El Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH) publicó en enero un nuevo informe sobre abusos y violaciones a derechos humanos en contra de defensores y defensoras en América Latina.
El documento se presenta en el marco de la Segunda Consulta Regional sobre Empresas y Derechos Humanos, que organiza la Oficina Regional del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en América Latina del Sur (ACNUDH), y que tendrá lugar en Santiago de Chile, del 17 al 19 de enero.
El informe subraya el alarmante aumento en el número de casos de violencia y criminalización en contra de defensores y defensoras, líderes y lideresas comunitarias, sindicalistas y organizaciones.
El documento contiene además múltiples ejemplos sobre el tipo de abusos; así como recomendaciones específicas dirigidas a empresas y gobiernos.
Datos sobre los abusos en América Latina
De septiembre de 2013 a diciembre de 2016, el CIEDH invitó en 156 ocasiones a diversas empresas a responder a abusos en contra de personas defensoras que se oponían a diferentes proyectos empresariales.
En base a esta muestra, se encontró que los sectores en donde se presentan más abusos en contra de defensores y defensoras son: el energético con 41% del total de las invitaciones enviadas; el sector minero (27%), el sector de la construcción (13%) y el sector agrícola, alimentos y bebidas (12%).
También fueron documentadas 51 intimidaciones y amenazas, 36 muertes, 34 desalojos y 27 golpizas o diferentes formas de violencia en contra de personas defensoras de derechos humanos. Los países más peligrosos fueron: Colombia, México, Guatemala, Honduras y Brasil.
Abusos registrados en Perú
En cuanto al Perú el informe menciona 47 asesinatos, registrados en los últimos 3 años en conflictos con empresas mineras y petroleras.
Todas las víctimas fueron miembros de comunidades que se oponen a las actividades extractivas por la falta de consulta previa, libre e informada, el derecho al agua y a la tierra.
Asimismo, reporta los recientes incidentes sufridos por Máxima Acuña y su esposo relacionados con la empresa minera Yanacocha, entre otros hechos recogidos.
“La economía de América Latina depende de las regalías que originan las industrias extractivas, especialmente de la minería. Por eso se siguen impulsando más, pese a todos los conflictos socioambientales que se están dando”, dijo José de Echave, exviceministro de Gestión Ambiental y subdirector de la ONG Cooperacción en el marco de la sesión pública de la Red Latinoamericana de Industrias Extractivas (RLIE) que se llevó a cabo en Lima el pasado mes de octubre.
Los días 24, 25 y 26 de noviembre de 2016 en Aysén de la Patagonia (Chile), asambleas y organizaciones territoriales en lucha mapuches, chilenas y argentinas, se reunieron en la defensa y por la recuperación de los Bienes Naturales Comunes, entendiendo la organización y la movilización social como formas para enfrentar un modelo que no solo saquea y depreda los territorios a un ritmo desenfrenado, si no que además pone en serio peligro la vida de comunidades completas privatizando las ganancias y socializando las pérdidas. Con el objetivo de fortalecer el poder desde los territorios, para frenar la embriaguez depredadora y criminal de empresas Mineras, Hidroeléctricas, Termoeléctricas, Salmoneras, Forestales, Petroleras, Agroexportadoras y otras industrias. Ver comunicado y reseña.
TRAS ENCUENTRO INTERNACIONAL
Uno de los más importantes proyectos de incremento y mejoras de la infraestructura para la industria extractiva en América del Sur es el IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana) que coordina la puesta en marcha y operación de proyectos en 12 países de América del Sur que conforman la UNASUR. El objetivo es la planificación y el desarrollo de proyectos para el incremento y la optimización de la infraestructura regional de transporte, energía y telecomunicaciones. Ver el documental.
Con presencia de organizaciones y comunidades de 13 países de América Latina, se realizó el taller “Ponerle rostro a las empresas mineras en la defensa de la vida”, convocado por el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) y las organizaciones canadienses MiningWatch-Canadá y Above Ground.
Ciudad del Vaticano 05-11-2016 (REDIM).- 
Un reciente informe elaborado por el Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa (JCAP, por sus siglas en inglés), bajo el título de “La marca canadiense”, refiere que la violencia generalizada es común y corriente en las actividades de las compañías mineras canadienses en países latinoamericanos.
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No cabe duda que la implementación del modelo extractivista como opción de “desarrollo” por parte de los Estados contraviene los esfuerzos existentes a nivel global y regional para amortiguar la crisis climática y ambiental. Con cinismo y engaños, se vulneran tratados y convenios internacionales más elementales con los que se pretende un mínimo para frenar la destrucción del medio ambiente y la biodiversidad biológica.