El dilema de la explotación minera y petrolera en Perú, Bolivia, Ecuador y El Salvador es similar al de Colombia: ¿hasta qué punto deben arriesgar los Gobiernos la estabilidad social, ambiental y de derechos humanos por un modelo de desarrollo económico?
En los últimos años, casi el 40% del territorio colombiano ha sido concesionado o solicitado por transnacionales mineras y de hidrocarburos. Un informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz plantea que, de los 114 millones de hectáreas que lo componen, unos 8,4 millones han sido dados en concesión para la exploración de minerales y 37 millones, titulados para la búsqueda de hidrocarburos.