Hasta mediados del año 2018, Guapinol era una aldea completamente desconocida. La concesión de los ríos San Pedro y Guapinol (mismo nombre que la aldea) puso a la comunidad en el escenario público tras iniciar una lucha para detener a la Minera Inversiones Pinares.

Sin embargo, Guapinol cobró vigencia internacional luego que el Ministerio Público llevara a los tribunales a 12 de los líderes de la lucha ambiental, en medio de un proceso judicial lleno de vicios y arbitrariedades, que ha dejado una serie de lecciones y evidencias históricas sobre cómo opera el sistema de justicia de Honduras, cuando se colude con el poder.

Un baño con lodo en Guapinol

Para entender lo que viven la población de Guapinol, quizás sea necesario cerrar los ojos e imaginarse esto: “desde que abrieron la calle el sedimento cayó al río. Estuvimos tres meses bañándonos con lodo; no se podía lavar ni un plato porque era el vivo lodillo que llegaba a las llaves y las pilas”. Esa expresión no es una invención, es parte de la narración que nos hizo Juana Zúñiga, uno de tantos días en los que estuvo en las afueras del Juzgado en materia de Extorsión, en Tegucigalpa, espera de la resolución sobre las acusaciones que se presentaron en contra de 12 de sus compañeros de lucha.

Agregó, “para bañar a los niños teníamos que comprar botellones de agua y por eso nos levantamos, por eso nos oponemos a la minera y por hacerlo, nos criminalizan. El delito que cometemos es defender la vida, el agua y por eso acusaron a los compañeros”, dijo Ana, de forma sencilla pero tan profunda para ejemplificar el por qué un pueblo se levantó en Honduras en contra de una empresa minera.

La voz de Juana no es la única que se alzó contra la minera Inversiones Los Pinares. Hoy, 20 comunidades resisten y exigen que la minera salga de la zona. Pero, por emprender la lucha, 12 pobladores (11 hombres y 1 mujer) fueron llevados a los tribunales hondureños. Sin embargo, estas 12 personas son parte de los 31 líderes y lideresas que fueron procesados. Su delito: defender el agua, los recursos, su territorio y la vida. Pero por defender esos bienes, el Ministerio Público los acusó de usurpación y daños, robo, privación injusta de la libertad, asociación ilícita e incendio agravado.

¿Cómo surge el conflicto?

Guapinol es una zona donde habitan 4, 500 pobladores. El lugar se transformó con el ruido de la maquinaria que llegó irrumpiendo la tranquilidad del poblado. La apertura de calles fue el primer movimiento que despertó las sospechas en los habitantes. Mientras, en la montaña, la empresa comenzaba a trabajar y tras hacer las consultas, la alerta movilizó a las comunidades.

Ese pueblo está convencido que la minería debe salir y que el Gobierno debe cancelar esas dos concesiones que les están destruyendo la montaña. Por eso se organizaron, buscaron apoyo de organizaciones.

“Estamos en lucha no sólo para defender el río Guapinol, sino el río Tocoa, Zamora, Taujica que son nuestros afluentes de agua en Colón”, dice Orbelina Flores Hernández, Miembro del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Bajo Aguán, mientras agrega, “el agua es vida y por defenderla nos están criminalizando a los compañeros. Están en juego intereses millonarios y nos están condenando a estar sin agua y eso, no lo vamos a permitir, hasta la muerte vamos a seguir luchando”.

A las comunidades nunca se les informó que la empresa llegaría al lugar. Nunca se les dijo que el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN), dio los permisos para la explotación de la montaña. Estaban desinformados y el único camino que les quedó fue impedir que las máquinas continuarán destruyendo la zona. Pese a la oposición de la población, ha habido contubernio de las autoridades que han permitido que la empresa opere.

Los afectados

Son unos 100 mil habitantes, los que serán afectados en el departamento de Colón con la explotación. No sólo se trata del municipio de Tocoa, también el impacto alcanza a los municipios de Santa Fe, Trujillo, Balfate, Sabá y Bonito Oriental. Ante la amenaza, como medida, los pobladores han denunciado a sus municipios libres de minería, una declaratoria que los blinda por tres años. Tienen claro, por experiencias registradas en otras zonas de Honduras, que, si la minería continúa, en poco tiempo el paisaje verde, con frondosos árboles, desaparecerá y tendrán una zona desértica. Lo que menos quieren los habitantes es que la mina avance y acabe con lo poco que va quedando en el lugar y por eso siguen en lucha.

“Vivimos en zozobra. Todos los familiares de los que fueron acusados por defender los recursos naturales y pobladores, estamos apoyando la lucha. La familia Facussé llegó a Colón a hacer estragos y han causado mucho sufrimiento a las familias en Colón. Quieren a toda costa trabajar la minería y el gobierno se los permite. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, porque en el caso de mi hermano, su pecado fue estar al frente de la lucha, ser presidente de los bienes municipales en Colón”, dijo con contundencia Melvin Espino, hermano de Juan López, uno de los que fue detenido y quien, además, es el Coordinador del Comité Municipal para la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa.

Obligados a salir de su propia tierra

En Ceibita, poblado aledaño a Guapinol, varias familias han tenido que huir. Las presiones los han obligado a dejarlo todo. Kevin Esquivel, contó al equipo del Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), que desde octubre viven un calvario. Denuncia que les han mandado personas “encapuchadas” para advertirlos que si no se van pagarán con su vida.

“La última vez fueron cuatro individuos fuertemente armados con Akas (AK-47). Nos presionaron. No nos quedó más y salimos un 28 de octubre del 2018 de la aldea La Ceibita en Tocoa, Colón. Salimos sólo con la ropa que andábamos puesta. Dejamos nuestra casa. Fueron 49 años de esfuerzo de mi padre, toda una vida. Atrás quedó todo, atrás quedó botada la casa”, dijo en su relato Kevin, hijo de José Eugenio Esquivel, uno de los 12 líderes requeridos por el Ministerio Público.

El proceso en contra de las y los líderes de Guapinol

Marco Tulio Ramos, Reinaldo Domínguez Ramos, Juan Antonio López, José Eugenio Esquivel Villeda, Juventino Cruz Hernández, Ally Magdaleno Domínguez Ramos, Juan Manuel Cruz Hernández, Juan Francisco Cruz García, José Santos Hernández, Carlos Leonel George, José Adalid Cecilio Mendoza, y Lourdes Elizabeth Gómez Rocías, se entregaron de manera voluntaria.

Este problema se origina con un decreto que sometió a consideración ante el Congreso Nacional, un diputado del Partido Nacional del departamento de Colón, para que se concesionara la zona núcleo del parque nacional Montaña de Botaderos o Carlos Escaleras”, explicó Adilia Castro, del Comité de Defensa de Bienes Comunes de Tocoa.

Lo anterior, pese a que el Congreso Nacional declaró esa montaña como área protegida en el mes de agosto del 2012. En ese entonces, la zona tenía 23 mil 223 hectáreas, pero al año siguiente (2013), el propio Congreso Nacional modificó la cantidad de tierra con un nuevo decreto, emitido el 16 de diciembre del 2013. A la zona núcleo le quitaron 217.34 hectáreas. A los diputados no les importó otorgar el área protegida para que la minera explotara a sus anchas la montaña.

Esa irregularidad fue detectada por la Fundación San Alonso Rodríguez, organización que pese a las limitantes encontradas para obtener información, fue la que constató en los decretos legislativos la modificación y alertó a las comunidades para evitar la destrucción. “Apoyamos a las comunidades en la búsqueda de información. Ellos no podían acceder a la información completa; cuando se constató la disminución de la zona núcleo se organizaron. Las comunidades se auto-convocaron, hicieron asambleas sectoriales, declararon los municipios libres de minería, hicieron asambleas populares y hasta tomas permanentes frente a la municipalidad en Tocoa. Fue así como se estableció un campamento por la vida y seguimos luchando con el pueblo”, expresó Juana Esquivel, coordinadora de la Fundación San Alonso Rodríguez.

El proceso de la ilegalidad fue descubierto. Pero las concesiones ASP 1 y ASP 2 ya se habían emitido, utilizando 100 hectáreas cada una, en la zona núcleo. Es decir, la cantidad que redujeron los diputados es ahora la zona donde la empresa hará la explotación.

Con la concesión minera que otorgó el INHGEOMIN, el 28 de enero del 2014, inició un calvario para las comunidades que se ubican en la zona de Guapinol, San Pedro y La Ceibita. La empresa tiene el permiso para explotar la montaña por 10 años.

Días de detención y de angustia

Desde el mes de octubre del 2018, el Ministerio Público (MP) urdió la acusación en contra de los líderes.  Pero se hizo de conocimiento público en el mes de enero del 2019. Fueron Edy Tabora, Omar Menjívar, Efraín Ramírez, Kenia Oliva, Carlo Jiménez, Allan Alvarenga y Mario Rojas, los abogados que conformaron la defensa de los pobladores de Guapinol. El cuerpo de abogados sugirió a los pobladores presentarse voluntariamente y así fue, pero allí comienza la serie de irregularidades.

Fueron 10 días de detención. La angustia y la desesperación arroparon a las familias de los 12 líderes, quienes, desde su captura, enfrentaron con valentía un proceso que se dirimió en Tegucigalpa, pese a que correspondía al caso, la jurisdicción de Tocoa, Colón, norte de Honduras.

Su conciencia estaba tranquila y el equipo de abogados creyó en su inocencia, se blindó de sus conocimientos y luchó para desvirtuar cada delito que les formuló a la “banda criminal de la aldea”, tal como la denominó el Ministerio Público de Honduras. Ese ente estatal hasta presentó un organigrama para sustentar el delito de asociación ilícita, en el que se incluyó la ficha de dos pobladores que fallecieron hace cuatro años.

Las acusaciones

La acusación por usurpación y daños en contra de los 31 líderes de Guapinol, se registró en el expediente 148-2018, mientras que en el expediente 22-2019, se les acusó de asociación ilícita, portación ilegal de armas, incendio agravado y privación injusta de la libertad. Estos son delitos que el Ministerio Público en último momento acreditó para los pobladores.

Al filo de las dos de la madrugada del lunes 4 de marzo, con un resultado a favor de los acusados, en las afueras de los Tribunales en materia de Extorsión (adonde se desarrolló la audiencia en Tegucigalpa desde el jueves 28 de febrero) un “SÍ SE PUDO”, estalló.

En medio de la alegría de familias y pobladores, surgieron abrazos, lágrimas, oraciones y gritos. La justicia dejaba en libertad a los defensores de Guapinol. “Lo logramos”, gritaban.

“Demostramos que los delitos por los que los acusaban no existieron. Vemos con mucha preocupación las actuaciones arbitrarias del Ministerio Público. El Poder Judicial el día de hoy emitió una resolución apegada a los derechos fundamentales”, dijo Tábora, uno de los abogados defensores.

Y es que, para los abogados defensores, el requerimiento fiscal formulado por el MP en contra los habitantes de Guapinol, se basó en el “derecho penal del enemigo”. La Fiscalía consideró a las comunidades como enemigas y eso es algo que preocupa tanto a los apoderados legales, como a los defensores del ambiente.

“Alrededor de esa concepción del derecho penal la Fiscalía construye pruebas. Afortunadamente hoy demostramos que fue una prueba construida, que Fiscales no tienen las más mínimas intenciones de apegarse a lo que dice el Código Procesal Penal y la Constitución de la República”, cuestionó Tábora.

En indefensión, comunidades que luchan por sus recursos naturales

Lo ocurrido con Guapinol dejó en evidencia muchas situaciones que merecen documentarse. Por un lado, las comunidades que determinan defender sus recursos naturales se enfrentan a: amenazas, hostigamiento, ataques por parte de los cuerpos policiales y militares que asisten a las empresas extractivas; agresiones físicas y en el peor de los casos, asesinatos.

Por otro lado, con Guapinol quedó claro que el sistema de justicia hondureño, lejos de propiciar investigaciones contundentes, profundas, creíbles y a favor de quienes defienden los derechos humanos de la población, decide adoptar el papel de defensor de los grupos de poder que, en este y otros casos, están representados por quienes detentan las concesiones de ríos y territorios para explotar sus recursos de forma inconsulta y arbitraria.

El cuerpo de abogados que defendió a los líderes de Guapinol, afirma que la institucionalidad del Estado se utiliza para criminalizar a las poblaciones que defienden sus territorios, sin tomar en cuenta aspectos claves como la consulta libre, previa e informada.

Guapinol ganó una batalla, no la guerra: la concesión sigue vigente

“La verdad y la justicia reinó. Ganó el pueblo, ganó la vida y ganaron nuestros ríos. La lucha sigue y no se para”, dijo Esly Banegas, lideresa de COPA y defensora del ambiente en Colón. Sin embargo, los pobladores no desconocen que este es el gane de una batalla, no de la guerra.

Con la concesión minera que otorgó el INHGEOMIN, el 28 de enero del 2014, inició un calvario para las comunidades que se prevé  va a continuar. La empresa tiene permiso para explotar la zona por 10 años. Es decir, la concesión finaliza en el 2024.

Tabora afirma que la situación se mantiene en alerta, pero dice que, a partir de hoy, “debemos exigir que ese Ministerio Público, que se convierte en instrumento de criminalización para los que defienden sus territorios, cambie, y que actúe con imparcialidad”.

Con el sobreseimiento de los líderes y lideresas apenas se cierra un capítulo. Sin embargo, la sociedad hondureña continuará atenta al final de una trama que comienza a replicarse en otras zonas del país, en donde otras comunidades se levantan para defender sus bosques y ríos.

Fuente:https://cespad.org.hn/2019/03/04/guapinol-se-gano-una-batalla-no-la-guerra/

La madrugada de este lunes 04 de marzo, el juez de jurisdicción nacional, Víctor Méndez, resolvió decretar sobreseimiento definitivo para los 12 ambientalistas que defienden los ríos San Pedro y Guapinol de la amenaza que representa el proyecto minero Inversiones Los Pinares.

El Ministerio Público y la acusación privada trataron a toda costa de deslegitimar la defensa de la vida y el derecho al agua, a través de los delitos de robo, privación injusta de la libertad, incendio agravado y asociación ilícita en perjuicio de Inversiones Los Pinares y la seguridad interior del Estado hondureño.

Sin embargo, el juez Víctor Méndez consideró que la Fiscalía y la acusación privada no presentaron medios que evidenciarán la participación de los defensores y defensoras en los delitos imputados.

En ese sentido, el abogado Edy Tábora, integrante de la defensa técnica de los ambientalistas, señala que el Ministerio Público ha actuado arbitrariamente, por tanto, demuestra que basa sus requerimientos fiscales en el derecho penal del enemigo y se convierte en instrumento de criminalización en contra de las personas que defienden derechos fundamentales.

Juana Esquivel, coordinadora de la Fundación San Alonso Rodríguez, comenta que la resolución y la libertad absoluta para los 12 defensores y defensoras del agua demuestran que hay una leve esperanza de justicia para todos los luchadores sociales.

Esquivel deja claro que el objetivo de las comunidades es declarar el municipio de Tocoa, departamento de Colón, libre de minería y lograr la cancelación de los proyectos que ya están instalados en la zona.

Por su parte, Kevin Esquivel, en medio de la alegría que provocó la decisión del juez, manifiesta que lograron darle a conocer al pueblo hondureño que la lucha de su padre, Eugenio Esquivel, y los demás ambientalistas es justa, una lucha que seguirán y nadie la detendrá.

En representación de la delegación estadounidense, que estuvo observando el proceso contra los ambientalistas, Claire White, asociada de las Hermanas de San José en Boston, expresó que el caso de Guapinol demostró cómo deberían de ser las defensas ante la pobreza del Ministerio Público.

Para el sacerdote jesuita, Gregorio Vásquez, a través de la justicia para los ambientalistas de Guapinol es un signo de esperanzas para otras comunidades como Reitoca, Pajuiles y Azacualpa en las que los defensores están criminalizados por defender los bienes naturales.

Apunta que las comunidades deben de seguir luchando de manera organizada, firme y pacífica para ´defender la casa común.

Fuente:https://wp.radioprogresohn.net/declaran-sobreseimiento-definitivo-a-favor-de-ambientalistas-de-guapinol/

-Una delegación de ciudadanos estadounidenses denunció y lamentó este domingo que su país respalde a “un gobierno ilegítimo” y a los intereses económicos que provocan conflictos en Honduras como el del proyecto minero de Guapinol.

Los conflictos ambientales en Honduras han dejado varias víctimas mortales, entre estas el emblemático asesinato de la ambientalista y lideresa indígena, Berta Cáceres.

Durante una conferencia de prensa brindada este mediodía en las afueras de la embajada de los Estados Unidos en Tegucigalpa, la delegación que se encuentra en el país dándole seguimiento al proceso judicial contra los ambientalistas de la comunidad de Guapinol, Tocoa, Colón, dio lectura a un comunicado que establece lo siguiente:

La Delegación de Estados Unidos vinimos de forma urgente para observar los procesos legales en contra de los 12 defensores medioambientales, quienes han sido criminalizados por proteger el ambiente y el agua de un proyecto minero en Guapinol.

Reiteramos nuestra profunda preocupación por la estrategia de criminalización de la defensa de la vida y del medioambiente por parte del Estado de Honduras y la actuación del poder judicial y del Ministerio Público, siendo su máximo responsable el Fiscal General Óscar Chinchilla, que ha contado con el apoyo firme de la  embajada de los Estados Unidos.

Hemos sido testigos de que 12 medioambientalistas son procesados como si fueran terroristas o parte del crimen organizado. El Estado de Honduras ha utilizado diferentes tácticas para ello, entre ellas, la aplicación de delitos como la asociación ilícita, y la jurisdicción de tribunales que juzgan a la criminalidad organizada.

También constatamos la decisión del Ministerio Público de identificar a este grupo de defensores una “banda organizada”, construyendo delitos comunes graves haciendo un uso amañado de los testigos sin rostros y pruebas anticipadas, violando las garantías de los defensores.

Repudiamos que el gobierno de Honduras decida dar respuestas penales a problemas sociales, que tienen su origen en la corrupción e impunidad institucional, como es en este caso, en el que concesiones mineras ilegales y  un decreto inconstitucional que reduce la zona protegida del parque Carlos Escaleras  para poder llevar a cabo estos proyectos, han provocado daños ambientales y altos riesgos  a la vida de los defensores.

La embajada de Estados Unidos debería de estar protegiendo a los defensores y defensoras  de derechos humanos y del medioambiente,  y no  un gobierno  ilegítimo y a los intereses económicos que provocan estos conflictos, como lo confirma el apoyo público que el día de hoy la embajada ha manifestado para Corporación Dinant, cuyos dueños  son  de la misma familia  dueña de Inversiones Los Pinares y el proyecto minero de Guapinol.

La delegación de estadounidenses está integrada por, Claire White, doctorada de la universidad de Harvard, profesora y asociada de las Hermanas de San José de Boston, hija del luchador de los derechos humanos, el embajador Robert White y por Pastora Kathleen McTigue, directora del Centro de Justicia Social de la Iglesia Unitaria Universalista de los EE.UU., dedicado a la defensa de los derechos humanos.

CISPES se solidariza con la lucha de los/as defensores/as del Rio Guapinol y hacemos eco al llamado de inmediata libertad para los 12 Defensores del rio en Honduras.
San Salvador, 26/02/2019
Aquí compartimos el pronunciamiento de nuestros aliados en la Asociación para el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES) quienes forman parte de la Alianza Centro Americana Frente a la Mineria (ACAFREMIN), donde hacen un llamado de solidaridad internacional con defensores/as de agua en Honduras.

Libertad a Defensores y Defensoras del Río Guapinol

La Alianza Centroamericana Frente a la Minería, ACAFREMIN, se suma a las manifestaciones de repudio por la arbitraria detención de 11 defensores y una defensora de los bienes comunes en el Departamento de Colón por parte de las instituciones judiciales del gobierno hondureño encabezado por Juan Orlando Hernández -JOH-.

Según testimonios del Comité en Defensa de los bienes Comunes y Naturales de Tocoa, 32 defensores y defensoras del medio ambiente han sido requeridos por el Ministerio Público hondureño con cargos fabricados de privación injusta de libertad, robo en perjuicio de Santos Hernández Corea, incendio agravado en perjuicio de la Empresa los Pinares, y asociación ilícita en perjuicio de la seguridad del Estado Hondureño.

Las denuncias que líderes y lideresas ambientales han hecho es contra la Empresa Los Pinares y al gobierno municipal de Tocoa por permitir el inicio de operaciones sin consulta previa a las comunidades afectadas y demandan que la municipalidad realice un cabildo abierto, requerido por la ley, para determinar un acuerdo con dicho proyecto. También han denunciado que, en octubre de 2017, el Congreso Nacional de Honduras, reformó el decreto No. 127-2012, que declara al Parque Nacional «Montaña de Botaderos» como área protegida, con la finalidad de reducir su zona núcleo y ampliar la zona de amortiguamiento para beneficiar la expansión del proyecto minero.

La persecución judicial por parte del Ministerio Público pone en evidencia la campaña sistemática de descalificación pública, violencia y represión ejecutada por políticos y empresarios locales, cuerpos de la policía y unidades militares en complicidad con la seguridad privada de la empresa minera Inversiones los Pinares contra aquellos que se oponen el proyecto minero Buena Vista I, propiedad del empresario Lenir Pérez.

La principal preocupación de los pobladores de Tocoa es la inminente destrucción de reservas ecológicas dentro del Parque Carlos Escaleras, conocido previamente como Parque Nacional Montaña de Botaderos, donde nacen los ríos Tinto, Mame, Monga, Cuaca, San Pedro, Guapinol, Tocoa, Taujica, Bonito, Izquierdo y Rio Chiquito; fuentes hídricas que alimentan de agua potable a las regiones de Tocoa y La Abisinia.

Como organización que buscan avanzar el interés público y la defensa de los bienes comunes, repudiamos los procesos irregulares en la obtención de licencias, el rompimiento del orden constitucional al reformar una ley para aprovechamiento de bienes comunes por intereses privados, el abuso del poder judicial y las violaciones a los derechos desatadas contra defensores y defensoras ambientales del Comité en Defensa de los Bienes Comunes y Naturales de Tocoa.

Por lo establecido anteriormente, las organizaciones de la Alianza Centroamericana frente a la Minería:

Demandamos la inmediata libertad de defensores y defensoras: Tulio Ramos, Reynaldo Domínguez Ramos, Juan Antonio López, José Eugenio Esquivel Villeda, Juventino Cruz Hernández, Ally Magdaleno Domínguez Ramos, Juan Manuel Cruz Hernández, Juan Francisco Cruz García, José Santos Hernández, Leonel George , José Adalid Cedillo Mendoza, Lourdes Elizabeth Gómez Rodas.
Hacemos al gobierno de Juan Orlando Hernández, las autoridades Judiciales de Honduras responsables por la integridad física y moral de defensores y defensoras detenidos.
Nos solidarizamos con las comunidades y las familias de defensores y defensoras ante esta campaña de criminalización judicial.
Exigimos un cese a la criminalización sistemática de defensores y defensoras de territorios y sus bienes naturales y el cumplimiento por parte del gobierno hondureño a las recomendaciones emitidas por distintas instancias internacionales que garantizan la labor por defensa de derechos.
Hacemos un llamado a la comunidad internacional, principalmente a las instituciones que velan por los derechos humanos y organizaciones sociales a emitir expresiones de solidaridad y estar vigilantes por el cumplimiento de la Justicia.
San Salvador, 26 de febrero de 2019

26/02/2019
Por: Redacción CRITERIO, redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- La diócesis de Trujillo, en el departamento de Colón ha manifestado este martes que el conflicto en la comunidad de Guapinol se origina por la ilegal concesión de explotación minera a la empresa Inversiones los Pinares, ya que dicho proyecto afecta el Parque Nacional de Botaderos Carlos Escaleras Mejía.

En su comunicado resaltan que el Congreso Nacional concedió a ese parque la categoría de área protegida mediante decreto 127-2012, y por tanto se prohíbe realizar actividades mineras y construir carreteras o vías de acceso y construcciones a orillas de quebradas, ríos y zonas de riesgo, dado que se trata de una zona de recarga hídrica y de toma de agua de los habitantes del Aguán.

Posteriormente, el Congreso Nacional reformó el decreto con la finalidad de reducir la zona núcleo de 24,223.7 hectáreas a solo 24,006.36; la reducción es de 217.34 hectáreas, coincidiendo sorprendentemente donde se ubican las dos concesiones mineras a Inversiones Los Pinares.

Hacen un llamado a las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales a estar atentos y difundir la situación deplorable del Estado hondureño en materia de derechos humanos y ambientales.

También hacen un llamado al Estado de Honduras, representado en sus operadores de justicia, a no criminal izar y judicializar a los defensores y defensoras de los derechos humanos y ambientales, tal como lo solicitó el Relator del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Por el contrario, que promueva políticas públicas coherentes con la justicia y los derechos fundamentales de los pueblos y sus territorios.

La Iglesia Católica de la diócesis de Trujillo, Honduras. C.A. a la comunidad local, nacional e internacional, ante el encarcelamiento y juicio en contra de 13 personas, entre ellas cuatro Delegados de la Palabra de Dios de la Iglesia católica, a causa de la defensa del derecho a la vida, el agua y el ambiente sano en el municipio de Tocoa, Colón, Honduras, por el conflicto de las concesiones mineras a la empresa Inversiones Los Pinares en el Parque Nacional de Botaderos Carlos Escaleras Mejía, comunicamos lo siguiente:

El conflicto en la comunidad de Guapinol se origina por la ilegal concesión de explotación minera a la empresa Inversiones los Pinares, ya que dicho proyecto afecta el Parque Nacional mencionado. Resaltamos que el Congreso Nacional concedió a este parque la categoría de área protegida mediante decreto 127-2012, y por tanto se prohíbe realizar actividades mineras y construir carreteras o vías de acceso y construcciones a orillas de quebradas, ríos y zonas de riesgo, dado que se trata de una zona de recarga hídrica y de toma de agua de los habitantes del Aguán.

Posteriormente, el Congreso Nacional reformó el decreto con la finalidad de reducir la zona núcleo de 24,223.7 hectáreas a solo 24,006.36; la reducción es de 217.34 hectáreas, coincidiendo sorprendentemente donde se ubican las dos concesiones mineras a Inversiones Los Pinares.

El año 2014 el Instituto de Conservación Forestal (ICF) emitió el dictamen técnico DAP-031-2014, declarando que el proyecto minero no era factible por estar ubicado dentro de la zona núcleo de un área protegida y recomendó a la Secretaría de Recursos Naturales declarar sin lugar la licencia ambiental.

Ante este conflicto, pobladores de la zona, haciendo uso de su legítimo derecho, se han manifestado en contra del proyecto, aglutinados en el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, por lo cual 18 personas fueron criminalizadas. El pasado viernes 22 de febrero se presentaron voluntariamente en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, 13 de esas personas criminalizadas por los delitos de usurpación y daños ante el juez de jurisdicción nacional Carlos Irías de León; según la Constitución y las leyes de la República, los juzgados de jurisdicción nacional son inconstitucionales porque violan el derecho a la legítima defensa.

En la misma audiencia arbitrariamente el Ministerio Público amplió el requerimiento fiscal o acusación por 4 delitos más: asociación ilícita, incendio agravado, privación injusta de libertad y robo. Al tipificar el delito de asociación ilícita, la intención oculta es enviarlos a la cárcel. Además se amplió la acusación a 14 personas más. Por esa razón se canceló la audiencia de presentación de acusados y se trasladó a la ciudad de Tegucigalpa, que se realizó el sábado 23 de febrero, donde el juez de Jurisdicción nacional Víctor Méndez decretó detención judicial o cárcel para estas personas. El juicio continúa el 28 de febrero de 2019.

defensores de Guapinol

El delito de asociación ilícita fue tipificado para atacar el crimen organizado y los grupos como maras y pandillas. De aquí se deduce que además de ser una acusación de delitos no cometidos, no hay imparcialidad en la aplicación de justicia por parte de la fiscalía y de los juzgados de jurisdicción nacional, quedando erosionado la institucionalidad del Estado en la administración de justicia y la protecciòn de sus ciudadanos.

También se deduce la intención del Estado de criminal izar o acusar a las personas defensoras de la vida y de los derechos humanos. Así como de presentarlas como responsables de hechos de alto impacto delictivo y con ello frenar las acciones en defensa de los bienes naturales y comunes. De esta manera, estas personas encarceladas, acusadas y con orden de captura, se convierten en presos y perseguidos políticos.
Llamamos a las comunidades eclesiales, católicas y no católicas, a orar, reflexionar y decidir acciones justas, firmes y pacificas en solidaridad con estos hermanos presos y perseguidos políticos, así como en defensa de la vida y el agua y demás derechos fundamentales.

Llamamos a las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales a estar atentos y difundir la situación deplorable del Estado hondureño en materia de derechos humanos y ambientales.

También llamamos al Estado de Honduras, representado en sus operadores de justicia, a no criminal izar y judicializar a los defensores y defensoras de los derechos humanos y ambientales, tal como lo solicitó el Relator del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Por el contrario, que promueva políticas públicas coherentes con la justicia y los derechos fundamentales de los pueblos y sus territorios.

Afirmamos nuestro compromiso por la vida y el derecho al agua. Asumimos las palabras del papa Francisco: ”Que el nuestro sea un tiempo que se recuerde por el despertar de una nueva reverencia ante la vida ( … ). Merecen una gratitud especial quienes luchan con vigor para resolver las consecuencias dramáticas de la degradación ambiental en las vidas de los más pobres del mundo” (LS 207 y 13).

Trujillo, Colón, Honduras, 27 de febrero de 2019

https://criterio.hn/2019/02/26/conflicto-de-guapinol-se-origina-por-ilegal-concesion-a-minera-los-pinares/

La Unión, Copán, 27/02/2019
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Desde el 2013, las comunidades del municipio de La Unión, Copán iniciaron una lucha para denunciar los daños provocados por las excavaciones que realiza la empresa Minerales de Occidente, S.A, en su misión de extraer el oro de la zona.

A mediados del 2018 el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, admitió un recurso de amparo interpuesto por el abogado Víctor Fernández del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, Madj, en favor de los habitantes de la comunidad.

Mediante el recurso se ordenó cesar de inmediato las exhumaciones de cadáveres en el cementerio comunitario porque violenta a los pobladores y pobladoras su derecho a la soberanía comunitaria, a la cultura, la integridad personal, física, psíquica y moral, y el derecho a la familia y del resto de las habitantes de la comunidad de Azacualpa.

Camino a la agudización
Sin embargo, la problemática lejos de resolverse se agudiza. Ramiro Lara, de la Asociación de Organismos No Gubernamentales, Asonog, expresa que la empresa Minerales de Occidente S.A, Minosa, después de varios meses de mantener suspendidos los trabajos, reanudó la operación el pasado lunes 18 de febrero.

Lara detalló que la explotación minera continúa en áreas donde no existen personas enterradas, sin embargo explica que la municipalidad de la Unión otorgó permisos a la empresa para explorar otros sectores.

Ramiro Lara señala que la ciudadanía está alarmada porque recientemente el Instituto Hondureño de Geología y Minas, Inhgeomin, a través de un comunicado, detalló que la empresa Minerales de Occidente S.A, Minosa, solicitó más de 3 mil hectáreas de terreno para la exploración y posterior explotación.

“Estas concesiones abarcan los municipios de San Agustín, Cucuyagua, Santa Rosa y se amplía para el municipio de la Unión”, dijo Ramiro Lara.

Explicó que las comunidades temen que la empresa, en complicidad con autoridades locales y nacionales, amplíe su área de explotación. El ambientalista aseguró que la lucha de oposición de la ciudadanía ha dejado al menos 19 personas con procesos judiciales.

Datos irrefutables
Una investigación realizada por el Madj, revela que 13 fuentes de agua han desaparecido parcialmente de la zona y otras están contaminadas con los químicos que usa la empresa Minosa en la extracción del oro.

En Santa Rosa de Copán, una de las ciudades principales del occidente hondureño, toman agua del río Higuito que se alimenta del río Lara, zona de descarga de agua con cianuro de la empresa según la investigación del Madj en coordinación con Asonog.

Producto de la grave contaminación, en el municipio de La Unión existen 37 casos documentados clínicamente, donde se refleja la presencia de arsénico, plomo y mercurio en la orina y sangre de las personas.

Juan Mejía, investigador del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, Madj, explicó que las aguas del Río Higuito presentan contaminación por metales pesados como el mercurio, además de cianuro, por lo que no pueden ser utilizadas para el consumo humano porque significaría la muerte.

Señaló que el Estado Hondureño es responsable por dos razones; primero por ser la máxima autoridad en un país por lo que debe garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, y concretamente el derecho a la vida, y es lo que se violenta en estas comunidades.

Y segundo, la complicidad porque sabiendo de las contaminaciones que se generan, el Estado guarda silencio y no deduce responsabilidades a la minera analizó Mejía.

Habla Minosa
Ante el rechazo y las acusaciones por parte de la ciudadanía que se opone a la extracción de minerales en la comunidad de Azacualpa, La Unión, Copán, Mario Alberto España, supervisor de Proyectos Comunitarios de Minosa, en una entrevista concedida a Radio Progreso, dijo que están llevando todo en orden y en respeto a la ley y a los Derechos Humanos por lo que no entienden las razones por las que la ciudadanía se opone.

El directivo negó los señalamientos que realizan las comunidades y organizaciones defensoras del ambiente en torno a la contaminación que dicha empresa está generando en la zona.

“Minerales de Occidente S.A está enfocada en el crecimiento responsable y sostenible, y lo hace por medio de los más rígidos estándares de seguridad y medio ambiente nacionales e internacionales, interactuando siempre de una manera socialmente responsable”, argumentó el representante de la empresa.

El conflicto en Azacualpa, es reflejo de todas las arbitrariedades y abusos que comenten las empresas extractivas. Según datos del Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación ERIC, en Honduras existen 364 proyectos mineros aprobados. Actualmente se encuentran en proceso de aprobación al menos 563 nuevos proyectos mineros y se está promoviendo la adjudicación de al menos de 950 títulos mineros adicionales derivados del catastro minero.

Tegucigalpa, 21 feb (PL) La Coalición Contra la Impunidad, integrada por 19 organizaciones de la sociedad civil en Honduras, reiteró su denuncia sobre los daños provocados por una minera en una zona protegida en el departamento de Colón.

La víspera en un encuentro en esta capital, testigos de la contaminación, represión policial y militar que habitan en Guapinol, recordaron que la concesión del proyecto extractivo ASP 1 y ASP 2, otorgado a la empresa Inversiones Pinares, es producto de prácticas legislativas irregulares y corruptas para favorecer el despojo territorial.

La activista María Victoria Del Cid, de más de 70 años que lucha por la defensa del río Guapinol, describió la contaminación de sus aguas y recordó la lucha permanente desde 2013 contra la imposición de la minera, refiere hoy el diario digital Criterio.hn.

El conflicto generado por la concesión del proyecto minero ha dejado al menos seis muertes de dirigentes comunales, contaminación, daños al ambiente en el Parque Nacional de Botaderos, zona protegida y ahora conocido como Parque Nacional Carlos Escaleras, en memoria del líder ambientalista Carlos Escaleras.

Este parque es una zona de alta producción de agua. Allí nacen los ríos Mame, Monga, Cuaca, San Pedro, Guapinol, Tocoa, Taujica, Bonito, Izquierdo, Chiquito, Tinto o Negro, entre otros.

Tiene una extensión de 96 mil 755.4 hectáreas, unos 967,55 kilómetros cuadrados, de las cuales 24 mil 223,7 hectáreas conforman la zona núcleo y 72 mil 31,7 la zona de amortiguamiento.

Los ambientalistas alertan que ‘de manera maliciosa, pese a que el Parque Nacional ha sido declarado como área protegida, aún no ha sido inscrito en el Catálogo de Patrimonio Público Forestal Inalienable, bajo el alegato que dicho proceso es indispensable pero costoso’.

Y es que -recuerdan- la Ley de Minería prohíbe otorgar derechos mineros en dicho catálogo.

Desde hace años, la minería es fuente de conflicto en Honduras y muchos ambientalistas han sido asesinados por defender el entorno y recursos naturales.

El asesinato de Berta Cáceres, el 2 de marzo de 2016, puso el foco sobre los peligros que afrontan estos activistas en el país centroamericano.

De acuerdo con denuncias, las empresas mineras y agroindustriales aquí tienen vía libre para la organización de grupos armados, paramilitares que de manera encubierta asesinan a la gente y se mantienen con altos niveles de impunidad.

https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=254947&SEO=reiteran-denuncia-contra-minera-en-honduras-por-danos-al-entorno

21/02/2019
Coalición Contra la Impunidad documenta caso e interpone denuncia ante el Ministerio Público

Alcalde de Tocoa revela en vídeo que el proyecto minero fue concesionado inicialmente a Los Cachiros

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.-“Hemos andado siempre en apoyo. Porque cuando nosotros mirábamos a la comunidad de El Guapinol, cuando el agua empezó a ensuciarse, no se podía hacer nada con esa agua, teníamos que comprar el botellón y el botellón cuesta 20 lempiras. Entonces no hallamos qué hacer. Parecía que habíamos batido un poco de lodo, de ese colorado…espeso. Y el agua en la pila ya empezaba a echar mal olor”.

Sus palabras calaron en medio de las tibias paredes de un hotel capitalino a defensores del medio ambiente y de derechos humanos, pobladores de comunidades en conflicto por la explotación de los recursos naturales y a la poca prensa que asistió. Era la introducción vehemente de doña María Victoria Del Cid, una mujer de más de 70 años, que pese a su avanzada edad sigue luchando por la defensa del Río Guapinol, ubicado en la comunidad de El Guapinol, en el municipio de Tocoa, Colón.

Con su cuerpo arqueado por el paso de los años, pero con su memoria lúcida, doña María contó cómo fue que en Tocoa se conformó el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Naturales. Desde esta estructura comenzó—junto a varias mujeres y a unos “cuatro varones”, según sus propias palabras—a luchar por la defensa del rio Guapinol concesionado desde el año 2013 al proyecto minero ASP y ASP 1, ahora en poder de la empresa “Inversiones Los Pinares”, propiedad de Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé, hija del terrateniente fallecido Miguel Facussé.

Guapinol

Doña María contó que estaba consiente que se reirían de ella y que esperaba que lo primero que dijeran, era: ¿esa viejita qué va a hacer?…Bueno, aunque sea andar haciendo bulla y animando, se respondió.

A los pocos días de haberse conformado el Comité, dijo que conoció al alcalde de Tocoa, Adán Funes, a quien le dejó claro que no necesitaba de su dinero para vivir y le expresó su incomodidad por sus posturas a favor de los proyectos mineros. Relató también, que ese mismo día, luego de concluir un evento público, persuadió a sus compañeros de lucha que el edil no haría nada por ellos, porque los políticos cuando ya tienen el dinero en la mano no se preocupan por el pueblo.

Doña María es firme en su mensaje y posturas, las que dice haber logrado por ayuda divina, porque apenas cursó el segundo grado. La longeva mujer habló en público durante un evento informativo donde se discutió sobre el conflictivo proyecto minero ASP y ASP1, instalado en la zona núcleo del Parque Nacional de Botaderos

La septuagenaria es testigo fiel del conflicto generado por la concesión del proyecto minero, que en los últimos años ha dejado al menos seis muertes de dirigentes comunales, contaminación del rio Guapinol, que suple de agua potable a los hogares de la comunidad, daños al ambiente en general en la zona núcleo y alrededores del Parque Nacional de Botaderos, establecida desde el año 2012 como zona protegida y ahora conocido como Parque Nacional Carlos Escaleras, en memoria del líder ambientalista Carlos Escaleras.

El Parque Nacional Carlos Escaleras es una zona de alta producción de agua. Allí nacen los ríos Mame, Monga, Cuaca, San Pedro, Guapinol, Tocoa, Taujica, Bonito, Izquierdo, Rio Chiquito, Tinto o negro, entre otros.

El proyecto minero jamás debió desarrollarse, porque está instalado en una zona protegida. No obstante, sobre el mismo hay cualquier cantidad de abusos e ilegalidades, ya que fue desde las instituciones del Estado que se reformó el decreto de creación del parque para adecuarlo a las pretensiones de la empresa minera.

Área protegida

El Parque Nacional Montaña Botaderos fue creado en el año 2012, como área protegida con el fin de conservar y proteger los recursos naturales y culturales. El parque cuenta con una extensión de 96,755.4 hectáreas, de las cuales 24,223.7 conforman la zona núcleo y 72,531.7 la zona de amortiguamiento.

En diciembre de 2013, el diputado al Congreso Nacional por el departamento de Colón, Ricardo Díaz, introdujo un proyecto de decreto para reformar el Decreto 127-2012, que contiene la declaratoria del parque como área protegida. El decreto fue presentado fraudulentamente bajo la idea de la necesidad de ampliar la zona de amortiguamiento, sin embargo, la finalidad oculta de la reforma se hace evidente al comparar la nueva redacción del artículo con la anterior. Ahora la Zona núcleo se ve reducida de 24,223.7 hectáreas a solo 24,006.36, es decir 217.34 hectáreas menos.

De manera maliciosa, pese a que el Parque Nacional ha sido declarado como área protegida, aún no ha sido inscrito en el Catálogo de Patrimonio Público Forestal Inalienable, bajo el alegato que dicho proceso es indispensable pero costoso. La Ley de Minería prohíbe otorgar derechos mineros en dicho catálogo, siendo esta la verdadera razón para no hacer la inscripción.

Otras de las arbitrariedades que se están cometiendo es la violación al Plan de Manejo del Parque que establece algunas restricciones a los proyectos mineros como: Procesos participativos de socialización con las comunidades a fin de que acepten y se involucren en las etapas del proyecto.

También prohíbe realizar actividades mineras en zonas de recarga hídrica o tomas de agua donde se abastecen las comunidades y la construcción de carreteras o vías de acceso y construcciones a orillas de quebradas, ríos u zonas de riegos.

Criminalización

El conflicto también ha dejado la criminalización contra decenas de personas, que se han organizado alrededor del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Naturales. Como nuestra de ese estigma 18 personas que forman parte del “Campamento Guapinol en Defensa del Agua y la Vida”, que se mantiene desde hace varios meses como acto de resistencia y protesta contra el proyecto minero, están siendo judicializadas, acusadas por los delitos de usurpación y daños, en perjuicio de la empresa minera “Inversiones Los Pinares”.

Los pobladores han sido arrinconados a los Juzgado con Competencia Nacional Territorial, donde se ventilan casos del crimen organizado, ubicándolos en una categoría como si se tratasen de criminales de alta peligrosidad.

A raíz de las denuncias de los pobladores de El Guapinol, la Coalición Contra la Impunidad (CCI), integrada por 19 organizaciones de sociedad civil, se trasladó a la zona a realizar una visita in loco y constató en noviembre de 2018 que la concesión minera es producto de prácticas legislativas irregulares y corruptas para favorecer el despojo territorial por parte de empresas privadas.

Este miércoles la CCI presentó un informe en un hotel de Tegucigalpa, donde además de doña María se encontraban otros pobladores y dirigentes sociales. Seguido del evento, los abogados de la Colación, Edy Tábora, Carlo Jiménez y Allan Alvarenga, se trasladaron a las oficinas del Ministerio Público a presentar una denuncia por abuso de autoridad y omisión de las obligaciones de los funcionarios, alrededor del conflictivo proyecto minero.

La Coalición documentó y analizó el proceso, desde que se creó el Parque Nacional de Botaderos hasta el momento en que la municipalidad de Tocoa, Colón, otorgó el permiso de operación.

En todo el proceso hay distintas instituciones que están relacionadas con el otorgamiento del título minero de manera irregular. La denuncia identifica al Instituto Nacional de Geología y Minería (Ingeomin), la desaparecida Secretaría de Recursos Naturales (Serna), la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MiAmbiente), el Instituto de Conservación Forestal y la Corporación Munucipal de Tocoa, Colón.

La Coalición demandó a la Fiscalía que proceda al decomiso de todos los expedientes relacionados con la concesión e individualice cuál es la participación de los funcionarios en cada una de las instituciones del Estado.

Relación de hechos

El conflictivo proyecto minero surge en el año 2013. El 22 de abril de 2013 el apoderado legal de EMCO MINING COMPANY presentó solicitud de otorgamiento de una concesión minera no metálica, para la explotación y posteriormente explotación de óxidos de hierro. Dicha solicitud fue admitida en junio de ese mismo año, identificando la zona como ASP.

Posteriormente, en el año 2014 el Instituto de Conservación Forestal (ICF) emitió un dictamen técnico (DPA-031-2014) declarando que el proyecto no era factible por estar en un área protegida y la Asesoría Legal recomendó a la Secretaría de Recursos Naturales declarar sin lugar la licencia ambiental porque se encuentra localizado dentro de la zona núcleo y dentro del proyecto se encuentra una fuente de agua que abastece a las comunidades.

Más adelante, la Dirección General de Evaluación y Control Ambiental (DECA), el 21 de mayo de 2014 emitió el Informe y Dictamen Técnico número 713/2014 mediante el cual se determinó la viabilidad ambiental del proyecto minero no metálico.

El 9 de mayo de 2014 el abogado Miguel Sánchez solicitó se dejará sin valor y efecto la opinión legal del ICF junto con los demás pronunciamientos de los departamentos que conforman el ICF. Luego y siguiendo las presiones de los empresarios, el 23 de junio de ese mismo año el ICF emitió el dictamen técnico OL-TOCOA-MDF-042-2014, concluyendo que el proyecto era factible.

Explotación minera

En ese juego de favoritismo, el 28 de enero de 2014 el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Ingeomin) realizó la inscripción de la resolución que declara con lugar la solicitud de exploración y explotación del proyecto minero ASP ante el Registro Minero y Catastral, firmándose así el respectivo contrato de concesión minera no metálica.

A finales del 2014, el 29 de diciembre para ser exactos, la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MiAmbiente), emitió la licencia ambiental número 014-2014 a favor de EMCO MINING COMPANY, con una vigencia de cinco años. Y en enero de 2015 la corporación municipal de Tocoa, bajo el liderazgo del alcalde Adán Funes renovó el permiso de operación.

Narcotráfico

Sobre el proyecto minero de El Guapinol se ha dicho que inicialmente perteneció a la familia Rivera Maradiaga, líderes del cártel de “Los Cachiros”, extraditados a los Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

“La participación de narcotraficantes no la tenemos documentado”, dijo el director del Comité por la Libre Expresión (C-Libre) e integrante del grupo de abogados de la Coalición Contra la Impunidad, que hasta el momento ha analizado 300 folios de 1,268 en total.

El profesional del derecho respondió, además, que la Coalición está trabajando en una investigación para establecer cómo el derecho minero se ha ido trasladando de una empresa a otra para evadir responsabilidades.

Tábora dijo a CRITERIO que solo han revisado 300 folios por impedimento del Acuerdo Ministerial 1402-2018 de MiAmbiente, aprobado el 8 de agosto y publicado en el diario oficial La 17 de agosto de 2018, que declara en secretividad las licencias y otros trámites ambientales.

Los Cachiros

Mientras Tábora no ha logrado documentar la participación de narcotraficantes en las concesiones mineras, el propio alcalde de Tocoa, Adán Funes, confiesa, según un video publicado por las “Noticias de Colón”, que la concesión de EMCO MINING COMPANY, pertenecía a Javier Rivera.

En el contexto del video, Funes dice además: “esas concesiones aquí en el sector San Pedro eran de Javier Rivera Maradiaga y no creo que ustedes siendo de este sector, siendo amigos de Javier Rivera Maradiaga y de toda la familia Rivera, ustedes no se dieran cuenta que él había solicitado esas concesiones, incluso la de allá, arriba de La Laguna, esa era de Javier Rivera”.

Funes reclama a sus partidarios que ahora que Javier Rivera Maradiaga se encuentra recluido en una cárcel de Nueva York nieguen su amistad. “Se lo llevaron los gringos y los que nos afanábamos de decir que éramos amigos de él, ahora no lo conocemos, ahora le damos la espalda a un amigo que le dio respaldo a estas comunidades”, dijo el edil durante una reunión de cabildo abierto de consulta en la comunidad de San Pedro, Tocoa.

El Parque Nacional Carlos Escaleras es una zona de alta producción de agua. Allí nacen los ríos Mame, Monga, Cuaca, San Pedro, Guapinol, Tocoa, Taujica, Bonito, Izquierdo, Rio Chiquito, Tinto o negro, entre otros.

https://criterio.hn/2019/02/21/a-sangre-y-fuego-se-impuso-proyecto-minero-en-el-guapinol/

El auditorio del Instituto Froylán Turcios, en Tocoa, Colón resultó insuficiente para albergar a centenares de ciudadanos y ciudadanas que desde muy tempranas horas del pasado domingo atendieron el llamado realizado por el Comité Municipal por la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos.  “La Cumbre en Defensa del agua”  inició con una caminata donde las comunidades al grito de “toda mina contamina”, se preparaban para dejar clara una vez más su posición contra los proyectos extractivistas y mineros.

La cumbre, fue el escenario para tomar decisiones en torno al derecho al  agua. Las organizaciones plantearon tres propuestas para continuar con la lucha por declarar el municipio libre de explotación minera: Presentar la propuesta al Congreso Nacional, realizar un plebiscito municipal, y por último seguir con la exigencia de un cabildo abierto.

Pedro Landa, ambientalista y miembro del Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación, ERIC, explicó que en el caso del plebiscito la Constitución de la República en su artículo 5 señala que se realizará en caso que ninguno de los poderes establecidos se haya pronunciado. Y en el tema de las concesiones en el sector Guapinol, el Congreso, Mi Ambiente y el gobierno local se pronunciaron al momento de otorgar la concesión.

“Por favor señores de la Corporación municipal, no engañen al pueblo. Esa propuesta para plebiscito municipal que ustedes realizaron meses atrás, es únicamente para cumplir un requisito y después decir que es improcedente porque ya la Constitución dice que no aplica.   Aquí lo que cabe es el cabildo abierto y por eso se ha venido exigiendo”, expresó el ambientalista.

 Cabildo Abierto: el camino

Para  Juan López,  líder social  y miembro del Comité Ambientalista por la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, es cuestión de lógica, si ya hay una víctima por los impactos de una empresa ¿para qué se le va a preguntar a la víctima si quiere más golpes?

La situación se mueve entre la ley y la justicia. La ley producto de la corrupción administrativa, lleva a un estado de violencia en espiral. La honestidad o la corrupción se mueven en el campo de la subjetividad humana y se expresa en el campo de la objetividad administrativa donde mueren principios que debieran ser las columnas indestructibles de la moral nueva.

Juan López cree que la asamblea del domingo  es una expresión del crecimiento político de la gente en relación a los bienes que hacen posible la vida. El pueblo poco a poco va abriendo los ojos y conociendo mejor. “El agua es fuente de la felicidad, por eso las comunidades no pueden renunciar a ser felices asumiendo con valentía los retos de cambiar patrones culturales productivos para mantener el equilibrio ecológico y ambiental.”, puntualiza.

Esly Banegas, representante de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán, Copa, expresa que la decisión de la población es clara, ahora toca a las autoridades municipales decidir si acatan el mandato del soberano.

En ese sentido, señala que si las autoridades siguen en su negativa de no escuchar a las comunidades, seguirán con las acciones legales hasta logar el objetivo de prohibir los proyectos extractivistas en el municipio.

Guapinol, sinónimo de criminalización contra luchadores

El 13 de septiembre de 2018, un Tribunal nacional emitió 18 órdenes de captura en contra de líderes sociales y defensores de derechos humanos, de la tierra y del territorio del Bajo Aguán, bajo delitos de “usurpación y daños en perjuicio de la empresa minera “Inversiones Los Pinares””. Esta medida se acompañó de una orden de desalojo del Campamento por la Vida. Estas medidas suelen ser aplicadas a delitos de alta peligrosidad como crimen organizado o en caso de maras, y resulta totalmente desproporcionado y escandaloso aplicarlas a personas defensoras de derechos humanos.

Son más de 3 mil 500 hectáreas las que están destinadas para la explotación minera en Tocoa, Colón. Sólo donde se ubica el campamento de Guapinol, el Estado concedió 200 hectáreas, abarcando a más de 14 comunidades del Sector San Pedro y La Ceibita.

Fuente:http://wp.radioprogresohn.net/comunidades-de-tocoacolon-reafirman-su-rechazo-a-la-mineria/

En una histórica Consulta Ciudadana Municipal en la que se respondieron cuatro preguntas, la ciudadanía de San Nicolás, Santa Bárbara rechazó la presencia de una minera en el municipio además se pronunció sobre otros temas de importancia nacional.

Doña Aidé Cardona asistió a ejercer su derecho a la consulta y asegura que votó en nombre de su familia y sus nietos porque no quiere heredarle un municipio en ruinas y destrucción. “Es importante para el municipio San Nicolás y para la gente” manifestó doña Aidé mientras le manchaban el dedo en señal de haber participado en la Consulta Ciudadana.

El profesor Adelso Reyes, líder del municipio e integrante del equipo responsable de la Consulta Ciudadana agradeció la participación de la gente y la disponibilidad de voluntarios y voluntarias para participar en el proceso así como la solidaridad de las comunidades.

“Queremos agradecer a la gente que estuvo en las urnas, algunos estuvieron hasta sin comer o la comida se la llevaba la comunidad. Esta consulta la hicimos sin dinero sólo con el apoyo del Eric (Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicació) y Radio Progreso por medio de la movilización, el apoyo logísticos, también el apoyo de alguna gente que voluntariamente han colaborado para que este proceso se dé” dijo Reyes.

La alcaldesa del municipio de San Nicolás, Santa Bárbara, Carmen Paz, también agradeció al Eric, a Radio Progreso y a la Convergencia Contra el Continuismo por hacer posible la oportunidad que como municipio se exprese en cuatro temas sumamente trascendentales. “Uno de ellos directamente vinculante con la toma de decisiones del gobierno local” dijo la alcaldesa.

Consulta y resultados

La Consulta Ciudadana fue impulsada por las organizaciones sociales y populares del municipio junto a la Convergencia Contra el Continuismo. Unas 1529 personas respondieron la consulta ciudadana.

Ante la pregunta ¿Está usted de acuerdo con el modelo extractivista y privatizador de los bienes comunes y servicios públicos?, la respuesta fue: por el NO 1463 que representa un 95.68%, y por el SI 17, un 1.11%.

También se preguntó: ¿Usted cree que vivimos en un Estado democrático derecho?, 1453 personas respondieron que NO y eso representa un 95.03% de los votantes mientras que por SI votaron 20 personas con un 1.31%.

La tercera pregunta de la Consulta fue: ¿Está usted de acuerdo en que continúe JOH con el control del Estado?, la respuesta de la gente fue: por el NO votaron 1439, un 94.11%, y por el SI 24 personas, un 1.57%.

Y la cuarta pregunta de la Consulta estaba vinculada a un tema meramente municipal pero con vinculación nacional. ¿Está de acuerdo en que haya explotación minera en el municipio de San Nicolás?, mil 473 personas respondieron que NO, un 96.34, y nueve personas dijeron que SI, un 0.59%.

Un voto por el municipio

Don Eliseo Vallecillo Murillo, acudió tempranito, antes de ir a abrir su negocio en el casco urbano del municipio. “Aquí ejerciendo el sufragio como buen ciudadano de San Nicolás, Santa Bárbara, tempranito porque tenemos negocio, tenemos que hacer primero la labor ciudadana y luego la labor laboral que tenemos ya que tenemos una microempresa” manifestó don Eliseo.

El microempresario dijo que era importante ejercer el sufragio porque no pueden permitir mineras en San Nicolás, Santa Bárbara. “Tenemos que ser personas conscientes de lo que está sucediendo en nuestro pueblo” aseguró.

Adelso Reyes dijo que la Consulta fue una expresión que recoge un voto de personas con convicción porque no hubo láminas de zinc, no hubo cemento, no hubo bolsa solidaria, no hubo bono diez mil, no hubo absolutamente nada más que la conciencia que le gritaba a la gente que tenía que salir a expresarse.

El Sacerdote Jesuita, Ismael Moreno, director del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, Eric, y miembro de la Convergencia Contra el Continuismo, salió contento con los resultados.

“Para nosotros, para el Eric, y como parte de la Convergencia Contra el Continuismo, es un aprendizaje sumamente importante porque en lo particular tuve la oportunidad de visitar varias comunidades de la montaña en San Nicolás, Santa Bárbara. Me llamó la atención que, no obstante el poco tiempo que hubo para la promoción de esta consulta, la participación de las comunidades fue notable, hubo participación de las juventudes, de personas mayores, de hombres y de mujeres” dijo el sacerdote jesuita.

Camino al Cabildo Abierto

La alcaldesa del municipio de San Nicolás, Santa Bárbara, Carmen Paz, se comprometió a darle respuesta a la demanda de sus habitantes de un rechazo rotundo a la presencia de una minera en la zona.

“San Nicolás es un municipio con una concesión minera. Hay que decirlo que desde el 2010 hay un acuerdo municipal que dijo NO a la minería, lo ratificamos cuando llegamos como alcaldesa en el 2014 acompañada de las mujeres y la juventud en una caminata por las diferentes calles del área urbana de San Nicolás y ratificamos nuevamente el NO, sin embargo continuamos siendo amenazados porque violentan la soberanía del municipio porque violentan cada vez e imponen situaciones que el pueblo no las quiere” manifestó Carmen Paz.

La alcaldesa se comprometió a convocar a un Cabildo Abierto. “Vamos hacer la convocatoria a un Cabildo Abierto que es un tema legal para nosotros como gobierno local, es una herramienta que tenemos como municipio y que la ciudadanía va a tener derecho también nuevamente a manifestarse, nosotros vamos hacer una lectura de esta participación ciudadana en todos los ámbitos, y es lógico, vamos a tener personas a favor y personas en contra” dijo Carmen Paz.

Un experimento democrático

El Sacerdote Jesuita, Ismael Moreno, aseguró que la Consulta Ciudadana en San Nicolás es un experimento en el que la población tiene una oportunidad de expresarse sobre temas fundamentales como vinculados a la minería, con el extractivismo y con el Estado de Derecho.

“Este es un experimento que nos ayuda a que la población hondureña, especialmente de las comunidades rurales, de las comunidades campesinas, tengan la oportunidad de participar para dar su opinión sobre temas fundamentales como los que estaban contenidos en esta consulta que tiene que ver con la minería, con el extractivismo, con el Estado de Derecho. Es una experiencia inédita en esta zona porque hasta ahora la población va a votar por una tradición, por rostros de diputados, de alcaldes, de presidente, y ésta es la primera ocasión que no votaron por rostros sino por temas” aseguró.

El Padre Melo dijo que entorno al 20% de la población de San Nicolás, con muy poca promoción, acudió a las urnas. “Hoy nos está diciendo, a través de esta participación, que no puede haber en este, nuestro país, una real alternativa para el presente y para el futuro sin tomar en cuenta la palabra y la opinión del pueblo” aseguró el sacerdote Ismael Moreno.

Fuente:http://wp.radioprogresohn.net/ciudadania-de-san-nicolas-rechaza-presencia-de-minera-en-el-municipio-y-se-pronuncia-sobre-la-continuidad-del-gobierno-del-juan-orlando-hernandez/