Latinoamerica

Estos son los mayores crímenes ambientales de la minería a cielo abierto en América

Al cumplirse cuatro años de la contaminación del Río Sonora en México, Sputnik te presenta los mayores desastres ambientales causados por la minería a cielo abierto en los últimos años en el continente americano.

«Vemos que hay un patrón de comportamiento de las empresas mineras en toda la región», explicó a Sputnik Julieta Lamberti, de la organización mexicana PODER que acompaña jurídicamente a los afectados por la contaminación del río Sonora, que fue ocasionado por una filial de Grupo México, una minera que es propiedad del segundo hombre más rico de México, Germán Larrea Mota Velasco.

«Siempre dicen que en los países más desarrollados las mineras hacen bien las cosas pero no es cierto, en todos lados las hacen de la misma manera y las consecuencias son las mismas: derrames, contaminación y un desdén con las poblaciones que viven cerca de la mina, a las que llegan prometiéndole que le van a traer empleo, desarrollo, inversiones y que en realidad lo único que les queda es contaminación, pobreza y falta de acceso a los derechos más básicos como la salud y el agua», sostuvo Lamberti. Sputnik te presenta los cuatro mayores desastres causados por explotaciones mineras a cielo abierto en los últimos cuatro años:

Mina Mount Polley-Cariboo, Columbia Británica, Canadá. En la mañana del 4 de Agosto de 2014 ocurrió uno de los desastres mineros más grandes de la historia del país del norte, al romperse la presa de relaves de la mina a cielo abierto de cobre y oro, propiedad de la empresa de capitales canadienses Imperials Metal Corporation. Como resultado, se vertieron 25.000.000 de metros cúbicos de desecho tóxico a los lagos Polley y Quesnel, al arroyo Hazeltine y el río Cariboo.

Según informó el medio The Star, de Vancouver, a cuatro años del desastre la Justicia canadiense no ha presentado ningún cargo contra los responsables del mismo. La de la provincia Columbia Británica anunció que no presentaría cargos en su jurisdicción, mientras que la Justicia Federal canadiense sostiene que aún continúa en investigación para saber si este caso violó o no, las leyes ambientales del país.

Mina Buenavista del Cobre-Arizpe, Sonora, México. Apenas dos días después del desastre canadiense, la mina Buenavista del Cobre, propiedad de la empresa de capitales mexicanos Grupo México pero operada por su filial estadounidense Southern Copper Corporation, derramó 40.000 metros cúbicos de residuo tóxico a los ríos Sonora y Bacanuchi. Se reconoció oficialmente que 380 personas sufrieron una afectación inmediata en su salud porque estaban utilizando ese agua en el momento del derrame, el 6 de agosto de 2014, que desde entonces contaminó el cauce del río.

El agua llegó a la presa El Molinito, donde se concentró la mayor cantidad de residuos de metales pesados de la actividad minera, causando mayor afectación en la salud de las poblaciones de los municipios Ures y San Felipe.

Los pobladores de Bacanuchi, el más cercano a la mina, esperan una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para fines de agosto de este año, que contemple su voz y rechace una ampliación de la explotación que planea la empresa.

Mina Germano-Mariana, Minas Gerais, Brasil. Como consecuencia de la rotura del dique de Fundão que contenía los desechos de la mina, 19 personas fallecieron cuando el lodo tóxico devastó el pueblo de Bento Rodríguez, el 5 de Noviembre de 2015. La empresa Samarco Mineração que la operaba, es una filial de las gigantes Vale (de capital brasileño) y Bhp Billinton (capital australiano-británico).

Se estima que la empresa volcó entre 40.000.000 y 60.000.000 de metros cúbicos de barro, que luego de dejar al pueblo Bento Rodríguez convertido en un lodazal inhabitable, continuó su camino por unos 700 kilómetros, pasando por los ríos Gualaxo del Norte y Carmo hasta llegar al Río Doce (en el estado vecino, Espíritu Santo) y verterse en el Océano Atlántico, según datos publicados por el periódico Brasil de Fato. Destruyó a su paso parte de varios parques naturales, además de irrumpir en el territorio de los indígenas krenak.

Los afectados han presentado demandas colectivas que siguen en proceso, pero hasta ahora el mayor crimen ambiental de la historia de Brasil sigue impune. Ninguno de los afectados ha sido reubicado a tres años del desastre.

Mina Veladero-Jáchal, San Juan, Argentina. La empresa Argentina Gold, filial de la minera Barrick Gold (de capitales canadienses) tiene una causa abierta en la justicia local por el vertido de 1.000 metros cúbicos de una solución conteniendo cianuro a la desembocadura del deshielo de la Cordillera de los Andes, donde nacen varios ríos de la región. El agua contaminada escurrió hacia el río Las Taguas, que forma parte de la cuenca hídrica de la que se abastece Jáchal y otras poblaciones circundantes.

Desde que conocieron del derrame, que se produjo el 13 de septiembre de 2015, los pobladores de la zona fundaron la asamblea «Jáchal no se toca» con la que impulsaron los juicios y reclaman por la salida de las empresas mineras de la Provincia de San Juan.

Fuente:https://mundo.sputniknews.com/ecologia/201808091081082115-mineria-ambiente-desastre-ecologia-muerte/

Brasil, Latinoamerica

«Oir el clamor de la Tierra, oir el grito de los pueblos»

Se está celebrando en Brasilia el II Encuentro de Afectados/as por la Minería en América Latina, que es una continuación del realizado en Roma en 2015, y que desde 7 a 10 de agosto, reúne a 35 representantes que han llegado de 9 países.

Son personas con gran experiencia en las luchas contra los impactos que esta práctica está suponiendo en Latino-américa, muchos de los cuales ponen su vida en riesgo como consecuencia de la defensa de los bienes comunes y el derecho de la naturaleza y de los pueblos. La mayoría de los presentes son laicos y laicas, a los que se unen algunos religiosos y religiosas. Junto con ellos se encuentra el Presidente del Grupo de Trabajo sobre Minería en la CNBB – Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil, Monseñor Sebastião Duart, obispo de Caxias, en el estado de Maranhão.

El Cardenal Pedro Barreto, obispo de Huancayo, Perú, y Vicepresidente de la Red Eclesial Panamazónica – REPAM, en un vídeo enviado a los participantes ha dado algunas claves que pueden servir a la hora de enfrentar los problemas derivados de la Minería. Además de reflexiones sobre esta problemática, se están llevando a cabo visitas de campo, lo que, en opinión de Dário Bossi, «es muy importante porque podemos tocar la piel de las personas afectadas en Paracatú, los impactos de la minería y así poder tener más concreción de los impactos que cada uno de los participantes del encuentro trae desde sus países».

El texto que está siendo estudiado ha sido escrito por Monseñor Bruno-Marie Duffe, Secretario del Dicasterio para el servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano, ayudando a reflexionar sobre el papel de la Iglesia frente a los impactos negativos de la Minería. El texto tiene como punto de partida la Encíclica Laudato si,»que nos llama a una consideración conjunta de la tierra, de la comunidad y de nuestra relación con las riquezas naturales», destacando que recibimos de Dios y de los antepasados la tierra, que tiene riquezas y límites y que somos llamados a cuidar con responsabilidad, lo que entra en conflicto con un desarrollo económico sin límite.

Monseñor Duffe, ve la necesidad de que la Iglesia se preocupe con las minas, pues estamos hablando de la creación, que es un bien común, con la dignidad de los pueblos y con el respeto de sus derechos humanos, especialmente de los más pobres. Por eso, «en este debate, la Iglesia tiene una misión de vigilante, de ser voz de – y con – los pobres, de facilitar el intercambio de experiencias y conocimientos, de aconsejar. Su misión es profética, tiene que denunciar las violencias hechas contra los pueblos pobres», resalta el Secretario del Dicasterio vaticano, añadiendo que «la iglesia tiene que anunciar que otra política es posible», garantizando «una protección a la tierra y a las comunidades». Todo ello teniendo como base la Doctrina Social de la Iglesia.

Desde los conceptos de «ecología integral» y «revolución ecológica», somos llamados a vivir con responsabilidad, para poder hacer realidad un «desarrollo humano integral», para asumir la identidad de cada uno y, desde una ética de la responsabilidad, abrir «un camino a pensar el futuro de la creación y de la humanidad», señala Duffe.

Esta reflexión, cobra especial actualidad en América Latina, donde «estamos viviendo hoy una situación de extremo peligro y de máxima conflictividad de las comunidades afectadas por la mineración», como reconoce Moema Miranda, quien insiste en que los riesgos que nacen de la falta de democracia en diversos países, produce que «las leyes de defensa socio-ambiental, construídas con tanta lucha popular son absolutamente desrespetadas».

Falta control sobre las empresas que no respetan la Casa Común, lo que exige, según la miembro de la Red Iglesias y Minería, «una mayor articulación de las comunidades y una firme defensa de la Iglesia de todas las condiciones de vida de la población», haciendo realidad el deseo del Papa Francisco, «oír el clamor de la Tierra, oír el grito de los pueblos», pues son los más pobres quienes «anuncian un tiempo nuevo y un futuro que no sea controlado por una economía que mata».

Fuente:http://www.periodistadigital.com/religion/america/2018/08/08/oir-el-clamor-de-la-tierra-oir-el-grito-de-los-pueblos-religion-iglesia-afectados-mineria-brasil.html

Internacional, Latinoamerica

¿A Qué Precio? Negocios irresponsables y el asesinato de personas defensoras de la tierra y del medio ambiente en 2017

El mundo es más peligroso que nunca para las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, y la agroindustria es el sector más vinculado a los asesinatos.

Nunca ha sido un momento más letal para defender la comunidad, el modo de vida o el medio ambiente.

Nuestros datos anuales más recientes sobre violencia contra personas defensoras de la tierra y el medio ambiente muestran que el número de mujeres y hombres asesinados el año pasado aumentó a 207, el total más alto que hemos registrado. Además, nuestra investigación ha señalado que la agroindustria es el sector de negocios más vinculado a estos ataques, la que incluye plantaciones de café, palma aceitera y banano.

Por supuesto que mi vida corre peligro, recibo amenazas de muerte las 24 horas del día porque no voy a permanecer callado ante esta atrocidad – María do Socorro Costa da Silva

Hernán Bedoya, de Colombia, recibió 14 disparos de un grupo paramilitar por manifestarse contra plantaciones de palma aceitera y de banano que se estaban expandiendo sobre el territorio de su comunidad, destruyendo los bosques.

En Filipinas, después oponerse a la expansión de una plantación de café, una comunidad cercana a Lake Sebu fue atacada por las fuerzas militares, dejando ocho personas muertas, cinco heridas y provocando que 200 huyeran.

Y en Brasil, la comunidad indígena de Gamela  fue atacada por agricultores, quienes hirieron gravemente a 22 personas (incluidos niños), por intentar proteger sus tierras de la tala.

Pero no son sólo las personas defensoras de estos países las que están siendo amenazadas, atacadas o asesinadas por luchar para proteger sus tierras y su forma de vida. Innumerables personas en todo el mundo están bajo amenaza por enfrentarse al poder de grandes corporaciones, grupos paramilitares e, incluso, sus propios gobiernos.

Muy probablemente, los datos recopilados y presentados minuciosamente en este informe y los estudios de casos incluidos, resultan una subestimación considerable, debido a los muchos desafíos para identificar y denunciar asesinatos. Sin embargo, así como está presentada la información, muestra que los riesgos que enfrentan a diario las personas defensoras continúan creciendo, y los gobiernos y las empresas enfrentan acusaciones muy serias que deben responder.

El movimiento global

Una gran mayoría de las 207 personas defensoras asesinadas el año pasado provenía de América Latina, que sigue siendo la región más peligrosa para las y los defensores, representando el 60% de los asesinatos de 2017. Brasil tuvo el peor año registrado, en comparación con cualquier otro país del mundo, con 57 personas defensoras asesinadas.

Pero no hubo una sola región que resultara inmune al creciente número de ataques contra sus defensores. En Filipinas asesinaron a 48 personas defensoras, el número más alto en un país asiático. Y en África, se reportó el asesinato de 19 personas defensoras, 12 de las cuales se encontraban en la República Democrática del Congo.

Defenders 2018 - Country Killings

Estas personas son parte de un movimiento global para proteger el planeta. Están en la primera línea en la lucha contra el cambio climático, la preservación de los ecosistemas y la protección de los derechos humanos. Defienden causas que nos benefician a todos: sostenibilidad, biodiversidad y justicia.

Negocios irresponsables que motivan los ataques

Los gobiernos y las empresas han fracasado en actuar con responsabilidad, éticamente o, al menos, de acuerdo a la ley, lo que les convierte en un factor generador de la letanía de crímenes contra activistas el año pasado.

Las empresas tienen responsabilidad ante sus clientes, quienes deben poder confiar en que los productos que compran no están violando los derechos humanos, ni provocando destrucción cultural o devastación ambiental. Y las y los consumidores, tienen el deber de exigir que estas empresas cumplan con sus responsabilidades.

Cuando bosques tropicales de gran riqueza son arrasados para sembrar monocultivos, los delicados ecosistemas que podrían capturar las emisiones de carbono se pierden para siempre. Cuando se explota la tierra para la minería, el suelo y el agua fresca se envenenan, se pone en riesgo la salud y el futuro de las comunidades cercanas.

Se trata de negocios e inversores irresponsables, empeñados en satisfacer la demanda de los consumidores y maximizar los beneficios que, junto con los gobiernos corruptos o negligentes, hacen que todo esto sea posible.

Qué puedes hacer

Instamos a las poderosas instituciones y organizaciones que amenazan los intereses de las personas defensoras, sus comunidades y el planeta, a que reconozcan su responsabilidad, a que usen su poder para ser una fuerza de bien. Los gobiernos y las empresas tienen el poder (financiero, legislativo y ejecutivo, así como el deber legal) de marcar una gran diferencia.

 

A pesar de las adversidades que enfrenta, la comunidad global de personas defensoras del medio ambiente y de la tierra no va a desaparecer; sólo se está fortaleciendo. Haremos campaña junto a ellas, llevando su lucha a los pasillos donde se mueve el poder y a las salas de juntas de las corporaciones. Nos aseguraremos de que sus voces sean escuchadas. Y estaremos vigilando para asegurar que las personas defensoras, su tierra y el medio ambiente del que todos dependemos sean debidamente protegidos.

Descargue el informe completo: ¿A qué precio? (PDF, 3MB)

Fuente:https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/a-qu%C3%A9-precio/

Latinoamerica

El problema de la criminalización de la protesta y la represión en América Latina

“Si un gobierno hace eco de las demandas de la población en torno por ejemplo a la contaminación generada por una empresa, y decide expulsar o quitar la concesión a esta empresa, la empresa puede demandar al gobierno. Hace cinco anos, había por lo menos 60 países de Africa, Asia y América latina demandas por las empresas transnacionales ante el Banco Mundial, que es el tribunal que a final de cuentas decide y muchas veces le da la razón a las transnacionales. Costa Rica y El Salvador son los únicos dos países que por ley han prohibido la minería metálica en su territorio, por lo que les han llegado demandas de las empresas canadienses y australianas y han tenido que gastar millones de dólares en su defensa legal. Al final ganaron pero han sido los únicos dos casos y por lo general las corporaciones ganan.

Si la gente defiende sus derechos humanos al agua, a la salud y la alimentación, entonces en los tratados empezaron a ver la forma de asegurar que la movilización social no sea un derecho humano sino un crimen. Cuando la gente está protestando, bloqueando una carretera, puede ser demandada por secuestro, delincuencia organizada, o terrorismo. Los tratados convierten la protesta social y las demandas por los derechos humanos en un crimen. Para los gobiernos es mas fácil modificar el código penal y criminalizar la protesta social que pagar millones de dólares en las demandas de las empresas. La confrontación es cada vez más fuerte entre los movimientos y las corporaciones en toda América latina.

(…) América latina tiene muchos bienes comunes naturales: bosque, madera, biodiversidad, agua, gas, petroleo, minerales. Esos bienes comunes naturales incorporados al mercado ahora los llamamos recursos naturales y se les pone precio, entonces vienen la lucha por quien es dueño de eso. (…)  Prácticamente todos los gobiernos de América latina tienen acuerdos de libre comercio con la Unión Europea, China, Estados Unidos o Canadá, por lo que hay una disputa muy fuerte por todos estos recursos. Esos TLC van avanzando a un ritmo sumamente acelerado y la extracción ha sido cada vez mas fuerte. En México, por ejemplo, del 2000 al 2011 se extrajo 2.5 veces más oro que durante los 300 años de colonia española.

Eso ha implicado que la gente se esté levantando y organizando, pero es peligroso en América latina, donde quien se oponga es perseguido. Hay mucha esperanza ya que la resistencia es muy fuerte, los movimientos están resistiendo, la gente está buscando la manera de blindar sus territorios, de generar territorios libres de minería, represas y transgénicos y está generando alternativas propias y locales. Eso es lo que hace que la gente sea muy amenazante para los intereses corporativos, por eso es tan peligroso. Tenemos casos por toda América latina, y sobre todo muchos feminicidios, porque las mujeres están en frente de todas las resistencias en el continente.”

Fuente:http://movimientom4.org/2018/07/video-gustavo-castro-los-tratados-de-libre-comercio-convierten-la-protesta-social-en-un-crimen/

Latinoamerica

22 DE JULIO, DIA MUNDIAL CONTRA LA MINERIA

El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, OCMAL se suma al llamado mundial que cada año en esta fecha se realiza, para expresar la indignación por los efectos que causa la minería en todo el mundo.

Vemos con preocupación la permanente presión de las empresas mineras y los gobiernos que las patrocinan, sobre las comunidades y ecosistemas que muchas veces son brutalmente agredidas para dar paso al extractivismo minero desenfrenado.

A pesar que ese extractivismo minero no hace más que profundizar las desigualdades, la injusticia, la pobreza, la corrupción y la dependencia en muchos países, vemos que las elites gobernantes sostienen el modelo extractivista como única opción económica, sin medir sus consecuencias.

Gobiernos conservadores, neoliberales y alternativos, defienden el extractivismo minero como si fuese la respuesta a los innumerables problemas que viven nuestras sociedades.
Por el contrario, vemos como ese modelo de explotación brutal de minerales, condena cada vez más a las comunidades a la pobreza, el desarraigo, la violencia, la crisis ética, la corrupción de la política.

No solo sobre la tierra, arrollando ecosistemas frágiles y desplazando comunidades. También el el fondo marino, sin medir las fatales consecuencias para la sobrevivencia del planeta.
La actividad minera ya ha producido suficientes crisis hídricas en países de la región, además de poner la energía a su servicio, con las tremendas consecuencias que vemos a diario.

Es por ello que la minería muestra tal grado de conflictividad en el mundo.
América Latina es una muestra de lo que sucede a nivel planetario. Con mas del 25% del aporte en minerales a nivel mundial y con enormes yacimientos de varios minerales tanto metálicos como no metálicos, expresa a través de la conflictividad con la actividad minera, su desacuerdo con el extractivismo minero.

Nuestro mapa de conflictos mineros de América Latina registra ya casi 250 conflictos entre comunidades, empresas mineras y Estados y pone de relieve el carácter brutal de la conflictividad con más de 170 casos de criminalización que afectan a defensoras y defensores de derechos frente a la minería.

Mientras crece la presión por explotar minerales a como dé lugar, aumenta también el rechazo a la actividad en todo el mundo.

Imaginarse un mundo sin minerales es casi imposible, pero uno donde estos estén al servicio de las necesidades fundamentales y no al servicio de la especulación, la concentración de capitales, la dominación, la opresión y la violencia, no solo es perfectamente posible sino absolutamente necesario.

El post-extractivismo es por ahora la respuesta ante esta ola de destrucción natural, física, cultural, espiritual y biológica.
Suspender la minería actual hasta repensar una existencia del planeta con futuro es también una necesidad urgente con la que podemos y debemos comprometernos.

Latinoamerica

LAUDATO SI: Los gritos de comunidades afectadas por la minería llegan nuevamente al Vaticano

Unas 400 personas, provenientes de diversos países del mundo, se han reunido en el Vaticano, del 6 al 7 de julio, para celebrar los primeros 3 años de la publicación de la Encíclica del Papa Francisco “Laudato Si”.

La oración inicial del encuentro, conducida por un grupo de niñas y niños, fue un verdadero llamado a nuestras consciencias: “Necesitamos poner nuestra cabeza, nuestro corazón y nuestras manos al servicio de la Creación”.

El sacerdote comboniano Dário Bossi, directivo de la red Iglesias y Minería, asiste a la conferencia “Salvar nuestra Casa Común y el futuro de la vida en la Tierra”. El padre Dário, lleva la voz de las comunidades afectadas por la minería: “La actividad extractiva, entre ellas la minería -afirma-, hiere gravemente el vientre de la madre tierra. De manera irresponsable depreda la naturaleza y amenaza a las comunidades, especialmente a aquellas que se oponen a esta agresión, muchos de sus dirigentes acaban siendo criminalizados, perseguidos y hasta muertos”.

A los tres años de la “Laudato Si”, indica el padre Bossi, “tenemos la responsabilidad de seguir trabajando en todos los niveles las exigencias y llamados de esta Encíclica. Necesitamos legislaciones y normas a nivel internacional, nacional y local. Requerimos promover en el mundo un nuevo modelo de crecimiento y de vida, una nueva forma de vivir que tenga muy en cuenta los gritos de la madre tierra y los gritos de los pueblos”.

“Tenemos urgencia de implementar una Ecología Integral. De asumir la defensa del mundo, de cambiar este sistema que nos lleva a la muerte. Ya no podemos cerrar los ojos ni los oídos. El grito que viene desde los pueblos es que debemos cambiar todo el sistema. No podemos ni siquiera arreglarlo un poco, tenemos que cambiarlo. Y ésta, es una tarea de todas las personas, organizaciones sociales y de todos los estados. O enfrentamos esta situación de una vez por todas o nos hundimos y desaparecemos con toda la naturaleza”.

Al celebrar los 3 años de la Encíclica Laudato Si, “queremos en primer lugar, a nombre de las comunidades afectadas por la minería y nombre de todos los pueblos de América Latina, agradecer mucho al Papa Francisco por el cariño a las comunidades indígenas y a los pueblos afectados por este sistema depredador y extractivista. Agradecerle por la intuición y valentía de asumir la defensa urgente de la Creación y por indicarnos que debemos aprender de los pequeños, de los pueblos indígenas a cuidar la madre tierra. Nosotros como iglesia, debemos escuchar y aprender de los indígenas, escuchar en ellos la palabra de Dios”.

Le queremos decir al Papa Francisco, enfatiza el padre Dário: “Sigamos en ese esfuerzo.  Estamos contigo, porque nosotros creemos también que la defensa de la Creación, además de ser un mandato de Dios, es una tarea urgente de toda la humanidad”.

La encíclica “Laudato Si” es una reflexión sobre el cuidado de la creación, centrada en el planeta Tierra como Casa Común. Nos convoca a defender la naturaleza, la vida animal y las reformas energéticas. El Papa hace una crítica mordaz del consumismo y el desarrollo irresponsable con un alegato en favor de una acción mundial rápida y unificada “para combatir la degradación ambiental y el cambio climático”. A tres años de su publicación, siguen muy vigentes las palabras de Francisco invitando a todos a realizar una lectura consciente y profunda de esta encíclica, para que podamos recibir su mensaje y “crecer en la responsabilidad hacia la casa común que Dios nos ha confiado”.

Finalmente, el padre Dário, indica que, del 7 al 10 de agosto de este año, en Brasilia, las comunidades afectadas por la Minería en América Latina, tendrán la oportunidad de dialogar con representantes de la Iglesia y buscar caminos solidarios de manera conjunta en la defensa de los derechos humanos y de los derechos de la madre naturaleza.

Un encuentro promovido por la Red Iglesias y Minería, el DEJUSOL-CELAM, la CNBB, el CIDSE, entre otras entidades.

Fuente:glesiasymineria.org/2018/07/05/laudato-si-los-gritos-de-comunidades-afectadas-por-la-mineria-llegan-nuevamente-al-vaticano/

Latinoamerica

Incendios forestales, minería y desastres naturales: los enemigos de los bosques tropicales en 2017

En Brasil, los incendios forestales iniciados por campesinos y ganaderos para despejar terrenos destinados a la agricultura se salieron de control el año pasado y arrasaron con más de 1,2 millones de hectáreas de árboles debido a una grave sequía que se apoderaba de la región. Esas pérdidas socavaron los esfuerzos recientes por parte de Brasil para proteger sus selvas tropicales.

En Colombia, un acuerdo de paz emblemático entre el gobierno y el grupo guerrillero más grande del país abrió camino para una fiebre de minería, explotación forestal y cultivo que provocó que la deforestación repuntara en la región amazónica del país el año pasado.

En el Caribe, los huracanes Irma y María acabaron con casi un tercio de los bosques en República Dominicana y un amplio tramo de árboles en Puerto Rico el verano pasado.

En total, los bosques tropicales del mundo perdieron casi 15,7 millones de hectáreas de árboles el año pasado, un área casi del tamaño de Bangladés, de acuerdo con un informe publicado el 27 de junio de Global Forest Watch que utilizó nuevos datos satelitales de la Universidad de Maryland. Global Forest Watch es parte del World Resources Institute, un grupo de defensa del medioambiente.

Eso hizo que el 2017 fuera el segundo peor año en pérdidas de árboles tropicales en el registro satelital, justo por debajo de las pérdidas en 2016.

Los datos proporcionan solo un panorama parcial de la salud forestal en el mundo, puesto que no registra los árboles que crecen de nuevo después de las tormentas, los incendios y la explotación forestal. Sin embargo, estudios realizados por otras instituciones han confirmado que los bosques tropicales se están reduciendo en general, con pérdidas que superan las ganancias.

El nuevo informe llega mientras los ministros de países con bosques de todo el mundo se reunieron la semana pasada en Oslo, Noruega, para hablar de cómo aumentar las iniciativas para proteger los bosques tropicales del mundo, que albergan casi la mitad de todas las especies del planeta y desempeñan un papel clave en la regulación del clima en la Tierra.

“Estas nuevas cifras muestran una situación alarmante para las selvas tropicales del mundo”, dijo Andreas Dahl-Jorgensen, director adjunto de la Iniciativa Internacional para el Cambio Climático y los Bosques del gobierno noruego. “Simplemente no cumpliremos con las metas climáticas que acordamos en París sin una reducción drástica de la deforestación tropical y la restauración de los bosques en todo el mundo”.

Registrar las pérdidas forestales

El bosque nacional El Yunque en Puerto Rico, el año pasado. Los huracanes devastaron grandes secciones de los bosques caribeños. Credit Érika P. Rodríguez para The New York Times

Los árboles, particularmente los que se encuentran en los trópicos exuberantes, extraen dióxido de carbono del aire mientras crecen y almacenan ese carbono en su madera y su tierra. Cuando los humanos derriban o queman árboles, el carbono se libera en la atmósfera, lo cual calienta el planeta. Según algunos cálculos, la deforestación conforma más del diez por ciento de las emisiones de dióxido de carbono de la humanidad cada año.

Sin embargo, averiguar precisamente dónde están desapareciendo los bosques siempre ha sido un desafío. Durante décadas, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación ha dependido de las evaluaciones a nivel del suelo por parte de países individuales para dar seguimiento a la deforestación. No obstante, no todos los países tropicales tienen la capacidad adecuada para monitorear sus bosques y las mediciones pueden estar llenas de inconsistencias.

En 2013, los científicos en la Universidad de Maryland develaron un nuevo enfoque. Con datos satelitales que hace poco empezaron a ofrecerse de forma gratuita, han estado dando seguimiento a los cambios en las zonas de dosel arbóreo por todo el mundo. Este método tiene sus límites: se necesita más trabajo para distinguir entre árboles que se cosechan intencionalmente en plantaciones y los que se están cortando en bosques naturales más viejos. Esto último es una preocupación mucho más grande para la pérdida de hábitats y el cambio climático.

Tanto las evaluaciones del suelo como los datos satelitales son importantes, dijo Matthew C. Hansen, un científico que dirige la iniciativa de monitoreo en la Universidad de Maryland. “Pero lo que pueden hacer los satélites es identificar las alteraciones mucho más rápidamente”, dijo. “Podemos identificar dónde se ha creado una vía forestal en un bosque y después enviar una alerta”.

Preocupación en Colombia, Brasil y Congo

A partir de las imágenes de satélite, los investigadores se dieron cuenta de que Colombia perdió 0,4 millones de hectáreas de bosque en 2017, un aumento sorprendente del 46 por ciento en comparación con el año anterior. Muchas de estas pérdidas tuvieron lugar en la zona amazónica colombiana en áreas que solían estar controladas estrictamente por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), el grupo guerrillero que impuso fuertes controles en la tala de árboles y el desmonte de tierras, pero que depuso las armas el año pasado después de haber llegado a un acuerdo de paz histórico.

“Ya que las Farc han dejado de controlar la zona, se están abriendo grandes áreas de nuevo y se puede ver la premura con que la gente está tomando terrenos por distintas razones, como para plantar cacao o realizar actividades ganaderas”, dijo Mikaela Weisse, una analista de investigación de Global Forest Watch.

Agregó que el gobierno colombiano hace poco anunció nuevas políticas para trabajar con comunidades indígenas con el fin de proteger los bosques, pero dijo que era demasiado pronto para declarar una victoria.

Los datos satelitales también proporcionaron una imagen más clara de los vastos bosques tropicales del Amazonas en Brasil, que desde hace tiempo han sido vulnerables a la excesiva deforestación. A lo largo de la década pasada, el gobierno brasileño ha logrado reducir la tala ilegal y empresas agricultoras occidentales como Cargill han prometido realizar actividades de cultivo más sustentables.

No obstante, el análisis de Global Forest Watch mostró que Brasil perdió una cantidad récord de zonas forestales en 2016 y 2017, en parte debido a grandes incendios en la Amazonía. Son los campesinos y ganaderos quienes generalmente comienzan estos incendios para despejar la tierra, pero una sequía grave el año pasado provocó que se extendieran rápidamente, sobre todo, en el sureste agostado. Los satélites también detectaron evidencia de un desmonte de tierras a gran escala que podría estar ocurriendo en zonas donde el cumplimiento de la ley es débil.

“La gran preocupación es que comenzamos a ver una nueva norma en la que los incendios, la deforestación, las sequías y el cambio climático están interactuando para hacer que la Amazonía sea más inflamable”, dijo Weisse.

En otras partes del mundo, los datos satelitales mostraron que la República Democrática del Congo el año pasado sufrió más pérdidas forestales que cualquier otro país además de Brasil —cerca de 1,4 millones de hectáreas, un aumento del seis por ciento en comparación con el año previo—; la tala de árboles a pequeña escala, la producción de carbón y la agricultura desempeñaron papeles clave.

Un posible progreso en Indonesia

Los investigadores encontraron una zona de progreso en Indonesia, donde la mano dura del gobierno contra la deforestación podría estar dando las primeras señales de éxito.

A lo largo de las décadas pasadas, los agricultores de Indonesia han estado drenando y quemando las turberas del país —capas gruesas de vegetación parcialmente descompuesta que contiene enormes cantidades de carbono— para producir cultivos como el aceite de palma. Pero en 2015, después de un periodo de sequía grave y la fuerte presencia de El Niño, el país tuvo su peor temporada de incendios en décadas, la cual cubrió el sureste de Asia con humos mortíferos.

En 2016, el gobierno de Indonesia impuso un nuevo moratorio en torno a la conversión de turberas mientras Noruega prometió 50 millones de dólares destinados a su cumplimiento. Las primeras señales son alentadoras: la pérdida forestal principal en las turberas protegidas de Indonesia disminuyó un 88 por ciento en 2017 para alcanzar su nivel más bajo en años. Aun así, dijeron los expertos, la verdadera prueba de éxito podría llegar cuando otro El Niño vuelva a golpear el territorio.

Sin embargo, ese tipo de historias positivas tienden a ser relativamente escasas y los expertos dicen que se necesita mucho más para lentificar el ritmo de la deforestación. A la fecha, solo el dos por ciento del financiamiento internacional destinado a las actividades para combatir el cambio climático se asignan a la conservación forestal, dijo Frances Seymour, una integrante del World Resources Institute.

“Estamos intentando apagar el incendio de una casa utilizando una cucharita para té”, comentó.

Fuente:https://www.nytimes.com/es/2018/07/02/bosques-tropicales-arboles-perdida/

Latinoamerica

Empresas chinas violan derechos humanos en cinco países de la región

En noviembre próximo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) evaluará la situación de los derechos humanos de la República Popular China, tanto dentro como fuera de su territorio, donde se llevan a cabo inversiones de sus empresas públicas.

Frente a ello, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) presenta un informe en la que se detallan las violaciones de derechos humanos en cinco países latinoamericanos como consecuencia de grandes proyectos de infraestructura de capitales chinos.

El Informe sobre vulneración de derechos humanos de pueblos indígenas en la cuenaca amazónica contó con el apoyo técnico de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), la Asociación Ambiente y Sociedad (AAS), el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) y CONECTAS Direitos Humanos.

Así, entre los países afectados se encuentran Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Brasil.

Arco Minero del Orinoco

Venezuela y China consolidaron sus relaciones diplomáticas a través de la Asociación Estratégica por el Desarrollo Conjunto, que buscó la firma de acuerdos con énfasis en los sectores de energía y minas, infraestructura, entre otros que impulsen el desarrollo económico y social de Venezuela.

Para ello, se creó el Fondo de Financiamiento Conjunto Chino-Venezolano para brindar el financiamiento de los proyectos mediante el Banco de Desarrollo de China (BDC). En el marco de dicho Fondo, se creó la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional “Arco Minero del Orinoco”.

Con una extensión de 111 mil 843,70 kilómetros cuadrados, el Arco Minero fue creado para la exploración y explotación minera a gran escala y abarca los estados de Bolívar y Amazonas. Sin embargo, sus áreas se superponen a territorios indígenas.

Entre los pueblos afectados se encuentran los Inga, Mapoyo, Eñepá, Kariña, Arawak, Akawako, Baniva, Piaroa, Yekuana y Jivi. Asimismo, afecta al territorio ancestral de los Eñepá y Jodi o Joti, dos pueblos en contacto inicial que serían desplazados.

El proyecto se divide en cuatro áreas. De ellas, el área 1, donde predomina el coltán, será explorado y explotado por la empresa china Camc Engeenering Co. Ltd. (CAMCE). Por su parte la empresa Yankuang Group Co. Ltd. (Yankuang) explorará y explotará el área 4 donde predomina oro, bauxita, cobre, caolín y dolomita y abarca la Reserva Forestal Sierra de Imataca.

“El proyecto ha generado oposición de diversas organizaciones indígenas por alterar su modo de vida tradicional e incumplir con la participación, consulta y consentimiento de las comunidades indígenas que se verán afectadas, así como por inexistencia del Estudio de Impacto Ambiental”, sostiene el informe.

El incumplimiento de dichas obligaciones generó la movilización de defensores indígenas de derechos humanos. En este contexto, Freedy Menare, líder indígena y fundador de la Organización Indígena Pueblo Uwotujja del Sipapo del estado de Amazonas, fue asesinado de un disparo en la espalda.

Bloque Petrolero el Nogal

Así como sucedió con Venezuela en su momento, Colombia y China fundaron la Asociación Empresarial Colombo China. Para ello nombraron a Emerald Energy PLC Colombia, empresa contratista para la exploración y explotación del Bloque Petrolero el Nogal (BPN), como socia.

De acuerdo con el informe de COICA, dicha empresa es actualmente filial de Sinochem que tiene su sede en Beijing, China. Además, denuncia que el proyecto BPN “adolece de irregularidades que implican violaciones de derechos humanos”.

Según el contrato firmado en el 2012, la empresa contratista se comprometió a explorar un área de 239 mil 415 hectáreas en los municipios de Albania, Belén de los Andaquíes, el Paujil, Florencia, Milán, Montañita, Morelia y Valparaíso en el departamento de Caquetá.

Sin embargo, a pesar de que se identificó la presencia de comunidades indígenas Juan Tama y cabildo la Pradera y los resguardos indígenas Witack Kiwe, Gorgonia y Getuchá, la empresa redujo el área presentado inicialmente y declaró que no existía ninguna comunidad étnica.

“Ello, demuestra la mala fe de la empresa estatal china en el proceso de contratación y obtención de certificaciones para evadir responsabilidad de aplicación de derechos de los pueblos inicialmente identificados”, denuncia COICA.

Proyecto Cóndor Mirador

El informe también da detalles sobre el primer contrato de explotación minera a gran escala que firmó Ecuador con la empresa Ecuacorriente S. A. en la Cordillera del Cóndor, declarada como “área de bosque y vegetación protectores” y además se superpone al territorio ancestral de la nacionalidad indígena Shuar.

Ecuacorrientes es subsidiaria del consorcio chino CRCC-Tongguan. Este, a su vez, está conformado por las estatales chinas Tongling Non-Ferrous Metals y China Railways Construction Corporation.

En el 2014, el proyecto realizó los primeros desalojos forzosos. De acuerdo con el informe, la empresa ECSA con la participación del Estado y las fuerzas públicas, “destruyeron de forma ilegítima la iglesia y la escuela de la comunidad de San Marcos, parroquia Tundayme, cantón El Pangui en la provincia Morona Santiago.

El segundo desalojo violento de 16 familias ocurrió en el 2015. El hecho se repite en el 2016 con 10 familias que vivían en la vía del Cóndor y luego con la familia wari. El resultado fue el “desalojo de más de 30 familias del pueblo indígena Shuar sin su consentimiento previo, libre e informado”.

Lote 58

En el caso peruano, el informe enfatiza en el Lote 58, un lote petrolero ubicado en la selva sur del Cusco con un gran potencial gasifico de la Cuenca Ucayali y Madre de Dios. Dicho lote, cuenta con PETROBRÁS ARGENTINA S. A. como la contratista para la exploración y explotación.

Además, en PETROBRÁS, la empresa China National Petroleum Corporation PERU S. A. (CNPC) cuenta con el 100 por ciento de participación.  Actualmente, CNPC es el mayor productor y proveedor de petróleo y gas de China.

Sin embargo, pese a que la empresa no existe un proceso de consulta previa de las comunidades en el área del lote, la empresa “ya reprocesó líneas sísmicas 2D y perforó cuatro pozos exploratorios en Urubamba, Picha, Taini y Paratori, con lo cual está a puertas de iniciar la fase de explotación”.

Las áreas a consultar son Tangoshiari, Carpintero, Kochid, Camisea, Puerto Huallana, Mayapo, Ticumpina, Camana, Timpia, Chirumbia, Cashiarí, Segakiato, Shivankoreni y Poyenterami, además se superpone a la Reserva Comunal Machiguenga.

“En este caso, nuevamente se ha vulnerado el derecho de consulta previa, lo cual era de conocimiento de CNPC previa a la compra de Petrobrás”, denuncia el informe.

Represas en Brasil

Las hidroeléctricas Teles Pires y Sao Manoel, son dos de las cuatro represas en operación que se encuentran sobre el río Teles Pires, en Brasil. La primera fue adjudicada a la empresa china State Grid y la segunda, a la empresa estatal China Three Gorges Corporation (CTGC).

De acuerdo con el informe, dichas empresas, que no realizaron ningún proceso de consulta ni consentimiento, afectan las condiciones de vida de los pueblos indígenas Kayabi, Apiaká y Munduruku de la Tierra Indigena Kayabi, ubicada aguas abajo.

Además, denuncia que la represa Teles Pires inundó el lugar sagrado “Siete caídas” de extrema importancia cultural y religiosa para el pueblo Mundukuru, ya que ahí vive la Madre de los Piscis, un músico llamado Karupi.

“Todo ello ha significado la violación al derecho a la identidad de este pueblo y con ello la afectación del derecho a participar en la vida cultural que comprende el derecho a elegir su identidad y ejercer sus propias prácticas culturales”, sostiene el informe.

Acceda al informe completo aquí

 Fuente:https://www.servindi.org/actualidad-noticias/30/05/2018/informe-evalua-la-violacion-de-derechos-humanos-por-empresas-chinas
Latinoamerica

Territorios y cuerpos en disputa. Extractivismo minero y ecolo g ía política de las emociones

El presente trabajo busca desarrollar una ecología política de las emociones y los sentimientos sobre la conflictividad social desencadenada en entornos de extractivismo minero. Considerando el reciente auge minero desatado en América Latina desde las reformas neoliberales en adelante, y atendiendo a la profusa e intensa conflictividad generada, acá se procura desarrollar una hermenéutica crítica de la misma a partir de la indagación en las transformaciones y las políticas de las emociones puestas en juego en tales escenarios, como una dimensión crucial para comprender la especificidad de tales dinámicas conflictuales.

Sobre la base teórica de los estudios sociológicos sobre los cuerpos y las emociones y los aportes de la ecología política sobre los territorios y la territorialidad, analizamos el caso de la minería moderna como vector clave de configuración de la base emocional-motivacional de las subjetividades modernas y desde allí, hacemos una re-lectura de nuestras investigaciones empíricas sobre conflictos mineros en la región, interpretándolos como disputas socio-territoriales basadas en la confrontación de subjetividades-sensibilidades políticas antagónicas. A modo de conclusión, proponemos los conceptos de expropiación ecobiopolítica y de mineralización de las subjetividades, como claves para comprender los efectos de los proyectos extractivistas sobre la trama afectiva y micropolítica de las relaciones sociales en las diferentes comunidades ‘mineras’.

Pese a todo, mal que les pese a burócratas de Estado y a inversionistas, todavía hay en estas Tierras, cuerpos que, pese a tanta violencia, a tantas agresiones históricamente acumuladas, sienten en ‘carne propia’ la devastación de los territorios… Son aquellos que no ‘entienden’ la lógica de la compensación, pues creen que ciertos bienes están fuera de lo ‘negociable’… Son cuerpos-sujetos de sensibilidades-sociabilidades otras…. Portadores de afectividades radicalmente otras… Potencialmente alumbradoras, por tanto, de otros mundos posibles…

Fuente:http://movimientom4.org/2018/05/territorios-y-cuerpos-en-disputa-extractivismo-minero-y-ecologia-politica-de-las-emociones/

Latinoamerica, Sin categoría

AMÉRICA LATINA: Mujeres resisten al extractivismo

La defensa de su territorio, del agua, de sus fuentes de alimentación son los principales motivos por los que las mujeres se enfrentan a las industrias extractivas.

Los proyectos extractivos, principalmente la minería, tienen consecuencias devastadoras para las vidas de las mujeres indígenas y campesinas al poner en riesgo el medio ambiente, el agua, sus culturas, medios de supervivencia y territorios.

Según las participantes en el Encuentro Internacional “Mujeres en resistencia frente al extractivismo”, llevado a cabo en Montreal, Canadá, del 27 al 29 de abril del 2018, “la industria extractiva contamina y elimina las principales fuentes de agua de su región. Ante la pérdida de este recurso vital, las mujeres sienten que están perdiendo su autonomía. La soberanía alimentaria, por su parte, es cada vez más difícil de lograr cuando un megaproyecto de minería o hidroeléctrica se instala cerca. A menudo, el establecimiento de una compañía minera impide que las comunidades practiquen la agricultura. Las mujeres se ven privadas de sus medios de subsistencia y de los recursos financieros necesarios para su autonomía”.

Por tratar de proteger su territorio y seguir trabajando la tierra, agregaron, las mujeres son víctimas de la represión y privadas de sus derechos fundamentales.

Mujeres han sido asesinadas por defender su territorio ante la voracidad de las industrias extractivas, como es el caso de la hondureña Berta Cáceres, ambientalista y defensora del pueblo indígena Lenca, cuya muerte en marzo del 2016 fue ordenada por ejecutivos de la empresa Desarrollos Energéticos SA (DESA), a cargo del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, ubicado en el río Gualcarque, considerado sagrado por los indígenas lenca.

O son criminalizadas como la peruana Máxima Acuña, por la férrea defensa de su territorio donde la minera Yanacocha pretende explotar una mina de oro y cobre a cielo abierto en las alturas del departamento norandino de Cajamarca, destruyendo las fuentes de agua. Cáceres y Acuña recibieron el Premio Medioambiental Goldman, como un reconocimiento a sus esfuerzos por proteger el medioambiente, con frecuencia con gran riesgo personal.

Contra la minería legal e ilegal
Este año, Francia Márquez, activista y líder comunitaria colombiana de la localidad de La Toma, en el suroccidental departamento de Cauca, fue galardonada con el Premio Goldman por su lucha contra la minería legal e ilegal.

Márquez sostiene que en esa región del país, no sólo no hay presencia del Estado, sino que la población no tiene agua potable, los niños no tienen acceso a educación de calidad y mucha gente que ha sido desplazada por el conflicto armado vive en la miseria en las ciudades.

La resistencia contra las concesiones mineras entregadas sin consulta a la población significó que en el 2009 el gobierno del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) declarara a la comunidad como “perturbadora de mala fe”, que es considerado delito en Colombia. A partir de entonces Márquez junto con abogados y organizaciones afrodescendientes, libró una batalla que terminó con un fallo de la Corte Constitucional en el 2010 reconociendo su territorio como ancestral. Sin embargo, las concesiones mineras no han sido canceladas, sino suspendidas.

En Centroamérica, la red Mujeres Latinoamericanas Tejiendo Territorios llevó a cabo una caravana entre el 7 y el 17 de enero del 2018 que recorrió Guatemala, Honduras y El Salvador, para denunciar las afectaciones de las industrias extractivas en las mujeres.

“Como mujeres participantes en este esfuerzo, hemos confirmado que en nuestros países la lógica extractivista está amenazando gravemente los territorios y las poblaciones que ahí habitamos”, manifestaron las impulsoras de la caravana en un comunicado.

Xiomara Gaitán, representante de la Red de Comunidades Afectadas por la Minería en Honduras, declaró al diario digital salvadoreño Contrapunto que “la mayoría de los proyectos extractivistas promueven un contexto de violencia, estigmatización y criminalización contra liderazgos comunitarios, en especial hacia las mujeres que luchan desde los territorios en Centroamérica, donde se cometen múltiples violaciones a los derechos humanos”.

Violencia, estigmatización y criminalización
La red Mujeres Latinoamericanas Tejiendo Territorios llamó la atención que “el contexto de violencia, estigmatización y criminalización a que estamos expuestas las mujeres que luchamos desde nuestros territorios en Centroamérica hace que la defensa de los derechos humanos no sea tarea fácil”, poniendo como ejemplo el caso de Honduras donde desde el 2015 se han impuesto medidas cautelares a más de 700 mujeres, “cuyo delito ha sido exigir derechos legítimos como derecho a la tierra y el poder defender los bienes naturales de sus comunidades”.

En un artículo publicado en enero del 2016, el Centro Latinoamericano de Estudios Ambientales (CELEAM), con sedes en Colombia y México, precisó que las mujeres en contextos de minería en América Latina “viven una triple discriminación por cuestiones de género, raza y clase social, sumándose en ocasiones al de defensoras”.

“Los impactos diferenciados entre hombres y mujeres están asociados con la división sexual del trabajo”, indicó. “Mientras los hombres presentan más padecimientos ligados a riesgos y enfermedades profesionales, las mujeres, niñas, niños y personas mayores tienen padecimientos asociados a la exposición prolongada al aire y agua contaminada. Los problemas relacionados con la disponibilidad y calidad del agua impactan específicamente a las mujeres, ya que son ellas las principales responsables de este recurso para consumo personal y doméstico”.

El CELEAM enfatizó que la exposición de las mujeres al polvo que contiene metales pesados impacta en su salud reproductiva, incrementando los abortos, nacimientos prematuros y malformaciones en los bebés.

“La contaminación de agua y aire con metales pesados afecta el sistema inmunológico de las mujeres embarazadas, por lo que los bebés nacidos durante la mayor explotación minera pueden presentar secuelas visibles o invisibles en sus propios organismos”, señaló.

El artículo hizo mención al caso de la minera Cerrejón, en Colombia, donde desde hace más de tres décadas se explota carbón a cielo abierto en el departamento nororiental de La Guajira.

“Aquí confluyen diversos tipos de violencia hacia mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes, ya que la actividad minera no sólo ha afectado su salud y alimentación a causa de la contaminación y cambio de uso de suelo, sino que también incrementó la mortalidad materna de las mujeres wayúu y de la infancia por enfermedades respiratorias. A esto se suman los casos de violencia sexual y física en las zonas de explotación, sobre todo a través de redes de trata de personas, identificándose específicamente 40 casos de prostitución infantil relacionados con la minería”, afirmó el CELEAM.

Fuente:http://www.comunicacionesaliadas.com/america-latina-mujeres-resisten-al-extractivismo/