Un reciente informe elaborado por el Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa (JCAP, por sus siglas en inglés), bajo el título de “La marca canadiense”, refiere que la violencia generalizada es común y corriente en las actividades de las compañías mineras canadienses en países latinoamericanos.
24 de Octubre de 2016 (Toronto, Canadá) – En El Salvador, al menos cinco activistas comunitarios opuestos a una mina de la corporación canadiense Pacific Rim fueron asesinados entre 2008 y 2011, entre ellos una mujer con ocho meses de embarazo. En Guatemala, once mujeres afirman que fueron víctimas de violación en grupo por parte de las fuerzas de seguridad durante una relocalización forzosa para hacer sitio a una mina de la Skye Resources. En México, en 2008, dos empleados en uniforme de la compañía Blackfire apalearon a un destacado activista opuesto al funcionamiento de una mina. Un año más tarde, este activista resultó asesinado.
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No cabe duda que la implementación del modelo extractivista como opción de “desarrollo” por parte de los Estados contraviene los esfuerzos existentes a nivel global y regional para amortiguar la crisis climática y ambiental. Con cinismo y engaños, se vulneran tratados y convenios internacionales más elementales con los que se pretende un mínimo para frenar la destrucción del medio ambiente y la biodiversidad biológica.
Comisionada de la ONU recordó esta maniobra llevó a la muerte de la lideresa indígena hondureña
La gasificación subterránea de carbón, que implica una forma de energía extrema, es presentada como una forma limpia de aprovechamiento de ese mineral. Sus promotores aseguran que con esta técnica se reducen las emisiones de dióxido de carbono y se resuelve el problema de la disposición final de cenizas, ya que quedan alojadas en las profundidades del subsuelo. Sin embargo, en Australia, el fuerte rechazo de la población y los impactos ambientales verificados en experiencias piloto, llevaron a la prohibición de su aplicación en los estados de Queensland y Victoria, en abril y agosto de este año. Las autoridades de ambos estados concluyeron que eran mayores los potenciales riesgos para el sector agropecuario, actividad central de sus economías, que los beneficios que se obtendrían a partir de los proyectos energéticos.
Dos décadas y media de expansión minera obligan a pensar en generar nuevas tendencias y verdaderos escenarios de transiciones que permitan salir del actual modelo extractivo exacerbado y depredador que afecta derechos y produce una fuerte y creciente conflictividad social a nivel global. En los países latinoamericanos, en casi todos los casos se apuesta por economías profundamente dependientes del sector extractivo a pesar de los distintos signos políticos u orientaciones. El peligro es seguir sin tomar en cuenta los mensajes que nos vienen dando tanto la naturaleza como las poblaciones en las zonas de influencia de los proyectos. Las poblaciones expresan una abierta defensa de sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, frente a la presión de los modelos extractivistas imperantes en los países: los intentos que apuntan a sostener el extractivismo minero son cada vez más criticados y deslegitimados por amplios sectores de la sociedad.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos difundió un informe que cuestiona la megaminería, la explotación petrolera, el agronegocio y la construcción de represas. El informe sostiene que esas actividades condenan a los pueblos originarios.
Una de las peculiaridades del extractivismo contemporáneo es la integración de un selecto grupo de burguesías latinoamericanas al club de megaconsorcios mundiales. La estrategia principal de estos conglomerados transnacionales ha sido el despojo y apropiación de las tierras en las que se encuentran los recursos minerales y garantizar, al menos por varias décadas, que esa posesión no será modificada. En América Latina fueron tres los grupos empresariales que, al igual que los consorcios canadienses, obtuvieron concesiones para explorar más yacimientos.
Goldcorp Inc puso a la venta su mina de oro y plata Los Filos, en México, Marlin , en Guatemala, y La Alumbrera, en Argentina, y también contempla deshacerse de otras dos minas no básicas, dijo el director ejecutivo de la empresa, David Garofalo. Mina La Alumbrera, donde Goldcorp tiene un porcentaje junto a Glencore y Yamana Gold, está iniciando su proceso de cierre.
Las empresas mineras canadienses controlan más de un 70% de las operaciones mineras en América Latina, según datos del Consejo de Asuntos Hemisféricos (COHA, por sus siglas en inglés). Las violaciones de derechos humanos y los impactos sobre el medio ambiente que vienen generando desde hace décadas son seguramente de las principales y de las más intensas entre los megaproyectos.