Resistencias Comunitarias en América Látina», en este número, el análisis desde la mirada de los Comunidades Indígenas de Colombia , Ecuador y Venezuela en la defensa del Agua contra la minería.

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Entre agosto de 2017 y julio de 2018, Brasil tuvo su peor año de deforestación en más de una década, según el Ministerio de Medio Ambiente. Con Jair Bolsonaro y su recién nombrado Ministro de Medio Ambiente, Ricardo de Aquino Salles, quien dijo anteriormente que el cambio climático es un «dogma», es poco probable que esto mejore.

Bolsonaro ha atacado rutinariamente al Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama). En la primera semana de la presidencia de Bolsonaro, el jefe de medio ambiente de Ibama también renunció en medio de críticas de que había irregularidades en el presupuesto. Un funcionario de alto rango de la compañía le dijo a Al Jazeera que Bolsonaro estaba tratando de «deshacerse de nuestra capacidad de detener la vigilancia policial para aquellos que cometen delitos ambientales».

La vigilancia policial en el Amazonas es una tarea difícil para todos los países que intentan proteger el bosque, que alberga una gran cantidad de flora y fauna únicas. Sin embargo, una infraestructura deficiente y un presupuesto limitado significan que la presencia policial está ausente en zonas de la selva y, a menudo, se lleva a cabo la deforestación o la minería ilegales.

El sitio de noticias ambientales Mongabay informó que la minería ilegal actual en la Amazonía «no es comparable a ningún otro período de su historia», según un estudio conjunto de seis países amazónicos. El informe también creó un mapa interactivo, que muestra un mínimo de 2,312 sitios, 245 áreas y 30 ríos afectados por la minería ilegal en todo el Amazonas.

Según el informe, la mayoría de los casos se produjeron en Venezuela, seguidos por Brasil y Ecuador, aunque se considera que la región peruana de Madre de Dios ha experimentado el mayor nivel de degradación debido a la extracción de oro en toda la Amazonía. El alza del precio del oro y los metales preciosos ha contribuido a la «epidemia» minera que ha azotado la región, junto con la asombrosa tasa de impunidad en el sector.

La fuente de los medios peruanos, Semana, explicó que incluso si los individuos que realizan estas actividades ilegales son capturados, es casi imposible que los condenen, debido a la dificultad de encontrar pruebas suficientes. Por ejemplo, las autoridades judiciales requieren partes del equipo usado para llevar la minería como evidencia, pero a menudo los mineros logran destruir la maquinaria antes de ser capturados.

La startup peruana AmigoCloud está utilizando su tecnología de mapeo del Sistema de Información Geográfica (SIG) para ayudar a combatir la deforestación rampante que está experimentando su país. El grupo se ha asociado recientemente con CONIDA, la agencia espacial peruana, para ayudarlos a procesar imágenes satelitales más rápido que nunca. Esto dará a los gobiernos locales y regionales la capacidad de rastrear de manera más efectiva la minería ilegal, la tala, la deforestación y el tráfico de drogas, y esperamos proporcionar pruebas importantes para ayudar a atrapar a los autores de estos delitos.

A medida que la tecnología y la imagen satelital mejoran, se espera que sea más fácil rastrear y proteger el bosque del Amazonas sin tener que gastar millones para implementar investigaciones en el terreno, con el beneficio adicional de que reduce el impacto tanto en el bosque como en el bosque. Las comunidades indígenas que viven dentro de ella.

Fuente:https://tiempominero.com/contenido.php?id=1571

Es una de las principales actividades que genera divisas y crecimiento en diversos países, pero causa problemas como la salinización, la desertificación o la deforestación

La minería es una de las principales actividades extractivas que genera divisas y crecimiento económico en diversos países del mundo.

Naciones como Perú, la República del Congo o Chile son líderes en la producción de oro, cobre, zinc y plata gracias a su amplia biodiversidad de ecosistemas; el potencial productivo de las represas, valles, lagunas y tierras fértiles son geológicamente competitivos para el posicionamiento de empresas multinacionales en estos países.

Si bien la minería genera desarrollo de ciudades en términos de modernización en los ejes de infraestructura urbana, industrial- empresarial y empleo; fomenta por otro lado la explotación indiscriminada del hábitat en su dimensión social, económica y ecológica de las comunidades campesinas aledañas a los campos mineros.

En primer lugar, se genera una degradación, desertificación y deforestación de los suelos por la salinización, solubilización y movilización de metales tóxicos como el arsénico, mercurio, cadmio, plomo y bario (El Tiempo,2018).

En correlación, esta problemática afecta directamente la calidad alimentaria de la producción agrícola (alimentos que sobrepasan el límite máximo permisible de metales pesados según el codex alimentarus); sector primario que representa el 80% de la economía de los países en vías de desarrollo y que implícitamente genera pobreza absoluta, migraciones forzadas y convulsiones sociales en las poblaciones autóctonas (La República, 2012).

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Leyes insuficientes

Este efecto tiene correlación directa a las deficientes legislaciones ambientales por parte de los países subdesarrollados; la inseguridad jurídica, la inexistencia de principios de autoridad y la débil preparación del Estado con enfoque macro-económico impide la armonización entre las actividades extractivas y el medio ambiente.

La falta de un “upstream engagement” de los pobladores a la toma de decisiones políticas en materia de industria extractiva refuerzan una legislación abultada orientada solo para expertos que soslayan una “lingua franca” a fin de otorgarles la “licencia social” a las mineras sin el previo consentimiento ambiental de la ciudadanía.

En tal sentido, en este contexto, el desconocimiento sobre sus derechos, impide a los moradores aplicar la ley de consulta previa como mecanismo de defensa para monitorear y supervisar la efectividad de los estudios de impacto ambiental de las empresas extractivas.

La conflictividad social entre la población y las empresas licitadoras tiene su base en la desconexión entre los procesos de planificación territorial y el sistema de otorgamiento de concesiones en el gobierno central (El Tiempo, 2018).

El escaso ordenamiento territorial propulsado por los poderes descentralizados no delimita las lagunas, valles o zonas ricas en minerales como áreas naturales protegidas y conservadas, dificultando de esta manera la anulación de las concesiones mineras.

Las multinacionales

El ejemplo de Perú

La falta de acceso a la justicia de los pobladores por limitaciones económicas, geográficas y lingüísticas, sumado al inexistente despliegue de las funciones del Estado, permiten que gran parte de la superficie continental de países como Perú se encuentre concesionada a la minería; en cifras un 14,12%( INGEMMET) del territorio está ocupado por mineras que, a largo plazo, degradan los ecosistemas esenciales del paisaje, transformando una tierra de importancia espiritual y/o cultural para una comunidad determinada en una zona árida e inservible.

Como consecuencia, se tienen cifras alarmantes de recursos naturales irrecuperables para la riqueza de los pueblos; pérdidas de lagunas, racionamiento y contaminación del agua, desaparición de valles, campiñas, escasez hídrica por el secado de afluentes hídricos de los principales ríos, etc… Estos impactos al medio ambiente alteran el equilibrio social y económico, afectando negativamente al modus vivendi de la sociedad en los ejes salud, alimentación y bien estar ambiental.

Tragedia ecológica

Desaparece el 40% del valle Yanacocha

En cifras, la ciudad de Cajamarca (Perú) ha perdido el 40% del valle Yanacocha, presenta una alarmante cifra de 38% de desnutrición y un 26% no tiene luz eléctrica ni acceso a agua potable por consecuencia directa de la actividad minera, tales como el agua ácida por la disolución de metales pesados tóxicos durante el drenaje ácido de las minas (La Republica, 2017).

De igual manera, la liberación de gases como el plomo de las chimeneas metalúrgicas a la atmósfera genera una contaminación invisible y de largo plazo en la salud intergeneracional de las poblaciones cercanas a las minas; en otras palabras, nacen niños con alteraciones genéticas y /o con siete veces más plomo en la sangre que el límite máximo permisible por la Organización Mundial de la Salud.

Esta realidad problemática trae consigo la aparición de múltiples enfermedades como la leucemia, la anemia y el cáncer que acortan sustancialmente la esperanza de vida de las personas.

Precisamente, según reportan fuentes de La República, La Oroya es la quinta ciudad del mundo más contaminada del planeta con un nivel de toxicidad de plomo entre 60 y 70 microgramos por decilitro de sangre, ocasionando que el 90% de los niños presenten niveles de este metal tóxico por encima de lo recomendado por las autoridades sanitarias.

La minería no solamente afecta la dimensión humana, también se ve afectado la salud animal por la degradación de la flora; precisamente, se tiene conocimiento de la desaparición de pantanos en la cordillera del Vilcanota (Cuzco-Perú) que eran refugio para los patos salvajes durante su migración, ahora habilitado como estacionamiento y sendero por la explotación minera (El Tiempo, 2018).

Propuestas

En el caso de Perú, considerando que los mecanismos de negociación son inequitativos a lo que respecta la mediación social entre las comunidades campesinas y las empresas mineras respaldadas por el Estado, hay tienen distintas propuestas a considerar para la preservación y protección de las áreas ferrosas de patrimonio ancestral:

En primer lugar, dotar a la ciudadanía de facultades legislativas como un agente federal autorizado por las instancias internacionales a legislar, negociar y tomar decisiones políticas con asesoramiento técnico sobre la concesión o anulación de los proyectos mineros en base a la ley de consulta previa.

Otorgar la licencia social para las actividades extractivas en base a un previo mapa zonal de planificación y ordenamiento territorial que delimite las áreas autorizadas para la concesión de proyectos mineros; contemplando que los impactos ambientales estén fuera del radio de vida urbana, así como la salvaguardia de los recursos naturales, hídricos, agrícolas que suministran la economía de las comunidades campesinas.

■ Exigir la revisión exhaustiva de los expedientes técnicos sobre impactos ambientales, así como la tecnología disponible para la mitigación y neutralización de los efectos negativos al ambiente; uso de biomasa en biodigestores para uso térmico, para generar electricidad a las zonas rurales alejadas de las ciudades, así como reducción de los impactos del cambio climático tales como la emisión de CO2. Implementar catálisis heterogénea y filtros de depuración en las chimeneas para reducir al máximo los gases como plomo.

Interponer recursos de nulidad contempladas en las cláusulas del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) anulando directamente las actividades mineras por incumplimiento de la ley de consentimiento ambiental y consulta previa, sin la necesidad de la intervención del Estado. En otras palabras, las comunidades campesinas afectadas pueden ordenar la anulación del proyecto minero con poderes ejecutivos.

Fuente:https://www.lavanguardia.com/participacion/lectores-corresponsales/20190930/47670210436/batalla-mineria-ecologia-mundo-cambio-climatico.html

Se estima que la Amazonía es el lugar con más biodiversidad en el mundo. Sin embargo, la contaminación por mercurio está poniendo en riesgo a especies emblemáticas como los jaguares y delfines de río, al igual que a peces que son críticos para la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas, rurales y urbanas.

Los delfines rosados ​​del Amazonas tienen niveles preocupantemente altos de contaminación por mercurio, sobre todo debido  al barrido ilegal de oro, reveló un estudio realizado por varias ONG ambientales, entre ellas, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).

El mercurio, clasificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como “una de las diez sustancias químicas que plantean mayor preocupación para la salud pública”, ha afectado negativamente la salud de más un millón y medio de personas en la región, mientras que amenaza la salud y medios de vida de millones más a través de la contaminación del aire y el agua y la intoxicación de plantas y animales.

Los investigadores se propusieron medir la tasa de contaminación de 46 delfines de 2017 a 2019, en las principales cuencas amazónicas de Brasil, Bolivia, Colombia y Perú.

«Todos mostraron un cierto nivel de contaminación por mercurio, con altas tasas para más de la mitad de ellos», dijo Marcelo Oliveira, de WWF Brasil.

«La extracción ilegal de oro es una amenaza real: el 100% de los delfines monitoreados para el estudio han sido contaminados, especialmente en la cuenca del Orinoco (que se extiende sobre Colombia y Venezuela), donde hay grandes concentración de mineros «, dice el estudio.

El mercurio, utilizado para separar el oro de otros minerales, es altamente contaminante.

Pero Marcelo Oliveira considera que la búsqueda de oro no es el único problema. «El mercurio existe en forma natural en la Amazonía, pero se propaga en el agua debido a la deforestación, los incendios forestales y entra en la cadena alimenticia de delfines y peces», explica.

Los altos niveles de mercurio observados en el organismo de los delfines también se traducen en una verdadera «amenaza» para la salud de las casi 20 millones de personas que viven en la región amazónica y que, entre otras cosas, se ven obligadas a consumir pescado contaminado.

«El mercurio puede permanecer hasta 100 años en la cadena alimentaria, ese es el gran problema», concluye Marcelo Oliveira.

Según el Informe Planeta Vivo 2018 de WWF, alrededor del mundo las poblaciones de especies de agua dulce han disminuido en un promedio de 83% desde 1970. Los hallazgos del informe Ríos Sanos, Gente Sana indican que es poco probable revertir esta tendencia en la Amazonía a menos que la contaminación por mercurio sea combatida.

WWF impulsó la creación de la Alianza Regional por una Amazonía Libre de Mercurio, una plataforma que reúne a organizaciones, representantes de gobierno, investigadores y líderes indígenas con el fin de consolidar información, compartir lecciones aprendidas y desarrollar líneas de acción claras, atacando la problemática desde un enfoque regional.

Los investigadores también concluyeron que los movimientos de los delfines no distinguen fronteras internacionales, haciendo necesarios acuerdos entre países para garantizar la protección de las especies.

El estudio se enmarca en la Iniciativa Delfines de América del Sur, formada por las organizaciones Faunagua, Fundación Omacha, Instituto Mamirauá, Prodelphinus y WWF.

La presse canadienne-WWF-RFI

Fuente:https://www.rcinet.ca/es/2019/10/24/delfines-rosas-amazonicos-muy-contaminados-con-mercurio/?fbclid=IwAR0fMc1nRqwNrduq7I6RtbkHwEOIRhOw62nqlLDm4WKBn5-fv3iWwqFFTWA