La Alianza Centro Americana Frente a la Minería -ACAFREMIN-, denuncia la brutal campaña de represión desatada por la policía militar hondureña en coordinación con equipos de seguridad privada de la empresa Inversiones los Pinares contra lideresas y líderes comunitarios y defensores ambientales miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos del municipio de Tocoa, Colon.

Desde los primeros días del mes de agosto ciudadanos de Tocoa establecieron el «Campamento Guapinol en Defensa del Agua y la Vida» en protesta por permisos de explotación de óxido de hierro extendidos en el año 2014 a la empresa Inversiones los Pinares, antes llamada Emco Mining Company, de manera irregular.

La empresa es propiedad de Lenir Pérez, empresario vinculado a contratos otorgados de forma ilícita por el gobierno de Juan Orlando Hernández y quien ha sido previamente vinculado a crímenes ambientales por el Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente (SERNA). Un reporte de SERNA en el 2012, encontró que el proyecto minero Buena Vista I, de la propiedad de Pérez, causo deforestación desmedida, contaminación de suministros de agua y la desaparición de peces de los ríos debido a residuos mineros que no fueron debidamente desechados.

Líderes de organizaciones sociales atribuyen a la empresa el establecer sus operaciones sin consulta previa a las comunidades del municipio de Tocoa y demandan que la municipalidad realice un cabildo abierto, requerido por ley, para determinar si las comunidades afectadas están de acuerdo con dicho proyecto.  La principal preocupación de los pobladores de Tocoa es la destrucción de reservas ecológicas dentro del Parque Nacional Carlos Escaleras, conocido previamente como Parque Nacional Montaña de Botaderos, donde nacen los ríos Cuaca, San Pedro, Guapinol, Ceibita y Tocoa; fuentes hídricas que alimentan de agua potable la región del Bajo Aguan y los departamentos Colon, Olancho y Atlántida.

El día 27 de octubre, a tempranas horas de la mañana, pobladores reportaron el desplazamiento de más de mil efectivos militares y patrullas policiales del gobierno hondureño acompañados con armas y tanquetas.  Las mismas fuerzas de seguridad estatal procedieron a desmantelar por la fuerza el campamento ocupado por unos 200 líderes comunitarios integrantes de la resistencia de Guapinol.  Según testimonios, cientos de bombas lacrimógenas y el uso desmedido de la fuerza fueron utilizadas en esta acción contra la población civil que resulto en decenas de heridos, intoxicados por gas lacrimógeno, tres personas detenidas por las autoridades y la muerte del defensor Levin Alexander Bonilla de 32 años, residente de la comunidad de Ceibita.

Esta acción militar se le suma a la campaña de criminalización liderada por políticos locales, medios de comunicación y empresarios contra defensoras y defensores ambientales y la campaña de represión liderada por miembros de la seguridad privada de la empresa, que desde inicios de la resistencia pacífica, ha sido responsables de amenazas, acciones de intimidación y ataques con armas de fuego contra miembros de la resistencia. El 15 de agosto de 2018, un defensor ambiental resulto herido de bala por miembros de la seguridad de la empresa. Hasta la fecha la policía local se ha rehusado a investigar el crimen.

Un día después del desmantelamiento del campamento, organizaciones de la sociedad civil denuncian el incremento de la represión y represalias por parte de la seguridad de la empresa. La lideresa Irma Serrano fue secuestrada por mas de veinte horas, junto a sus dos hijas, después que su casa fuera incendiada por individuos encapuchados.

Por lo establecido anteriormente, las organizaciones de la Alianza Centroamericana frente a la Minería expresamos nuestra profunda solidaridad a los miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos del municipio de Tocoa, ademas:

-Demandamos el cese inmediato de la campaña de criminalización y violencia contra defensoras y defensores ambientales de Tocoa.

-Hacemos responsables al empresario Lenir Pérez, al presidente Juan Orlando Hernández y al alcalde de Tocoa Adán Funes Martínez, por la seguridad física y daños materiales contra lideres y lideresas de Tocoa y denunciamos los crímenes y violaciones de derechos humanos cometidos contra dicha población.

-Nos unimos a las organizaciones sociales y comunidades de Tocoa y de la región del Bajo Aguan en demandar que se cancelen los 6 proyectos de explotación y  69 concesiones de exploración vigentes en el departamento de Colon.

-Hacemos un llamado a la comunidad internacional, principalmente a las instituciones que velan por el cumplimiento de los derechos humanos, a monitorear la situación en Tocoa y tomar las medidas necesarias para prevenir la pérdida de vidas humanas en este conflicto socio ambiental.

Fuente:http://www.acafremin.org/es/noticias-regionales/honduras

La coordinadora de organizaciones populares del aguan(COPA).
Tocoa Colón Honduras Centro América

Desalojo en marcha después de campaña de criminalización, difamación y desprestigio

En marcha un plan para Violentar los derechos Fundamentales de las comunidades, ciudadanos y ciudadanas desde el Estado de Honduras contra quienes estamos en campamento en defensa del derecho fundamental al agua.
Las comunidades en el campamento Guapinol en defensa del agua y la vida han estado de manera pacífica en defensa de los ríos Guapinol y río San Pedro y así como las fuentes de agua para consumo humano, pero está en marcha un plan para desalojar y violar el derecho de las ciudadanas y ciudadanos del municipio de Tocoa Colón sin dar una respuesta a la demanda legítima que desde el 1 de Agosto nos encontramos en Campamento sin ser atendidos de manera responsable ante la problemática.

Las familias han estado recibiendo agua totalmente sucia producto de los daños de la empresa minera Inversiones los Pinares y que ahora se está sub sanando esa situación grave a 59 días de campamento pacífico en defensa del agua y la vida pero se ve amenazada nuevamente cuando las instancias estatales garantes de la protección de la ciudadanía se han puesto del lado de la Empresa minera Inversiones los Pinares y dejando indefensos a las comunidades para que se cometan crímenes ambientales y de personas defensoras de los derechos humanos y Ambientales.

Denunciamos que las instituciones del Estado se prestan para confabularse con las empresas mineras aunque estas estén destruyendo ambientalmente los municipios poniendo en riesgo el bienestar y los derechos de las comunidades, aunque se demuestre que han cometido delitos ambientales, aunque se demuestre que hubo actos de Manipulación y supuestos actos de corrupción en los procesos para otorgar las concesiones, aunque se demuestre que esas concesiones fueron solicitadas en 2008 y que posteriormente fueron investigadas e incautadas supuestamente continúan con otros dueños sin tomar en cuenta las comunidades.

Hacemos un llamado internacional para estar pendiente con lo que puedan hacer ya que se ha dado una campaña de criminalización, desprestigio y difamación contra organizaciones, líderes y liderezas en la defensa de los derechos humanos y BIENES comunes y que van con el objetivo de capturar personas que luchan pacíficamente por sus derechos y las comunidades, dejando en impunidad todo acto cometido por la Empresa minera Inversiones los Pinares y el grupo armado de choque contratado para confrontar y asesinar líderes y liderezas de las comunidades.

Exigimos detener dicho desalojo ilegitimo y plan en marcha para capturar personas, criminalizar y quitar el campamento Guapinol, que está en legítimo derecho a la defensa de los ríos, cuencas y microcuencas, así como la flora y la fauna en el Parque Nacional Montaña Carlos Escaleras Mejía antes Montaña de Botaderos por el equilibrio y

Tocoa Colón es altamente vulnerables y pondríamos en riesgo los más de 90,000 habitantes , cultivos y viviendas que pueden ser destruidos ante desastres de fenómenos naturales.

Exigimos la cancelación de las concesiones y licencias ambientales ya que ponen en riesgo el derecho fundamental al agua y la vida, se han cometido delitos ambientales y están en zona núcleo del parque Nacional Montaña Carlos Escaleras Mejía antes Montaña de Botaderos, donde no se permite la explotación de minería y ninguna actividad económica ya que es el patrimonio nacional y pulmón de la región y del país garantizando las fuentes de agua para consumo humano de la región y protección de todos y todas.

El Estado debe garantizar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, y hemos observado que se han inclinado con la Empresa minera Inversiones los Pinares y pretende violentar las comunidades negándose a dar respuesta a las peticiones de las comunidades y sectores del municipio de Tocoa Colón en primera instancia el Alcalde Adán Funes Martínez de LIBRE en realizar un Cabildo abierto municipal con la convocatoria de participación de todos ciudadanos y ciudadanas, las autoridades de Mi Ambiente, INHGEOMIN han negado la información y documentación íntegra de los expedientes.

COPA somos co peticionarios de Medidas Cautelares de protección ante la Comisión Interamericana de derechos humanos CIDH y en el Campamento se encuentran beneficiarios de las MC 5014 líderes y liderezas, defensores y defensoras de derechos humanos de nuestra organización, de organizaciones campesinas y exigimos su protección y garantías tanto de los beneficiarios y de las comunidades,las fuentes de agua y el Parque Nacional Montaña Carlos Escaleras Mejía.

Exigimos se respete el campamento y las personas beneficiadas que allí se encuentran por estar en su legítimo derecho. Un desalojo solo pone en riesgo la vida de los beneficiarios por lo tanto responsabilizamos al mecanismo de protección y al gobierno de Juan Orlando Hernández ante la Comisión Interamericana de derechos humanos CIDH por lo que puedan hacer en ése momento ó posterior los empleados de la Empresa minera Inversiones los Pinares y activistas del Alcalde Adán Funes Martínez que son quienes han criminalizado y se han armado contra quienes defendemos nuestros derechos legítimos contenidos en las leyes nacionales e internacionales así como en el hecho mismo de la existencia de nuestra vida y la comunidad por miles de años en esos territorios.

Se pretende imponer la ilegalidad y negación de Justicia

Coordinadora de organizaciones populares del aguan, COPA

Fuente:http://www.acafremin.org/es/noticias-regionales/honduras/311-desalojo-de-comunidades-en-tocoa

Movimientos sociales de la región Centroamericana, ambientalistas, defensores de derechos humanos, colectivos de mujeres, pueblos indígenas entre otras expresiones organizadas se dieron cita en el III Encuentro Regional de la Alianza Centro Americana Frente a la Minería -ACAFREMIN-, con el tema de la “Consulta Previa y Participación Ciudadana en Centroamérica”, realizado en la ciudad de Tocoa, Honduras, los días 17, 18 y 19 de octubre del presente año.

En la región centroamericana estamos viviendo graves retrocesos democráticos que están vulnerando los derechos humanos contra la población. En la actualidad los gobiernos están subordinados a los intereses de los grandes capitales nacionales y trasnacionales que han venido a suplantar la responsabilidad y función de los Estados.

Esta captura de los Estados ha significado el incremento de la corrupción, impunidad, represión, restricción de la participación ciudadana; la libertad de expresión, el derecho a las consultas, uso y disfrute de los bienes naturales comunes, todo enmarcado en las dictaduras que lesionan y secuestran los derechos humanos de las poblaciones de la región.

Esta tendencia se esta expandiendo en la región centroamericana, a través de la imposición de una normativa que restringe y niega las bases de la democracia del derecho a las consultas, desinformación y tergiversación de los procedimientos de consultas reduciéndolos a meros formalismos en lugar de verdaderos procesos de derechos.

Esta situación deja en vulnerabilidad a las comunidades de ser atropelladas por el extractivismo minero, por lo que la población ha asumido con mayor protagonismo la defensa de los territorios ante el histórico desamparo estatal, perdiendo el miedo y creando un movimiento creciente en contra del modelo extractivista en toda la región centroamericana.

Estos movimientos de defensa de los territorios han asumido diversos caminos y expresiones para enfrentar la imposición de los proyectos extractivos, haciendo uso de la legislación existente, procesos de reforma legislativa, cabildos, asambleas, consultas, auto consultas, el ejercicio de la autodeterminación y soberanía territorial de los pueblos para impedir la operación de proyectos que generan muerte.

La modificación de marcos legales a favor de las empresas ha provocado la criminalización, represión, asesinatos a través de nuevas figuras penales, uso abusivo del poder, tanto político como mediático, militar y económico convirtiendo el acceso a la justicia en una utopía.

Ejemplo de lo anterior es lo que acontece en la localidad de Tocoa donde la situación es grave por amenazas estatales y por la explotación minera realizada por la empresa Inversiones Los Pinares, antes llamada Emco Mining Company, que está causando severos daños al río Guapinol, rio San Pedro y sus afluentes en Tocoa, departamento de Colón. Este conflicto comenzó a mediados de 2013, después de la concesión de la mina supuestamente no metálica, para la extracción de óxido de hierro en el parque Nacional Carlos Alfonso Escaleras.

Ante la negativa del alcalde Adán Funes Martínez y la corporación municipal de Tocoa para realizar un cabildo abierto exigido por las comunidades, éstas se han visto obligadas a instalar un campamento permanente en defensa de los bienes naturales que cumplen hoy 80 días. A lo largo de este tiempo han sido objeto de criminalización 18 defensoras y defensores por parte de la empresa Inversiones Los Pinares, el gobierno local y central, diputados del departamento de Colón, Consejo Hondureño de la Empresa Privada -COHEP-, los medios de comunicación corporativos locales y nacionales, pretendiendo convertir a las víctimas en victimarios, instando a la violencia como solución a un conflicto socio ambiental.

Fuente: Acafremin.org

El acelerado proceso de entrega del territorio ha sido el principal tema de análisis en el “Encuentro Regional de la Alianza Centroamericana contra la Minería”, que se realizó en Tocoa, Colón, y que coincide con la tercera entrega del Premio Carlos Escaleras.

En el encuentro participaron al menos 16 organizaciones de la región, que trabajan en la defensa del medio ambiente y derechos humanos, además de representantes de comunidades que luchan contra la entrega del territorio.

El sector minero está influenciado por diferentes factores externos e internos, la confluencia de ambos ha configurado la región como destino de inversión altamente atractivo y rentable para las grandes corporaciones mineras.

La inestabilidad política producida por golpes de Estado o cambios de gobierno, han construido coyunturas aprovechadas por el capital nacional y las empresas transnacionales para obtener mayores beneficios y acaparar territorios.

Un estudio realizado por la Red para el Desarrollo de El Salvador, (CRIPDES), señala que los países con más concesiones del territorio, son los que mayores violaciones a derechos humanos presentan .

Angélica Alfaro, investigadora de la Red para el Desarrollo de El Salvador, explica que se ha encontrado que Guatemala, Honduras y Nicaragua han sido los pioneros en la explotación minera, y todos presentan serias dificultades por la cantidad de concesiones activas.

La investigación revela que las naciones que cuentan con más concesiones mineras hasta el año 2017, son Nicaragua con el 8.55% del territorio, Honduras con 6.47% del territorio, El Salvador 5.16% y Guatemala con 3.81% del territorio.

Angélica Alfaro señala que la acelerada concesión del territorio en la región responde a varios factores. A nivel externo porque existe demanda internacional de acceder a los recursos, por lo tanto, los precios se incrementan, haciendo algo atractivo para los inversionistas. Los acuerdos comerciales, que establecen cláusulas donde se permite la inversión en minería.

Por otro lado, a nivel interno, las políticas de fomento por parte de los Estados, las leyes mineras que lo promueven, y la debilidad institucional son factores determinantes a favor al concesionamiento del territorio.

Articulación y Consulta Previa

Para Julio Gonzales, activista ecológico del colectivo Madre Selva de Guatemala, es necesario la articulación como región, pues se están librando las mismas luchas.

Aunque convenios internacionales hablan sobre el derecho que tienen las poblaciones, (sobre todo las comunidades indígenas), a ser consultadas previo a la concesión de los bienes naturales, debido al poder que tienen las empresas extractivas, los propios Estados han creado mecanismos para evadirlos.

En el caso de Honduras, el gobierno y el sector privado impulsan un proyecto de ley de consulta previa, sin embargo, diversas organizaciones señal que el proyecto es para dar legitimidad a las concesiones mineras, hidroeléctricas y del territorio.

Pedro Gonzales expresa los gobiernos han inventado una serie de argumentos para beneficiar a las grandes empresas, lo que ha permitido que en toda la región poco a poco se esté legalizando el despojo. En ese sentido, dice que la aplicación de la consulta previa, libre e informada no es algo negociable, y las comunidades deben articularse a nivel nacional y regional.

En el tercer encuentro de la Alianza contra la Minería, se planteó la necesidad de articularse como países centroamericanos para hacer frente a la manipulación que se hace de este instrumento internacional.

Además, se hace un llamado a todas las estructuras de gobiernos, respetar el derecho de defender los derechos de las personas que están siendo criminalizadas por la defensa de la Madre Tierra. Sobre todo, se hace un llamado particular por la situación que viven los 18 luchadores y luchadoras de Guapinol, Tocoa, Colón.

El encuentro finalizó con muchos compromisos, pero de los más importantes continuar acompañando como organizaciones a las comunidades que enfrentan amenazas por defender sus bienes, además, comenzar la articulación a nivel centroamericano para luchar contra la industria extractiva.

Fuente:http://wp.radioprogresohn.net/es-necesario-articular-lucha-en-defensa-de-los-bienes-naturales-en-centroamerica-concluye-encuentro-centroamericano-contra-la-mineria/

En Honduras se ha vuelto casi una normalidad el hecho que las comunidades se levanten en protesta contra la instalación de una minera, de una hidroeléctrica o de un proyecto turístico. La razón es simple: estos proyectos representa la expulsión de la misma comunidad, la privatización de los ríos y la contaminación del ambiente. Oponerse es defender la vida, así lo han entendido las comunidades.

Los inversionistas, nacionales y extranjeros, van y se instalan sin importar la opinión de los habitantes que siempre han vivido en esa comunidad. El reclamo es que esos proyectos invaden, no son consultados con sus pobladores. Es así como la resistencia se ha expandido por casi todos los departamentos del país, principalmente los departamentos de Copán, Santa Bárbara, Intibucá, Atlántida, Colón, Choluteca, Valle.

Ya El Salvador nos ha dado luces de la ruta que se debe seguir para buscar prohibir en el país los proyectos que buscan generar jugosas ganancias para unos pocos y la muerte para muchos. En El Salvador desmontaron todas las mentiras que la industria habla. Se venden como el centro del desarrollo del país. Generan empleos y riquezas a los estados. Datos que son refutados incluso por el propio Instituto Nacional de Estadísticas que señala que la minería no genera siquiera los 12 mil empleos directos, y si se le sumarán los empleos indirectos de toda la industria minera, éstos llegan ni siquiera a 20 mil empleos en un país de desempleados.

El gran mito del modelo extractivista es que generan riqueza económica sin embargo en las comunidades donde se instalan se respira pobreza, no generan empleos ni los ingresos justos en los pagos de impuestos e incluso muchas de esas empresas están exoneradas del pago de tributos.

Honduras está avanzando a momentos críticos y muy peligrosos donde la protesta social se criminaliza y se persigue a los rostros visibles del descontento nacional. Pero esta difícil situación de conflictividad, donde los mineros y los hidroeléctricos ponen a pelear a los hondureños contra los propios hondureños, es la oportunidad para construir nuestra propia visión desde el desarrollo tomando en cuenta la protección y conexión directa con los bienes comunes.

Según los números y el análisis que realiza el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, Fosdeh, Honduras se puede dar el lujo de rechazar el modelo extractivo porque no genera riqueza más bien provoca más pobreza. Ésta es la oportunidad.

Fuente:http://movimientom4.org/2018/09/construir-nuestro-propio-modelo-de-desarrollo/

La última parada oficial para poner combustible en el carro es una gasolinera en la carretera a la altura del municipio de Morazán, Yoro. Y también ahí inicia, en la oficialidad moderna, lo que queda del contacto con el pueblo Tolupán y sus territorios. Después de ahí emerge la riqueza natural en su mayor expresión y la pobreza en su mayor dimensión. Dos contrastes. Dos formas de ver y entender la vida y una sola forma de explicar el porqué de esa realidad. El abandono intencional y ausencia desmedida del Estado y el saqueo inmisericorde de los bienes comunes.

Unos kilómetros adelante, sobre el rio Chancaya, desviamos a la derecha enfilando a los territorios de la tribu indígena tolupana Las Vegas del Tepemechín, que se ubica montaña arriba de Subirana y sobre bastos cafetales de altura. Ahí donde todo huele a vida hay mucha muerte, impunidad y criminalización contra los indígenas, por sus territorios, los bosques, el agua, los recursos mineros… en fin por sus bienes comunes.

Somos un pequeño grupo de compañeros  y compañeros de Fe y Alegría en Honduras, de aventura algunos, pero con las ganas de entrarnos entre los pueblos indígenas, hablar con ellos, contarles lo que sabemos, sin pensar en los riesgos que asumimos. Nos mueve la fe – aunque no necesariamente los dogmas – por la humanidad y el compromiso por el cuido de la casa común. También la alegría, la alegría de los pueblos indígenas que – pese al abandono – siguen siendo vida.

Y ante la desdicha indígena, y la ya presenté amenaza de las minas en el territorio indígena de la Tribu Tolupán Las Vegas del Tepemechín, decidimos ir y denunciar su práctica de muerte y construir la esperanza entre el pueblo. Fuimos a estas comunidades para hablar del cuido de la casa común, de los daños enormes que causa la actividad extractivista minera y del despojo del territorio, que esto supone, pese a que les digan lo contrario. Fuimos para contarles los planes que las empresas mineras, y los que se han aliado con ellas, tienen para estas comunidades. Lo que les espera si aceptan que lleguen y lo que pueden hacer si quieren evitarlo.

Fuimos y nos sorprendimos que muchos no saben que hay interés minero en sus territorios, que hay gente trabajando por ellos y que se han hecho exploraciones in situ para determinar el mineral y las condiciones para la explotación en la zona. Lo que es peor es que ignoran – una gran mayoría que hay una carta de intenciones que condena a la tribu y sus territorios a someterse a una empresa minera que, con el pretexto de la extracción de Barita, está buscando explotar los minerales en el territorio indígena.

Y también nos encontramos gente con ganas de abrazar la vida desde varios enfoques y con el mismo propósito de conservar la casa común para otros y otras. Hablamos con el Sacerdote, párroco y sus delegados, todos y todas comprometidos con la causa haciendo y haciéndose conciencia. Tolupanes y Tolupanas convencidos de la riqueza de su suelo y de la importancia de cuidar el territorio por el bien de los que vienen en esas nuevas generaciones de la tribu de la tribu.

Al cierre de la visita contra la minería tuvimos la oportunidad de sacar los dones que nos han sido permitido: cantamos y declamamos poesía por la vida. lo hicimos en cada espacio donde hablamos sobre la minería y en la comunidad 4 de marzo – cooperativa Unidos Venceremos – donde muchas nostalgias nos son comunes y muchas utopías aún siguen germinando.

Fuente:http://wp.radioprogresohn.net/no-podemos-hablar-de-calidad-educativa-si-callamos-a-la-actividad-minera-extractiva/

Hasta octubre del 2017, el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin), registra 274 concesiones para actividad minera metálica y no metálica en el país. De ellas 196 son para la fase de exploración y 78 para explotación. Olancho es el departamento que más concesiones para minería metálica registra y Cortés ocupa el primer lugar en minería no metálica.

El otorgamiento de permisos para dar paso a la industria minera ha generado conflictos en varias comunidades del país, siendo las zonas de mayor problemas Colón y Copán. Pero el Gobierno da paso a una fuerza de tarea que busca resolverlos.

“El objetivo de esta fuerza de tarea es identificar las posibles fuentes de conflicto, las características de la comunidad, entablar vínculos estrechos con los habitantes y servir de apoyo a la gestión social. Queremos fortalecer las relaciones de confianza en un clima de paz y equidad en el sector minero”, dijo Agapito Alexander Rodríguez, director ejecutivo de Inhgeomin.

Este instituto asegura que es importante identificar la percepción que tiene la población sobre su propia situación y sobre el acceso a recursos necesarios para su subsistencia, relación que se establezca con la empresa minera. “Se busca mantener la armonía con todos los sectores de la economía nacional, porque el sector minero es un generador importante de divisas”, dijo Rodríguez.

La minería en cifras. Para el tercer trimestre de 2018 se han registrado 137 millones de dólares en exportaciones de minerales, siendo el oro el principal mineral exportado seguido de la plata y concentrados de zinc y plomo. En comparación con el año anterior, las exportaciones para esta misma fecha registraban un total de 106 millones de dólares, una diferencia aproximada de 31 millones de dólares, lo que indica que el sector minero ha ido creciendo de manera gradual, dependiente siempre del valor internacional de los minerales, reveló un informe del Banco Central de Honduras (BCH).

“Solo el envío de oro hacia los Estados Unidos sumó los 41 millones dólares debido a la mejora del 7.7% en el precio. De zinc se exportó un valor de 22.1 millones de dólares, mostrando un alza de 13.5 millones sobre lo observado a abril de 2017. El plomo se exportó con un monto de 12 millones de dólares, siendo Corea del Sur el mayor receptor de este producto”, revela el informe. Pero pese a esas cifras, la Asociación Nacional de Minería Metálica de Honduras (Anamimh) asegura que las exportaciones de metales no han mejorado mucho. “Antes se generaban 750 hasta mil millones de dólares en exportaciones y ahora solo alcanzamos de 196 a 204 millones, no es un período muy bueno”, dijo Santos Gabino Carbajal, presidente honorario de Anamimh.

La ley de minería

La comisión de minería en el Congreso Nacional trabaja en las reformas a la ley y en la revisión de los artículos que han generado polémica.

“Como comisión estamos trabajando en la ley. Además se trabaja en la elaboración de un reglamento para la pequeña minería y pasa por dos rutas: que se normatice la pequeña minería para que se vuelva rentable y la otra es trabajar en la reforma de los artículos que fueron declarados inconstitucionales”, explicó a LA PRENSA el diputado Juan Carlos Elvir de la Comisión de Minería.

“Pero eso no va a calmar el panorama que existe en Colón ni en Copán, porque son conceptos diferentes que va a ser difícil revertirlos porque hay concesiones otorgadas y el conflicto va a seguir”.

Varias organizaciones ambientalistas han trabajado en borradores de propuestas, los que han sido presentados a la Comisión del Congreso que analiza cada una de ellas para elaborar un documento final que contemple las necesidades planteadas por los diversos grupos ambientalistas y los mineros.

“El problema tenemos que verlo desde el punto de vista colectivo y no de forma individual porque está afectando los derechos de las poblaciones”, indicó Clarisa Vega, directora del Instituto de Derecho Ambiental de Honduras (Idamho).

(…)

Situación de la minería en Honduras

 Las concesiones mineras Santa bárbara y Olancho:
Eran en 2014 y 2015 los departamentos con más concesiones otorgadas en la minería metálica. En la minería no metálica, Cortés tiene el primer lugar. En esos años se otorgaron en el país 494 y 366 concesiones mineras para exploración y explotación.

 Los conflictos que se generaron comunidades piden ser informadas:
A pesar que ha estado restringida la operación de empresas dedicadas principalmente a la extracción de metales preciosos (oro y plata) y otros minerales metálicos pesados (plomo, cadmio y zinc), se registran conflictos sociales, empresariales, ambientales y fiscales.

 Urge reglamentar la ley de minería regulaciones en la ley:
Sectores piden se revisen 21 de los artículos de Ley de Minería para considerar la petición de las comunidades en el manejo sostenible del ambiente, evitar la contaminación y aumentar la generación de empleo estable en el interior del país.

 No se desarrolla minería industrial altos costos frenan inversión:
La Asociación Nacional de Minería Metálica de Honduras (Anamin), considera que los costos operativos para la industria en Honduras son los más altos en el mundo, y eso, aseguran, está limitando que nuevas empresas decidan invertir en la minería.

Piden no paralizar proyectos mineros comunidades deben dialogar:
Fue el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) quien llamó a los operadores de justicia y al Gobierno a atender la paralización de proyectos mineros e hidroeléctricos que se realizan en distintas zonas conflictivas del país porque se obstaculiza el desarrollo.

Fuente:http://movimientom4.org/2018/09/crean-fuerza-de-tarea-para-resolver-conflictos-mineros/

SIGUATEPEQUE, Comayagua. La tranquilidad de aproximadamente 370 pobladores de la comunidad de El Socorro de La Peñita fue interrumpida al llegar la información que de cierta cantidad de propiedades se estaría extrayendo el mineral barita, la incertidumbre se profundiza porque según los nativos es realidad porque hay firmada una concesión que durará 40 años.

Lo anterior lo aseguró Olman Amílcar López Benítez, quien vive hace 37 años en la aldea que se encuentra a 28 kilómetros del centro de la ciudad de Siguatepeque, donde es uno de los pobladores que está en contra del proyecto, porque los rumores que se manejan es que al concluir la extracción la comunidad podría sufrir un terremoto por lo “hueco” que quedarían los terrenos.

“Estoy en oposición de cómo se ha venido manejando esto, al principio con el engaño que les hicieron a los dueños de la propiedades, los engañaron porque vinieron en una comisión con los de la mina, Catastro, les dijeron que les documentarían bien las propiedades, cuando llegaron a firmar la legalidad de los terrenos lo que firmaron fue una concesión de 40 años, por lo que no pueden vender, ni alquilar en ese tiempo”, señaló.

Los pobladores están divididos, debido a los terrenos que tienen el mineral.

SIETE TERRENOS
López Benítez especificó que “son alrededor de siete terrenos de esos cuatro dueños están a favor, pero hay tres personas como que no quieren, y con el engaño que han venido les dicen que se hará esto, se hará lo otro, pero no nos aclaran si se harán responsables de los daños ocasionados, creo que son 400 hectáreas que se podrían perder posiblemente ya trabajando eso pueden ser más, pero el trayecto donde se quiere realizar, en la comunidad hay un 70 por ciento que está en oposición, el 20 por ciento apoya, y hay un 10 por ciento que sí y que no”, manifestó.

Asimismo, explicó que por parte del gobierno local “se está viendo el sistema económico para las arcas de la municipalidad porque prácticamente no nos apoyan como vecinos que somos, solo quieren la explotación, tuvimos el atrevimiento de visitarnos en una reunión de corporación, pero cuando llegamos allí nos vimos con la sorpresa que habían venido a traer otros vecinos que están a favor para que hicieran que ellos querían el proyecto, que lo apoyan”.

“Y nosotros fuimos a pedirles que ya que no nos ayudan con los proyectos que tenemos planificados, que no nos perjudiquen, pero se debe de respetar a la mayoría de la comunidad, si la mayoría dice que se explote esta mina yo tengo que unirme y lo que me preocupa es que nunca jamás ha existido un homicidio y con esa mina vendría otra gente de otros lados, y al ver la gente el dinero se podría descontrolar”, advirtió.

Por su parte, la directora de la escuela “José Cecilio del Valle”, Edith Janeth Rivera, donde estudian 81 niños que asisten en jornada única desde las 8:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde, detalló que en el centro educativo hay necesidades, pero en el tema de la mina expresó que no conoce nada. “No estoy muy empapada del asunto porque por cuestiones de trabajo viajamos todos los días a Siguatepeque, pero a diario venimos en la mañana y en la tarde nos vamos, no puedo decirle en conclusión a qué se debe porque en realidad no tengo conocimiento, de llegar a darse podría ser que nos apoyarían, pero ya en cuestiones de la comunidad, los habitantes plantean otras necesidades y otras situaciones y yo les digo ellos que son los que viven en la aldea y saben si son beneficiados o perjudicados, por lo que me dedico a hacer mi trabajo y ellos son los que mandan en este lugar”, aclaró.

Olman Amílcar López Benítez dijo estar opuesto a la explotación minera.

PERMISO VRS. TEMOR
En días recientes el pleno de la corporación municipal en su sesión ordinaria 18, conocieron a través de una exposición realizada por el abogado, Edison Martínez que el proyecto ya tiene los supuestos permisos de explotación por el Instituto Hondureño de Geología y Minería (Inhgeomin) y otras instituciones relacionadas con la temática, solo faltaría el permiso de la municipalidad de Siguatepeque que la encabeza Juan Carlos Morales.

“Es una visita que se recibió en que nos explicaron a qué se refiere esta piedra, ellos tienen que presentar todas las licencias porque nos han informado que esa piedra no se da en todo Honduras, su densidad la hace importante y es utilizada en México y Estados Unidos y es de interés para ellos, si ese caso sucediera es de analizar qué es lo que le darán al municipio, qué es lo que le darán al sector donde esta esa cantera, que impuesto sería, por lo que se presentó el abogado explicándolos y en su momento se deliberará, pero aclaró que no se aprobó nada”.

Asimismo, el excoordinador de la Red de Sociedad Civil y conocedor de la temática de la explotación del mineral de barita, Walter Ulloa, indicó que “desde hace años se sabe de la existencia de este recursos natural que debe de aprovechar con reglas claras, precios justos, pero explotar el mineral de la barita la comunidad tiende a desaparecer por su ubicación geográfica más que el lugar no es plano, se va a dañar, se le indicó a la nueva junta directiva de la Sociedad Civil que esto se debe de tratar legalmente porque primero es el interés público frente al interés privado, no se conoce quiénes son los interesados en la actividad, por lo que todo esto se debe de esclarecer”. (REMB),

Fuente:http://acafremin.org/es/?option=com_content&view=article&id=298:posible-explotacion-de-mineral-enfrenta-a-los-pobladores&catid=18:honduras&idU=2&utm_source=newsletter_76&utm_medium=email&utm_campaign=comunidades-de-centroamerica-demandan-ser-consultadas-ante-proyectos-extractivos