Una joven de Azacualpa, Honduras, intenta detener un tractor de la Aura Minerals (de Canada) y MINOSA (subsidiaria en Honduras) en su avance por seguir destruyendo al cerro y al cementerio de 200 anos, de la comunidad de Azacualpa, con mas de 2000 seres queridos enterados.

Segun datos proporcionados por pobladores, el cementerio tiene mas de 200 años de existencia, 2000 cuerpos han sido enterrados en el lugar, de los cuales Aura Minerals/MINOSA logro exhumar 121 hasta el 10 de mayo del presente.

El pueblo de Azacualpa sigue defendiendo todavia a su cementerio, medio-ambiente y bienestar ante las amenazas, corrupcion y avaricia de la compania minera Canadiense Aura Minerals y su subsidiaria MINOSA.

Aquí, un resumen de los últimos acontecimientos en esta lucha digna de parte de los pobladores de Azaculapa y otras comunidades en La Union, Copan.  (No publicamos nombres de las personas dando estas informaciones, dado que muchas estan recibiendo amenazas de parte de personas afiliadas con Aura Minerals/MINOSA.)

5 mayo 2018
Primer Amparo a favor de la comunidad: Suspension de la mina
Se admite recurso de amparo en favor de habitantes de la comunidad de Azacualpa (La Unión, Copan), para suspender las exhumaciones que lleva a cabo Aura Minerals/MINOSA en el cementerio de la comunidad. El Amparo es admitido por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo con sede en San Pedro Sula, en documento enviado a la Corporación Municipal de La Union, Copan, en la sección parte dispositiva en el inciso 2 describe Decretar la Suspensión del Acto reclamado y la medida cautelar por el tiempo que dure el amparo;

Los habitantes de Azacualpa han colocado en cada poste el oficio para que sea leido por todos.

El Juzgado resolvió ordenando a la municipalidad de la Unión, Copán, CESAR Y HACER CESAR DE INMEDIATO las exhumaciones de difuntos inhumados en el cementerio de la comunidad de Azacualpa.
***

Desde el 27 de Mayo …
He aqui un pequeño resumen de lo que pasa en Azacualpa respecto a la explotación del cementerio. Desde el 27 de mayo del presente un grupo de pobladores se han apostado en un area aledaña al cerro del cementerio, impidiendo que Aura Minerals/MINOSA haga trabajos de explotación en ese predio.

Ayer, martes 10 de julio, un grupo de contratistas y empleados de Aura Minerals/MINOSA llegaron al lugar con la advertencia que irían a desalojales a los pobladores. Efectivamente llegaron a las 8:30am. En ese momento se notifica al mecanismo de Proteccion del Estado quienes inmediatamente giraron un oficio a CONADEH para que asuma su papel en estos casos, a la Policía Nacional para que se hiciera presente de inmediato al lugar. CONADEH se ignoro su presencia! La Policía desplazo una patrulla con elementos para calmar la situación. Hubo momentos criticos de mucha tensión.

La critica hacia la presencia policial es que llegaron cuatro patrullas más, amenazando a quienes defienden el cerro el cementerio que iban a desalojarlos y muchas amenazas mas a quienes estan presentes.

Repito: Ambos grupos estan alli presentes y preguntamos porqué la amenaza de desalojo solo va para quienes defienden sus derechos, su territorio, su cementerio, su medio-ambiente? Estos ultimos se mantuvieron sentados en el suelo, sin ofrecer ningun tipo de provocación.

La Policía hasta el final no hicieron ninguna otra acción mas que amenazas verbales. Alli cerca de las 5:00pm un oficial de la Policía expreso que no serían desalojados y que hoy 11 de julio les recibira una fiscal en Santa Rosa de Copan para preguntarles QUÉ es lo que quieren.

7/11/2018
Exhumando a los muertos
Este dia 12 personas representantes del grupo en oposición a la explotación del cementerio en la comunidad de Azacualpa atendieron un cita de la coordinadora de fiscales de Santa Rosa de Copan, abogada Coritza Vega quien les invitó para escuchar CUALES SON SUS PETICIONES. En la reunión tambien participo el CONADEH, Policía Nacional, Fiscalía de la niñez y defensa pública. La abogada Coritza se comprometio a lo siguiente: Solicitara a nivel de Tegucigalpa tres fiscalias (de DDHH, del Anbiente y Antropologia) para realizar investigaciones respecto al tema.

Se percibe que no conocen a detalle la problemática: no conocen las consecuencias a futuro del drenaje acido esta mina de oro a cielo abierto, con uso de cianuro y otros químicos; no conocen la problematica en Salud y Psicosocial de las personas; se quedaron sorprendidos con los hechos respecto a las exhumaciones de los seres queridos. Se mostraron muy atentos, receptivos y con cierta voluntad para investigar el tema. Se cerro con el articulo 59 de la Constitución de la Republica, queda abierto el espacio para seguir con el diálogo.

7/13/2018
Amenazas de parte de Aura Minerals/MINOSA
Debido a las amenazas de los contratistas y empleados de la Aura Minerals/MINOSA en ir a desalojar a las personas – que desde el 27 de mayo resguardan el cerro del Cementerio en Azacualpa, La Unión, Copan – se ha solicitado al Mecanismo de Protección se haga presente al lugar a fin de evitar cualquier enfrentamiento. Esta instancia ha ayudado para bajar la intensidad del conflicto.

7/18/2018
Contratistas, empleados de la Aura Minerals/MINOSA, y sus familiares, con apoyo de la municipalidad de La Unión, Copan tomaran la carretera a la altura de Cucuyagua, Copan. Estas son sus peticiones: Que los manifestantes que se encuentran en el cerro el cementerio desde el 27 de mayo 2018 lo desalojen para que Aura Minerals/MINOSA puede realizar trabajos de explotación; Que se retire el amparo que impide las exhumaciones en dicho cementerio; Que ASONOG salga de la comunidad. Juzgue usted sus peticiones …

Floresmira Lopez comparte su experiencia de lucha en contra de Aura Minerals/MINOSA quien habia exhumado a su padre.  Con garrote en mano, ella obligo a los forenses a devolverlo a la tumba.

Tactica de dividir a la comunidad
Jose Angel Lopez expresa que Aura Minerals/MINOSA ha dividido a la comunidad; les estan exhumando sus parientes sin autorización de la familia. Seguiremos luchando hasta el final, ha dicho.

7/20/2018
Ayer, nuevamente contratistas y empleados de Aura Minerals/MINOSA, y sus familiares, anunciaron que este día (viernes 20 de julio) llegarían a desalojar a los manifestantes a como de lugar. Esta idea toma fuerza con la promesa del alcalde Hugo Alvarado que llegaría para apoyar el desalojo de quienes se oponen al desarrollo. Ante esta amenaza, se interpuso una alerta preventiva de conflicto ciudadana al Mecanismo de Protección quien se ha comprometido a mover las autoridades hacia el cerro del Cementerio. A esta hora estan presentes en el lugar elementos del ejercito y Policía Nacional. Las personas que quieren explotar el cerro no se han hecho presentes.

7/25/2018
Segundo Amparo en Contra de Aura Minerals/ MINOSA
Juzgado de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula admite un segundo amparo en favor de los pobladores de Azacualpa, Ceibita y El Cedro en La Unión Copán, quienes se oponen a la explotación del cerro el cementerio.

El amparo ordena a la municipalidad de La Union, Copan, que de inmediato cese y haga cesar las exhumaciones (actualmente suspendidas) de difuntos inhumados en el cementerio de la comunidad de Azacualpa, para lo cual deberá usar todos los mecanismos legitimos contemplados en nuestra legislación (final de numeral 2 del amparo con fecha 25/07/2018).

Este amparo fue interpuesto el 22 de junio del presente año en los juzgados de San Pedro Sula y firmado por 36 personas de las comunidades mencionadas, quienes se resisten a las exhumaciones de sus seres queridos sin su consentimiento que realiza la Aura Minerals/MINOSA, en complicidad con la Secretaría de Salud Publica y municipalidad de La Unión, Copan.

Con este amparo se refuerza el interpuesto el 8 de mayo de 2018 y admitido con suspensión del acto reclamado en favor de las comunidades.

7/29/2018
La admisión del segundo amparo en favor de las familias que se oponen a la destrucción del cementerio se lleva a cabo en el momento en que la empresa la arremete en contra de las organizaciones que apoyan a las familias que se resisten a la explotacion.

Un Resumen del Caso Azacualpa
Como se sabe, el alcalde municipal de La Unión, Copan,  en compañia de representantes de los patronatos y sindicato de la Aura Minerals/MINOSA, estuvieron desde el domingo en la ciudad de Tegucigalpa sosteniendo reuniones a diestra y siniestra; se reunieron con la Comision de Minería, la Secretaria de Gobernacion y Descentralizacion, el Ministro del Trabajo, de Seguridad, y no se con quien más. Invadieron los medios con sus noticias.

Hubo mucha expectativa y tensión en la comunidad. Por un lado los afines a la Aura Minerals/MINOSA esperando buenas noticias y los otros igual con incertidumbre.

Ayer mismos mientras ellos estaban en Tegucigalpa, les cayo como balde de agua fría la admisión de un nuevo amparo en favor de las personas que se oponen a la explotación del cerro del cementerio. Eso les ensendio mas la sangre.

Ayer y hoy el alcalde de La Unión y un grupo de trabajadores de Aura Minerals/MINOSA han estado presionando al MP de Santa Rosa de Copan para que ordene el desalojo de los manifestantes. La coordinadora de Fiscales, Corirtza Vega, se ha portado a la altura y no ha cedido a sus pretensiones.

El jefe de seguridad de Aura Minerals/MINOSA ha ofrecido a la abogada Coritza «que si quiere le captura a los manifestantes y se los entrega en la ciudad para que los juzgue.»  Ella ha rechazado rotundamente esa acción.

Hoy en horas de la tarde hubo reunión en casa del presidente del patronato comunal, Orlando Rodriguez, se supone para celebrar la orden de desalojo (hubo cohetes, pastel, refrescos y todo para celebrar) – consumieron los alimentos pero no pudieron reventar los cohetes.

La amenaza de desalojo por parte de contratistas y empleados de Aura Minerals/MINOSA siempre perciste en contra de los defensores del cemeterio, de la comunidad y del medio-ambiente. Se ha alertado a organismos defensores de DDHH para que esten atentos a cualquier acción. Ayer emplazaron al MP diciendo que si no ordenan el desalojo en 48 horas, ellos (los trabajadores de Aura Minerals/MINOSA) lo harán. Se recomienda estar pendientes de cualquier incidente.as familias que se resisten a la explotacion.

7/31/2018
Hoy vecinos de la comunidad de Azacualpa hicieron limpieza en el predio.

Hay una relativa calma a pesar de que el alcalde Hugo Alvarado declaro en publico que hoy o mañana él haría desalojo de los manifestantes si las autoridades correspondientes no lo hacian.

7/30/2018
Asi trabajan los vecinos que luchan por proteger el cementerio, la comunidad y el medioambiente. Desde el 26 de mayo del presente, ellos mantienen vigilancia permanente en este lugar.

7/31/2018
Aura/MINOSA sigue operando mina, ilegalmente
Aura Minerals/MINOSA ha dicho que la mina esta parada. UNA GRAN MENTIRA – la empresa trabaja las 24 horas sin parar un minuto. Este imagen fue tomada el 31 de julio de 2018 desde el cerro el cementerio.

Esta mañana empleados de Aura Minerals/MINOSA ingresaron a cortar arboles en un area que es protegida por los comunitarios que defienden el cerro el cementerio en la comunidad de Azacualpa.

Mientras tantos operarios de equipo pesado (tractores, volquetas y cargadoras) se movían tambien hacia el lugar para iniciar la explotacion. Esta accion indigno a los defensores del cerro el cementerio y llegaron al lugar para impedir que siguieran deforestando el área. Por gestiones ante el Mecanismo de Proteccion del Estado se hizo presente al lugar una unidad policial para resguardar el orden y brindar seguridad. Finalmente los comunitarios obligaron a los empleados de Aura/MINOSA a que no siguieran deforestando el área y que se retiraran del lugar.

8/5/2018
Ataques físicos entre vecinos
El día de ayer, 5 de agosto, a las 5:00 de la tarde el señor Orlin Villanueva ataco con machete a uno de los jovenes que se oponen a la explotación del cerro el cemeterio. Ambos salieron con heridas graves. Este es es el ambiente que ha generado la empresa Aura Minerals/MINOSA en la comunidad de Azacualpa.

8/27/2018
3 meses de valor y dignidad
Hoy se cumplen 3 meses en que pobladores de Azacualpa tomaron de decisión de resguardar el cerro el cementerio para impedir que Aura Minerals/MINOSA lo siguiera explotando.

Porqué lo hicieron?

El juzgado ordenó a la Municipalidad de La Unión suspender las  exhumaciones en el lugar; entonces la Aura/MINOSA empezó a querer rodear el cerro con la explotación y eso es lo que ha impedido la dignidad de la gente desde aquel 27 de mayo.

!Cuantas cosas han pasado! Les han presionado de una u otra manera, se han burlado de ellos, les han agredido, les han hecho cuantas cosas han querido, hasta destruirles su champa donde se protegían y tirarles pica pica para correrles, pero su espiritu de lucha, sus principios y valores, su dignidad la llevan dentro y esa no la pueden destruir.

Claro que les ha impactado todas esas cosas, pero he visto a hombres y mujeres levantarse de nuevo y alzar la bandera de la dignidad en el sitio que ellos llaman «Isla de Combustible» (se llama asi porque alli hubo tanques de combustible para el equipo de la empresa),

A tres meses, la lucha siguen en pie a pesar de tener desde sus mismos hermanos, la municipalidad, la empresa Aura/MINOSA e institucional de Estado, todos en contra.

Hasta cuando? No lo sé. Pero don Manuelito Rodriguez dijo el sábado recien pasado «estamos cansados, golpeados con hambre y con frío, pero seguiremos luchando hasta el final, y si muero, quiero que me entierren en el cementero,» refiriendose al cerro el cementerio de la comunidad.

Por Honduras, la lucha debe continuar.
Fuente:https://mailchi.mp/rightsaction/no-a-aura-mineralsminosa-destruccion-del-cementerio-de-azacualpa

Pobladores del municipio de La Unión, Copán, se tomaron esta mañana la carretera internacional CA-4 que comunica con las fronteras de El Poy y Agua Caliente, en Ocotepeque, como medida de presión para que se desaloje al grupo de personas que impide que la empresa Minerales de Occidente (Minosa) extraiga oro en la zona.

La toma carretera se localizó exactamente a la altura del desvió hacia La Unión, a unos 40 kilómetros de Santa Rosa de Copán.

Para frenar el paso, los manifestantes colocaron llantas en diferentes puntos de la carretera y luego les prendieron fuego.

Algunos delos pobladores eran empleados de la minera y aseguraron que seguirán intensificando las protestas, ya que la minera ha amenazado con retirarse de este municipio.

Hace casi tres meses, una parte dónde la Minosa extrae oro, fue tomada por otros pobladores, quienes se opusieron a los trabajos de la mina.

Debido a la toma de esa fecha, Minerales de Occidente ha logrado trabajar en un 30 por ciento, por lo que suspendió a unos 200 empleados de la compañía por pérdidas económicas y no descarta cerrar operaciones en Honduras.

Fuente:http://www.acafremin.org/es/?option=com_content&view=article&id=283:poblaodres-se-tomaron-la-caerretera-internacional-ca-4-en-la-union-copan&catid=18:honduras&idU=2&utm_source=newsletter_75&utm_medium=email&utm_campaign=comunidades-de-centroamerica-demandan-ser-consultadas-ante-proyectos-extractivos

La campaña de desprestigio en contra de las Organizaciones perpetrada por las compañías mineras Aura Minerals y Minerales de Occidente S. A. (MINOSA), en confabulación con el Gobierno en la comunidad de Azacualpa, La Unión, en el departamento de Copán, pretende crear un clima de desconfianza en la población en contra de las instituciones que apoyan la lucha contra la mala praxis de la industria extractiva en el país.

Informaron que las compañías mineras utilizando a la población a quienes les pagan o trabajan con ellos, iniciaron una campaña de estigmatización en contra de la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales (ASONOG), del Centro de Investigación y Protección de los Derechos Humanos (CIPRODEH), y del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), con una manifestación pidiendo que las organizaciones defensoras de los derechos humanos abandonen la zona que se encuentra en conflicto.

Varios empleados y pobladores afines a las empresas mineras salieron con pancartas descalificando el trabajo de acompañamiento a las víctimas de los efectos de la contaminación ambiental que hacen las organizaciones arriba indicadas.

Cabe destacar que la policía no llegó a desalojarlos tal como lo hace cada vez que la población del sector y de otros lugares del país donde hay explotación minera, sale a las calles a protestar, resultando en detenciones ilegales, heridos y afectados por los gases de las bombas lacrimógenas.

Graves daños en la población

Las organizaciones afectadas culparon al Gobierno de Honduras por el impacto negativo que las campañas puedan tener en ellas y en las personas que realizan trabajos en las zonas a favor del respeto de los derechos humanos y de los pobladores afectados.

Los pobladores de Azacualpa piden a las compañías mineras que respeten el cementerio en donde tienen enterradas a sus familiares, sin embargo las empresas insisten en despojarlos de sus tierras ya que la zona es de gran potencial para la extracción de metales como el oro, plata, zinc, entre otros, y se encuentran en grandes cantidades.

Minerales de Occidente, MINOSA, una empresa canadiense subsidiaria de la compañía Aura Minerals, desarrolla un proyecto de explotación de oro en las minas San Andrés en Copán, Honduras.

La explotación se realiza a cielo abierto en la mina de San Andrés, ubicada en el municipio de La Unión, Copán y ocasiona graves daños en la salud de la población, debido a la descarga de cianuro en el río Lara, afectando las fuentes de agua de muchas comunidades del occidente del país, incluyendo a Santa Rosa de Copán, la ciudad de mayor importancia en esa zona hondureña.

Campaña contra defensores

Víctor Fernández del MADJ, indicó a pasosdeanimalgrande.com, que la campaña de despretigio “es el patrón histórico de las empresas que son parte del modelo extractivo y saqueador de la riqueza en el país, que cuando encuentran oposición de organizaciones y comunidades, el primer recurso que utilizan es el ataque y en el caso particular de MINOSA tiene que ver con que hace muchos años vienen desarrollando una serie de comportamientos que han constituido notorias violaciones a los derechos humanos”.

Fernández explicó que la campaña de estigmatización se da porque “aquí ninguna organización les había hecho una oposición en el territorio con un proceso organizativo importante con un grupo de pobladores de Azacualpa, pero además no les habían hecho oposición en la institucionalidad del sistema de administración de justicia en el país y como ahora se les está haciendo eso, sienten que el mundo se les viene abajo y por eso desarrollan este tipo de campañas de mentiras o sobre la base de la mentira”.

Fernández dijo que como abogado de profesión y defensor de los derechos humanos, a través del MADJ realizan acciones de amparo a favor de varios ciudadanos del municipio de La Unión, en Copán, “para evitar de que se explote el cerro de El Cementerio porque explotar esa zona, cerrar el cementerio implica la violación de varios derechos humanos fundamentales”.

“Dentro de esos derechos están el derecho a la soberanía popular, porque ese municipio en cabildo abierto decidió que no van a cerrar el cementerio y esa es la voluntad soberana de la comunidad, luego somos del criterio que imponer el cierre del cementerio significa violar el derecho a la cultura que tiene la comunidad, el derecho a la integridad personal, física y moral de los habitantes y el tribunal que conoce la causa, el Tribunal de los Contencioso Administrativo, admitió el amparo y ordenó a la municipalidad de La Unión, que está coludida con la Empresa MINOSA, que parara las exhumaciones y evitara la explotación del recurso minero”, explicó.

El apoderado legal de los afectados indicó que no hay ninguna acción en contra de ellos que pare las actividades que están realizando en la zona en defensa de las personas de ese espacio fundamental, sagrado para quienes tienen enterrados en la zona a sus familiares.

Pretender explotar el cementerio atenta contra la obligación que tiene el Estado de proteger la familia, esa acción de exhumación de cuerpos para trasladarlas a otro sector de parte de las compañías mineras tiene confrontada a muchas familias allí en Azacualpa, subrayó.

“Ellos creen que pagándole a todo mundo están salvados, pero hay gente con la suficiente moral para no aceptar lo que las empresas están haciendo en ese lugar y dentro de esa campaña sucia, envidiosa sin ningún fundamento y dentro de ese conflicto, salimos afectados nosotros, donde la empresa u otro tipo de personas desarrolle esta campaña contra nosotros”. Denunció.

Gobierno está confulado con mineras

Para el entrevistado el Gobierno es el principal responsable porque se ha coludido con una serie de instituciones como COPECO, la Región Sanitaria de Copán, el propio Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), la Presidencia de la República, la Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería (DEFOMIN), que han estado dispuestos a otorgarles todos los caprichos y las ilegalidades en que operan estas empresas mineras”, agregó.

Para Fernández en el ataque contra las organizaciones se utiliza a los trabajadores de la empresa para realizar campañas en las redes sociales, a desarrollar agresiones en la zona, donde ya se han presentado acciones contra empleados de ASONOG y CIPRODEH, quienes ya fueron retenidos por empleados de la empresa MINOSA en un acto de fuerza contra ellos con intentos de ataque.

“La Empresa MINOSA ha hecho campañas a nivel de los financiadores de estas organizaciones de derechos humanos, para que no les sigan financiando su trabajo y allí también les han mentido, señalándoles que al ser financiados también están financiando a grupos criminales en la zona, con una campaña falsa y eso es una rabieta porque MINOSA tiene años de saquear esa zona y de sólo dejar migajas en las comunidades y al hacerles un poco de contrapeso se sienten que son afectados en su confort”, concluyó.

El Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos emitió el siguiente comunicado donde adquierte del clima de tensión y de las acciones que realizan las compañías mineras para realizar la extracción de minerales en varias zonas del país:

Comunicado

La delegación gubernamental integrada por INHGEOMIN, MIAMBIENTE y Secretaria de Derechos Humanos bajo la facilitación del gobernador departamental y el Comité Municipal abordamos en reunión durante dos días el conflicto abierto impuesto por el Estado de Honduras al concesionar proyectos mineros violentando derechos fundamentales de las comunidades en el Municipio de Tocoa.

La conversación incluyo dos propuestas. La Estatal que promueve la minería como proyecto de desarrollo económico y oportunidad para las comunidades de obtener beneficios, aunque destruya las fuentes de agua, y la segunda que sale del movimiento social y es un rechazo a la minería a cielo abierto porque está destruyendo los ríos San Pedro y Guapinol y se aproxima a destruir el rio Tocoa, constituyendo violación al derecho humano al agua, al ambiente, al territorio y la paz. Además los proyectos estan en una área protegida de parque nacional.

La postura de rechazo a la minería y el hecho de responsabilizar al Gobierno el haber creado la situacion dramática que vivimos, es fuerte e insoportable. Pero las implicaciones de la minería sobre el agua son muy fuerte, y no cabe la negociación.

Puede haber puntos de acuerdo para avanzar en la garantía de los derechos según lo expresa la constitución de la Republica y el derecho internacional. El gobierno no se puede conculcar un derecho tan esencial argumentando semejante barbaridad. Estaban definido siete puntos para avanzar al dialogo manteniendo el campamento durante el proceso. Sin embargo, el Dr. Carlos Izaguirre manifestó que las comunidades a favor de la minería se sienten agredidas y van a explotar, acusó al movimiento social de tener secuestrada a las comunidades pro minería y responsabilizó al Comité de lo que ocurriera entre grupos.

Desde el Comité lamentamos lo expresado por el responsable de la delegación gubernamental, por la forma en que lo dijo el Dr. Carlos Izaguirre tiene información de lo que planean los habitantes de las comunidades bajo influencia de la empresa minera. En reunión con los habitantes durante su visita de inspección visual al proyecto minero, recibió denuncias que no son ciertas, nosotros hemos reiterado que nuestra lucha no es contra los habitantes del Municipio. El campamento tiene un objetivo, exigir al gobierno la inmediato resolución para el retiro de las empresas mineras en el Municipio.

El Dr. Carlos Izaguirre dijo que como gobierno no responde por hechos violentos entre ambos grupos en pugna y responsabilizó al Comité, eximiéndose de capacidades, análisis y trabajo con Caritas. El gobierno tiene reponsabilidad de proteger la vida humana de todos los habitantes pero el Dr Izaguirre y su equipo se levanto y se fue de la reunión en clara evidencia de olvido de sus responsabilidades administrativas. Desde ya responsabilizamos al gobierno central de lo que pueda ocurrir en el campamento de la asamblea popular  y en cualquier lugar que se encuentren compañeros que participan en exigencia de su derecho al agua. Igualmente llamamos a los organismos de Derechos Humanos a pronunciarse ante tal decisión gubernamental en clara violación a los derechos del ser humano.

Fuente:http://movimientom4.org/2018/08/honduras-organizaciones-de-ddhh-culpan-a-gobierno-y-a-mineras-por-campana-de-desprestigio-en-su-contra/

 

Ante la negativa gubernamental de suspender los trabajos de la mina de la empresa Enco Mining Company, los pobladores del municipio de Tocoa, departamento de Colón seguirán en pie de lucha en su campamento para proteger el agua de sus comunidades.

En fecha reciente, representantes de las organizaciones gubernamentales de Mi Ambiente, INHGEOMIN, DECA, Secretaría de derechos humanos y del Instituto de Conservación Forestal (ICF) llegaron a Tocoa para dialogar sobre el conflicto y acciones de lucha contra la explotación de minería en Tocoa Colón y específicamente la concesión ASP1 otorgada a la Empresa Enco Mining Company ahora inversiones los Pinares de Lenir Pérez.

En la reunión las comunidades y coordinación del Comité fueron claras y señalaron que lo que se pide es la cancelación de las licencias y concesiones, ya que con la apertura de la calle son toneladas de sedimentos en los ríos y fuentes de agua por lo que han destruido los proyectos de agua y fuentes de agua, en especial en el río Guapinol y río San Pedro con sus quebradas que los alimentan.

La propuesta fue que la Empresa pare de trabajar y baje su maquinaria y sea cancelada la concesión porque en el lugar donde está la concesión es zona núcleo del parque Nacional Carlos Escaleras Mejía y la calle recorre muchos kilómetros a 20 metros junto al río Guapinol y río San Pedro y la explotación que pretenden realizar está el donde nace el río San Pedro y serán destruidos y junto a él toda las especies, las 13 comunidades del sector San Pedro más Cayo Sierra,  Zamora y luego cae al río aguan que va para las comunidades de Santa Rosa de Aguan que son comunidades vulnerables.

La delegación enviada por el gobierno de Juan  Hernández a cargo de Carlos Izaguirre de Mi Ambiente  y la Moderación por Gobernador político del departamento de Colón, Carlos Aguilar,  expresaron que la empresa minera Inversiones los Pinares tiene su documentación legal y lo único que pueden hacer es realizar un monitoreo continúo para obligar a que cumplan las medidas y mejor aceptar un proyecto macro de potabilizadora de agua para las comunidades y sacarle provecho a la empresa y junto al gobierno que están en toda la voluntad.

Luego de una Gira al lugar concesionado, los visitantes se pudieron dar cuenta que las medidas de mitigación no son eficaces ni reales, que la calle va sobre el río y que la concesión está sobre una zona núcleo del parque Nacional Carlos Escaleras Mejía con bosque primario de más de 80 años y que no ha sido intervenido por la actividad ganadera por lo tanto se mantiene intacto.

Reducen zona núcleo del parque Nacional Carlos Escaleras Mejía

Para otorgar la concesión minería que había sido solicitada en 2008 metieron un decreto al Congreso Nacional donde redujeron la zona núcleo del parque Nacional y la convirtieron en zona de amortiguamiento y justo allí entregaron 200 hectáreas para explotar óxido de hierro argumentando ampliación de la zona de amortiguamiento, pero en realidad fue reducción de la zona núcleo y así sostener legalmente la concesión en esa área que supuestamente la estaba solicitando Javier Rivera con la Empresa Mi Esperanza,  pero que fue entregado a la justicia norteamericana y después la pasaron al Yerno de Miguel Facussé, Lenir Pérez y su empresa Enco Mining Company , ahora Inversiones los Pinares y consta en el expediente de INHGEOMIN en folio 678 y 679 que la reducción de la zona núcleo fue para permitir la explotación de minería

Carlos Izaguirre de Mi Ambiente se levantó muy molesto cuando se le dijo que como no pueden parar la Empresa y no bajan la maquinaria entonces las comunidades de los sectores del municipio de Tocoa, Colón se mantienen en el campamento porque está en riesgo su agua que desde hace 5 meses no pueden utilizar porque llega puro lodo.

Amenazan a los pobladores

En su malestar, Carlos Izaguirre, dio una amenaza y advertencia que el Gobierno de Juan Hernández no se responsabiliza de lo que pueda pasar entre las comunidades de arriba que van a explotar contra las comunidades de abajo y que la Secretaría de derechos humanos pueden ser testigos de la batalla campal que sucederá y los líderes serán los responsables.

Hay una fuerte preocupación porque el Carlos Izaguirre sabe que la empresa tiene gente armada, posiblemente sicarios, para asesinar personas que se oponen a la destrucción de las fuentes de agua por lo que expresó, que la vida no se recupera y que no podemos generar conflicto.

Los pobladores manifiestan que el conflicto lo generó el Gobierno de Juan Hernández y por lo tanto debe solucionarlo.

Están cometiendo un crimen ambiental por todas las atrocidades que realizan en el Parque Nacional Montaña Botaderos, ahora Carlos Alfonso Escaleras Mejía, poniendo en riesgo la vida ecológica y humana, así como la producción de la economía de miles de familias.

COPA ratifica que el gobierno es culpable de las situaciones tensas entre las comunidades y familias beneficiarios de la empresa minera Inversiones los Pinares y serán los únicos responsables de cualquier hecho violento entre los sectores en conflicto.

Piden acompañamiento internacional

Ante las amenazas vertidas por los organismos estatales, los miembros de COPA piden el acompañamiento internacional ya que el Gobierno de Honduras ha abandonado su responsabilidad  y deja todo en manos de la empresa minera Inversiones los Pinares para que haga lo que quiera con las comunidades que se manifiestan en contra que son: 13 comunidades del sector San Pedro, Cayo Sierra,  Zamora, Guapinol,  Ceibita,  14 comunidades del sector Abicinia,  barrios y colonias de la ciudad de  Tocoa , sectores eclesiales de la Parroquia San Isidro de Tocoa Colón,  Honduras CA .

La delegación enviada por el gobierno de Juan  Hernández a cargo de Carlos Izaguirre de Mi Ambiente  y la Moderación por Gobernador político del departamento de Colón, Carlos Aguilar,  expresaron que la empresa minera Inversiones los Pinares tiene su documentación legal y lo único que pueden hacer es realizar un monitoreo continúo para obligar a que cumplan las medidas y mejor aceptar un proyecto macro de potabilizadora de agua para las comunidades y sacarle provecho a la empresa y junto al gobierno que están en toda la voluntad.

Luego de una Gira al lugar concesionado, los visitantes se pudieron dar cuenta que las medidas de mitigación no son eficaces ni reales, que la calle va sobre el río y que la concesión está sobre una zona núcleo del parque Nacional Carlos Escaleras Mejía con bosque primario de más de 80 años y que no ha sido intervenido por la actividad ganadera por lo tanto se mantiene intacto.

Reducen zona núcleo del parque Nacional Carlos Escaleras Mejía

Para otorgar la concesión minería que había sido solicitada en 2008 metieron un decreto al Congreso Nacional donde redujeron la zona núcleo del parque Nacional y la convirtieron en zona de amortiguamiento y justo allí entregaron 200 hectáreas para explotar óxido de hierro argumentando ampliación de la zona de amortiguamiento, pero en realidad fue reducción de la zona núcleo y así sostener legalmente la concesión en esa área que supuestamente la estaba solicitando Javier Rivera con la Empresa Mi Esperanza,  pero que fue entregado a la justicia norteamericana y después la pasaron al Yerno de Miguel Facussé, Lenir Pérez y su empresa Enco Mining Company , ahora Inversiones los Pinares y consta en el expediente de INHGEOMIN en folio 678 y 679 que la reducción de la zona núcleo fue para permitir la explotación de minería

Carlos Izaguirre de Mi Ambiente se levantó muy molesto cuando se le dijo que como no pueden parar la Empresa y no bajan la maquinaria entonces las comunidades de los sectores del municipio de Tocoa, Colón se mantienen en el campamento porque está en riesgo su agua que desde hace 5 meses no pueden utilizar porque llega puro lodo.

Amenazan a los pobladores

En su malestar, Carlos Izaguirre, dio una amenaza y advertencia que el Gobierno de Juan Hernández no se responsabiliza de lo que pueda pasar entre las comunidades de arriba que van a explotar contra las comunidades de abajo y que la Secretaría de derechos humanos pueden ser testigos de la batalla campal que sucederá y los líderes serán los responsables.

Hay una fuerte preocupación porque el Carlos Izaguirre sabe que la empresa tiene gente armada, posiblemente sicarios, para asesinar personas que se oponen a la destrucción de las fuentes de agua por lo que expresó, que la vida no se recupera y que no podemos generar conflicto.

Los pobladores manifiestan que el conflicto lo generó el Gobierno de Juan Hernández y por lo tanto debe solucionarlo.

Están cometiendo un crimen ambiental por todas las atrocidades que realizan en el Parque Nacional Montaña Botaderos, ahora Carlos Alfonso Escaleras Mejía, poniendo en riesgo la vida ecológica y humana, así como la producción de la economía de miles de familias.

COPA ratifica que el gobierno es culpable de las situaciones tensas entre las comunidades y familias beneficiarios de la empresa minera Inversiones los Pinares y serán los únicos responsables de cualquier hecho violento entre los sectores en conflicto.

Piden acompañamiento internacional

Ante las amenazas vertidas por los organismos estatales, los miembros de COPA piden el acompañamiento internacional ya que el Gobierno de Honduras ha abandonado su responsabilidad  y deja todo en manos de la empresa minera Inversiones los Pinares para que haga lo que quiera con las comunidades que se manifiestan en contra que son: 13 comunidades del sector San Pedro, Cayo Sierra,  Zamora, Guapinol,  Ceibita,  14 comunidades del sector Abicinia,  barrios y colonias de la ciudad de  Tocoa , sectores eclesiales de la Parroquia San Isidro de Tocoa Colón,  Honduras CA .

Fuente:https://criterio.hn/2018/08/19/situacion-en-tocoa-es-tensa-por-amenazas-estatales-y-de-compania-minera-de-yerno-de-miguel-facusse/

En el libro “En Honduras defender la vida es un pecado” (2017) documento la oposición a la minería en Honduras, un país al borde de un “auge minero”, producto de la aprobación de la nueva Ley de Minería en abril del 2013, y que tiene registrada la tasa de asesinatos de defensores de tierra y medio ambiente más alta de Latinoamérica y el mundo: una cifra que es poco probable que cambie sin cambios políticos anteriores.

La publicación es el resultado de un trabajo de investigación colaborativa con la ONG hondureña ASONOG –una ONG que brinda asistencia a comunidades afectadas por la minería, y comunidades que defienden su territorio contra la imposición de proyectos extractivos–. El trabajo de campo principal fue llevado a cabo durante 6 meses en el 2013, meses después de la aprobación de la Ley de Minería, como investigación de tesis de maestría en Estudios de Desarrollo Internacional de la Wageningen Universidad, Países Bajos. Durante y después de tres otras visitas a Honduras entre el 2014 y el 2016, el texto fue adoptado y actualizado para su eventual publicación en español en 2017, producto de una campaña de crowdfunding apoyado por el Dr. Carlos Sandoval de la Universidad de Costa Rica (UCR).

En tiempos coloniales Honduras era un productor importante de minerales, pero la importancia del sector minero se disminuyó considerablemente después de la independencia. El Huracán Mitch, que devastó Honduras en el año 1998, fue utilizado al estilo ´doctrina de choque´ para aprobar una primera ley minera neoliberal, que dio lugar al establecimiento de las primeras minas industriales a cielo abierto en el país: la mina San Andrés en el departamento de Copán, y la mina San Martín en el departamento de Francisco Morazán, ambas de propiedad canadiense. Los problemas asociados con estas dos minas, como la pérdida de tierras para la agricultura y más importantemente la contaminación del agua asociada con la lixiviación de cianuro y sus impactos de salud, abrieron el paso para el nacimiento del movimiento antiminero en el país.

Considero la actual agresiva expansión de la industria minera como un empujón de la frontera de recursos (Bunker, 2003), un modelo de desarrollo extractivista que implica, en las palabras de Bridge (2004, pp.11), la acumulación por despojo: la mercantilización y privatización de recursos naturales como aguas y tierras; expulsión forzada de comunidades campesinas de sus territorios comunales; transformación de varias formas de derechos de propiedad común en regímenes exclusivos o privados; y supresión o negación de formas alternativas de producción.

El discurso principal del movimiento anti minero hoy es sencillo, pero poderoso: podemos vivir sin oro, pero no podemos vivir sin agua. ¡Sí a la vida, no a la minería! Este movimiento, cuyo discurso sobre la importancia del acceso al agua no contaminada como requisito para la vida resuena fuertemente en las comunidades rurales, ya que dependen del acceso al agua para la continuación de sus modos de vida, tuvo unos logros importantes en los años 2000. A través de movilizaciones masivas, el movimiento impidió la instalación de una mina canadiense a cielo abierto en el departamento de Ocotepeque en el año 2004. Con evidencias sobre graves impactos de salud – presencia de metales pesados en la sangre de habitantes del Valle de Siria – logró el cierre de la mina San Martín y la salida de la empresa Goldcorp de Honduras. Finalmente, a través de batallas legales y bloqueos de carreteras principales, lograron el declaratorio de inconstitucionalidad de varios artículos críticos de la Ley Minera por parte de la Corte Constitucional en el 2006, y convencieron al presidente Manuel Zelaya decretar un moratorio sobre nuevas concesiones mineras en el 2008.

El golpe de Estado de junio del 2009, que expulsó al presidente Zelaya y que restauró el poder al Partido Nacional, de ideología derecha y conservadora, deshizo los avances del movimiento antiminero durante un periodo en el cual el movimiento perdió fuerza. En el contexto de una política agresiva de comercialización de recursos naturales, el nuevo gobierno comenzó a otorgar nuevas concesiones mineras, y aprobó una nueva ley minera en el 2013, nuevamente con el objetivo de convertir Honduras en un país minero.

La nueva política minera generó, y sigue generando, una situación de conflictividad socio-ambiental considerable en los territorios. Debido a la falta de políticas para lograr un diálogo con el Gobierno central desde el golpe de Estado, el movimiento antiminero se ha enfocado en la búsqueda de oportunidades a nivel local, motivando a las comunidades a declarar sus municipios libres de minería a través de cabildos abiertos. A su favor, la ley minera contempla que los proyectos mineros requieren el consentimiento de la población local a través de una consulta. En contraste, la industria extractiva y el Gobierno central no tienen este nivel de éxito al intentar convencer a las poblaciones locales de los potenciales beneficios de la minería, aunque argumentan que la minería contribuye al desarrollo y el alivio de la deuda, y combate la inseguridad en el país a través de una tasa de seguridad, que implica que una tercera parte de las regalías del sector minero está destinado para las fuerzas de seguridad del Estado, con lo cual se creó la Policía Militar en el 2013.

Sucesivamente, donde medidas legales no logran obtener el consentimiento de las comunidades para proyectos mineros, frecuentemente se empuja la “frontera extractiva” a través de la criminalización de oponentes y la amenaza de violencia. Para comenzar, la tasa de seguridad crea vínculos perversos entre el sector minero, la policía y el ejército, fuerzas que operan para reprimir la protesta social en contra de las empresas. Líderes comunitarios enfrentan cargos penales como respuesta a la organización de bloqueos o manifestaciones, y varios activistas antimineros han sido asesinados en el contexto de su lucha, con el objetivo de reprimir e impedir la movilización social. En particular, el asesinato de Berta Cáceres, una mujer internacionalmente reconocida por su lucha en pro de derechos humanos y medio ambiente, ha contribuido a un ambiente general de temor.

Este grado de represión y violencia revela un Estado cuyas instituciones, en vez de representar a su ciudadanía para el bienestar de todos, han sido capturados por intereses particulares de empresas legales o intereses ilícitos. Mejorar esta situación requiere un cambio político drástico y urgente, pero eso no será posible sin un cambio social previo. Cada vez más hondureños están conscientes, tanto de sus derechos como de la corrupción del gobierno, pero lograr un cambio político significativo sigue siendo un reto para el país.

Fuente, Nómada

Fuente:http://movimientom4.org/2018/08/en-honduras-defender-la-vida-es-un-pecado/

Desde el Centro de Promoción en Salud y Asistencia Familiar (CEPROSAF) con el apoyo del Fondo de Acción Urgente para América Latina y El Caribe FAU- AL se llevó a cabo un proceso de investigación social participativa con el objetivo de gestionar conocimientos sobre la situación de las mujeres defensoras en el Bajo Aguán y en el departamento de Atlántida, Honduras para fortalecer las capacidades en defensa de sus derechos e incidencia política.

Se desarrollaron una serie de actividades como ser recopilación, lectura y análisis de documentos como informes, estudios, investigaciones sobre la temática producidos por organizaciones no gubernamentales, se llevaron a cabo 16 entrevistas a profundidad con 8 mujeres defensoras y 8 actores representantes de instituciones gubernamentales (6) y de organizaciones de sociedad civil (2), y la realización de dos talleres de investigación-acción-participativa con 32 defensoras.

Se informa sobre la contextualización de la problemática en América Latina, la problemática en Honduras enfocada en el Bajo Aguán y Atlántida, la situación general de defensores y defensoras y la situación de las defensoras.

Se presentan los principales hallazgos y recomendaciones que se espera sean consideradas en la definición de estrategias y políticas públicas que puedan ser promovidas e implementadas por las instituciones gubernamentales y organizaciones de sociedad civil que trabajan con las mujeres defensoras de los territorios.

En el departamento de Colón, al norte de Honduras, las comunidades se han organizado para frenar las 59 concesiones mineras que el gobierno ha otorgado a empresas privadas, sin consultar a la ciudadanía. 34 del total de las concesiones se ubican en Tocoa, un municipio amenazado con desaparecer porque su montaña está destinada para la minería, y su parte baja está plagada por el monocultivo de la palma africana.

“O nos quedamos contemplando cómo destruyen los ríos y el bosque, o nos levantamos en defensa de la vida”, Juan López, coordinador del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes de Tocoa, Colón, dijo esto en Radio Progreso en el marco del cuarto Congreso Minero que se desarrolla en la capital del país.

Congreso Minero

Honduras, por cuarto año consecutivo, fue sede del Congreso Internacional de Minería, que impulsa el gobierno de Juan Orlando Hernández y la Universidad Politécnica de Ingenierías. Representantes de 28 nacionalidades llegaron para conocer las riquezas minerales que posee el país, de cara a la instalación de empresas mineras.

El Congreso se desarrolló del 17, 18 y 19 de julio, en la ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, y  tuvo como tema principal la consulta previa y la participación ciudadana. En representación del Estado participaron: el Instituto Hondureño de Geología y Minas, INHGEOMIN, y la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas, MiAmbiente.

Este año el Congreso tiene como tema central la participación ciudadana y la consulta previa, libre e informada. Panorama que causa temor en la ciudadanía que se resiste a los proyectos mineros, porque presienten que el gobierno busca legalizar una consulta previa y participación ciudadana a la medida de las empresas y en contra de las comunidades.

En Tocoa, el Comité Municipal de Defensa está integrado pobladoras y pobladores de varias comunidades, especialmente del sector San Pedro, Abisinia y Guapinol. Este Comité se mantuvo más de diez días en una asamblea permanente frente a la alcaldía municipal, exigiendo a las autoridades la realización de un cabildo abierto para declarar al municipio libre de empresas mineras e hidroeléctricas.

El alcalde municipal Adán Fúnez, lejos de atender la exigencia ciudadana, el día 14 de mayo de 2018,  interpuso una denuncia en el Comisionado  Nacional de Derechos Humanos contra la población que defiende el río. Además, dirigentes de su partido político, Libertad y Refundación (Libre), han señalado a los ciudadanos que se oponen a la minera como miembros del Partido Nacional.

“Estamos en un momento histórico”, agrega Juan López, convencido que la apuesta extractivista del gobierno sólo genera muerte y miseria, pero que las comunidades tienen una oportunidad grande de articularse para defender sus ríos y montañas.

También, en el occidente del país, en los últimos días pobladores de Azacualpa, La Unión, Copán, quienes se oponen a la exhumación de sus familiares, han sido víctimas de varios intentos de desalojo por parte de empleados de la empresa Minerales de Occidente, S.A, Minosa, filial de la canadiense Aura Minerales.

Minosa explota la mina a cielo abierto, una práctica catalogada como la más agresiva para la madre tierra, según organizaciones ambientalistas. La empresa comenzó arrasando toda la capa vegetal del territorio a explotar y de sus alrededores.  Mediante explosiones extrae la piedra o broza con los minerales. Luego riega por aspersión el agua con cianuro para separar el oro de la piedra, a través de un proceso llamado lixiviación, una práctica que causa graves daños a la salud de las personas y el ambiente, según la Asociación Nacional de Organismos no Gubernamentales (Asonog).

La empresa ha desaparecido tres comunidades y ahora amenaza con desaparecer los muertos del cementerio de Azacualpa. “Hemos vivido momentos de mucha tensión”, afirma Bersy Rivera, del Comité Ambientalista, asegurando que la empresa ha subido maquinaria pesada para reanudar los trabajos de exhumación.

En los tres primero Congresos de minería el gobierno de Juan Orlando, expuso la concesión de Minosa en la Unión, Copán, como un modelo ideal de minería a seguir, a pesar que en el municipio existen 37 casos documentados clínicamente donde se refleja la presencia de arsénico, plomo y mercurio en la orina y sangre de las personas, producto de la actividad minera. Además trece fuentes de agua han desaparecido parcialmente de la zona y otras están siendo contaminadas con los químicos que usa la minera para extraer el oro, según Asonog.

Ante esta situación, la realización del cuarto Congreso Minero significa un duro golpe para las comunidades que a diario se juegan la vida defendiendo sus bienes naturales, y que en departamentos como Choluteca, Atlántida y Colón se han instalado en campamentos de resistencia pacífica a pesar que los empresarios cuentan con el poder económico, político para instalar sus proyectos.

Fuente:http://movimientom4.org/2018/07/congreso-minero-duro-golpe-a-las-comunidades-que-resisten-a-la-industria/

Firmes en sus propósitos de defender sus territorios de la explotación minera a cielo abierto, se movilizaron por las calles de Tegucigalpa este miércoles, decenas de pobladores de varias comunidades de Honduras.

“Venimos a decirle a la prensa, al gobierno, a Inhgeomin, que no queremos mineros en Honduras”, dijo a través de un altoparlante, Donald Hernández, uno de los coordinadores de Coalición Nacional de Redes y Organizaciones Ambientales de Honduras (Conroa), que organizó la protesta.

La manifestación se originó en horas de la mañana, iniciando en la Plaza Benito Juárez de la colonia Palmira y concluyó en frente de un hotel donde por cuarto año consecutivo se desarrolla un congreso de minería organizado por la Universidad Politécnica de Ingeniería (UPI) y auspiciado por el gobierno, a través del Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin)  y varias empresas nacionales e internacionales dedicadas a la explotación de los recursos minerales.

Mientras se dirigían al hotel, los manifestantes, entre ellos representantes de organizaciones sociales, ambientalistas, indígenas, campesinas, mujeres, jóvenes, garífunas y pobladores en general, coreaban varias consignas como: “con mercurio o con cianuro, el infierno está seguro”, “toda mina contamina”, “ni plata ni oro, la vida es el tesoro”, entre otras.

Como parte de sus enunciados, los manifestantes acusaron a las autoridades de la UPI  de ser correligionarios del gobernante, Juan Hernández, y  de darle un tinte académico a la explotación minera. Durante la actividad, la UPI da charlas sobre minería a estudiantes de universidades y de educación básica de varios centros educativos de la capital.

La marcha se realizó por cuarto año consecutivo, bajo la coordinación de la Conroa y en ella se denunció que para finales del año 2017, el número de concesiones mineras en Honduras sumaban 302 y el número de solicitudes alcanzaban 193. Asimismo, que del total de las concesiones 115 son de minería metálica y 187 no metálicas.

El gobierno ha otorgado concesiones de minería metálica en 57 municipios, donde se busca oro, plata, cobre, zinc, plomo, hierro y antimonio para surtir los mercados internacionales.

Mientras caminaba en medio de la marcha, el miembro de la Conroa Octavio Sánchez dijo que, las cifras que maneja el gobierno sobre la inversión minera, así como los ingresos que esta actividad deja para el país y los empleados, son falsas.

Sánchez manifestó que el Congreso Internacional de Minería y Geología de Honduras, es una vitrina para el despojo de los recursos naturales en las comunidades, donde lo único que queda es daños al medio ambiente y enfermedades.

Para la operación de una mina a cielo abierto como la de La Unión Copán, se gasta el equivalente a lo que a diario necesitan 120 personas, establece la Conroa en un comunicado distribuido esta mañana durante la movilización.

“Esto parece cuento pero durante ocho años de operación de la empresa Entremares en el Valle de Siria, Francisco Morazán, se secaron entre 17 y 19 riachuelos”, reza la misiva, que más adelante establece que los ingresos y los empleos, que atribuye el gobierno a la actividad minera son falsos.

“Ambos ofrecimientos han demostrado ser falsos, tanto así que la Corte Suprema de Justicia ha derogado los artículos 76 y 77 de la Ley General de Minería concerniente a los impuestos municipales, porque estos necesitan ser sustancialmente incrementados. En lo referente a los empleos, el mismo Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin) ha declarado que los empleos directos en todo el país apenas rondan los dos mil, una actividad que es contraria a la caficultura, por ejemplo, que da trabajo a unas 250 mil personas”: Conroa.

La protesta se apostó al frente del hotel donde se lleva a cabo el IV Congreso Internacional de Minería y Geología de Honduras, donde se encontraban funcionarios de gobierno e inversionistas, nacionales e internacionales de la minería.

El Congreso es patrocinado por 40 empresas, y en él participan siete empresas, cinco de las cuales realizan explotaciones metálicas y dos no metálicas. Este año la empresa Minerales de Occidente, S.A. (Aura Minerals Inc.) de capital canadiense está ausente. Sus ejecutivos instalaron un cubículo con una leyenda que dice: “Aura Minerals Inc. participará activamente en estos eventos, hasta que exista seguridad jurídica en Honduras y volvamos a operar”. Actualmente la empresa ha dejado de operar ante la presión de los pobladores del municipio de La Unión, en el occidental departamento de Copán, que denuncian daños al medio ambiente.

Fuente:https://criterio.hn/2018/07/18/no-queremos-mineros-en-honduras-gritan-pobladores-en-tegucigalpa/

Campesinos participan en una protesta en contra de las actividades mineras en sus comunidades, en Tegucigalpa, Honduras, el 18 de julio de 2018.

De acuerdo con información de la prensa local, los manifestantes protestaron en contra de la minería a cielo abierto en el país, frente a un hotel donde se lleva a cabo el IV Congreso Internacional de Minería y Geología en Honduras, y posteriormente se movilizaron hacia el Congreso Nacional. (Xinhua/Rafael Ochoa)

Fuente:http://spanish.xinhuanet.com/photo/2018-07/19/c_137334466_3.htm