La Declaración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los defensores de los derechos humanos reconoce en el preámbulo la legitimidad y el valioso trabajo que las personas, los grupos y las asociaciones llevan a cabo en favor de los derechos económicos, sociales y culturales, así como de la eliminación de las violaciones de derechos humanos, entre las que se encuentran las resultantes de «la negativa a reconocer el derecho de […] todos los pueblos a ejercer plena soberanía sobre su riqueza y sus recursos naturales».
En muchos países del mundo la aceleración de la competencia por la tierra ha llevado a un número cada vez mayor de esas personas, esos grupos y esas asociaciones a denunciar las violaciones de derechos humanos derivadas especialmente de las inversiones a gran escala o de los megaproyectos de inversión llevados a cabo por las industrias extractiva y de explotación forestal o por la agroindustria.