El sacrificio se extiende también hacia los cuerpos de quienes viven en estas regiones, a destacar los cuerpos de las mujeres que ven sus existencias destruidas por el rediseño del espacio geográfico impuesto por la instalación de la industria minera.

La realidad que viven los pueblos afectados por los megaproyectos mineros es cruel, sin embargo no desconocida. Los sitios llamados “zonas de sacrificio ambiental”  —término utilizado por primera vez durante la Guerra Fría para referirse a las áreas contaminadas por proyectos mineros— siguen multiplicándose y modernizándose. En Latinoamérica, esos  proyectos son abundantes y no respetan siquiera las reglas mínimas impuestas que prohíben este tipo de  explotación en áreas que deberían ser protegidas.

El sacrificio se extiende también hacia los cuerpos de quienes viven en estas regiones, a destacar los cuerpos de las mujeres que ven sus existencias destruidas por el rediseño del espacio geográfico impuesto por la instalación de la industria minera. Las migraciones, sobre todo de  varones, a estas zonas  y el desplazamiento forzado de las comunidades que antes habitaban allí, tienen como consecuencia un aumento de la prostitución. Es en este contexto que ocurre la prostitución infantil, la trata y la violación —especialmente a las mujeres indígenas—.

A nivel socio-económico, las mujeres son una población vulnerable no solo por la estructura del sistema patriarcal sino también por la validación y reproducción de estas lógicas por  la sociedad. La violencia sufrida en los territorios es la misma sufrida por los cuerpos feminizados, los cuales son vistos como objetos utilizables para suplir las necesidades masculinas hegemónicas, y ser  desechables.  La masculinización de los espacios es una modificación simbólica que tiene como consecuencias prácticas de violación, sometimiento y deshumanización de estos cuerpos

El soterramiento del lugar de existencia y supervivencia de estas poblaciones obliga a la adaptación. Con sus fuentes de ingreso desplazadas por la instalación de  proyectos mineros, los empleos que son brindados mayoritariamente a los varones refuerzan la lógica del macho proveedor, lo que  retira la autonomía y modifica el lugar de las mujeres en la comunidad. Este lugar de poder otorgado a los  varones genera no solo la división y fragmentación de comunidad, trae también como consecuencia un aumento de la violencia intrafamiliar, ya que las mujeres  no tienen como subsistir.

La masculinización de los territorios es estratégica y funcional al saqueo promovido por las corporaciones, en convergencia con los Estados, que utilizan el ordenamiento territorial como herramienta política y técnica para imponer la ocupación y sostener el modelo de acumulación que responde a las necesidades e intereses del modelo de desarrollo hegemónico.

Teniendo en cuenta que las mujeres son las que, históricamente, defienden los territorios con sus cuerpos y desarrollan practicas completamente incompatibles con el modelo de saqueo —sostenidas por ética del cuidado y reproducción de la vida—, ellas son vistas como obstáculos a la implementación de los megaproyectos. Son una amenaza al sistema que, colocando a los varones en el lugar de poder,  utiliza las lógicas de dominación patriarcal para destruir las resistencias emergentes.

El futuro de tierra arrasada, que se dibuja en el horizonte llevado a cabo por las prácticas patriarcales, evidencia que la defensa del territorio debe caminar al lado  del empoderamiento de las mujeres y la reproducción de una lógica feminista que pueda recomponer los vínculos necesarios para garantizar el sostenimiento de la vida.  Solo así será posible frenar el avance del capital sobre la vida de todos y todas. Lo que preguntamos desde Virginia Bolten es: ¿Es posible avanzar sobre los territorios se logramos romper con el patriarcado?

Fuente:https://kaosenlared.net/mineria-y-saqueo-cuerpos-arrasados/?fbclid=IwAR2H0arrAcwwTNnm7Qbofv0BR5wEixjlVx39QDMsqlX_g5Yk67acsdg_E-w

Más de 110 delegados de distintos países de Latinoamérica como de Asia, África, Europa y Norte América participan del 1º Encuentro continental de afectados por represas en Panamá. Cuyo objetivo es intercambiar y reflexionar entre comunidades, aliados e invitados. Las afectaciones por represas en diversos países, para encontrar estrategias comunes que permitan luchar contra las violaciones sistemáticas de derechos y fomentar prácticas que conduzcan a una solución estructural para estos problemas, entre las que se cuenta el fomento de sociedades alternativas y la creación de modelos energéticos populares para esas sociedades.

La primera Jornada estuvo constituida por la apertura de una mística entre los países hermanos, que le siguió con el Encuentro de Mujeres Afectadas por Represas.

Es por eso, que en la actual crisis ambiental nos hace un urgente llamado, para la acción, para movilizarnos en torno a la demanda creciente de los desastres naturales a causa del cambio climático, pero también ante gobiernos o estados que proponen soluciones bajo el capitalismo verde, que no es otra forma soslayar la responsabilidad y dando el beneplácito a las megas industrias de continuar sus políticas extractivas y su contaminación a nuestro planeta.

Al cierre de la primera jornada se efectuó un análisis de coyuntura internacional con la participación del Prof. Carlos Vainer de la UFRJ de Brasil, Prof. Richard Morales de la Universidad de Panamá, y representantes de los afectados por represas de las regiones (América Latina, Caribe, América del Norte y África).

El 1º encuentro se realiza del 24 al 27 de septiembre como el lema “Por agua, energía y soberanía de los pueblos” convocado por el Movimiento de Afectados por Represas de Latinoamérica MAR. Cuya sede es la Universidad de Panamá.

Los efectos del mercurio son reales. A pesar de que se descontinuó su uso a gran escala en la década de 1960, la minería artesanal e ilegal continúa vertiéndolo en suelos y fuentes de agua en búsqueda de oro, causando enfermedades, muerte y destrucción de bosques en diversas regiones del continente.

El riesgo de padecer los nocivos efectos el mercurio en la salud es principalmente alto en los lugares donde los peces son la base de la alimentación. Esto es lo que sucede en algunas regiones de la Amazonía boliviana, peruana, ecuatoriana y colombiana.

Por ejemplo, entre 2005 y 2016, las importaciones de mercurio en Bolivia se incrementaron 646 veces, pasando de 369 kg a 238 330 kg, según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior. En Perú investigan la presencia de mercurio en la Reserva Nacional Tambopata y la afectación de decenas de indígenas de la etnia Nahua. En la Amazonía colombiana, el mercurio está generando afectación a algunas comunidades indígenas y sus efectos podrían llegar a pueblos en aislamiento. En Ecuador, la minería desbordada en la provincia de Esmeraldas está contaminando ríos y peces, y sus dañinos efectos ya se están manifestando en las personas.

El mercurio no es ofertado en las comunidades asentadas a orillas de los ríos que buscan explotar oro, sino que llega desde La Paz. Según el estudio Mercurio en Bolivia: Línea base de usos, emisiones y contaminación, el país emite y libera en promedio 133,1 toneladas del metal pesado al medio ambiente, lo que representaba el 6,8 % de las emanaciones en el mundo en 2005. No obstante, en 2014 ese porcentaje se elevó al 12 %, lo que convierte al país en uno de los principales emisores de mercurio en América Latina.

En el año 2016 esta bióloga llegó a la Reserva Nacional Tambopata como guardaparque oficial del Servicio Nacional de Áreas protegidas por el Estado (Sernanp) y desde entonces recorre esa parte de la Amazonía peruana para trabajar por la conservación.

Su motivación actual es evaluar la presencia de mercurio en aves. “Sabemos que los cuerpos de agua están contaminados por estudios que se han hecho, pero no sabemos si los bosques están sanos. Eso es lo que vamos a evaluar”, dice. Para hacerlo, captura aves y trabaja con sus plumas y con muestras de sangre para ver los niveles de mercurio en ellas.

Entre noviembre del 2014 y octubre del 2015, el Centro de Salud Ocupacional y Ambiental (CENSOPAS), por encargo del Ministerio de Salud (MINSA), recogió muestras de orina entre los indígenas nahuas hasta en cuatro oportunidades. En todas estas ocasiones se encontraron fuertes concentraciones de este metal pesado, especialmente en niños menores de 12 años.

Los ríos que rodean el Parque Nacional Río Puré, donde habitan los indígenas en aislamiento, están plagados de mercurio. Además, este es un problema que no solo viven los aislados. Robinson López, coordinador de Derechos Humanos de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), cuenta que los uitotos, por ejemplo, “se están muriendo lentamente” por la alta contaminación de mercurio que deja la minería ilegal.

Un estudio de Parques Nacionales Naturales de Colombia, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía (Corpoamazonía), Usaid, la Gobernación de Amazonas y las Universidades de Cartagena y Jorge Tadeo Lozano, reveló que los habitantes de varias comunidades del Río Caquetá tenían concentraciones promedio de mercurio que oscilaban entre 15,4 y 19,7 μg/g (ppm), valores altísimos si se tiene en cuenta que los estándares internacionales indican que la concentración normal es de una parte por millón (1.0 ppm)

En la provincia de Esmeraldas, la minería se suma a la deforestación para obtener maderas finas, la expansión de los cultivos de palma africana y los conflictos por tierras. La actividad minera ha contaminado tanto los ríos que casi no hay peces y si se consume agua, la gente se enferma.

Un estudio analizó la calidad de cuerpos de agua en la provincia de Esmeraldas —como el estero Mario Unión, estero Sabaleta, río Santiago y río Sabaleta— y determinó nefastos resultados como peces con deformidades y metales pesados en su interior, producto de la extracción ilegal de oro.

El mercurio sigue siendo utilizado en gran medida en la actividad de la pequeña minería en Colombia, a pesar de los daños causados a a la salud de las poblaciones y al medio ambiente.

Fuente:https://es.mongabay.com/2019/09/mercurio-en-los-rios-efectos-sudamerica/?fbclid=IwAR2qxWLpTd1cRragGP_68xFonkuCgDE_UWL50aZfj2o6loOky1_aeps-HLw

Un caso emblemático es el proyecto Tía María, en una zona agrícola de Arequipa, en el sur del Perú, donde la comunidad se ha levantado desde hace años para expresar su rechazo. En la represión de las protestas han muertos siete personas en diferentes incidentes en los últimos años. Brasil, Chile, México y Perú concentran el 85% de las exportaciones de minerales y metales de la región. Ahí donde hay una minera, casi invariablemente surge un conflicto. Según la CEPAL, América Latina es la zona con más conflictos socioambientales de explotación minera. 12 de Septiembre de 2019, 18:16

Con su abundancia y variedad de minerales, América Latina atrae gran parte de la inversión y explotación a nivel mundial. De acuerdo con datos de la CEPAL, Chile es el principal productor de cobre, Brasil el tercero de hierro, México el mayor productor de plata y Perú está entre los primeros de plata, cobre, oro y plomo. En la región se encuentra además el 61% de las reservas de litio.

Brasil, Chile, México y Perú concentran el 85% de las exportaciones de minerales y metales de la región. Ahí donde hay una minera, casi invariablemente surge un conflicto. Según la CEPAL, América Latina es la zona con más conflictos socioambientales de explotación minera.

«La falta de apoyo de las comunidades locales a los proyectos mineros es un hecho innegable y uno de los problemas más graves que enfrentan las empresas mineras en la región”, dice a DW César Padilla, coordinador general del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL).

En opinión de Susanne Friess, asesora en minería y desarrollo sostenible de Misereor, «la actividad minera tiene un alto impacto sobre el acceso al territorio y recursos como el agua. En muchos casos las minas están justamente en donde nace el agua, por lo que el conflicto surge ya en el momento en que la empresa pide la concesión”.

El rechazo se manifiesta de distintas formas, desde expresiones en medios de comunicación, protestas, acciones legales o consultas. No solamente contra los nuevos proyectos, sino también ante los ya existentes. Estas manifestaciones se enfrentan con la represión, el atropello a los derechos humanos, la criminalización y judicialización de la protesta.

A la fecha, OCMAL registra más de 470 proyectos mineros en América Latina, la mayoría (112) en Chile. Allí también se observa la mayor cantidad de conflictos (49), seguido de México y Perú, donde al igual que en Colombia, la conflictividad se ha intensificado en el último tiempo.

Defensores y representantes de las comunidades sufren las consecuencias, que van desde amenazas, amedrentamiento, persecución, secuestro, condenas judiciales y diversas formas de violencia, incluida la muerte.

Bomba de tiempo. 

Un caso emblemático es el proyecto Tía María, en una zona agrícola de Arequipa, en el sur del Perú, donde la comunidad se ha levantado desde hace años para expresar su rechazo. En la represión de las protestas han muertos siete personas en diferentes incidentes en los últimos años.

«En Perú, la minería es una de las actividades que más conflictos genera y como es muy abundante, va también acompañada de numerosos conflictos”, dice Padilla.

Junto con la abundancia de minerales, Latinoamérica ofrece atractivas condiciones para las empresas. En el ranking del Instituto Fraser de los países más atractivos para la exploración y la inversión, por sus características geológicas y las políticas de sus gobiernos, Chile -único con sistema de concesión plena- figura en sexto lugar a nivel mundial y a la cabeza de los latinoamericanos. Perú escala año a año posiciones.

Las comunidades, en tanto, están en alerta ante amenazas al medio ambiente, contaminación, problemas de competencia por el uso de agua y suelo, y destrucción de zonas protegidas. «Las comunidades se quedan sin agua o el agua está contaminada. Además, la minería necesita acceder al territorio y surgen problemas de poca claridad de los títulos”, aporta Friess.

Zonas agrícolas ven amenazada la salud y su medio de subsistencia. En Las Bambas, en la región del Cusco, Perú, las autoridades sanitarias no han respondido adecuadamente ante la grave situación de contaminación por metales pesados, alerta OCMAL.

La enorme cantidad de desechos y movimiento de tierras que genera la minería es otra causa de rechazo. «Los desechos generan cada vez más problemas y preocupación. Los casos de Mariana y Brumadinho, en Brasil, no son únicos. Hay muchos otros en que los desechos mineros se han convertido en una bomba de tiempo ambiental y social”, dice Padilla.

Friess observa además que «la mayoría las comunidades que están en torno a proyectos mineros no obtienen muchos beneficios. A veces reciben algún pago, que con el tema de la corrupción tampoco llega a todos o no se distribuye bien”.

Una lucha desigual. 

«En América Latina la lucha se da entre empresas mineras muy poderosas y comunidades con posibilidades muy limitadas. Es una lucha entre David y Goliat. Las comunidades se sienten discriminadas por parte de la empresa y el Estado, y tienen que pagar el precio por una política de aprovechamiento de materias primas de la que ellos son los que menos se benefician”, señala Friess.

La experta explica que «junto con problemas por el acceso al agua y la tierra, está la falta de participación de la comunidad en todas las etapas del proceso. No pueden opinar sobre nada, más bien tienen que someterse a decisiones que otros toman y, conociendo muchos otros casos en su región o país, no están dispuestos a pagar ese precio sin una lucha”, dice Friess.

A la fecha, OCMAL registra más de 470 proyectos mineros en América Latina, la mayoría (112) en Chile. Allí también se observa la mayor cantidad de conflictos (49), seguido de México y Perú, donde al igual que en Colombia, la conflictividad se ha intensificado en el último tiempo. Estudios de OCMAL registran un alza de la criminalización de la protesta, con los mayores casos en Perú, México, Guatemala, Ecuador y Colombia.

Capitales extranjeros y doble estándar.

 A excepción de Chile, que mantiene la empresa estatal Codelco, en la mayoría de los países las mineras han pasado a manos de empresas privadas transnacionales. Canadá, seguido del Reino Unido, es el principal inversor en minería metálica y en los últimos años se observa la irrupción de capitales chinos, con cierta relevancia en Perú, Chile y México.

«Canadá mantiene un doble discurso de respeto a los derechos humanos, un discurso vacío, pues no se hace cargo de los efectos que producen sus empresas mineras y ha ido construyendo una deuda en términos ambientales y sociales”, dice Padilla.

Un caso emblemático es el de Mariano Abarca, opositor a la minera Blackfire en México, «quien pidió protección en la embajada canadiense y denunció las amenazas que estaba profiriendo una empresa minera de ese país, pero ni la embajada ni el gobierno hicieron nada y fue asesinado”, relata Padilla.

Según el experto, «lo que una empresa minera extranjera deja en un país, en términos de impuesto a la renta y otros, es muchísimo menor de lo que se debiera invertir en reparación y en protección ambiental. El saldo final para el patrimonio ambiental y social es negativo”.

El coordinador de OCMAL apunta también a la responsabilidad de los estados al firmar acuerdos y tratados comerciales que favorecen a las empresas por sobre el impacto que la extracción minera tiene en la sociedad y el ambiente.

Fuente:http://www.remamx.org/2019/09/de-la-riqueza-a-la-protesta-social-una-radiografia-del-aumento-del-conflicto-minero-en-a-latina/

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Casos de Perú, Argentina y Brasil fueron presentados durante la 4ta Consulta Regional sobre Empresas y Derechos Humanos

“Nosotros estamos enfermos por los metales pesados, y el Estado y la empresa Glencore tienen que hacerse responsables”, denunció la mañana del miércoles Carmen Chambi, vocera de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos del Perú, perteneciente a  la comunidad campesina de Alto Huancané (Espinar, Cusco). “El 25 de enero yo vi a Vale matar el río, matar animales, matar gente”, compartió Marina Oliveira, trabajadora social de la Arquidiócesis de Belo Horizonte en el municipio de Brumadinho (Minas Gerais, Brasil). Y Relmu Ñamku denunciando a la empresa Chevron que explota el proyecto Vaca Muerta en su territorio. Duros y conmovedores testimonios que fueron compartidos durante el Cuarto Diálogo Regional sobre Empresas y Derechos Humanos que se realizó en la sede de la CEPAL en Santiago de Chile, los días 3 y 4 de setiembre de 2019.

Estos casos fueron expuestos durante la mesa denominada “Empresas y Derechos Humanos: las perspectivas de las comunidades indígenas”.  En la mesa participaron Julia Cuadros (CooperAcción, Perú), coordinadora regional del proyecto “Empresas transnacionales y principios rectores”; Leonidas Wiener (CooperAcción, Perú); Carmen Chambi (Espinar, Perú); Marina Oliveira (Brumadinho, Brasil); y la lideresa mapuche Relmu Ñamku (Argentina).

Chambi denunció que, pese a la gravedad de la situación de salud del pueblo de Espinar, afectado por más 30 años de actividad minera, “no hay respeto, no hay responsabilidad”. “Lo único que yo pido es que haya una responsabilidad, y pido que se responsabilice el Estado peruano conjuntamente con la empresa transnacional Glencore Antapaccay. Lo único que pido es que haya justicia”, reclamó.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/exponen-violaciones-de-derechos-humanos-causadas-por-empresas-extractivas-en-sudamerica/?fbclid=IwAR1esrTbU6Fgo9jY9Fvukt24hmPevna9bQYnw1lFouuZ5TE17UQDT1dfjO4

La ONG Global Witness cifra en más de 80 los activistas asesinados el año pasado. Colombia, con 24 muertos, supera a Brasil como el peor país.

Julián Carrillo sabía que iba a ser asesinado. Como su cuñado Santiago. Y su yerno Julián. También sus sobrinos Guadalupe y Alberto, y su hijo Víctor, a quien vio morir a balazos. Solo era cuestión de tiempo. En diciembre de 2017 un grupo armado prendió fuego a su casa. Logró salir vivo, pero un año después no pudo escapar a su suerte: fue abatido por un grupo de hombres con armas de alto calibre, como si fuese un peligroso criminal.

Pero el delito que cometieron Carrillo y los cinco miembros de su familia asesinados en dos años en el territorio indígena de Coloradas de la Virgen (Chihuahua, norte de México) fue resguardar los bosques de la Sierra Madre. Protegerlos de las nuevas concesiones mineras autorizadas por el Gobierno; de la tala ilegal y del crimen organizado, que se apropia del territorio para sembrar cannabis o amapola.

Carrillo fue uno de los 14 defensores de la tierra asesinados en el país norteamericano el año pasado, según el último informe de la organización ecologista Global Witness. La cifra revela que la situación apenas ha mejorado respecto al año anterior, cuando murieron 15 activistas. También demuestra que los mecanismos de protección que brinda el Gobierno a los defensores y periodistas en riesgo raramente funcionan. El protector de los bosques de la Sierra Madre contaba con ese mecanismo. De poco sirvió.

Su lucha fue la continuación de la de tantos otros líderes indígenas rarámuris que dieron la vida por evitar la deforestación de sus territorios. Porque, para esa etnia, el bosque lo es todo: atrae el agua, provee de alimentos, da refugio a los animales. Defenderlo está en su ADN.

El crimen más sonado en la comunidad fue el de Isidro Baldenegro, ganador del Premio Goldman, conocido como el Nobel de la Ecología. Ser uno de los activistas más reconocidos de América Latina no impidió que fuera asesinado sin piedad, también a tiros, en enero de 2017. Ni que la impunidad, la intimidación y la violencia contra sus sucesores —entre ellos Julián Carrillo— continuase en Coloradas de la Virgen.

La situación no es mucho más alentadora en los demás países de América Latina: la región volvió a ser en 2018 la más mortífera del planeta para los defensores de la tierra, según la lista negra de la ONG. Colombia superó por primera vez a Brasil como el país con más asesinatos de la región, con un total de 24 frente a los 20 del país gobernado por Jair Bolsonaro.

Pero la organización alerta que todo apunta a que la situación en Brasil empeorará. “Bolsonaro ha prometido permitir la explotación de las reservas indígenas con proyectos de minería, agricultura e infraestructura. En lo que va del año, esto ya desencadenó una serie de invasiones a tierras indígenas por parte de usurpadores de tierras armados”.

El informe ¿Enemigos del Estado? hace un llamado especial sobre la situación en Guatemala, un país en el que se quintuplicaron los asesinatos en el último año. Si en 2017 murieron tres defensores en ese país, el año pasado la cifra se disparó hasta los 16 debido a una ola de violencia vinculada a proyectos hidroeléctricos en tierras ancestrales.

En concreto, la organización denuncia el asesinato de los hermanos Neri y Domingo Esteban Pedro, dos de las cabezas más visibles del movimiento indígena en contra de la hidroeléctrica de San Andrés, que, según Global Witness, está vinculada a la poderosa familia Mata.

Los cuerpos de los hermanos Esteban Pedro aparecieron a orillas del río Yalwitz en diciembre de 2018, cerca de la hidroeléctrica. No fueron los únicos miembros de la organización Resistencia Pacífica de la Microrregión de Ixquisis en sufrir las consecuencias de su activismo. En octubre de ese año, al menos seis de ellos ya habían resultado heridos al ser atacados por la policía durante una manifestación.

Por primera vez, el informe documenta también cómo los Gobiernos utilizan sus leyes para criminalizar e intimidar a los defensores. Por ejemplo, destaca que decenas de campesinos y estudiantes fueron detenidos en Nicaragua después de que el gobierno aprobase en 2018 una ley que ampliaba la definición de terrorismo.

“A diferencia de los asesinatos, estas amenazas más sutiles no llegan a ser titulares de prensa, razón por la que son muy útiles para quienes buscan aplastar la disidencia”, asegura Global Witness. “Al igual que con los asesinatos, las personas indígenas están en la primera línea de ataque de los sistemas judiciales de sus países”.

Fuente:https://elpais.com/sociedad/2019/08/02/actualidad/1564774252_605978.html

Las imágenes son terribles y duelen. La Amazonía se está incendiando y el sentimiento de culpa es inevitable. Todos, de una manera u otra, le estamos prendiendo fuego y, como consecuencia, estamos perdiendo ese fabuloso bioma del que dependemos más de lo que creemos y sabemos.

Las tonterías que dice el presidente brasileño no sorprenden. Es el mismo que tiene como referente al ocupante de la Casa Blanca que sobre estos temas se lleva el premio de la estupidez. Pero tampoco podemos voltear la mirada cuando sabemos que el presidente boliviano promulgó, apenas el mes pasado, el decreto supremo 3973 que autorizó “quemas controladas”, precisamente en los departamentos de Santa Cruz y el Beni. Como informan los despachos de noticias, los incendios ya han arrasado por lo menos 500 mil hectáreas de ese bosque seco único en el mundo que es la Chiquitania, que se ubica precisamente en la provincia del mismo nombre, en el departamento de Santa Cruz.

Pero los incendios, en distinta magnitud están en todos los países amazónicos y van más allá, tocando otros ecosistemas. En el Perú tenemos los mismos problemas y similares desafíos y tampoco podemos ponernos en plan de observadores, esperando que los vientos no nos traigan el fuego de los países vecinos. Todos los años la deforestación incontrolada provoca que perdamos más de 140 mil hectáreas y el Perú figura en el vergonzoso top ten de los países con mayor deforestación a nivel mundial. ¿Las causas principales? La tala ilegal, la agricultura y la minería.

Que lo dramático de las imágenes de estos días y las miles de hectáreas que estamos viendo cómo se incendian en toda la Amazonía, no nos hagan peder de vista que desde hace años estamos dejando que esto pase. Algunos expertos mencionan que el 20% de la Amazonía ya la hemos perdido de manera definitiva y otro 20% está en franco proceso de deterioro.

No hay forma de revertir esta tendencia de deterioro si es que los países amazónicos no actuan de manera conjunta. Mientras que estas y otras iniciativas no se implementen, hay que ser concientes que la batalla por la defensa de la Amazonía y de todo el planeta la estamos perdiendo.