Latinoamerica, Litio

Búsqueda por el litio latinoamericano

América Latina destaca por sus inmensas reservas de litio. Bolivia, Argentina y Chile son los tres países con mayores reservas de este material, conocidos como el ‘triángulo del litio’.
Tomado de: América Latina en movimiento
15/06/2021
La transición energética ha colocado al litio como un elemento crítico. En América Latina es un tema prioritario que cobró fuerza desde inicios de la segunda década del siglo XXI, durante la administración de Evo Morales. Bolivia, al ser la que mayor volumen de reservas posee, puede aprovechar la creciente demanda mundial de litio. Este artículo abordará la importancia actual que tiene este elemento para la región y los nuevos proyectos que se desarrollan en México y Perú.

La transición energética ha obligado a utilizar tecnología e insumos distintos a los relacionados con los hidrocarburos. El creciente consumo y desarrollo de vehículos eléctricos e híbridos han creado una creciente demanda de litio. Actualmente, el principal uso del metal es en la producción de baterías recargables. En 2014, se estimó que el 29 % del litio a nivel mundial se utilizó en la producción de baterías recargables, este porcentaje aumentó a 71 % en 2021.

El litio ha ganado definitivamente un lugar importante en la disputa por la hegemonía mundial. Cuando se reconoció que el litio sería clave para transición energética del parque vehicular, el elemento comenzó a considerarse como un material estratégico. Desde el 2008, el Departamento de Energía de Estados Unidos considera al litio como 1 de los 16 elementos críticos.

El litio se comercializa en tres formas: concentrados minerales, compuestos minerales y metal refinado. Los minerales de litio, principalmente espodumena, petalita y lepidolita, se extraen de las pegmatitas (yacimientos de roca) y se utilizan principalmente como materia prima para vidrios y cerámica. La mayoría de los compuestos de litio (por ejemplo, carbonato de litio, cloruro de litio e hidróxido de litio) se obtienen a partir de salmueras. El metal de litio se obtiene por electrólisis a partir de cloruro de litio.

Como se puede observar en los mapas anteriores, Argentina, Bolivia y Chile poseen la mayoría de los yacimientos en salares. En tanto que, recientemente, Brasil, México y el Perú han descubierto yacimientos importantes en pegmatita (roca). Los yacimientos de México y el Perú aún se encuentran en fase de exploración, aunque ya se proyecta que sean de los más grandes del mundo.

América Latina destaca por sus inmensas reservas de litio. Bolivia, Argentina y Chile son los tres países con mayores reservas de este material, conocidos como el «triángulo del litio». Durante 2019, en Bolivia la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos produjo apenas 400 toneladas métricas, una producción reducida para las reservas que posee, que representan el 21 % del total mundial. Argentina y Chile cuentan actualmente con proyectos de producción financiados con capital chino, alemán, estadounidense y canadiense.

Hasta marzo de 2021, en México se encuentran registrados 36 proyectos, según información oficial de la Secretaría de Economía. De estos, uno se realizará con una parte de capital mexicano. Destaca que 15 de los 36 proyectos pertenecen a Organimax, empresa de origen canadiense. El resto se realizará con capital británico, estadounidense, francés, español, australiano y canadiense. Sobresale que no existe ningún proyecto con capital chino, a diferencia del resto de la región.

El Perú no se había destacado por poseer grandes yacimientos ni ser un productor de litio hasta hace poco. A mediados de 2018 se encontró un importante yacimiento mientras se exploraba el territorio de Macusani, Puno, para la explotación de uranio. Esta reserva destaca del resto en la región ya que el elemento se encuentra en roca pegmatita, en vez de en salmueras, que es como se encuentran los grandes yacimientos del Triángulo. En 2021, la empresa canadiense Plateau Energy, la propietaria del proyecto, lo vendió en su totalidad a su connacional Lithium Americas, a través de la bolsa canadiense. Lithium Americas está centrada en el avance del proyecto Cauchari-Olaroz en Jujuy, Argentina, y del proyecto Thacker Pass en Nevada, Estados Unidos, hasta su producción.

El golpe de Estado boliviano realizado por injerencia extranjera, como la estadounidense y la británica, es uno de los ejemplos más claros del interés que hay por el elemento. EUA ha manifestado en diversas ocasiones lo crucial que es el elemento para los próximos años, y, por ende, la necesidad de asegurar su acceso para satisfacer su demanda, en la competencia tecnológica, donde la transición energética es crucial.

Los gobiernos de México y Perú han expuesto interés por seguir un camino similar al de Bolivia. Se ha planteado la opción de nacionalizarlo para que el Estado pueda explotarlo y probablemente procesarlo. Este último proceso se ha considerado como una parte necesaria para una política industrial activa, como la que se comenzó a desarrollar durante la administración de Evo Morales.

El destino del litio en el Perú podría definirse por quién gane las elecciones presidenciales en las próximas semanas. Mientras Castillo se ha decantado por la idea de nacionalizar diversas materias primas, como los minerales y el gas, Fujimori tiene establecido continuar con política de libre mercado, por lo que el elemento quedaría en manos de inversores extranjeros. En tanto que en México las cosas son inciertas, el presidente Andrés Manuel ha hecho público el interés por nacionalizar el elemento. En el congreso, por parte del partido líder y al cual pertenece el presidente, se comienza a plantear un proyecto de ley para promover un mercado regulado con inversores extranjeros.

El litio y su explotación en la región se presenta como un choque de intereses. Mientras que los propios países de la región buscan aprovechar la creciente demanda del litio para obtener recursos fiscales de su explotación, los países desarrollados aseguran su acceso para la producción de baterías recargables, indispensables en el cambio de matriz energética y del parque vehicular en la que están inmersos. El golpe de Estado en Bolivia fue una de las manifestaciones de este choque de intereses. Los países de la región deberán tomar acciones más firmes si es que buscan aprovechar sus recursos naturales y utilizarlos activamente en el desarrollo, en caso contrario, podrían seguir con el modelo primario exportador, sin llevar a cabo procesos de transformación y perder la oportunidad de aumentar el valor agregado a las exportaciones y al consumo interno.

Núm. 19, Año 2021, 11 de Junio

– Hiromi Iijima Cruz, Facultad de Economía, UNAM, miembro del obela.org.

– OBELA: Oscar Ugarteche (Coord.), Armando Negrete, Carlos de León, Jorge Zavaleta, Bertín Acosta.

https://www.alainet.org/es/articulo/212648

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Latinoamerica

“DESARROLLO VS. SUSTENTABILIDAD” LOS DESAFÍOS DESDE AMÉRICA LATINA

06/06/2021
“Desarrollo vs. sustentabilidad” los desafíos desde América Latina
“…como región y como país, tenemos un gran desafío y oportunidad para hacer una contribución crucial al principal problema político que afrontamos como especie: salirnos de la matriz extractivista heredada de la colonia es reducir nuestra cuota de subsidio ecológico a los sistemas sociales de despilfarro masivo. Es la base para buscar otras alternativas al desarrollo; procurar matrices socioeconómicas, políticas y ecológicas donde sea posible conjugar salud de la Tierra, salud de los cuerpos y de la sociedad.”
Fuente: nodal
Imagen: Desde abajo
Por Horacio Machado Aráoz*
El 21 de febrero de 1972, meses antes de que la ONU convocara la I Cumbre sobre el Medio Ambiente Humano (Estocolmo), un líder político del Sur global advertía que “ha llegado la hora en que todos los pueblos y gobiernos del mundo cobren conciencia de la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y la biósfera, la dilapidación de los recursos naturales, y la sobre-estimación de la tecnología […] El ser humano ya no puede ser concebido independientemente del medio ambiente […] si continúa destruyendo los recursos vitales que le brinda la Tierra, solo puede esperar verdaderas catástrofes sociales para las próximas décadas” (Perón, 1972).

Hoy, casi 50 años después, vivimos la catástrofe. Somos habitantes de un mundo de destrucciones socialmente producidas, pero políticamente naturalizadas. El año que pasó –junto a temperaturas récord en el Ártico y la Antártida; descomunales incendios en la Amazonía, en el Oeste norteamericano, en Siberia y en Australia– los humanos sufrimos la primera pandemia verdaderamente global. Por primera vez, un virus –un elemento básico del
planeta– puso a toda la humanidad bajo la circunstancia de poder experimentar-nos como dad biótica: integrantes de una misma especie que comparten iguales requerimientos vitales e idénticos padecimientos y riesgos biológicos.

Irónicamente, en pleno siglo XXI, en la cumbre de una fenomenal carrera científico- tecnológica, las sociedades más avanzadas se han visto igualmente vulnerables; forzadas a recurrir a una tecnología medieval como único paliativo. Pero más irónico aún es “el origen industrial del virus”, vinculado a la producción agroalimentaria global y su expansión desproporcionada sobre los hábitats naturales que, a fuerza de monocultivos y mega granjas, han operado como una aplanadora biológica, generando las condiciones de esta y otras enfermedades zoonóticas (Wallace, 2016).

Vista en su etiología, la pandemia es fiel expresión del carácter contradictorio de nuestro curso civilizatorio: un modelo de “desarrollo” que, procurando construir las condiciones del bienestar humano, legitimándose en ideales que dicen querer poner fin a la escasez, al hambre y a la desprotección humana ante los riesgos naturales, ha pasado a funcionar como dispositivo estructural de degradación sistemática de la biósfera terrestre, justamente la que
provee las condiciones fundamentales de nuestra existencia.

Desde (por lo menos) 1970 a esta parte, las advertencias ambientalistas han sido desechadas; de Estocolmo a Madrid (2020), las sucesivas cumbres de la Tierra han trazado un sarcástico camino: de la negación a la oficialización e institucionalización de la crisis ecológica global; y de allí, a la fase actual de banalización y naturalización. Hoy, a diferencia de décadas atrás, “todo el mundo sabe” y, al mismo tiempo, “nadie hace nada” (realmente conducente).

Las preocupaciones ambientales siempre han terminado sucumbiendo ante la prioridad política excluyente del “desarrollo”. Y el problema del “desarrollo” es que, bajo la retórica “bienintencionada” de sus promesas, subyace una maquinaria de “destrucción creativa” (Joseph Schumpeter) diseñada para no parar; una maquinaria que no solo no tiene freno de emergencia (Walter Benjamin), sino que además entra en crisis cuando apenas se desacelera.
La idea de desarrollo supone, subrepticiamente, una dinámica inmanente de crecimiento incesante (de la producción y el consumo de mercancías) como condición sine qua non para el (supuesto) logro de todos los objetivos políticamente deseables (de allí que el PBI sea considerado acríticamente el medidor universal del grado de “desarrollo” de los países; acaso también, de “felicidad” de las poblaciones). Incluso el “cuidado del ambiente” implicaría como requisito la necesidad primero de “desarrollarse”.

Así, “el desarrollo ha llegado a ser una cuestión de vida o muerte”, pues “el crecimiento industrial tiene un carácter fatal si continúa su curso exponencial, […] tiende a aniquilar el ecosistema por una explotación insensata” (Morin, 1972: 61). En términos estrictamente racionales, sabemos que no es posible el crecimiento indefinido en un planeta con taxativos límites biofísicos. Crecimiento (ilimitado) y sustentabilidad son incompatibles; por tanto, “desarrollo sustentable” es un oxímoron. Sin embargo, siendo una idea absurda, el “desarrollo sustentable” sigue actuando como una política indiscutible. El crecimiento funciona en nuestras sociedades como dogma sagrado y la acumulación de riquezas (financieras), como su verdadera religión: lo que inmensas mayorías asumen y lo que determina el sentido de sus vidas.

Ahora bien, tal credo solo resulta eficaz a condición de restringir la noción de “riqueza” a meras formas abstractas, pues únicamente los valores financieros podrían crecer de forma indefinida. El economista rumano Nicholas Georgescu-Roegen (también a inicios de los 70) señaló como un error grave confundir riqueza con dinero y pensar la economía abstraída por completo de los flujos de materiales y energía provenientes de los ecosistemas. Pues, el velo
del dinero encubre el empobrecimiento real que supone la destrucción y agotamiento de recursos bajo la fachada del crecimiento del PBI. Para el fundador de la economía ecológica, una economía centrada en el dinero no solo ocluye el costo ambiental del crecimiento, sino también su costo social: el hecho de que la expansión económica se logra a expensas del aumento de la tasa de explotación, de la naturaleza externa (suelo, agua, energía, minerales,
etcétera) y de la interna (cuerpos de trabajadores).1

Para ser más precisos, el crecimiento de la economía supone no solo el aumento de la tasa de explotación de los recursos, sino también la profundización de las desigualdades históricas en la apropiación diferencial de la naturaleza (incluido el trabajo humano). Esto es clave para nuestro país y para toda América Latina. El patrón de división internacional del trabajo (y de la naturaleza) que venimos arrastrando desde la época colonial funciona como un mecanismo estructural de transferencia sistemática de riquezas naturales hacia los países “industrializados”. Solo a condición de ese fenomenal subsidio ecológico, la maquinaria industrial del mundo ha podido seguir funcionando (hasta ahora).

Desde hace por lo menos 50 años sabemos que “las mal llamadas ‘sociedades de consumo’ son, en realidad, sistemas sociales de despilfarro masivo” que funcionan en “los paísestecnológicamente más avanzados mediante el consumo de ingentes recursos naturales aportados por el Tercer Mundo” (Perón, 1972). Cada ciclo de crecimiento de la economía mundial ha estado basado en lo que el historiador ambiental Jason Moore llama “apropiaciones de frontera”: mecanismos político-económicos a través de los cuales los países periféricos “envían vastas reservas de trabajo, alimento, energía y materias primas a las fauces de la acumulación global del capital” (Moore, 2013: 13).

Desde que iniciamos como pueblos nuestro camino en busca de la independencia, a principios del siglo XIX, lo hicimos por la senda equivocada de suplir el gobierno externo con élites internas, pero manteniendo y profundizando la misma plantilla económica y socioterritorial impuesta. Las ciencias sociales en América Latina nacieron de la crítica a esa historia, la de la conformación de sociedades fundadas en la apropiación oligárquica de la tierra para la organización y administración de economías primario-exportadoras. Para lxs economistas fue
la causa de nuestro subdesarrollo y dependencia; para lxs sociólogxs, las raíces de las desigualdades extremas y el autoritarismo.

La ecología política ve en ese modelo un esquema insustentable de depredación creciente, de injusticia y violencia (económica, política y socioambiental) estructural. Eso que llamamos “extractivismo” no es solo una cuestión ambiental; es un concepto político que da cuenta de las interrelaciones existentes entre sobreexplotación de recursos, concentración económica y autoritarismo político. Así, reconocer las ineludibles conexiones entre sustentabilidad, equidad y democracia implica que, si queremos apuntar a ellas, debemos empezar por abandonar el
extractivismo.

Desde esa óptica, como región y como país, tenemos un gran desafío y oportunidad para hacer una contribución crucial al principal problema político que afrontamos como especie: salirnos de la matriz extractivista heredada de la colonia es reducir nuestra cuota de subsidio ecológico a los sistemas sociales de despilfarro masivo. Es la base para buscar otras alternativas al desarrollo; procurar matrices socioeconómicas, políticas y ecológicas donde sea posible
conjugar salud de la Tierra, salud de los cuerpos y de la sociedad.

En esa dirección parece oportuno retomar viejos consejos: “Debemos cuidar nuestros recursos naturales con uñas y dientes de la voracidad de los monopolios internacionales que los buscan para alimentar un tipo absurdo de industrialización y desarrollo en los centros […] De nada vale que evitemos el éxodo de nuestros recursos naturales si seguimos aferrados a métodos de desarrollo, preconizados por esos mismos monopolios, que significan la negación de un uso racional de aquellos recursos. […] El problema básico de la mayor parte de los países del Tercer Mundo es la ausencia de una auténtica justicia social y de participación popular […] La humanidad debe ponerse en pie de guerra en defensa de sí misma”. En pleno siglo XXI no nos está permitido recaer en las necedades del XIX: no podemos seguir buscando la independencia ni profundizando lo que nos hace esclavos. No podemos continuar pensando el bienestar humano de espaldas a la Madre Tierra.

*Investigador del Conicet, coordinador del Grupo de Ecología Política del Sur (CITCA), director del Doctorado en Ciencias Humanas de la UNCa.

Notas:

1. El planteo de la economía ecológica no supone oponerse absolutamente al crecimiento de la
producción, ni a la innovación tecnológica, sino que plantea la necesidad de establecer límites
y regular el ritmo y sentido de los procesos productivos, tanto para adecuar las tasas de
extracción y consumo de materia y energía a las condiciones ecosistémicas, como para
orientarlos prioritariamente a la satisfacción universal e igualitaria de las necesidades vitales.
Bibliografía:
– Moore, J. (2013), “El auge de la ecología-mundo capitalista”. Laberinto N° 38.
– Morin, E. (1972), “Conciencia ecológica”. En Ecología y Revolución. Nueva Visión, Bs. As.
– Perón, J. D. (1972), “Mensaje ambiental a los pueblos y gobiernos del mundo”.
– Wallace, R. (2016), “Big farms make big flu”. En Monthly Review Press.

“Desarrollo vs. sustentabilidad” los desafíos desde América Latina

Latinoamerica

Asesinatos, abusos y desalojos forzados: el lado B de la minería en Latinoamérica

27/05/Por: Juan Parrilla *¨
El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) ha registrado 284 conflictos sociales por la megaminería. Reciente investigación detectó que, entre Perú, Colombia, México y Ecuador, hay 156 defensores ambientales criminalizados.
Protesta por líderes ambientales amenazados en Honduras.
Protesta por líderes ambientales amenazados en Honduras. / Fundación San Alonso Rodríguez

El 10 de abril pasado, un grupo de desconocidos encapuchados arrojó una bomba molotov que incendió las oficinas de la minera Agua Rica, en Andalgalá, en la provincia argentina de Catamarca. Fue mientras se realizaba una marcha de vecinos que desde hace más de una década se manifiestan todos los sábados a favor del medioambiente, siempre de manera pacífica. Pese a la falta de pruebas y a que todo indicaba que se trataba de “infiltrados”, una fiscal que trabajó para el sector minero ordenó la detención de 12 pobladores. La mayoría estuvo dos semanas en prisión.

El día de su liberación, a más de 5.000 kilómetros de allí, en Honduras, ocho personas cumplían entre 20 y 30 meses encarcelados. Permanecen detenidas luego de una serie de protestas contra un proyecto minero de Inversiones Los Pinares. Son parte de una causa en la que 32 pobladores, incluido un muerto, están siendo juzgados como parte de una asociación ilícita por los mismos tribunales que se crearon para investigar al crimen organizado.

Los dos casos muestran una de las caras más oscuras de la megaminería en América Latina. Con distintos grados de violencia, las recetas para combatir la falta de licencia social se repiten: asesinatos, detenciones, desalojos forzados, criminalización, irregularidades judiciales, fuerzas de seguridad con poder de policía y corrupción. Donde hay minería, hay un conflicto social, la democracia se convierte en una ficción y la vida cambia para siempre.

El sector más peligroso

Según el último informe de la organización Global Witness, América Latina es la región con más defensores del medioambiente asesinados, con dos tercios de los casos en 2019. El triste ranking de ese año lo lideró Colombia, con 64 víctimas fatales. Cinco de los seis países que le siguen son de la zona: Brasil (24), México (18), Honduras (14), Guatemala (12) y Venezuela (8). La minería fue el sector más peligroso, con 50 crímenes. (Le sugerimos: Colombia es el país más letal para líderes ambientales)

A la fecha, el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) registra 284 conflictos sociales por la megaminería. La mayoría, en México, Chile y Perú, seguidos por la Argentina, Brasil y Colombia. Detrás de la frialdad de las cifras hay personas. Y detrás de ellas, una familia, una comunidad, una historia desconectada de los grandes centros urbanos y la vida democrática.

A pesar de la irrupción de capitales chinos y la importante presencia de empresas británicas, más de la mitad de los emprendimientos mineros en la región siguen siendo de compañías de Canadá. Mientras su primer ministro Justin Trudeau impulsa sanciones junto a los Estados Unidos para los países con leyes climáticas débiles, los encargados de negocios de sus embajadas hacen lobby a favor de mineras ligadas a procesos de violencia, corrupción y contaminación.
Líderes ambientales asesinados.
Líderes ambientales asesinados. / Periodistas por el Planeta

Violaciones y abusos

Tal el caso de la mina Fénix, en la costa norte del Lago de Izabal, en Guatemala, en territorios que reclama la comunidad maya Q’eqchi. El conflicto desembocó en tres demandas en el Tribunal Superior de Justicia de Ontario por acusaciones contra las empresas canadienses HudBay Minerals y HMI Nickel, y su subsidiaria CGN. Son los únicos procesos en los que juzgados de ese país aceptaron acciones contra una empresa local por violaciones a los derechos humanos en el extranjero.

La primera de esas demandas es por el abuso sexual de 11 mujeres, el 17 de enero de 2007, por parte de policías, militares y personal de seguridad con ropa de la minera CGN, durante la expulsión de un centenar de familias de la comunidad de Lote Ocho.

Una de las víctimas, Rosa Elbira Coc Ich, contó que nueve hombres irrumpieron en su casa preguntando por su marido y la violaron. Hoy, no puede tener hijos, posiblemente por las lesiones que sufrió. Entre las víctimas también hay embarazadas que perdieron sus bebés.
El Espectador en video:

En el marco del juicio, las mineras tuvieron que entregar unos 20.000 documentos internos a las demandantes. “Allí consta que CGN pagó cientos de miles de dólares a los soldados y la policía para realizar los desalojos”, subraya el abogado canadiense Grahame Russell, director de Rights Action, una de las ONG que colaboran con las comunidades afectadas.

Otra demanda es por el crimen del docente Adolfo Ich, el 27 de septiembre de 2009, en medio de nuevas amenazas de desalojos. Su esposa y denunciante, Angélica Chub, recuerda que el jefe de seguridad del proyecto, el excoronel Mynor Padilla, había convocado a su marido a conversar, pero un grupo de empleados de la empresa lo empezó a golpear y lo arrastró hacia el interior del predio de la minera. “Una vez allí, un miembro de las fuerzas de seguridad de Fénix lo atacó con un machete. Entonces Mynor Padilla se acercó y le disparó en el cuello”, repasa la denuncia.

Esa jornada terminó con otros siete pobladores heridos de bala. Uno de ellos es Germán Chub Coc, quien quedó parapléjico. Es el tercer demandante en los tribunales de Ontario.

Estrategia de desgaste

La también canadiense Pan American Silver es otra de las empresas emblemas en la región, con presencia en cinco países. En México opera dos proyectos, entre ellos, La Colorada, en Zacatecas, la mina más grande de la compañía. Abrió en 2004 y una década más tarde comenzó un proceso de expansión que desató un conflicto por las tierras con los pobladores de la zona.

Tras dos años de amenazas, el 13 de enero de 2017, personal de seguridad de Pan American Silver munido de armas largas obligó a 46 familias a desalojar los terrenos que su comunidad ocupaba desde hacía casi un siglo. Sus casas fueron destruidas y todos fueron reubicados en viviendas de lámina que les dieron en comodato, dentro de un complejo habitacional que funciona casi como un gueto, a 200 metros del ingreso a la mina, entre los ruidos de las máquinas y los respiradores, y con un perímetro alambrado e iluminado las 24 horas del día, lo que dificulta el descanso. (Le puede interesar: Colombianos ayudan a esclarecer el asesinato de una ambientalista)

Los vecinos denuncian que todo es parte de una estrategia de desgaste para forzarlos a abandonar la zona, que comenzó cuando la minera echó a los empleados que vivían en la comunidad. La tortura psicológica se completa con un duro reglamento confeccionado por la empresa. Los pobladores aseguran que ni siquiera pueden festejar un cumpleaños fuera de sus hogares y que no están permitidos los ruidos después de las 23 horas. Tampoco pueden criar animales para alimentarse y hasta tienen regulados los tipos de mascotas que pueden tener. Si rayan un mueble, se les aplica una multa de 300 pesos. Les llegaron a cortar el agua por más de un mes.

¿Feliz Navidad?

A pesar de ese y otros antecedentes, como la contaminación en torno a la mina Quiruvilca en Perú, Pan American Silver intenta avanzar en el sur de la Argentina, en Chubut, con el proyecto Navidad, en un proceso cargado de avasallamientos a las instituciones democráticas. Eso incluye represión y detenciones, una cámara oculta a un diputado provincial pidiendo dinero para hacer lobby, un audio de otra legisladora revelando que se pagaron coimas y la foto del celular de un tercer congresal que en plena sesión recibió un mensaje con instrucciones de un directivo de una minera para desvirtuar el contenido de una iniciativa popular.

El proyecto Navidad, sin embargo, tiene un obstáculo: en la provincia de Chubut está prohibida la minería a cielo abierto y el uso de cianuro, tras una consulta popular en el pueblo de Esquel, en 2003. Fue la segunda consulta que se realizó en América Latina sobre megaminería y tomó como referencia la experiencia inédita en Tambogrande, en la provincia peruana de Piura, en junio de 2002.

En total, el OCMAL lleva contabilizadas 39 consultas populares en la región, pero concentradas en sólo seis países. Aunque no siempre los gobiernos han reconocido esas elecciones y algunas veces han usado artilugios legales para eludir sus resultados, muchas han conseguido modificar, retrasar y hasta frenar proyectos.

Otra forma de participación directa son las consultas previas, pero suelen ser una mera formalidad cuyos resultados no se tienen en cuenta. Una situación análoga ocurrió en Honduras, en torno a las concesiones ASP 1 y ASP 2 de Inversiones Los Pinares, uno de los casos que se narran al inicio de este artículo. El 29 de noviembre de 2019, hubo un cabildo abierto en el municipio de Tocoa, Colón, del que participaron unas 3.500 personas, según las actas oficiales, aunque los vecinos afirman que fueron muchos más. Pese a que los pobladores declararon a la comuna como libre de minería, la empresa informó que eso “no afecta en absoluto” sus operaciones.

“El agua parecía jugo de tamarindo”

El conflicto, como otros en la región, había empezado en el más absoluto secreto, cuando el Congreso impulsó, un año después de su creación, la reducción de la zona núcleo del Parque Nacional Montaña de Botaderos, para allanar el camino de la explotación de óxido de hierro.

“Nos topamos con un muro terrible en todos los niveles: municipio, gobierno central y empresa”, recuerda Juan Antonio López, vecino de Tocoa y referente de la oposición al proyecto minero.

El detonante del capítulo más sombrío del conflicto se empezó a escribir en abril de 2018, durante la construcción de los caminos hacia el proyecto. No es una novedad: es habitual que los primeros efectos de la presencia de las mineras en un lugar se perciban al abrirse las rutas de acceso, por el polvo de las explosiones. Un antecedente conocido es el del proyecto binacional Pascua Lama, entre Chile y la Argentina, donde la justicia chilena frenó las obras porque acreditó la presencia de una capa de polvo sobre dos glaciares.

En el caso hondureño, la polvareda se visibilizó en los ríos Guapinol y San Pedro, y en sus afluentes. “El agua parecía jugo de tamarindo”, recuerdan los vecinos. Eso movilizó a comunidades que hasta ese momento no habían protestado.

Los pobladores tomaron por dos semanas el edificio municipal. También cortaron la calle de acceso a la empresa y paralizaron la actividad. Pedían dialogar con el gobierno, pero las autoridades los llamaban a negociar con la empresa. Buscaban un acuerdo económico. “Nos llegaron a decir que el Estado no se responsabilizaba de lo que nos pudiera ocurrir”, recuerda López.

Criminalización de los defensores

Durante una de las tantas protestas, según el relato de los pobladores, desde un vehículo de la empresa salió un disparo que hirió a un manifestante. La reacción de los vecinos fue retener al jefe de seguridad de la mina, que fue entregado a la policía. Y la respuesta del Estado fue brutal: en septiembre de 2018, el Ministerio Público impulsó una acción penal contra 18 pobladores.

La criminalización estaba en marcha, pero la lección no había sido suficiente y en febrero de 2019 se imputó a otras 14 personas, 32 en total. Fueron acusadas de cometer seis delitos, incluido el de asociación ilícita. Ocho de ellos permanecen detenidos y otros cinco están en riesgo de ser apresados.

La estrategia no es casual. Una reciente investigación de Mongabay detectó que, entre Perú, Colombia, México y Ecuador, hay 156 defensores ambientales criminalizados, 58 de ellos —la mayoría— por conflictos vinculados a la megaminería.

Uno de los acusados en Honduras es Juan Antonio López. Es considerado por el Ministerio Público como el jefe del grupo, una especie de capo narco al mejor estilo Pablo Escobar, pero que, en lugar de hacer negocios ilegales, pide que una minera no se instale en una zona protegida por ley, en la que hay 34 fuentes de agua de las que dependen miles de personas.

La versión de las mineras:

– Sobre el conflicto en La Colorada, Pan American Silver aseguró en su Reporte de Sostenibilidad de 2019: “Como parte de una expansión en la Colorada en 2015, construimos nuevas instalaciones en el campamento y reubicamos trabajadores, como también grupos de familias que no eran trabajadores, pero vivían en nuestra propiedad en condiciones precarias de vivienda. Hemos estado trabajando proactivamente con la ACNUDH y las familias afectadas para solucionar los temas”.

– Sobre las demandas contra Hudbay, la empresa señaló en un comunicado publicado por BNamericas que “carecen de fundamento”. En otra nota de prensa posterior, luego de que los juicios fueran aceptados en tribunales canadienses, la compañía señaló: “Tras tener una oportunidad para contrainterrogar a los demandantes, confiamos en que sus denuncias no son ciertas y los casos se resolverán favorablemente sobre los méritos del juicio”.

– En enero de 2020, Inversiones Los Pinares publicó un comunicado sobre el conflicto en Tocoa, Colón, Honduras. Dijo: “Como indican las leyes hondureñas y es del conocimiento general, la declaratoria que se realizó en el cabildo abierto del 29 de noviembre de 2019 en Tocoa, Colón, no tiene ninguna validez ni efecto en nuestro proyecto minero, y por tanto no representa ningún tipo de alteración en nuestra operación. Nuestro proyecto sigue más firme que nunca, a pesar de la desinformación que ha pretendido divulgar un pequeño grupo de personas y organizaciones malintencionadas e interesadas en crear el caos, sembrar odio y evitar el desarrollo en la zona”.

*Esta publicación es parte de un proyecto periodístico liderado por Periodistas por el Planeta (PxP) en América latina. Licencia Creative Commons, con mención del/los autor/es y la fuente (PxP).
https://www.elespectador.com/ambiente/asesinatos-abusos-y-desalojos-forzados-el-lado-b-de-la-mineria-en-latinoamerica/

Latinoamerica

Encuentro internacional analizará el rol de las mujeres en la construcción de economías más sostenibles

La actividad, que se desarrollará este jueves 20 de mayo, reunirá a representantes tanto del sector público como del privado, provenientes de Europa y América Latina.
17/05/2021
Una nutrida agenda que contará con la participación de expertas internacionales en la materia, es la que tendrá el diálogo intersectorial “El rol de las mujeres en la construcción de una economía más sostenible: experiencias desde los sectores de minería y energía”, que se desarrollará este jueves 20 de mayo (9:00 CO/EC/JM/PE, 10:00 BO/CL, 11:00 AR/BR/UY, 16:00 Europa).

Red de Ingenieras de Minas realizará conversatorio en el marco de su primer aniversario
El evento –online, abierto al público previa inscripción, y con traducción simultánea- dará inicio con un análisis del rol de las mujeres en la construcción de transición hacia la economía sostenible del futuro, la importancia del liderazgo y la participación de las mujeres para la recuperación económica, y el rol de la transparencia en impulsar un crecimiento económico verde, donde María Inés Salamanca, coordinadora de ONU Mujeres en Chile y Especialista de alianzas y movilización de recursos para América Latina; y Elisabeth Winkelmeier-Becker, secretaria de Estado del Ministerio de economía y Energía de Alemania, darán sus visiones al respecto.

Asimismo, María Cristina Güell, coordinadora de la Política Nacional Minera 2050 del Ministerio de Minería de Chile; Ege Tekinbas, asesora de Género del Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible (IGF); y María Paula Moreno Torres, jefa de la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales, Ministerio de Minas y Energía de Colombia, participarán en el panel de políticas públicas con enfoque de género en los sectores de minería y energía, que aportan de forma innovadora al desarrollo de soluciones verdes.

La instancia finalizará con un panel donde se analizarán experiencias desde el sector empresarial, y el rol que han tenido las mujeres en la promoción de soluciones innovadoras para transformar los sectores de minería y energía, y que contará con las presentaciones de Rosa María Soto, gerenta de Sostenibilidad Global de Acciona Energía; María Paz de la Cruz, gerenta general de H2 Chile A.G.; Verónica Nohara, gerenta general de Minera Don Nicolás de Argentina; y Loreto Acevedo, gerenta general de Indimin.

Este diálogo intersectorial, que contará con un documento de posición disponible al público durante el mes de junio, es organizado por el Programa Win-Win, implementado por ONU Mujeres, la Organización Internacional del Trabajo y el respaldo financiero de la Unión Europea; y el Programa de Cooperación Regional para la Gestión Sustentable de los Recursos Mineros en los Países Andinos (MinSus) implementado por la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) y el Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales (BGR), por encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ, por sus siglas en alemán).
https://www.mch.cl/2021/05/17/encuentro-internacional-analizara-el-rol-de-las-mujeres-en-la-construccion-de-economias-mas-sostenibles/

Latinoamerica

Anglo American esconde la verdad de su impacto en Latinoamérica

www.olca.cl 04/05/2021

Junto a organizaciones internacionales de derechos humanos y justicia ambiental, comunidades latinoamericanas se unen para contrarrestar el impacto de Anglo American en sus territorios. Comunidades de primera línea que han luchado contra el gigante minero se han unido en solidaridad para decir la verdad de lo que sucede. Puedes revisar su declaración pública aquí. (ABAJO)

Anglo American es una compañía minera con sede en Londres. La compañía fue fundada en 1918 y hoy es una de las más grandes a nivel mundial. Posee operaciones mineras en Perú, Chile, Colombia, Brasil. En el sur de África, Canadá y Australia. Las operaciones de extracción de minerales se focalizan en cobre, platino, níquel, hierro, carbón, diamantes, entre otros diversos minerales. A pesar de la crisis sanitaria, que ha afectado a todo el mundo, pareciera que esta no ha afectado al rubro extractivo. El gigante minero dio a conocer sus resultados financieros preliminares en Diciembre de 2020, llegando a un total de $9.8 billion (1). Sin embargo, este resultado es debido a la sobreexplotación de hierro y cobre en Brasil y Chile. Pero, por sobre todo, resultado de los altos impactos en las vidas de las personas y el medio ambiente. El informe del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Mineros y otros informes sobre Covid y Minería (2) detallan cómo la minería ha aprovechado el contexto de la pandemia por COVID-19 para favorecerse. Sin importar las vulneraciones a los derechos humanos y la degradación de los ecosistemas.

El 15 de abril, Anglo American dio a conocer su compromiso de utilizar energía 100% renovable en todas sus operaciones mineras para el año 2022 (3). Este anuncio repercutió de buena manera debido al impacto energético de la minería. Sin embargo, las comunidades que tienen como vecino a alguna operación de la compañía, no están muy seguras de que esta sea la única medida que el gigante minero debe tomar para disminuir su impacto. Anglo American se ha dado a conocer alrededor del mundo por estar involucrado en múltiples conflictos socio ambientales. Los principales conflictos en América Latina son relacionados a sus operaciones en la mina de carbón a cielo abierto de Cerrejón, la más grande de América. Las minas de cobre El Soldado y Los Bronces en Chile. El futuro proyecto de cobre en Quellaveco, Perú y Minas Rio de hierro en Brasil.

Este 05 de mayo, Anglo American celebrará su Reunión Anual de Accionistas (AGM). Todos los años la sesión se desarrolla presencialmente en Londres. Debido a la crisis sanitaria, esta reunión se realizará de manera online. Sin embargo, se podrán recibir consultas en línea. Por lo cual, desde London Mining Network, una coalición de organizaciones de justicia climática y derechos humanos, que trabaja en solidaridad con las comunidades que enfrentan los impactos de las compañías mineras con sede en Londres, se presentará la verdad sobre los impactos de la empresa. Las comunidades en resistencia a Anglo American junto a London Mining Network, WarOnWant, Terra Justa, entre otras organizaciones internacionales, presentará las operaciones destructivas de la empresa en Latinoamérica. Para mostrar la realidad de los problemas que están enfrentando. Como son la escasez extrema de agua, la destrucción de los glaciares, la degradación del ecosistema, contaminación de agua y aire, como enfermedades relacionadas a las operaciones mineras.

En Chile, las comunidades, a escasos kilómetros de las faenas de Anglo American, han estado, están y estarán recibiendo a cambio de su negocio, polvo de relaves, escasez de agua, destrucción de glaciares y contaminación.. Anglo American está dejando sin agua a las comunidades en Lo Barnechea, Colina y El Melón. Actualmente las personas tienen problemas para acceder al agua potable para vivir. Este impacto es consecuencia de la sobreexplotación de cuencas y el impacto directo en los glaciares por las operaciones de la compañía. Además, la compañía minera posee derechos de agua por más de 119 millones de agua al día. El 91% de los glaciares de Sudamérica se encuentran en Chile y son la principal reserva de agua para el país. Solo entre 1988 y 2005 destruyeron en las cuencas altas del Río Mapocho y Maipo entre 6 y 9 millones de metros cúbicos de agua de glaciares (Brenning, 2010). Anglo American con sus operaciones en Los Bronces Integrado ha contribuido a la destrucción de los glaciares en Chile, impactando las reservas de aguas más importantes para la vida.

Teresa Poblete, líder ambientalista del Movimiento No+Anglo, dice “Nos parece inaceptable su mirada e impacto, mientras se permite, a vista de todos, que nuestras comunidades se enfermen y cada vez se hagan más pobres. Debido a sus operaciones, nuestros terrenos ya no tienen valor, inhalan el polvo minero que daña nuestros pulmones, no tenemos acceso al agua potable y cuando tenemos agua, está contaminada. Les pedimos que si tienen un poco de humanidad no nos maten a todos”

En Colombia, Anglo American junto a BHP y Glencore, operan la Mina de carbón a cielo abierto más grande de Latinoamérica, Cerrejón. La operación minera, se encuentra en el departamento de La Guajira, una zona seca y territorio ancestral del pueblo Wayuu. A pesar de que la crisis climática obliga a dejar de usar los combustibles fósiles, la empresa tiene trazado un plan de expansión sobre el cauce del arroyo Bruno para explotar el tajo La Puente.

La sentencia de la Corte Constitucional SU-698 de 2017, protege: ‘El derecho a la salud, al agua y a la seguridad alimentaria de comunidades indígenas ante amenaza de vulneración por proyecto de desvío del cauce del arroyo bruno que adelanta el Cerrejón’, ha sido ignorada por la empresa Carbones del Cerrejón y las instituciones del Estado al haber autorizado la desviación y destrucción del cauce natural del arroyo Bruno con el fin de expandir y continuar con la explotación de carbón.

Anglo American ha sido criticada porque ha expresado su intención de vender las acciones que tiene de la Mina Cerrejón, a más tardar en 2023, al mismo tiempo que ejecuta la desviación del Arroyo Bruno para expandir la explotación de carbón, pasando por encima de una orden dictada por la Corte Constitucional Colombiana en la sentencia SU-698 de 2017.

La desviación del arroyo Bruno está causando daños a perpetuidad y de carácter irreparable, con la destrucción al acuífero y la pérdida de capacidad de almacenamiento de agua subterránea en una zona de escasez hídrica y altamente vulnerable al cambio climático. Según expertos técnicos en hidrología esto se genera por el desfondamiento o efecto sifón sobre las aguas subterráneas que genera el gran hueco de la mina próximo al cauce. Además, afecta el bosque seco tropical impactando a todos los seres vivos del territorio. Anglo American, no ha considerado la visión de las comunidades indígenas en su relación espiritual con el arroyo Bruno al momento de hacer la desviación. Las comunidades demandan el retorno de las aguas del arroyo Bruno a su cauce natural, en cumplimiento del fallo de tutela SU-698 de 2017, conforme los lineamientos dados por la Corte Constitucional sobre el principio de precaución y preservación de la integridad ambiental del arroyo Bruno.

Las comunidades demandan el retorno de las aguas del arroyo Bruno a su cauce natural, en cumplimiento del fallo de tutela SU-698 de 2017, conforme los lineamientos dados por la Corte Constitucional sobre el principio de precaución y preservación de la integridad ambiental del arroyo Bruno.

El permiso de operación de la mina es hasta el año 2034. Anglo American no puede simplemente vender sus acciones sin hacerse responsable de sus impactos anteriores. Esto considera cerrar la mina de manera justa y adecuada, con la participación directa de las comunidades y los trabajadores.

En Perú Anglo American es accionista mayoritaria del proyecto minero de cobre Quellaveco, ubicado en el departamento de Moquegua, en el Sur Andino del Perú. Se espera que entre en operaciones el año 2022 mediante el método a cielo abierto. Quellaveco es uno de los depósitos de cobre más grandes del mundo, con 7,5 millones de toneladas en reservas de mineral. La vida útil de la mina sería inicialmente de 30 años, pero con posibilidades de expansión. Se proyecta que la mina Quellaveco producirá 300,000 toneladas de cobre durante sus primeros diez años de operación.

Este “proyecto de clase mundial”, como le han llamado desde Anglo American, usará aproximadamente 22 millones de metros cúbicos de agua por año, de los cuales 18 millones provendrán del río Titire y los otros 4 millones de una presa Vizcachas que está construyendo. La región de Moquegua tiene un problema de escasez de agua. Esto se ha visto agravado por los efectos negativos de las operaciones mineras anteriores. La Defensoría del Pueblo de Perú identificó con anterioridad esta situación como un potencial conflicto dado que Quellaveco podría agravar la escasez de recursos hídricos en la cuenca del río Tambo.

El proyecto además ha generado preocupaciones debido a que el uso del agua podría alterar el equilibrio hidrológico de la zona, puesto que el agua de los ríos y de la lluvia cumplen una función en el ciclo del agua, que no tiene ni principio ni fin. Los cursos de agua superficiales y sus escorrentías o excedentes en tiempo lluvioso cumplen una serie de servicios ambientales, como la recarga de acuíferos subterráneos y la regeneración de la flora natural, entre varios otros. Esta agua nunca se pierde, incluso cuando llega al mar, cumple una función llevando nutrientes y otros elementos que son parte del equilibrio hídrico y de los ecosistemas en la zona.

Otra preocupación es que Quellaveco ha desviado el río Asana hacia un túnel de 8 kilómetros, con el objetivo de viabilizar su proyecto. La empresa dice que está protegiendo el río que no entre en contacto con la operación, pero modificar la naturaleza no es una opción. Ninguna obra de ingeniería puede replicar lo que la naturaleza ha hecho por miles de años, creando ríos que contienen ecosistemas complejos, superficiales y subterráneos, que se verán interrumpidos. Ya se ha visto la experiencia de La Guajira, en donde la empresa de carbón Cerrejón, en donde Anglo American tiene acciones, desvió el Arroyo Bruno para expandir la mina. Inspecciones posteriores han verificado que el Arroyo y sus ecosistemas están desapareciendo. Todos estos asuntos sobre el agua podrían generar conflictos en el futuro.

Anglo American anunció un acuerdo con una empresa del Perú para proveer energía renovable a la operación en Quellaveco. Sin embargo, una política sobre transición hacia una economía baja en carbono, debe ir acompañada por un cuidado integral del medio ambiente y del agua en los territorios. Las comunidades dependen de las pocas fuentes de agua que tienen en sus territorios para enfrentar la crisis climática, pero muchas veces las operaciones mineras compiten por el agua con las comunidades y contaminan las fuentes existentes.

En Brasil la presencia e impacto de la compañía minera data de hace más de cuarenta años. Sin embargo, desde 2014, Anglo American posee la operación Minas Río, donde explota principalmente hierro. Esta se encuentra en el Estado de Minas Gerais. La Fiscalía del Estado interpuso en 2020 una acción civil en contra de Anglo American. Debido a la admisión de un proyecto que autorizó el levantamiento de la represa Sapo. Esta represa superó los límites permitidos. Esta acción viola las leyes nacionales, ya que se prohíbe la construcción de represas cuando existen comunidades que habitan la zona de rescate. Las comunidades de São José do Jassém, Água Quente y Passa Sete habitan aguas abajo de la represa. Por lo que los miembros de la comunidad ven en peligro sus vidas. Por otro lado, en el Amazona, Anglo American tiene clara intenciones de generar operaciones extractivas. Esta acción provocaría un claro daño a uno de los pulmones más importantes del mundo y los pueblos indígenas que han habitado históricamente el Amazonas. Actualmente, la compañía cuenta con cerca de 80 permisos de exploración en las tierras indígenas del Amazonas. Acción que está prohibida, pero se cree que existen las voluntades políticas del gobierno para crear un proyecto de ley que permita la explotación extractiva en el Amazonas (4).

NOTAS:

– 1 https://www.angloamerican.com/media/press-releases/2021/25-02-2021

– 2 https://londonminingnetwork.org/2021/03/mining-and-covid-19-in-latin-america/

– 3 https://www.nsenergybusiness.com/news/anglo-american-renewables/

– 4 https://news.mongabay.com/2021/03/anglo-american-wont-rule-out-mining-on-indigenous-lands-in-the-amazon/

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Declaración pública Red Latina por nuestros territorios
¡Anglo American responde!

Somos comunidades, pueblos indígenas, trabajadores, sindicatos y organizaciones socioambientales de América Latina. Nos encontramos en Brasil, Chile, Colombia y Perú. Habitamos territorios que están siendo o podrían ser impactados por las operaciones extractivas de Anglo American, una compañía minera transnacional, que traza sus acciones en la bolsa de valores de Londres.

Nos hemos unido en solidaridad por la defensa de nuestros territorios, para decir basta de abusos en nuestras tierras, en nuestra vida y naturaleza. Nos hemos unido para luchar por la justicia ambiental y los derechos humanos y los derechos de la madre tierra. Anglo American ha creado su fortuna, explotando y saqueando nuestros bienes comunes naturales . A cambio, hemos recibido polvo de relaves, nos han contaminado nuestras aguas y nuestro aire, e impactando en nuestros ecosistemas, están acabando con nuestros bosques nativos, glaciares y salud. Creemos en otra forma de vivir, una que respete a la naturaleza, las cosmovisiones de nuestras comunidades indígenas y la protección de la tierra. Nos hemos unido para proteger la vida que Anglo American está destruyendo.

En todos nuestros países las consecuencias de la minería a cargo de Anglo American viene destruyendo ecosistemas, desde los glaciares de Chile hasta el Bosque Seco Tropical en La Guajira Colombiana. También viene acabando con las fuentes hídricas por el alto consumo de agua que necesita la industria minera, para realizar sus actividades y también por la desviación de ríos con El Arroyo Bruno en Colombia y el río Azana en Perú. Si no fuera poco, ahora expanden sus proyectos mineros destructivos al corazón de nuestro continente, al ecosistema más frágil e importante que tenemos, la Amazonía.

Además, busca lavar su imagen con el uso de energías renovables en sus proyectos mineros. Queremos saber, ¿con cuántos ríos, acuíferos, glaciares y bosques se acabará en el nombre de la sustentabilidad?. ¿Cuántos conflictos sociales causará en nombre del desarrollo sostenible? ¿Cuántos defensores de la tierra y de los derechos humanos serán cruelmente asesinados en el nombre del lucro/ beneficio económico?

Demandamos que no se siga destruyendo nuestro territorio y nuestras formas de vida por causa de los negocios de la multinacional minera Anglo American. Demandamos que Anglo American se responsabilice por todo el daño ambiental y social que ha causado, para reparar a los pueblos y restaurar la naturaleza. También exigimos la participación efectiva en la toma de decisiones sobre las acciones en los territorios, de los pueblos afectados por los proyectos de Anglo American.

Nos articulamos para fortalecernos mutuamente, a través de procesos educativos y de resistencia con herramientas comunicativas, legales, de educación popular y de protección del medio ambiente. Nos hemos articulado porque sabemos que juntos somos ríos que fluyen en resistencia.

La crisis climática mundial y la actual pandemia del coronavirus, que sufrimos como humanidad es una prueba más de la peligrosa relación entre los virus y las presiones del ser humano al medio ambiente. Las consecuencias de la acción humana como las operaciones mineras extractivas transnacionales de Anglo American son causa de esta crisis climática. Anglo American tiene responsabilidad por los impactos cometidos, los que tienen consecuencia a nivel mundial. Acorde al informe de Carbon Disclosure Project, Anglo American es una de las 100 empresas responsables del 77% de las emisiones de carbono a nivel mundial. Les pedimos que se unan en solidaridad a nuestras legítimas demandas. Hacemos un llamado internacional a todas las comunidades indígenas, sindicatos, trabajadores, organizaciones y movimientos socioambientales, quienes luchan por la justicia socio ambiental y los derechos humanos.

Organizaciones adherentes

Concejo comunitario negro ancestrales de tabaco en La Guajira
Centro Ecológico Churque, Barnechea
Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares, Chile
Modatima Colina
Fundación Río Montaña Chile
Comunidad Rio Colina Chile
Corporación Camino a Farellones
Asociación Escuela de Montaña Camino a Farellones
Junta de Vecinos Las Varas Camino a Farellones
Corporación Defensa de la Cuenca del Río Mapocho
Movimiento No + Anglo Chile (Lo Barnechea, Lampa, Colina, Til til, El Melón)
Fundación Glaciares Libres
Derechos Humanos y Medio Ambiente Puno
Fundación Chile Sustentable
Colectivo Salvemos el Agua, Lo Barnechea
Organización Somos Cuencas
Bestias del Sur Salvaje
Observatorio de Humedales Küla Kura
Agrupación Poyewn Nogales
Colectivo Nogales Despertó
OLCA
Asociación multicultural Pachay mapuche de Lampa
Asociación Paillacar de Putaendo
Asociación Diaguita Quintilgasta de Valparaíso
ONG Cverde
Fundación CEM
ONG Plantemos Nativo
Ciudad Común
Organización Viernes por el futuro Chile
Organización Escazú Ahora Chile
Organización Fridays For Future Cajón del Maipo
ONG Humedal Urbano Ojos de Mar
Organización No + Zonas de Sacrificio
La Gran Parada
Greenpeace Chile

Organizaciones adherentes en solidaridad
London Mining Network
TerraJusta
WarOnWant

Latin American Network on Anglo American: public statement for our territories

Latinoamerica

Declaración Pública de OCMAL por la situación que vive el Pueblo Colombiano

Hemos visto por los medios de comunicación -especialmente los independientes-, y confirmado por activistas de varias organizaciones de Colombia, las atrocidades a las que son sometidas las personas que legítimamente exigen sus derechos en las diversas manifestaciones que vienen teniendo lugar en el país los últimos días.

Las demandas que levanta la población, inicialmente contra una reforma tributaria que carga el peso de la crisis actual a la clase trabajadora y que luego se extiende a demandas históricas contra las políticas neoliberales, han sido respondidas con la brutalidad de un gobierno al servicio de clases dominantes, empresarios y empresas transnacionales.

La duración de las protestas es un indicador que muestra con extrema claridad que la población afectada por las políticas sociales y económicas tiene demandas que trascienden una reforma fiscal. Se trata de una demanda histórica por justicia social, oportunidades para todas y todos y participación en las decisiones mas importantes que fijen el rumbo del país.

Hemos sido testigos de los atropellos a los derechos de las poblaciones afectadas por proyectos extractivos, especialmente mineros, donde ni siquiera las decisiones de las comunidades refrendadas en consultas populares, han sido respetadas por las autoridades, en el afán de garantizar supuestos derechos de empresas transnacionales contra los intereses nacionales, las comunidades y los ecosistemas.

Al igual que en el resto de los países de la región, los sucesivos gobiernos extractivistas de Colombia imponen proyectos de destrucción y muerte a cambio de mínimos ingresos que no compensan el sacrificio de ecosistemas y comunidades afectadas.

En el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, OCMAL, nos solidarizamos con las reivindicaciones del pueblo colombiano que está en las calles demandando justicia, equidad, respeto, bienestar, seguridad y paz para sus familias y no solo para unos pocos privilegiados.

Llamamos al mismo tiempo a las autoridades colombianas a respetar el legítimo derecho de la ciudadanía a levantar sus reivindicaciones, especialmente, que las autoridades garanticen el derecho a la vida y a la integridad individual y colectiva, propio de la construcción de la paz, la justicia, el respeto y la equidad.

América Latina, mayo de 2021

Latinoamerica

DESAFÍOS MATERIALES Y RETOS POLÍTICOS DE UNA TRANSICIÓN POST-EXTRACTIVISTA

05/04/2021
Desafíos materiales y retos políticos de una transición post-extractivista
Mientras las crisis ecológicas, sanitarias, sociopolíticas, económicas y existenciales se expanden y profundizan por todo el orbe, vemos que el extractivismo nuevamente pretende vestirse de salvador, ahora internalizando el discurso verde en formato 2.0, es decir energías renovables, electromovilidad y símiles, evadiendo la base del problema: la comprensión de la naturaleza como una materia prima, y del sur global, como su bodega.

Compartimos un informe del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales y del Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina sobre de cómo enfocar la frontera extractiva en la justicia climática
Fuente: OLCA
Si bien la mayor parte del mundo sufre en forma desproporcionada los impactos de la crisis climática y la del modelo extractivista, la responsabilidad por estas crisis interrelacionadas recae en el legado del colonialismo de los países industrializados del norte, en los excesos de los más ricos del mundo y en el poder de las grandes empresas.

Los compromisos de mitigación del cambio climático contraídos hasta ahora por los países industrializados del norte son totalmente insuficientes, no sólo en lo que respecta a la reducción de las emisiones sino también en cuanto a su incapacidad para abordar las causas profundas de la crisis: desigualdades e injusticias sistémicas e interrelacionadas. Esta incapacidad de tomar en serio la desigualdad y la injusticia puede observarse incluso en los modelos más ambiciosos de mitigación del cambio climático.

Centrándose en la minería de los metales, este informe se propone explorar las implicaciones sociales y ecológicas de esos modelos en las siguientes seis secciones:

1. Justicia climática, transición justa (con justicia): sitúa las contribuciones del informe dentro de la lucha más amplia por la justicia climática y ambiental, explica el razonamiento del enfoque del informe en la minería y hace hincapié en la dimensión social de las transiciones energéticas.

2. El extractivismo en las décadas venideras: analiza las proyecciones de la extracción total de recursos en las próximas cuatro décadas y plantea la preocupación por los impactos ecológicos relacionados con el aumento de la extracción de recursos.

3. El nexo entre la transición y la minería: examina las proyecciones de la oferta y la demanda de “metales críticos”. En esta sección se pone en su justa perspectiva el impacto de las tecnologías de energía renovable en la demanda de estos metales. Para ello se examina la proporción de usos finales que representan las tecnologías de energía renovable en relación con otros usos finales de los metales críticos.

4. Lavado verde (greenwashing), voluntad política y tendencias de inversión: expone la forma en que la industria minera atrae inversiones y justifica nuevos proyectos invocando la demanda proyectada de metales críticos y presentándose como un actor clave en la transición.

5. La minería de metales como fuente generadora de conflictos socio-ambientales: da una idea de la naturaleza sistémica y global de los impactos sociales y ecológicos de la minería de metales.

6. Ir más allá del extractivismo para promover una transición justa: abre la posibilidad de avanzar a través de diferentes vías; para ello analiza los desafíos materiales y los retos políticos de una transición post-extractivista.

Una_Transicion_Justa_es_una_Transicion_Post-Extractivista (https://noalamina.org/wp-content/uploads/2021/04/Una_Transicion_Justa_es_una_Transicion_Post-Extractivista.pdf)

Desafíos materiales y retos políticos de una transición post-extractivista

Latinoamerica, Litio

El extractivismo del litio en América Latina

Cambio16
28/03/2021
Stefan Armborst (Asociación BONA ONA) bonaona@bonaona.org
El litio es un elemento químico alcalino. En su forma pura, es un metal blando, de color blanco plata, que se oxida rápidamente. Litio es un elemento altamente inflamable y ligeramente explosivo cuando se expone al aire. Es corrosivo y genera gases tóxicos cuya inhalación es nociva para la salud humana, puede provocar daños en la piel y edemas pulmonares cuando se ingiere.

Este mineral muy reactivo se emplea especialmente en aleaciones conductoras del calor, en la sal de las baterías eléctricas. Economistas especializados calculan que dentro de 8 o 10 años, el litio va a constituir el elemento esencial de conservación de energía a nivel mundial. Y actualmente, 29 por ciento del volumen total del litio extraído en el mundo se emplea para la producción de baterías de litio, por su alto grado de capacidad de almacenamiento y de duración. Del 100% extraído de esta materia prima, el mayor consumo se da en China 39 %, Corea del Sur 20 %, Japón 18 % y Estados Unidos 6 %.[2]

Aunque el litio es el mineral que más abunda en la superficie de la Tierra, el cálculo de las reservas mundiales de este mineral se rige por los costes de extracción, los que, a su vez, están determinados por la tasa de retorno energética (TRE), es decir, el cociente entre la energía obtenida y la energía invertida para ello.
¿Cuáles son las formas rentables para las empresas que se enriquecen con la extracción del litio?

Por un lado, está la producción en depósitos mineralógicos naturales de litio enquistado en formaciones rocosas, la cual se practica, sobre todo, en Australia de donde, hasta ahora, se obtiene más de la mitad del volumen total de litio vendido en los mercados globales. Estas megaminas a cielo abierto suponen un destrozo ambiental enorme y el uso de ingentes cantidades de agua a la que se mezcla con reactivos químicos para realizar el proceso de lavado, con nefastas consecuencias para la vida y reproducción de las comunidades rurales que habitan en el territorio afectado.

Por otro lado, en América Latina, concretamente en la zona triangular transfronteriza entre Chile, Bolivia y Argentina, según cálculos recientes, se encuentran reservas de litio en las grandes zonas de salinas de los Andes, las cuales suponen el 85 % de las reservas mundiales. Estas cuencas hidrográficas se llaman salares cuando están secas, y salmueras cuando están líquidas. En ambos casos, contienen altísimos porcentajes de todo tipo de sales y minerales evaporados y sedimentados. Esta forma de extracción requiere igualmente grandes cantidades de agua, lo que fomenta el estrés sobre el sistema hidrológico, la contaminación con las sustancias tóxicas mezcladas para el proceso de aislar y extraer el litio.

“Estas cuencas hídricas, de por sí delicadas, pueden verse en peligro, al secarse vertientes, ojos de agua y ciénagas o humedales, que son de vital importancia para el desarrollo de las economías locales de subsistencia”[3]

El auge especulativo del mercado mundial del litio y sus consecuencias

¿Cómo se explica ahora el gran auge especulativo alrededor del carbono de litio, que es el estado en que este mineral es principalmente comercializado, si en 2019 su producción mundial cayó un 20 por ciento quedando una cuarta parte de la producción sin ser vendida en el mercado? Aquí entra en juego el esperado boom de los coches eléctricos y de las infraestructura e instalaciones de energías renovables, como supuesto sustento de una “transición verde”.

Según estimaciones de economistas y actores centrales, tales como el Banco Mundial, los requerimientos de la completa digitalización de la economía y de la sociedad, el auge de las energías verdes y la electrificación del transporte privado y público por carretera harán duplicar la demanda de este mineral estratégico para 2025.

Como todo aventurero expedicionario, Bertrand Piccard es un pionero que hace gala de un entusiasmo que se contagia y convence. Para afrontar el desafío del cambio climático y la pérdida de biodiversidad, y acelerar la transición hacia una economía sostenible y sin carbono, ha lanzado, a través de la Fundación Solar Impulse, el reto de seleccionar 1.000 soluciones rentables para proteger el medio ambiente y convencer a los que toman las decisiones en los gobiernos y las empresas de lograr sus objetivos ambientales y adoptar políticas energéticas más ambiciosas, que son necesarias para avanzar en la recuperación económica.Visita: https://www.cambio16.com/Suscríbete a nuestro canal: http://ow.ly/Cnwf30mIBhoSíguenos en Twitter: http://ow.ly/a48U30mIBiuDale a “Me gusta” en Facebook: http://ow.ly/mZZL30mIBgWCambio16 en Instagram: http://ow.ly/cP4P30mIBjD

Son las expectativas de ganancias que están produciendo unas subidas de precios descomunales actuales. De hecho, el precio de una tonelada de ion-litio ha subido de 350 dólares en 2003 a 8.000 a 10.000 dólares en 2020[4] y las expectativas son que crezca a un ritmo todavía más acelerado.
Cómo se concretiza el gran auge del litio en el Cono Sur

Con el afán de especular en las bolsas de valores de sus respectivos países, las empresas fuera del círculo de las grandes corporaciones mineras arraigadas en las zonas de explotación (muchas de ellas provenientes de Canadá, el país líder en multinacionales extractivistas) han empezado a conseguir permisos de compra de tierras y de concesiones para actividades de exploración, muchos de ellos sin que dispongan por sí solo de las capacidades ni de tecnología ni de inversión para realizar la actividad productiva en el lugar.
Chile

Desde 1997, este país en el productor mundial número 1 del carbonato de litio. Con unas 40.000 toneladas métricas anuales, cubre la tercera parte del mercado internacional. Las razones para ello son la calidad, es decir, el grado de pureza de los yacimientos en su territorio, la tradición minera del país y la cercanía del mar que facilita el transporte marítimo. Las dos empresas Chemetall (subsidiaria de Rockwood Holdings Inc.) y la empresa estatal Soquimich (SQM) producen el 70% de todo el carbonato del litio en la franja chilena del “Triángulo de Litio”, en el Salar de Atacama.

El estado chileno declaró los yacimientos líticos un recurso estratégico de la nación, por lo cual, existen limitaciones legales en cuanto a la prolongación y ampliación de las concesiones actuales vinculando, además, las condiciones de la futura explotación a la regulación establecida por las autoridades locales.
Bolivia

Es el país en el que la minería aporta la tercera parte del PIB nacional, dispone de casi del 70% de las reservas mundiales de litio. En su departamento de Potosí está ubicado El Salar de Uyuni, el mayor desierto de sal a mayor altura del mundo, en el cual se encuentra más del 50 por ciento de estas reservas. Bolivia es además uno de los mayores proveedores de estaño, tungsteno, hierro y antimonio para Estados Unidos, y uno de los mayores de cobre, plata, oro y zinc.

En el gobierno de Evo Morales se desplegó una estrategia para utilizar la explotación del litio con criterios de control estatal. Así creó en 2017 la empresa pública Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), la que, por ley, iba a mantener el 51% del capital en todos los proyectos de inversión con participación de capitales extranjeros. No obstante, queda por ver si el proyecto nacional de industrialización basado en un neoextractivismo de tinte popular será realmente factible.
Argentina

Los obstáculos a los que se enfrentan los inversionistas del litio en los dos países limítrofes hacen que Argentina en la mira de las empresas extractivistas internacionales. Este país sigue sin regulación legal específica para el sector minero, sus yacimientos de litio están a una altura más baja y el litio que albergan muestran un menor grado de mezcla con otros minerales, todo lo cual abarata los costes de la explotación.

Al contrario de Bolivia, que hasta ahora solo ha construido una planta piloto, Argentina cuenta con 15 años de práctica en la producción de carbonato de litio en el Salar del Hombre Muerto, ubicado en la provincia de Catamarca. Además, 18 proyectos de inversión quieren empezar la explotación en los próximos 2 a 6 años en las provincias de Salta y Jujuy. En estos territorios en cuestión hay más de 40 comunidades de pueblos originarios, de los que solo 6 han dado su “consentimiento” a los trabajos de exploración y explotación del mineral.
Conclusiones

Incluso economistas de izquierda sueñan con una especie de OPEC del litio en Sudamérica consiguiendo un “desarrollo con equidad”: “Con lo cual encontrar mecanismos comunes de defensa de los intereses de la región devendrá un tema clave, por eso, no es descabellado procurar la creación de organismos supranacionales al respecto. Un suceso en esta dirección fue el llamado a conformar un ‘G-10 de la energía’ en Bolivia en mayo de 2014, al cual Argentina acudió.”[7]

No obstante, las esperanzas puestas en el sueño de un crecimiento industrial autónomo auspiciado por el estado no consideran que lo que sus economías entregan a cambio de divisas conseguidas por la venta de sus recursos naturales en el mercado global es la autodeterminación ecológica y la sobrevivencia de miles de comunidades campesinas e indígenas.
Huella ecológica global

Las élites contribuyen a aumentar la huella ecológica global a través del proyecto de digitalización total y, al mismo tiempo, son ayudantes del terricidio que arrasa con las bases naturales que sustentan la vida en sus territorios. Un ejemplo de ello son los recientes megaincendios intencionados en la Patagonia argentina cuya meta es el megacateo de minería metalífera (oro, plata y otros metales) de los suelos quemados, analizando el humo desde los satélites instalados en la órbita baja para el Wifi Global civil y militar.[8]

La profundización del extractivismo con el fin de servir la feroz codicia por los recursos naturales que sostienen el technocapitalismo digital global desconoce los límites biofísicos de un sistema planetario que está abocado al colapso.

Las alternativas al «modo imperial de vida»[9] (Ulrich Brand / Marcus Wissen) es un esfuerzo común de elaborar «contornos de un modo de vida solidario”, la formulación de y la lucha por un modo viable de producción y de vida que no va por encima de los intereses de vida de otros y de la vida que sustenta el planeta.
https://www.cambio16.com/el-extractivismo-del-litio-en-america-latina/

Latinoamerica

“El extractivismo no es una alternativa válida para el desarrollo”

22/01/2021
Sección: Extractivismos | Portada
Horacio Machado Aráoz aporta una mirada histórica y social del extractivismo, desde la época de la Conquista hasta la megaminería moderna como falso camino al desarrollo. El rol de los gobiernos, las luchas, la ciencia y las alternativas.
El extractivismo no es una alternativa valida para el desarrollo. Entrevista a Horacio Machado
Por Darío Aranda

Horacio Machado Aráoz es autor del libro “Potosí, el origen. Genealogía de la minería contemporánea (editorial Mardulce)”, donde traza el vínculo del extractivismo desde la llamada “Conquista de América” hasta la actualidad, con ejemplos concretos como Minera Alumbrera (en Catamarca). “Ser proveedores de materias primas obedece a un patrón de división internacional del trabajo heredado de la época colonial. El extractivismo es un rasgo estructural del capitalismo como sistema de acumulación mundial. Para que se produzca esa acumulación es necesario que haya zonas de sacrificio, coloniales, que provean los subsidios ecológicos de ese consumo desigual del mundo”, explica. Investigador del Conicet, docente de la Universidad de Catamarca, parte de las asambleas catamarqueñas contra la megaminería y de la organización Sumaj Kawsay (“buen vivir”).

-Partiendo del libro “Potosí, el origen”, ¿qué similitudes hay entre ese modelo iniciado en 1492 y el actual?

-Lo que aparece intacto debajo de la diversidad de formas del extractivismo es la figura del conquistador como prototipo de los humanos y como forma de relacionar y concebir la relación con el mundo. El conquistador, desde los Pizarro, los Cortés, los Pedro de Valdivia, los Diego de Rojas, son varones armados, violentos, en búsqueda de modos de enriquecimientos rápido y generalmente mediados por el ánimo de dominio, lucro, posesión, que miran el mundo como puro objeto de posesión y conquista, concibe la vida como una carrera infinita de riqueza y poder. Lo que tenemos abajo del extractivismo es lo que hace idéntica la situación entre el Siglo XVI y el XXI es un patrón de subjetividad que se ha institucionalizado, un mundo donde el comercio y la guerra agotan el sentido de la existencia. Vivimos para comprar, es un mundo de consumidores, es el ADN de este modelo civilizatorio. En términos subjetivos la mirada de Colón sesgada por el brillo del oro es la mirada del sujeto moderno contemporáneo, de la racionalidad que piensa en la conquista de riquezas y valores abstractos como el sentido último de la existencia, esa es la matriz del extractivismo.

-¿Y las diferencias?

-Hay diferencias, grandes y múltiples, entre el extractivismo primitivo del Siglo XVI y el del Siglo XXI, sobre todo en los modos de producción, el régimen de dominación y destrucción de hoy es infinitamente mayor. El poder también se ha hecho más complejo, tiene una tremenda capacidad libidinal, un poder performativo, enorme capacidad de seducción, persuasión, el modo de vida imperial se impone como matriz evolutiva. La visión del mundo del conquistador penetra en los dominados.

-Los países dependientes quieren ser como las potencias.

-La capacidad de destrucción asociada a la capacidad de seducción es lo que Aníbal Quijano llama “la lógica de la colonialidad”. El modo de vida imperial, del conquistador, aparece también como deseado por los conquistados y colonizados. Este modelo nos llevó a un umbral de deshumanización, a la naturalización de la violencia, vivir relacionándonos con la Madre Tierra desde la lógica del saqueo, con los efectos sanitarios y socioambientales que ya conocemos.

-Pero también hay resistencias.

-Existe claramente otra dimensión, un estado de lucha. Estos cinco siglos de dominación extractivista colonial no han pasado en vano. No ha sido una dominación pasiva. Hay toda una historia de luchas, un aprender de luchas pasadas. Es una acervo. Semillas de humanidad que nos quedan. Si queremos sostener y luchar por la supervivencia de la humanidad tenemos que acudir al banco de semillas de la historia, que son las las resistencias, la lucha de los pueblos originarios, de las mujeres, la lucha de los trabajadores, de todos los oprimidos del mundo. Hay ahí un banco de saberes, de conocimiento, que tenemos hoy disponible. Todas estas luchas, distintas expresiones contra la dominación patriarcal-colonial-capitalista, son todas necesarias pero ninguna es por sí misma. Estamos ante un gran desafío de una sinfonía de luchas populares, es la conciencia que tenemos de la integración de las luchas, del ecologismo popular. Todo esto aparece con una nitidez que no lo podíamos ver en otros momento de la historia.
El extractivismo no es una alternativa valida para el desarrollo. Entrevista a Horacio Machado

Capitalismo

-¿Cuál es la relación entre el extractivismo y el capitalismo?

-No hay capitalismo sin extractivismo. Y el capitalismo implica la reafirmación de una estructura colonial de la economía mundial. Por eso es inentendible que en el Siglo XXI gobiernos que dicen que querían un cambio progresista insistieron sobre la base de un modelo ya fallido, muy conocido y muy debatido en América Latina, con consecuencias económicas, políticas, sociales y que consolida la dependencia. Un gran aprendizaje de ese período debiera ser que como países herederos de un régimen colonial, que prolongamos y profundizamos, no podemos aspirar a un modelo de desarrollo igual o equivalente al de los países industrializados. Debiéramos aspirar a otro modelo de desarrollo, basado en otro tipo de matriz de producción y de consumo.

-Una clásica mirada desde sectores progresistas o de izquierda es señalar que el extractivismo es una “contradicción secundaria” o una etapa previa para lograr el posterior “desarrollo”.

-Es la posición de lo que llamamos la izquierda oficialista, los intelectuales y políticos que siguen incondicionalmente a los gobiernos progresistas. Es una posición totalmente equivocada, que reproduce viejos errores de la izquierda ortodoxa del siglo pasado, delata una ceguera epistémica que estos sectores de izquierda tienen respecto a la naturaleza. Siguen sin entender que el capitalismo no es solo la depredación de la fuerza de trabajo, sino que produce la depredación de las fuentes de vida, la naturaleza, de las cuales el trabajo es un aspecto más. La vieja izquierda es una izquierda productivista, piensa en los términos del capitalismo respecto al desarrollo tecnológico, tiene fe ciega en la expansión de las fuerzas productivas, creen en un horizonte de crecimiento infinitivo. Esto, que podría ser perdonable para Marx o Engels, en el Siglo XIX, es incomprensible en los tiempos actuales.

-¿Que planteo alternativo existe?

-La teoría social crítica latinoamericana nació con cuestionamientos por las consecuencias de este modelo primario exportador. Existieron teóricos y gobiernos que propusieron un modelo distinto para la región entre las décadas del 40, 50 y 60 del siglo pasado, muchos de ellos inspirados en la llamada “escuela de la Cepal” (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), donde el economista Raúl Prebisch fue uno de los referentes. Desde hace más de medio siglo se sabe que el extractivismo no es una alternativa válida para el desarrollo. Esa matriz extractiva tiene consecuencias en materia de clase social, genera una distribución del ingreso que tiende a la polarización social, consolida a las élites y conlleva escasa redistribución.

-¿Por qué se insiste en el mismo camino?

-Hay muchas hipótesis pero un elemento fundamental es el imaginario colonial desarrollista. Buena parte de los gobiernos, incluso de izquierda, siguen anhelando en el desarrollo concebido desde un imaginario eurocéntrico, pensando que nosotros solamente debemos desarrollarnos siguiendo los estándares de vida e institucionalidad de los países más poderosos, Europa occidental o Estados Unidos. Y eso es un profundo equívoco político, no tenemos posibilidad de desarrollarnos en esos término, y se hace inviable toda posibilidad de pensar e implementar otros caminos, que sean emancipatorios.
Alternativas al extractivismo

-¿Cómo se sale del extractivismo?

-No hay, creo, salidas capitalistas del extractivismo. Eso nos fuerza a pensar radicalmente las alternativas. Como el extractivismo es una dimensión intrínsica del capitalismo, salirse de él es imaginar otros horizontes civilizatorios. Y esto aunque parezca difícil, utópico, inviable para muchos, hay muchas comunidades que viven en territorios que están fuera de los patrones del capitalismo, viven sobre una base de uso comunal de los conocimientos, saberes, tierras, semillas. En nuestra América tenemos muchas comunidades que viven fuera de ese patrón extractivo. Hay que comenzar a imaginar esas salidas.

-¿Cómo sería?

-Siempre decimos que es necesario pensar en las transiciones. Hay que pensar un proceso gradual. En los primeros años de la Revolución Ciudadana en Ecuador se empezó ese camino, con la Constitución de Monte Cristi, con Alberto Acosta como ministro de Energía, había planteado un plan estatal de salida del extractivismo. Con el horizonte en el buen vivir, con toda una propuesta macroeconómica y política para garantizar esa transición. Finalmente Rafael Correa dejó de lado esa propuesta y se aferró al extractivismo.

–¿Sería otra forma de vida?

-El futuro de la especie humana está en poder reaprender y reeducarnos, volver a sentirnos conectados con el mundo de la vida, el aire, la tierra, el agua. Y desconectarnos del aparataje tecnológico y financiero que nos ha extirpado del mundo, nos ha sumergido en un vida de burbuja, en un mundo de pantallas y de conexiones abstractas. Hay que salir de ahí para tener alternativas, para tener otro futuro.

-¿Los acusan de utópicos?

-Hay numerosas propuestas, tanto de investigadores como de organizaciones sociales, que están proponiendo políticas para modificar la matriz productiva, alternativas construidas desde abajo que construyen otras territorialidades y son fundamentales para salir del extractivismo. Imaginemos sociedades basadas en soberanía alimentaria, soberanía energética e hídrica como pilares fundamentales para pensar la independencia económica, política y culturales. Desde hace años que las organizaciones lo vienen pensando y poniendo en práctica, como la Conaie, la Red de Comunidades Afectadas por la Minería de México, el Movimiento Mundial contra al Represas de Mesoamérica y la misma UAC (Unión de Asambleas Ciudadanas).
El extractivismo no es una alternativa valida para el desarrollo. Entrevista a Horacio Machado

Ciencia para qué y para quién

-¿Cuál es el rol de la ciencia hegemónica ante el extractivismo?

-La ciencia tiene un rol protagónico e imprescindible en la dinámica del extractivismo.

-¿Por qué?

-La trayectoria de destructividad que nos muestra esta civilización nace de la articulación entre la ciencia, el capital y el Estado, como un trípode de poder, una gran maquinaria epistémica política que avanzó triturando la tierra como mundo de la vida. Tiene una directa relación con que este mundo moderno nace sobre una falla epistémica, que es el punto del origen de la ciencia moderna: nace matando a la tierra. La ciencia fue el principal aparato epistémico político que consideró a la tierra como pura materia inerte, como puro objeto, como algo desprovisto de vida, puesto al servicio de una animo de dominio y control desde una mirada antropocéntrica. El punto de origen de este sistema mundo es esa desacralización de la tierra. La ciencia se piensa como un objeto de conocimiento para la explotación. El progreso moderno es pensando como una carrera de conquista, de control, de dominación y de explotación sobre el mundo de los vivos. Que va a ser pensado como puro objeto, como materias primas para la valorización en el mercado. Todo eso es obra de la ciencia moderna. La ciencia instituye esta separación entre lo humano y la tierra, produce este proceso de mercantilización.

-¿Ciencia para transgénicos, fracking, litio?

-Un obrar científico que ha concebido la producción de conocimiento como un instrumento de apropiación y de explotación.

-¿Observa que la ciencia se erige como portadora de la verdad?

-Una dimensión muy importante tiene que ver con que esta ciencia, que nace discutiendo y criticando los modelos monoculturales del absolutismo teológico, el dogmatismo religioso que censuraba los modelos de producción de conocimiento, esta ciencia se ha convertido en una nueva religión.

-¿Cómo?

-La ciencia que ha combatido a aquella religión, que exigía libertad de pensamiento, pasó a ser esta ciencia que se ha convertido en una religión. Esta ciencia se impone destruyendo, desconociendo, negando otros modos de producir conocimiento, otros registros cognitivos y otros universos de saberes.

-¿Se puede salir o cambiar ese modelo científico dominante?

-Necesitamos esos otros conocimientos, contrahegemónicos o nacidos fuera del ámbito del imperio de esta ciencia hegemónica. La crisis de la tierra, la crisis política y la crisis antropológica que es el capitaloceno no se puede resolver con los mismos medios que han producido esta catástrofe. No podemos creer que esta ciencia nos proveerá soluciones para los mismos problemas que ella ha creado. Necesitamos pensar radicalmente otros modos de producir y validar el conocimiento.

-¿Pero hay científicos que piensan y actúan dentro del sistema de otra manera, a contracorriente?

-Dentro de la ciencia hay saberes y formas de uso contrahegemónicos que son sumamente útiles. Desde los ‘50 surgió una ciencia del pueblo y para el pueblo, democratizando la ciencia, que piensa la tarea científica como un servicio de la democratización de la sociedad. Pensar a los científicos como servidores públicos cuya tarea es ampliar la calidad de la vida democrática de las sociedades.

-Muchas veces el conocimiento científico parece ubicarse por encima de otros conocimientos.

-La ciencia popular tiene que reconocerse desde el presupuesto de la humildad epistémica. No hay una posición de privilegio ni de verdad. El saber científico no puede imponerse sobre otros modos de saber y conocimiento. Tiene que entrar en diálogo, en una ecología de saberes, con humildad epistémica. Bajo ningún aspecto tiene superioridad o una posibilidad de privilegio. Es la única forma de que haya una ciencia democrática y popular.
Movimientos sociales y gobiernos

-¿Cómo analiza el rol de los movimientos sociales, campesinos o indígenas que asumen funciones de gobierno?

-Hay muchas complejidades, donde también estamos aprendiendo de experiencias históricas, como de los recientes gobiernos progresistas de América Latina. Es muy discutible sino un anacronismo político pensar como se pensaba hace 40 años que el cambio social se hace solo desde el Estado. Es una idea errada por muchos motivos.

-¿Por qué?

-Los cambios sociales que necesitamos no se hacen desde arriba y no se hacen desde el Estado, sino que muchas veces se hacen a pesar del Estado.

-¿Cómo sería?

-El Estado como aparato burocrático político y militar forma parte del problema y no de las soluciones. Hay que transformarlo en algo sustancialmente distinto. Entonces cuando pensamos en el Estado se presenta un dilema, en el sentido que ninguna transformación se hace sin el Estado, pero toda transformación civilizatoria se hace a pesar del Estado.

-¿Y el rol de las organizaciones sociales?

-El hecho de participar en la lógica de un gobierno no debiera hacernos perder de vista sobre el sentido de las transformaciones y me parece que eso es un poco lo difícil de ese desafío. En las décadas pasadas ha habido cambios constitucionales, políticos muy fuertes, donde se ha hablado de pasar a otros estados, no capitalistas, decoloniales, plurinacionales. Esas experiencias han fracasado, han sido gobiernos donde muchas veces el aparato político del Estado ha tenido a líderes de organizaciones de movimientos populares y sociales. Esto plantea la gran complejidad, cómo evitar la lógica de la reproducción del sistema, y una vez que se está dentro del aparato estatal cómo mantener la vocación de transformaciones antisistémicas dentro del mismo Estado.

-¿Cómo se hace?

-Es sumamente complejo. No hay recetas, estamos aprendiendo. Creo que el ciclo progresista nos deja dolorosas enseñanzas. Sería sumamente necesario poder metabolizar aprendizajes sociales.

-¿Pero es positivo que organizaciones sociales se sumen a gobiernos?

-No podemos esperar que un Estado que forma parte del sistema actúe de manera antisistémica. Sí hay una ecuación variable de transformaciones del Estado si existe mucha presión social. Eso nos lleva a situaciones de ecuaciones complejas y no podemos decirlas desde un escritorio ni desde los libros. Forma parte de los aprendizajes y luchas que hay que dar. Cuando referentes de movimientos sociales están en función de gobierno hay que observar a qué intereses se responde. En qué medida esos referentes siguieron respondiendo a sus organizaciones o responden a las lógicas del poder. Allí suele darse una fragilidad y un límite. Y se termina reproduciendo la lógica sistémica del Estado, con un montón de dispositivos psicosociales que tienden a justificar eso: el posibilismo, el pragmatismo, ‘hacemos lo que podemos’, ‘luchamos desde adentro’, ‘más no se puede’, ‘si me voy viene otro que lo hará peor’. Todas esas parafernalias de excusas termina en definitiva siendo funcionales a la defraudación popular. Tenemos que aprender de eso, sigue siendo un proceso desafiante de aprendizaje social.

* Versión completa del artículo publicado en el diario Página12 el 14 de enero de 2021.
https://agenciatierraviva.com.ar/el-extractivismo-no-es-una-alternativa-valida-para-el-desarrollo/

Latinoamerica

AGUA Y ENERGÍA PARA LA VIDA O PARA LAS MINERAS

20/01/2021
La información producida por el propio sector minero en Ecuador y en Chile pone sobre el tapete la tensión Agua y Energía para la vida o para las mineras por la que los pueblos latinoamericanos luchan desde hace décadas. En Ecuador se debate una ley para limitar el uso de agua y en Chile afirman que deberán utilizar agua de mar, lo que requiere más energía para la desalinización.

Ecuador
La cámara minera y varios gremios de Ecuador advirtieron sobre el riesgo de que “se afecte la industria” si los legisladores aprueban las reformas a la Ley de Recursos Hídricos que están en trámite en la Asamblea Nacional.

Las reformas apuntan, entre otros objetivos, a prohibir las actividades de minería metálica en zonas aledañas a fuentes de agua, páramos, humedales y otros ecosistemas vulnerables y sus áreas de influencia. También se establece que los municipios pueden declarar de utilidad pública las áreas circundantes de fuentes hídricas.

Las reformas devolverían competencias a las denominadas juntas de agua, que son especialmente importantes en zonas rurales donde se asientan proyectos mineros y este sector afirma que de concretarse estas reformas, se frenaría la inversión y la entrada de divisas.

Si bien la Constitución ya establece la prohibición de realizar actividades mineras en áreas protegidas, los legisladores buscan ampliar las restricciones.

“Hay que decidir por lo más beneficioso para la ciudadanía y lo menos riesgoso para su salud”, señaló el legislador Henry Moreno.

Durante años, comunidades de áreas de influencia de proyectos mineros, sobre todo en el sur del país, han denunciado que las juntas de agua utilizan el acceso al líquido vital para evitar que los pobladores de dichas zonas apoyen los proyectos de la minería.

Chile
Por su parte, en un informe elaborado por Cochilco sobre la proyección del consumo eléctrico en la minería del cobre entre 2020 y 2031, se reveló que la demanda energética aumentará 34% en dicho periodo, pasando de 25 TWh a 33,4 TWh. En este se estima que, para satisfacer la demanda esperada, se requeriría agregar una capacidad de generación eléctrica de 1.222 MW a 2030.

La energía eléctrica es un insumo clave para la industria minera en sus diversos procesos productivos y servicios. De hecho, se estima que su uso representa alrededor del 8% de los costos operacionales de la gran minería del cobre nacional.

El vicepresidente ejecutivo de Cochilco, Marco Riveros, sostiene que este aumento “se explica por los desafíos estructurales que exigirán mayor consumo de electricidad, como el envejecimiento de las minas; una caída en la ley del mineral; mayor producción de concentrados de cobre, que requiere para su procesamiento más energía eléctrica”. Y añade que “a ello se suma el incremento del uso de agua de mar, ya sea desalinización y/o bombeo de agua directa de mar a operaciones mineras, proceso que es altamente intensivo en consumo de energía eléctrica”.

Por su parte, el biministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet, señala que “en los próximos años irá aumentando la desalinización de agua para consumo minero, lo que requerirá mayor uso de electricidad”. Aproximadamente el 30% del costo final del agua desalinizada es explicado por el costo de la energía.
Fuentes: bnaméricas y LA TERCERA

Agua y Energía para la vida o para las mineras